El próximo 13 de agosto a las 12:00 hs., el empresario Sergio Andrés Aguirre deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello. La Justicia Federal lo investiga como presunto integrante de una asociación ilícita que habría desviado más de 266 millones de pesos de Osprera , la obra social de los peones rurales, intervenida por el Gobierno nacional.

El caso cobró relevancia pública debido a que Aguirre mantiene una relación comercial de más de siete años con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, con quien comparte la firma TR Nutrition SRL desde 2018. Aunque Menem no está imputado, los lazos de su entorno directo quedaron bajo la lupa judicial.

La empresa en el centro de la polémica es HTECH Innovation, constituida en abril de 2024. La firma se inscribió como una consultora de servicios informáticos y desarrollo de software sin antecedentes ni empleados registrados. A pesar de esto, se convirtió en proveedora de Osprera tras la intervención decretada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2024. La entonces interventora, Virginia Montero, contrató a la compañía, que emitió sus dos primeras facturas en noviembre de ese año por montos que superaron los 47 millones de pesos.

El entramado societario de HTECH incluye a Stefano Zanetti y a María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, quienes también fueron citados a indagatoria. Mirabelli cumplía funciones en paralelo como secretaria privada del propio interventor Petroni. Ante la sospecha del desvío de fondos públicos, el magistrado ordenó un embargo preventivo de 920 millones de pesos sobre los bienes de los involucrados, tras detectarse la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta BMW y una moto Ducati.

Durante los procedimientos, la Justicia allanó la sede declarada de la firma en la calle Jorge Newbery al 1500, constatando que allí opera otra empresa de Aguirre llamada Wellmets, por lo que el domicilio real de la consultora permanece sin determinar. Desde el entorno de la familia Menem señalaron que se trata de una operación política derivada de internas gubernamentales y afirmaron que no tienen vinculación con los hechos investigados.

Fuente: Perfil

La Delegación Entre Ríos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) volvió a manifestar su rechazo a la intervención de la obra social OSPRERA, actualmente bajo la órbita de la Superintendencia de Salud de la Nación. “Seguimos insistiendo contra la intervención por parte de la Superintendencia, a cargo de Lugones”, expresó el delegado provincial Edgardo Maier.

Maier advirtió sobre el impacto directo en la cobertura médica: “Dentro de las cartillas sacaron los genéricos y pusieron los remedios más caros, además de que disminuyeron las opciones de medicamentos”. El dirigente denunció que los nuevos proveedores “son una empresa de los Menem creada solamente a esos fines”, sin antecedentes en el rubro farmacéutico. “La factura número 1 la hicieron en febrero de este año para facturarle a OSPRERA directamente”, agregó.

La preocupación gremial se extiende al abandono de los afiliados: “No se entregan medicamentos en tiempo y forma, han quedado a la buena de Dios los enfermos con enfermedades terminales, complejas o muy graves”. También señaló que “las trabajadoras, los trabajadores y los profesionales de la salud son víctimas de este proceso”, enfrentando condiciones salariales deterioradas y una intervención “que no escucha, que vino a saquear”.

Desde UATRE, Maier expresó: “Nos solidarizamos con los trabajadores de la obra social que están atravesando una situación muy compleja”. Finalmente, denunció que “Osprera fue uno de los primeros objetivos para hacer caja para la política de Milei”, y acusó a Lugones y su entorno de “saquear las obras sociales de los trabajadores, la salud pública y hacer un negociado de los medicamentos”.