La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) comenzó este miércoles un paro de 48 horas en las escuelas públicas de la provincia, tras rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno entrerriano en el marco de la paritaria.

La medida había sido resuelta por el Congreso Extraordinario del sindicato, que consideró insuficiente la oferta oficial. El paro -además- se extenderá durante toda la jornada del jueves 1° de octubre y alcanza a los distintos niveles y modalidades de la educación pública.

La propuesta salarial contemplaba un incremento remunerativo del 3,5% para septiembre, seguido de un 1,5% en noviembre y un 2% en diciembre. El esquema también establecía modificaciones en la base de cálculo para cada uno de los aumentos.

Tras analizar la oferta en las distintas seccionales, AGMER decidió rechazarla. En la audiencia paritaria realizada el lunes, el Gobierno confirmó que no realizaría una nueva mejora en esa instancia.

Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo provincial anunció que otorgará mediante decreto el incremento del 3,5% correspondiente a septiembre. En cambio, los porcentajes previstos para noviembre y diciembre quedaron sujetos a una nueva instancia de negociación.

Desde el gremio sostienen que la propuesta no alcanza para recomponer los ingresos de los trabajadores de la educación y reclaman una recuperación del poder adquisitivo.

La discusión salarial continuará en una nueva convocatoria entre el Gobierno provincial y las organizaciones docentes, en un conflicto que permanece abierto.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó la realización de un paro docente en el ámbito provincial de 48 horas, programado para el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1º de octubre. La medida se tomó tras formalizarse la falta de un entendimiento entre las partes durante el encuentro paritario celebrado entre representantes del gremio y las autoridades del Gobierno entrerriano.

La decisión de avanzar con el plan de acción había sido resuelta de forma previa durante el Congreso de Agmer llevado a cabo en la ciudad de Paraná. En dicho ámbito, la representación sindical determinó el rechazo formal de la oferta presentada por el Ejecutivo provincial para los salarios del sector, al calificar la pauta propuesta como insuficiente frente a las necesidades del sector educativo.

Asimismo, la representación estatal comunicó la decisión de aplicar el incremento salarial por vía ejecutiva mediante la emisión de un decreto. De acuerdo con el esquema oficial presentado a la mesa paritaria, la oferta original contemplaba un ajuste remunerativo escalonado compuesto por un 3,5% en el mes de septiembre, un 1,5% en noviembre y un 2% para el mes de diciembre, aplicando la actualización sobre distintas bases de cálculo para cada período contemplado en el cronograma.

Al no haberse cerrado un acuerdo integral, el mecanismo decretado por la administración provincial dispondrá de forma inmediata el pago correspondiente al primer tramo del 3,5% fijado para el salario del mes de septiembre. Mediante esta actualización, el sueldo mínimo inicial de un docente en Entre Ríos se posicionará en torno a los $910.000.

Por su parte, los tramos proyectados originalmente para los meses de noviembre y diciembre quedaron desafectados, por lo que el esquema de recomposición para dicho período requerirá la apertura de una nueva convocatoria a negociaciones paritarias. Con este escenario, el ámbito escolar de la provincia afrontará dos jornadas consecutivas sin clases en los establecimientos de todos los niveles educativos.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó que dará continuidad a las medidas de protesta durante la próxima semana luego del paro nacional realizado en las instituciones educativas de todo el país. La decisión se adoptó tras el rechazo a la oferta del Gobierno Nacional en la última mesa paritaria, que consistió en una recomposición salarial del 3 por ciento para septiembre.

En el ámbito local, la jornada de protesta tuvo un alto impacto en la Facultad de Bromatología. Diego Zanetti, docente y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), brindó detalles sobre la repercusión de la medida en la ciudad y las acciones previstas para los próximos días.

"En la Facultad de Bromatología el paro ha tenido un acatamiento similar a los anteriores. Lo que se ha establecido con el correr del tiempo y la agudización del conflicto en estos tres años es un piso de entre el 70% y el 80% de acatamiento en cada una de las oportunidades que se hace un paro de estas características", dijo a El Argentino el dirigente sindical.

Respecto a la modalidad y al alcance de la medida en la unidad académica local, Zanetti explicó: "Este paro fue docente y no docente, por lo tanto se hace evidente fundamentalmente por aulas vacías de docentes que no desarrollan sus actividades de tipo presencial y por oficinas igualmente vacías porque los compañeros no docentes también están en la misma situación que nosotros. Hubo muy poca actividad, con una o dos aulas por turno, sin tareas de laboratorios ni clases ni administrativa".

En cuanto a la continuidad del reclamo en la ciudad, el representante de AGDU anticipó las modalidades de visibilización que implementarán los trabajadores. "La idea desde los gremios es mantener lo más que se pueda la visibilización de este conflicto. Seguramente la semana que viene tendremos algunas clases públicas en el marco de la jornada nacional. Nos estamos organizando con distintos espacios como la CTA, gremios docentes, grupos de estudiantes y no docentes para ir viendo la convocatoria a la próxima marcha federal, insistiendo por la implementación de la ley de financiamiento universitario y siguiendo atentos a las paritarias, intentando que el aumento sea superior al 3% ofrecido y se acerque a lo que legalmente nos corresponde", concluyó.

A nivel nacional, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) reportó un acatamiento casi total. El reclamo central del sector se enfoca en la actualización de los salarios, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición de los montos de las becas estudiantiles.

Según los gremios, la brecha para recuperar el poder adquisitivo perdido se ubica en torno al 32 por ciento. Las negociaciones paritarias tienen previsto un nuevo encuentro el próximo 17 de septiembre.

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes universitarios terminó este martes sin acuerdo, luego de que las autoridades nacionales ofrecieran un aumento salarial del 3% para septiembre. Desde el Frente Sindical Universitario calificaron al ofrecimiento de “vergonzoso” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien participó del encuentro como representante de Fedun.

La reunión se realizó en el marco de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, una instancia contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. El principal punto de conflicto fue la diferencia entre el incremento planteado por el Ejecutivo y la recomposición que reclaman los gremios a partir de lo establecido por esa norma.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la propuesta oficial fue “un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre”, a sumarse al “incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio”.

Nuevo paro docente

Los gremios que forman parte del Frente Sindical Universitario rechazaron el “vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional” y convocaron a un paro total de actividades para este miércoles.

“No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

En la reunión, los gremios plantearon que en el acta del 10 de junio se había comprometido la constitución de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en lo que respecta al nomenclador salarial y los adicionales por posgrados, pero que no se avanzó en ese sentido. También cuestionaron “la falta de respuesta a las becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales”.

“Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, explicó Chevalier.

También recordó que “el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Qué reclaman los gremios

Según explicó Cagnasi en diálogo con TN, todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%. En ese contexto, sostuvo que el 3% propuesto por el Gobierno equivale aproximadamente al 10% de la recomposición que consideran adeudada.

“Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023”, señaló el dirigente gremial.

Cagnasi también hizo referencia a la situación judicial de la norma y recordó que la Corte Suprema dejó en pie la cautelar vinculada con los artículos quinto y sexto de la ley. Desde los sindicatos consideran que esa decisión obliga al Ejecutivo a avanzar con su cumplimiento.

El dirigente de ADUBA cuestionó además la dinámica de la negociación. “Cuando uno se sienta a un diálogo paritario y ese diálogo se convierte en un monólogo de una de las partes, con un ofrecimiento de apenas el 3%, la situación resulta difícil de comprender”, planteó.

Desde CONADU Histórica coincidieron en el rechazo a la propuesta oficial. Francisca Staiti, secretaria general de la federación, afirmó al finalizar el encuentro que la negociación había “fracasado” y señaló que el ofrecimiento se encontraba muy por debajo de lo reclamado.

“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo Staiti.

De acuerdo con el comunicado difundido por la CTA después de la reunión, CONADU Histórica reclamó recuperar lo perdido en materia salarial y establecer hacia adelante actualizaciones mensuales que sean, como mínimo, equivalentes a la inflación. La organización señaló además que el ofrecimiento oficial no contempló una recomposición de la pérdida acumulada.

Fuente: TN

La medida fue convocada por CONADU Histórica y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. Durante estas jornadas podrán verse afectadas las clases y otras actividades académicas, dependiendo del nivel de adhesión en cada universidad.

El reclamo se concentra principalmente en la situación salarial de docentes y trabajadores universitarios y en los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

Reclamos por salarios y financiamiento

Los gremios sostienen que los aumentos salariales otorgados durante los últimos meses fueron insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo. A esto se suma el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación es cuestionada por las organizaciones sindicales. También reclaman mayores recursos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y hospitales universitarios.

Habrá otro paro a fin de mes

El conflicto tendrá continuidad durante la última semana de agosto.

FEDUN y FATUN anunciaron un paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, mientras que CONADU también confirmó medidas de fuerza para esas fechas.

De esta manera, el segundo cuatrimestre continuará atravesado por jornadas de protesta en el sistema universitario mientras los gremios y el Gobierno nacional mantienen sus diferencias.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno nacional rechazaron los cuestionamientos sobre el financiamiento universitario y señalaron que se están realizando las transferencias correspondientes.

A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se informó que se avanzó con partidas destinadas a hospitales universitarios y que se dio cumplimiento al acta paritaria firmada el 10 de junio con representantes docentes y no docentes. En materia salarial, el Gobierno informó haber transferido $666.823.011.021 correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio de 2026 y a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

Desde el Ejecutivo sostienen que los aumentos acordados se están abonando de acuerdo con los montos y cronogramas establecidos. Sin embargo, los gremios consideran insuficientes las respuestas oficiales y decidieron mantener el plan de lucha, con nuevas jornadas de paro previstas para los próximos días.

Fuente: Entre Ríos Hoy

Durante martes, miércoles, jueves y viernes, las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La discusión salarial se desarrolla en paralelo al reclamo presupuestario. Para los sindicatos, ambos problemas están relacionados: el deterioro de los ingresos docentes se suma a la falta de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Habrá más paros a fin de mes

El conflicto no terminará con la medida de esta semana. FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios, ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

De esta manera, las universidades nacionales enfrentarán un calendario con nuevas interrupciones de las actividades durante la segunda mitad del mes. Ámbito Financiero.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó un paro nacional de colectivos de 24 horas que comenzará a las 0.00 de este viernes 14 de agosto. La medida de fuerza surge ante la falta de un acuerdo paritario con las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El conflicto paralizará el transporte de corta y media distancia en todas las jurisdicciones del interior. Hasta el momento desde la seccional Entre Ríos, no han respondido a la consulta sobre si adhieren o no a la medida.

Reclamo salarial

El eje central de la protesta es la disparidad salarial entre los choferes de las provincias y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Desde el gremio exigen que los trabajadores del interior perciban el mismo incremento acordado para la capital del país.

Según voceros sindicales, las negociaciones llevan más de 90 días sin resultados positivos para recomponer el poder adquisitivo. La UTA calificó la situación como “insostenible” ante la falta de propuestas concretas por parte de las empresas.

"No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia", enfatizó el gremio mediante un comunicado oficial.

Actualmente, un chofer inicial percibe un sueldo que oscila entre los $ 2,3 millones y $ 2,4 millones, incluyendo aumentos pactados previamente. El pedido actual del sindicato se centra en la incorporación de sumas fijas al salario básico.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) solicitó al Gobierno Nacional el dictado de la conciliación obligatoria. Los empresarios argumentan dificultades financieras vinculadas a la estructura de costos y las tarifas del sistema.

La realización efectiva de la medida permanece en suspenso a la espera de una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Si las autoridades dictan la conciliación obligatoria antes de la medianoche, el gremio debería suspender la huelga.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, confirmó que las puertas de la institución permanecerán abiertas durante el paro nacional convocado para este miércoles por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida de fuerza busca exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector.

Yacobitti sostuvo que la adhesión dependerá de cada trabajador docente y no docente, y defendió la postura de mantener la actividad en la medida de lo posible. “Las clases deben darse con normalidad porque los paros prolongados perjudican el funcionamiento y no son el camino adecuado para pelear por los sueldos”, señaló, aunque reconoció la crisis salarial y el desfinanciamiento que atraviesan las universidades nacionales.

La posición del vicerrector fue cuestionada por gremios y federaciones universitarias, que lo acusaron de “atacar el derecho a huelga” y de no atender la problemática de los bajos salarios ni de los cargos ad honorem. Sin embargo, Yacobitti reiteró su apoyo a la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que las medidas de ajuste del Gobierno Nacional “buscan desfinanciar el sistema y vaciar la educación pública”.

El Frente Sindical anunció que durante el paro no se dictarán clases presenciales ni virtuales en las facultades, en línea con la falta de respuesta del Poder Ejecutivo y el “sostenido ahogo presupuestario”. Además, confirmaron otro paro nacional que se extenderá del lunes 18 al sábado 22 de agosto, lo que anticipa un escenario de mayor tensión en el sistema universitario.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, calificaron la medida como “política e ilegítima” y aseguraron que “las transferencias están al día” según los acuerdos previos. También remarcaron que se convocó a una reunión paritaria para el 1° de septiembre, en un intento de encauzar el conflicto.

La postura ambigua de Yacobitti refleja la complejidad del momento: por un lado, rechaza los paros prolongados o indefinidos, pero por otro responsabiliza al Gobierno de Javier Milei por la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario. En reiteradas oportunidades, el vicerrector se pronunció públicamente en favor de garantizar el financiamiento y de cumplir con los fallos judiciales que ordenan al Estado sostener los presupuestos.

El paro nacional de este miércoles se inscribe en una serie de medidas de fuerza que buscan visibilizar la situación crítica de las universidades públicas, en un contexto de ajuste y tensiones políticas. La UBA, como principal institución académica del país, se convierte en un escenario clave para el debate sobre el futuro de la educación superior y el financiamiento estatal.

Los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) —Aduba en el sector docente y Apuba en el no docente— confirmaron un paro total de actividades para el próximo miércoles 12 de agosto, en reclamo por lo que califican como un triple incumplimiento en el financiamiento por parte del Gobierno nacional. La medida de fuerza, aprobada tras el inicio del segundo cuatrimestre, cuenta con el respaldo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), por lo que se prevé que la huelga se extienda a las casas de altos estudios de todo el país.

El conflicto se centra en tres ejes: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, la interrupción en las partidas prometidas para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios —que representan unos 50.000 millones de pesos—, y el no cumplimiento efectivo del fallo cautelar ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Dicha medida judicial obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde finales de 2023, así como a equiparar la totalidad de las becas estudiantiles.

Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano catalogaron la huelga como "ilegítima y prematura". Fuentes oficiales sostuvieron que la Administración Central cumplió con la pauta paritaria pactada en junio, la cual estableció un incremento del 21,33% en junio y contempló un 3% adicional para octubre. Además, indicaron que las transferencias del presupuesto ordinario se encuentran al día y remarcaron que se solicitó una partida ampliatoria de 1,3 billones de pesos para atender las demandas judiciales a medida que avancen las notificaciones formales.

Frente a la negativa del Gobierno, la comunidad universitaria planea profundizar las medidas con un plan de lucha que incluirá una semana de movilizaciones del 18 al 21 de agosto, abrazos simbólicos a los centros de salud universitarios y protestas frente a la Secretaría de Educación.

Este lunes se realiza un paro nacional docente, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ante la "permanente negativa" que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

De acuerdo a lo anunciado por CTERA y diversos sindicatos, el cese de actividades, que en principio será por 24 horas, persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

"Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", argumentaron.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento "urgente" se debe al "deterioro" de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en "defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto".

Dónde afecta

Esta medida coincide con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impacta en todo el país. Si bien afecta a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

La medida de fuerza del lunes alcanzará a docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos.

En la provincia de Entre Ríos, AGMER, AMET se suman al paro, al igual que los docentes universitarios nucleados en AGDU que ratificaron su adhesión por el reclamo a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la reapertura de las paritarias y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

El Gobierno nacional advirtió sanciones

Conocida la medida de los gremios, el Gobierno nacional advirtió que el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) deberá garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, en cumplimiento de la legislación vigente.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral establece a la educación como un servicio esencial y fija obligaciones durante las medidas de acción directa.

En ese marco, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que el artículo 101 de la norma dispone que debe asegurarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio. ElOnce

Docentes entrerrianos enrolados en Agmer anunciaron un nuevo paro, para manifestarse en contra de la Reforma Previsional. La medida de fuerza es una más de las que viene llevando adelante el gremio, no solo por la iniciativa que está a próxima a aprobarse en la Legislatura, sino que además por un reclamo salarial que consideran no resuelto.

“Este miércoles, mientras las y los diputados sesionen definiendo el futuro de nuestra Ley Previsional, estaremos en las calles diciendo NO a la reforma; NO a la quita de derechos; NO al saqueo. Porque no pueden definir a espaldas del pueblo trabajador: todos y todas convocados a concentrar y marchar a Casa de Gobierno”, indicaron los maestros en un comunicado publicado en la página web de Agmer. Y agregaron: “Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional”.

Desde el sindicato acotaron luego: “Este miércoles, luego de que el senado le diera media sanción en forma más que exprés a algo que definirá el presente y el futuro de todas y todos los entrerrianos, las y los diputados de nuestra provincia, emulando también la velocidad de los anteriores, votarán una reforma que nadie pidió y a la que la docencia y el pueblo trabajador se niega rotundamente“.

Este viernes la Comisión Directiva de AMET anunció un paro para este lunes que atrasará el comienzo de las clases tras el receso invernal.

El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, explicó a Elonce que la decisión responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de la educación.

El dirigente aseguró que las propuestas realizadas hasta el momento "no reconocen la desactualización salarial" que atraviesa el sector docente.

La medida de fuerza se enmarca en el desacuerdo salarial ocurrido en la paritaria docente, en la que el Gobierno provincial ofertó un incremento del 7% en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y otro 4% en septiembre que será abonado por decreto.

En ese sentido, el gremio de las escuelas técnicas pidió un salario “justo y acorde” a las tareas realizadas y condiciones de trabajo “dignas y respetuosas”.

Asimismo, cuestionó que los índices oficiales no reflejan el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. "El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria", aseguró.

Se recordará que el Ejecutivo dispuso elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso salarial vigente.

(APFDigital)

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos tramos: un 3% para los sueldos de julio y un 4% para septiembre (calculados sobre el mes inmediato anterior). Con el objetivo de evitar demoras en la liquidación y garantizar que la suba impacte con celeridad en el bolsillo de los agentes públicos, la administración de Rogelio Frigerio optó por avanzar de manera unilateral con el primer tramo del ofrecimiento.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la decisión señalando que las pautas se adoptan bajo un criterio de previsibilidad financiera para las arcas de la Provincia, condicionado por la caída de la coparticipación nacional y el contexto macroeconómico general.

"La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo", sostuvo Vales tras el encuentro, el cual estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. El funcionario aclaró que los representantes sindicales firmaron el acta dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones, por lo que se pactó una nueva convocatoria para el mes de agosto.

Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó la negociación como "muy tensa" y consideró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" inflacionaria que atraviesan los empleados públicos.

Muntes cuestionó que la propuesta representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y criticó la ausencia de un plan de recuperación salarial a largo plazo. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%", afirmó el dirigente, quien además advirtió que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Ante este panorama, ATE ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles, medida de fuerza que también se realiza en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria provincial.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y retiró a la representación gremial de la mesa de negociación, aunque aclaró que el sindicato pretende mantener abierto el canal de diálogo.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no presentara alternativas ni respuestas a otros reclamos pendientes del sector, como la actualización de las asignaciones familiares, el piso salarial, la situación de áreas críticas como enfermería y presuntos errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde denunció diferencias de hasta 70.000 pesos por la exclusión de sumas fijas.

En este marco, UPCN anticipó que durante el transcurso de la semana definirá la fecha de un "paro activo" para visibilizar la situación salarial y las condiciones laborales de los estatales entrerrianos.

Antivero recordó que el último paro superó las expectativas del sindicato y alcanzó cerca del 80% de adhesión. "Entendemos que va a tener un alto acatamiento porque el descontento sigue. Los climas no cambian de una semana a la otra", afirmó.

El dirigente agregó que, además del reclamo salarial, la protesta también estará atravesada por el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

En Paraná, como parte de la jornada de protesta, Agmer concentrará entre las 9 y las 10 de la mañana frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Desde allí los manifestantes marcharán por calle Andrés Pazos hasta Buenos Aires, continuarán por La Paz y finalizarán en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde representantes de distintos gremios harán uso de la palabra.

Consultado sobre la convocatoria del Gobierno a una nueva reunión paritaria para el próximo lunes, Antivero consideró que la medida no disminuirá el acompañamiento al paro. "Ya hay dos experiencias: la paritaria de marzo fracasó y la de mayo también. Después el Gobierno terminó otorgando un aumento por decreto cuyos montos no se condicen con la realidad y no resolvieron la cuestión salarial. Hay un descreimiento en las escuelas y, por más que exista una convocatoria, eso no garantiza que el clima cambie", sostuvo.

Respecto de la negociación prevista para la próxima semana, el secretario general señaló que el gremio espera una oferta que sea "bonificable y remunerativa", que contemple la pérdida frente a la inflación acumulada desde diciembre y que avance en el blanqueo de las sumas no remunerativas otorgadas por decreto en marzo. "Además tiene que levantar el piso salarial. A partir de ahí podemos empezar a discutir la posibilidad de bajarla a las bases", indicó.

No obstante, aclaró que cualquier propuesta deberá ser evaluada por los órganos del sindicato y advirtió que el receso invernal complicará el proceso de consulta en las escuelas. "Tenemos primero que analizar si la propuesta es considerable para llevarla a las bases. El ingreso al receso dificulta esa consulta, aunque también pensamos que, si no es superadora, el Gobierno tiene tiempo para mejorarla", expresó.

Por último, Antivero recordó que el conflicto con el Ejecutivo no se limita únicamente a la discusión salarial. "No dejamos de pensar que también hay otro frente de conflicto, que es la reforma previsional. Es un panorama muy complejo", concluyó. (APFDigital)

De acuerdo con el monitoreo realizado por el gobierno provincial, se constató que la asistencia del personal docente en los establecimientos educativos de la provincia se ubicó en un 73,5% este miércoles, en el marco de las acciones gremiales dispuestas por los sindicatos docentes.

“Los datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE) reflejan que las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida, con un cumplimiento de tareas que se consolidó desde las primeras horas de la mañana”, indicó el Ejecutivo.

Este nivel de concurrencia garantizó la regularidad del ciclo lectivo. Además, autoridades del sector educativo ponderaron el compromiso de los profesionales que optaron por concurrir a las aulas.

El gobierno de Entre Ríos descontará el día no trabajado a los docentes que decidan adherirse a la huelga dispuesta por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) este jueves, confirmaron a AHORA fuentes oficiales. La Casa Gris continuará con su política de abonar solo las jornadas donde haya clases y no en las que haya medida de fuerza, como ha sucedido en las últimas ocasiones cuando hubo algún reclamo.

El paro, en tanto, se concretará por 24 horas, en disconformidad con el aumento del 3,5% decretado por el Poder Ejecutivo el 12 de mayo, tras una oferta en paritarias con idéntico porcentaje que fue rechazada por los sindicatos. En las últimas horas, desde la Administración provincial ratificaron también que no habrá una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo como pidieron los gremios, dado que la gestión encabezada por Rogelio Frigerio considera que lo establecido como incremento por decreto es el máximo esfuerzo que se puede realizar en materia salarial.

El paro de este jueves tiene un segundo componente, además, que es el rechazo a la Reforma Previsional promovida por el gobierno y que está próxima a ingresar a la Legislatura entrerriana.

El servicio de colectivos de media y larga distancia en la terminal de Paraná comenzó a normalizarse este martes luego de la sorpresiva retención de tareas que durante la madrugada y primeras horas de la mañana impidió la salida de unidades hacia distintos puntos de Entre Ríos y del país.

La medida había generado complicaciones para pasajeros que debían viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos, además de fuertes quejas por la falta de información previa.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron posteriormente que el servicio sería restablecido. El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rup, explicó a Elonce que la protesta fue levantada y pidió disculpas a los usuarios afectados.

“Le pedimos disculpa a los usuarios por la medida de fuerza, pero ya hemos decidido que se levante la retención de servicios”, señaló. Además, aclaró que no podía brindar mayores precisiones sobre el trasfondo de la decisión. “No puedo dar detalles de porqué porque esto lo está llevando adelante la directiva nacional del gremio y nosotros seguimos órdenes”, indicó.

Durante varias horas no partieron colectivos desde la terminal de Paraná, lo que provocó largas esperas e incertidumbre entre quienes tenían pasajes programados. Según relataron pasajeros, en boleterías se les informó que no existía un horario confirmado para la normalización, por lo que muchos debieron reorganizar viajes o buscar alternativas. La medida afectó tanto líneas provinciales como servicios de alcance nacional.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Entre Ríos confirmó una nueva medida de fuerza que impacta directamente en el transporte de pasajeros en Paraná y la región. El gremio informó una retención de servicios que afecta específicamente a las líneas de media y larga distancia.

Los pasajeros que llegaron en la madrugada y primeras horas de este martes a la terminal de Paraná se encontraron con una situación inesperada: no partieron colectivos programados hacia distintos destinos de Entre Ríos y del resto del país, en el marco de una retención de servicio que afectó la operatoria habitual.

La medida generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre usuarios que tenían previsto viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos. “El colectivo que iba a Buenos Aires de las 7, no salió”. La retención no afecta a las líneas de transporte urbano de colectivo ni el transporte del área Metropolitana.

Según informaron desde el sindicato, la restricción del servicio se lleva a cabo desde este martes a las 7. Durante ese lapso, las unidades no saldrán de la terminal ni realizarán sus recorridos habituales. La decisión de ir al paro responde a la decisión de “solidarizarse con los choferes que no fueron incorporados al nuevo sistema de transporte de la Capital Entrerriana”, dijeron a AHORA fuentes del gremio.

De acuerdo con testimonios de usuarios, desde las boleterías se informó que no existe una hora confirmada para la normalización del servicio. La falta de certezas incrementó el malestar, especialmente entre quienes necesitaban trasladarse con urgencia a otras ciudades o cumplir compromisos pautados desde temprano. Ahora/ElOnce

El PAMI tiene en la actualidad una deuda con sus prestadoras que alcanza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, el ministro Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, para explorar un auxilio financiero.

A la par, la crisis del PAMI también impacta en la cadena de provisión de medicamentos. Un comunicado del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires advierte: “Atención. Las farmacias en situación crítica. Informamos a nuestros pacientes que, ante la falta de pago de las prestaciones por parte del PAMI, nos encontramos en una situación financiera crítica que dificulta la reposición de medicamentos”. Si bien remarcan que mantendrán la atención a los afiliados, aclaran que “la entrega de medicación quedará estrictamente sujeta al stock disponible en cada local”.

Hace ocho días hubo un encuentro entre los ministros Lugones y Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo del PAMI y, desde la cartera de Salud, sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.

Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto interno y se mostraron confiados en una pronta resolución de la crisis de pagos que enfrenta al PAMI con sus prestadores. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales ante las consultas sobre cómo pensaba el Gobierno resolver el conflicto que hasta llegó a ser tema en el AmCham Summit 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí, Lugones afirmó ayer que “el PAMI está pagando”.

La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera de la obra social de los jubilados y pensionados, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”, especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos dentro del gabinete nacional.

El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero en la actualidad no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada por los prestadores. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Leguízamo, cuya gestión quedó en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares. Fuente: La Nación

El Juzgado del Trabajo N°3 de Gualeguaychú resolvió el 1 de abril de 2026 rechazar la acción de amparo sindical promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos – Secretaria de Trabajo y Seguridad Social-, en relación con la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza realizada en agosto de 2025, cuando trabajadores de la Dirección de Obras Públicas realizaron una medida de fuerza calificada como ilegítima.

El fallo confirmó la validez de la Resolución Nº 0351/25 de la Secretaría de Trabajo provincial, que había declarado ilegítima la protesta gremial por incumplimiento de los requisitos legales vinculados a la garantía de prestaciones indispensables.

En este contexto, ATE había promovido un amparo sindical para solicitar la nulidad de dicha resolución por considerarla antisindical e inconstitucional bajo los argumentos de que la provincia no tiene facultades para calificar una huelga de trabajadores estatales y que "Obras Públicas" no es un servicio esencial según la ley vigente.

Por esto mismo, la reciente resolución dispuso el rechazo íntegro de la demanda, con imposición de costas por su orden, debido a la ausencia de controversia directa derivada de la falta de respuesta de la parte demandada.

El juez Agustín Dellazuana consideró que la organización sindical no cumplió con las exigencias establecidas en la Ley 25.877 para la adopción de medidas de acción directa en sectores que pueden afectar prestaciones esenciales. Entre los incumplimientos, identificó la ausencia de preaviso, la falta de información sobre la duración de la protesta y la inexistencia de un esquema que garantizara niveles mínimos de funcionamiento.

El análisis judicial destacó que áreas involucradas, como las relacionadas con el servicio de agua potable y saneamiento, poseen carácter esencial por su impacto directo en la salud, la seguridad y la vida de la población, lo que exige resguardar su continuidad aun en contextos de conflicto laboral. Asimismo, el fallo ratificó la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza, por la actitud adoptada por ATE frente a la postura pro activa del municipio en orden a resolver las cuestiones planteadas por la asociación sindical, la que evidenció una postura cerrada y proclive a tomar medidas de acción directa sin interesar las respuestas concretas brindadas por la Municipalidad de Gualeguaychú.

En ese sentido, el magistrado concluyó que la medida adoptada resultó contraria a derecho, ya que el ejercicio de la huelga, si bien reconocido constitucionalmente, admite restricciones cuando se comprometen prestaciones básicas. A partir de esta interpretación, descartó que la resolución administrativa implicara una afectación a la libertad sindical.

Asimismo, la sentencia abordó la falta de contestación de la demanda por parte del Estado provincial, lo que generó una presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por el sindicato. No obstante, el juzgado evaluó el encuadre legal de la medida y concluyó que no se configuró vulneración de derechos protegidos.

Por esto mismo, el Juzgado del Trabajo dispuso el rechazo íntegro de la acción de amparo sindical promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y estableció que las costas se impongan por su orden, lo que implica que cada parte debe afrontar sus propios gastos y honorarios sin trasladar esa carga a la contraparte.

El conflicto tuvo origen en reclamos vinculados a condiciones laborales en el ámbito municipal, entre ellos la entrega de ropa de trabajo y Elementos de Protección Personal (EPP) en el área de Obras Públicas. Tras diversas gestiones sin acuerdo, el gremio dispuso el 22 de agosto de 2025 una retención de tareas con asambleas en los lugares de trabajo, con carácter indeterminado.

La medida comenzó el mismo día de su notificación, sin instancia previa de aviso formal ni previsión de continuidad operativa en sectores sensibles. Con posterioridad, se desarrolló un proceso de conciliación obligatoria que no logró revertir la situación. Luego de la finalización de esta instancia, el sindicato retomó las acciones directas, lo que motivó la intervención de la autoridad laboral provincial.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo declaró la ilegalidad de la protesta por incumplimiento de los estándares exigidos para garantizar prestaciones indispensables, decisión que fue ratificada por la Justicia en la sentencia conocida.