El salario real del sector privado acumuló en junio una caída del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la mitad de los trabajadores registrados percibió menos de $1.385.000 de bolsillo. Los datos oficiales mostraron que los ingresos continuaron sin recuperar poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación.

Según informó la Secretaría de Trabajo a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la remuneración promedio de los asalariados formales privados se mantuvo sin variaciones reales durante junio respecto de mayo. Sin embargo, al ampliar la comparación a los últimos 12 meses, registró una contracción del 2,8%.

La pérdida resultó todavía mayor frente al máximo alcanzado durante la actual gestión nacional: respecto de febrero de 2025, el salario real retrocedió 4,2%. En comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior, la variación fue negativa en 0,8%.

Los datos de julio anticiparon otra caída

La información provisoria correspondiente a julio mostró que la tendencia negativa habría continuado. Según el relevamiento oficial, los salarios registrados del sector privado experimentaron una nueva caída real mensual del 1,1%.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron además una diferencia entre lo acordado en las paritarias y los ingresos que finalmente reciben los empleados. “En los últimos meses, la dinámica de los salarios determinados en la negociación colectiva es superior a la de los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, un escenario inverso a lo observado durante los últimos dos años”, explicaron.

El panorama, además, presentó fuertes diferencias entre las actividades económicas. Mientras algunos sectores consiguieron incrementar sus remuneraciones por encima de la inflación, otros acumularon pérdidas de poder adquisitivo.

Qué sectores perdieron más poder adquisitivo

Entre las actividades con mayores caídas salariales reales se ubicaron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un retroceso acumulado del 4,3%; Comercio, con una baja del 3%; y Salud, donde la disminución alcanzó el 2,7%.

En el extremo opuesto se encontraron Hotelería y restaurantes, con una mejora real del 11,8%; Servicios comunitarios, sociales y personales, con un incremento del 7,6%; y Servicios empresariales e inmobiliarios, con un avance del 6,9%.

En la industria, en tanto, el poder adquisitivo se mantuvo prácticamente estable. Sin embargo, el sector experimentó un fuerte ajuste en términos de empleo: desde fines de 2023 perdió alrededor de 88.500 puestos de trabajo. El dato adquiere relevancia debido al peso que tienen la industria y el comercio dentro del empleo privado registrado.

La mitad cobró menos de $1.385.000 de bolsillo

Otro de los datos que reflejó la situación de los ingresos estuvo relacionado con la distribución salarial. De acuerdo con el SIPA, el 50% de los trabajadores registrados del sector privado tuvo en junio una remuneración bruta inferior a $1.668.430.

Al descontar los aportes correspondientes, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, estimó que ese nivel equivalió a un salario de bolsillo inferior a $1.385.000 para la mitad de los asalariados formales privados.

La cifra quedó por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar. Durante junio, esa canasta había alcanzado aproximadamente los $1.531.473 y, para agosto, ya había superado los $1,6 millones.

Fuente: ElOnce

La Secretaría de Trabajo de la Nación apunta a que exista un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos mientras se negocian los convenios colectivos de trabajo luego de la aprobación de la reforma laboral.

Desde la cartera liderada por Julio Cordero aseguraron que impulsan paritarias con un “salario mínimo garantizado”. “El monto, al menos para agosto de 2026, es de 1.070.000 pesos”, explicaron fuentes oficiales.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos. Ya se lo estamos comunicando sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso como Maestranza, Uocra, Sanidad”, agregaron.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los salarios establecidos en los principales acuerdos colectivos del sector privado tuvieron desempeños muy diferentes frente a la inflación. Así lo indica el informe “Panorama mensual del trabajo registrado” de agosto de 2026, realizado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El reporte analizó la evolución de los salarios definidos en paritarias durante los últimos doce meses y destaca brechas superiores a quince puntos porcentuales entre las actividades con mejor y peor resultado.

El relevamiento enmarca esta dispersión en un contexto de mayor deterioro del poder de compra. En junio de 2026, el salario promedio en el empleo privado registrado disminuyó 0,9% en términos reales, considerando cifras desestacionalizadas, tras una baja del 2,9% en mayo.

Así, el ingreso real de junio se ubicó, por primera vez en veinte meses, por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una diferencia de 0,6 por ciento. En ese marco, el documento precisa que los salarios acordados en convenios colectivos “tuvieron una merma más limitada”, con una caída real del 0,7% en los dos meses más recientes analizados.

El análisis anual clasifica los convenios en tres grupos según la evolución frente a la inflación: siete acuerdos lograron mejoras en el poder adquisitivo, otro conjunto mostró variaciones cercanas a cero o leves bajas y un tercer segmento registró caídas superiores al 10% interanual.

Al comparar junio de 2025 con junio de 2026, el mayor incremento real se registró en Encargados de edificio, con una suba del 5,9 por ciento. Camioneros se ubicó en segundo lugar, con 3,1% de mejora. Construcción y Farmacia compartieron el tercer puesto, con aumentos del 2,5%. También obtuvieron mejoras Entidades deportivas y civiles (1,7%), Aceiteros (1,6%) y Seguros (1,6%).

Por debajo de estos, se encuentran los convenios que conservaron prácticamente el mismo poder de compra. Bancarios no tuvo variación, mientras que los acuerdos de Industria de la carne y Químicos presentaron descensos marginales del 0,6%, indicadores que el informe asocia con un escenario de “estabilidad” en medio de la dispersión general de los salarios negociados.

A partir de ese punto, la mayoría de los convenios relevados reflejó caídas en el poder adquisitivo. Pasteleros bajó 1,3%, Transporte automotor 1,7%, Madera acumuló un descenso del 2,4% y Concesionarios de autos registró una merma del 3,2 por ciento.

En el grupo con mayores pérdidas aparecen cuatro convenios con caídas de dos dígitos: Calzado retrocedió 10,5%, Comercio 11%, Metalúrgicos 12,4% y Textiles terminó el año con la mayor baja, del 12,6 por ciento. Según el informe, este último conjunto representa a los sectores más afectados, con pérdidas que superan las diez unidades porcentuales en el poder de compra durante el último año.

Además de analizar las variaciones porcentuales de los salarios negociados en cada paritaria, el informe presenta un estudio de la mediana salarial por convenio colectivo de trabajo correspondiente a marzo de 2026, elaborado a partir de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este análisis permite clasificar los sectores según el nivel salarial realmente percibido por los empleados, independientemente de los cambios relativos durante el año.

El sector bancario lidera el listado, con una mediana salarial de $4.390.369, cifra ampliamente superior a la de los demás rubros evaluados. En el segundo lugar se encuentran Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con una mediana de $1.977.412, seguidos por Entidades deportivas y sociales, con $1.967.887, y Alimentación, con 1.959.483 pesos.

En el extremo inferior del ranking aparecen Construcción, con una mediana de $1.001.342, y Gastronomía, que muestra el menor valor registrado, con 803.991 pesos.

Fuente: Infobae

La capacidad de inversión en el campo muestra un comportamiento heterogéneo según la actividad productiva. Mientras que la ganadería vacuna y los principales granos mejoraron su poder de compra para acceder a bienes de capital, la lechería y economías regionales como la yerba mate enfrentan un escenario más complejo, con costos que superan sus promedios históricos.

A través de un enfoque insumo-producto, el informe mensual de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) analizó la capacidad de compra de siete productos clave (soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche y yerba) para acceder a 20 variables de costos e inversiones.

En la agricultura, la soja registró la relación más favorable para adquirir vehículos. La pick up demandó 107 toneladas, un 20% menos que hace un año y un 10% por debajo del promedio quinquenal. Asimismo, la adquisición de una sembradora exigió 313 toneladas de soja, una mejora del 27,8% interanual. Por su parte, la compra de una cosechadora requirió 2.263 toneladas de maíz (un 6% menos) y 2.020 toneladas de trigo (un 5% menos).

En la otra cara de la moneda, la lechería y la yerba mate sufrieron retrocesos:

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a las proyecciones cambiarias del Poder Ejecutivo para los próximos meses y consideró como una posibilidad que la cotización del dólar se ubique en un rango de entre $1.700 y $1.800. Sin embargo, el funcionario desestimó de manera categórica que este escenario implique un salto cambiario brusco, asegurando que la economía mantiene parámetros de estabilidad que descartan correcciones de magnitud similar a las registradas en otros períodos históricos.

Durante una entrevista con el canal de streaming Carajo, el portavoz sostuvo que el movimiento en la divisa no respondería a un atraso cambiario significativo, un concepto que calificó como complejo de ponderar de forma precisa. Para fundamentar la solidez de la estrategia cambiaria, Ravier destacó que el Banco Central continúa con la acumulación de reservas internacionales y ponderó el superávit de la cuenta corriente como factores centrales para preservar la previsibilidad en el mercado local.

Las declaraciones oficiales coinciden con la atención del mercado financiero puesta en el escenario internacional, marcada por la entrada en vigencia de un nuevo paquete de aranceles dispuesto por la administración de Donald Trump en Estados Unidos que alcanza a más de 60 países, entre los que figura la Argentina. A este contexto se suma la volatilidad del precio del petróleo Brent, afirmado cerca de los 100 dólares por barril, variables que serán monitoreadas por los inversores para evaluar su repercusión en la plaza financiera nacional.

La carne vacuna ocupa un lugar central en la mesa de los argentinos, pero ese vínculo viene atravesando cambios profundos en los últimos años. Los vaivenes de la economía, la evolución de los precios relativos y las decisiones que toman los frigoríficos a la hora de definir qué parte de la producción se destina al mercado interno y cuál se envía al exterior terminan moldeando, mes a mes, cuánta carne llega finalmente a los hogares. El primer semestre de 2026 dejó en evidencia hasta qué punto esos factores pueden combinarse para golpear el consumo.

Según el último informe económico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento del mercado doméstico de carne vacuna cayó 11,5% en la comparación interanual durante enero-junio de este año. El consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso, casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025. Fue, además, el peor primer semestre de los últimos 30 años.

La entidad explicó que esa retracción respondió, principalmente, al menor poder adquisitivo de los hogares, golpeado por el encarecimiento de la carne vacuna en relación con otros alimentos. En ese sentido, el promedio de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47 kilos por habitante al año, un nivel 8,2% inferior al registrado un año atrás, lo que equivale a 4,2 kilos menos por persona.

Precios en alza y menor poder de compra

El informe de Ciccra señala que “el abastecimiento del mercado doméstico experimentó una caída de 11,5% anual, producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”. Esa suba de precios no fue pareja entre los distintos cortes, pero sí generalizada.

De acuerdo con los datos que releva el Indec y que la cámara recopila en su informe, el rubro carnes y derivados acumuló un incremento de 45% en los últimos doce meses, muy por encima del 33,5% que marcó el índice general de precios al consumidor en el mismo período. Dentro de ese rubro, fueron los cortes vacunos los que más treparon, con un alza de 53,6% anual, mientras que el pollo entero, que compite como sustituto en las decisiones de compra de muchas familias, aumentó a un ritmo bastante menor, de 29,9% anual. Esa brecha ayuda a explicar por qué buena parte de los consumidores optó por reducir las cantidades adquiridas o por volcarse hacia otras proteínas.

Menos producción, pero también más exportaciones

La caída del consumo interno no puede explicarse únicamente por los precios. También influyó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un 8,9% menos que en igual período de 2025, en el marco de un proceso de menor disponibilidad de hacienda para faena que la industria viene atravesando desde hace tiempo. Esa menor faena se tradujo en una producción de carne vacuna de 1,428 millones de toneladas, con una baja de 6,2% respecto de igual semestre del año pasado.

Sin embargo, la producción no cayó al mismo ritmo que el consumo. La razón está en que las exportaciones tomaron un camino inverso: en los primeros seis meses del año sumaron 408,6 mil toneladas, un 10,2% más que en el mismo período de 2025. Esto significa que, del total de carne vacuna producida en el país, una porción mayor que en años anteriores se destinó a los mercados externos y una porción menor quedó disponible para el consumo local. Según Ciccra, la proporción de la producción que fue a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la que se destinó al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.

El nivel más bajo en tres décadas

Al observar la serie histórica, que se remonta a mediados de la década de 1990, se encuentra que el primer semestre de 2026 aparece como el más bajo en materia de consumo interno de carne vacuna. Ni siquiera los años más complicados de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían registrado un nivel de abastecimiento doméstico tan bajo como el de este año.

Cabe aclarar que, al tratarse de una serie que la propia cámara actualiza y corrige con el correr del tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros. Aun así, la tendencia de fondo resulta clara: la primera mitad de 2026 marcó un piso histórico para el consumo de carne vacuna en el país.

Este resultado se da, además, en un contexto particular para el sector. Ciccra viene señalando en sus últimos informes que la ganadería argentina podría estar transitando el final de una fase de liquidación de existencias que se extendió por tres años, en la que los productores enviaron a faena una proporción mayor de hembras de la habitual. En los últimos meses, ese proceso mostró signos de desaceleración, lo que eventualmente podría traducirse, más adelante, en una recomposición del rodeo y en una mayor disponibilidad de hacienda. Pero, por el momento, esa transición todavía no impactó en el nivel de consumo, que siguió retrocediendo.

Lo cierto, es que combinación de menor producción, mayor participación de las exportaciones y precios relativos más altos terminó configurando el escenario menos favorable de los últimos treinta años para el consumo de carne vacuna en la Argentina. El informe de Ciccra ilustra esa dinámica también a nivel de cortes específicos: en la comparación interanual a junio, la carne picada común fue la que más subió de precio, con un 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Ambos son cortes de alto consumo popular, lo que ayuda a dimensionar por qué la caída del abastecimiento interno no se distribuyó de manera pareja, sino que golpeó especialmente a los productos que suelen integrar la dieta cotidiana de buena parte de los hogares argentinos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió los nuevos valores de las canastas básicas que determinan los ingresos mensuales que requiere un hogar para no caer bajo la línea de pobreza o indigencia en el Gran Buenos Aires. De acuerdo con el reporte oficial, durante junio la Canasta Básica Total registró un aumento del 2,2 por ciento, mientras que la Canasta Básica Alimentaria presentó una variación del 1,3 por ciento.

Para una familia tipo constituida por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la Canasta Básica Total alcanzó un valor de 1.531.472,91 pesos. Este límite marca la línea de pobreza, lo que significa que aquellos hogares cuyos ingresos declarados no alcancen a cubrir dicho monto son catalogados técnicamente dentro de esa condición social.

Por su parte, el mismo grupo familiar requirió un total de 689.852,67 pesos para costear la Canasta Básica Alimentaria, indicador que traza la línea de la indigencia y evalúa la capacidad de cubrir las necesidades nutricionales mínimas. Con estos valores, los incrementos acumulados en el primer semestre del año para ambos índices alcanzaron el 17 por ciento, partiendo desde los 1.308.713,26 pesos y 589.510,48 pesos registrados respectivamente en diciembre pasado.

En la comparación interanual respecto a junio de 2025, la Canasta Básica Total experimentó una suba del 35,7 por ciento, en tanto que la alimentaria ascendió un 36,3 por ciento. Estas cifras se ubican por encima de la inflación general, dado que el Índice de Precios al Consumidor acumuló una variación del 16,8 por ciento en el semestre y un 33,5 por ciento interanual.

Especialistas señalaron la preocupación por la constante presión que ejercen estos indicadores sobre los sectores de menores recursos, donde el encarecimiento de los servicios y los alimentos impacta de manera directa en el consumo cotidiano de los hogares de la provincia.

El informe del organismo estatal detalla además la situación para otras configuraciones familiares. Un hogar de tres integrantes requirió 1.219.230,86 pesos para evitar la pobreza y 549.203,09 pesos para eludir la indigencia. En contrapartida, un grupo de cinco personas demandó un presupuesto mensual de 1.610.772,48 pesos para la canasta total y 725.573,19 pesos para la alimentaria, siendo este el caso de mayor costo por la cantidad de miembros activos.

De esta manera, el avance de las canastas de servicios y alimentos continúa mostrando variaciones que condicionan el poder adquisitivo de la población en un escenario de readecuación de las tarifas generales.

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos tramos: un 3% para los sueldos de julio y un 4% para septiembre (calculados sobre el mes inmediato anterior). Con el objetivo de evitar demoras en la liquidación y garantizar que la suba impacte con celeridad en el bolsillo de los agentes públicos, la administración de Rogelio Frigerio optó por avanzar de manera unilateral con el primer tramo del ofrecimiento.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la decisión señalando que las pautas se adoptan bajo un criterio de previsibilidad financiera para las arcas de la Provincia, condicionado por la caída de la coparticipación nacional y el contexto macroeconómico general.

"La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo", sostuvo Vales tras el encuentro, el cual estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. El funcionario aclaró que los representantes sindicales firmaron el acta dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones, por lo que se pactó una nueva convocatoria para el mes de agosto.

Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó la negociación como "muy tensa" y consideró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" inflacionaria que atraviesan los empleados públicos.

Muntes cuestionó que la propuesta representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y criticó la ausencia de un plan de recuperación salarial a largo plazo. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%", afirmó el dirigente, quien además advirtió que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Ante este panorama, ATE ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles, medida de fuerza que también se realiza en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria provincial.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y retiró a la representación gremial de la mesa de negociación, aunque aclaró que el sindicato pretende mantener abierto el canal de diálogo.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no presentara alternativas ni respuestas a otros reclamos pendientes del sector, como la actualización de las asignaciones familiares, el piso salarial, la situación de áreas críticas como enfermería y presuntos errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde denunció diferencias de hasta 70.000 pesos por la exclusión de sumas fijas.

En este marco, UPCN anticipó que durante el transcurso de la semana definirá la fecha de un "paro activo" para visibilizar la situación salarial y las condiciones laborales de los estatales entrerrianos.

Un análisis sobre los listados oficiales de Precios de Referencia de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, bajo la Resolución 27/2022, revela una brecha alarmante: los fármacos para patologías crónicas aumentan de forma desproporcionada respecto de los ingresos de los adultos mayores. Entre el 1° de mayo y el 1° de julio de 2026, la canasta de medicamentos se incrementó un 6,02 por ciento. En el mismo bimestre, la jubilación mínima subió un 4,79 por ciento y el ingreso real de quienes perciben la mínima con bono —congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024— apenas trepó un 4,06 por ciento. En términos prácticos, el jubilado que en mayo compraba 100 comprimidos, en julio solo adquiere 98.

El incremento bimestral (2,99 por ciento en junio y 2,94 en julio) corrió por encima de la inflación general. El IPC de mayo fue del 2,1 por ciento y las proyecciones de junio lo ubican por debajo, consolidando la pérdida de poder adquisitivo en la salud de los más vulnerables. Una canasta de cinco tratamientos básicos de manual —enalapril, amlodipina, atorvastatina, levotiroxina y clopidogrel— pasó de costar 189.457 pesos en mayo a 200.859 pesos en julio. Sin cobertura, este gasto absorbe el 41,7 por ciento del ingreso total de un jubilado de la mínima con bono, fijado en 481.989 pesos. Incluso con el 70 por ciento de cobertura de la Resolución 310/2004, el copago en el mostrador trepó a 60.258 pesos, significando uno de cada ocho pesos del haber.

El cruzamiento de las 162 presentaciones expuso un hallazgo llamativo: todas subieron exactamente un 6,02 por ciento. Esto demuestra que la planilla oficial no releva las fluctuaciones reales del mercado, sino que aplica un coeficiente único de actualización. Si el precio de góndola de los laboratorios sube por encima de ese índice indexado en un despacho, la diferencia la paga íntegra el afiliado.

Esta situación es la última cuota de un proceso largo. Datos del Centro de Economía Política Argentina indican que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, fármacos de uso extendido acumularon subas de hasta el 523 por ciento, reduciendo a la mitad la capacidad de compra de medicamentos frente a los haberes previsionales en dos años y medio. A esto se añade que la Resolución 2026-428 dejó a 2,2 millones de afiliados excluidos del subsidio por razones sociales de PAMI, afectando directamente a 1,6 millones de pacientes crónicos. En las farmacias de Entre Ríos, el impacto se traduce en personas que espacian las tomas o cortan las pastillas para subsistir.

Fuente: Análisis

Si seguís la economía, es probable que en algún momento te hayas preguntado: ¿Cómo puede ser que los datos mejoren y la vida no? Equilibrio fiscal, baja del riesgo país, inflación en descenso, reservas que se acumulan… Todo parece ir en la dirección correcta y, sin embargo, en la calle el panorama es distinto: locales que cierran, sueldos que no alcanzan, gente que pierde su empleo formal y pasa a trabajar por su cuenta en condiciones mucho más precarias.

La respuesta no es que los datos mienten, ni que la percepción de la gente está equivocada, sino que estamos mirando dos cosas distintas sin darnos cuenta: la macroeconomía y la microeconomía.

La macroeconomía estudia la economía como un todo. Mira variables agregadas como la inflación, el déficit o el superávit del Estado, el nivel de reservas del Banco Central y el tipo de cambio, entre otras. Es la fotografía del sistema completo. Y lo que aparece en esa fotografía no ocurre solo: es el resultado de decisiones que alguien toma, sabiendo de antemano cómo van a repercutir. Ampliar o reducir el presupuesto en educación y salud, o reducir subsidios o subir impuestos, modificar la cobertura de medicamentos para jubilados, redirigir recursos hacia el pago de deuda o hacia la inversión pública, restringir o liberar las importaciones, dejar que se mueva el tipo de cambio: todas son decisiones políticas y sus efectos pueden medirse y anticiparse.

Lo que los indicadores macro no muestran es quién ganó y quién perdió en el camino. Un superávit fiscal puede construirse recortando el presupuesto de los hospitales públicos o subiendo impuestos. El resultado contable es el mismo. Pero detrás de ese número hay personas concretas: unas van a ver recortado sus servicios esenciales y otros deberán afrontar costos tributarios más altos.

La microeconomía, en cambio, es como hacer zoom en una foto. Estudia las decisiones concretas de las personas, las familias y las empresas. Qué puede comprar una familia con su sueldo. Si un comerciante puede sostener su negocio. Si un empleado conserva su trabajo o lo pierde. Estas variables tienen una dinámica propia: son decisiones individuales o en cabeza de familias o empresas que responden a cómo esas decisiones políticas repercuten en la vida de cada uno. Son decisiones que se toman con cautela, con incertidumbre y con tiempo.

Lo que nos muestra la macro y lo que vivimos en la micro difieren. Pero ambas son reales. Ambas son importantes. Pero no siempre se mueven juntas, ni en la misma dirección.

Veámoslo con el empleo. Si los empresarios argentinos no pueden competir con los productos importados, la economía se contrae. Un empresario no despide al día siguiente que le abrieron la importación. Espera. Piensa que el mal momento puede ser pasajero, que quizás el mes que viene mejora. La incertidumbre de despedir y después volver a contratar tiene costos concretos: indemnizaciones, pérdida de experiencia acumulada, tiempo de capacitación. Así que aguanta. Hasta que pasan meses, la situación no remonta, y entonces sí: llega la reducción de horas o el despido.

Cuando la economía se reactiva, el proceso es el mismo al revés. Antes de tomar un empleado nuevo, el empresario espera. Quiere asegurarse de que la mejora no es una ilusión, que el costo de incorporar a alguien —y eventualmente tener que soltarlo de nuevo— vale la pena. Esa cautela es racional. Y hace que la recuperación del empleo suele llegar después de que los indicadores macroeconómicos ya mejoraron. Las familias hacen lo mismo con el consumo: esperan, observan, ajustan despacio.

Con el salario pasa algo similar, aunque con una capa adicional de complejidad. La caída de la inflación debería, en teoría, mejorar el poder adquisitivo. Y en parte lo hace: si el salario se mantiene y los precios suben menos, cada peso puede que rinda algo más que antes. Pero hay un problema de punto de partida. Los salarios en Argentina vienen perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida acumulada no se borra automáticamente cuando la inflación baja. Para recuperarla, los salarios tendrían que subir por encima de la inflación actual durante un período sostenido. Y eso, en un contexto de ajuste y contracción del consumo, rara vez ocurre. Entonces puede pasar —y pasa— que la inflación baje, que el salario nominal se mantenga o suba levemente, y que aun así la persona en la calle sienta que le alcanza menos que hace dos o tres años. No es una contradicción.

El verdadero desafío, y creo que este es uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina, es lograr que funcionen bien las dos al mismo tiempo. Históricamente, los distintos gobiernos se han enfocado más en una que en la otra: algunos priorizaron el ordenamiento macroeconómico a cualquier costo, otros apostaron a sostener el consumo y el empleo sin resolver los desequilibrios de fondo. Los resultados, en ambos casos, fueron parciales y poco duraderos, en buena medida porque hay una deuda estructural que atraviesa a las dos economías y que pocas veces se nombra con la fuerza que merece: la informalidad.

Cuando una parte grande de la actividad económica y del empleo funciona fuera del circuito formal, la carga tributaria termina concentrada sobre quienes sí están registrados. No es que el Estado necesite menos recursos: es que los recauda sobre una base mucho más chica de lo que debería, y esa base sostiene a todo el resto.

Bajar la informalidad no es solo una cuestión de justicia —que también lo es—, sino una palanca concreta para aliviar la presión impositiva que hoy ahoga a buena parte del sector formal. Una base más amplia de contribuyentes permitiría bajar la carga por actividad sin resignar recaudación, y al mismo tiempo daría cobertura social y previsional a millones de argentinos que hoy quedan afuera del sistema. Formalizar la economía no resuelve todo, pero es una de esas pocas reformas que empuja en la dirección correcta desde los dos frentes a la vez.

Para que la Argentina vuelva a un circuito de crecimiento sostenible —uno que incluya a todos los argentinos— necesita de las dos. Una macro ordenada que genere las condiciones para invertir y producir, y una micro que se traduzca en empleos formales, salarios que alcancen y que permitan que los argentinos vuelvan a creer que un futuro mejor todavía es posible. No es una meta sencilla. Pero es la única que vale la pena perseguir.

*Milagros Martínez Garbino

Economista - Especialista en finanzas personales

Por Martín Céspedes*

En una economía atravesada por procesos inflacionarios persistentes, el desafío consiste en lograr que los derechos reconocidos judicialmente conserven eficacia real cuando finalmente llega el momento de hacerlos efectivos.

Pocas cosas han motivado la evolución del derecho argentino como la inflación. Cada vez que la economía modificó drásticamente el valor de la moneda, jueces, legisladores, juristas y abogados, se vieron obligados a repensar soluciones que hasta entonces parecían definitivas.

La historia económica de nuestro país ha obligado en más de una oportunidad al derecho a replantear instituciones que parecían definitivamente consolidadas. La inflación, fenómeno recurrente de nuestra realidad nacional, ha sido una de las principales responsables de esos desafíos.

Durante décadas, la legislación argentina prohibió los mecanismos de indexación monetaria. La Ley 23.928, sancionada en el contexto de la convertibilidad, estableció la imposibilidad de actualizar deudas mediante índices de precios. La finalidad perseguida resultaba razonable para la época: consolidar la estabilidad monetaria y evitar mecanismos que pudieran retroalimentar nuevos procesos inflacionarios.

Aquella decisión fue concebida para una economía muy distinta de la que la Argentina experimentó en los últimos años.

Cuando la inflación es baja, la discusión sobre la actualización de los créditos pierde relevancia práctica. Pero cuando los precios se multiplican aceleradamente y los procesos judiciales demandan varios años hasta alcanzar una solución definitiva, la cuestión adquiere una dimensión completamente diferente.

Es entonces cuando aparece una pregunta que excede a ámbito jurídico para transformarse en una preocupación social más amplia: ¿qué ocurre cuando el valor de la moneda se deteriora significativamente entre el nacimiento de una obligación y el momento en que finalmente se paga?

Tradicionalmente, el sistema jurídico intentó responder ese interrogante mediante la aplicación de intereses. La imposibilidad legal de indexar llevó a los tribunales a utilizar tasas destinadas a compensar la mora y el incumplimiento.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años demostró que en contextos de inflación elevada las tasas de interés no siempre logran preservar adecuadamente el valor real de los créditos. El resultado puede ser paradójico: una deuda aumenta nominalmente y, al mismo tiempo, pierde capacidad para cumplir la finalidad económica que le dio origen.

Es precisamente allí donde resurge una vieja construcción doctrinaria que conserva plena vigencia frente a procesos inflacionarios que, cíclicamente, vuelven a presentarse en nuestra historia económica.

El reconocido jurista Juan José Formaro ha señalado que la diferencia entre las llamadas deudas de dinero y las deudas de valor recupera especial importancia en estos períodos inflacionarios y frente a un sistema que aún prohíbe la indexación. Mientras las primeras tienen por objeto una determinada suma monetaria, las segundas procuran preservar un valor económico que debe mantenerse más allá de las variaciones de la moneda. La distinción puede parecer técnica o meramente teórica, pero encierra una profunda cuestión de justicia.

Cuando una persona reclama una indemnización por daños, no persigue simplemente una cantidad de pesos. Lo que busca es la reparación de un perjuicio. Cuando un trabajador reclama salarios adeudados o una indemnización por despido, tampoco está procurando una inversión financiera. Está intentando obtener el equivalente económico de un derecho que considera vulnerado.

Hace varias décadas, el maestro Norberto Centeno sostenía que el salario debía ser comprendido como una verdadera deuda de valor. La razón era sencilla y conserva plena vigencia: el salario no representa únicamente dinero. Representa alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y condiciones dignas de subsistencia para el trabajador y su familia. En definitiva, representa la posibilidad concreta de acceder a bienes esenciales para desarrollar una vida digna.

Desde esta perspectiva, la cuestión deja de ser exclusivamente monetaria. El verdadero interrogante pasa a ser si el ordenamiento jurídico puede admitir que un derecho reconocido pierda una parte sustancial de su eficacia económica simplemente por el transcurso del tiempo.

El jurista José Daniel Machado nos enseña que la función protectoria del derecho laboral no consiste en otorgar privilegios, sino en equilibrar desigualdades preexistentes en la relación de trabajo. Esa idea resulta especialmente valiosa en tiempos de alta inflación, ya que una protección jurídica pierde gran parte de su sentido si los derechos reconocidos formalmente terminan vaciados de contenido económico por el paso del tiempo.

La discusión no busca obtener beneficios extraordinarios ni mecanismos de enriquecimiento indebido. Tampoco supone desconocer la importancia de la seguridad jurídica o de la previsibilidad económica. Lo que se pretende es determinar si un crédito reconocido judicialmente debe conservar un valor razonablemente equivalente al que poseía cuando nació la obligación.

Esta problemática no es exclusiva del derecho laboral. Pensemos en un reclamo de consumo. Si una persona demanda por un producto defectuoso y obtiene una sentencia favorable varios años después, resulta razonable preguntarse si la suma reconocida le permitirá adquirir efectivamente aquello que perdió. Esto nos demuestra que el problema atraviesa todo el sistema jurídico.

La preocupación por preservar la eficacia real de los derechos reconocidos judicialmente no resulta extraña a la jurisprudencia entrerriana. En distintos momentos históricos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ha debido enfrentar debates similares vinculados con la protección efectiva de los créditos laborales frente a cambios legislativos o económicos significativos.

En precedentes como “Kinderchert” y posteriormente “Andrade”, la justicia provincial receptó criterios orientados a garantizar que las mejoras legislativas destinadas a la protección del trabajador pudieran alcanzar situaciones jurídicas aún no canceladas, privilegiando una interpretación compatible con los principios protectorio, de progresividad y de tutela efectiva de los derechos laborales.

Más recientemente, esa misma línea de razonamiento puede observarse en pronunciamientos que comenzaron a aplicar las nuevas herramientas incorporadas por la Ley de Modernización Laboral para la actualización de créditos judiciales.

En este camino, la Cámara de Apelaciones del trabajo de esta ciudad, debió analizar la situación de un crédito laboral originado varios años atrás y aún pendiente de percepción efectiva. Frente a una realidad económica profundamente distinta de aquella existente al momento en que nació la obligación, el tribunal entendió que los mecanismos tradicionalmente utilizados resultaban insuficientes para brindar una respuesta adecuada y receptó los nuevos criterios de actualización previstos por la actual legislación.

La importancia de la decisión no reside únicamente en la fórmula aplicada, sino en el reconocimiento de una realidad ineludible: cuando la inflación altera sustancialmente el valor de la moneda, el derecho no puede permanecer indiferente si pretende preservar la efectividad de los derechos que tutela.

Una sentencia puede ser impecable desde el punto de vista jurídico y, sin embargo, resultar insuficiente desde el punto de vista económico si el crédito que reconoce pierde sustancialmente su valor antes de hacerse efectivo.

Los derechos no se agotan únicamente en las Leyes o en las sentencias, sino que también viven en la realidad cotidiana de las personas. Viven en la posibilidad concreta de percibir un salario, obtener una reparación, cobrar una indemnización o acceder efectivamente a aquello que la Justicia ha reconocido como debido.

El equilibrio entre seguridad jurídica, realidad económica y tutela efectiva de los derechos, uno de los debates más relevantes que el derecho argentino deberá seguir afrontando en los años por venir.

*Abogado

El consumo de carne vacuna sigue mostrando señales de deterioro y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. La combinación de precios que crecieron por encima de la inflación y un poder adquisitivo todavía golpeado llevó a una nueva caída en la demanda interna, al tiempo que el pollo y el cerdo ganan participación en la mesa.

De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) del mes de mayo, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por habitante al año, el registro más bajo de los últimos veinte años.

El dato surge de la evolución observada durante los primeros cinco meses de 2026, período en el que la producción de carne vacuna alcanzó 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que representó una caída del 7,3% respecto del mismo período del año anterior. Mientras el mercado interno pierde dinamismo, las exportaciones continúan mostrando un comportamiento favorable. Entre enero y mayo se embarcaron aproximadamente 312.200 toneladas res con hueso, lo que implicó un crecimiento interanual del 5,1%.

Según Ciccra, la mejora estuvo impulsada principalmente por la demanda de Estados Unidos, que explicó buena parte del incremento de las ventas externas en un contexto de mayor interés internacional por la carne argentina.

La contracara de ese fenómeno se observa en el mercado local. La entidad señaló que la pérdida de poder de compra de las familias, sumada al fuerte encarecimiento relativo de la carne vacuna frente a otras proteínas, provocó una contracción significativa del consumo.

En términos acumulados, el consumo aparente de carne vacuna habría alcanzado 855.750 toneladas res con hueso entre enero y mayo, lo que representa una caída del 11,1% frente al mismo período de 2025. Ámbito

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de la Argentina tiene hoy un poder de compra inferior al que tenía en 2001, según reveló un informe elaborado por la UBA y el Conicet. A su vez, de acuerdo con el estudio, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída de 39,3% y su valor actual representa apenas un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011.

El estudio precisó que el SMVM vigente en abril de 2026 asciende a $357.800 mensuales. Sin embargo, para preservar el poder adquisitivo original de la remuneración mínima, ese valor debería oscilar entre $1.509.000 y $1.838.000, según el cálculo del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La remuneración mínima se creó en junio de 1964, cuando el gobierno de Arturo Illia fijó ese primer salario en $14.000 y estableció el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes del Estado, los trabajadores y las cámaras empresarias. La norma original establecía que esa remuneración debía cubrir alimentación, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión, tomando como base una familia compuesta por los cónyuges y dos hijos.

El informe recordó el poder de compra de un salario mínimo en 1964, cuando un trabajador podía adquirir alrededor de 107 kilogramos de carne vacuna, dado que el kilo de asado costaba 130 pesos. El alquiler de un departamento de tres ambientes bien ubicado en la Ciudad de Buenos Aires demandaba el 53% de esa remuneración, y un boleto de colectivo —a $6— equivalía a 2.333 viajes pagados con un solo sueldo mínimo.

La caída de los salarios en el mercado formal

El deterioro del SMVM no es un fenómeno reciente ni atribuible a una sola gestión. El gráfico del indicador en pesos constantes desde 1991 muestra que el salario mínimo alcanzó su máximo histórico en septiembre de 2011, con $1.059.903 en valores de abril de 2026, e inició desde entonces una tendencia descendente que atravesó gobiernos de distinto signo político. En noviembre de 2023, cuando asumió la administración actual, el SMVM ya acumulaba una pérdida del 44% respecto de ese pico y se ubicaba en 589.124 pesos.

Esta tendencia se aceleró, a su vez, desde diciembre de 2023, cuando el indicador se contrajo 15% ante la aceleración inflacionaria, y volvió a caer 17% en enero de 2024. Si bien la tendencia se interrumpió en algunos meses posteriores, cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación, esas recuperaciones parciales no alcanzaron para revertir el proceso.

Según consignó el estudio, desde julio de 2025, el salario mínimo acumula diez meses consecutivos de pérdida real: julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%), octubre (-2,3%), noviembre (-0,5%), diciembre (-0,9%), enero (-1,0%), febrero (-1,2%), marzo (-4,7%) y abril (-1%). La brecha se profundizó especialmente en septiembre y octubre, cuando el SMVM permaneció congelado en $322.200, mientras los precios continuaron subiendo.

La erosión acumulada desde el máximo histórico de la serie, en septiembre de 2011, alcanza el 66%, lo que ubica al salario mínimo real por debajo del valor que tenía en 2001. El informe de la UBA y el Conicet señala que esta contracción, sumada a la tendencia decreciente de los años anteriores, deja al indicador en uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas.

Ese deterioro se inscribe en un cuadro más amplio. De acuerdo con el mismo informe, el poder de compra del salario del sector privado cayó 4,8% respecto de noviembre de 2023, mientras que el del sector público retrocedió 17% en el mismo período. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado fue de $2.111.085 en marzo de 2026, un valor 14,9% inferior al máximo de la serie, registrado en mayo de 2013.

Esta situación se suma, resalta el informe, a una pérdida de puestos de trabajo. Según datos de las entidades, el empleo asalariado formal privado acumula una pérdida de 206.000 puestos respecto de noviembre de 2023, con la industria y el comercio como los sectores con mayores caídas desde septiembre de 2025. Así, el informe menciona que en febrero de 2026 el total de asalariados registrados ascendía a aproximadamente 10 millones según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Infobae

La deuda de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Abril marcó un nuevo récord en los niveles de morosidad. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la consultora 1816, más de 5,3 millones de personas tienen hoy al menos un crédito irregular. Esto significa que una porción significativa de los hogares enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, en un escenario que se agrava mes a mes.

La morosidad de los préstamos bancarios a las familias trepó al 12%, medio punto por encima de marzo. Es el nivel más alto en más de dos décadas y contrasta con la situación de octubre de 2024. En un año y medio, el índice se multiplicó casi por cinco. La aceleración preocupa a los analistas, que advierten que muchas personas dejarán de ser consideradas sujetos de crédito, limitando su acceso a nuevos préstamos en un contexto en el que la inflación y el costo de vida siguen presionando sobre los hogares.

Este panorama nacional permite dimensionar la magnitud del problema y sirve de marco para comprender cómo se replica y profundiza en ciudades como Gualeguaychú, donde las familias enfrentan sus propias dinámicas de endeudamiento.

En las ciudades más pequeñas del país, el acceso al crédito se configura en un entramado fragmentado. Las familias suelen recurrir a distintas fuentes de financiamiento de manera simultánea, en un intento por cubrir necesidades inmediatas que el sistema formal no alcanza a resolver.

“Los bancos ofrecen productos financieros que no siempre resultan accesibles para sectores de ingresos bajos o informales. Frente a esa restricción, las mutuales y cooperativas brindan préstamos más flexibles y cercanos”, describieron desde una financiera de Gualeguaychú. Sin embargo, el mapa se completa con un tercer actor que expone la cara más vulnerable del endeudamiento: los prestamistas informales. Su presencia responde a la demanda de quienes quedan fuera del circuito formal.

El relato de una familia endeudada de la ciudad es ejemplo de cómo la crisis financiera se traduce en un drama cotidiano. “Mi esposo y yo estamos pasando por un problema bastante grave. Nos endeudamos pidiendo plata a varios prestamistas, y hoy en día estamos en una situación de depresión total. ¿Por qué? Porque no podemos devolver la plata que pedimos prestada”, expuso una vecina, quien pidió la reserva de su identidad.

La mujer contó que todos los créditos fueron tomados en el circuito informal, sin recibos ni garantías, lo que agudiza la incertidumbre. “Así que andamos todos preocupados, sobre todo por la salud mental de mi marido”, aseguró. La angustia se profundizó cuando él desapareció hace dos meses, tras perder su empleo en una empresa metalúrgica. “Hicimos la denuncia y lo encontraron, pero estaba ido, en otro mundo. Y ahora es como que no puede salir de ese pozo”, relató, con la voz quebrada, la mujer.

La falta de ingresos estables terminó de complicar el panorama. “Nuestro problema comenzó cuando él se quedó sin trabajo, de un día para otro y luego de 14 años en la empresa. Acá en casa yo trato de hacer algo de venta de comida o ropa que me van pasando, pero no alcanza para devolver la plata”. La precariedad laboral y la ausencia de respaldo económico empujaron a la familia a un callejón sin salida. “Estamos muy complicados, no sé cómo vamos a salir”, dijo la vecina.

La historia de esta familia representa a muchas de nuestra ciudad y expone la vulnerabilidad extrema de los hogares endeudados. Una situación gravísima que afecta también la salud mental y la estabilidad emocional de toda la familia.

El testimonio de un prestamista informal permite asomarse al oficio y conocer su forma de trabajar. En diálogo con este medio, Cristián explicó con naturalidad: “Me dedico a prestar dinero a particulares, quiero aclarar que es una actividad permitida. Yo me manejo con mis propios fondos, fijo la tasa de común acuerdo con el cliente y documento cada operación. Si lo hacés de forma habitual, tenés que inscribirte y declarar los intereses como ganancia”.

Cristián, además, describió los riesgos de su práctica cotidiana. “El principal riesgo no es legal, es no cobrar. Por eso evalúo a quién le presto. El cliente puede tener deudas ocultas y si no hay contrato firmado, reclamar en la Justicia es muy difícil. Siempre uso pagarés o contratos para protegerme”. En este sentido, el negocio depende de la confianza y, muchas veces, de la capacidad de presión para recuperar el capital.

Finalmente, el entrevistado reflexionó sobre la conveniencia de dedicarse a esta actividad. “Vale la pena si tenés fondos ociosos y disciplina para gestionar el cobro. El retorno puede ser mayor que un plazo fijo, pero también existe el riesgo de perder capital”. En este sentido, advirtió que el escenario se ha vuelto más complejo en los últimos tiempos: “Cada vez resulta más difícil recuperar lo que las familias adeudan”.

Una mutual con sede en Gualeguaychú, que brinda servicios financieros, sociales y de salud a sus asociados —principalmente familias entrerrianas— compartió su mirada sobre el escenario actual. “Hoy en día desde nuestra mutual estamos cumpliendo un rol de acompañamiento. Más que para grandes inversiones, las familias buscan resolver necesidades cotidianas o afrontar imprevistos. Principalmente otorgamos créditos a empleados de la provincia y jubilados”, señalaron.

El diagnóstico interno refleja la magnitud del problema: “el nivel de endeudamiento es elevado y cada vez más frecuente que una persona acumule dos o más compromisos simultáneos, llegando incluso a refinanciar deudas para sostener el equilibrio de la economía familiar”.

Desde la financiera mencionaron las causas de la toma del crédito: “Las más habituales son la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la dificultad de que los salarios acompañen ese incremento. El crédito ya dejó de ser una herramienta para crecer y pasó a ser una herramienta para llegar a fin de mes”.

“Años anteriores predominaban los préstamos para refaccionar viviendas, hoy gran parte de las consultas se vinculan con la cancelación de otras deudas, el pago de servicios, gastos de salud y necesidades básicas. Esto obliga a planificar cuidadosamente cada gasto”, sintetizaron.

El panorama de endeudamiento que atraviesan las familias de Gualeguaychú y de toda la provincia llevó al Estado entrerriano a poner en marcha una herramienta concreta de alivio. El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos aparece como una respuesta institucional frente a la presión creciente sobre los ingresos.

La iniciativa ofrece tasas más bajas, plazos más extensos y descuentos directos en los haberes, lo que permite que empleados público, privados y jubilados liberen parte de su salario y recuperen capacidad de consumo. La clave está en que no genera costo fiscal para la provincia, ya que se articula con el Banco Entre Ríos como agente financiero, reforzando su sustentabilidad.

La propuesta busca ordenar las finanzas personales en un contexto donde el endeudamiento dejó de ser excepcional para convertirse en un problema estructural. Al mismo tiempo, especialistas sugieren que el esquema oficial debería complementarse con el fortalecimiento de las mutuales y cooperativas locales, que ya cumplen un rol de asistencia crediticia en ciudades chicas. Integrar estos actores permitiría ampliar la cobertura, reducir la dependencia de prestamistas informales y generar un circuito de crédito más justo.

La entidad médica provincial llega a esta instancia de análisis tras haber rechazado de forma unánime un ofrecimiento previo de la obra social estatal, al cual calificaron de inequitativo para los profesionales de la salud.

De acuerdo a lo explicado por voceros sectoriales, la primera oferta de la obra social contenía subas segmentadas que profundizaban las diferencias salariales internas. El ofrecimiento contemplaba incrementos parciales que beneficiaban a algunos profesionales y excluían a otros, una situación que generaba inequidades entre los más de 2.500 médicos representados por la entidad.

Al respecto, un referente del sector médico entrerriano fue categórico al fundamentar la negativa: "Si se le otorga un aumento a una especialidad y a otra no, entendemos que no es una propuesta equitativa".

Ante el rechazo de la Femer, la conducción de la OSER modificó los términos y presentó una contraoferta que consiste en un incremento lineal del 3,5% para todos los códigos y nomencladores médicos.

A pesar del cambio de estrategia hacia una suba generalizada, el porcentaje sembró una profunda disconformidad en la comunidad médica local, donde advierten que los honorarios arrastran un retraso severo frente al costo de vida actual.

"Es un aumento muy bajo y está muy alejado de la realidad económica. Los valores que perciben los profesionales no se modifican desde abril de 2025, mientras que la inflación acumulada desde entonces ronda entre el 35% y el 38%, o incluso más", advirtió un especialista consultado.

La propuesta formal ya fue remitida a las conducciones de los círculos médicos departamentales, cuyos integrantes se encuentran analizando el impacto de los números en las consultas y prácticas cotidianas.

A pesar de la tensión por la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales, desde el sector médico aclararon que se busca resguardar la paz social, contemplando la delicada coyuntura socioeconómica local y el rol clave que tiene la obra social en la provincia.

"Entendemos la situación del país y de la provincia. También sabemos que el OSER brinda cobertura a una gran parte de la población entrerriana, por lo que no podemos desconocer esa realidad", expresaron fuentes ligadas a la negociación.

Por el momento, las autoridades médicas de la provincia confirmaron que la atención médica a los afiliados se mantiene con total normalidad en los efectores privados. No obstante, alertaron que, de no lograrse una recomposición más acorde al escenario inflacionario, podrían suscitarse inconvenientes en las prestaciones a mediano plazo.

Respecto a los plazos legales y gremiales para la resolución del conflicto, una fuente cercana a esta Agencia precisó: “Todavía no tenemos una respuesta concreta, supongo que la tendremos entre esta semana y la semana que viene”.

La inflación volvió a ocupar el centro de la agenda económica. Luego de que abril registrara un 2,6% y marcara una desaceleración respecto de meses anteriores, las principales consultoras privadas proyectan que mayo habría cerrado con un índice aún menor, en torno al 2% y 2,5%.

El dato alimenta las expectativas del equipo económico, que busca consolidar una baja sostenida durante el segundo semestre de 2026. Aunque el número oficial recién se conocerá el 11 de junio, cuando el INDEC publique el IPC, en el mercado ya se habla de un posible punto de inflexión.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 2,3% mensual y un acumulado de 30,5% para todo 2026.

Desde el equipo económico se reforzó el mensaje de optimismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el dato de mayo será “más bajo que el de abril” y sostuvo que la economía comenzó a mostrar señales más sólidas de estabilización.

El clima financiero acompañó con indicadores positivos: el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, mientras el mercado siguió de cerca la evolución del dólar, las reservas y la actividad.

Sin embargo, persisten desafíos clave para sostener la tendencia:

La universidad pública argentina atraviesa un momento crítico. Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes y nodocentes resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno. La decisión impactará de lleno en el dictado de clases, mesas de exámenes y actividades administrativas en las más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el país.

Los docentes universitarios, organizados en las federaciones nacionales y acompañados por asociaciones locales, anunciaron un paro de cinco días consecutivos entre el 26 y el 30 de mayo. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y exigir la apertura de paritarias que permitan recomponer ingresos frente a la inflación.

Por su parte, los trabajadores nodocentes, nucleados en la Fatun y en sus gremios de base, resolvieron en reunión de consejo directivo un plan de acción que incluye cuatro semanas de protesta y tres jornadas de paro nacional: el 29 de mayo, 3 y 4 de junio. La decisión fue tomada de manera unánime por representantes de 56 asociaciones adheridas, quienes remarcaron la necesidad de fortalecer la unidad y la solidaridad en defensa de la universidad pública.

La huelga nodocente afectará tareas esenciales para el funcionamiento de las instituciones: limpieza, apertura de sedes, servicios administrativos y soporte técnico. Esto significa que en los días de paro no habrá condiciones para el dictado de clases ni para la realización de trámites académicos, impactando tanto en estudiantes como en docentes.

La unidad de los gremios docentes y nodocentes marca un punto de inflexión en el conflicto. La coincidencia de medidas en semanas consecutivas generará un escenario de paralización casi total en las universidades nacionales, en un momento clave del calendario académico con exámenes parciales y finales en curso.

Los reclamos centrales apuntan a:

Con estas medidas, la comunidad universitaria busca enviar un mensaje claro: sin financiamiento, salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas, la universidad pública no puede sostener su rol de inclusión, producción de conocimiento y movilidad social.

El calendario de huelgas ya está definido y anticipa semanas de alta conflictividad. La expectativa está puesta en que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto y garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

La Asociación Bancaria anunció este lunes un acuerdo con las cámaras empresariales para elevar los salarios de los trabajadores en un 2,6% durante el mes de abril. El incremento pactado elevará el piso salarial a $2.319.195,20.

La actualización comunicada por el gremio que conduce Sergio Palazzo se aplicará en todas las remuneraciones "mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas", e incluirá también los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el incremento previsto para abril, la paritaria bancaria acumula una suba del 12,3% en los cuatro primeros meses del año, sobre los salarios de Diciembre 2025. La evolución salarial corre en paralelo al 12,3% calculado por el Indec para el mismo período.

Cómo se calcula la actualización

El esquema acordado mantuvo el mecanismo de ajuste vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, consolidando un sistema que buscó acompañar la dinámica inflacionaria.

Para determinar los aumentos, se tomó como referencia la remuneración correspondiente a diciembre de 2025 y se evaluó la inflación acumulada desde enero de 2026 hasta el período de actualización.

El resultado surgió de la diferencia entre esa variación de precios y los incrementos ya otorgados durante el año, lo que permitió ajustar los salarios de manera proporcional frente a eventuales aceleraciones inflacionarias.

Ingresos para los bancos

Con la aplicación del nuevo aumento, el salario mínimo inicial quedó fijado en $2.319.195,20, cifra que funciona como base para el cálculo del resto de los ingresos.

Sin embargo, el monto final percibido por los trabajadores suele ser superior, ya que incluye adicionales como presentismo, formación académica y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Estos componentes varían según la función y la entidad, pero forman parte del ingreso total dentro del sistema financiero.

Paritaria bancaria de mayo

El gremio de trabajadores bancarios también anunció que, según lo acordado con las cámaras, "se continuará de igual manera con la actualización del mes de Mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento".

La próxima negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de junio, publicó Ámbito.

De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios. (APFDigital)

A dos años y cinco meses del inicio del gobierno de Javier Milei, los salarios de los investigadores del Conicet y de las universidades nacionales atraviesan una caída histórica. Según el último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), los sueldos de los científicos deberían aumentar un 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido en este período.

El estudio revela que los investigadores de carrera y becarios del Conicet registran una pérdida del 40,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023. La caída se profundizó en abril, cuando los salarios tuvieron un incremento nominal del 1,7% frente a una inflación del 2,6%, lo que consolidó un deterioro mensual constante desde el inicio de la gestión.

En el caso de los docentes investigadores y nodocentes de universidades nacionales, la merma acumulada alcanza el 34,2%. Los salarios crecieron un 165,4% en el mismo período, mientras que los precios medidos por el Indec se dispararon un 293,4%. La brecha explica la magnitud del retroceso y la necesidad de un ajuste superior al 50% para recomponer el nivel salarial de noviembre de 2023.

El informe también detalla la situación del personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), que sufrió una pérdida del 32,1% en dos años y medio. En abril, sus remuneraciones cayeron un 0,9% en términos reales y se ubicaron 58,9 puntos por debajo del nivel de diciembre de 2015, lo que refleja un deterioro estructural en el sector científico y técnico del Estado.

Los autores del estudio advierten que la caída salarial no solo afecta la calidad de vida de los investigadores, sino que compromete la continuidad de proyectos estratégicos y la permanencia de profesionales altamente calificados en el sistema científico nacional. La falta de recomposición adecuada incrementa el riesgo de fuga de talentos y debilita la capacidad del país para sostener políticas de innovación y desarrollo.

En este contexto, el reclamo por una recomposición salarial se vuelve central para garantizar la estabilidad del sistema científico y universitario. El Grupo EPC-Ciicti subraya que sin un aumento inmediato, el deterioro continuará profundizándose, con consecuencias directas sobre la producción de conocimiento y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

El encuentro se realizó en el marco de la continuidad de las negociaciones salariales para la administración pública provincial.

Allí, los funcionarios del Ejecutivo formalizaron una oferta que contempla una actualización del 3,5%, porcentaje que supera por escaso margen el 3,4% de inflación que registró el último mes medido por el Indec.

Tras escuchar la propuesta, los gremios manifestaron que el porcentaje no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y plantearon la necesidad de que el Gobierno revise la oferta con una mejora en los porcentajes planteados.

El encuentro pasó a un cuarto intermedio: las partes volverán a reunirse el martes 12 de mayo a las 14 hs. (APFDigital)

La Seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) anunció que se sumará al paro de 24 horas y movilización convocada para este jueves 23 de abril. En Paraná, la concentración se realizará a las 10 en la Plaza de Mayo, con el objetivo de manifestar el rechazo al intento de reforma del sistema previsional provincial.

Desde la organización gremial señalaron que resulta urgente que la Provincia convoque a los sindicatos para discutir los lineamientos de una reforma cuyo proyecto formal aún no ha sido presentado. “Es imperativo que cualquier debate que afecte el futuro de las y los trabajadores se dé en un marco de transparencia y diálogo genuino con sus representantes legítimos”, expresaron.

En paralelo, Sadop reclamó la continuidad inmediata de la negociación salarial, entendiendo que la recomposición de haberes es la única vía para proteger el poder adquisitivo docente y garantizar los aportes que sostienen la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

El gremio ratificó su defensa irrestricta de la Ley 8732 y del principio del 82% móvil como conquistas irrenunciables. “La estabilidad del sistema debe garantizarse mediante el aporte de los sectores con mayor capacidad contributiva, evitando retrocesos que perjudiquen a activos y jubilados”, remarcaron.

Asimismo, enfatizaron que la movilización se realiza en unidad para asegurar que no se avance sobre derechos conquistados a espaldas de los trabajadores entrerrianos.

Sadop Entre Ríos aclaró que la medida se lleva adelante en virtud de la cautelar dictada en el expediente “CNT-10308/2026 Autos: Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, que suspendió la aplicación de la Ley 27802 respecto a modificaciones en el procedimiento de conciliación obligatoria y huelga, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

En este marco, el sindicato ratificó que la medida de fuerza implica el ejercicio de derechos de raigambre constitucional, amparados en el artículo 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como en tratados internacionales y convenios de la OIT.

Fuente: APFDigital