El pedido de los legisladores se funda en la necesidad de analizar el impacto del proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el nacional “que introduce un artículo, el 191, que reduce las alícuotas del impuesto a las ganancias generando una menor recaudación y, por ende, una reducción de la coparticipación para las provincias y para los municipios”.

“En el presupuesto 2026 el gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese total de $48 billones un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportarán al total del impuesto a las ganancias”, señalaron.

Seguidamente, apuntaron: “La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI”.

“La caída de la recaudación impactaría en el tesoro nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal”, indicaron.

En esa línea, los legisladores peronistas sostuvieron que “en función a estas proyecciones (según cuadro adjunto), la provincia de Entre Ríos y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos. En un promedio simple mensual, $6.772 millones por mes”.

En la presentación realizada este lunes, expresaron: “Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos”.

La diputada nacional Blanca Osuna solicitó al gobernador Rogelio Frigerio que revise la Ley de Agroquímicos N° 11.178, sancionada en diciembre de 2024, tras una resolución judicial que prohibió las fumigaciones con drones en campos cercanos a viviendas en Aldea Salto, departamento Diamante.

El fallo fue dictado por la jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, quien ordenó suspender las aplicaciones aéreas con vehículos no tripulados en la zona. La magistrada consideró acreditada la existencia de daño genético en una niña que habita el lugar y advirtió que los requisitos legales para el uso de drones —inscripción, registro y habilitación— no fueron implementados en la provincia, lo que vuelve su utilización ilegal.

Osuna, a través de su cuenta en X, celebró la decisión judicial y renovó sus críticas a la legislación vigente. “La salud y el ambiente sano son derechos. No pueden quedar supeditados a intereses económicos. La salud de las niñas y niños entrerrianos no se negocia”, expresó.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que la sentencia “vuelve a poner en evidencia lo que el Gobierno provincial eligió ignorar: fumigar cerca de zonas habitadas pone en riesgo la salud de nuestras infancias”. En ese sentido, reclamó una revisión integral de la ley para “garantizar una protección real a la población” y promover prácticas agropecuarias seguras y sostenibles.

El caso reaviva el debate sobre el uso de agroquímicos en Entre Ríos, un tema de larga conflictividad social y judicial, especialmente en zonas rurales próximas a escuelas y viviendas. Organizaciones ambientales y colectivos vecinales volvieron a exigir mayores controles, mientras sectores productivos advirtieron sobre el impacto económico de nuevas restricciones.

La decisión de la jueza Acevedo podría tener repercusión en otros departamentos donde se emplean drones para fumigaciones, un método cada vez más extendido en el sector agrícola. Por el momento, el Gobierno provincial no se pronunció oficialmente sobre el fallo ni sobre el pedido de revisión planteado por Osuna.