La cantidad de causas laborales iniciadas en la Justicia de Entre Ríos aumentó un 25,7% entre febrero-septiembre de 2024 y el mismo período de 2026, de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial provincial. Uruguay mantiene la tasa más alta de la provincia, mientras Paraná concentra la mayor cantidad de expedientes.

En los primeros ocho meses comparables de 2024 se registraron 5.810 causas. En 2025 fueron 6.843, un incremento interanual del 17,8%. En 2026 la cifra ascendió a 7.304, un 6,7% más que en el mismo período del año anterior. Los datos corresponden a causas iniciadas en primera instancia.

Una tasa provincial de 51,2 causas cada 10.000 habitantes

Al relacionar las causas iniciadas con la población departamental del Censo Nacional 2022, la tasa provincial pasó de 40,8 causas por cada 10.000 habitantes en febrero-septiembre de 2024 a 51,2 en igual período de 2026.

La distribución territorial muestra diferencias significativas. El departamento Uruguay registra la tasa más elevada, con 120,9 causas por cada 10.000 habitantes. Le siguen Gualeguaychú, con 93,5, y Concordia, con 79,9.

En Paraná, pese a concentrarse la mayor cantidad de expedientes, la tasa se ubica en 45,8 causas por cada 10.000 habitantes, por debajo del promedio provincial.

La comparación utiliza la población de los resultados definitivos del Censo 2022. Para mantener una base territorial uniforme, las causas correspondientes a los juzgados de Chajarí se incorporaron al departamento Federación.

Entre febrero y septiembre de 2026, Paraná registró 1.794 causas laborales iniciadas, frente a 1.210 en el mismo período de 2024. El incremento fue del 48,3%.

En Uruguay, las causas pasaron de 972 a 1.407, un aumento del 44,8%. En Gualeguaychú subieron de 892 a 1.179, un 32,2%. Concordia pasó de 1.432 a 1.588, una variación del 10,9%.

En otros departamentos se registraron descensos. En Federación, que incluye Chajarí, las causas pasaron de 305 a 297. En Gualeguay bajaron de 187 a 180 y en Villaguay, de 77 a 48.

San Salvador, en cambio, pasó de 69 a 125 causas, un aumento del 81,2%, aunque sobre una cantidad inicial considerablemente menor que la de los departamentos con mayor volumen de expedientes.

Tipos de causas

Entre las categorías registradas, los cobros de pesos pasaron de 1.330 causas en febrero-septiembre de 2024 a 1.553 en igual período de 2026, un incremento del 16,8%.

Las causas por accidentes de trabajo subieron de 1.150 a 1.299, un 13%.

Las ejecuciones pasaron de 922 a 1.256, un aumento del 36,2% respecto de 2024. Sin embargo, en 2026 se ubicaron por debajo de las 1.282 registradas en 2025.

El rubro «Otros» aumentó de 778 a 1.388 causas y explicó 610 de las 1.494 causas adicionales registradas en el período. La composición de esta categoría no permite atribuir el incremento a un tipo específico de conflicto sin una desagregación adicional.

La estadística permite observar la evolución de los ingresos judiciales y las diferencias territoriales, pero no determina por sí sola las causas económicas o laborales que explican esas variaciones.

**Fuente:** elaboración sobre estadísticas de causas iniciadas en primera instancia del Poder Judicial de Entre Ríos y población departamental del Censo Nacional 2022, INDEC. Redes de Noticias

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos reunió a representantes de universidades, colegios profesionales, organismos públicos y organizaciones sociales para analizar el funcionamiento del Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV) y recoger propuestas que permitan mejorar la respuesta ante situaciones de violencia de género.

La jornada, realizada este lunes, buscó incorporar la experiencia de distintos sectores al desarrollo de esta herramienta y fortalecer la articulación entre el Poder Judicial y las instituciones que intervienen en la prevención y el abordaje de las violencias.

Durante el encuentro se presentó el funcionamiento del sistema, que cuenta con dos módulos principales: un formulario de denuncia con un predictor de riesgo y una herramienta de Alojamiento Seguro. La exposición estuvo a cargo de integrantes de la Oficina de Violencia de Género (OVG), los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), la Oficina de la Mujer (OM) y otros equipos vinculados con su implementación.

La actividad fue abierta por la vocal del STJ Laura Mariana Soage. Antes de la reunión, los participantes habían recibido documentación sobre el SIAV y una propuesta de trabajo para orientar el intercambio. A partir de ese material, plantearon consultas, observaciones y sugerencias relacionadas con las distintas dimensiones del sistema.

Participación de universidades y organizaciones feministas

Entre los sectores convocados hubo representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), colegios profesionales, organismos provinciales y municipales, y organizaciones vinculadas con los derechos de las mujeres y la diversidad.

También participaron integrantes de asambleas feministas, espacios de género, instituciones de salud y entidades profesionales, entre ellas el Colegio de Psicólogos y la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

La incorporación de estas miradas busca enriquecer el desarrollo del SIAV con experiencias de quienes trabajan en distintos ámbitos relacionados con las violencias, además de identificar posibles aspectos a mejorar en su funcionamiento.

Una herramienta para coordinar respuestas

El desarrollo del SIAV apunta a fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia de género. En ese marco, el intercambio con organizaciones externas al Poder Judicial constituye una instancia para sumar conocimientos y revisar la herramienta antes de avanzar en su implementación.

La convocatoria se suma a una presentación institucional realizada durante la misma jornada y abre un espacio de participación para que los aportes de la comunidad contribuyan a mejorar los mecanismos de denuncia, evaluación del riesgo y acceso a alternativas de alojamiento seguro.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Entre Ríos finalizó de manera formal el procedimiento de escrutinio definitivo correspondiente a las elecciones celebradas para definir la representación de los empleados y empleadas del sector ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.

La jornada electoral, desarrollada bajo los parámetros normativos y reglamentarios vigentes para el ámbito judicial entrerriano, determinó la conformación de la titularidad y la suplencia que integrarán el estamento de los trabajadores dentro del órgano constitucional encargado de la selección de magistrados y funcionarios.

De acuerdo con las planillas oficiales de juzgamiento emitidas por la autoridad electoral provincial, la nómina postulante Lista N° 1 "Judiciales Entrerrianos" resultó ganadora en el proceso de votación al alcanzar un total de 659 sufragios a favor. Con este resultado, la fórmula encabezada por Heidi Venditti, en calidad de representante titular, y Andrés Bianchi, como representante suplente, fue proclamada para asumir las funciones delegadas ante el organismo provincial durante el próximo período de gestión institucional.

Por su parte, la propuesta electoral competidora, representada por la nómina "Unidad y Compromiso Judicial" —que llevaba como postulantes a Bibiana Starck para el cargo titular y a Marcelo Dalmon para la suplencia— reunió un total de 470 votos durante el acto comicial. La diferencia registrada en el cómputo final consolidó la definición del proceso sin que se presentaran impugnaciones o inconsistencias sobre las actas labradas en las distintas mesas receptoras habilitadas.

En el marco del balance final del acto plebiscitario, las cifras definitivas arrojaron la emisión de 1.142 votos efectivos sobre el total de personas empadronadas. Este nivel de concurrencia refleja el compromiso activo de los estamentos administrativos y de personal técnico de la jurisdicción para la conformación de los espacios de representación institucional, asegurando la pluralidad y la transparencia en los mecanismos administrativos del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

Segura rechazó el proyecto que ingresó el martes a la Legislatura provincial y que propone derogar el artículo 1° de la Ley Nº 10.068, eliminando el enganche automático de los salarios del Poder Judicial entrerriano con los aumentos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Es una decisión desacertada que va a afectar las relaciones institucionales porque impacta en forma directa en la independencia del Poder Judicial, que es el fundamento por el cual esta ley tiene un índice automático”, expresó el secretario general de AJER en declaraciones a Página Gremial.

Aclaró también que ese índice “nunca ha estado por encima de la inflación” y remarcó: “Es más, durante dos años, en 2023 y 2024, estuvo bastante por debajo de la inflación”.

El conflicto, el único efecto

El dirigente sindical entendió que “el único efecto que va a tener esta iniciativa es generar, donde no la hay, una situación de conflicto y de confrontación institucional”.

En ese marco, apuntó al Poder Ejecutivo y pidió que no acompañe la iniciativa. “Esperamos que el Gobierno tenga la sensatez y la reflexión para no acompañar y no avanzar con esto, que en principio aparece como un proyecto de dos diputadas del oficialismo”, expresó.

El proyecto fue presentado por Gladys Salinas, del bloque unipersonal Partido Conservador Popular, y cuenta con el aval de Noelia Taborda, de la Alianza Juntos por Entre Ríos.

Frente al posible avance del proyecto, el gremio judicial anticipó su postura. “Vamos a evaluar cómo sigue esto y a conversar con el resto de los sectores del Poder Judicial, para ver de qué manera intentamos una instancia de diálogo”, señaló Segura.

Señaló que por el momento no está definido si esas conversaciones se concretarán con la Legislatura o el Gobierno. “Ya veremos cuál sería el interlocutor”, apuntó.

Mientras tanto, AJER dejó planteada su posición frente al proyecto y cuestionó la intención de modificar el mecanismo vigente. “Nos parece que no tiene ningún sentido que esto prospere”, remarcó por último el dirigente. (APFDigital)

La ilusión de compartir el viaje de egresados con sus compañeros estuvo a punto de quedar frustrada por una decisión institucional que, según la Justicia, vulneró derechos fundamentales. Una adolescente con epilepsia focal y trastorno cognitivo leve había sido excluida del viaje de estudios al exterior organizado por su colegio bajo el argumento de que su estado de salud representaba un riesgo. Sin embargo, un fallo judicial concluyó que esa decisión fue arbitraria, ilegítima y discriminatoria.

La sentencia, dictada por la jueza de Garantías N° 6 de Paraná, Elisa Zilli, hizo lugar a la acción de amparo promovida por los padres de la estudiante y ordenó al establecimiento educativo autorizar su participación en el viaje de sexto año previsto para agosto de 2026, además de cesar inmediatamente toda conducta discriminatoria hacia la adolescente.

La negativa del colegio

El conflicto comenzó cuando las autoridades del colegio comunicaron a la familia que la alumna no podría participar del tradicional viaje educativo al exterior. La institución sostuvo que el campus donde se alojarían los estudiantes se encontraba alejado de centros de salud, carecía de infraestructura para atender una eventual emergencia y que, debido a la enfermedad que padece la adolescente, no podía garantizar su seguridad durante la estadía.

La familia rechazó esa explicación y presentó abundante documentación médica. La neuróloga tratante aseguró que la joven se encuentra clínicamente estable, lleva años bajo tratamiento, tiene autonomía para desenvolverse en su vida cotidiana y no presenta ninguna contraindicación para viajar, incluso al exterior, siempre que lo haga acompañada por un familiar y respetando las indicaciones terapéuticas. También acompañaron informes de la psicóloga, la psicopedagoga y la terapista ocupacional, quienes coincidieron en la importancia educativa, social y emocional de que pudiera participar del viaje junto a sus compañeros.

Un informe clave

Durante el trámite del amparo intervino el Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. El especialista designado analizó toda la historia clínica y coincidió con el equipo tratante: dictaminó que ni la epilepsia ni el trastorno cognitivo leve constituyen un impedimento para viajar y que el traslado al extranjero no representa un riesgo adicional para la adolescente, siempre que se respeten determinadas pautas médicas.

Entre las recomendaciones figuraron viajar con medicación suficiente para toda la estadía, portar certificados médicos y recetas, contratar un seguro de asistencia al viajero que cubra enfermedades preexistentes, adaptar la medicación al cambio horario y que la joven permanezca acompañada por un familiar responsable durante todo el viaje.

Al analizar el caso, la magistrada sostuvo que la controversia no giraba sobre la existencia de la enfermedad —hecho reconocido por ambas partes— sino sobre si esa condición justificaba impedirle participar de una actividad escolar junto al resto de sus compañeros.

Una respuesta negativa

El fallo afirma que el colegio desatendió los informes médicos especializados y optó por excluir a la alumna únicamente por su discapacidad, otorgándole un trato diferente al resto de los estudiantes. Esa decisión, sostiene la sentencia, vulneró los derechos a la igualdad, a la educación, a la inclusión social y a la no discriminación reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que protegen especialmente a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La resolución también resalta que las personas con discapacidad deben ser consideradas sujetos plenos de derechos y que las instituciones educativas tienen la obligación de promover su inclusión, eliminando las barreras que impidan su participación en igualdad de condiciones. Para fundamentar esa conclusión cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos precedentes nacionales e internacionales.

Como consecuencia del fallo, la jueza condenó al colegio a autorizar, en un plazo de cinco días hábiles, la participación de la adolescente en el viaje de estudios y a cesar inmediatamente cualquier acto discriminatorio relacionado con su condición de salud.

Además, dispuso que el viaje se realice con el acompañamiento de uno de sus padres, que se contrate un seguro médico que contemple enfermedades preexistentes y que se adopten todos los recaudos indicados por los profesionales de la salud para garantizar su bienestar durante la estadía.

Finalmente, la magistrada ordenó que, una vez firme, la sentencia sea publicada en el portal del Poder Judicial de Entre Ríos, preservando la identidad de la adolescente, con el objetivo de visibilizar este tipo de situaciones y prevenir nuevos hechos de discriminación en ámbitos educativos.

La iniciativa, considerada pionera a nivel nacional, será aplicada en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de la provincia y abarcará específicamente la etapa vinculada a la declaratoria de herederos.

Según se informó, el nuevo esquema digital permitirá simplificar procedimientos, optimizar la administración de datos y brindar mayor previsibilidad a quienes deban atravesar un proceso sucesorio. Actualmente, el tiempo promedio para obtener una declaratoria de herederos ronda el año y medio desde la presentación inicial. Con la implementación del sistema, se estima que ese plazo podría reducirse a entre 45 y 60 días, siempre que la documentación requerida sea presentada correctamente y se cumplan las exigencias procesales correspondientes.

La medida fue formalizada mediante el Acuerdo Nº 16/26 del STJER y establece que, a partir de agosto, todas las sucesiones sin testamento deberán iniciarse a través de un formulario digital disponible en la Mesa Virtual. Este mecanismo reemplazará la tradicional demanda sucesoria y también eliminará el uso de la denominada “foja 0”.

De esta manera, las Mesas Únicas Informatizadas (MUI) o áreas de Superintendencia recibirán directamente las solicitudes mediante el sistema SIRIRI, realizarán el sorteo correspondiente y asignarán cada expediente al juzgado competente. Además, la tasa de justicia será calculada y generada automáticamente por la plataforma al momento de completar el trámite.

El proyecto comenzó a gestarse en 2023 por impulso de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, que conformó una comisión específica para estudiar alternativas de automatización. Tras varios meses de trabajo técnico y de consenso, en noviembre de 2025 se puso en marcha una prueba piloto en distintos juzgados de la provincia.

Luego de más de seis meses de funcionamiento experimental, las autoridades judiciales concluyeron que la herramienta cumplió con los objetivos previstos, por lo que resolvieron extender su utilización a toda la jurisdicción provincial.

Paralelamente, el Instituto Alberdi lleva adelante instancias de capacitación destinadas tanto a personal judicial como a abogados y abogadas. La primera cohorte ya se encuentra en desarrollo y reúne a más de 800 participantes entre ambos sectores. También está prevista una nueva convocatoria para quienes deseen capacitarse antes de la entrada en vigencia del sistema.

Desde el Poder Judicial destacaron que la plataforma fue diseñada con una lógica sencilla e intuitiva, incorporando herramientas que guían al usuario durante cada etapa del trámite, unifican criterios de gestión y requieren únicamente la información indispensable para avanzar en el proceso sucesorio.

A lo largo de toda la semana se desarrolló en los Tribunales de Gualeguaychú un nuevo juicio por jurado por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, contra un hombre que durante más de una década violó a una joven que hoy ya tiene 20 años y se animó a contar lo que padeció.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la víctima.

Este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

El pasado lunes comenzó a tratarse el caso en los Tribunales. Ese primer día estuvo dedicado a la selección de las doce personas que integraron el jurado y el martes se realizaron los alegatos de apertura y la recepción de la prueba, entre los profesionales que atendieron a la joven en la Casa de la Mujer y en el Centro de Salud de su barrio. El martes y miércoles siguieron con las declaraciones de la madre, familiares, amigos, que tomaron conocimiento de los hechos y peritos del Poder Judicial. El jueves fue el turno de la defensa y sus testigos, y este viernes se realizaron los alegatos de clausura e instrucciones finales al jurado ante de la deliberación y veredicto.

El jurado lo encontró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de conviviente y por ser la víctima menor de 18 años, y la audiencia de cesura se realizará el próximo miércoles, donde la fiscal Cedrés podría requerir hasta el máximo de lo que establece el Código, con una pena de hasta 20 años de prisión.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, aún no conformado. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

La aprobación del pliego de Michelli se produjo horas después de que el Poder Ejecutivo intentara retirarlo, en medio de la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Mahiques pidió no hablar de “escándalo” y recordó que “todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retiraron pliegos”, defendiendo la maniobra como una facultad constitucional.

El ministro reconoció que Michelli había sido incluida en las ternas, pero subrayó que el mandatario conserva la potestad de vetar las opciones. Además, desmintió que la decisión de retirar el pliego estuviera vinculada a los lazos familiares de la jueza con un periodista de La Nación, considerado opositor por el oficialismo. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, afirmó.

En paralelo, el ministro destacó la aprobación de 74 pliegos en la Cámara alta, lo que consideró un paso clave para reducir la vacancia judicial. Según sus palabras, el Poder Judicial enfrenta un 37% de cargos vacantes, lo que genera “una crisis institucional nunca antes vista”. “Es una manera de ir saldando esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos”, agregó.

A través de la Oficina de la Mujer (OM), dependiente del Superior Tribunal de Justicia, se conocieron datos estadísticos sobre los femicidios registrados en la provincia durante 2025, y de acuerdo a ese relevamiento realizado desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, en Entre Ríos se registraron dos víctimas de femicidio directo y una víctima de femicidio vinculado, una categoría que comprende otras muertes violentas asociadas a contextos de violencia de género.

Las víctimas tenían entre 22 y 42 años. Los hechos sucedieron en distintos puntos de la provincia: en Victoria, Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Tala). En cuanto al lugar de ocurrencia, uno tuvo lugar en un espacio público, otro en la vivienda de la víctima y el tercero en una zona rural.

Los registros indican además que dos niñas y/o niños quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. En relación con los medios empleados para cometer los hechos, se identificó un caso con arma de fuego, otro con arma blanca y un tercero mediante el uso de fuerza física.

El análisis de la información permite advertir que el 100 por ciento de las víctimas conocía a su agresor, mientras que en el 80 por ciento de los casos existía o había existido una relación afectiva o sentimental entre la víctima y el femicida. Estos datos reflejan una característica recurrente de las violencias extremas por motivos de género: su ocurrencia en ámbitos de cercanía y confianza.

Asimismo, se observó que en dos de los casos no existían medidas judiciales de protección previas. En el restante, el agresor registraba una condena condicional dictada en el marco de un juicio abreviado. Uno de los femicidas se suicidó luego de cometer el hecho y los otros dos permanecen privados de libertad en una unidad penal.

En la sesión de este jueves en el Senado tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo a fines de abril y esta misma semana.

El nuevo paquete de propuestas para cubrir vacantes en el Poder Judicial -y más precisamente los últimos postulantes que se giraron- tiene que ver con un reclamo de aliados para que se contemplen designaciones del interior del país.

Este jueves, antes de la sesión, la Comisión de Acuerdos culminó con las audiencias públicas por la que pasaron alrededor de 80 candidatos a ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores, pero en su mayoría fueron de Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Ante la postura de senadores dialoguistas, que retrasaron su acompañamiento a los dictámenes de esos expedientes, el Poder Ejecutivo envió más nombramientos. Igualmente, cuando comenzó el proceso para cubrir vacantes, el Ministerio de Justicia anticipó que hay pendientes más de 300, con lo cual, continuarán.

En la nueva tanda están incluidos postulantes para las jurisdicciones de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chubut, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro y Formosa.

Tras los plazos formales, los candidatos deberán presentarse ante audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.

El Poder Judicial de Entre Ríos presenta una composición con mayoría de mujeres en su estructura laboral. Los datos relevados en el Mapa de Género 2025, realizado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, indican que el 59% del plantel está conformado por mujeres y el 39% por varones.

El informe refleja una tendencia sostenida hacia una mayor participación femenina en el ámbito judicial, en línea con las políticas institucionales orientadas a promover la igualdad de género y el acceso equitativo a los espacios de trabajo.

En la dimensión territorial, el departamento Paraná concentra el 44% del total de agentes (1.250), constituyéndose como la jurisdicción con mayor proporción de personal dentro del sistema judicial provincial. Le siguen Concordia, con el 13% (356 agentes), y Concepción del Uruguay, con el 8% (239 agentes). Por su parte, departamentos como San Salvador (1%) e Islas del Ibicuy (0,8%) registran valores menores en relación con el total de agentes del sistema.

En la desagregación por género a nivel departamental, la participación de mujeres se concentra en las jurisdicciones de mayor volumen de agentes, como Paraná (746), Concordia (194) y Concepción del Uruguay (138). No obstante, más allá de las diferencias en términos absolutos, se observa como patrón general que las mujeres constituyen mayoría en todas las jurisdicciones, incluso en aquellas de menor dotación, donde la brecha es más acotada, observándose así un predominio femenino transversal en toda la estructura, independientemente de la escala de cada jurisdicción.

En lo que respecta al Superior Tribunal de Justicia, integrado por 9 vocalías, se registran 4 mujeres y 5 varones, reflejando la composición de su órgano de máxima jerarquía.

En el ámbito de la magistratura se contabilizan 245 cargos —incluyendo jueces y juezas de paz, magistrados/as de primera instancia de todos los fueros y camaristas—, de los cuales los varones ocupan la mayoría (61%), mientras que las mujeres representan el 39% restante.

Por su parte, en los niveles de funcionariado y personal administrativo, las mujeres representan el 63% en ambos casos, conforme a los datos relevados para el período analizado.

En los Ministerios Públicos, la participación de mujeres alcanza el 54% en el Ministerio Público Fiscal y el 57% en el Ministerio Público de la Defensa. A nivel de cargos específicos, las mujeres representan el 53% del total de cargos de fiscalía; mientras que en el caso de la defensa su participación es prácticamente paritaria (49%), con una leve mayoría de varones (50%). En cuanto al funcionariado y al personal administrativo, la participación de mujeres supera el 60% en ambos Ministerios.

En este marco, y en relación con la construcción de la información relevada, el Sistema de Gestión de Personal (SGP) contempla diversas categorías en la variable género basadas en la identidad de género —incluyendo identidades no binarias y trans—, sin que durante el período 2025 se registren selecciones en dichas opciones. Por su parte, el 2% del personal (54 agentes) no consignó información en las variables género/sexo, por lo que fue incorporado a la categoría “sin datos” a los fines de su contabilización dentro del relevamiento.

La sistematización periódica de estos datos permite conocer la composición del Poder Judicial y su evolución en el tiempo, consolidando una base empírica que fortalece el diseño de políticas institucionales con enfoque de género y la mejora continua de la gestión.

En la mañana de este jueves se realizó la autopsia en la Morgue Judicial del Cementerio Norte, al cuerpo del interno Miguel Ángel Magallán, por orden de la fiscal Martina Cedrés para despejar cualquier hipótesis en torno al deceso.

El médico forense del Poder Judicial de la jurisdicción Gualeguaychú, Marcelo Benetti, no encontró anomalías en las placas de cráneo y tórax, y se confirmó que el fallecimiento se debió a una descompensación cardíaca por su cuadro de obesidad mórbida e hipertensión arterial.

Magallán tenía 42 años, era nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, soltero y había sido empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

El titular del Poder Ejecutivo brasileño aseguró que impulsa esta medida para proteger a la población e “impedir que los padres endeuden a sus familias”.

“Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, dice Lula durante su discurso.

Justamente en el discurso recuerda que “los casinos están prohibidos en Brasil” por lo que “no tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”.

Y remate: “trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”.

Roberto Carlos y Víctor Ezequiel Goró llegaban al juicio en libertad, acusados por el homicidio de Omar Mayer, ocurrido el 9 de septiembre de 2020. Según la teoría de la Fiscalía, ese día Goró padre mantuvo una pelea con su sobrino dentro de la vivienda que compartían en calle Claudio Fink. La discusión se trasladó a la vía pública, donde el acusado habría portado dos cuchillos con los que atacó a Mayer. En la agresión también habría participado su hijo Víctor. Mayer murió esa misma noche en el hospital San Martín a causa de las lesiones.

Este martes iba a comenzar el juicio, pero según se informó desde el Poder Judicial se anuló la selección de jurado popular y dictaron la prisión preventiva para Víctor Goró por haber filmado con un celular el ingreso del jurado que iba a actuar en el debate y subió esa filmación a su estado de Whatsapp.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, anular la selección del jurado seleccionado el 20 de febrero, y consecuentemente el juicio oral. Además, instó a la Oficina de Juicio por Jurados la pronta fijación de una nueva audiencia de selección de jurados y juicio oral.

Respecto de la persona acusada que subió el material fílmico, Malvasio dictó la prisión preventiva para Víctor Ezequiel Goró en la Unidad Penal de Paraná hasta la finalización del juicio, y mantuvo la libertad del otro imputado, el padre, que no realizó ninguna filmación.

Ahora, la Dirección de Jurados efectuará un nuevo sorteo para la audiencia de selección de jurados que se fijó para el 16 de marzo próximo, para el juicio oral que comenzará el 17 de marzo.

Guale Consciente es un evento cultural que pretende “poner sobre la mesa” las problemáticas vinculadas al tráfico y al consumo de drogas ilegales en la ciudad, a la vez que propone espacios para la construcción colectiva de soluciones motivadas en la prevención del consumo y la atención de las problemáticas ya instaladas. Todo esto en un marco artístico que se configura como una propuesta para toda la familia y el turismo.

La iniciativa, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo en la zona portuaria y dará comienzo a las 17.30 horas, nació desde el Espacio Cultural Asociativo (ECA), un dispositivo de vinculación de organizaciones de base territorial para crear y potenciar acciones de impacto comunitario.

Actualmente el ECA está conformado por cuatro organizaciones: la Asociación Civil Primeras Madres Cuidadoras de Gualeguaychú, la Cooperativa de Trabajo La Táfila Ltda., la Sala Sinergia Teatral y la Cooperativa de Trabajo Arqueoterra Ltda. Además, puntualmente para la puesta en marcha del Guale Consciente se sumó la Asociación Civil Proyecto Unir.

Formación e intercambio

El evento se desarrollará tanto presencial como virtualmente. Comenzará a las 9:30 horas con un taller virtual destinado a toda la comunidad y a trabajadores del Poder Legislativo y el Poder Judicial local, provincial y nacional, en el que se trabajará sobre la temática en clave legislativa y jurídica con personas abocadas a la tarea.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, se llevará a cabo un panel presencial para dialogar sobre abordajes desde organizaciones de la comunidad, profesionales y el Poder Ejecutivo, convocando a toda persona interesada en la temática y a trabajadores del poder ejecutivo municipal y provincial.

El arte, presente

Finalmente, la parte artística del festival comenzará 19 horas con un escenario montado de espaldas a la primera nave de los galpones del puerto (zona habitual de este tipo de eventos) con música, teatro, circo y otras expresiones artísticas orientadas al público general. Además, para dar marco al evento, se hará una zona para feriantes, contando con stands gastronómicos y de artesanías, debidamente montados y habilitados.

Desde el ECA comunicaron a EL ARGENTINO que el trabajo necesario para la realización del evento será puesto ad honorem tanto por las organizaciones que proponen, como por artistas, talleristas, conductores y otros. Además, se buscará financiar el costo de la técnica de audio e iluminación por tres vías: apoyo de la Municipalidad de Gualeguaychú, auspiciantes y feriantes.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -Regional XI- informó sobre las acciones que se están intentando llevar adelante para sostener el financiamiento de la ETP (Educación Técnico Profesional).

El sindicato recordó que ha mantenido reuniones con legisladores provinciales, nacionales y con funcionarios políticos de diversos espacios políticos, y también con colegios de profesionales, cooperadoras, centros de estudiantes, directivos de escuelas y con empresarios de la producción y de servicios con el fin de que “se tome real conciencia de que los fondos son por y para las y los alumnos y que los recursos para la ETP son de vital importancia para las actividades escolares diarias y la formación óptima de los y las estudiantes”.

En este contexto, “se avala y felicita la decisión tomada por padres y alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se han presentado ante el Poder Judicial para solicitar que no se avance con el desfinanciamiento de las instituciones de la ETP”.

“Desde la AMET esperamos y deseamos fervientemente que los Jueces pongan freno a este accionar del Poder Ejecutivo avalado en el Congreso Nacional que atenta directamente contra el presente y futuro de la Educación Técnico Profesional”.

"Con ese criterio padres y estudiantes de escuelas técnicas presentaron una medida cautelar ante la justicia para que declare inconstitucional al artículo 30 del Presupuesto 2026 que elimina fondos en educación y ciencia”, destacaron desde AMET.

El planteo fue realizado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas”.

Se plantea que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino” y “desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

La eliminación de los pisos mínimos de financiamiento se inscribe dentro de las políticas de desfinanciamiento de la educación técnica en los dos últimos años.

Desde el sector educativo estiman que el recorte provocado por Javier Milei alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.

Los principales fundamentos de la cautelar:

1) El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales: Según consta en la denuncia, “el primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional” dado que, indican “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”.

Entre el marco normativo superior enumeran a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

“El presupuesto tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”.

Desde ese enfoque, la presentación considera que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”.

2) Viola el derecho constitucional a la educación: De acuerdo a la presentación, el artículo 30 del nuevo presupuesto “afecta directamente el derecho a la educación” consagrado en tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible” advierten y remarcan que eliminar los “pisos legales de inversión” vacía de contenido a ese beneficio consagrado.

3) Viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad: Otro de los ejes se centra en los derechos sociales. La demanda parte de la base de un Estado “obligado a cumplir el principio de progresividad y la prohibición de regresión” consagrados por la Constitución.

“El artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas. No se trata de una crisis imprevisible ni de una medida transitoria: es una decisión regresiva explícita, que desanda políticas de Estado construidas durante décadas”.

4) Es irrazonable y discriminatorio: En base a la Constitución, el pedido de cautelar recuerda que eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica “no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”.

Los demandantes sostienen que el artículo 30 extiende los niveles de desigualdad: “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”.

“La educación pública deja de ser igualadora y pasa a ser selectiva por ingresos, lo cual es constitucionalmente inadmisible".

5) Compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial: El amparo remarca otro punto clave: “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo. Las trayectorias educativas no se pueden “pausar” y retomar sin daño”.

Y aseguran que aún si la Justicia declarara luego la inconstitucionalidad, “el daño ya estaría hecho”. (Fuente: APFDigital)

El Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CMARC) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) registró, hasta el 30 de noviembre pasado, 13.135 mediaciones iniciadas en la provincia, consolidando así la mediación como una herramienta eficaz y accesible para la resolución de conflictos.

En cuanto a los resultados de los procedimientos mediatorios, las estadísticas reflejan que:

• El 38,3% de las mediaciones concluyeron con acuerdo entre las partes.

• El 33,2% finalizaron sin acuerdo.

• El 21,4% concluyeron por incomparecencia injustificada de alguna de las partes.

• El 4,3% finalizaron por desistimiento.

Estos indicadores evidencian que una proporción significativa de los conflictos sometidos a mediación encuentra una solución consensuada, mientras que, aún en los casos en que no se arriba a un acuerdo, el proceso mediatorio cumple un rol relevante en la gestión del conflicto.

Bajo nivel de judicialización posterior

Un dato particularmente relevante es que solo el 20,5% de las mediaciones iniciadas durante 2025 derivaron posteriormente en la iniciación de un proceso judicial, lo que confirma el impacto positivo de la mediación como mecanismo preventivo de la litigiosidad.

Del total de procedimientos:

• El 15,7% derivaron en juicios iniciados en el fuero de Familia.

• El 4,8% derivaron en juicios iniciados en el fuero Civil y Comercial.

• El 79,5% de los casos no generaron la apertura de un expediente judicial, permitiendo a las partes resolver o encauzar el conflicto sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Un aporte concreto al acceso a la justicia

La mediación, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ofrece múltiples beneficios para la ciudadanía: constituye una vía más rápida, económica y participativa, reduciendo los costos emocionales y materiales asociados a los procesos judiciales prolongados.

Para el Poder Judicial, representa además una herramienta clave para optimizar el servicio de justicia, permitiendo que los órganos jurisdiccionales concentren su intervención en aquellos casos que requieren una decisión judicial directa.

El trabajo desarrollado durante 2025 reafirma el compromiso del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al acceso efectivo a la justicia, la pacificación social y la resolución colaborativa de los conflictos.

En ese lapso se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados/as, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación judicial. Asimismo, el promedio de movimientos diarios —en días con actividad— fue de 19.163, lo que evidencia una dinámica sostenida del sistema judicial.

En igual período se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. En cuanto a la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.

En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408). En tanto, en segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 2.422 sentencias y 3.449 autos, totalizando 5.871 resoluciones, mientras que en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno emitieron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.

En materia no penal se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, sumando 96.420 resoluciones, entre las cuales se incluyen 699 procedimientos constitucionales. Por su parte, en materia penal se dictaron 5.921 sentencias y 19.817 autos, totalizando 25.738 resoluciones.

En el mismo período se realizaron 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Estos indicadores dan cuenta del volumen de trabajo y de la continuidad en la prestación del servicio de justicia, así como del fortalecimiento de las políticas de modernización y gestión judicial implementadas durante el año 2025.

Al 22 de diciembre pasado se realizaron exitosamente 110 subastas, computándose como unidad aquellos remates masivos de lotes de bienes muebles, lo que permitió recaudar 2.507.160.959,39 de pesos. Esa cifra no incluyó los honorarios de las y los martilleros intervinientes, ni comisiones por servicio del portal.

Dentro del plazo conferido, se encuentran pendientes de pago seis remates, mientras que uno más está en curso, con fecha de finalización estipulada para el 30 de diciembre próximo.

Asimismo, durante el año fueron suspendidas 42 subastas, en la mayoría de los casos por acuerdo de partes o por defectos en publicaciones y/o notificaciones de parte. También fracasaron 18 procedimientos: 10 por falta de ofertas, quedando los bienes desiertos, y los 8 restantes debido a postores remisos.

En ese sentido, estadísticamente se mantiene la tendencia de los remisos, representando menos del 5 por ciento del total de remates decretados desde la entrada en vigencia de este nuevo sistema.

En tanto, para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 ya se encuentran decretadas y cargadas 17 nuevas subastas, estimándose un volumen de trabajo similar al del año en curso.

Según el registro oficial, al 22 de diciembre pasado se computan 17.220 usuarios o postores de todo el país, entre personas físicas (16.943) y jurídicas (277), en condiciones de ofertar o pujar en relación a los diversos bienes en remate.

Dado que a diario se reciben numerosas solicitudes de inscripción -no habiendo mermado esa tendencia desde la implementación del sistema-, esta cifra de postores tiende a aumentar en forma permanente, viabilizando el desarrollo de las subastas con una importante participación de interesados.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, sumó una nueva denuncia por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que incluye pedido de juicio político. La presentación fue realizada por una ex empleada judicial, abogada y contadora, quien denunció acoso laboral, discriminación y persecución por razones políticas.

La acusación se incorpora a otras dos denuncias que ya se encuentran en trámite en la Cámara de Diputados. En esos expedientes, Medina fue cuestionada por ausencias prolongadas de su jurisdicción —668 días hábiles entre los períodos 2016-2019 y 2024-2025— y por la presunta aceptación o gestión de contribuciones del Banco de Entre Ríos SA y fundaciones vinculadas a esa entidad en favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

La nueva denuncia fue presentada por Marta Cecilia Miño, quien se desempeñaba como escribiente titular en la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Según sostuvo, fue trasladada de manera unilateral, inconsulta y sorpresiva a otra área del Poder Judicial, sin especificidad de funciones y sin su consentimiento, en lo que interpretó como una represalia política.

Miño aseguró que el cambio de destino se formalizó mediante una resolución firmada por Medina junto a otros integrantes del Tribunal de Superintendencia, y afirmó que el traslado careció de fundamentos válidos. También denunció que, a partir de esa reasignación, sufrió una situación de violencia laboral persistente, con descalificaciones e insultos, que derivaron en un cuadro de angustia y depresión.

La ex empleada judicial señaló que denunció estos hechos ante la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral del STJ, pero sostuvo que se le negó el derecho a ser oída y que se obstaculizó su acceso a la justicia. En ese marco, atribuyó a Medina un rol de conducción y decisiones contrarias a principios constitucionales y garantías fundamentales.

Entre los hechos denunciados, mencionó la violación del debido proceso y del derecho de defensa, la negativa a reconocer notificaciones electrónicas válidas y el ejercicio de una forma de violencia institucional sostenida. Según la presentación, estas conductas configurarían un abuso de poder incompatible con el principio republicano de gobierno.

Medina rechazó las acusaciones y sostuvo que no se le imputan cargos jurídicos concretos, sino juicios de valor basados en opiniones sin pruebas. Afirmó que las denuncias constituyen una herramienta de presión en su contra y solicitó el rechazo in limine de los planteos. Está previsto que se presente de manera remota ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para exponer su descargo y responder preguntas.

La Comisión de Juicio Político, presidida por Gabriela Lena, deberá ahora analizar esta tercera denuncia, que se sustancia por separado de las anteriores, y definir los pasos a seguir en el proceso.