La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026, que será del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La medida quedó establecida mediante la Resolución 304/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fijó el haber mínimo garantizado en $444.158,46.

La actualización también alcanzó a las jubilaciones máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Prestación Básica Universal (PBU). Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir de noviembre y beneficiarán a los titulares del sistema previsional nacional, incluidos los residentes en Entre Ríos.

El incremento respondió a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mecanismo de actualización mensual fue establecido mediante el Decreto 274/2024.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026

De acuerdo con la resolución oficial, la jubilación mínima pasará a $444.158,46, mientras que el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $2.988.765,82.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos, será de $355.326,77.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes utilizados para determinar determinados haberes jubilatorios, se actualizará a $203.182,22.

Cómo se calculó el aumento de noviembre

El sistema de movilidad previsional establece que las prestaciones se actualicen mensualmente según la inflación registrada dos meses antes.

En consecuencia, el aumento correspondiente a noviembre se calculó sobre la variación de precios de septiembre, que fue del 1,93%.

Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024, cuando entró en vigencia el nuevo esquema dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

El gobernador Rogelio Frigerio celebró que la Cámara de Diputados haya convertido en ley este miércoles el proyecto que deroga las pensiones vitalicias de gobernador y vicegobernador, tras recibir modificaciones en el Senado. Se trata de una norma que tiene más de seis décadas en la provincia y regía desde el gobierno del radical Carlos Raúl Contín.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, dijo Frigerio.

“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”, agregó.

La iniciativa estipula que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario, a excepción de las que provengan de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural y la Ley N° 9.216 de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Fuente: AHORA

El debate por la reforma del sistema previsional en la Cámara de Diputados de Entre Ríos sumó en las últimas horas un fuerte componente de apelación personal y gremial. A través de una carta abierta que tomó trascendencia pública, Sergio Fabián Musich, un reconocido trabajador del Estado provincial que se desempeña en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), le solicitó formalmente a la diputada Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos) que rechace el proyecto impulsado por la gestión provincial que busca la "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

La iniciativa, que ingresó formalmente a la Cámara baja luego de obtener media sanción en el Senado, generó una inmediata reacción en el ámbito laboral y sindical. En ese marco, Musich apeló directamente a la trayectoria gremial de la actual legisladora —quien además preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Diputados— para pedirle que mantenga la coherencia con las demandas que ambos compartieron en el pasado dentro del sector público.

En el texto de la carta, el empleado estatal recordó los años en que compartieron la militancia en defensa de los derechos de los trabajadores y le pidió explícitamente que diga "No" a la modificación del esquema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Musich evocó las jornadas de lucha compartidas por la restitución y defensa del 82% móvil, la pelea por salarios dignos y la resistencia frente a persecuciones laborales durante distintas administraciones provinciales.

Asimismo, remarcó que las conquistas obtenidas en el organismo recaudador fueron fruto del esfuerzo colectivo y sin distinciones políticas. En un tramo central del mensaje, el trabajador le señaló a la legisladora que su actual condición de jubilada con un haber digno, producto de su carrera en la administración pública, le otorga fundamentos éticos y técnicos suficientes para oponerse al articulado promovido por el oficialismo.

"Hágalo por quienes dieron todo y hoy ya no están, hágalo por el futuro de quienes seguimos trabajando y hágalo también por usted, porque forma parte de esa historia de lucha", expresó el trabajador de ATER en el escrito, en el que reivindicó la condición de "compañera" de la diputada oficialista pese a las diferencias políticas del presente.

El reclamo individual de Musich se suma a las manifestaciones que los distintos gremios docentes, judiciales y de la administración central vienen desplegando tanto en las afueras de la Legislatura provincial como en los plenarios de comisiones, en un intento por frenar o modificar sustancialmente el avance del proyecto oficial antes de su eventual llegada al recinto para la votación definitiva.

Los senadores miembros de la comisión de Legislación General continuaron este martes con el análisis del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo con media sanción en el año 2024, por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, la cual, sancionada en 1964, establecía una pensión vitalicia para exgobernadores y exvicegobernadores.

Participaron quien preside la comisión, Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos), junto a sus pares Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).

En el encuentro de trabajo los legisladores dialogaron sobre las modificaciones introducidas, y consensuaron firmar el dictamen favorable.

El texto del proyecto

Se deroga la Ley N° 4.506 y sus modificatorias. Asimismo, se estipula que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario, a excepción de las que provengan de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural y la Ley N° 9.216 de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

En el tercer artículo dispone que los beneficios reconocidos durante la vigencia de la Ley N° 4.506 y sus modificatorias continuarán abonándose como igualmente en caso del fallecimiento del titular, se abonarán al cónyuge supérstite y/o a los hijos hasta la mayoría de edad, salvo que sus beneficiarios queden comprendidos en los supuestos previstos en el artículo siguiente. El artículo cuarto habla de incompatibilidades y procedimiento: la percepción de las pensiones otorgadas durante la vigencia de la Ley N° 4.506 y sus modificatorias resulta incompatible con: a) La percepción actual o futura de beneficios asistenciales o graciables de cualquiera de los regímenes vigentes, sin perjuicio del derecho del beneficiario a optar por la prestación de mayor valor cuando se trate de beneficios previsionales de carácter contributivo. b) La percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral o contractual con el Estado en el orden nacional, provincial, municipal o comunal, con excepción de las que correspondan al ejercicio de la docencia.

Se deja sentado que el beneficiario deberá solicitar la suspensión del beneficio hasta la finalización de su gestión o contratación, o bien optar por el cobro de aquél, renunciando a toda remuneración o asignación dineraria por el cargo desempeñado, comunicando su opción a la autoridad encargada de liquidar el beneficio o la remuneración, según el caso. Si el beneficiario no ejercitare la opción, el beneficio se suspenderá de oficio, debiendo restituirse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la suma percibida desde que la incompatibilidad se haya producido, con más sus intereses legales. A tal efecto, el acto administrativo que disponga la suspensión será título ejecutivo suficiente para el cobro de la deuda liquidada.

En el artículo quinto se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días corridos contados desde su promulgación, en todo lo que sea necesario para su implementación. El artículo sexto es de forma.

La Justicia Federal de Concordia resolvió a favor de un grupo de personas con discapacidad que reclamaban la restitución de pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fallo constituye un antecedente relevante en Entre Ríos, luego de numerosos rechazos administrativos registrados en los últimos años.

Durante 2024 y 2025, muchos expedientes fueron rechazados administrativamente bajo argumentos vinculados a la imposibilidad de verificar datos patrimoniales o antecedentes clínicos. Según el letrado, esas demoras afectaron a miles de personas con patologías severas y situaciones económicas críticas. “Tengo casos extremos de cáncer y de vulnerabilidad total”, aseguró.

Velázquez Pens señaló que la situación se agravó tras cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación. “Se desmanteló la agencia y ahora todo resulta mucho más dificultoso”, expresó. Además, indicó que existen problemas para acceder a los certificados médicos oficiales necesarios para iniciar los trámites, especialmente en algunas ciudades entrerrianas.

Ante la falta de respuestas administrativas, los abogados debieron recurrir a acciones judiciales como amparos y pedidos de sanciones para acelerar los expedientes. “Los amparos están llevando entre un año y un año y medio”, precisó Velázquez Pens, quien consideró necesario que el Estado agilice los procedimientos para evitar que las personas deban atravesar largos procesos judiciales para acceder a derechos básicos.

El fallo conocido en Entre Ríos ordenó restituir el beneficio a personas cuya situación médica y social ya había sido acreditada previamente mediante evaluaciones oficiales. La resolución marca un precedente que podría impactar en otros casos similares en la provincia y en el país, donde miles de personas esperan respuestas para acceder a pensiones vitales en contextos de alta vulnerabilidad.

Fuente: El Once

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a la semana del lunes 11 al viernes 15 de mayo. El calendario incluye jubilaciones y pensiones mínimas, asignaciones familiares y universales, becas y programas sociales.

Cada 15 de marzo se celebra el Día Nacional de la Accesibilidad, en recuerdo de la sanción de la Ley 23.314 de 1994, que garantiza la eliminación de barreras físicas, urbanas y de transporte para personas con movilidad reducida. En este marco, la Municipalidad de Gualeguaychú resaltó el trabajo sostenido del Área de Accesibilidad e Inclusión durante el año pasado y presentó los compromisos para el nuevo período, con el objetivo de consolidar políticas públicas que promuevan la equidad y la autonomía.

Uno de los ejes centrales fue la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con atención personalizada, asesoramiento y acompañamiento en cada instancia del trámite. Se incrementaron las atenciones vinculadas al CUD y a Pensiones No Contributivas, en el marco de auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, se realizaron salidas territoriales para garantizar el acceso de quienes no podían trasladarse.

El área impulsó el Espacio ATIM (Abordaje Terapéutico Interdisciplinario Municipal), que trabaja con escuelas integrales y acompaña el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad. Se sumaron profesionales y materiales terapéuticos, fortaleciendo la atención temprana y preventiva. En el plano deportivo, se consolidó el Programa de Fútbol en Silla de Ruedas con el equipo “Los Toros” y se desarrollaron talleres de estimulación para niños con TEA y actividades físicas para personas mayores.

El Banco de Ayudas Técnicas avanzó con nueva incorporación de equipamiento y personal especializado, mientras que la Colonia Municipal Inclusiva integró a personas con discapacidad en todas sus actividades recreativas. En el plano laboral, el Programa Empleo con Apoyo logró nuevas inserciones en empresas locales, y el Programa Promover amplió oportunidades de acceso al empleo en áreas municipales y privadas, extendiendo su alcance a localidades vecinas.

La planificación para este año busca consolidar políticas existentes y ampliar dispositivos estratégicos. Se continuará con el acompañamiento integral en la tramitación del CUD, la asistencia en la aplicación Mi Argentina y la gestión de beneficios como SUBE y el Símbolo Internacional de Acceso. El espacio Abordaje Terapéutico Interdisciplinario Municipal (ATIM) será reubicado en un espacio exclusivo con nuevas especialidades y ampliación de cupos.

En materia laboral, se ampliará la red de empleadores comprometidos con la inclusión y se desarrollarán alternativas de empleo autogestionado o protegido. Se pondrá en marcha un Programa Municipal de Accesibilidad a la Vivienda para responder a la demanda de rampas y adecuaciones domiciliarias. En el plano cultural, el programa Acceder continuará garantizando la participación en eventos masivos como el Carnaval del País, con espacios adaptados y transporte accesible.

La Municipalidad de Gualeguaychú reafirma así su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, fortaleciendo una política pública con mayor alcance territorial y social, que busca dar respuesta al aumento sostenido de la demanda y garantizar el acceso pleno a derechos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de enero de 2026.

Según lo establece la fórmula de movilidad vigente, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes tendrán un aumento del 2,47%, en línea con la evolución del costo de vida.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $419.299 ($349.299 del valor actualizado + $70.000 del extra)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.439,45 ($279.439,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $314.509,52 ($244.509,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.293.796,92 a $2.350.453,71.

Según lo que confirmó ANSES, la Asignación Universal por Hijo resultará en un monto bruto de $125.528 por menor. El pago se divide en dos ocasiones, ya que los beneficiarios reciben el 80% de manera mensual ($100.362), mientras que el 20% restante se acredita al presentar la Libreta AUH.

No obstante, cabe recordar que los titulares de esta prestación sólo pueden acceder al 80% de estos montos ($100.362 y $327.059 correspondientemente), ya que el porcentaje restante se libera solo cuando se presenta ante ANSES la documentación requerida.

El monto total de la AUH por Hijo con Discapacidad será de $408.697,46 en enero de 2026. De este total, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $326.957,97. El 20% restante se abona una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

El Juzgado Federal Nº2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo. La medida se extiende a todo el país, según explicaron fuentes judiciales.

La demanda cuestionaba la implementación de auditorías médicas dispuestas a partir del edicto 19.437/25 y denunciaba que, desde julio, gran cantidad de titulares tomaron conocimiento de la baja de sus beneficios al constatar la falta de pago o recibir notificaciones defectuosas, redactadas en un lenguaje técnico y sin permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa.

ANDIS sostuvo que actuó en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024, que las auditorías fueron correctamente notificadas y que las suspensiones se fundaron en la falta de acreditación de los requisitos médicos.

El Tribunal advirtió que la propia demandada no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que dispusieran las bajas, lo que configuró una vía de hecho administrativa: un obrar material carente de sustento jurídico que produjo la interrupción de prestaciones esenciales para un colectivo especialmente vulnerable.

El juez destacó que las pensiones no contributivas integran la propiedad de sus titulares y sólo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso, la defensa en juicio y la obligación estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones, más aún cuando se afecta la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad.

Tras caracterizar la pretensión como colectiva conforme la doctrina “Halabi”, el tribunal consideró acreditada una causa fáctica homogénea: la suspensión masiva e injustificada de pensiones bajo un mismo esquema operativo. Ello justificó la legitimación extraordinaria de las asociaciones actoras y el dictado de un pronunciamiento único con efectos expansivos para todos los titulares afectados.

En cuanto al cuestionamiento de constitucionalidad del Decreto 843/24 —que había reinstalado criterios restrictivos para el acceso a las pensiones— el juez entendió que la reciente sanción de la Ley 27.793, que reformó integralmente el régimen y derogó en los hechos las exigencias impugnadas, tornó abstracto ese planteo.

Finalmente el tribunal ordenó a ANDIS restablecer de inmediato todas las pensiones suspendidas o retenidas con fundamento en el decreto cuestionado y sin acto administrativo previo, disponer el pago de los haberes adeudados en el plazo de 24 horas, y tener por cumplida esa obligación respecto de quienes ya los hubieran percibido en virtud de la cautelar vigente. (Fuente: Ámbito)

Comenzó noviembre y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a todas las prestaciones sociales del mes. Como cada período, el cronograma se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios e incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento y adopción) y el Seguro por Desempleo.

En el penúltimo mes del año, las prestaciones de la Anses recibirán un incremento del 2,08%, en sintonía con la inflación registrada por el INDEC en septiembre. Según informó el organismo previsional, el ajuste se realiza tomando en cuenta el índice de precios con dos decimales, lo que permite actualizar de forma precisa los haberes de los beneficiarios.

Además, el Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, mediante el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial. Se trata de un refuerzo no remunerativo destinado a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y evitar una pérdida en los ingresos reales.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber más el bono de $70.000). En tanto, la jubilación máxima alcanza los $2.241.788,48. Por su parte, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) se eleva a $336.520,52 y las PNC por invalidez o vejez a $303.205,46.

Los incrementos también se reflejan en las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $95.752,80 brutos, de los cuales se cobra el 80% ($76.602,24) y el resto se libera tras la presentación de la Libreta AUH.

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.

SUAF (Asignación Familiar por Hijo)

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.

No todas las prestaciones de la Anses dependen de la terminación del DNI. Algunas asignaciones se abonan por tramos, lo que significa que todas las personas que las perciben cobran dentro de un mismo período, sin importar el número final de su documento. A continuación, el detalle completo:

Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 de noviembre al jueves 20 de noviembre.

Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 de noviembre al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 de noviembre al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del lunes 10 de noviembre al jueves 20 de noviembre.

La concentración se realizó en 25 de Mayo y Rocamora, para luego marchar hacia las puertas de la Municipalidad. El encuentro tuvo como eje central la defensa de los derechos de niños, jóvenes y adultos con discapacidad y el pedido de respuestas concretas al Estado.

Una de las primeras oradoras fue una madre que compartió su experiencia y sus reclamos: “Hoy estamos todos unidos por una misma causa, que es la discapacidad. Yo, como mamá de un hijo discapacitado, lo estoy viviendo en carne propia, así que me siento agradecida de poder estar acá y a todos los que estemos acompañando por esta misma lucha”, expresó.

La mujer, dijo “representar a muchos” y planteó con firmeza las contradicciones de la política pública actual y la falta de respuestas del Estado frente a la situación de precariedad del sector. “Hasta hace un tiempo pensábamos qué hacer para que nos vean, para que nos escuchen. Hoy muchos nos vieron, escucharon y saben que estamos en lucha y en emergencia. Quizá ahora es más complejo, porque aún sabiendo de la vulnerabilidad y precarización que compartimos con otras poblaciones, nos dicen que no somos prioridad, nos dicen que la prioridad es pagar deudas, que la prioridad es no hacer ese gasto que es mayor al ingreso”, sostuvo.

En su intervención, cuestionó la lógica de mercado aplicada a los derechos sociales y la falta de equidad en las políticas públicas. “¿Es responsabilidad del mercado? ¿Será que para poder seguir andando hay que ser capaz de competir y producir lo suficiente para lograr el título de digno? ¿Será que la niñez, el adulto mayor, las personas con alguna enfermedad, discapacidad o con algún modo diverso al del modelo que dicen debemos encajar no tiene lugar si no genera suficientes ganancias para competir? ¿Contra quién? ¿Para quién? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto? ¿Será que todos partimos desde el mismo lugar en la carrera de oportunidades? Parecería que no”.

También subrayó el rol que debe tener el Estado como garante de la justicia y la equidad. “Por eso el Estado es quien debe generar, administrar, garantizar equidad, justicia frente a las adversidades en el lugar de partida o durante ese andar en el camino. ¿Cómo no hablar de política si es la herramienta social, si tiene el fin de generar un bien común y para todos?”, leyó ante los presentes.

El texto, atribuido a Fernanda Viduci, incluyó una fuerte crítica a las decisiones económicas que, según las familias, afectan directamente a los sectores más vulnerables. “Hace siglos, era común que quien no era competente para el mercado era prescindible, apartado, escondido o sacrificado. Parece una aberración, pero hoy, con algún mínimo de sutileza y con otros discursos, las acciones tienen similitudes: muchos quedan afuera del sistema”, remarcó.

También se describió la situación de deterioro que atraviesa el sistema de atención a la discapacidad. “Con varios meses de atraso, aranceles congelados desde hace un año. En el 2024 el aumento escalonado fue septiembre el 1%, octubre el 1%, noviembre el 0,8% y diciembre el 0,5%.

No hubo más actualizaciones y un sinnúmero de papeleos y pagos de impuestos, entre otras exigencias. Los valores son irrisorios: los de la sucesión, el litro de nafta para transportistas o las horas de cuidadores o acompañantes terapéuticos. 24.000 pesos y el pago mensual a trabajadores con discapacidad en los talleres, suspensión de pensiones y programas de salud. Y no hubo una auditoría que los justifique. Hoy tenemos que hablar de crueldad, de abandono de persona, porque se niegan derechos básicos una y otra vez. No se puede ser indiferente”.

Entre los presentes, el sentimiento compartido fue el de agotamiento frente a la falta de políticas inclusivas sostenidas. “No recuerdo haber llegado antes a este extremo, estamos cansados, angustiados y sin saber qué más hacer. No se puede esperar la promesa de campaña una y otra vez, nos dicen: no hay plata”, sostuvo otra participante.

El reclamo se centró en la necesidad de que las leyes ya vigentes sean efectivamente aplicadas. “Si bien no es muy largo lo que tenemos para decir, porque la realidad es bien conocida y aplastante, estamos acá porque creemos en una Argentina inclusiva, con lugar para todos. Marchamos por nuestros hijos e hijas, porque queremos un país donde puedan crecer libres, felices y con oportunidades reales. Porque no queremos seguir pidiendo lo que ya está escrito. Hoy contamos con muchas leyes, queremos que se cumplan”, expresó otra de las voceras.

En tanto, el grupo TGD Padres TEA insistieron en que se apruebe y reglamente una ley de emergencia en discapacidad, que permita, según dijeron, “paliar mínimamente las necesidades del colectivo”. También reclamaron mejores condiciones en salud, educación y empleo con apoyo, destacando el rol de las escuelas inclusivas. “En las escuelas se ve todos los días cuánto pueden lograr los alumnos si se les dan las oportunidades. La discapacidad no limita, limitan las barreras. Y las barreras se derriban con accesibilidad, formación, respeto y apoyos. En fin, con empatía”.

El pedido incluyó medidas concretas para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad. “Marchamos por el derecho de los jóvenes con discapacidad a estudiar, trabajar, moverse y participar. Para esto se necesitan rampas, intérpretes, apoyos y oportunidades. Porque jóvenes y adultos con discapacidad quieren ser parte, no punto aparte. Porque la inclusión no es caridad, limosna o regalito, es un principio de justicia”, sostuvieron.

Con firmeza, los oradores remarcaron que los derechos no deben ser negociables. “Creemos que los derechos no se negocian, se garantizan. Y decimos, como en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, nada sobre nosotros sin nosotros”.

El acto culminó con un mensaje esperanzador, pero también con la advertencia de que el reclamo continuará hasta obtener respuestas. “La discapacidad no se recorta, se acompaña. La discapacidad no se excluye, se abraza. La detección temprana, la escolaridad, la formación laboral y el empleo con apoyo, la salud, son un derecho. Por eso creemos que la discapacidad es responsabilidad de todos”.

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y tienen DNI terminados en 2 y 3. En octubre, todos los haberes se actualizaron con un aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que se otorga de forma proporcional en los casos en que el ingreso supera la mínima.

Además, este jueves también se acreditan las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para titulares con DNI terminados en 2 y 3, junto a las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, que continuarán vigentes hasta el 10 de noviembre.

En paralelo, la Anses mantiene el incremento del 1,87% en las Asignaciones Familiares, cuyos valores actualizados alcanzan los $58.616,81 por hijo en los tramos de menores ingresos y hasta $190.875,51 en el caso de hijos con discapacidad.

El organismo previsional recordó que el cronograma de pagos se desarrolla a lo largo de todo el mes y puede consultarse en su sitio web oficial, con fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del documento.

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 8. Los haberes llegan con el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y con el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar con el bono incluido es de $396.266,36. El refuerzo se abona de manera automática junto al haber mensual y también alcanza a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, este lunes cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 8, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 6.

También continúan vigentes los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que se extenderán hasta el 10 de noviembre.

Las Asignaciones Familiares mantienen el aumento del 1,87%, en función del ajuste mensual por inflación. Los valores actualizados son:

La resolución se suma a otras medidas judiciales similares en Formosa, Misiones, Río Negro y Mendoza, donde se ordenó la restitución de prestaciones, el reintegro de haberes y la aplicación de multas por demora. En Córdoba, Neuquén y Buenos Aires también hubo fallos favorables a los beneficiarios.

El juez consideró que las suspensiones aplicadas por la ANDIS en base al Decreto 843/2024 vulneraron derechos de incidencia colectiva. En su dictamen, ordenó restablecer las pensiones retenidas, pagar los haberes adeudados y suspender las auditorías basadas en la normativa cuestionada. Citó el precedente “Halabi” de la Corte Suprema, que define los derechos colectivos vinculados a intereses individuales homogéneos.

La causa fue encuadrada como de incidencia colectiva, al tratarse de un hecho continuado que afecta de forma homogénea a miles de personas. Por ello, el magistrado designó como representantes del colectivo a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su trayectoria y fines estatutarios.

El contexto del fallo remite al amparo presentado por organizaciones y ciudadanos afectados, que reclamaron la nulidad de las suspensiones y la inconstitucionalidad del decreto que modificó los requisitos de acceso a las pensiones. La norma, dictada en septiembre de 2024, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.

Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la ANDIS se realizó sin criterios públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas. Además, señalaron que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían errores formales que impidieron ejercer el derecho de defensa.

Según datos oficiales, de las 997.654 cartas documento enviadas por la Agencia, más de la mitad no fueron entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%. Antes de los primeros fallos judiciales, la ANDIS había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos donde la Justicia ordenó la restitución, la Agencia acató las decisiones.

Con esta nueva resolución, la cautelar adquiere alcance nacional. El juez dispuso que la ANDIS cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”.