Los abogados de Juan Enrique Ruiz Orrico condenado a prisión efectiva por un múltiple siniestro vial fatal ocurrido en 2024, adelantaron que apelarán la sentencia dictada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo.

Según señalaron en sus alegatos, consideran que la pena solicitada por la fiscalía y la querella eran desproporcionadas. En los alegatos fiscalía había pedido cinco años de cárcel y la querella a seis años de prisión.

La pena aplicada a Orrico fue de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, más la inhabilitación para conducir por nueve años, resulta “absolutamente desproporcionada” según dijeron los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini en sus alegatos finales.

La conformación de un tribunal de Casación también será un tema polémico, ya que Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia integra ese órgano revisor. Seguramente la querella se opondrá a que los vocales compañeros de trabajo de Bruzzo conformen la cámara revisora. Si bien hay otra cámara en Paraná, es conocida la buena relación de las vocales de la capital provincial con Bruzzo.

El fallo condenó a Orrico como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, tras el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta N° 39, departamento Concepción del Uruguay, donde fallecieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

La defensa deslizó este lunes que recurrirá la resolución en instancias superiores, aunque la medida no podrá ejecutarse hasta que se conozcan los fundamentos completos de Crespo, lo que ocurrirá en la audiencia fijada para el 17 de marzo a las 8:30.

Mientras tanto, se mantienen las medidas cautelares vigentes: la obligación de justificar las salidas del departamento Uruguay y la prohibición absoluta de salir del país sin autorización judicial.

Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por las muertes de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, como consecuencia de la tragedia vial de Ruta Provincial 39 del 20 de junio de 2024.

Durante la extensa lectura del adelanto de sentencia, el juez Darío Crespo explicó que Ruiz Orrico fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales. Y, además, lo condenó a la inhabilitación especial por nueve años para conducir.

En su amplio adelanto del veredicto, el que se extendió por dos horas, Crespo apuntó a la “gravísima imprudencia de Ruiz Orrico” y confirmó que “está probado que se conducía a un vehículo oficial, desafiando imprudentemente la nocturnidad en una ruta que carece de iluminación, lo que lo obligada a hacerlo con mayor cautela, y transitaba luego de haber ingerido una considerable cantidad de alcohol e invadió el carril contrario”. Para el magistrado, el imputado “no contempló herramientas que mitigaran el riego de una conducción desaprensiva”.

“Quedó acreditado que la maniobra (de Ruiz Orrico) constituye una de las más riesgosas, peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito, como lo es la invasión del carril contrario, al constituirse como un obstáculo imprevisto e inesperado e ineludible para todo aquel que circule”, argumentó el juez. Y remarcó: “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en el que transitaban los cuatro jóvenes lamentablemente fallecidos”. Se recordará que circulaban sin el cinturón de seguridad colocado.

Conducción “imprudente y desaprensiva”

Durante el anticipo de la sentencia, el magistrado expresó que “el imputado reconoció el hecho imputado y ofreció disculpas extensas a las memorias de los fallecidos y sus familiares expresando su sentimiento de profundo pesar frente a lo inconmensurable del dolor y del daño provocado al que consideró irreparable, asumiendo su exclusiva responsabilidad en el evento intentando un perdón que quizás no le fuera concedido pero que igual implorara frente al gravísimo resultado mortal de su acción antirreglamentaria”. No obstante, este reconocimiento, Crespo consideró que “no basta esa admisión, más allá de su importancia”; y reafirmó que “es necesario confrontar esa confesión con el plexo de evidencias colectadas y pruebas producir para corroborar que existe que un cúmulo probatorio y contundente que permite lograr reconstruir lo que aconteció aquella madrugada y sus consecuencias”.

Para el juez, la acreditación de la materialidad del hecho y la intervención responsable del acusado en los términos atribuidos, más allá del expreso reconocimiento efectuado por Ruiz Orrico, “las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad de la autoría del acusado como único y exclusivo responsable” de las muertes de los cuatro jóvenes que se encaminaban a su trabajo cuando encontraron la muerte.

Reconoció el proceso penal no hará desaparecer el dolor por las pérdidas y a los familiares de las victimas les aseguró que sus hijos “en nada contribuyeron al desenlace fatal”. Crespo remarcó que “la invasión antirreglamentaria del carril contrario” por parte de Ruiz Orrico fue la única causa del accidente. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos al frigorífico, pero no fue así”, destacó.

En la oportunidad, repasó los testimonios conmovedores de los padres de los fallecidos y valoró que “aún quebrados por el dolor, todos lo hicieron sin detonar venganza o revanchismo para con Ruiz Orrico”. Y ponderó que reclamaron “con respeto y desesperación que se hiciera justicia”.

Los argumentos de la sentencia serán dados a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre las localidades de Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay.

Según la investigación judicial, alrededor de las 4.30, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial. De acuerdo con los peritajes incorporados a la causa, el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre y circulaba a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores del frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

Como consecuencia del violento choque fallecieron Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años.

El caso generó fuerte repercusión pública y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

El juicio oral por el choque fatal ocurrido en la Ruta Provincial 39 el 20 de junio de 2024 comenzó el pasado miércoles en Concepción del Uruguay con una declaración que marcó el tono de la jornada. Juan Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, asumió ante el Tribunal su responsabilidad en el hecho que terminó con la vida de cuatro trabajadores.

Mario Arcusin, abogado querellante, expresó que “por una cuestión del momento me surgió ponerle nombre al juicio y llamarlo `juicio del dolor´, algo que después se ratificó. El lunes fueron los alegatos, el martes comenzamos con los testigos y el miércoles se produjo quizás uno de los hechos más destacables, que es la declaración del Secretario Legal y Técnico de la Secretaría de Gobierno respecto al uso del auto oficial que produjo el choque. Dijo que en ese tipo de vehículos no había manera de tener elementos probatorios para ver si en ese momento estaba dirigiéndose a alguna actividad pública o privada”.

No obstante, remarcó que en los últimos días “salió la noticia del caso del intendente de Colón, donde sí se puede verificar si el uso era particular o no. Por lo tanto, si bien sabemos que el poder muchas veces está sobre el derecho, ese es el único temor que tengo. El primer día, cuando Orrico hace uso de su derecho a declarar, dijo textualmente: `vengo a reiterar que la responsabilidad fue una responsabilidad únicamente mía, no intervino ningún otro elemento ni persona que me saque responsabilidad sobre el hecho de haber provocado el accidente y con ello, consecuentemente la muerte de Leonardo, Axel, Brian y Lucas´. Remarco esto porque después de todo lo que pasó la semana pasada, este martes es el turno de los testigos de la defensa y esto viene a tirar por la borda cualquier intento de decir que se pinchó una goma, que se rompió un extremo de dirección, que le dio un pico de diabetes, o sea, él mismo descarta cualquier otro elemento o persona. No lo encandilaron, no le sonó el teléfono, no hay ninguna razón externa. A la defensa cuando se le preguntó en el alegato, dijo que no iban a discutir la culpabilidad, pero sí la pena, que va de tres a seis años”.

Mencionó que como querellante pidió seis años de pena y el fiscal pidió cinco años y medio, siempre de prisión efectiva. “El tema es que si es una pena menor podría llegar a pedir la defensa una domiciliaria o condicional, cosa que no repara el daño. El dinero no calma el dolor ni devuelve la vida de los chicos. Por lo menos reconoció que hubo varios ofrecimientos a la familia, con la necesidad de que la pena sea de cumplimiento condicional”, agregó. ElOnce

Este 18 de febrero de 2026 se inició en Concepción del Uruguay el juicio oral y público en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/ homicidio culposo agravado”, por el hecho ocurrido el 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, que provocó la muerte de cuatro jóvenes.

La audiencia, que se extendió durante unos 30 minutos, estuvo centrada en los alegatos de apertura de las partes y fue transmitida en vivo por el canal oficial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Durante su exposición inicial, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado realizó una maniobra imprudente, invadió el carril contrario y colisionó de frente con un vehículo en el que se trasladaban las víctimas, quienes se dirigían a su lugar de trabajo. La acusación encuadró el hecho como homicidio culposo agravado, tanto por el nivel de alcoholemia como por la cantidad de víctimas, y afirmó que se trató de un hecho previsible y evitable.

En ese marco, la Fiscalía indicó que Ruiz Orrico era funcionario público al momento del hecho y que el vehículo que conducía pertenecía a la Provincia de Entre Ríos, circunstancia que será abordada durante el debate a partir de documentación oficial y testimonios, entre ellos el del área de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación. Según se adelantó, se analizarán las condiciones de uso de vehículos oficiales y las responsabilidades asociadas a ese régimen.

Por su parte, la querella acompañó la reconstrucción del hecho realizada por la Fiscalía y puso el acento en el impacto humano del caso, remarcando el sufrimiento de las familias de las víctimas y las consecuencias irreversibles del siniestro. En sus intervenciones, los representantes legales solicitaron que, al momento de la sentencia, se aplique el máximo de la pena prevista por la figura penal imputada, al considerar la multiplicidad de víctimas y las circunstancias del hecho.

La defensa, en tanto, manifestó que no desconoce la responsabilidad del acusado por el resultado fatal, pero adelantó que su postura estará centrada en discutir el alcance del reproche penal y la determinación de la pena, solicitando una respuesta que considere criterios de proporcionalidad y las circunstancias particulares del caso.

Concluida esta etapa, el tribunal dio por finalizada la transmisión pública, quedando el proceso listo para avanzar en la producción de la prueba y las próximas audiencias del debate, donde se escucharán testigos, peritos y familiares de las víctimas.

El siniestro

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial conducido por Ruiz Orrico. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque. Según consta en la investigación, previamente había participado de una cena en el domicilio de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Ruiz Orrico inició su trayectoria política vinculado a la Sociedad Rural y fue candidato a intendente de Concepción del Uruguay por el PRO. Luego se integró al gobierno provincial, donde fue designado al frente del Instituto Portuario hasta que fue removido por el gobernador Rogelio Frigerio tras el accidente. La Pirámide/Ahora

La causa judicial por el presunto sobreprecio de más de 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay volvió a activarse y pone nuevamente en el centro de la escena a directivos de la empresa Jan de Nul y a exfuncionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del puerto provincia imputado por la muerte de 4 personas en un accidente vial, junto a Mauro Vazón y Jorge Satto, quienes hoy ocupan cargos de máxima relevancia institucional en la provincia, fueron parte de la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán S. Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.

Entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado, junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto —ex diputado provincial—, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazón.

El caso de Vazón y Satto adquiere una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para el cual fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio.

Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.

Por su parte, Ruiz Orrico, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, y el juicio oral se realizará entre el 18 y el 27 de febrero de 2026.

La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.

Según las notificaciones oficiales, las audiencias de indagatoria fueron fijadas —en algunos casos— de manera remota mediante el sistema Google Meet. Asimismo, se instruyó a la Gendarmería Nacional a realizar las notificaciones personales, verificar domicilios y acreditar fehacientemente la identidad de los imputados.

A más de cinco años de la denuncia original, la causa vuelve a cobrar dimensión pública no solo por el monto del presunto desfalco, sino también porque alcanza a funcionarios que hoy ejercen poder político y control institucional. El Miércoles Digital

Las audiencias estarán a cargo del juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. La designación se dispuso después de que todos los magistrados de Concepción del Uruguay se excusaran por sus vínculos con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal y esposa de Orrico.

El avance hacia el debate oral se habilitó tras la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa para apartar al querellante Mario Arcusin. Los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak consideraron que no existía un agravio constitucional y que los planteos ya habían sido respondidos por la Cámara de Casación.

Los defensores de Orrico, Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, habían llegado a esa instancia luego del rechazo de la casación contra la resolución de la vocal Melisa Ríos, que en abril también desestimó el intento de apartamiento. Con el cierre de esa vía, quedó expedita la fijación del juicio oral.

La causa investiga el choque en el que murieron Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; Leandro Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23. Los cuatro viajaban hacia el frigorífico Fadel cuando el auto oficial que conducía Orrico —un VW Passat de la Provincia— invadió el carril contrario. El imputado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre y salió ileso del siniestro. El Corsa en el que se trasladaban las víctimas quedó destruido.

En marzo de este año, el juez de Garantías Gustavo Díaz elevó la causa a juicio y confirmó a Orrico como único imputado por homicidio culposo. El proceso que se iniciará en febrero será clave para determinar responsabilidades en uno de los hechos viales más graves registrados en la provincia en los últimos años.

A más de un año del trágico siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas, expresó su desesperanza por el rumbo de la causa que investiga al exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, quien conducía alcoholizado un vehículo oficial cuando embistió de frente a un automóvil en el que viajaban cuatro trabajadores del Frigorífico Fadel.

“Esperanza me queda muy poca”, dijo Dubini desde Basavilbaso, donde vivía con sus hijos Brian y Axel Izaguirre. Ambos murieron junto a Leonardo Almada y Axel Rossi cuando el VW Passat oficial, manejado por Orrico con 1,59 gramos de alcohol en sangre, se cruzó de carril e impactó de frente contra el Corsa en el que se trasladaban hacia su trabajo.

Aunque el juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Díaz, elevó la causa a juicio en marzo de este año, el expediente sigue sin tribunal asignado ni fecha confirmada. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia debe resolver un incidente planteado por los abogados defensores de Orrico —Félix Patricio Pérez y Leandro Ariel Monje—, quienes buscan apartar al querellante Mario Arcusin.

Dubini expresó su preocupación por la falta de avances y por el reciente cambio de fiscal, tras la salida de Eduardo Santo y la designación de Darío Crespo. “Se excusaron once jueces en un año y tres meses. Es demasiado. Cualquier ciudadano en esas condiciones estaría preso desde el momento del accidente, pero este señor jamás tuvo preventiva”, cuestionó.

Para la madre, la estrategia de la defensa apunta a “ganar tiempo” y desgastar emocionalmente a las familias. “Nos quieren cansar. Es muy difícil seguir de pie cuando uno lo único que siente es vacío. Lo que queremos es justicia, no venganza”, afirmó.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa paralizado y las familias reclaman que el Superior Tribunal fije una audiencia que destrabe la causa. “Si fuera mi hijo el que manejaba y mataba personas, estaría preso. Pero él sigue libre. Eso duele y te quita la fe”, lamentó Dubini, quien encabeza junto a otros familiares una cruzada para mantener vivo el reclamo por sus hijos y por una sentencia que aún no llega.