La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, logró en las últimas horas la detención de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de las calles Moreno y Gervasio Méndez, y fue el cierre de un operativo que incluyó investigaciones, tareas de vigilancia encubierta y el análisis de información proveniente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)

Gracias a estos recursos, la Policía Federal pudo establecer el paradero del prófugo, concretar su detención y de esta forma darle un cierre a la orden de captura que había sido emanada desde el Juzgado de Garantía N°3 de Moreno.

El detenido fue inmediatamente trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición para un futuro traslado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente al partido de General Rodríguez, de donde se solicitó su captura.

En primer lugar, respecto a la mujer de 58 años detenida durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Ubaldino Aguirre y Los Sauces, en el barrio Don Pablo, se dispuso un arresto domiciliario por 30 días, mientras que para el hombre de 47 años aprehendido en el mismo operativo, se ordenó su alojamiento en la Jefatura Departamental por el mismo periodo de tiempo.

Ambos fueron detenidos el jueves durante un procedimiento en el barrio Don Pablo, donde secuestraron 73 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para fraccionar la droga.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ubaldino Aguirre y Los Sauces.

Según pudo conocer EL ARGENTINO, la causa se inició en febrero, cuando los investigadores detectaron, a través de redes sociales y otras fuentes digitales abiertas, indicios que podían estar relacionados con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esa primera información comenzaron una serie de averiguaciones que se extendieron durante varios meses. Las tareas incluyeron seguimientos, observaciones en el lugar y el análisis de distintos movimientos que permitieron a los investigadores identificar a las personas que estarían vinculadas con la actividad investigada.

Con el avance de la pesquisa se fueron reuniendo elementos que, según la investigación, permitieron documentar el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer el domicilio en el que se desarrollaban las maniobras.

Toda la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la orden de la fiscal Martina Cedrés. Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención de la Justicia y finalmente la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, autorizó el allanamiento.

Asalto a mano armada

El otro detenido al que se le dispusieron medidas es un joven de 20 años que fue aprehendido el sábado en un allanamiento realizado en la zona norte de Gualeguaychú en el marco de una investigación por un asalto a mano armada a un almacén en la mañana del miércoles pasado.

La Policía reunió evidencia para considerar que se trataba del mismo delincuente que asaltó con un cuchillo en mano a un comerciante en Alsina al 800 y escapó con la recaudación. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda ubicada en calle Federación y Schachtel, donde se lo detuvo y se secuestraron prendas de vestir que tendría colocadas al momento del hecho y quedaron retratadas en las filmaciones de las cámaras de seguridad que se pudieron obtener.

El caso está en manos del fiscal Jorge Gutiérrez, y según se pudo conocer sobre el avance de la investigación, la Justicia dispuso una prisión preventiva por 30 días mientras se avanza con el caso.

Un hombre de 47 años y una mujer de 58 quedaron detenidos a disposición de la Justicia, tras una investigación que comenzó a principios de este año y culminó este jueves por la tarde con un allanamiento en el barrio Don Pablo de Gualeguaychú.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ubaldino Aguirre y Los Sauces.

En el lugar fueron encontrados 73 envoltorios de nylon que contenían cocaína, además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y distintos elementos que habrían sido utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Según pudo conocer EL ARGENTINO, la causa se inició en febrero, cuando los investigadores detectaron, a través de redes sociales y otras fuentes digitales abiertas, indicios que podían estar relacionados con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esa primera información comenzaron una serie de averiguaciones que se extendieron durante varios meses. Las tareas incluyeron seguimientos, observaciones en el lugar y el análisis de distintos movimientos que permitieron a los investigadores identificar a las personas que estarían vinculadas con la actividad investigada.

Con el avance de la pesquisa se fueron reuniendo elementos que, según la investigación, permitieron documentar el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer el domicilio en el que se desarrollaban las maniobras.

Toda la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la orden de la fiscal Martina Cedrés. Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención de la Justicia y finalmente la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, autorizó el allanamiento.

El operativo concretado este jueves permitió así cerrar varios meses de investigación con el secuestro de la droga y otros elementos de interés para la causa, mientras que las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, alojadas en la Jefatura y posteriormente la mujer fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer.

Una pareja fue detenida en Concordia en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, que permitió secuestrar cocaína fraccionada para la venta, una importante suma de dinero en efectivo, un colectivo y varios teléfonos celulares.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, luego de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de esa ciudad.

La pesquisa comenzó cuando los investigadores detectaron que una pareja estaría dedicada a la venta de drogas al menudeo en el ámbito laboral. De acuerdo con la información reunida durante la investigación, los sospechosos no solamente comercializaban las sustancias, sino que también las habrían utilizado como forma de pago o contraprestación por determinados trabajos.

A partir de ese dato se desplegaron distintas tareas de investigación que incluyeron seguimientos, trabajos de campo y escuchas telefónicas.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores pudieron establecer que la presunta venta de estupefacientes se desarrollaba en distintas quintas y campos de la región, además de identificar a quienes serían los principales responsables de la actividad.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Concordia autorizó nuevas medidas para avanzar sobre los sospechosos. En ese marco, los efectivos interceptaron un vehículo utilizado por los investigados y posteriormente allanaron el domicilio de la pareja.

El operativo terminó con la detención de ambos integrantes de la pareja. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dosis de cocaína preparadas para su comercialización, una importante cantidad de dinero en efectivo, un colectivo y varios teléfonos celulares que quedaron incorporados a la causa como elementos de interés para la investigación.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal de Concordia, que deberá determinar ahora su situación procesal y el alcance de las responsabilidades que podrían atribuirse a cada uno.

La investigación continúa abierta y las medidas realizadas hasta el momento buscan establecer la dimensión de la presunta actividad de comercialización de drogas que, según la pesquisa, se habría extendido a distintos establecimientos rurales de la zona.

Un hombre fue detenido este jueves en Paraná durante un operativo de la Policía Federal Argentina que permitió el secuestro de más de 100 gramos de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y un teléfono celular. La causa quedó en manos de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal Paraná, que realizaba tareas de prevención cuando advirtió en la vía pública movimientos compatibles con la comercialización de drogas.

Tras identificar al sospechoso y realizar la requisa correspondiente, los efectivos hallaron cuatro envoltorios con cocaína en piedra. Las pruebas de orientación confirmaron que se trataba del estupefaciente, con un peso total de 110 gramos.

Además de la droga, los investigadores secuestraron 29.600 pesos en efectivo, una motocicleta Honda Wave y un teléfono celular Samsung A31, elementos que quedaron incorporados a la causa.

De acuerdo con la estimación realizada por los investigadores, la droga incautada tendría un valor cercano a los 1.650.000 pesos en el mercado ilegal.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la actividad que se le atribuye.

El hecho se desencadenó alrededor de las 12:45, cuando una mujer de 37 años, domiciliada en Pueblo Belgrano, logró pedir auxilio en dependencias de la fuerza federal. Según su testimonio, momentos antes se trasladaba junto a su pareja en un vehículo de reparto cuando, en medio de una discusión, el hombre habría esgrimido un cuchillo y la habría intimidado, exigiéndole determinadas acciones bajo amenaza.

De acuerdo a lo informado, cuando el hombre detuvo la marcha del rodado frente a un comercio, descendió rápidamente para resguardarse y se dirigió hasta el puesto de la Policía Federal, donde relató que se encontraba en peligro y solicitó ayuda.

A partir de la intervención del Comando Radioeléctrico y con conocimiento de la Fiscalía de Género en turno, se procedió a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado y alojado en sede policial. Se realizó la requisa del vehículo en el que circulaban, y se secuestró el cuchillo utilizado en la amenaza.

La mujer fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Familia, donde radicó la denuncia formal. La causa quedó en manos de la Fiscalía, en el marco de actuaciones por amenazas en contexto de violencia de género.

En las últimas horas del miércoles, personal de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, detuvo a un joven de 28 años que se encontraba prófugo de la Justicia por el delito de abuso sexual agravado.

La Policía realizó relevamientos periódicos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) que es una plataforma digital unificada de Argentina que permite a las fuerzas de seguridad consultar y registrar en tiempo real pedidos de captura, restricciones y medidas judiciales sobre personas o elementos, y comenzaron a investigar los movimientos del sospechoso en la ciudad.

El requerimiento provenía desde el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, en una causa que lo tiene como protagonista por abuso sexual agravado. Luego de varios días de tareas investigativas, se pudo establecer la zona que frecuentaba y el miércoles hacia el final de la tarde se logró su detención. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En las últimas horas del jueves y entrada la madrugada del viernes, la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó a cabo un importante operativo en el barrio La Cuchilla.

Los uniformados actuaron en el marco de una investigación relacionada con la venta de estupefacientes, llevada a cabo con la fiscal Martina Cedrés y por orden del Juzgado de Garantías de Ignacio Telenta.

El operativo culminó con la detención de cuatro hombres y el secuestro de cocaína compactada, envoltorios listos para su fraccionamiento y varias dosis listas para su comercialización, como así también elementos de corte, estiramiento, balanza, celulares, más de un millón de pesos en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

Las cinco fuerzas de seguridad federales protagonizarán una protesta inédita el próximo 2 de abril para reclamar por los bajos salarios y una severa crisis en su obra social, en un clima de fuerte interna política. Se trata de la primera vez en la historia que miembros de la Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una movilización, que consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

El malestar exhibe una profunda contradicción con la narrativa del Gobierno, que por un lado asegura “cuidar a quienes nos cuidan” y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza. Esta situación obliga a muchos efectivos a buscar un trabajo alternativo, como manejar un Uber, para poder llegar a fin de mes. Un uniformado confirmó a LPO la tensión que se vive en las bases: “Los grupos de Whasapp están en llamas”.

A la crisis salarial se suma el colapso de la obra social Iosfa. El Gobierno la dividió en dos, OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares, y además prometió un plan básico de OSDE para gendarmes y prefectos, pero la medida todavía está en el aire. En la práctica, los uniformados se encuentran casi sin prestación médica.

Además, la gestión de la exministra Patricia Bullrich generó un descontento que ahora eclosiona. Según fuentes del sector, Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esta decisión produjo un doble efecto, ya que generó malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial y provocó la bronca en el resto de las fuerzas, que se sintieron discriminadas.

Críticas a la gestión de Monteoliva

La preocupación más fuerte en la Casa Rosada apunta a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señalan como una “académica” sin capacidad de conducción. Un experto en seguridad con paso por varias gestiones explicó a La Política Online su visión sobre el liderazgo de la funcionaria: “Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está”.

En el Gobierno también existe un antecedente que genera escalofríos. Algunos funcionarios recuerdan que la misma Monteoliva conducía el Ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.

Por otra parte, la crisis salarial se entrelaza con la interna que Alejandra Monteoliva mantiene con su exjefa, Patricia Bullrich. La ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su disputa con la actual senadora. En el marco de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento muy duro con el jefe de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

Otro ejemplo de lo que consideran una gestión errática se produjo semanas atrás, cuando la ministra levantó la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital Federal. La medida encendió protestas reservadas de la DAIA y ocurrió justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel. Ante la revelación periodística, la ministra negó el hecho. Un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso afirmó: “O miente o no le informan, que sería peor”.

Un amplio operativo contra el narcotráfico se desplegó en Rosario, donde la Policía Federal Argentina, bajo coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló múltiples puntos de venta de droga al menudeo. La acción se enmarcó en el Plan Bandera y estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Federales (DFI).

En total se concretaron 29 allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores Sur, territorio históricamente vinculado a la organización criminal Los Monos. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y se incautaron estupefacientes valuados en más de 66 millones de pesos, además de armas de fuego, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

La investigación se originó a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, en el marco de la causa que indaga el triple crimen del 23 de diciembre pasado, cuando dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Rosario. Según la hipótesis judicial, el hecho estaría vinculado a disputas territoriales por el control de la venta de droga.

Las tareas de inteligencia criminal y seguimientos permitieron identificar distintos puntos de comercialización de estupefacientes administrados por organizaciones que se disputaban el narcomenudeo. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos se secuestraron plantas de cannabis, miles de dosis de marihuana y cocaína, además de aproximadamente tres millones de pesos en efectivo. También se hallaron teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento de droga. En algunos domicilios se incautaron armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados y el alcance de las organizaciones criminales que operaban en la zona.

Un grave episodio se registró durante la madrugada de este viernes en Crespo, donde un funcionario de la Policía Federal Argentina fue denunciado por abuso sexual contra una adolescente de 14 años. El acusado, que se encontraba de visita en un domicilio de la ciudad, fue agredido por familiares de la víctima antes de la llegada de la Policía y posteriormente detenido por disposición de la fiscalía.

Personal de la Comisaría Crespo activó de inmediato el Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, vigente en Entre Ríos, tras recepcionar la denuncia radicada por la madre de la menor. Según explicó el comisario Daniel Roldán, los efectivos acudieron con premura al domicilio, brindando contención y asistencia hospitalaria a la víctima, que permanecía bajo resguardo de sus progenitores.

Momentos previos a la intervención policial, allegados a la víctima protagonizaron una agresión física contra el acusado, quien resultó lesionado y debió recibir atención médica en el Hospital San Francisco de Asís. Tras ello, la fiscal de Género y Abuso en turno, Agustina Pietranera, dispuso su detención y traslado a Paraná.

En el lugar, la Policía secuestró el arma reglamentaria del acusado, confirmando su condición de funcionario federal con prestación de servicios en la provincia de Buenos Aires. También se dio intervención al gabinete de Policía Científica, que realizó pericias y levantó elementos de interés para la Investigación Penal Preparatoria.

Finalmente, una comisión trasladó al detenido hasta la capital provincial, donde se cumplimentaron las diligencias de rigor en la Oficina de Antecedentes Personales y la revisación médica policial. El acusado quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná, a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Investigan un asalto ocurrido en la madrugada del domingo en el interior de la sede de la Segunda Base de Fuerza Aérea, ubicada en avenida Jorge Newbery 3820 en Paraná. Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, una soldado voluntaria denunció que fue sorprendida por dos encapuchados cuando se dirigía al baño.

Estos sujetos le habrían propinado un golpe en el rostro, que le ocasionó un sangrado, le taparon la boca y posteriormente le sustrajeron su correaje, el cual contenía un arma de fuego calibre 9mm marca Browning FM y dos almacenes cargadores con diez cartuchos cada uno.

De acuerdo con los dichos de la soldado, los agresores se habrían retirado a pie hacia calle Salellas, donde finalmente los habría perdido de vista.

Tras el asalto, y por tratarse de un hecho acontecido en una dependencia militar, tomó intervención Policía Federal Argentina; personal de comisaría decimoquinta también se hizo presente en el lugar del hecho y labró las primeras actuaciones por el delito de Robo de Armamento.

La Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de cometer abusos sexuales durante casi treinta años contra su hija mayor. El procedimiento estuvo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Los hechos atribuidos al detenido comenzaron cuando la víctima tenía seis años y se extendieron durante décadas. Según la información oficial, los abusos ocurrieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar, donde la joven convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

Como consecuencia de los ataques sufridos, la víctima tuvo dos hijos con su progenitor, situaciones que permanecieron ocultas durante años por el silencio de su entorno familiar.

La denuncia que impulsó la causa

La mujer, actualmente de 35 años, logró denunciar los hechos después de iniciar una relación sentimental y contarle a su pareja lo ocurrido. Ese acompañamiento le permitió reunir la fuerza necesaria para presentarse ante la justicia.

La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la Dra. Marcela Semeria, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA que avanzara con la localización y captura del acusado.

Con esa instrucción, los investigadores comenzaron un análisis exhaustivo de la información reunida en el expediente judicial, lo que permitió establecer que el prófugo podría encontrarse oculto en la ciudad entrerriana de San José.

Localización en San José y detención

Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo, los agentes realizaron tareas de campo sobre un domicilio de la localidad señalada. Durante la vigilancia, detectaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del buscado.

Tras confirmar su identidad, los efectivos procedieron a detenerlo en la vía pública, en calle 17 de Agosto al 2800. El hombre, argentino de 59 años, quedó inmediatamente bajo custodia policial.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Nicolás Ceballos, con intervención de la Secretaría del Dr. Damián Billalba, por el delito de “abuso sexual agravado”. ElOnce

En las instalaciones del Club Recreo Argentino de Gualeguaychú, se llevó a cabo la ceremonia oficial por el 204° aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina, con la presencia de autoridades municipales, judiciales, provinciales y de las fuerzas de seguridad.

El intendente Mauricio Davico participó del acto acompañando al comisario mayor José César Rojas, director de la Agencia Regional Federal Litoral Santa Fe, y al subcomisario Roberto Miguel Gómez, jefe de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú. También estuvieron presentes representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, el Consejo de Seguridad Ciudadana, el Rotary Club Gualeguaychú, la Agencia ARCA, Veteranos de Guerra de Malvinas y funcionarios judiciales.

La ceremonia comenzó con la formación oficial, el saludo de autoridades y la entonación del Himno Nacional Argentino. A continuación, se rindió homenaje a los policías federales caídos en cumplimiento del deber, recordando su entrega y vocación de servicio.

Durante el desarrollo del acto, se hizo entrega de distinciones al personal destacado de la fuerza por su compromiso, desempeño y espíritu de servicio. Los reconocimientos fueron otorgados por distintas instituciones locales, entre ellas el Gobierno de Gualeguaychú, la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, el Consejo de Seguridad Ciudadana, la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, el Rotary Club Gualeguaychú y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En representación del Gobierno local, Davico entregó la distinción a la subinspectora Florencia Dalila Blanco, integrante de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, destacada por su profesionalismo, responsabilidad y compromiso con la comunidad.

Durante su discurso, el Subcomisario Roberto Miguel Gómez expresó: “La Policía Federal Argentina nació con una misión clara: garantizar la seguridad pública, preservar el orden constitucional y proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Esa misión, lejos de haberse agotado, se renueva constantemente frente a los desafíos que nos impone la realidad social, tecnológica y criminal contemporánea”.

En el tramo final, el Subcomisario Gómez entregó una plaqueta de reconocimiento al Club Recreo Argentino, en agradecimiento por su constante colaboración y disposición con la fuerza federal. Recibió la distinción el presidente de la institución, Martín Darré, en nombre de todos sus integrantes.

La ceremonia concluyó con las palabras del Inspector Daniel Ernesto de Armas, jefe de la Agrupación Policía Federal Argentina, quien agradeció la participación de las autoridades y el acompañamiento del Gobierno local. Posteriormente, los presentes compartieron un ágape y vino de honor, en un clima de camaradería y celebración institucional

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se reafirma el compromiso de continuar trabajando junto a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales, fortaleciendo los lazos de cooperación en pos de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos los vecinos.

Durante una década, un trabajador rural fue mantenido en situación de servidumbre por el dueño de un establecimiento agrícola en el sur entrerriano. El caso se conoció tras una denuncia de vecinos que alertaron a las autoridades sobre las condiciones en que el hombre vivía y trabajaba: sin salario, sin acceso a servicios básicos y sometido a extensas jornadas.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Ángel Martín, con intervención del secretario Nicolás Eduardo Beltzer. La División Trata de Personas de la Policía Federal encabezó los allanamientos simultáneos realizados en Victoria y Gualeguay. Allí se logró rescatar a la víctima, detener al presunto responsable y secuestrar elementos de prueba.

Según reconstruyeron los investigadores, el hombre habitaba una vivienda precaria, sin agua ni electricidad, en un paraje rural alejado del poblado más cercano. A cambio de comida y techo, realizaba tareas agrícolas y de cuidado de animales, sin descanso ni remuneración, alimentándose con lo que producía y con agua de un estanque.

Tras ser rescatado, fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata y por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

El hombre se encuentra bajo resguardo y con atención médica, mientras que el detenido fue trasladado a sede judicial. La causa avanza con la calificación de explotación laboral y reducción a la servidumbre, delitos previstos en la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.

El caso reaviva la preocupación por la persistencia de formas modernas de esclavitud en zonas rurales del país. Organismos provinciales y nacionales insisten en fortalecer los mecanismos de control y las redes comunitarias que permiten detectar situaciones de explotación antes de que se prolonguen durante años.

Personal de la Policía Federal Argentina contaba con información sobre su posible presencia en una escuela y logró capturarlo tras confirmar su identidad. De inmediato lo derivaron a Concepción del Uruguay.

El sospechoso tiene una causa por abuso sexual en su contra, que está bajo jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de CABA, a cargo del Dr. Carlos Rengel Mirat, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, dirigida por el Dr. José María Campagnoli.

Operativo por estafas informáticas con allanamientos en Entre Ríos. Un despliegue simultáneo de fuerzas federales permitió desarticular una red de estafas informáticas en distintas provincias del país. El operativo “Huella Digital”, ejecutado este miércoles por la Policía Federal Argentina (PFA), incluyó 21 allanamientos y la detención de 15 personas sospechadas de integrar diez bandas dedicadas a fraudes digitales.

Los procedimientos se realizaron desde las 6 de la mañana en Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, además de municipios bonaerenses como San Martín, Zárate, Quilmes, La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora y La Plata. Incluso, uno de los allanamientos tuvo lugar en un pabellón penitenciario, donde se comprobó la participación de internos en la organización delictiva.

Investigación y maniobras detectadas

La causa unificada bajo el nombre “Huella Digital” comenzó en agosto de 2024 y es coordinada por los fiscales Luis Brogna, Lorena Pecorelli, Jorge Yametti y la ayudante fiscal Daniela Sánchez. Según los documentos judiciales, los fraudes investigados superan los 20 millones de pesos, con operaciones que incluyeron transferencias ilícitas de criptoactivos.

El modus operandi se basaba en hackeos de cuentas de WhatsApp, creación de páginas falsas y enlaces de phishing. También se detectó el uso de Marketplace en Facebook para captar víctimas y concretar transferencias fraudulentas. En varias operaciones, las estafas se canalizaban a través de billeteras virtuales como Brubank, Mercado Pago y Digipayment, con la compra inmediata de criptomonedas para dificultar el rastreo.

Conexiones con presos y tecnología avanzada

La investigación marcó un precedente al incluir allanamientos dentro de un penal. Allí se verificó que personas privadas de la libertad coordinaban defraudaciones desde sus celdas, derivando fondos hacia cuentas y billeteras digitales controladas por cómplices externos.

Para asegurar las pruebas, la Justicia autorizó allanamientos en horarios inhábiles y el uso de la fuerza pública. Se dispuso la aplicación de la metodología “triage” para evitar la eliminación remota de datos. En los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, memorias extraíbles y claves de billeteras virtuales.

Dinero ilícito y destino final

De acuerdo con los informes periciales, el dinero obtenido de las estafas era rápidamente convertido en criptoactivos, principalmente en la red Ethereum. Parte de esos fondos se blanqueaban mediante un casino virtual que funcionaba como plataforma para disimular las ganancias ilícitas.

Los investigadores destacaron que la logística del operativo fue el resultado de más de un año de trabajo coordinado entre análisis digital y tareas de campo. La próxima etapa incluye pericias informáticas para establecer nuevos vínculos y detectar más damnificados, dado el alcance nacional de las maniobras. (Con información de Infobae).

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del agente de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, imputado por haber arrojado gas lacrimógeno directamente al rostro de una niña de 10 años durante una protesta frente al Congreso, en septiembre de 2024. La manifestación se realizaba contra el veto presidencial a la suba de jubilaciones.

El tribunal de alzada rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del policía y ratificó su responsabilidad como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves. Además, mantuvo el embargo preventivo sobre sus bienes. No obstante, los camaristas ordenaron al juez de primera instancia, Sebastián Ramos, ampliar las medidas probatorias solicitadas por la defensa, lo que demorará el eventual juicio.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi concluyeron que el accionar del agente “fue desproporcionado, injustificado y violatorio de los protocolos” que rigen para el uso de disuasivos químicos en manifestaciones públicas. El informe señala que Rivaldi actuó con conocimiento de que en el lugar estaban una mujer y su hija tendidas en el suelo, y que a pesar de ello apuntó directamente a sus rostros con el gas.

En su resolución, los camaristas señalaron que el policía tenía levantado el visor de su casco, lo que le permitía una visión clara de la escena, y que varios manifestantes advirtieron a gritos la presencia de la niña antes del ataque. Las pruebas audiovisuales y el testimonio de la madre fueron claves para confirmar los hechos.

La defensa del acusado había planteado que el gas podría haber sido lanzado por otros manifestantes y que existió una “valoración sesgada” del contexto. También aseguró que cumplía órdenes superiores y que nunca identificó a la menor. Argumentos que fueron desestimados por la Cámara.

El juez Ramos, en su fallo original, consideró que la madre y la niña se encontraban en una situación de vulnerabilidad, sin agredir a la autoridad, y que el accionar del policía fue deliberado y contrario a la normativa vigente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al efectivo en su momento. Dijo que “nadie le apuntó a una nena” y justificó el avance policial ante los manifestantes, defendiendo el accionar como parte de un operativo complejo. Su postura reavivó la polémica por el uso de la fuerza en protestas sociales.

Mientras el expediente avanza, el caso vuelve a poner en el centro del debate el uso excesivo de la represión por parte de las fuerzas federales, especialmente frente a sectores vulnerables, y el marco político que legitima o cuestiona esos episodios.

El Gobierno nacional oficializó el “Plan Güemes”, una estrategia integral de seguridad para fortalecer el control en la frontera con Bolivia, especialmente en los municipios salteños de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza. El plan apunta a combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, mediante operativos tácticos y tecnología de vigilancia.

La medida fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quedó formalizada con la Resolución 830/2025, publicada en el Boletín Oficial. La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, que podrá designar un responsable específico para su implementación.

En ese marco, se creó el Comando Unificado “Plan Güemes”, integrado por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Salta. La conducción operativa estará en manos de un Coordinador General designado por la Gendarmería Nacional. El Ministerio Público Fiscal de la Nación y el de la Provincia fueron invitados a nombrar enlaces institucionales.

Aunque el plan se activó formalmente desde este martes, algunas acciones ya estaban en marcha. Prefectura Naval patrulla el río Bermejo, una vía crítica usada por redes delictivas. En el acto de presentación realizado el año pasado, Bullrich expresó: “Salta va a ser más segura, sus ciudadanos van a poder vivir en paz, recuperar sus calles y sus fronteras”. También se refirió al impacto social: “Sabemos del dolor de las madres que pierden a sus hijos por el consumo o las bandas narcoterroristas. Este plan devuelve dignidad y oportunidades”.

El Ministerio de Defensa complementa la estrategia con la Operación Julio Argentino Roca, que incluye el despliegue de 1.900 efectivos y el uso de drones, radares, móviles y helicópteros. Desde abril, más de 10.000 integrantes de fuerzas federales participaron en acciones coordinadas en zonas terrestres y aeroespaciales, consolidando una presencia inédita en el norte argentino. (Con información de Infobae)