Sostuvo que los elementos no estarían en condiciones de espiar y pidió que el Gobierno “lleve tranquilidad a la población”.

El presidente del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, José Cáceres, volvió a pronunciarse sobre la denuncia realizada por el Gobierno provincial tras el hallazgo de presuntos dispositivos de espionaje en despachos oficiales de la Casa Gris y la calificó como una “fallida denuncia”. Además, reclamó una disculpa pública y una comunicación oficial que aclare la situación.

La investigación, iniciada a partir de la presentación del Ejecutivo, se encuentra en manos del fiscal Santiago Alfieri. Cáceres se expresó a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó la veracidad de la denuncia a partir de información periodística que pondría en duda la funcionalidad de los artefactos hallados.

Sin embargo, menos de un día después, el dirigente peronista volvió a manifestarse tras la difusión de versiones que indicarían que los dispositivos encontrados no estaban en condiciones de cumplir tareas de espionaje, lo que, a su entender, echaría por tierra la denuncia oficial.

También ironizó sobre los procedimientos de control anunciados al inicio de la gestión: “Sobre todo si tenemos en cuenta que al inicio de la gestión anunciaron que estaban revisando las oficinas con perros entrenados, detectores de metal, registrando paredes, alfombras, etc., y luego aparecieron con la denuncia orientando las declaraciones hacia la gestión del peronismo”.

Y concluyó: “Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial; de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones”.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Educación de la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen de mayoría para garantizar el financiamiento de las universidades públicas, con el respaldo de un amplio abanico opositor. El despacho reunió 49 firmas, entre ellas las de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reflejando una confluencia de fuerzas políticas que se expresaron en duros términos contra la política educativa del gobierno de Javier Milei.

El documento fue respaldado por 34 legisladores de Unión por la Patria, 6 de Democracia para Siempre, 4 de Encuentro Federal, 2 de la Coalición Cívica y 3 de Innovación Federal. A este bloque podrían sumarse otros votos opositores en el recinto, como los de Julio Cobos, Fabio Quetglas, Mario Barletta y la jujeña Natalia Sarapura, que ya adelantó su acompañamiento.

En la antesala del plenario, rectores universitarios, organizaciones estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes entregaron cajas con más de mil firmas en apoyo al proyecto, en una clara muestra de movilización comunitaria.

Durante el debate, Christian Castillo (Frente de Izquierda) cuestionó al oficialismo por el bloqueo previo de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y presentó un dictamen de minoría con un enfoque más enfático en salarios, becas y el sistema científico.

Por Encuentro Federal, Esteban Paulón celebró el consenso alcanzado y defendió el proyecto como una herramienta para “impulsar la movilidad social y el desarrollo del país”. En esa línea, desde Unión por la Patria, Hugo Yasky apuntó que la educación básica también sufre los recortes oficiales, y pidió al oficialismo no vetar “el presente y futuro de los argentinos”.

Lorena Pokoik insistió en la urgencia de asegurar recursos para sostener a estudiantes, docentes e investigadores, y advirtió que el nuevo dictamen busca “poner a las universidades de pie”. A su turno, Daniel Arroyo alertó que hay incertidumbre sobre cómo se dictará el segundo cuatrimestre por la falta de fondos.

Pablo Carro, también del bloque peronista, denunció que 10 mil docentes renunciaron por salarios indignos, y precisó que el 70% gana menos de $300 mil. Mónica Macha vinculó la crisis universitaria con la situación del sistema científico: “El Gobierno destruye el INTA, el INTI y toda nuestra base tecnológica y educativa”.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro afirmó que “esta es una crisis premeditada, parte de un vaciamiento general del sistema público”, mientras Roxana Monzón contrastó el aumento presupuestario en Defensa con la caída en Educación: “Se abandona a los docentes y se prioriza lo militar. ¿Qué país estamos construyendo?”, se preguntó.

Con el dictamen ya firmado, el debate se trasladará al recinto, donde la oposición espera aprobar el proyecto con una mayoría suficiente para frenar el ajuste sobre las universidades.

Intendentes justicialistas rechazaron la creación de una nueva obra social. La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para crear una nueva obra social provincial, denominada OSER, que reemplazaría al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). A través de un comunicado, expresaron su “profunda preocupación” por una propuesta que, aseguran, “afecta directamente a miles de trabajadores municipales, activos y jubilados”.

Según indicaron, la iniciativa “pone en riesgo el carácter solidario, autónomo y democrático de la obra social” y sostienen que no se trata de una modernización, sino de “un intento de apropiación política y vaciamiento de una herramienta histórica sostenida con aportes de los afiliados”.

La Liga remarcó que el proyecto oficial no implica mejoras para el sistema de salud, sino una centralización del control que desnaturaliza el modelo participativo del Iosper. “No hace falta crear una nueva obra social, sino actualizar la reglamentación vigente sin destruir un sistema que ha funcionado durante más de cinco décadas”, expresaron.

Uno de los principales cuestionamientos es la modificación del Directorio, que reduce la representación gremial y transforma a la nueva obra social en “una dependencia del poder político”. Además, alertaron que se prevé una comisión fiscalizadora compuesta por un único integrante designado por el Ejecutivo. “Esto constituye un grave retroceso democrático”, afirmaron.

El comunicado también señala que el Iosper “no es una obra social estatal”, ya que se financia exclusivamente con los aportes de sus afiliados, sin recursos propios del Gobierno provincial. Por ello, los intendentes peronistas consideran improcedente que el Estado “pretenda apropiarse de su conducción ni definir el destino de fondos que son laborales, no públicos”.

Por último, hicieron referencia a los seis meses de intervención dispuesta por el Ejecutivo: “Lejos de mejorar la situación, se han profundizado los problemas: recortes de prestaciones, demoras en medicamentos, falta de autorizaciones, migración de datos a empresas externas y aumentos exorbitantes en coseguros”.

La Liga exigió un debate amplio y real, con participación activa de los afiliados, a quienes definieron como “los legítimos dueños” de la obra social.

Bajo el título “Dividir y distraer: la fórmula de Davico para ocultar una gestión pobrísima”, el Justicialismo de Gualeguaychú divulgó un documento donde menciona y rememora alguna de las políticas que ha instrumentado la actual gestión municipal de Mauricio Davico, que como la denuncia que hizo en la Justicia por una supuesta obra mal realizada, terminó en un archivo por falta de sustento.

“Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Davico fue el desmantelamiento del Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, creado durante la gestión de Esteban Martín Piaggio y, que, entre sus logros más significativos, había llevado a cabo la investigación mediante la cual se descubrió que en Gualeguaychú las personas desaparecidas por la última dictadura cívico-militar no habían sido 21, como se pensó durante más de 40 años, sino 37.

A pesar de que, en su momento, se dijo que no era un desmantelamiento sino un traslado a la Casa de la Cultura, lo cierto es que, a más de un año del mismo, no ha habido noticias de la reapertura del museo.

Este hecho, tan preocupante como la decisión del Intendente de eliminar el mural de los desaparecidos de la ciudad y cambiar el nombre de Salón de la Memoria por el de Salón Azul, no solo responde a una postura político-ideológica del jefe municipal, alineado desde el día uno con el negacionismo propagado por el gobierno nacional de Javier Milei, sino que es parte de una estrategia que busca dividir y entretener con este tipo de polémicas a la sociedad de Gualeguaychú.

Esto es peligroso para la convivencia democrática que históricamente ha identificado a nuestra ciudad. En Entre Ríos, Gualeguaychú se caracteriza por el diálogo, por la fuerza de sus instituciones y por resolver sus diferencias de forma pacífica y democrática. Esa virtud es la que se está poniendo en juego. Pero, ¿qué gana el gobierno municipal con esto? Divide y distrae la atención para que no se hable de la pobrísima gestión que viene llevando adelante.

Una gestión que, por un lado, decidió salir a cuestionar la herencia recibida y los problemas económicos, mientras que, por otro, su propio secretario de Hacienda ponderaba el “orden” con que recibió la administración en diciembre pasado.

Una gestión que hizo decenas de denuncias en los medios de comunicación sobre el gobierno anterior y las condiciones de las obras en la ciudad, pero cuando hicieron las cosas como se tienen que hacer, la Justicia desestimó y archivó lo denunciado por falta de sustento.

Una gestión que, alineada con la motosierra mileista, eliminó la Fiesta del Pescado y el Vino, por considerarla un gasto innecesario. Mientras que hoy vemos que ciudades vecinas, como Colón o Concepción del Uruguay, reciben a los miles de turistas que esta temporada no llegan a Gualeguaychú. “La primera quincena (de enero) fue una de las peores en años”, expresó días atrás uno de los referentes turísticos de la ciudad. Y eso se nota en las playas, en la calle y en las tribunas del corsódromo.

Entonces, el desmantelamiento del Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte” y la eliminación del mural de los desaparecidos de la ciudad, si bien responde a una clara posición ideológica, contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, es también una estrategia distractiva para no hablar de la pobrísima gestión municipal.

Y pasó un año de gobierno, es necesario que la ciudad siga creciendo, con obras, con proyectos, con acciones que nos vuelvan a unir como comunidad. La excusa de la herencia recibida se cayó, como todo, por el propio peso del paso del tiempo. Es hora, intendente Mauricio Davico, que se pongan a trabajar por el bien de toda la ciudadanía”.