La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el Ministerio Público Fiscal en el marco del megajuicio que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro de Cultura Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario. La decisión se adoptó por mayoría, con los votos de los vocales Germán Carlomagno y Gisela Schumacher, y la disidencia de Miguel Giorgio.

El fiscal Leandro Dato había solicitado que la Corte Suprema de Justicia interviniera tras la decisión del STJ, tomada durante la feria judicial, que revocó las prisiones preventivas dictadas por la Cámara de Casación Penal contra los tres imputados. La mayoría del tribunal provincial consideró que el escrito fiscal no cuestionó de forma concreta los fundamentos del fallo que dejó sin efecto las detenciones, sino que se limitó a objetar la habilitación de la feria y el procedimiento utilizado.

“El recurso no reúne los requisitos para ser considerado por la Corte Suprema. No hay una cuestión federal que habilite su tratamiento”, sostuvo Carlomagno. Para el magistrado, el planteo no atacó el fondo del fallo, que se limitó a dejar sin efecto las prisiones preventivas sin modificar la sentencia condenatoria.

El megajuicio derivó en condenas en 2022. Pedro Báez recibió 6 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Urribarri y Aguilera también fueron sentenciados, y todos cumplieron prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, cuando fueron liberados por decisión del STJ. Báez cumple desde entonces arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La Cámara de Casación, integrada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, había confirmado previamente la condena contra Báez y rechazado su pedido de libertad, argumentando que existía riesgo de fuga. Ese fallo fue considerado firme al no haber sido apelado por la defensa, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar nuevamente su detención inmediata.

En ese marco, la resolución del STJ vuelve a poner en suspenso esa posibilidad. La Cámara de Casación será ahora la encargada de decidir si corresponde ejecutar la pena, dado que la condena contra Báez quedó firme.

El caso tiene numerosas ramificaciones. La Cámara de Casación ya había dictado las prisiones preventivas de Urribarri y Aguilera en diciembre, revocando un fallo anterior del Tribunal de Juicios y Apelaciones que las había rechazado. Con ese antecedente, la Fiscalía volvió a insistir con la detención de los tres implicados.

El debate sobre la prisión preventiva, su proporcionalidad y la existencia de riesgos procesales ha sido central en todas las instancias judiciales. En este escenario, la Justicia entrerriana decidió no escalar el caso a la Corte Suprema, desestimando el planteo fiscal y reforzando la resolución que permitió a los exfuncionarios continuar el proceso en libertad o con prisión domiciliaria.

Rechazan el sobreseimiento de la ex esposa de Pedro Báez . La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, rechazó este lunes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Sofía Raquel Riquelme, ex esposa del ex ministro de Comunicación y Cultura de Entre Ríos, Pedro Báez. Ambos están imputados por el delito de Enriquecimiento ilícito, por un presunto desvío de más de 650.000 dólares del Estado provincial durante la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri.

El pedido de sobreseimiento fue formulado por Riquelme el pasado 14 de abril, alegando la prescripción de la causa por vencimiento de plazos procesales. Sin embargo, tras un análisis detallado del proceso, Zilli concluyó que no se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable y destacó la intensa actividad desplegada por la Fiscalía.

Al mismo tiempo, la magistrada rechazó el planteo de insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal para seguir investigando. En contrapartida, accedió a realizar una pericia contable oficial, como lo solicitó la defensa. Esta pericia será llevada a cabo por peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y abarcará desde 1991 —año en que Báez ingresó a la administración pública— hasta la actualidad.

Zilli fundamentó esta decisión en la necesidad de contar con información objetiva e imparcial. La defensa había cuestionado que los informes contables existentes fueron elaborados por peritos del propio Ministerio Público, lo que, a su criterio, comprometía la neutralidad de las conclusiones.

La jueza también desestimó el argumento de que Riquelme fue imputada únicamente por ser la esposa de Báez. Valoró que existen elementos en la investigación que indican que ella habría dispuesto activamente del patrimonio común durante los años en que el ex funcionario ejercía cargos públicos.

La causa, que mantiene imputados a Báez y Riquelme, gira en torno a maniobras de desvío de fondos públicos mediante contrataciones de publicidad y otros mecanismos, entre 2007 y 2016. Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano sostienen que hay evidencia suficiente para continuar la investigación por Enriquecimiento ilícito.

Con esta resolución, la causa continuará su curso con la incorporación de una pericia clave que podría definir el futuro judicial de los imputados. El proceso se enmarca en la extensa trama de causas que involucran a ex funcionarios de la gestión Urribarri, varios de los cuales ya fueron condenados por delitos contra la administración pública.

El Superior Tribunal, integrado para el caso por Laura Soage; Gisela Schumacher y Carlos Tepsich, resolvió por mayoría el planteo hecho por la defensa de Báez.

Soage y Schumacher se inclinaron por la modificación de la situación del ex Ministro mientras que Tepsich consideró que Baez debía continuar detenido en la Unidad Penal 1 pero estableciendo un plazo máximo de 18 meses

La cuestión central en el planteo era el riesgo de fuga del ex funcionario, habida cuenta de que ha sido condenado por delitos contra la administración pública y que ese proceso ha concluido su etapa provincial y sólo resta el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

Soage consideró que las razones que tomaron el Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para disponer el arresto preventivo de Báez a la espera de que se decida si se confirma o no su condena no fue rebatido por la defensa. Y razonó que el peligro de que se escape "se encuentra debidamente fundado y respaldado".

Pese a esto, acompañó la postura de los defensores de Báez que apuntaron que el arresto domiciliario en torno a que Fiscalía no logró establecer el porqué la prisión domiliciaria no es el remedio suficiente para conjurar este riesgo.

"El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan debe escogerse la medida cautelar menos gravosa", razonó Soage. A este criterio adhirió luego Schumacher.

Antes, el Tribunal descartó asimilar el caso de Báez al del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quienes se les cambió la prisión preventiva por otras medidas restrictivas menores. (APFDigital)

El jueves 9 Fiscalía pidió que rechace la solicitud de habilitación de feria planteada por la defensa de Pedro Báez, ex ministro condenado por corrupción. El viernes 10 el presidente del STJ en Feria, Leonardo Portela, la habilitó y le corrió traslado a los fiscales para que contesten los argumentos de la defensa. A partir de la respuesta, el jueves 16 comenzará a conformarse el Tribunal del STJ en Feria que deberá resolver los planteos. Las hipótesis que se presentan en el horizonte.

A partir de la decisión del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Feria, Leonardo Portela, que el viernes 10 a las 10.55 dispuso la habilitación de la Feria Judicial para abordar el planteo de la defensa de Pedro Báez, el ex mandamás de la ex Dirección de Información Pública y ex ministro de Comunicación y Cultura, de la primera y segunda gestión, respectivamente, del ex gobernador, Sergio Urribarri, el Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene plazo hasta el jueves para que “en el término de tres días, el MPF conteste el traslado oportunamente corrido en las actuaciones”. Ambos ex funcionarios fueron condenados en la denominada Causa Compleja o Mega Juicio, que dirimió en un solo debate la responsabilidad de 14 personas, entre ex funcionarios y particulares.

Fuentes judiciales indicaron a APFDigital que “habilitaron la feria y corrieron vista a Fiscalía por tres días para que conteste, así que respecto de esos tres días, el plazo de gracia vencería el jueves durante las primeras dos horas. Fue una resolución de Portela; hay que recordar que por Báez los fiscales no habían contestado y Portela los intimó a contestar”.

Las fuentes también recordaron que “la resolución (N de la R: se refiere a la de Portela) salió el viernes. Fiscalía no contestó aún”. A partir de las posibles respuestas de la acusación pública, las fuentes especularon con los distintos escenarios que se abrirían puesto que tendría relación con la integración del STJ en Feria que deberá resolver en el expediente de prisión preventiva.

Así, se proyectó: “Puede ser que Fiscalía diga no a la cárcel pero sí a la domiciliaria, por lo que no habría conflicto y se resolvería enseguida; también puede sostener la hipótesis de la huida porque se ‘va fugar en serio’ y pedir que siga privado de la libertad en el penal, lo que abriría otras instancias”.

También de precisó que “el jueves pasa a despacho y se tiene que hacer el sorteo, en este va a surgir qué juez o jueza va a integrar el STJ porque a los vocales los subrogan los vocales de Juicio, si no pueden porque se excusan u otra situación, viene el vocal de Garantías, y si no se puede integrar con aquellos, viene el juez de Menores”.

Las fuentes deslizaron que Alejandro Cánepa y Elvio Garzón ya no podrían intervenir. El interrogante será cómo se dirime la situación de la vocal del Alto Cuerpo, Claudia Mizawak, que “ya se excusó en el Mega Juicio por Urribarri, pero con Báez no tendría motivos para excusarse, pero todo eso se irá viendo con el devenir de estos frenéticos días en el Poder Judicial”.