En el marco del plan de lucha nacional por la educación pública, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó una nueva medida de fuerza de 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre. "AGDU, informa que la Facultad de Bromatología continúa el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente", aseguraron desde la entidad gremial.

La protesta afecta de manera directa a la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Gualeguaychú, donde la comunidad docente exige el efectivo cumplimiento de la Ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El referente local Diego Zanetti y el gremio provincial señalaron a este medio que "la propuesta del Gobierno nacional de un incremento salarial del 3% resulta totalmente insuficiente frente al deterioro constante de los ingresos". Desde el Frente Sindical Universitario sostienen "que la recomposición pendiente asciende al 33,4% y demandan, además, el reconocimiento de la deuda salarial acumulada."

El trasfondo del conflicto alcanza una dimensión de gravedad institucional en la provincia y la ciudad. La vigencia de una medida cautelar vinculada con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 mantiene en vilo el marco legal, dado que la propia Corte Suprema informó que el litigio iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional busca la aplicación inmediata de los incrementos que aten a los salarios a la inflación del INDEC.

Los datos oficiales del propio Gobierno reflejan la pérdida de poder adquisitivo: el Decreto 759/2025 reconoció que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los sueldos del personal universitario crecieron un 128,49%, frente a un IPC acumulado del 220,45%.

Desde Gualeguaychú, la docencia de la Facultad de Bromatología de la UNER remarcó: "El reclamo supera la paritaria salarial e involucra el sostenimiento integral de las funciones esenciales en Entre Ríos: docencia, investigación, extensión, becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios". La seccional ratificó su compromiso con una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad, e instó a la sociedad local a acompañar las acciones de visibilización.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó que dará continuidad a las medidas de protesta durante la próxima semana luego del paro nacional realizado en las instituciones educativas de todo el país. La decisión se adoptó tras el rechazo a la oferta del Gobierno Nacional en la última mesa paritaria, que consistió en una recomposición salarial del 3 por ciento para septiembre.

En el ámbito local, la jornada de protesta tuvo un alto impacto en la Facultad de Bromatología. Diego Zanetti, docente y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), brindó detalles sobre la repercusión de la medida en la ciudad y las acciones previstas para los próximos días.

"En la Facultad de Bromatología el paro ha tenido un acatamiento similar a los anteriores. Lo que se ha establecido con el correr del tiempo y la agudización del conflicto en estos tres años es un piso de entre el 70% y el 80% de acatamiento en cada una de las oportunidades que se hace un paro de estas características", dijo a El Argentino el dirigente sindical.

Respecto a la modalidad y al alcance de la medida en la unidad académica local, Zanetti explicó: "Este paro fue docente y no docente, por lo tanto se hace evidente fundamentalmente por aulas vacías de docentes que no desarrollan sus actividades de tipo presencial y por oficinas igualmente vacías porque los compañeros no docentes también están en la misma situación que nosotros. Hubo muy poca actividad, con una o dos aulas por turno, sin tareas de laboratorios ni clases ni administrativa".

En cuanto a la continuidad del reclamo en la ciudad, el representante de AGDU anticipó las modalidades de visibilización que implementarán los trabajadores. "La idea desde los gremios es mantener lo más que se pueda la visibilización de este conflicto. Seguramente la semana que viene tendremos algunas clases públicas en el marco de la jornada nacional. Nos estamos organizando con distintos espacios como la CTA, gremios docentes, grupos de estudiantes y no docentes para ir viendo la convocatoria a la próxima marcha federal, insistiendo por la implementación de la ley de financiamiento universitario y siguiendo atentos a las paritarias, intentando que el aumento sea superior al 3% ofrecido y se acerque a lo que legalmente nos corresponde", concluyó.

A nivel nacional, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) reportó un acatamiento casi total. El reclamo central del sector se enfoca en la actualización de los salarios, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición de los montos de las becas estudiantiles.

Según los gremios, la brecha para recuperar el poder adquisitivo perdido se ubica en torno al 32 por ciento. Las negociaciones paritarias tienen previsto un nuevo encuentro el próximo 17 de septiembre.

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en conjunto con organizaciones como FEDUBA, anunciaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida de fuerza profundizará el plan de lucha que mantiene el sector con el Ejecutivo nacional en demanda del envío de partidas presupuestarias y recomposiciones salariales.

Desde el ámbito universitario denunciaron que las casas de altos estudios no están recibiendo las transferencias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Autoridades del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) remarcaron que la falta de recursos afecta los gastos de funcionamiento operativo de las facultades y las becas estudiantiles, a pesar de existir fallos judiciales que exigen girar los fondos.

En materia salarial, las federaciones docentes cuestionaron que los aumentos de los últimos meses fueron fijados de manera unilateral y por debajo de la pauta inflacionaria. Según registros gremiales, los trabajadores del sector acumulan una pérdida de poder compra cercana a un tercio respecto a finales del año pasado.

La devaluación del salario impacta tanto en las dedicaciones simples y semi-exclusivas como en los cargos de dedicación exclusiva, lo que genera alarma por la posible fuga de profesores e investigadores formados dentro del sistema universitario. Por este motivo, las organizaciones exigen la apertura de negociaciones paritarias de forma urgente.

Los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) —Aduba en el sector docente y Apuba en el no docente— confirmaron un paro total de actividades para el próximo miércoles 12 de agosto, en reclamo por lo que califican como un triple incumplimiento en el financiamiento por parte del Gobierno nacional. La medida de fuerza, aprobada tras el inicio del segundo cuatrimestre, cuenta con el respaldo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), por lo que se prevé que la huelga se extienda a las casas de altos estudios de todo el país.

El conflicto se centra en tres ejes: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, la interrupción en las partidas prometidas para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios —que representan unos 50.000 millones de pesos—, y el no cumplimiento efectivo del fallo cautelar ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Dicha medida judicial obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde finales de 2023, así como a equiparar la totalidad de las becas estudiantiles.

Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano catalogaron la huelga como "ilegítima y prematura". Fuentes oficiales sostuvieron que la Administración Central cumplió con la pauta paritaria pactada en junio, la cual estableció un incremento del 21,33% en junio y contempló un 3% adicional para octubre. Además, indicaron que las transferencias del presupuesto ordinario se encuentran al día y remarcaron que se solicitó una partida ampliatoria de 1,3 billones de pesos para atender las demandas judiciales a medida que avancen las notificaciones formales.

Frente a la negativa del Gobierno, la comunidad universitaria planea profundizar las medidas con un plan de lucha que incluirá una semana de movilizaciones del 18 al 21 de agosto, abrazos simbólicos a los centros de salud universitarios y protestas frente a la Secretaría de Educación.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un Paro Nacional Docente el próximo lunes, en el marco del plan de lucha resuelto por su congreso ante la negativa del Gobierno nacional de convocar a paritarias.

“Está incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, remarcó el comunicado difundido.

Asimismo, manifestó: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación.

Además, la medida de fuerza será para pedir la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo; defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.

En la jornada también se rechazará el proyecto de Ley de Libertad Educativa por constituir un “grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”.

Según se informó, el Congreso continuará con el tratamiento del orden del día y definirá las estrategias a seguir en el marco del plan de lucha que el gremio docente viene desarrollando ante la falta de respuesta a las demandas salariales y en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el Gobierno provincial.

La convocatoria se da en un contexto de creciente conflictividad entre el sector docente y el Ejecutivo entrerriano, luego de las medidas de fuerza y acciones de difusión realizadas en distintos puntos de la provincia para manifestar el rechazo a la iniciativa de reforma previsional.

Desde el sindicato señalaron que el encuentro será clave para resolver los próximos pasos de la organización frente al escenario salarial y previsional.

La discusión sobre el futuro del sistema previsional entrerriano sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto alternativo por parte de la Multisectorial de Entre Ríos. El espacio, integrado por gremios y organizaciones sociales, llevó a la Cámara de Diputados un anteproyecto que plantea un camino distinto al impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

La propuesta se centra en la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper), diseñado como un instrumento de financiamiento estructural y solidario para enfrentar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Según el texto, el objetivo es garantizar la operatividad del sistema sin recurrir a la reducción de beneficios.

Uno de los puntos más relevantes es la defensa del carácter contractual del sistema previsional. La Multisectorial argumenta que, tras décadas de aportes, el trabajador cumple con su parte de un acuerdo que el Estado no puede romper unilateralmente. “El déficit previsional es una contingencia financiera del Estado y nunca puede ser utilizado como excusa para la regresión de derechos de los beneficiarios”, enfatiza el documento.

Finalmente, la iniciativa subraya que el riesgo de una gestión ineficiente o de cambios demográficos no debe recaer sobre los jubilados. “Si el Estado no gestionó eficientemente esos fondos o si las condiciones demográficas cambiaron, el riesgo debe ser asumido por la estructura estatal y no por el eslabón más débil. Restringir derechos hoy es una ruptura unilateral de un contrato social preexistente”, concluye el anteproyecto, que ahora deberá ser analizado por los legisladores provinciales.

La medida de fuerza impactará en universidades públicas de todo el país y se enmarca en un conflicto que viene escalando en las últimas semanas, con protestas, clases públicas y movilizaciones en defensa del sistema universitario tras la plena implementación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

Desde los gremios docentes señalaron que la ley —sancionada por el Congreso, promulgada hace seis meses y respaldada por amplias mayorías legislativas— aún no se cumple en su totalidad, lo que genera un fuerte desfinanciamiento en las casas de estudio. En ese sentido, apuntaron directamente contra el gobierno del presidente Javier Milei, a quien le exigieron “cumplir ya” con la normativa vigente.

“El paro total – que se aplicará desde el 27 de abril - es parte de un plan de lucha que va a continuar y profundizarse”, indicaron desde las organizaciones sindicales, al tiempo que adelantaron que la protesta será la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el mes de mayo, que buscará replicar y ampliar la masiva convocatoria registrada anteriormente.

El reclamo central gira en torno a la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, así como la recomposición salarial docente y la continuidad de programas académicos, de investigación y extensión.

En este contexto, las consignas difundidas por los gremios sintetizan el eje del conflicto: “Universidad pública siempre” y “Milei, cumplí la ley”, en una semana que se anticipa clave para el futuro inmediato del sistema universitario argentino. Diario Junio

Estas acciones forman parte de la Campaña de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), que la provincia implementa desde 2006 entre abril y julio, con posibilidad de extensión según la situación epidemiológica. La estrategia tiene como objetivo reducir la morbimortalidad en la primera infancia.

Para optimizar la respuesta, la cartera sanitaria trabaja en la reorganización de los servicios de salud a fin de brindar atención prioritaria y diferenciada a menores de seis años que concurran con síntomas respiratorios. De esta manera, se prevé establecer en las próximas semanas 10 postas en las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. No obstante, este año, todos los establecimientos de salud de la provincia atenderán estas patologías.

En paralelo, se insiste en la importancia de sostener las siguientes medidas de prevención:

Asimismo, se recomienda no fumar y evitar el uso de braseros, hornallas u hornos para calefaccionar, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en épocas de frío. Finalmente, ante síntomas como tos, fiebre, congestión o dificultad respiratoria, se debe consultar de forma inmediata en el hospital o centro de salud más cercano.

En este marco, más de 250 trabajadores participaron de una capacitación virtual sobre IRAB, dirigida a equipos de salud de toda la provincia, incluidos médicos, enfermeros, agentes sanitarios y profesionales de diversas especialidades.

Durante la jornada se remarcó la importancia de la detección oportuna, la adecuada derivación y la articulación entre los distintos niveles de atención para evitar cuadros graves.

En Gualeguaychú se vivió una nueva jornada de lucha docente con el objetivo de visibilizar la situación docente. Esta vez, se organizaron en toda la provincia de Entre Ríos, volanteada en los carteles de cada localidad. En la ciudad la concentración se realizó en el cartel de "Gualeguaychú" de la Oficina de Turismo en calle Artigas y Pedro Jurado.

Soledad Ponce, referente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Seccional Gualeguaychú, explicó: "La medida forma parte de una acción provincial en los ingresos a las localidades donde el sindicato tiene presencia". Las fotos con los carteles y los nombres de las ciudades se difundirán en redes sociales como parte de una campaña de concientización y visibilización. Los volantes que se repartieron a la comunidad manifiesta el reclamo que realiza el sector y acompaña la defensa de la escuela pública.

Ponce subrayó: "La situación económica de los trabajadores de la educación es crítica. Tenemos maestras y maestros que están cobrando apenas el 20% de su sueldo, endeudados en un 80% con bancos, tarjetas y mutuales. Es imposible sostener una familia con 750.000 pesos pagando alquiler”. La dirigente enfatizó que la crisis no afecta solo a los docentes, sino a toda la comunidad que depende de la educación pública, y denunció: El gobierno provincial vino a castigarnos, a decirnos que somos el problema y que debemos hacernos cargo de un déficit que no está claro”.

Uno de los puntos más sensibles de la protesta es la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo. Según Ponce: “Nos invitan a reuniones donde somos convidados de piedra, esperando que hagamos aportes para una reforma que no queremos y con la que no estamos de acuerdo. Desde hace mucho tiempo ya hemos marcado que no vamos a ceder”, afirmó. La recomposición salarial decretada por el gobierno, agregó, “no llega ni al 20% de lo que necesitamos y encima es en negro, afectando a la Caja y a la obra social”.

La referente de Agmer destacó la unidad con otros gremios, como ATE, que presentó un proyecto de reforma previsional en defensa de los derechos adquiridos. Aunque reconoció que existen diferencias en algunas posturas, remarcó que la lucha es conjunta: “Este gobierno nos está afectando a todos y a todas. No vamos a dejar de luchar en unidad”. En este sentido, acompañaron la actividad jubilados de la policía, manifestando el apoyo a la lucha docente y a su vez realizando un reclamo por su sector y la recomposición de sus haberes.

La jornada en Gualeguaychú se inscribe en un contexto provincial de creciente malestar docente, con reclamos por salarios dignos, condiciones laborales y defensa de la previsión social. Ponce adelantó que la semana próxima habrá nuevas actividades en conjunto con otros sindicatos, reforzando la idea de que la resistencia será sostenida y organizada.

La crítica situación presupuestaria de las universidades públicas en la gestión de Javier Milei derivó en un nuevo paro nacional convocado por los gremios docentes y Nodocentes. El martes 31 de marzo será la fecha central de la protesta, que busca visibilizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y reclamar recomposición salarial.

La Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) llamó a un paro para el 31 de marzo, al que se sumaron la mayoría de los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades: Fedun, Conadu, Conadu Histórica, UDA, Ctera y Fagdut (docentes de la UTN). La medida se enmarca en un plan de lucha que incluye paros escalonados los días 30 y 31 de marzo, 1 de abril, y luego el 8 y 17 de abril.

La Federación de Docentes de la UTN (Fagdut) anunció un paro de cinco días en reclamo de salarios dignos y para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de la ley vigente. “Enseñar no debiese ser un sacrificio”, señaló su secretario general, Ricardo Mozzi, quien advirtió sobre el éxodo de docentes por la pérdida del poder adquisitivo.

Durante las jornadas de paro no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional ni en su instituto preuniversitario. Los gremios denunciaron que el Ejecutivo aplicó aumentos retroactivos acumulativos de apenas 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, muy por debajo de la inflación acumulada del 280% desde el inicio del gobierno.

Según Fagdut, los trabajadores percibieron “casi nueve salarios menos” respecto a lo que hubiesen cobrado si los ajustes hubieran seguido el ritmo inflacionario. Mozzi calificó la situación como “vergonzosa” y advirtió que el ajuste unilateral “castiga a las universidades públicas”.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, también se sumó a la medida de fuerza. El sindicato cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el nuevo proyecto del gobierno que se debatirá en el Congreso, al considerar que no recompone las pérdidas salariales de 2024 y 2025.

La protesta se inscribe en un contexto de creciente malestar en el sistema universitario, que denuncia falta de recursos para garantizar educación de calidad y advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales en las casas de altos estudios.

Fuente: Infogremiales / APFDigital

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) llevó adelante este viernes un paro en las universidades nacionales, en rechazo a la nueva ley de financiamiento universitario, a la reforma laboral y al ajuste que afecta a la educación pública. La medida se enmarca en el plan de lucha de Conadu y se suma al paro nacional docente convocado por CTERA para el lunes 2 de marzo.

Durante la jornada, en Paraná, los docentes se concentraron frente a la Caja de Jubilaciones junto a la Multisectorial contra la reforma laboral, visibilizando el reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el plenario de delegados de Conadu, realizado tras el acatamiento de la medida, se resolvió profundizar el plan de lucha con una semana de paro del 16 al 22 de marzo, en defensa de la educación pública y por mejoras salariales.

“La unidad del movimiento docente es hoy más necesaria que nunca. Universidad y escuela pública enfrentan el mismo ajuste. La Ley de Financiamiento Universitario fue conquistada en las calles y votada por el Congreso, y no vamos a permitir que se desconozca. Por eso decidimos dar continuidad al paro con una semana completa en marzo”, afirmó Diego Zanetti docente y referente universitario.

“En el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Conadu se resolvió declarar la sesión permanente ante el intento del gobierno de modificar la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar en un nuevo recorte que pretende pagar apenas un 12% del 55% que corresponde por recomposición salarial. Frente a una situación salarial insostenible y a un clima de bronca fundado en padecimientos materiales concretos —el pluriempleo, el endeudamiento, el deterioro en la salud— se definió convocar a una semana de paro completa, como primer paso de un plan de acción que puede profundizarse hacia medidas de mayor alcance si no se cumple la Ley”.

Finalmente, el dirigente destacó: “Se acordó también fortalecer la articulación con el Frente Sindical Universitario y avanzar en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria. Sería durante la semana del 2 de marzo, y se impulsarán acciones de visibilización, junto a la organización del Congreso de la Federación —aproximadamente el 12 y 13 de marzo— donde se definirá la continuidad del plan para todo el semestre. Consideramos estar ante un momento decisivo. Defender la Ley de Financiamiento Universitario es defender la existencia misma de un sistema universitario público, federal y con futuro. No se trata solo de salarios, sino del derecho a enseñar, investigar y garantizar universidad para las próximas generaciones”.

El reclamo docente universitario se inscribe en un contexto de ajuste presupuestario y de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplia mayoría y ratificada tras el veto presidencial. La norma establece un incremento progresivo de los recursos destinados al sistema universitario, pero el Gobierno nacional lleva meses sin aplicarla.

La situación salarial de los docentes se ha vuelto insostenible, con pérdida del poder adquisitivo, pluriempleo y endeudamiento. A ello se suma el deterioro en las condiciones de salud y trabajo, lo que alimenta un clima de bronca y movilización.

La semana de paro del 16 al 22 de marzo será el primer paso de un plan de acción que podría profundizarse hacia medidas de mayor alcance si no se cumple la Ley. La articulación con el Frente Sindical Universitario y la organización de una Marcha Federal Universitaria buscan darle mayor visibilidad al conflicto y sumar fuerzas en defensa de la universidad pública.

El Congreso de la Federación, previsto para mediados de marzo, será clave para definir la continuidad del plan de lucha durante todo el semestre.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ratificó su adhesión al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para el próximo lunes. Tras el congreso realizado este lunes por la mañana, la entidad confirmó la medida de fuerza y anunció acciones locales y departamentales en el marco del paro.

Agmer exige la apertura de la paritaria docente nacional, mayor financiamiento educativo y rechaza el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno nacional. Por la tarde, el sindicato participó junto a AMET, Sadop y UDA de la primera reunión paritaria del año. Allí, el Ejecutivo provincial ofreció una suma no remunerativa de 45 mil pesos para activos y 30 mil para pasivos, la continuidad del bono de 25 mil para docentes con más de 10 años de antigüedad y un incremento del 50% en la Ayuda Escolar.

Los gremios rechazaron la propuesta y se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes, que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor de cinco días.

El congreso extraordinario de Ctera resolvió implementar un paro de 24 horas el lunes 2 de marzo. Entre los ejes del plan de lucha se encuentran la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, la entidad liderada por Sonia Alesso reiteró su rechazo a “toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”. También demandó condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

Señalaron la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública y anunciaron que durante todo marzo se realizarán acciones para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado del proyecto de Ley de Libertad Educativa y las consecuencias que implicaría para la educación pública”. Fuente APFDigital.

Autoridades del gobierno entrerriano y representantes de gremios docentes se reunieron este lunes por primera vez en el marco de la paritaria 2026. El encuentro se llevó adelante en la Secretaría de Trabajo, con presencia del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y referentes de los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA, pudo registrar AHORA.

Según supo este medio, la Casa Gris ofreció $45 mil no remunerativos y no bonificables, $25 mil fijos con el mismo carácter que el año pasado para docentes con más de 10 años de antigüedad, un incremento de Ayuda Escolar del 50% y $30 mil no remunerativos para jubilados.

Por lo pronto, el inicio del ciclo lectivo con normalidad está en duda, dado que Ctera ha anunciado un plan de lucha nacional que incluye 24 horas de paro el lunes 2 de marzo, día previsto para el comienzo de las clases. La central educativa solicita, entre otros puntos, que se reabra la paritaria nacional. Agmer ya adelantó que se pliega a la huelga.

La negociación salarial se abrió a pocas horas de que la Administración provincial haya cerrado exitosamente un entendimiento con los estatales. El viernes último, UPCN firmó un acuerdo por una suma fija no remunerativa de entre $150 mil y $320 mil, lo cual representa -según lo informado oficialmente- casi un 16% de incremento en promedio.

Trabajadores de la salud de la ciudad denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza, falta de reconocimiento profesional y ausencia de pase a planta permanente. La protesta se visibiliza con un acampe y acciones comunitarias que buscan concientizar sobre la crisis del sistema sanitario.

Con salarios congelados, puestos vacantes sin nombramiento y ausencia de reconocimiento profesional, los trabajadores y las trabajadoras de enfermería decidieron organizar un acampe el próximo 13 de febrero, de 8 a 22 horas, en el que se realizarán actividades de concientización y controles gratuitos para la comunidad.

Lucía Almada, enfermera del Hospital, explicó la situación del sector: “Los trabajadores de enfermería y del equipo de salud de la ciudad atravesamos una situación crítica que nos llevó a iniciar un plan de lucha para visibilizar la profunda precarización laboral que padecemos desde hace tiempo, con movilizaciones y abrazo simbólico”.

En relación a la problemática salarial, Almada mencionó: “Los salarios del sector se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Hace 10 meses que no recibimos aumento, estamos con un básico de 267 mil sin alcanzar a cubrir la canasta básica, pese a la alta responsabilidad que implica el cuidado de la salud de la comunidad.”

La enfermera detalló, además, que la protesta no afectará la atención de los pacientes: “El acampe se desarrollará sin abandonar los servicios ni afectar la atención, ya que la protesta se lleva adelante en horas de descanso del personal. El objetivo es dialogar con la población y dejar en claro que la lucha no es solo por mejores salarios, sino también por una salud pública de calidad”

Soraya Barboza, otra de las trabajadoras autoconvocadas, remarcó que la problemática excede lo salarial y se vincula con la falta de estabilidad laboral: “Iniciamos esta lucha sin bandería ni color político y gremial, es importante aclarar esto. Teniendo en cuenta que nos acompaña mucha gente. Por ejemplo, los médicos siempre nos apoyan en la lucha, ellos saben lo mal paga que está la enfermería y que no hay nombramientos en planta hace años. Parte de las chicas de maestranza, parte de la administración, mucha gente que trabaja en el Hospital también nos apoyan”.

La situación se repite en distintos sectores del hospital, como relató Barboza: “Hay gente de 10 años y más en la misma condición. Yo misma llevo 8 años y todavía sigo en puesto vacante.”

Soraya explicó la diferencia entre suplentes y puestos vacantes: “Los puestos vacantes son suplentes que esperamos el nombramiento. La diferencia es que no figurás en el padrón de suplentes, sino que pasás a esperar el puesto que dejó el personal que se jubiló. Es un reclamo legítimo que tenemos hace muchos años. Yo trabajo en clínica: de los 28 enfermeros solo dos son planta, la jefa y la subjefa. Todos los demás somos puestos vacantes.”

El colectivo de enfermería autoconvocada reclama la apertura inmediata de paritarias, la recomposición salarial, el reconocimiento de las especialidades y el pago de extras adeudados. La consigna que atraviesa la protesta es clara: “Defender a quienes cuidan es defender la salud pública”.

Martes y miércoles salen por las calles y comercios a repartir folletos: “Por la mañana repartimos folletos en todo el hospital y vamos a salir por la tarde a pegarlos en diferentes partes de la ciudad”, concluyó Barboza.

Los trabajadores advierten que no puede sostenerse un sistema sanitario fuerte con empleados empobrecidos y sin derechos laborales básicos. Por eso convocan a toda la comunidad de Gualeguaychú a acompañar la medida, entendiendo que el reclamo es justo y necesario para garantizar condiciones dignas de trabajo y una atención segura y humana para todos.

El primer plenario del año de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), realizado el 6 de febrero, definió por unanimidad un plan de lucha que incluye participar del paro del miércoles 11, impulsar jornadas de paro en marzo y organizar una marcha federal en defensa de la universidad pública. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó como gremio de base en la reunión.

Los dirigentes universitarios advirtieron que la mayoría de los docentes perciben sueldos de 250 mil pesos desde hace un año, sin aumentos. “La situación es insostenible”, señalaron, y exigieron al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, conquistada con movilizaciones de toda la comunidad académica.

Entre los puntos más urgentes, se pidió el restablecimiento de la paritaria nacional para discutir recomposición salarial, estabilidad laboral y acceso a una cobertura de salud digna. El plenario también ratificó la necesidad de articular con otros actores sociales para fortalecer la defensa de la universidad pública.

El plan de acción aprobado incluye:

Un nuevo plenario se realizará a finales de febrero para evaluar los resultados de las consultas y definir la continuidad de las medidas durante el cuatrimestre. Fuente: APFDigital

El fin de semana, organizaciones piqueteras y sindicatos de base definieron un plan de lucha contra el Gobierno con eje en la reforma laboral. Mientras Javier Milei busca aprobar el proyecto en el Senado el próximo 11 de febrero, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines resolvieron iniciar las acciones este miércoles 4, con una movilización al Congreso Nacional. La protesta comenzará a las 17 horas y finalizará con un acto en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará una “radio abierta” para sumar apoyos contra la reforma.

La jornada se enmarca en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como tema central. Según anticiparon las organizaciones, será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

En ese escenario, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto por despidos en Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte impulsaron plenarios abiertos en distintos puntos del país para discutir cómo enfrentar la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, señalaron los delegados.

Leandro Gómez, delegado de Lustramax, apuntó contra la dirigencia sindical tradicional: “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o negocia nuestros derechos, decidimos empezar a autoorganizarnos. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego”.

Los plenarios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados. También asistieron referentes de la izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes respaldaron la iniciativa.

El encuentro también resolvió reforzar la solidaridad con los conflictos en curso en diversas empresas, que los organizadores definieron como intentos de “quebrar por hambre” a los trabajadores. Para ello, propusieron la creación de un fondo nacional de lucha.

La movilización del miércoles 4 fue convocada junto a organizaciones piqueteras y agrupaciones de jubilados, que este lunes realizarán un plenario autoconvocado para ultimar detalles. Desde esos sectores advirtieron que la reforma laboral impactará directamente sobre el sistema previsional, al redirigir aportes patronales a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. “Vamos por el paro, la movilización y un plan de lucha. A los jubilados nos afecta de lleno esta ley”, señalaron en un comunicado.

Es muy probable que el día que se trate el proyecto de “modernización laboral” en el Senado, los piqueteros confluyan con los movimientos sociales agrupados en la UTEP, junto con sectores del sindicalismo como las CTA y gremios como la UOM y Bancarios. Mientras el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios, desde el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras anticipan que la conflictividad aumentará en las próximas semanas. El objetivo declarado es llegar al 11 de febrero con una movilización masiva y sostener medidas de fuerza si el proyecto avanza, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno libertario y los sectores que se sienten directamente amenazados por la reforma.

Los trabajadores judiciales de la provincia concretarán este viernes una nueva jornada de protesta, en el marco del plan de lucha dispuesto por la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER). La medida busca visibilizar el reclamo por una urgente recomposición salarial y el cumplimiento de pagos adeudados por parte del Ejecutivo.

Tal como lo había anunciado el gremio a principios de mes, el calendario de protestas contemplaba paros los días 5, 12 y 19 de diciembre, siendo esta última fecha la tercera instancia de interrupción de tareas en lo que va del mes.

El reclamo por los retroactivos

"Además de tener los sueldos con un gran atraso, el Gobierno nos debe los retroactivos de septiembre y octubre, y no nos paga los aumentos en tiempo y forma", señaló Chechi Segura, Secretario General de AJER, al explicar los motivos de la convocatoria.

El dirigente gremial manifestó su preocupación por la falta de certezas en el cronograma de pagos: "Al día de hoy no hay fecha para los retroactivos y no estarían liquidando los últimos aumentos ni con el aguinaldo ni con el sueldo de diciembre". Ante esta situación, el sindicato ya formalizó el reclamo ante las autoridades correspondientes para exigir la regularización de las liquidaciones.

Rechazo a los cambios en la movilidad jubilatoria

Otro de los ejes centrales del conflicto es el malestar generado por las posibles modificaciones en el sistema previsional. Segura fue tajante al respecto: "A esto hay que sumarle la decisión de modificar las condiciones de jubilación, cambiando el cálculo de la movilidad, que ya no será como hasta ahora".

Finalmente, el referente de los judiciales hizo un llamado a la unidad del sector: "Convocamos a las trabajadoras y trabajadores judiciales a redoblar la determinación con la que llevamos adelante las medidas de fuerza en defensa de nuestros derechos". (Fuente: APFDigital)

Este jueves por la mañana ATE concentró en su sede central (Colón 59) a las 9:30 y a eso de las 10 de la mañana se dirigió hasta la Secretaría de Trabajo. La jornada estuvo marcada por el calor del sol y los presentes utilizaron diversos lentes de sol y sombreros además de las pecheras verdes.

Entre las banderas más notorias, además de la de la entidad sindical, se encontraron la de las trabajadoras de desarrollo humano y la del personal del Hospital Escuela de Salud Mental que decía “sin salarios dignos no hay salud mental”.

Además, la izquierda acompañó en la movilización a ATE y llevó una bandera que decía “plan de lucha unificado contra el ajuste de Frigerio”. En esta movilización fue muy notoria la presencia de muchas mujeres.

El canto que se escuchó durante el recorrido fue “che Frigerio, no te lo decimos más, si no abren paritarias ¡qué quilombo se va a armar!”. Una de las variantes de la canción fue reemplazar el apellido del gobernador, Rogelio Frigerio, por el del Secretario de Trabajo de la Provincia, Mariano Camoirano. También se escuchó “unidad de las trabajadoras”.

La movilización fue recibida por más trabajadores en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo, ocupando media cuadra de Buenos Aires entre Cervantes y 25 de Junio, y entonaron “unidad de los trabajadores” y “che, Frigerio”. Un dato no menor a tener en cuenta es que se entregó un petitorio para reabrir el diálogo paritario.

Voces del interior y sectoriales

A continuación, comenzaron los oradores. El primero fue el Secretario del Interior, Esteban Olarán, quien ratificó la razón del paro activo, denunció, que después de los resultados electorales, el gobierno "se subió arriba de un pony" buscando "congelar el salario", y tampoco quieren concretar las recategorizaciones ni la continuidad de los trabajadores contratados.

El segundo fue el representante de La Paz quien enfatizó que la situación de precariedad salarial era generalizada, señalando que "hace cinco meses el salario es sachado" en $50.000, un monto que resultó insuficiente y fue la razón principal de la presencia en la movilización.

Además de los reclamos generalizados el orador extendió los pedidos más allá de su seccional al solicitar un bono para los trabajadores municipales de Santa Elena y San Gustavo, quienes cobraban "sueldos muy mínimos”. Finalmente, el mensaje fue un llamado a la acción sostenida, instó a "seguir luchando”.

El tercero en hablar fue el representante de Feliciano quien denunció que la situación es "caótica" y que los problemas exceden las paritarias, ya que los jubilados llevan "cuatro o cinco meses" sin recibir medicamentos oncológicos y para enfermedades crónicas por parte de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La esencia del mensaje fue la necesidad de un "Estado presente" para proteger a los humildes, argumentando que solo la oligarquía puede permitirse "vivir atrás de un alambrado en un country". Hizo un llamado enfático a la dirigencia de oposición para que "se dejen de hacer los pelotudos" y no acompañen las políticas neoliberales. Finalmente, invitó a construir un "frontón de resistencia".

La intervención concluyó con un llamado urgente a la unidad de "toda la clase trabajadora" para combatir la miseria, recordando que se acerca "otra Navidad en la que los trabajadores probablemente no les alcance para tener una cena navideña digna" debido a los salarios "cada vez más magros".

A continuación, la representante de Gualeguaychú denunció el "odio que han sembrado a nivel social" haciendo ver a los trabajadores como el enemigo, a pesar de que la promesa de campaña fue ir contra la casta, la cual no está en la calle, sino los trabajadores y sus familias.

Finalmente, se dirigió directamente a Frigerio y su gabinete para asegurar que "ATE no va a parar", destacando la trayectoria del gremio con "100 años de lucha" y prometiendo que seguirá peleando "otros 100 años más".

La siguiente oradora fue la representante de los jubilados que se dirigió duramente al gobernador, exigiendo respeto con la frase "los jubilados no somos la resaca de los empleados públicos" y condenando la insuficiencia del bono de $25.000, un monto que "no le alcanza porque va al supermercado y cada vez las cosas están más caras" mientras los sueldos son "cada vez más miserable".

Acusó al gobernador de haber venido a "llevarse la provincia puesta" y de buscar modificar la ley de jubilaciones para reducir beneficios. El foco principal de su reclamo, además del aumento de haberes para superar la inflación, fue la crisis de la obra social Iosper, que "no está funcionando", y señaló que quienes se están "llenando los bolsillos" son los funcionarios "cipayos, los porteños que nos vienen a gobernar" a quienes identificó como la verdadera casta.

Finalmente, tildó al gobernador de "unitario" y dijo que “si Urquiza viera a Frigerio, se volvería a morir”.

Sin avances en la paritaria estatal y con versiones que estiran la negociación hasta febrero, UPCN Entre Ríos definió este jueves una nueva etapa de medidas de fuerza. En un plenario de cuerpos orgánicos realizado en la sede provincial, el sindicato resolvió por unanimidad convocar a un paro activo el martes 9 de diciembre, acompañado de asambleas en todos los lugares de trabajo entre el 1° y el 5 de diciembre.

El secretario general, José Ángel Allende, advirtió que el reclamo apunta exclusivamente a reabrir la discusión salarial, congelada desde julio. “Pretendemos que el gobierno nos llame en forma urgente”, expresó al confirmar la profundización del plan de lucha.

El gremio resolvió además llevar adelante acciones de visibilización para exponer la situación del personal estatal y los motivos de la protesta. Allende aclaró que no están en debate otros temas de la agenda laboral: ni recategorizaciones, ni concursos, ni la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo. Sostuvo que ese marco normativo será clave para mejorar condiciones, derechos y la carrera administrativa, y afirmó que “tiene que salir antes de fin de año”.

Con el estado de alerta vigente y sin señales oficiales de convocatoria, UPCN buscará sostener presión sobre el Ejecutivo en las semanas previas al cierre del calendario 2025.