A través de un comunicado, el PJ entrerriano expresó que “esta reforma es la institucionalización de la precarización laboral. Flexibiliza contratos, suprime indemnizaciones, elimina horas extras pagas, debilita la negociación colectiva y avanza sobre el derecho a la huelga y las asambleas de trabajadores, pasando por encima de conquistas históricas del movimiento obrero argentino”.

El documento advirtió que “su aprobación significaría un retroceso inadmisible en materia de derechos y protección social”.

“Entre Ríos y el país atraviesan una profunda crisis económica con caída del poder adquisitivo, cierre de comercios, y pérdida de empleos” señaló el Partido y subrayó que “en este escenario, impulsar una reforma que transfiere más costos a los trabajadores es castigar nuevamente a los más débiles”.

Sobre el proceso de elaboración de la reforma, el PJ cuestionó que “en nombre de una supuesta libertad, se busca dejar indefensas a las personas frente a la patronal, desconociendo a las organizaciones sindicales y violando la tradición argentina de concertación social”, agregó: “Esta reforma se escribió entre cuatro paredes, a espaldas de los que trabajan”.

Más adelante, el documento criticó: “El mismo gobierno que despide trabajadores estatales, desfinancia la ciencia y la tecnología, abre indiscriminadamente las importaciones y festeja dejar personas en la calle, ahora pretende convencernos de que esta reforma va a crear trabajo. Pero los hechos destruyen cualquier discurso”.

Desde el justicialismo entrerriano ratificaron que “las y los trabajadores son la columna vertebral del movimiento peronista, la defensa de sus derechos y conquistas no es una opción política, es nuestra causa principal”. En ese sentido, convocaron “a legisladores nacionales y gobernadores a rechazar cualquier intento de avasallar derechos laborales o socavar al movimiento obrero organizado”.

El PJ entrerriano también hizo un llamado a “las y los entrerrianos —más allá de su pertenencia partidaria— a defender el trabajo de calidad, la producción nacional y la dignidad de nuestra provincia”.

Finalmente, celebró y adhirió “a la movilización del jueves 18 de diciembre, convocada por la CGT junto a las dos CTA y todo el movimiento obrero en su conjunto”.

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, apuntó con dureza contra el gobernador Rogelio Frigerio al advertir que sus recientes declaraciones “son alarmantes” y suponen la continuidad de un esquema económico que —según señaló— profundiza el deterioro social en la provincia. El dirigente reaccionó al mensaje que el mandatario dio en un acto policial, donde afirmó que en 2026 enfocará su gestión en la macroeconomía.

Para Cáceres, esa definición implica “que el bolsillo de las y los trabajadores va a tener que seguir esperando”, una señal que —sostuvo— confirma la distancia entre el discurso y las acciones del Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que “para que a la provincia le vaya bien, lo que hay que cambiar es el modelo que está aplicando Milei, que son las recetas del FMI”, y acusó al gobernador de acompañar ese rumbo.

El dirigente enumeró un conjunto de efectos que atribuyó a las políticas nacionales: ajuste, caída del consumo, cierre de Pymes, recesión y paralización de la obra pública. “Nada de eso cae del cielo, son consecuencias del programa económico de Milei que Frigerio respalda”, insistió, recordando además que el mandatario provincial aportó un voto clave en Diputados para el oficialismo nacional.

Cáceres fue particularmente crítico con la situación de los empleados estatales, a quienes —dijo— “les arrebató la obra social” y mantienen sus salarios “congelados”, mientras la paritaria fue postergada para febrero. Según indicó, los gremios ya advirtieron sobre el deterioro del ingreso y la sobrecarga burocrática para acceder a prestaciones, un panorama que atribuyó a “falta de gestión”.

El ex vicegobernador planteó que la recuperación productiva requiere un proyecto de desarrollo que priorice inversiones, empleo de calidad y defensa del trabajo local. En contraste, cuestionó la “primarización” y la apertura de importaciones que identifica en el Gobierno nacional. “Frigerio debería mirar más la realidad y menos el guion que le arman para los medios”, apuntó.

En el tramo final de su declaración, Cáceres criticó el endeudamiento frecuente de la gestión provincial y exhortó al gobernador a “proteger a las y los entrerrianos del desastre que está causando el gobierno de Milei”, en lugar de acompañar su agenda económica.

La diputada nacional Carolina Gaillard salió al cruce del sector del PJ entrerriano que impulsa sanciones y expulsiones en su contra y advirtió que no convalidará “injusticias ni disciplinamientos”. En un comunicado difundido tras la reunión del Consejo Provincial, cuestionó que el proceso interno careció de reglas claras y que nunca existió un cronograma transparente para la competencia.

Según expuso, la Junta Electoral se conformó sin equilibrio y la supuesta falta de avales fue apenas una excusa para impedir la participación de líneas internas críticas. En su análisis, las derrotas electorales de 2023 y 2025 no pueden atribuirse a quienes buscaban competir por fuera del esquema de conducción, sino a una dirigencia que, afirmó, “cerró el partido, bloqueó la participación y renunció a enfrentar con claridad los modelos de Milei y Frigerio”.

Gaillard también apuntó contra quienes promueven medidas disciplinarias mientras evitaron pronunciarse ante situaciones que —según recordó— generaron un daño mayor a la identidad peronista. Mencionó, entre otros casos, la demora en avanzar con la expulsión del senador Edgardo Kueider tras su voto favorable a la Ley Bases, y señaló que incluso hubo dirigentes que le pidieron a ella misma acompañar la iniciativa.

“Hablan de lealtad quienes avalaron una norma regresiva y contraria a los intereses de nuestro pueblo”, expresó. Reclamó, además, que el partido investigue a quienes facilitaron el avance de ese proyecto o fueron denunciados por colaborar política o económicamente con el ascenso de Javier Milei.

Para la diputada, el PJ provincial quedó “rehén de una minoría” que intenta cerrar debates internos y disciplina voces disidentes mientras el partido pierde cohesión y capacidad de representar a la sociedad entrerriana. Cuestionó también lo que definió como “trayectorias zigzagueantes” de figuras que hoy se presentan como guardianes de la doctrina, pese a no haber sostenido posiciones estables en los últimos años.

En contraste, reivindicó su propio recorrido legislativo y destacó su labor en comisiones vinculadas a soberanía económica, derechos de los jubilados, defensa de Aerolíneas Argentinas, cultura y universidades. “Mi coherencia es pública y conocida. Nunca fui tibia”, aseguró.

Gaillard llamó a convocar con urgencia a una mesa amplia de unidad que incluya a todos los sectores que participaron de la última elección provincial, con el objetivo de construir una propuesta sólida de cara a 2027. En ese sentido, planteó que el peronismo debe recuperar su capacidad transformadora, abrir debates internos y volver a representar las demandas de los trabajadores.

“Los partidos no tienen dueños ni ceos. Son herramientas del pueblo, no espacios administrados según conveniencias coyunturales”, advirtió. Y cerró con una definición de alto voltaje político: “El peronismo será transformador o no será nada. Callarme hubiera sido convalidar, y yo no convalido injusticias”

La interna del PJ entrerriano volvió a tensarse con la presentación formal que la línea Renovación Santa Elena elevó al Consejo Provincial del partido para pedir la expulsión del intendente Domingo Daniel Rossi y de la senadora provincial Patricia Teresa Díaz. El planteo replica un conflicto reciente en Concordia, donde el Consejo Departamental destituyó al titular partidario, Facundo Ruiz Díaz, por haber hecho campaña para una fuerza ajena al peronismo durante las legislativas.

En el caso de Santa Elena, el documento ingresado acusa a Rossi y Díaz de actuar “abiertamente contra el peronismo” en la campaña electoral y de utilizar recursos municipales para impulsar listas opositoras a la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, ganadora en esa ciudad el 26 de octubre. Según la presentación, ambos dirigentes habrían promovido candidaturas paralelas, colaborado políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio y utilizado un local partidario “como centro de operaciones” contra la propia estructura justicialista.

Los firmantes —Sebastián Sabo y María Evangelina Quartino— reclamaron la expulsión inmediata de los dirigentes y exigieron el retiro de la simbología peronista del local identificado con la familia Rossi. Además, pidieron que el Consejo Provincial convalide de manera expresa el triunfo de la Lista 501 y avance con rapidez para recomponer la unidad interna.

En su argumentación, el sector impulsor del pedido también recordó las causas judiciales que rozan a ambos dirigentes: una condena firme por enriquecimiento ilícito en el caso del intendente Rossi y una imputación por cuentas internacionales en la situación de la senadora Díaz.

El planteo llega en un contexto de creciente disputa interna, donde distintos espacios del PJ reclaman mayor disciplina orgánica y cuestionan maniobras electorales que consideran perjudiciales para la reconstrucción partidaria. Al mismo tiempo, la sucesión de conflictos —como el ocurrido en Concordia— expone la fragilidad institucional que atraviesa el justicialismo entrerriano tras las derrotas electorales.

En Santa Elena, referentes del sector señalan que la convivencia interna se volvió insostenible en los últimos meses y sostienen que el comportamiento de Rossi y Díaz excede una mera diferencia política, al acusarlos de afectar directamente las posibilidades del partido para competir en igualdad de condiciones.

El Consejo Provincial deberá ahora evaluar el pedido de expulsión, un trámite que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa dentro del peronismo, que busca redefinir liderazgos en un escenario de fuerte reacomodamiento interno. Mientras tanto, la tensión se mantiene y amenaza con profundizarse de cara al calendario político de 2026.

La iniciativa busca otorgar previsibilidad a las familias entrerrianas y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan estas obligaciones en la provincia de Entre Ríos.

La iniciativa de la diputada provincial Lorena Arrozogaray que tiene como coautores a sus compañeros de bloque: Mariel Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Yari Seyler, se enmarca en un debate que también se viene dando en otras jurisdicciones del país, donde se han impulsado propuestas orientadas a restablecer mecanismos de previsibilidad en los precios de los combustibles. La propuesta busca trasladar esa lógica al ámbito provincial, garantizando mayor transparencia, anticipación y control frente a incrementos sorpresivos.

El proyecto establece que todas las empresas proveedoras y estaciones de servicio deberán informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos. La iniciativa surge como respuesta al nuevo escenario generado tras la derogación del régimen nacional que exigía informar en tiempo real los cambios de precios, una medida que dejó a consumidores y usuarios sin herramientas básicas para organizar sus gastos.

Además, la propuesta incorpora la obligación de que las estaciones de servicio exhiban cartelería visible e informen mediante sus canales digitales con al menos 48 horas de anticipación. Este mecanismo busca garantizar que la información sea clara, accesible y llegue a los usuarios antes de que los incrementos se apliquen efectivamente.

El proyecto contempla también un régimen sancionatorio expresado en litros de nafta súper, lo que permite actualizar automáticamente el valor de las multas frente al proceso inflacionario. Para las empresas abastecedoras, las sanciones irán del equivalente a 5.000 a 150.000 litros, pudiendo llegar a la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia. Para los expendedores, las multas oscilarán entre 100 y 500 litros.

Puntos clave del proyecto -Información previa a la Autoridad de Aplicación: comunicación obligatoria 72 horas antes de aplicar un aumento. -Publicidad en estaciones de servicio: cartelería y difusión digital con 48 horas de

anticipación. -Régimen sancionatorio: multas actualizables por litro de nafta súper; sanciones severas en caso de reincidencia. -Actualización automática: el uso de litros como unidad de cálculo evita el desfase por inflación.

Arrozogaray fundamentó la iniciativa en la necesidad de devolver previsibilidad a la ciudadanía frente a un insumo esencial cuya variación de precios impacta directamente en la movilidad, la producción y la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la obligación de informar en tiempo real generó un vacío que “dejó a los usuarios sin herramientas básicas para anticipar gastos y planificar su consumo”.

El proyecto se apoya también en el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional), y apunta a corregir la asimetría informativa entre quienes fijan los precios y quienes dependen de ellos diariamente.

Si bien la propuesta no interviene en la política de precios, sino que establece reglas de comunicación y transparencia, algunas voces del sector empresarial expresaron que una exigencia de aviso previo podría generar tensiones en la cadena de abastecimiento o alterar la dinámica competitiva. La diputada desestimó estas preocupaciones, señalando que las medidas propuestas “no afectan la operación comercial, sino que establecen condiciones mínimas de previsibilidad para las familias entrerrianas”.

El proyecto comenzará su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se debatirá su contenido y se evaluará su dictamen antes de su eventual tratamiento en el recinto.

La convocatoria reunió también a las candidatas a diputadas Marianela Marclay, Fabiana Leiva y Belén Biré, además de los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray. El presidente del PJ local, Gustavo Vela, Martín Piaggio, ex intendente de Gualeguaychú y jefes comunales del departamento acompañaron el encuentro, que se vivió como un gesto de reafirmación política en tiempos de incertidumbre.

Guillermo Michel abrió el acto con un mensaje encendido: “Estamos prendiendo la llama del peronismo para reconstruir nuestra fuerza, volver a generar esperanza en el pueblo y recuperar la ciudad, la provincia y la nación”. Su intervención marcó el tono de la jornada, con énfasis en la disputa de modelos que se juega en las próximas elecciones: “Mientras ellos quieren llevarnos a un país para pocos, nosotros convocamos a la unidad de todo el campo nacional y popular para frenar este ajuste del gobierno nacional respaldado por Frigerio, que genera exclusión social y favorece a una minoría”.

Adán Bahl profundizó esa línea, señalando que “resistir no es solo aguantar, sino también es oponerse, pararse y decir las cosas que están mal”. En su visión, el rol legislativo será clave: “Es fundamental contar con legisladores que no sean levantamanos de Milei, sino que defiendan a Entre Ríos”. Y agregó: “La grandeza de un gobierno no se mide por los que más tienen sino por cómo trata a los que menos tienen”.

Desde la militancia, Marianela Marclay reivindicó la capacidad transformadora del peronismo: “Sabemos que los peronistas somos lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia. Solo el peronismo es capaz de construir un Estado de bienestar y de nivelar el punto de partida”. Su llamado fue claro: “Con la fuerza de la militancia, vamos a volver, para levantar una Entre Ríos para todos los entrerrianos”.

Belén Biré, por su parte, aportó una mirada desde la experiencia cotidiana: “Integro esta propuesta electoral como una militante pero sobre todo como una trabajadora más que vive el ajuste y el recorte de este gobierno que ataca brutalmente a la clase media, a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad”. Su testimonio cerró el acto con un mensaje de urgencia: “No podemos permitir que los números les cierren con la gente afuera”.

El encuentro dejó en claro que, más allá de las candidaturas, el peronismo local busca rearticularse desde la base, con voces diversas, desde diferentes áreas y, también desde lo federal que comparten una misma preocupación: el rumbo del país y la necesidad de recuperar la política como herramienta de inclusión.

Durante su paso por la capital provincial, Yasky mantuvo reuniones con referentes locales como Rosario Romero, intendenta de Paraná y Adán Bahl. En diálogo con medios locales, el referente de la CTA de los Trabajadores fue contundente: “Estamos en un momento bisagra, donde enfrente tenemos a la expresión más bestial de la Antipatria. Es fundamental fortalecer la unidad en todos los territorios y ser muy inteligentes para frenar el brutal ajuste que expresan Milei en la Nación y su aliado incondicional Frigerio en Entre Ríos”.

El dirigente sindical remarcó que la propuesta del PJ entrerriano representa una alternativa clara frente al modelo de exclusión que, según señaló, se viene profundizando desde el gobierno nacional. “La lista encabezada por Bahl y Michel pone el foco en el trabajo y la producción. Es una opción contundente para frenar a la alianza del hambre y la exclusión que hoy encarnan el gobernador y el presidente”, afirmó.

Los Cabildos Abiertos, que se desarrollan en distintas provincias, buscan articular propuestas desde el movimiento sindical y social para enfrentar el avance de las políticas de ajuste. En Entre Ríos, el encuentro sirvió también para consolidar el respaldo de sectores gremiales y populares a la fórmula del PJ, que se presenta como una alternativa con experiencia de gestión, arraigo territorial y compromiso con el desarrollo local.

Yasky cerró su visita con un llamado a la militancia: “No podemos permitir que se consolide un modelo que desprecia el trabajo, la educación y la soberanía. La unidad del campo popular es clave para defender los derechos conquistados y construir una provincia más justa”. (Con información de APFDigital)