Será la tercera vez que las y los jubilados se manifiesten frente a la oficina de Gualeguaychú en los últimos tres meses. Se han propuesto realizar este reclamo una vez al mes porque advierten que “la situación de PAMI es cada vez más grave: faltan medicamentos, se restringen prestaciones médicas y hay dificultades para acceder a médicos de cabecera. Mientras las personas mayores necesitan respuestas, nuestros reclamos no son escuchados y la salud y la vida quedan en riesgo”.

La manifestación será este viernes 23 a las 11 en la esquina de Andrade y Rocamora, en donde denunciarán que existe “un gerontocidio en marcha, producto de las políticas de un Gobierno nacional que ajusta sobre quienes más necesitan protección”.

“Aunque nadie escuche nuestros reclamos, no vamos a dejar de luchar. Por eso convocamos a toda la comunidad a acompañarnos. Porque, si la vida nos lo permite, todas y todos vamos a ser personas mayores. Por vos, por tus viejos, por tus abuelos y por quienes hoy necesitan que defendamos sus derechos”, expresaron desde la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Plaza San Martín de Gualeguaychú.

La Asamblea de Adultos Mayores se reúne todos los miércoles a las 16 en la plaza San Martín y para esta semana han lanzado una convocatoria a sus pares para reclamar ante la obra social de jubilados y jubiladas por las deficiencias en la atención y prestaciones, para el viernes a las 11 de la mañana.

La concentración se realizará en la agencia PAMI de Gualeguaychú, situada en la esquina de Rocamora y Andrade, y será la segunda manifestación que realizarán. La primera sucedió el miércoles 19 de agosto y en esa ocasión, durante esa mañana, realizaron una volanteada frente a la puerta de la sede.

En esta ocasión se busca redoblar la protesta y sumar a una mayor cantidad e afiliados que se encuentren descontentos con las prestaciones que la obra social tiene actualmente y que perjudica en lo cotidiano a los adultos mayores.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) aprobó el pasado 5 de agosto un nuevo Régimen de Afiliaciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 11.202, de creación de la Obra Social, y su modificatoria, Ley Nº 11.236.

Entre las principales innovaciones incorporadas por la nueva normativa se encuentra la ampliación del límite de edad para los hijos de afiliados titulares que cursen estudios universitarios o terciarios oficiales.

Hasta el momento la cobertura en esta condición se extendía hasta los 26 años y ahora los hijos estudiantes podrán permanecer afiliados hasta cumplir los 27 años de edad, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta categoría.

La modificación responde a los cambios sociológicos y culturales que se han producido en las últimas décadas y que han determinado una extensión de las diferentes etapas vitales de las personas. En la actualidad, numerosos jóvenes inician, desarrollan y finalizan sus estudios en edades posteriores a las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura, por lo que resulta necesario adecuar las normas a estas nuevas realidades.

Asimismo, una de las principales novedades del nuevo régimen consiste en que, una vez cumplidos los 27 años, las personas que deseen continuar contando con la cobertura de OSER podrán hacerlo a través del sistema de Afiliación Voluntaria, mediante el pago de la cápita correspondiente.

De esta manera, OSER no sólo amplía la edad de permanencia de los hijos estudiantes dentro de la afiliación derivada de sus padres titulares, sino que también establece una alternativa para evitar la pérdida automática de cobertura al alcanzar el límite de edad previsto.

La incorporación de la Afiliación Voluntaria permite que quienes concluyen esta etapa puedan optar por mantener su vínculo con la Obra Social y continuar accediendo a sus prestaciones, garantizando una transición ordenada y una mayor continuidad en la cobertura de salud.

Con este nuevo Régimen de Afiliaciones, OSER avanza en la adecuación de su normativa a las necesidades actuales de sus afiliados, incorporando herramientas que brindan mayor previsibilidad, continuidad de cobertura y alternativas de permanencia dentro del sistema. (APFDigital)

(Fuente: APFDigital)

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) dio a conocer los resultados del informe titulado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”. La investigación analiza las condiciones de vida de un segmento demográfico que en Argentina representa el 15,7% de la población total —alrededor de 7,1 millones de personas— y que, según las proyecciones estadísticas oficiales, ascenderá al 22% para el año 2050.

De acuerdo con las mediciones correspondientes al período 2024-2025, la insuficiencia de ingresos en los hogares integrados por personas de 60 años o más alcanzó el 46,0%, lo que representa un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del bienio 2022-2023 y sitúa la cifra en el valor más elevado de toda la serie histórica iniciada en 2017. El relevamiento destaca profundas brechas según la estratificación socioeconómica: en los sectores clasificados como muy bajos, la falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos esenciales llega al 71,1% de los hogares, mientras que en los estratos bajos la problemática comprende al 55,2%.

En lo referente a la seguridad alimentaria, el indicador registró un aumento paulatino a nivel general, pasando del 12,3% en el trienio 2017-2019 al 18,4% en el período 2024-2025. Al desagregar los datos por nivel socioeconómico, la afectación es del 1,1% en los sectores medios altos, en tanto que en el estrato socioeconómico muy bajo la cifra asciende al 39,1%. Asimismo, el 21,3% de los hogares con adultos mayores se vio obligado a suspender el pago de algún servicio público por motivos de restricción presupuestaria, valor que en los hogares de mayor vulnerabilidad económica asciende al 39,4%.

El trabajo técnico también evaluó la cobertura de la asistencia social y las condiciones habitacionales. En los sectores socioeconómicos muy bajos, el 42,4% de los hogares recibe programas de transferencia monetaria o asistencia alimentaria directa, en el marco de una cobertura general de la población mayor que se ubicó en el 26,8%. Respecto a la infraestructura del hogar, el 11,8% reside en viviendas con deficiencias constructivas —cifra que trepa al 27,5% en los estratos más bajos— y el 25,2% registra carencias de acceso a redes formales de agua, gas o saneamiento básico.

Por último, el área de salud muestra que el 35,2% de los hogares postergó o discontinuó atenciones médicas o la compra de medicamentos por razones económicas durante el último período, alcanzando un 55,0% en los sectores de menores recursos. En relación con la obra social PAMI, el 74% de la población mayor utilizó la institución para consultas y el 70% para la adquisición de remedios, con una valoración positiva de la atención médica del 61,7% y del 49,7% en la cobertura prestacional de medicamentos.

En un escenario de tensión inédito para el sistema de salud privado del sur del país, clínicas y sanatorios de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de la atención a los afiliados de PAMI a partir del próximo 24 de agosto. La medida extrema responde al severo atraso en la actualización de las prestaciones, cuyos incrementos —según denuncian los prestadores— representan apenas la mitad de la inflación acumulada desde el inicio de la gestión nacional.

Las instituciones afectadas atienden a un universo cercano a los 300 mil jubilados en la región, para quienes la obra social estatal representa entre el 25% y el 55% de la operatoria prestacional de los sanatorios. La crisis no es repentina: desde junio pasado, los centros médicos venían aplicando restricciones graduales en las guardias, en la recepción de derivaciones y en la reprogramación de cirugías. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales desembocó en una suspensión completa de servicios por primera vez en la historia del organismo.

El detonante principal es el estrangulamiento económico que atraviesan los módulos prestacionales. Frente a una inflación del 19,3% registrada en los primeros ocho meses del año, la propuesta oficial se limitó a acordar un 6% de aumento a liquidarse en octubre, sumado a una promesa no concretada de un 1,9% adicional atribuida al Ministerio de Salud. De esta manera, existen procedimientos médicos donde el monto transferido por PAMI no alcanza para cubrir siquiera el costo de los materiales descartables básicos, dejando fuera de presupuesto los honorarios de médicos, enfermeros, el uso de quirófano, camas e insumos.

Desde el sector privado califican la situación como "inédita y dogmática", asegurando que el desfasaje supera incluso los picos críticos de la crisis de 2001. A este panorama se le suma la renuncia masiva de profesionales y el éxodo de médicos que dejaron de atender por la cartilla oficial, sobrecargando las guardias de urgencia y dejando a miles de adultos mayores sin cobertura médica preventiva ni tratamientos programados.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de las y los Trabajadores anunció formalmente su adhesión a la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la restitución integral de las prestaciones para todos los jubilados y pensionados del país. Bajo la premisa de frenar el deterioro en las condiciones de atención y las políticas de ajuste que afectan al sector, la organización sindical hizo un llamado abierto a toda la comunidad a sumarse activamente a las acciones de protesta programadas.

En la ciudad de Gualeguaychú, la medida se materializará a través de una convocatoria presencial organizada por la Asamblea de Adultos Mayores. La cita fue fijada para este miércoles 19 de agosto a las 10:30 horas en la intersección de Rocamora y Andrade, lugar donde se ubica la delegación local del PAMI.

Respecto a la modalidad que tendrá la manifestación en la ciudad, Ana Gómez, referente de la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, explicó a El Argentino: "En el contexto de la jornada nacional, nosotros hacemos esta movida frente al PAMI acá. Va a ser en Rocamora y Andrade. Vamos a utilizar las cuatro esquinas, no vamos a cortar la calle, vamos a estar repartiendo volantes. Se trata de una volanteada, una presencia y una forma de llamar la atención para estar en el contexto nacional del reclamo por todas las cosas que ya todo el mundo sabe".

Asimismo, la referente remarcó la gravedad del cuadro de situación asistencial y las trabas que enfrentan los afiliados en las localidades del interior: "La prestación del PAMI no es acorde a las necesidades que tiene la gente. Muchísimas agencias que estaban en localidades chicas las han cerrado y ahora han quedado cabeceras donde la gente no tiene plata para viajar. Todo es más costoso, los remedios ya no cubren como antes, los turnos médicos son muy lejanos y las prótesis no llegan en tiempo y forma. Hay gente que se muere esperando los insumos para operarse; todo es muy lento y burocrático".

Gómez alertó además sobre las drásticas consecuencias que tiene la crisis económica en la vida cotidiana y la salud mental de las personas mayores: "Si bien el PAMI tuvo siempre problemas de funcionamiento, esta vez es muy grave. No alcanza para comer, no alcanza para pagar los alquileres ni para comprar los remedios; tenés que elegir entre comprar el remedio o comer. La gente deja los tratamientos y se muere. Tenemos compañeros que se han muerto por no tomar la medicación que tenían que tomar, por ejemplo para la presión".

Por su parte, desde la conducción de la CTA ratificaron el acompañamiento a las demandas del sector pasivo: "Nos sumamos y convocamos a ser parte de la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la defensa de los derechos de todas y todos los jubilados y jubiladas. ¡Basta de maltrato a nuestros adultos mayores!", expresaron para convocar a la comunidad a respaldar el reclamo.

Un análisis sobre los listados oficiales de Precios de Referencia de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, bajo la Resolución 27/2022, revela una brecha alarmante: los fármacos para patologías crónicas aumentan de forma desproporcionada respecto de los ingresos de los adultos mayores. Entre el 1° de mayo y el 1° de julio de 2026, la canasta de medicamentos se incrementó un 6,02 por ciento. En el mismo bimestre, la jubilación mínima subió un 4,79 por ciento y el ingreso real de quienes perciben la mínima con bono —congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024— apenas trepó un 4,06 por ciento. En términos prácticos, el jubilado que en mayo compraba 100 comprimidos, en julio solo adquiere 98.

El incremento bimestral (2,99 por ciento en junio y 2,94 en julio) corrió por encima de la inflación general. El IPC de mayo fue del 2,1 por ciento y las proyecciones de junio lo ubican por debajo, consolidando la pérdida de poder adquisitivo en la salud de los más vulnerables. Una canasta de cinco tratamientos básicos de manual —enalapril, amlodipina, atorvastatina, levotiroxina y clopidogrel— pasó de costar 189.457 pesos en mayo a 200.859 pesos en julio. Sin cobertura, este gasto absorbe el 41,7 por ciento del ingreso total de un jubilado de la mínima con bono, fijado en 481.989 pesos. Incluso con el 70 por ciento de cobertura de la Resolución 310/2004, el copago en el mostrador trepó a 60.258 pesos, significando uno de cada ocho pesos del haber.

El cruzamiento de las 162 presentaciones expuso un hallazgo llamativo: todas subieron exactamente un 6,02 por ciento. Esto demuestra que la planilla oficial no releva las fluctuaciones reales del mercado, sino que aplica un coeficiente único de actualización. Si el precio de góndola de los laboratorios sube por encima de ese índice indexado en un despacho, la diferencia la paga íntegra el afiliado.

Esta situación es la última cuota de un proceso largo. Datos del Centro de Economía Política Argentina indican que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, fármacos de uso extendido acumularon subas de hasta el 523 por ciento, reduciendo a la mitad la capacidad de compra de medicamentos frente a los haberes previsionales en dos años y medio. A esto se añade que la Resolución 2026-428 dejó a 2,2 millones de afiliados excluidos del subsidio por razones sociales de PAMI, afectando directamente a 1,6 millones de pacientes crónicos. En las farmacias de Entre Ríos, el impacto se traduce en personas que espacian las tomas o cortan las pastillas para subsistir.

Fuente: Análisis

“Yo cumplí años el jueves 4 de junio”, comentó la mujer de 74 años, mientras se iba armando, para la charla, una ronda improvisada de abuelos y abuelas residentes del Hogar de Ancianos de Gualeguaychú. Este 2026, la institución cumple 93 años y Ada será coronada reina del hogar, algo que la llena de orgullo.

La comunidad gualeguaychense, que ha seguido de cerca la historia del Hogar de Ancianos, entiende que ese recorrido atravesó etapas de voluntariado, crisis económicas, y la consolidación de un espacio que hoy alberga a más de treinta residentes. La historia del hogar se enlaza con las voces de quienes lo sostienen día a día y de esos adultos mayores que han proyectado un plan de vida dentro de sus muros.

En esta ocasión, El Argentino dialogó con el presidente de la Comisión Directiva, Gustavo Picolli, y con un grupo de residentes que contaron cómo transcurren esta etapa de su vida. Lo que, a su vez, nos permite comprender cómo se proyecta el futuro de la institución.

Frente a ella se sentó Rosa Margarita, que llegó hace seis meses y disfruta de la amistad. “Hacemos gimnasia, pilates y lo más lindo son los bailes. Un día vino un chico con un parlante y nos puso Los Palmeras. Con esa música nos bailamos todo”, contó. Y agregó: “Antes vivía con una chica, pero me sentía sola. Acá no conocía a nadie, pero de a poco los voy conociendo y me di cuenta que quiero estar con ellos”. Sus palabras muestran cómo la rutina del lugar le devolvió el sentido de pertenencia. “Lo bueno de estar acá es que tengo amigas, mis primas me visitan seguido y me traen regalitos”, aportó Ada, sonriente.

El presidente de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos, Gustavo Picolli, en tanto, subrayó la importancia de las visitas: “Treinta minutos de charla con un adulto mayor son más provechosos que renegar frente al televisor. Donar tiempo para compartir una misa, un mate o una charla cambia la perspectiva del adulto mayor”.

Aunque es ingeniero y mantiene su actividad profesional, Picolli dedica gran parte de su tiempo a las tareas de la institución y valora el trabajo que realiza el equipo junto a Susana, quien coordina las tareas diarias. “Uno cumple un rol institucional, pero también práctico”, explicó quien se define como “el despertador de sonrisas ajenas”.

“Un ser humano debe reír al menos tres veces por día. Si logramos que un adulto mayor exprese tres sonrisas en 24 horas tendrá un mejor pasar. Mi objetivo es que cada abuelo que vive en la residencia pueda sonreír”, apuntó.

El hogar enfrenta el desafío de equilibrar costos y sustentabilidad. “No somos proveedores de PAMI, entonces debemos instrumentar otras formas para cerrar números. Pero lo importante es que el adulto mayor pueda vivir su proyecto de vida de manera agradable. Como decía el Curita Gaucho, vengo a aprender a ser viejo. Esa es la sabiduría que guía al Hogar”, expresó el presidente de la Comisión Directiva.

Cada residente aporta un matiz distinto a la vida cotidiana. La celebración de los 93 años se convirtió en una oportunidad para escuchar esas voces que, con ternura y memoria, dan sentido al presente. Por ejemplo, Raúl María aportó a la charla una mirada más reflexiva. Con sus 85 años aspira a gestionar ideas y deseos: “Me gustaría poder encarar un mini emprendimiento para ayudar a la economía, porque la mayoría somos jubilados”, compartió, al tiempo que recordó su vida laboral y política, su paso por el Banco de Entre Ríos y su pasión por la locución. “Cuando estoy al frente de un micrófono me siento muy feliz, es algo que me hubiese gustado hacer”, confesó.

Ángela, de 78 años, también llegó hace poco. Se la ve paciente. Observa y escucha con atención. Fue profesora de corte y confección, cosía con máquina industrial y recordó su paso por la Escuela técnica N°1: “Hacía pantalones, polleras, remeras, todo lo que se pudiera pasar por la máquina lo hacía”.

En la actualidad, Ángela participa de yoga, meditación y gimnasia, y valora mucho la interacción cotidiana. “Las actividades son libres todo el día. Lo mejor es que nunca estamos solos. Una palabra tras otra, un comentario y se va armando la amistad”, contó la docente que, aunque reconoció que a veces la tristeza aparece, “esta casa es nuestro hogar y nuestra familia”.

La actualidad de la institución es la de “un espacio abierto a la comunidad”, que busca crecer en infraestructura para responder a la alta demanda de alojamiento. En este sentido, Picolli remarcó el desafío de ampliar las instalaciones junto al Rotary Club. La apuesta es encaminarse hacia la autosustentabilidad, con colectas y proyectos que ya superan las viejas iniciativas. “El objetivo es vivir estos 93 años de vida llenos de desafíos superados y encaminarnos hacia un centenario productivo”, resumió.

Auditorías realizadas por el PAMI detectaron presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintas provincias del país, incluyendo consultas incompatibles con las horas de atención declaradas por los profesionales y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos. Las maniobras investigadas podrían haber generado un perjuicio económico de cientos de millones de pesos para la obra social de los jubilados.

Las anomalías fueron detectadas en expedientes tramitados en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba, entre otras jurisdicciones. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) presentó denuncias penales, rescindió contratos y dispuso retenciones preventivas de pagos mientras avanzan las investigaciones.

Según trascendió, al menos siete profesionales quedaron bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la facturación de consultas y prácticas médicas.

Bajo investigación

Uno de los expedientes más relevantes involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, identificado por las iniciales M.G.A., quien fue allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación judicial.

De acuerdo con la documentación analizada, el profesional habría informado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. La situación llamó la atención de los auditores debido a que una importante cantidad de esos pacientes residía en otras provincias.

La maniobra investigada tendría un impacto económico cercano a los 700 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 580 millones ya habrían sido abonados por la obra social.

Consultas imposibles y pacientes fallecidos

Las auditorías aplicaron un criterio uniforme para detectar inconsistencias. Los especialistas compararon la cantidad de consultas facturadas con la capacidad máxima de atención que cada médico podía brindar según las horas de trabajo declaradas en el sistema institucional.

En el caso del cardiólogo investigado, una primera auditoría realizada en enero de 2025 detectó que diez afiliados desconocían haber sido atendidos por el profesional pese a que existían órdenes médicas electrónicas emitidas a su nombre.

Además, los investigadores encontraron prácticas médicas supuestamente realizadas y facturadas a pacientes de otras jurisdicciones e incluso órdenes electrónicas emitidas a nombre de afiliados que ya habían fallecido.

Otro expediente, correspondiente a un profesional identificado como M.A.C. en Córdoba, reveló que se registraron órdenes médicas electrónicas el 14 de noviembre de 2024 pese a que el afiliado involucrado había sido dado de baja por fallecimiento seis días antes.

Retenciones, débitos y denuncias penales

Las restantes auditorías también detectaron diferencias entre las consultas declaradas y la capacidad operativa de los prestadores. Como resultado, el organismo dispuso débitos sobre liquidaciones ya presentadas y suspendió pagos preventivamente en algunos casos.

Entre los expedientes revisados figuran profesionales identificados como J.R.C., M.A.D.C., G.M.M., A.R.S. y L.B.S., quienes quedaron alcanzados por distintas medidas administrativas derivadas de las investigaciones, indica Infobae.

En uno de los casos, las prestaciones correspondientes a agencias de Lanús, San Justo y Quilmes permanecen bajo revisión, por lo que los pagos fueron retenidos hasta la finalización del proceso de auditoría.

Desde el PAMI señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes en cada expediente.

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI realizan desde este lunes un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los valores que cobran por sus consultas profesionales.

La medida de fuerza, sobre la cual aún no se pronunciaron los principales gremios del sector, tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados de PAMI.

Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

Los profesionales sostienen que una mejora en las condiciones de trabajo resulta fundamental para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados de todo el país, indica NA.

Además convocaron a los afiliados y a toda la comunidad a manifestarse el miércoles a las 12 en las UGL de cada localidad.

La situación de los jubilados afiliados al PAMI se agravó en los últimos meses: más de 2,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura total de medicamentos, según reconoció el propio Gobierno en un informe al Congreso. El cambio implica que quienes antes accedían automáticamente al 100% de sus remedios ahora dependen de subsidios sociales o trámites de excepción, lo que en la práctica deja a miles sin posibilidad de continuar sus tratamientos.

Mientras tanto, quienes tienen recursos inician reclamos judiciales individuales. Estudios privados ofrecen servicios de amparos, y la cantidad de demandas contra obras sociales y el PAMI creció considerablemente en los últimos dos años. Los reclamos más frecuentes son por internación geriátrica y falta de cobertura en medicación, cirugías o tratamientos.

El Gobierno sostiene que los jubilados reciben descuentos de entre el 50% y el 80%, y que para el 66,4% el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad calcula que el costo real equivale al 27,5% de la canasta, unos $500 mil mensuales, cifra superior a la jubilación mínima con bono incluido. Ese bono, congelado en $70 mil, perdió casi el 50% de su valor real entre abril de 2024 y abril de 2026, según la UCA.

La falta de respuesta oficial agrava el panorama. Perfil consultó a fuentes del PAMI sobre el cumplimiento de las cautelares, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo contestación. Mientras tanto, miles de jubilados enfrentan la disyuntiva de endeudarse para comprar medicamentos o abandonar tratamientos esenciales.

Fuente: Perfil

PAMI confirmó que durante junio continuará vigente la entrega gratuita de medicamentos e insumos médicos para jubilados y pensionados afiliados. La medida alcanza a millones de personas en todo el país y apunta a sostener la cobertura integral frente al aumento de los costos vinculados a tratamientos, movilidad y cuidados médicos.

Desde el organismo señalaron que gran parte de los trámites puede realizarse de manera digital mediante la plataforma oficial “Mi PAMI”, aunque también se mantienen las gestiones presenciales en agencias habilitadas para quienes necesiten asistencia o no puedan completar el procedimiento online.

El esquema incluye distintos programas de cobertura que abarcan medicamentos gratuitos, pañales descartables, colchones antiescaras, trapecios para cama, inodoros portátiles y anteojos recetados. En la mayoría de los casos, los beneficios requieren contar con una Orden Médica Electrónica emitida por profesionales habilitados dentro del sistema.

Qué beneficios mantiene PAMI durante junio

Entre los elementos que continuará entregando PAMI durante junio aparecen los colchones antiescaras destinados a personas con inmovilidad prolongada o riesgo de lesiones cutáneas por permanecer muchas horas acostadas. También se mantiene disponible el inodoro portátil, orientado a afiliados con dificultades motrices o enfermedades que limitan el uso habitual del baño.

Otro de los beneficios incluidos es el trapecio para cama, una estructura de apoyo que permite a los pacientes incorporarse o cambiar de posición con mayor autonomía y menor asistencia permanente.

En paralelo, la obra social mantiene la cobertura del 100% en anteojos recetados para afiliados que presenten la documentación correspondiente. El beneficio contempla armazón y cristales sin costo adicional y puede utilizarse una vez por año prestacional. Según informó el organismo, la cobertura incluye un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien lentes bifocales.

Además, continúa vigente el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables, mediante el cual se garantiza la entrega gratuita de pañales y apósitos para adultos. En estos casos, las entregas suelen realizarse directamente en el domicilio declarado por el afiliado.

Cómo tramitar los medicamentos e insumos gratuitos

Para acceder a los beneficios de PAMI, el requisito principal suele ser contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un médico de cabecera o especialista habilitado. Esa documentación funciona como respaldo para solicitar medicamentos, accesorios e insumos contemplados dentro de la cobertura integral.

En situaciones donde el afiliado no disponga de la orden electrónica, puede presentar otra documentación complementaria como receta manual, DNI, credencial y resumen de historia clínica, dependiendo del trámite que deba realizar.

En el caso de los medicamentos gratuitos, el sistema funciona mediante recetas electrónicas y contempla tratamientos vinculados a enfermedades crónicas y patologías complejas como diabetes, insuficiencia renal, artritis reumatoidea, VIH, hepatitis y tratamientos oncológicos.

Algunos afiliados pueden acceder a cobertura total de hasta cuatro medicamentos gratuitos, mientras que en determinados casos especiales la cantidad puede ampliarse según la evaluación médica correspondiente.

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de 580.000 millones de pesos para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Para qué se destinará el refuerzo

En los considerandos se explicó que el objetivo del aporte es permitir que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

La resolución también reconoce la “crítica situación financiera” que atraviesa el instituto.

Cómo se financiará la asistencia

Según la norma, el auxilio se concretará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos durante este mismo año.

En los hechos, esto implica que el Gobierno recurrirá a deuda para sostener el aporte.

El primer tramo, equivalente al 33 por ciento del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, por un valor nominal de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33 por ciento, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto, por 164.037.509.356 pesos.

El 34 por ciento restante se completará con letras que vencerán el 30 de septiembre, por 187.363.497.440 pesos.

Qué dice la resolución

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

Además, la resolución establece que estas Letras del Tesoro deberán ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan”, en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General 2026.

El texto lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

Con la llegada de los primeros fríos, las consultas por la vacunación antigripal comenzaron a multiplicarse en hospitales y centros de salud de Entre Ríos. La campaña 2026, que se inició en marzo, avanza en dos etapas claramente definidas. La primera incluyó al personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses y adultos mayores institucionalizados. Desde mediados de abril se sumaron los adultos mayores de 65 años y las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunológicas.

Desde el Hospital Centenario, la licenciada en enfermería Norma Tommasi, quien es supervisora de Atención Primaria de la Salud, explicó: “La vacuna está distribuida en todos los centros de salud, hospitales y departamentos. Estamos en la segunda fase, que incluye a usuarios con factores de riesgo, adultos y niños de calendario. Se vacuna, tenga o no tenga obra social. Por ejemplo, a los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) si vienen al hospital o a un centro de salud se los vacuna”.

En relación a la logística, la profesional manifestó: “La frecuencia de entrega es semanal y está muy controlada, porque se monitorea en el sistema nacional las vacunas aplicadas y en base a eso se repone desde Paraná”.

Por su parte, el referente departamental de inmunizaciones en Gualeguaychú, el licenciado en Enfermería Christian Lloveras destacó: “Respecto a años anteriores hemos visto que ha crecido la demanda de vacunas y las consultas. Eso es muy bueno porque sirve para disminuir las diferentes patologías”. Además, “este año la entrega es más controlada, por eso en algunos momentos nos quedamos sin stock, pero semana a semana vamos pidiendo y nos renuevan”.

“Vacunamos a todas las personas contempladas en esta fase, tengan obra social o no. Muchos pacientes de PAMI se están vacunando y no se les niega la dosis. Lo que sí tratamos es de concientizar que, si tienen la posibilidad de recibirla por obra social, lo hagan, para optimizar recursos para quienes no tienen cobertura”, indicó Lloveras.

Por otra parte, EL ARGENTINO dialogó con Paula, quien es farmacéutica de la Farmacia Del Valle. "Nosotros no hacemos la campaña de vacunación antigripal de PAMI, pero sí tenemos vacunas particulares. Estas vacunas están alrededor de los 67 mil pesos, pero entran por obra social. Dependiendo del plan y la condición del paciente —si son adultos mayores de 65, embarazadas o población de riesgo— la cobertura puede ir del 40 al 100%", informó.

"Lamentablemente, todos los años las vacunas en hospitales y CAPS llegan tarde. Lo ideal siempre es vacunarse en marzo o a principios de abril, para que cuando llegue el frío ya hayan pasado al menos quince días desde la aplicación y el cuerpo tenga las defensas altas", recomendó.

Más allá de la posibilidad que tienen de vacunarse gratuitamente, Paula comentó que hay muchas consultas y hay vecinos que se acercan a recibir la vacuna: "Por la farmacia pasa mucha gente, hay de todo, gente que prefiere esperar porque no puede pagarla y otros que prefieren asegurarse y vienen. En nuestro caso, ya se vacunaron un poco más de cuarenta personas. Seguramente en una farmacia que haga la campaña de PAMI tienen muchos más vacunados".

En tanto, Tommasi agregó que la baja cobertura tras la pandemia obligó a reforzar campañas: “Después del Covid-19 la gente dejó de vacunarse, la cobertura disminuyó y se hicieron campañas para recuperar la confianza. Es un trabajo de hormiga, pero se está logrando de poco. En este sentido, se trabaja bien con el Municipio para recuperar las vacunas de calendario que habían quedado relegadas”.

En cuanto a la organización interna, para aquellas personas que quieran vacunarse, Tommasi aclaró que en ningún lugar se pide turno. El Hospital Centenario está abierto de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas, de corrido, y el vacunatorio funciona en el hospital viejo.

En relación al stock disponible, los profesionales contaron que el lunes viajarán a Paraná para buscar vacunas antigripales y distribuirlas según la carga que tengan cada efector en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

En tanto, desde la Municipalidad, el licenciado en Enfermería Sergio Sack describió: "La Subsecretaría de Salud recordó que la vacunación se realiza en cada uno de los diez Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad. Allí se aplican las diferentes vacunas del calendario, las antigripales y también se realizan vacunaciones a domicilio, lo que llamamos trabajo en terreno. Los equipos de los CAPS —enfermeros y promotores— concurren a los domicilios de personas con discapacidades, adultos mayores y niños, para garantizar la cobertura de inmunizaciones en toda la población".

"Cuando se hace vacunación domiciliaria se utilizan heladeras conservadoras para mantener la cadena de frío y cumplir con todo el calendario en bebés recién nacidos, niños, adultos y vacunas especiales como la antigripal. Esta vacuna ya comenzó a aplicarse no solo al personal de salud y a quienes trabajan en los CAPS, sino también a la población en general", aseguró el responsable municipal.

En relación a la problemática estacional, el profesional manifestó: "Es un trabajo genuino de prevención que realizan los equipos de salud municipales, educando a la población para que pueda vivir bien y sin enfermedades. Los CAPS recorren su territorio por medio de los promotores, detectando necesidades y acercando la vacunación. Se viene desarrollando a un ritmo sostenido, especialmente en esta época del año, para lograr la cobertura antes del invierno y proteger a toda la población".

El contexto epidemiológico también influye en la demanda. A principios de enero se detectó el primer caso de Gripe A (H3N2) en la provincia, lo que puso en alerta al sistema de vigilancia. La vacuna antigripal 2026 está diseñada para cubrir las cepas circulantes y reducir hospitalizaciones y complicaciones graves.

La campaña, que se desarrolla en medio de un invierno anticipado, busca garantizar la cobertura de los grupos más vulnerables. El desafío es doble: por un lado, asegurar la distribución equitativa de dosis en todos los departamentos y, por otro, recuperar la confianza de la población en la vacunación tras la caída de coberturas durante la pandemia.

En definitiva, la llegada del frío aceleró las consultas y puso en evidencia la importancia de la inmunización. Entre Ríos avanza con su campaña antigripal, ofreciendo la vacuna de manera gratuita en hospitales y centros de salud, mientras que en el ámbito privado el costo se mantiene elevado. La coordinación entre Provincia y Municipios será clave para sostener la cobertura y responder a una demanda que crece semana a semana.

El PAMI tiene en la actualidad una deuda con sus prestadoras que alcanza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, el ministro Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, para explorar un auxilio financiero.

A la par, la crisis del PAMI también impacta en la cadena de provisión de medicamentos. Un comunicado del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires advierte: “Atención. Las farmacias en situación crítica. Informamos a nuestros pacientes que, ante la falta de pago de las prestaciones por parte del PAMI, nos encontramos en una situación financiera crítica que dificulta la reposición de medicamentos”. Si bien remarcan que mantendrán la atención a los afiliados, aclaran que “la entrega de medicación quedará estrictamente sujeta al stock disponible en cada local”.

Hace ocho días hubo un encuentro entre los ministros Lugones y Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo del PAMI y, desde la cartera de Salud, sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.

Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto interno y se mostraron confiados en una pronta resolución de la crisis de pagos que enfrenta al PAMI con sus prestadores. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales ante las consultas sobre cómo pensaba el Gobierno resolver el conflicto que hasta llegó a ser tema en el AmCham Summit 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí, Lugones afirmó ayer que “el PAMI está pagando”.

La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera de la obra social de los jubilados y pensionados, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”, especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos dentro del gabinete nacional.

El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero en la actualidad no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada por los prestadores. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Leguízamo, cuya gestión quedó en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares. Fuente: La Nación

Los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), comenzaron este lunes un paro de 72 horas para rechazar una resolución que, aseguran, implica un fuerte recorte salarial.

La medida de fuerza se lleva adelante tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de ingresos de los profesionales. Desde el sector denunciaron que fue adoptada sin consulta previa y que además tiene carácter retroactivo al 1° de abril.

Si bien durante el paro se garantiza la atención de urgencias, los médicos advierten que el nuevo sistema pone en riesgo la continuidad del servicio.

Hasta ahora, los honorarios se componían de un monto por cápita —según la cantidad de afiliados asignados— más adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. Con la nueva normativa, PAMI elevó el valor de la cápita de $980 a $2.100 por paciente, pero eliminó todos los ítems extra.

Esto implica, según explicaron, que ya no se pagarán las consultas presenciales. “Se nos abonaba cada consulta en consultorio alrededor de 5.500 pesos y ahora pasa a ser de 2.100 por paciente al mes, sin importar cuántas veces lo atendamos”, detalló Carlos Mulqui, secretario general de la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba.

El reclamo apunta a que el nuevo esquema no contempla los costos reales de la actividad. Los médicos sostienen que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir gastos básicos como alquileres, servicios y personal, lo que vuelve insostenible el funcionamiento de los consultorios.

“Nos están obligando prácticamente a renunciar”, advirtió Mulqui, al tiempo que remarcó que el sistema de médicos de cabecera es clave en la atención primaria de la salud y que en otros países es uno de los mejor remunerados.

“Con esta rebaja nos van a pagar 2.100 pesos por paciente en forma mensual, que incluye cada consulta y trabajo online. No importa si un paciente va una o cinco veces en el mes, nosotros vamos a seguir cobrando 2.100 por paciente. Es lamentable llegar a esta situación”, agregó.

Los profesionales también alertaron que la situación podría derivar en una reducción de la cantidad de médicos disponibles, lo que impactaría directamente en la atención de los jubilados, principales afiliados de la obra social.

Cambio de reglas

Hasta marzo los médicos de cabecera cobraban $980 por afiliado. Teniendo en cuenta que en promedio cada profesional reúne a 700 beneficiarios, la suma fija mensual llegaba a $686.000 aunque el jubilado fuera o no a atenderse.

A su vez, por cada prestación realizada, recibían un adicional de $5.500. Este adicional fue eliminado a partir del cambio de regla dispuesto por el Gobierno nacional. Con ese extra los profesionales llegaban a percibir cerca de 2 millones mensuales.

Con la nueva medida, desde abril el monto por la cápita elevó a $2.100 pero se quitó el adicional por consulta. De esta manera, el fijo mensual queda en $1.470.000.

Propuesta de Appamia

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia, presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.

Además indicaron que la nueva resolución es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. "Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio", advierten.

Al reclamar la derogación inmediata de la resolución, sostienen que la medida "implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas". Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales. El Once

La medida busca anticiparse al incremento de enfermedades respiratorias registrado en los últimos años. La decisión responde también a la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por una mayor transmisibilidad.

Desde el organismo señalaron que el objetivo central es reforzar la inmunidad en los grupos de riesgo antes del pico invernal. En particular, se apunta a adultos mayores y personas con condiciones preexistentes que pueden desarrollar cuadros más graves.

En ese marco, las autoridades remarcaron la importancia de llegar protegidos a los meses de mayor circulación viral, reduciendo así hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la gripe.

Acceso a la vacunación y requisitos

Los afiliados podrán aplicarse la dosis a partir del lunes 30 de marzo en cualquier farmacia de la red PAMI, sin necesidad de presentar una orden médica ni gestionar turno previo. Para ello, deberán concurrir con su DNI y la credencial de la obra social.

En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, será obligatorio presentar la documentación médica que certifique su condición. Además, se recomienda comunicarse previamente con la farmacia habitual para verificar disponibilidad.

Para consultar los puntos de vacunación, los afiliados pueden ingresar al sitio oficial o llamar al 138, en la línea PAMI Escucha, seleccionando la opción correspondiente.

El colectivo de prestadores en discapacidad de Entre Ríos inició este miércoles y jueves una medida de fuerza de 48 horas para visibilizar una crisis que, según denuncian, amenaza con el quiebre total del sistema. La falta de pagos de obras sociales como IOSPER, PAMI e Incluir Salud, sumada al congelamiento de aranceles desde 2024, ha dejado al sector sin capacidad de sostener sus servicios frente a la inflación.

La presidenta de la asociación civil NEUROCEA, Amarú Méndez, señaló que la situación es terminal para muchas instituciones y profesionales independientes. Los prestadores denuncian que los pagos llegan con meses de retraso, mientras los costos de vida y mantenimiento aumentan. Esta asfixia financiera está provocando un éxodo de especialistas hacia la atención privada, dejando a miles de familias sin cobertura en el sistema de seguridad social.

La problemática se agrava en el interior de la provincia, donde las opciones de atención son limitadas y el sistema público no logra absorber la demanda de especialistas en neurología, psicología o fonoaudiología.

Uno de los puntos más críticos es el cierre inminente de centros de día, instituciones que brindan contención y terapias a personas con discapacidades severas. Los trabajadores advierten que los aranceles actuales no permiten sostener las estructuras básicas de funcionamiento.

Aunque existe una Ley de Emergencia en Discapacidad, las soluciones administrativas no se traducen en mejoras concretas para quienes prestan los servicios. El paro busca que el IPRODI y las autoridades provinciales intervengan de manera urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que el ajuste recaiga sobre los derechos de las personas con discapacidad y la estabilidad laboral de sus terapeutas. Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral

La Confederación Farmacéutica Argentina encendió una señal de alarma ante el riesgo de que las farmacias de todo el país enfrenten un desabastecimiento de medicamentos. El motivo principal son los reiterados atrasos en los pagos de obras sociales y empresas de medicina prepaga, que ponen en jaque la cadena de suministro y obligan a los establecimientos a financiar con recursos propios.

La presidenta de COFA, Alejandra Gómez, explicó que la cadena de pagos se encuentra “completamente desfasada” y que muchas farmacias aún no terminaron de cobrar las prestaciones de diciembre. El sistema funciona bajo un esquema acordado: la farmacia compra el medicamento, lo dispensa al paciente y luego recibe el pago de la obra social o prepaga. Cuando ese flujo se interrumpe, el financiamiento recae sobre el propio comercio.

En el corto plazo, los establecimientos pueden sostenerse con stock disponible o mediante acuerdos especiales con laboratorios que ofrecen plazos extendidos. Sin embargo, desde la entidad advierten que esas herramientas son limitadas y que “llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector”.

Si no hay una regularización antes de fines de febrero, el impacto podría empezar a notarse en los mostradores durante marzo.

Desde COFA remarcaron que los más afectados serían los afiliados del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados que reúne a más de cinco millones de personas. Se trata del grupo etario que más medicamentos consume y donde se concentra la mayor cantidad de pacientes. Aunque PAMI mantiene desde 2018 un cronograma específico de pagos, en el último año los plazos se habrían extendido.

“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, señaló Gómez.

Ante este escenario, la Confederación Farmacéutica Argentina propuso conformar una mesa de trabajo con representantes de obras sociales, prepagas y autoridades sanitarias para encontrar una solución que garantice el acceso de los pacientes a los tratamientos. “Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación”, concluyó la titular de COFA.

Por ahora, el sector farmacéutico espera una respuesta en los próximos días que permita evitar faltantes y asegurar la continuidad en la entrega de medicamentos en todo el país. Fuente: Radio Mitre / Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)

PAMI confirmó anteojos gratuitos en 2026 como parte de una de las prestaciones más valoradas por jubilados y pensionados, en un escenario donde los gastos en salud impactaron de manera creciente sobre los ingresos fijos. El organismo ratificó que la entrega sin costo continuará vigente durante todo el año para los afiliados que cuenten con indicación médica válida.

La prestación permitió acceder a lentes recetados de uso diario sin necesidad de realizar pagos adicionales, lo que representó un alivio económico concreto para miles de personas mayores en todo el país. Desde PAMI señalaron que se trató de una cobertura de alcance universal, destinada a garantizar el derecho a la salud visual.

El programa de anteojos de PAMI incluyó, por cada año prestacional, la entrega de un solo par de lentes, de acuerdo con la necesidad oftalmológica acreditada. Las opciones contempladas fueron:

Un par de lentes para visión cercana.Un par de lentes para visión lejana.O un par de lentes bifocales, según indicación médica.

El esquema estuvo diseñado para reducir trámites presenciales y evitar traslados innecesarios, facilitando el acceso incluso a personas con movilidad reducida o que requirieron la asistencia de un familiar o apoderado.

La cobertura alcanzó a todos los afiliados de PAMI, sin distinción por nivel de ingresos ni condición socioeconómica, siempre que existiera una indicación médica emitida por un oftalmólogo de la cartilla oficial.

Desde el organismo remarcaron que se trató de una prestación universal. En los casos en que el afiliado presentó dificultades para movilizarse, el trámite pudo ser iniciado por un familiar o apoderado, aunque la prueba final de los anteojos debió realizarse personalmente en la óptica seleccionada.

Para solicitar los anteojos gratuitos durante 2026, PAMI exigió la presentación de la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.Credencial de afiliación.Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla.Prescripción clara del tipo de lente.Firma, sello y matrícula del profesional.

La Orden Médica Electrónica tuvo una validez de 150 días desde su emisión. En los casos de bifocales solicitados por primera vez, algunas agencias requirieron la escala FIN, según criterio administrativo.

El trámite no se realizó en las agencias de PAMI. La gestión fue directa en las ópticas adheridas al convenio vigente. Una vez obtenida la Orden Médica Electrónica, el afiliado pudo elegir libremente una óptica de la cartilla y presentarse sin necesidad de imprimir la receta, ya que el sistema funcionó de manera completamente digital.

El procedimiento establecido fue simple y constó de pocos pasos:

Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI.Obtener la Orden Médica Electrónica.Elegir una óptica adherida al convenio.Seleccionar el armazón disponible.Esperar la entrega, que demoró entre 7 y 20 días.

Desde el organismo destacaron que este esquema buscó agilizar la atención, evitar filas y asegurar que el beneficio llegara efectivamente a quienes lo necesitaron.