A pedido del fiscal federal, Pedro Rebollo, el magistrado interviniente requirió en la mañana de este miércoles dar por concluido todo lo relacionado a la disputa por la contaminación constatada en la planta de efluentes de Parque Industrial de Gualeguaychú.

La decisión del Juez Federal llegó tras lo sucedido días atrás en la Cámara Federal de Paraná, que había ratificado la decisión de la clausura, tras rechazar las apelaciones; pero además había señalado en su resolución que la medida debía mantenerse hasta que se acreditara el tratamiento adecuado de los vertidos.

Entre los elementos que habían sido considerados en esa resolución, la Cámara destacó los análisis realizados sobre muestras tomadas en la Cañada El Melgar, lindera a la planta y al barrio Don Pedro, donde se detectó una alta carga bacteriana, presencia de Escherichia coli y metales pesados por encima de los límites permitidos. También señaló que la planta opera con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021.

La fabricante de baterías UnionBat quedó formalmente bajo concurso preventivo de acreedores, una instancia que abre ahora una nueva etapa para los trabajadores despedidos tras el cierre de la planta de Gualeguaychú.

La empresa declaró ante la Justicia que adeuda alrededor de $5.000 millones en indemnizaciones y reconoció que no cuenta con fondos suficientes para afrontar esas obligaciones.

El concurso se suma así a un conflicto laboral que lleva varios meses sin resolución. Los 101 trabajadores desvinculados de la planta entrerriana todavía esperan cobrar las indemnizaciones correspondientes a sus despidos, mientras la empresa concentra su producción en General San Martín, Buenos Aires.

La situación ya había sido denunciada por representantes gremiales. A fines de septiembre, desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos se había advertido que los despedidos continuaban sin percibir sus indemnizaciones y que el concurso determinaría de qué manera la empresa afrontará esas deudas.

Previamente, en agosto, la CGT Regional Gualeguaychú había exigido el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos y cuestionado el accionar de la Secretaría de Trabajo frente a la situación. La central obrera había dado un plazo a la empresa para avanzar con los pagos.

En su presentación judicial, UnionBat reconoció que las obligaciones derivadas de los despidos rondan los $5.000 millones y que no puede afrontarlas íntegramente con recursos propios ni mediante financiamiento bancario, consignó Página Gremial.

La deuda laboral forma parte de un pasivo mucho mayor. La empresa declaró obligaciones por $40.962 millones, además de compromisos por u$s3,92 millones y €21.427. Entre sus acreedores aparecen entidades financieras, proveedores, el Estado y los trabajadores.

El mayor componente del pasivo corresponde al sistema financiero, con acreencias por $25.578 millones y u$s1,8 millones, mientras que las obligaciones laborales alcanzan los $6.271 millones según la información presentada en el expediente concursal.

El balance cerrado en febrero de 2026 muestra el deterioro que atravesó la compañía antes de llegar a esta instancia. UnionBat registró una pérdida neta de $21.929 millones durante el ejercicio, frente a una ganancia cercana a $968 millones el año anterior.

La empresa atribuyó la situación a la caída de las ventas, el incremento de los costos y la competencia de productos importados, principalmente de Brasil. También señaló el peso de los costos industriales, laborales y financieros. El patrimonio de la compañía se redujo cerca de un 90% en un año. Ahora

La empresa Metalúrgica Hermann, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, recibió formalmente la certificación de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). El beneficio, otorgado por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en conjunto con la Municipalidad local, abarca un esquema de exenciones tributarias orientado a acompañar nuevos proyectos de inversión, la adquisición de equipamiento y la ampliación de capacidades productivas en firmas radicadas dentro del territorio provincial.

Durante la entrega del documento, autoridades provinciales y municipales realizaron una recorrida técnica por las distintas naves y áreas operativas de la fábrica metalúrgica. Con un plantel actual cercano a los 500 trabajadores, la firma constituye uno de los polos de empleo industrial de mayor volumen dentro del departamento. En la jornada, los directivos de la empresa —los hermanos Juan, Hugo y Jorge Hermann, junto a Santiago Hermann— guiaron el trayecto por la planta de producción, donde mostraron los procesos de fabricación y el equipamiento operativo.

El programa RINI consiste en un instrumento provincial normado para fomentar el radicado de nuevos establecimientos o la expansión de emprendimientos existentes a través de un esquema gradual de exenciones en impuestos provinciales, tales como Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto al Automotor y Sello. La aplicación de las exenciones varía de acuerdo con el perfil del proyecto presentado, la generación de empleo proyectada y las características de las inversiones a realizar.

La comitiva institucional que estuvo presente en las instalaciones del Parque Industrial contó con la participación de funcionarios del área económica e industrial, entre ellos el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el senador provincial por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti; la viceintendenta Julieta Carrazza y la subsecretaria de Ingresos y Recursos Humanos local, Delfina Peñalva.

Finalizado el recorrido técnico por la planta metalúrgica, la agenda de trabajo de las autoridades contempló visitas a distintas dependencias operativas de la ciudad enfocadas en la seguridad y la gestión del riesgo climático.

El itinerario oficial continuó en las dependencias del Comando de Seguridad y Vigilancia, para luego trasladarse al área de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, situadas en el predio del ex Frigorífico Gualeguaychú. Allí se supervisaron las instalaciones, el estado de los recursos logísticos y los protocolos de respuesta preventiva delineados por los equipos de emergencia local ante eventuales complicaciones meteorológicas derivadas del fenómeno de El Niño.

La clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná acompañó el dictamen que hizo en su oportunidad el fiscal federal de Gualewguaychú, Pedro Rebollo, y reafirmó que deben rechazarse las apelaciones presentadas por representantes del Parque Industrial y de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y que, por lo tanto, debe confirmarse la medida dispuesta por el juez federal Hernán Viri.

El pronunciamiento lleva fecha del 16 de septiembre y fue elaborado en el marco del expediente iniciado a partir de la denuncia de vecinos del barrio Don Pedro. La Fiscalía General consideró que, en esta etapa de la investigación, están acreditados los presupuestos necesarios para sostener una medida cautelar ambiental: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Ahora, y con todos estos dictámenes que engrosan la causa, habrá que esperar en los próximos días cuál es la postura de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, si se mantiene la clausura o se disponen de nuevas medidas.

El inicio del conflicto

El conflicto judicial se inició en julio de 2025, cuando vecinos denunciaron que la planta del Parque Industrial estaría vertiendo efluentes sin el tratamiento adecuado hacia el río Gualeguaychú. A partir de esa presentación, la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y fue delegada al Ministerio Público Fiscal.

En agosto de 2025 se realizó un primer allanamiento, durante el cual se tomaron muestras de los vertidos industriales. Los análisis de laboratorio detectaron valores de contaminación por encima de los niveles permitidos. Un segundo procedimiento, realizado en noviembre de ese año, incluyó muestras tomadas en siete puntos estratégicos y volvió a detectar elevados niveles de DBO, coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó durante 2026. En un allanamiento realizado el 19 de mayo se detectó, entre otros elementos, un caño rojo con una llave de paso que no se encontraba habilitado y que fue señalado por el supervisor de la planta como un sistema previsto para actuar ante posibles contingencias. También se observó acopio de barros con fuerte olor y presencia de insectos, además de otro caño que desembocaba en calle El Hornero.

En ese procedimiento también se tomaron muestras en la planta y en distintos puntos del río Gualeguaychú. En esos análisis, según el dictamen fiscal, no se detectaron valores por fuera de los parámetros normativos.

Sin embargo, una nueva toma de muestras realizada el 9 de junio en la denominada Cañada Melgar, ubicada entre la planta y el barrio Don Pedro, arrojó resultados que la Fiscalía General considera particularmente relevantes. El informe de laboratorio detectó una alta carga bacteriana, elevados niveles de coliformes termotolerantes y Escherichia coli, además de concentraciones de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores admitidos.

Para la Fiscalía, esos resultados constituyen evidencia de una contaminación concreta en el área. El dictamen cita además la interpretación realizada por especialistas de la Policía Federal, quienes señalaron que los niveles de Escherichia coli detectados pueden ser considerados un indicador de contaminación fecal antropogénica aguda.

La planta y su capacidad de tratamiento

Otro de los elementos considerados en el dictamen son las declaraciones incorporadas durante la investigación. El supervisor de la planta, Fernando Valentín Vergara, había señalado que existía una sobrecarga de materia orgánica, con valores que duplicaban lo admitido, y que la situación estaba relacionada con los valores de ingreso provenientes de las industrias.

A su vez, durante una audiencia de conciliación realizada en febrero, el representante del Parque Industrial había mencionado la existencia de defectos ocultos que requerían materiales importados para su reparación. Una ingeniera contratada por el Parque Industrial manifestó en esa misma instancia que la planta estaba trabajando con un caudal de efluentes superior al que podía procesar y estimó que su acondicionamiento podía demandar entre seis meses y un año.

La Fiscalía General también puso bajo consideración otro dato: el Certificado de Aptitud Ambiental de la Planta de Tratamiento se encuentra vencido desde 2021. Aunque reconoce que se trata de una habilitación administrativa, considera que ese incumplimiento debe ser valorado dentro del conjunto de elementos de la causa.

La clausura como medida preventiva

El planteo de la Fiscalía General no supone una condena ni una decisión definitiva sobre el fondo de la investigación. El dictamen remarca que la clausura tiene carácter cautelar y preventivo.

En ese sentido, sostiene que la planta continúa funcionando de manera inadecuada e insuficiente y que, si bien se fueron realizando algunas de las obras y medidas de acondicionamiento comprometidas, estas no se habrían concretado en su totalidad ni dentro de los plazos previstos. Para la Fiscalía, esa situación impide prolongar el actual estado de funcionamiento deficiente.

El dictamen también recuerda que en materia ambiental rigen los principios de prevención y precaución. En particular, señala que la ausencia de certeza científica definitiva no debe utilizarse para postergar medidas destinadas a evitar un daño ambiental grave o irreversible.

Por esa razón, el fiscal General de Paraná, Ignacio Candiotti, concluyó que la medida dispuesta por Viri, y que había sido reclamada en la primera oportunidad por el fiscal Rebollo, resulta “razonable y justificada” frente a los elementos reunidos hasta ahora y solicitó formalmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que rechace los recursos presentados y confirme la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú.

El propio dictamen plantea, de todos modos, que al tratarse de una clausura preventiva corresponde que la situación sea revisada periódicamente. En ese marco, considera necesario que la administración del Parque Industrial y las empresas que lo integran completen las inversiones, tareas de mantenimiento y obras de infraestructura técnica necesarias, de manera que posteriormente pueda evaluarse un eventual levantamiento de la medida.

“El estado actual de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE). La misma se encuentra operativa y en régimen, con un programa permanente de mantenimiento, control e incorporación de tecnología orientado a garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

Controles y análisis oficiales

En el marco de la situación judicial vinculada al funcionamiento de la Planta, se ha apelado la resolución correspondiente y el recurso fue concedido, por lo que el proceso continúa su trámite en las instancias previstas por la Justicia.

En este contexto, el 19 de mayo de 2026, personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina realizó, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, la toma de muestras en el punto de vuelco final de la planta (Muestra ML1 - Precinto N° 004503) y en el punto de su derrame en el Río Gualeguaychú, donde se tomó una muestra (Muestra M2 - Precinto N° 004557). Dichas muestras fueron remitidas por el propio Juzgado Federal a laboratorio oficial para su análisis.

De acuerdo con los análisis oficiales, las muestras líquidas identificadas como "ML1" y "M2" NO EVIDENCIARON valores por fuera de lo normado en el Decreto Reglamentario N° 5837/91 de la Ley 6260 de la Provincia de Entre Ríos, "Límites permitidos a cursos de agua", Anexo I, y su modificatoria Decreto 5394/96, como en el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051. Lo mismo sucedió con todas las demás muestras tomadas dicho día, la cuales dan DENTRO DE RÉGIMEN.

Valores del 19/05/2026

ML1 - Precinto N° 004503

- DBO: 12 mg/l - Límite: menor a 50 (Decreto 5837 ER)

- DQO: 88 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)

- pH: 8,12 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

- Coliformes Termotolerantes (nmp/100ml): menor a 1,8 – Límite: máximo 5000 (Decreto 5837 ER)

- Escherichia Coli: Ausencia – Límite: no establecido (Decreto 5837 ER)

M2 - Precinto N° 004557

- DQO: 38 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)

- pH: 7,75 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

Inversión y modernización

En el comunicado detallaron que “durante los últimos meses en la Planta de Tratamiento de Efluentes del PIG se incorporó nuevo instrumental para el control de procesos: oxímetro, pH-metro y fotómetro multiparamétrico. Se renovó el sistema de recirculación de lodos activos con dos nuevas bombas y se optimizó la transferencia de oxígeno en el canal de oxidación. Se revisaron y reacondicionaron equipos electromecánicos existentes y se construyó una plataforma de hormigón de 11 metros por 4 metros para el montaje de los nuevos soplantes”.

“Asimismo, se modernizó el sistema de desinfección mediante la incorporación de un sistema automático de dosificación de cloro, con sensor de cloro residual en línea, bomba dosificadora y sistema de monitoreo con alarmas. Fueron adquiridos un tanque horizontal de 3.000 litros y uno vertical de 3.000 litros, con capacidad para aproximadamente dos meses de operación”.

Mayor control sobre los efluentes industriales

Continúa la toma sistemática de muestras en las salidas de las distintas industrias, en diferentes días y horarios, para contar con información representativa sobre las descargas.

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto para registrar caudales y calidad de los efluentes. La primera etapa contempla la construcción de cuatro cámaras de aforo en establecimientos con mayores volúmenes. En ellas se instalan sensores de pH, DQO, caudal y turbidez que enviarán información a una central en la Planta. Ya se encuentran instaladas las cabinas correspondientes a dos empresas.

Este sistema permitirá disponer de información instantánea e histórica y avanzar hacia un esquema de control cada vez más automatizado, trazable y basado en datos. En una segunda etapa se prevé ampliar progresivamente el monitoreo al resto de las empresas del Parque Industrial.

Una infraestructura esencial

Desde Codegu y la Comisión Administradora del PIG afirmaron que “la continuidad operativa de la Planta resulta esencial tanto para la preservación ambiental del río Gualeguaychú como para la continuidad de la actividad de las empresas radicadas en el Parque Industrial, que requieren del tratamiento centralizado de sus efluentes. Por este motivo, las acciones realizadas forman parte de un proceso continuo de mantenimiento, inversión, control y modernización de la infraestructura”.

Y concluyeron: “Reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo esta infraestructura, incorporando tecnología y mejorando permanentemente la eficiencia del tratamiento y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

El Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) volvió a ser noticia por las dificultades económicas que atraviesan algunas de sus empresas. A los recientes casos de Laboratorios Pyam y Unionbat (entre ambas firmas efectivizaron más de 120 despidos) ahora se sumó el de Palletizate, una empresa familiar dedicada a la recuperación, fabricación y comercialización de pallets de madera que ingresó en concurso preventivo a raíz de una delicada situación financiera.

La empresa declaró ante la Justicia una deuda de $2.443.251.075 y alrededor de 80 acreedores. Pese a la magnitud del pasivo y al proceso judicial iniciado, la firma mantiene su actividad y cuenta con 33 empleados en relación de dependencia. Y, por el momento, no se plantea un escenario de pérdida de puestos de trabajo.

La decisión de recurrir al concurso preventivo fue adoptada por los socios Oscar Alberto Portela, Vladimir Oscar Portela y Mauro Joaquín Portela, quienes atribuyeron el deterioro de la situación a una combinación de factores económicos que fueron afectando progresivamente las finanzas de la compañía.

Entre las causas señaladas aparecen el aumento de los costos de funcionamiento, la inflación, la retracción del mercado interno, la extensión de los plazos de pago y el encarecimiento del financiamiento de corto plazo. A esto se sumó el impacto de los descubiertos bancarios, que terminó agravando las dificultades para sostener el flujo financiero de la empresa.

Palletizate fue creada en 2007 y con el paso de los años consiguió posicionarse en la región por su actividad vinculada con la reutilización de madera y la gestión de residuos sólidos industriales, además de su producción de pallets.

El deterioro del mercado, sin embargo, fue reduciendo considerablemente sus niveles de producción. En octubre del año pasado, Mauro Portela había explicado que la compañía fabricaba entonces unos 35.000 pallets mensuales, menos de la mitad de los 75.000 que había alcanzado durante 2023.

En aquella oportunidad, el empresario había advertido sobre la contracción de la actividad industrial y había marcado una diferencia entre ese sector y el logístico, que presentaba un comportamiento más favorable. La caída de la demanda terminó convirtiéndose en uno de los elementos que complicaron las cuentas de la empresa.

Según consta en la presentación judicial, las inversiones realizadas durante 2025 y las medidas implementadas para ajustar los gastos no alcanzaron para revertir la situación. El expediente ubica el comienzo del estado de cesación de pagos el 3 de marzo de 2026, cuando se produjo el rechazo de cheques por falta de fondos.

Los representantes de Palletizate también solicitaron medidas vinculadas con sus cuentas bancarias y con los cheques diferidos, planteos que posteriormente fueron contemplados en la resolución que abrió formalmente el concurso.

En una primera instancia, el expediente estuvo en manos del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú. Sin embargo, el 24 de julio de este año ese organismo se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución de Concepción del Uruguay.

El juez Máximo Agustín Mir resolvió posteriormente la apertura del concurso preventivo y estableció una serie de medidas destinadas a ordenar la situación patrimonial de la compañía y garantizar el desarrollo del proceso.

La magnitud de la deuda, la cantidad de acreedores y la presencia de trabajadores llevaron además a establecer un esquema formal de seguimiento del proceso. Para ello quedó conformado un Comité de Control integrado por los tres principales acreedores informados en el expediente —Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Supervielle— junto con un representante de los trabajadores.

El próximo paso importante será el proceso de verificación de las acreencias. En este sentido, el juez estableció el 9 de octubre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos ante la Sindicatura. Posteriormente, la misma deberá elaborar los informes correspondientes, cuyo tramo final está previsto entre el 26 de noviembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027.

En el caso de Palletizate, el proceso recién comienza y el objetivo central será ordenar las obligaciones acumuladas y permitir que la empresa continúe funcionando. De eso depende la continuidad laboral de 33 trabajadores.

Un incendio de vegetación de rápida propagación se desató este martes por la tarde sobre el Acceso Sur, a escasa distancia del Parque Industrial. La alarma en la guardia de los bomberos ingresó a las 15:22, momento en el cual partió de urgencia el Móvil 29 hacia la zona afectada para iniciar las primeras maniobras de contención.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron que el fuego avanzaba sobre los pastizales secos de la banquina y terrenos linderos, amenazando con extenderse hacia el predio fabril. Ante la complejidad del panorama y la intensidad de las ráfagas de viento, la primera dotación solicitó refuerzos para asegurar el abastecimiento de agua y acelerar el combate del foco.

A las 15:50 se sumó al operativo el Móvil 26 en calidad de apoyo logístico y hídrico. Las labores actuales se concentran en el ataque directo a las llamas, el corte de avance perimetral y las posteriores tareas de enfriamiento del suelo para evitar el reinicio del fuego.

Debido a la densa humareda acumulada sobre la calzada del Acceso Sur, se pide máxima precaución a los conductores que transiten por la zona, reduciendo la velocidad y respetando las indicaciones del personal de emergencia en el lugar.

Desde la Municipalidad se abrió el proceso de Participación Ciudadana para la evaluación ambiental de Rontaltex S.A., en el marco del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

La documentación corresponde al proyecto de la empresa para su planta industrial de acabado y teñido de hilados, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú. El procedimiento se lleva adelante de acuerdo con lo establecido por la Resolución N.º 321/2019.

La consulta pública comenzará el lunes 7 de septiembre y se extenderá durante siete días consecutivos. Durante ese período, los interesados podrán acceder a la documentación técnica para conocer las características del proyecto y realizar aportes vinculados con sus posibles efectos ambientales.

La documentación podrá consultarse de manera presencial en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el predio del ex Mercado Municipal, en el ex frigorífico, de lunes a viernes, de 7 a 13.

Además, se habilitó un Libro de Actas oficial en la sede municipal, donde los vecinos podrán dejar asentadas formalmente sus opiniones, sugerencias, aportes o consultas.

“Los estudios ambientales son una herramienta fundamental para el cuidado del entorno y la calidad de vida. No solo permiten evaluar el impacto de cada proyecto, sino que también garantizan que las decisiones se tomen con información sólida y con la participación de la comunidad”, señaló la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

La instancia de participación ciudadana tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y permitir que la comunidad intervenga en el proceso de evaluación de un proyecto de relevancia ambiental y urbana para la ciudad.

Estudio de Impacto Ambiental de Rontaltex S.A.

Expediente de Evaluación/Informe Ambiental de Rontaltex S.A. presentado ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para acreditar la aptitud ambiental de su planta industrial de acabado y teñido de hilados en el Parque Industrial de Gualeguaychú.

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“De una vez por todas, basta de contaminación”. Con esa frase, los vecinos del barrio Don Pedro encabezaron el comunicado que difundieron este lunes luego de conocerse la resolución del juez federal Hernán Viri que dispuso la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú.

Para quienes viven en esa zona de la ciudad, la decisión judicial representa mucho más que el cierre temporal de una planta. La interpretan como un reconocimiento a una problemática que, aseguran, llevan décadas denunciando y que durante mucho tiempo permaneció fuera de la agenda pública.

“Somos los ojos de la ciudad en esta zona, la primera alarma”, expresaron los vecinos, quienes reivindicaron el papel que tuvieron durante años para advertir sobre situaciones que, según sostienen, podrían haber continuado ocurriendo “impune y silenciosamente”.

En su comunicado, remarcaron que la resolución judicial se fundamentó en los resultados de los análisis realizados durante la investigación federal, que —según señalaron— continúan detectando contaminación en los vertidos.

“Este es un problema de todos”

Los vecinos recuerdan que los efluentes terminan llegando al río Gualeguaychú y remarcan que se trata del mismo río que utilizan y disfrutan miles de habitantes de la ciudad. “Va al río que usamos y disfrutamos todos. A nuestras playas, nuestros lugares de pesca y clubes náuticos”, señalaron.

Por eso insisten en que el conflicto ambiental no puede ser considerado exclusivamente como un problema del barrio Don Pedro. “Este es un problema de todos los gualeguaychenses”, afirmaron.

Durante casi 40 años, explicaron, los efluentes del Parque Industrial eran volcados, luego de un tratamiento que calificaron de deficiente, en una cañada natural sin caudal propio. Desde allí eran conducidos hacia el arroyo Gualeyán y posteriormente al río Gualeguaychú, aguas arriba de la toma de agua de la ciudad.

Los vecinos también recordaron que, durante ese período, una empresa del Parque Industrial habría arrojado clandestinamente sus residuos en un campo privado. “El desmanejo era total”, resumieron.

El barrio comenzó a reclamar en 2016

El comunicado también reconstruye el momento en que los vecinos comenzaron a organizarse para intentar modificar aquella situación. En 2016, según relataron, lograron que se reactivara la obra de ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes. La inauguración llegó en 2019 y significó un cambio importante para quienes vivían en las inmediaciones.

Con la nueva planta se interrumpió el volcado hacia la cañada y, durante algunos años, aseguran que la vida cotidiana del barrio mejoró. Pero esa mejora, sostienen, no fue permanente. La falta de mantenimiento, gestión y control llevó a que la nueva planta colapsara hacia fines de 2024. Y otra vez fueron los vecinos quienes comenzaron a alertar sobre la situación y a insistir para que el problema volviera a ser discutido.

“No va a haber Planta General que aguante”

En el comunicado, los habitantes del barrio reconocen que durante los últimos meses se realizaron obras, inversiones y adecuaciones tanto desde CODEGU como desde el Parque Industrial para mejorar la planta general.

“Como vecinos valoramos esta inversión fundamental y necesaria”, expresaron. Pero inmediatamente marcaron lo que consideran el principal problema que todavía queda por resolver.

Según plantean, los resultados de las muestras obtenidas durante la investigación federal indican que la contaminación continúa. A esto suman nuevos episodios de malos olores registrados durante agosto.

Para los vecinos, esos elementos permiten advertir que el problema no estaría solamente en la Planta General, sino también en los efluentes que llegan hasta ella. Es decir, en los residuos líquidos que las propias empresas deberían tratar adecuadamente antes de enviarlos a la planta común.

“El esfuerzo de adecuación de la Planta General no puede rendir sus frutos si no está acompañado por la inversión y el correcto funcionamiento de las plantas internas de cada empresa”, sostuvieron.

Y lo sintetizaron de una manera contundente: “Cada empresa debe mejorar sus tratamientos internos. Si no, no va a haber Planta General que aguante”. Piden controles y un poder de policía ambiental. A partir de esa mirada, los vecinos consideran que la solución debe ser integral.

No alcanza, plantean, con mejorar la planta general. También es necesario controlar qué ocurre dentro de cada establecimiento industrial antes de que los efluentes lleguen al sistema común. Por eso reclaman “adecuación y control estricto” tanto de la Planta General como de las instalaciones internas de las empresas del Parque Industrial.

“La contaminación debe terminar. Y debe suceder ya”, concluyeron.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó este lunes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 por el presunto vertido de efluentes sin el tratamiento adecuado.

La resolución, dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, consideró acreditada la existencia de contaminación ambiental y entendió que la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta necesaria para evitar que continúen los riesgos para el ambiente y la salud humana.

La clausura no fue dispuesta por tiempo determinado. El juez estableció que se mantendrá hasta tanto se acredite el normal y buen funcionamiento de la planta y su adecuación a la normativa ambiental vigente. Además, ordenó controles periódicos a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

Una investigación que comenzó en 2025

La causa se inició el 11 de julio de 2025, cuando se denunció que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial no funcionaba adecuadamente y que los residuos provenientes de las industrias podían estar siendo volcados al río Gualeguaychú sin el tratamiento correspondiente.

A partir de esa presentación, la Fiscalía Federal impulsó distintas medidas de investigación y se realizaron varios allanamientos en las instalaciones del Parque Industrial.

En el primero, realizado el 27 de agosto de 2025, la planta se encontraba funcionando y se tomaron muestras de los efluentes. Los análisis detectaron valores de plomo por encima de los parámetros establecidos en la normativa utilizada como referencia. También se registró una elevada presencia de coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó con nuevos procedimientos y toma de muestras en distintos puntos, tanto dentro del Parque Industrial como en el río Gualeguaychú.

Uno de los análisis realizados el 19 de noviembre de 2025 determinó que el efluente de la planta no presentaba concentraciones de metales pesados por encima de los valores de referencia, pero sí registraba valores de Demanda Biológica de Oxígeno y coliformes termotolerantes superiores a los parámetros establecidos por la legislación provincial.

En esa oportunidad también se detectó Escherichia coli, circunstancia que llevó a los investigadores a considerar que el efluente podía presentar características compatibles con un residuo peligroso de carácter infeccioso, según las previsiones de la Ley Nacional 24.051.

La muestra que encendió la alarma

A partir de información sobre un posible vertido en una cañada ubicada en las proximidades de la planta y del barrio Don Pedro, se tomaron nuevas muestras en junio de 2026.

El análisis de laboratorio incorporado a la causa detectó una elevada carga bacteriana: 5.400.000 unidades formadoras de colonias de coliformes totales por cada 100 mililitros, 54.500 de coliformes termotolerantes y 19.750 de Escherichia coli.

Según el informe citado por el juez, esos resultados revelaron una contaminación de origen fecal de magnitud significativa.

El mismo análisis detectó además la presencia de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores establecidos en una tabla de referencia de la legislación nacional para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales. La resolución aclara que esa normativa fue considerada teniendo en cuenta las características del sitio de extracción de la muestra.

El principio precautorio

El juez sostuvo que, pese a los distintos esfuerzos realizados durante el proceso para encontrar una solución alternativa, los problemas ambientales no habían sido completamente solucionados.

En ese sentido, fundamentó la decisión en los principios de prevención y precautorio establecidos por la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

La resolución remarca además que el daño ambiental puede resultar de difícil o incluso imposible recomposición, por lo que considera necesario adoptar medidas antes de que la afectación se profundice.

El magistrado señaló que la decisión no era “prematura, ni antojadiza ni arbitraria”, sino el resultado de una investigación que incluyó allanamientos, análisis de laboratorio, testimonios, audiencias y distintos intentos de alcanzar una solución sin recurrir a la clausura.

Finalmente, concluyó que la clausura preventiva constituye, en este momento, la herramienta más eficaz para evitar que continúe la afectación ambiental.

La resolución

La medida alcanza específicamente a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos del Parque Industrial Gualeguaychú y permanecerá vigente hasta que se acredite que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y cumplen con los valores establecidos por la normativa ambiental.

Mientras tanto, la resolución señala que cada industria instalada en el Parque Industrial podrá disponer de sus residuos mediante empresas especializadas, de manera de evitar que la situación comprometa el ambiente y la salud de la población.

Además, una vez efectivizada la clausura, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos deberán realizar controles periódicos sobre el estado de la planta.

La resolución también ordena notificar a CODEGU y al Parque Industrial Gualeguaychú, que deberán presentarse en la causa dentro de los próximos tres días y designar abogado defensor, en el marco de las garantías del debido proceso.

Entre los llamados a prestar declaración indagatoria se encuentran quienes ejercieron la presidencia del Consejo Superior de la CODEGU, George Thomas Fogg, Ernesto Ferrari y Sergio Ramírez, como así también algunos de los que ejercieron cargos como vocales, secretarios y tesoreros de las comisiones directivas que se conformaron en los periodos investigados por la Justicia Federal.

En la jornada de hoy, luego del mediodía, se produjo un siniestro vial sobre la calle Artigas, a la altura del predio de la empresa Extragas, donde se registró la colisión entre un automóvil y una motocicleta. El hecho requirió la inmediata intervención de los servicios de emergencias médicas de la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas entre personas que presenciaron el choque, el conductor de la motocicleta circulaba en sentido proveniente del Parque Industrial al momento de producirse el impacto. Como consecuencia de la colisión entre ambos vehículos, el motociclista sufrió una lesión en una de sus piernas, por lo que fue asistido de forma inmediata en el lugar y posteriormente derivado en ambulancia hacia el centro asistencial de salud para recibir la atención correspondiente y determinar la gravedad del cuadro.

Actualmente, las actuaciones continúan en curso con el objetivo de establecer con precisión la mecánica de la colisión, determinar las causales del accidente y recabar los datos de filiación e identificación correspondientes tanto de los vehículos como de las personas involucradas. Asimismo, desde la Municipalidad de Gualeguaychú se reitera la recomendación a los conductores de circular con suma precaución por las distintas arterias y accesos de la ciudad.

Noticia en desarrollo

La central obrera sostuvo que el cierre del conflicto representa "un golpe devastador para la economía local" y cuestionó tanto el accionar de la empresa como el rol de la Secretaría de Trabajo durante la conciliación obligatoria.

En el texto, difundido en solidaridad con los trabajadores de la industria química y petroquímica, la CGT consideró que la situación de UnionBat no es un caso aislado, sino la consecuencia de un modelo económico que "asfixia el entramado manufacturero", producto de la desregulación, la caída del consumo interno y la falta de incentivos para la producción nacional.

Otro de los puntos centrales del documento estuvo dirigido a la Secretaría de Trabajo, organismo al que responsabilizaron por su actuación durante el conflicto.

"La Secretaría de Trabajo no está funcionando para nada. Lo único que funciona es para hacernos perder el tiempo a todos y que la gente lo pase mal generando un desgaste permanente. La mayoría de los conflictos terminan con la gente en la calle porque no toma ninguna posición, aun sabiendo que las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria. No realizan la tarea de policía de trabajo constatando las irregularidades, ni tampoco les aplican las multas correspondientes", sostiene el documento.

Finalmente, la organización sindical convocó a los distintos sectores sociales, políticos y productivos de Gualeguaychú a acompañar a las familias afectadas y aseguró que continuará con las acciones gremiales "hasta que el último compañero perciba la totalidad de lo adeudado y se reconozca el valor estratégico de la producción nacional".

La Asamblea de Adultos Mayores de la ciudad se reúne todos los miércoles en la Plaza San Martín. A veces son más, a veces menos, pero siempre están. Lo que comenzó como un espacio de conversación sobre los derechos de los jubilados, pronto se transformó en un ámbito abierto, plural y solidario.

“Lo bueno es que es un conversatorio entre nosotros. Nos miramos, nos comunicamos y contamos la realidad nacional e internacional. Vienen compañeros con noticias de otras asambleas que se fueron creando luego de la nuestra, como son los casos de Concordia y Concepción del Uruguay. Nos han visitado asambleístas de La Rioja, también. Es un entramado que se va tejiendo cada miércoles”, contó Ana Gómez, docente jubilada.

La primera asamblea de adultos mayores de la provincia nació hace dos años y actualmente suma 50 encuentros. “Empezamos a juntarnos porque vimos la necesidad de charlar y poner en común lo que estábamos viviendo, de crear un espacio en el que pudiéramos conversar sobre la situación actual”, explicó la ex docente.

La dinámica de la asamblea contempla acciones como repartir tortas fritas a quienes pasan por la plaza, conversar con jóvenes de las escuelas y caminar con la bandera para visibilizar la situación de los jubilados. “También vienen jóvenes que nos apoyan, porque tienen conciencia de que algún día ellos también van a ser jubilados. Por eso, nosotros queremos jubilaciones dignas y un futuro mejor para los trabajadores que se van a jubilar”, subrayó la referente del espacio.

Además de los debates, la asamblea organiza actividades culturales, como las peñas: “Queremos ir a Buenos Aíres para sumarnos a las actividades de los miércoles que realizan los adultos mayores en Congreso. Parte de los que recolectamos en algunas actividades lo reservamos para este viaje que queremos hacer”, comentó González, en este sentido. Pero la acción más destacada de los últimos días fue la colecta de alimentos para los despedidos del Parque Industrial Gualeguaychú.

“Cada vez que algún compañero queda desocupado o surge una situación especial, acudimos. Ahora, vamos a llevar mercadería a los trabajadores de Unión Bat. Ya los visitamos, conversamos con ellos, escuchamos su realidad. Es muy doloroso verlos esperando, sin saber qué va a pasar. Son padres con hijos, hombres de 40 o 50 años que quedaron sin trabajo”, lamentó.

La solidaridad se organiza de manera sencilla, van juntando diversos productos y cuando logran llenar algunas cajas la llevan. “La gente responde y ellos (los despedidos) nos reciben felices y agradecidos. Hemos puesto nuestra bandera en apoyo y sabemos que nuestras preocupaciones son comunes: la plata que no alcanza, las deudas y la poca empatía de mucha gente”, relató González.

Su mirada sobre la coyuntura es crítica, especialmente frente a la reforma previsional que ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos esta semana para tener sanción la semana que viene: “Estamos muy dolidos. En lo personal no tengo esperanzas, lo que pasó en el Senado me dejó sin expectativas. Lamentablemente, nos van a tocar a nosotros también”, advirtió.

Sin embargo, la asamblea no se detiene en la queja, su motor es la acción colectiva: “Estamos todos los miércoles, siempre abiertos, siempre dispuestos a recibir a quien quiera venir. Este es un espacio de encuentro, de lucha y de solidaridad”, concluyó la docente jubilada.

El Concejo Deliberante sancionó la adhesión al RINI provincial y creó su propia versión local (RINIG). El nuevo esquema otorga exenciones tributarias de hasta el 100% por 10 o 13 años para nuevos proyectos.

La gran apuesta local radica en la creación simultánea del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG). Esta herramienta legislativa fue diseñada a medida para seducir capitales privados y fomentar la radicación, ampliación y el despliegue de proyectos productivos, industriales, turísticos, comerciales, tecnológicos, logísticos, culturales y de servicios dentro del ejido de la ciudad.

La iniciativa se acopla directamente a la hoja de ruta trazada por la gestión del intendente Mauricio Davico. Desde el Ejecutivo local defienden la norma argumentando la necesidad imperiosa de flexibilizar y aliviar la presión fiscal sobre el sector privado, ofreciendo reglas de juego claras, estabilidad y previsibilidad jurídica a largo plazo tanto para los emprendimientos que ya operan en la región como para las corporaciones que evalúan desembarcar en el corto plazo.

Para acceder a las facilidades que otorga el RINIG, los solicitantes deberán tramitar su incorporación ante la Dirección de Rentas municipal, que actuará como la autoridad de aplicación de la norma. La evaluación de cada proyecto se realizará considerando parámetros específicos como la magnitud de la inversión, el cuidado del medio ambiente y, de manera fundamental, la generación de empleo genuino mediante la participación de mano de obra local. Por su parte, las empresas beneficiarias tendrán la obligación de acreditar regularidad fiscal, cumplir con las normativas laborales vigentes y mantener activa la actividad comprometida durante todo el período del beneficio.

Los trabajadores de la firma Unionbat realizaron este lunes al mediodía una protesta en reclamo por sus fuentes laborales, con quema de cubiertas. La manifestación se llevó a cabo en la rotonda de acceso al Parque Industrial de Gualeguaychú.

La primera señal de la crisis llegó con la decisión de Unionbat S.A., que despidió a 101 trabajadores, la totalidad del personal comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo, paralizando completamente la actividad de su planta instalada en el Parque Industrial Gualeguaychú.

La semana pasada, representantes de la empresa y del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas participaron de una audiencia virtual convocada por el organismo provincial en un intento por destrabar el conflicto. Se trató del primer encuentro formal entre las partes desde que se dispuso la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles.

La resolución de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados el 26 de junio, dispuso la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados y estableció que la empresa deberá abstenerse de adoptar medidas que alteren las condiciones laborales mientras dure el proceso de conciliación.

Sin embargo, desde el gremio denunciaron que el miércoles la empresa no permitió el ingreso de los empleados a la planta, pese a la vigencia de la medida dispuesta por la autoridad laboral.

En ese contexto, el secretario gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, adelantó que entre este lunes y el martes podrían concretarse reuniones informales entre las partes para intentar conocer la postura de la empresa y explorar una salida al conflicto.

Además, está previsto que el próximo miércoles 15 de julio se realice una nueva audiencia, esta vez de manera presencial, en el marco de la conciliación obligatoria. Ahora

La crisis y las consecuencias del cambio de modelo económico, que tiene a la apertura total de importaciones como uno de sus pilares, se materializó de la peor manera días pasados, cuando 112 trabajadores fueron despedidos del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).

Primero fue la firma Unión Bat S.A. la que despidió a 101 empleados, la totalidad de sus trabajadores contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo. La planta local fue paralizada en su totalidad desde ese momento.

Los damnificados fueron informados primeramente a través de un mensaje de WhatsApp y luego, ya en la planta del PIG, a través de una escribana. Luego, todos los turnos realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Séptima, ubicada en el ingreso sur a la ciudad.

Lo llamativo de estos despidos es que nada hacía prever este desenlace. “Con la empresa veníamos con un diálogo muy bueno, más allá de que ellos tenían problemas económicos, estaban pagando la quincena en dos veces, pero con un retraso de dos o tres días como mucho”, contó Martín Gómez, prosecretario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. Quien hizo hincapié en que “el diálogo era bueno, cuando iban a hacer algo te avisaban, lo hablaban con la comisaria interna, con los delegados”.

Poco más de 48 horas después, las malas noticias llegaron desde la firma Laboratorios Pyam, desde donde habían despedido a 11 trabajadores. Esta empresa sí venía con problemas hace un tiempo y había sido noticia hace algunos meses por la desvinculación de ocho de sus trabajadores.

Ente esta situación, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate realizó la denuncia en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos. Desde donde, horas después, dictaron la conciliación obligatoria por 15 días hábiles para ambas firmas. En el caso de Pyam, la misma fue acatada inmediatamente y los trabajadores pudieron retornar a sus puestos laborales, pero los despedidos de Unión Bat no tuvieron la misma suerte, ya que la empresa les impidió el ingreso a la planta del PIG.

En este marco, el último jueves se desarrolló una audiencia -que primero iba a ser presencial, en Paraná, y a última hora se resolvió que sea on line-, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de julio. Por su parte, el gremio les pidió a los dos abogados de la empresa que estuvieron presentes en la reunión que generaran una instancia de acercamiento entre las partes (sindicato, delegados y empleador) para el lunes o martes próximo.

“Esta situación se suma a los despidos en Fademi S.A. y al cierre reciente de la fuente laboral para la totalidad de las y los trabajadores de Unión BAT, donde 101 compañeros recibieron el telegrama de desvinculación laboral. Además, se agregan 11 despidos en Laboratorios PYAM S.A., entre ellos tres delegados gremiales. Estos casos se suman a otros ocho despidos ocurridos en la misma planta durante abril de este año”, manifestaron.

La CGT resaltó que todos los puestos de trabajo que se perdieron “pertenecen a una actividad económicamente fuerte, que requiere una amplia capacitación, experiencia y antigüedad. Se trata de empleos que suelen definirse como ‘de calidad’, precisamente el tipo de trabajo que el Gobierno nacional del presidente Milei afirmó que iba a promover y multiplicar”.

Asimismo, el documento firmado por Claudio De los Santos, secretario general de la central obrera, advirtió que los recientes despidos afectarán aún más al comercio de Gualeguaychú, ya golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

Por su parte, desde el bloque de concejales de Más para Entre Ríos (PJ) también se solidarizaron con los despedidos: “La difícil situación económica que atraviesa el país impacta de lleno en nuestras industrias y en el empleo. Sin embargo, esa realidad también exige respuestas desde lo local”.

“Muchos de los trabajadores despedidos cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan enormes dificultades para reinsertarse laboralmente. Mientras tanto, el sindicato advierte sobre un posible reemplazo de la producción nacional por importaciones”, apuntaron los ediles opositores. Al tiempo que pidieron acompañamiento del gobierno local, porque “cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad”.

Los despidos en Unión Bat y en Laboratorios Pyam evidencian la gravedad de la situación que atraviesa parte de la industria local. Y se suman a la lista de conflictos laborales que en la región encabeza la Granja Tres Arroyos, con más de 900 empleaos despedidos.

Según informó a Ahora ElDía, Martín Gómez, referente del gremio de Químicos y Petroquímicos, la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó este miércoles por la mañana la conciliación obligatoria en el conflicto con Unionbat, que en los últimos días despidió a 100 empleados. No obstante, el dirigente gremial aseguró que la empresa no acató la medida dispuesta.

“Tenían que dejar ingresar a los trabajadores hoy a las 14 horas, por lo que nosotros armamos el turno, pero no los dejaron ingresar. La empresa no acató la conciliación y los muchachos quedaron todos afuera. Vamos a hacer una presentación, denunciando este incumplimiento. Y mañana tenemos que ir a la audiencia a la Secretaría de Trabajo en Paraná, a las 12 del mediodía. Vamos a ver qué hace la Secretaría de Trabajo ahora con este incumplimiento por parte de la empresa”, señaló Gómez.

El conflicto laboral desatado en el Parque Industrial de Gualeguaychú tras el sorpresivo despido de once trabajadores de la planta de Laboratorios Pyam sumó este martes un capítulo decisivo. El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, una medida que frena las acciones directas del gremio y obliga a la firma a retrotraer las cesantías de manera inmediata.

La jornada había comenzado con un clima de fuerte tensión en las puertas del establecimiento fabril. Alrededor de las 6:00 de la mañana, los once operarios despedidos se presentaron en su horario habitual para cumplir con sus tareas diarias, pero la empresa les impidió el ingreso. Ante esta situación, el gremio realizó una denuncia formal y solicitó la intervención urgente de las autoridades provinciales. Minutos más tarde, inspectores de la Secretaría de Trabajo se hicieron presentes en la planta para labrar un acta de constatación y relevar la situación.

Tras el pedido formal del sindicato, la notificación oficial llegó en horas de la tarde. En diálogo con El Día, Martín Gómez, responsable gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, confirmó los alcances de la resolución: “Hoy a la tarde nos notificaron. Nosotros hicimos la presentación pidiendo la conciliación obligatoria y nos dieron el traslado tipo 4 o 5 de la tarde”.

La expectativa está puesta ahora en la reacción de la patronal frente a las puertas de la fábrica. “Este miércoles vamos a estar acompañando a la gente a las 6:00 de la mañana para que ingrese y tenemos que ver si la empresa acata la conciliación y los deja entrar”, advirtió el referente sindical, marcando que la mañana de hoy será un termómetro clave para el futuro del conflicto.

La medida de fuerza dispuesta por la autoridad laboral tendrá una vigencia inicial de 15 días hábiles, extendiéndose en principio hasta el viernes 17 de julio. Durante este período de tregua, ambas partes están obligadas por ley a participar de las instancias de diálogo que fije el Estado entrerriano.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo ya fijó la fecha para el primer cara a cara formal. “En la misma resolución de la conciliación fijaron una audiencia para el próximo miércoles 15 de julio en la sede central de la Secretaría de Trabajo en Paraná. Allí iremos con los trabajadores para encontrarnos con la empresa y ver qué postura pretenden seguir: si quieren continuar con los despidos o si finalmente podemos saber qué está pasando realmente en el laboratorio”, concluyó Martín Gómez.

La decisión de cerrar la planta de baterías Unión Bat de Gualeguaychú dejó a 101 trabajadores sin empleo y generó incertidumbre entre las familias afectadas, señaló el representante del Sindicato de Trabajadores Químicos de Gualeguaychú, Martín Gómez, quien aseguró que la medida fue comunicada de manera sorpresiva y sin advertencias previas por parte de la empresa.

Según relató el dirigente gremial en declaraciones al programa “Demo” (FM Universidad 105,7), la situación se conoció el viernes al mediodía, cuando los empleados del turno tarde llegaron a la fábrica para comenzar su jornada y fueron recibidos por una escribana, quien les notificó que estaban despedidos y que no podían ingresar a la planta. Al mismo tiempo, los trabajadores del turno mañana, que aún se encontraban prestando servicios, también fueron informados de la decisión. En tanto, el resto del personal recibió una carta documento de despido mediante un archivo PDF enviado por WhatsApp.

Desde que se conocieron los despidos, los trabajadores permanecen en un acampe frente a la planta de Unionbat. Allí esperan novedades sobre el conflicto y reclaman una respuesta de la empresa, mientras aguardan la audiencia convocada para este jueves por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

Gómez sostuvo que el gremio mantenía un diálogo permanente con las autoridades de la firma en Buenos Aires para abordar cuestiones vinculadas con la producción y el funcionamiento de la planta, pero aseguró que "nunca se habló de un cierre".

"Ellos decían que había muchos problemas debido a las importaciones porque ingresaban muchas baterías desde Brasil y China, pero en ningún momento advirtieron que la fábrica iba a cerrar. Esto nos tomó completamente por sorpresa", afirmó.

El dirigente explicó que en la planta de Gualeguaychú se fabricaba el interior de las baterías, mientras que el ensamblado final se realizaba en otra planta ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires. No obstante, indicó que el sindicato desconoce cuál será el futuro de ese establecimiento.

Asimismo, remarcó el impacto social de la medida al señalar que entre los despedidos hay trabajadores con entre 20 y 25 años de antigüedad e incluso personas que estaban próximas a jubilarse. También precisó que fueron desvinculados todos los operarios de producción, mientras que los jefes y gerentes no fueron alcanzados por los despidos.

En ese contexto, Gómez lamentó que ningún dirigente político de Gualeguaychú se haya comunicado con el sindicato para interiorizarse de la situación o intentar mediar en el conflicto.

Sobre el final, el dirigente expresó su preocupación por el escenario que atraviesa el empleo industrial y advirtió que este tipo de situaciones se repiten cada vez con mayor frecuencia. "En el país se está haciendo costumbre que el trabajador se vuelva descartable", cuestionó.

Cabe destacar que en las últimas horas se conoció que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos intervino de manera inmediata y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio a las 12: “No tenemos problemas en sentarnos para ver qué es lo que pretenden. Estamos a la deriva. La gente pregunta y pregunta, pero no sabemos qué decirles porque no tenemos información", concluyó. APF

Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos Martín Gómez contó a Ahora ElDía que “ayer a la finalización del turno de la mañana, a las 13 horas, los empezaron a llamar de a uno, el dueño de la fábrica con un escribano, y los notificaron. Despidieron a 11 personas, entre ellos, hay 3 delegados despedidos”.

Sobre el motivo, Gómez puntualizó que “la causa es por crisis, los despiden con el artículo 247, con el 50% de la indemnización, que no se las van a pagar, porque ya echaron a 8 personas el mes pasado, y no han cobrado, están haciendo un juicio. Nosotros estamos acampando con los despedidos, vamos a hacer una movida, estamos quemando cubiertas, estamos acompañando. Estoy por llevar la denuncia al Ministerio de Trabajo y encargarme de toda la parte administrativa”.

El Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en Argentina permite a los empleadores abonar una indemnización reducida al 50% de la habitual (Art. 245) en casos estrictos de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y debidamente justificada.

Estos nuevos despidos se inscriben en un contexto masivo de desvinculaciones, que tuvo su punto máximo el viernes de la semana pasada con Unionbat S.A.

La empresa Pyam se dedica a la producción de pastillas y polvos potabilizadores de agua y desinfectantes de superficies de amplio espectro desde 1991.