El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) y la Secretaría de Modernización, encabezada por su titular Emanuel Gainza, trabajan para coordinar asistencia y gestión en la digitalización e implementación de sistemas de administración y control desarrollados por la propia entidad carcelaria.

El subdirector general del SPER, Santiago García, junto al jefe del Departamento de Seguridad Informática, Carlos Salomón, participó de un encuentro con la Secretaría de Modernización con el objetivo de consolidar una agenda común que agilice los procesos administrativos y eleve los estándares de eficiencia y control en las distintas áreas del Servicio Penitenciario. Formó parte de la comitiva, el cabo Moisés Gauna, responsable del desarrollo de software institucional.

Durante la reunión se delinearon acciones para obtener el acompañamiento técnico y la gestión necesaria que permita escalar y consolidar múltiples sistemas de gestión dentro de la organización. Estas soluciones -desarrolladas íntegramente por equipos del SPER- apuntan a optimizar circuitos internos, fortalecer la trazabilidad de la información y mejorar la toma de decisiones.

Asimismo, se abordaron lineamientos para reforzar la seguridad de la información, interoperabilidad entre sistemas, capacitación del personal y escalabilidad de las plataformas.

Como parte de los próximos pasos, se acordó:

- Conformar mesas técnicas para la revisión de arquitectura, estándares y prioridades de despliegue.

-Definir pilotos graduales en áreas clave para validar funcionalidades y realizar mejoras continuas.

-Establecer un plan de capacitación por perfiles, orientado a la adopción efectiva de las herramientas.

-Implementar buenas prácticas de ciberseguridad y políticas de respaldo, auditoría y continuidad operativa

La iniciativa, que comenzará a regir en la próxima temporada de verano, busca mitigar los picos de consumo provocados por el uso intensivo de aires acondicionados y maquinaria industrial, especialmente entre las 15 y las 18 horas, cuando la red eléctrica alcanza niveles críticos.

El programa forma parte del Plan de Contingencia Energética que la Secretaría de Energía impulsa desde 2024. A través de la resolución 379, se habilita a grandes usuarios —industrias y comercios con potencia contratada superior a 300 kW— a presentar propuestas para reducir su consumo en horarios pico. A cambio, recibirán pagos proporcionales a la energía que dejen de utilizar.

La medida apunta a generar una “reserva de emergencia” que funcione como respaldo operativo, similar al efecto de una central eléctrica en espera. El objetivo es evitar cortes preventivos como los registrados en veranos anteriores, cuando el sistema colapsó en varias regiones del país.

Las empresas interesadas deberán presentar planes estacionales de reducción de consumo, detallando horarios, niveles de demanda y capacidad de respuesta. Una vez aprobados, se comprometerán a disminuir su uso energético en los momentos críticos, especialmente durante las olas de calor.

La participación será voluntaria, pero quienes se sumen deberán contar con sistemas de medición adecuados y cumplir con los compromisos asumidos. El monitoreo será clave para garantizar la efectividad del programa y evitar abusos.

La propuesta se inspira en experiencias exitosas de gestión de demanda aplicadas en países como Estados Unidos (California) y Reino Unido, donde se logró estabilizar el sistema eléctrico sin necesidad de construir nuevas centrales. Según la resolución oficial, estas políticas han demostrado ser eficaces para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

En Argentina, sin embargo, la implementación enfrenta desafíos específicos: la dispersión geográfica del sistema, la heterogeneidad de los usuarios y la necesidad de contar con infraestructura de medición confiable. Además, será clave la voluntad del sector privado para sumarse activamente.

En provincias como Entre Ríos, donde conviven industrias, cooperativas eléctricas y redes comunitarias, el programa podría abrir nuevas oportunidades de articulación entre el Estado, el sector productivo y las organizaciones locales. La gestión eficiente de la energía no solo previene apagones: también puede fortalecer la autonomía energética y la planificación territorial. (Con información de Infobae)