Los integrantes del jurado popular llegaron a un acuerdo unánime, y el veredicto fue de “no culpabilidad para los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina”, imputados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en medio se graves incidentes con armas de fuego entre bandas enfrentadas de barrio Capibá de Paraná.

El abogado de la familia de la víctima, José Iparraguirre, que se refirió a las “muestras de dolor de la familia de Gabriel Gusmán por el veredicto del jurado popular”, y en declaraciones a el Once, calificó que el caso quedó “impune” mientras los familiares gritaban que “lo mataron por la espalda”.

Luego de siete jornadas de debate, incluida la reconstrucción de los hechos en un predio ubicado en la zona sur de Paraná, el jurado popular “declaró no culpables a los policías Oscar Ricardo Molina y Diego Íbalo”, se informó desde Tribunales. El veredicto, que se conoció en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se produjo en el marco del legajo “Molina, Oscar Ricardo-Ibalo, Diego Sebastián S/Homicidio agravado”.

“Nosotros, el jurado, por unanimidad encontramos al acusado Oscar Rodrigo Molina no culpable”, al encontrarse justificado su accionar por legítima defensa, al encontrarse justificado también su accionar por cumplimiento de un deber o el legítimo ejercicio de un derecho autoridad o cargo.

Tras esa resolución, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, dispuso la disolución del jurado popular y agradeció la tarea de las seis mujeres y los seis hombres que lo integraron.

Durante el debate la querella estuvo a cargo de los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, en tanto que sus colegas Miguel Cullen y Daniel Rosatelli ejercieron la defensa de Molina, mientras que Patricio Cozzi y Rosatelli asistieron a Íbalo.

Se trató del centésimo cuadragésimo octavo juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Es un proceso inédito en Entre Ríos, con una relevancia histórica dada por la particularidad de que la querella actúa de manera autónoma, sin la intervención del Ministerio Público Fiscal. En noviembre de 2020, el fiscal Francisco Ramírez Montrull dispuso el archivo provisorio de la causa que investigaba la muerte del joven Gabriel Gusmán, muerto por un disparo en la nuca realizado por personal de la Policía durante un procedimiento en el barrio Capibá.

La resolución fue un golpe durísimo para la familia Gusmán, pero la querella logró convertirse en Autónoma y tomar las riendas del caso ante la negativa del MPF de investigar al entender que no había hechos delictivos y que se había tratado de una legítima defensa. “Nosotros, muy por el contrario, entendíamos que estábamos frente a un caso de gatillo fácil, un caso gravísimo. Y por eso solicitamos la constitución de la querella autónoma a que se nos dio lugar, que fue un tema absolutamente novedoso en la justicia entrerriana. Incluso en la justicia nacional, y por eso estamos como acusadores privados autónomos, siendo la única acusación en este proceso”, alegó años atrás el abogado querellante José Iparraguirre.

Los querellantes recurrieron ante la jueza de Garantías Elisa Zilli, hizo lugar al pedido para que la investigación salga de la órbita de la Fiscalía y quede en manos de la querella particular, pero tras una serie de idas y vueltas dentro del Poder Judicial, todo se alargó hasta que finalmente se autorizó a la querella a seguir adelante sola, de forma autónoma, y así se llegó a este martes con el inicio del juicio.

Las audiencias están previstas para todos los días hasta el 18 de noviembre. Este miércoles está previsto que comparezcan 8 testimoniales de la defensa de los policías acusados y luego testigos comunes.

Al juicio llegan como acusados Rodrigo Molina y Diego Íbalo, ambos funcionarios policiales que estuvieron a bordo del móvil 1021 aquella mañana de martes 25 de septiembre del 2018 cuando persiguieron a Gusmán por el potrero del barrio Capibá y lo asesinaron de un disparo por la espalda. Así lo confirmó la autopsia en donde se probó que el disparo ingresó por la nuca, es decir de espaldas.

Para la acusación de la querella, Molina fue el responsable del homicidio agravado por haber efectuado el disparo. Mientras que Íbalo está acusado por no haber actuado para evitar la conducta de su par. Los policías son defendidos por Daniel Rosatelli y Miguel Cullen.

La querella está representada por José Iparraguirre quien lleva adelante la acusación durante el juicio. En declaraciones a Radio Plaza, Iparraguirre aseguró que cuentan con pruebas suficientes para probar que se trató de un caso de gatillo fácil y que los policías acusados tendrían que haber actuado de otra manera y no asesinando al joven: "Los testigos que están más cerca de donde murió Gabriel Gusmán, expresaron claramente que Gusmán luego de una huida se había detenido con las manos en alto y recibe el disparo mortal".

Los imputados son dos funcionarios policiales que actúan en la jurisdicción de Paraná, que están acusados de abusar de dos adolescentes de 13 y 15 años, que se encontraban bajo la guarda del Consejo Provincial del Menor, Adolescencia y Familia (Copnaf) en el hogar “Mujercitas”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de julio de 2016. Según la acusación, uno de los acusados habría abusado sexualmente de una adolescente de 13 años, mientras que el segundo fue imputado en un primer momento por el abuso de una menor de 15 años, pero esto fue negado por la adolescente en Cámara Gesell.

Las víctimas habían salido del hogar “Mujercitas” y se encontraban en el predio del Ferrocarril, donde funciona un destacamento de la Policía de Entre Ríos. Allí, en un vagón abandonado, habrían sido ultrajadas por los efectivos de guardia.

La situación se conoció luego de que una de las menores fuera atendida en el hospital materno infantil San Roque, donde se activó el protocolo de abuso sexual. Las pruebas médicas y la declaración en Cámara Gesell de la víctima de 13 años fueron claves para avanzar en la causa.

El expediente judicial se inició en julio de 2016 tras la denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8. En total, fueron imputados siete policías. Dos fueron sobreseídos en la etapa de investigación penal preparatoria (IPP), mientras que tres confesaron su participación en el hecho en juicios abreviados y resolvieron su situación, admitiendo haber omitido actuar ante un delito en flagrancia.

En el caso de la menor de 15 años, el Tribunal de Apelaciones revocó la imputación contra uno de los acusados, ya que en su declaración no refirió haber sido víctima de abuso. Por ello, solo el principal acusado enfrentará el juicio por violación y el segundo como partícipe.

Este miércoles se realizó la audiencia de admisión de pruebas, en donde también se trató la demanda civil contra el Estado provincial, presentada por el querellante Guillermo Mulet en representación de la víctima de 13 años. El reclamo busca una indemnización por los daños sufridos, aunque la Fiscalía de Estado no discutió la existencia del hecho, sino el monto solicitado. La etapa de admisión de pruebas continuará este viernes y se espera que el juicio por jurados se realice en diciembre. Ahora

El insólito caso ocurrió el domingo en la ciudad de Apóstoles, en el sur de la provincia de Misiones, cuando un joven motociclista fue encontrado inconsciente junto a su vehículo en un camino rural. Rafael Da Silva, de 27 años, protagonizó un incidente que dejó atónitos tanto a los efectivos policiales como al personal médico.

Al llegar, los agentes encontraron al joven tirado sobre su moto, una Corven de 110 cc, con el casco puesto y el vehículo aún encendido. A simple vista no presentaba heridas visibles, pero estaba inconsciente y con fuerte aliento etílico.

Ante la situación, los policías solicitaron una ambulancia y Da Silva fue trasladado al hospital local, donde los médicos confirmaron que no presentaba lesiones físicas de consideración. Sin embargo, el fuerte olor a alcohol llamó inmediatamente la atención del personal sanitario.

Una vez que comenzó a recuperar la conciencia, los agentes decidieron realizarle una prueba de alcoholemia. El resultado dejó sin palabras a todos los presentes: "4,26 gramos de alcohol por litro de sangre".

"Los policías admitieron que nunca antes habían registrado un valor tan elevado en la zona", lo que evidencia la gravedad del caso y la rareza de semejante nivel de intoxicación etílica en una persona que, increíblemente, había estado manejando una motocicleta.

Con la autorización del equipo médico, Da Silva fue trasladado a una celda de la comisaría, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Paz de Apóstoles. Los agentes procedieron además al secuestro del vehículo y a la retención de su licencia de conducir, por orden judicial. (Clarín/ElOnce)

El procedimiento se realizó alrededor de las 5.30, en inmediaciones de Boulevard De León y Clavarino, mientras personal del Comando Radioeléctrico realizaba una recorrida de prevención. Fue en ese momento que los funcionarios a bordo de un patrullero cruzaron a un sujeto en bicicleta que resultó sospechoso.

Los efectivos le requirieron que exhibiera las pertenencias que llevaba en la mochila, y al volcar el contenido en el suelo, los policías observaron que había un bulto envuelto en nylon negro. Al inspeccionar más minuciosamente se confirmó que era una sustancia tipo piedra, de color blanco que terminó por confirmar las sospechas.

Se solicitó la presencia de la División Drogas Peligrosas, y al practicarle el test reactivo se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, que arrojó un peso total de 86,8 gramos. Por disposición del Fiscal en turno, se secuestró la droga y se ordenó la detención del sujeto, que fue trasladado y alojado en sede policial.

Mediante la resolución Nº 0225/25, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dispuso que se otorguen las licencias anuales obligatorias al personal policial.

La medida indica "disponer con carácter obligatorio el otorgamiento de la totalidad de las licencias anuales ordinarias al personal policial correspondiente al año calendario".

Dicho otorgamiento se hará en base a un cronograma elaborado por la policía Entre Ríos sin afectar la normal prestación de los servicios. El lapso temporal es de enero a agosto 2025.

Con esto, se busca garantizar descanso y recuperación psicofísica del personal policial y alcanza a todo el personal policial sin distinción de jerarquía, amparándose en la Ley N° 5.654 y la Constitución Nacional.

Ante el creciente número de suicidios dentro de la fuerza —cinco casos registrados en lo que va del año— el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos habilitó una línea telefónica y un equipo profesional de asistencia que estará disponible las 24 horas del día. La medida busca brindar apoyo psicológico directo al personal policial que requiera atención urgente.

El ministro Néstor Roncaglia expresó su profunda preocupación por el estado de salud mental en la fuerza y reconoció que la función policial impone una carga física y psicológica extraordinaria.

“Hay un prurito en el personal policial de no reconocer las debilidades. La función policial es muy dura, te prepara para eso, pero igual tenemos que saber que primero somos seres humanos”, reflexionó el funcionario.

La asistencia estará a cargo de profesionales de la psicología que trabajan de cerca con los agentes. “La principal meta es que los agentes no sientan miedo a consultar”, explicó Roncaglia al anunciar el servicio. Además, remarcó el rol clave de los familiares y amigos en la detección de señales de alarma. (con información de APFDigital)

Todo se inició con el llamado de un vecino a la comisaría Novena, que informó sobre la presencia de un hombre que caminaba por inmediaciones de calles 3 de Diciembre y Jujuy, que resultó sospechoso porque transportaba mallas para la construcción.

La Policía salió en su búsqueda y un móvil lo localizó en la intersección de calles Gutenberg y Guido Spano. El sujeto tenía consigo la mercadería que se le había referido a la policía y cuando se lo interrogó sobre la procedencia, no supo justificar el origen.

Pero fue al momento de abordarlo para ser identificado que – y según informó la Policía – el sospechoso “adoptó una actitud agresiva, oponiendo resistencia”. Se produjo “un leve forcejeo” que culminó con su aprehensión y el traslado a la jefatura Departamental por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad.

El hecho guarda relación con una denuncia radicada el martes, por un hombre de 37 años, que reportó la sustracción de ocho varillas de hierro de una obra en construcción de su propiedad.

La causa se inició cuando personal de la División Unidad Operativa Federal Paraná efectuó tareas investigativas que determinaron la existencia de un punto de expendio de sustancias tóxicas en la capital entrerriana. Ante tales circunstancias y con el aval de la Unidad Fiscal Especializada de Paraná a cargo del fiscal Santiago Alfieri, los policías intensificaron las pesquisas e identificaron otros tres domicilios que tenían directa relación con prácticas narcotraficantes.

Asimismo, como consecuencia de amplias tareas de campo y análisis de la información recabada, se comprobó que detrás de aquellas viviendas se hallaba una organización delictiva que vendía drogas en la zona.

Con el total de las evidencias reunidas, el Juzgado de Garantías N°2 de Paraná, a cargo del juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, ordenó allanamientos en las respectivas viviendas, tres de ellas ubicadas en el Barrio Paraná V y la restante en el Barrio Bajada Grande.

De esta manera, los uniformados ingresaron a las moradas y detuvieron a tres hombres acusados de las maniobras narcocriminales. Al mismo tiempo, se confiscaron dosis de cocaína, cinco teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, dos cámaras de video vigilancia, 1.147.810 pesos en billetes de baja denominación y documentación de relevancia.

Los detenidos, todos ellos de nacionalidad argentina y de 29, 30 y 33 años de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas. (APFDigital)

Durante su testimonio, Bruffal detalló que los policías lo insultaron, lo golpearon estando reducido, le lesionaron una rodilla y, aun esposado, le arrojaron gas pimienta. Azziani Cánepa afirmó que su asistido estaba en estado de indefensión total y remarcó que “no hay ninguna duda de que fue agredido por la espalda, sin motivo alguno”.

También declaró su hermana, testigo presencial, quien aportó datos claves sobre lo ocurrido tras la agresión. Relató que al dirigirse al destacamento policial de calle Racedo, donde fue trasladado su hermano, los funcionarios alegaron que la detención obedecía a una "averiguación de antecedentes", aunque nunca dejaron constancia escrita de esa supuesta causa. Añadió que los efectivos mostraron nerviosismo al enterarse de que el hecho había sido grabado por una cámara de seguridad domiciliaria.

El abogado querellante denunció que, hasta el momento, ninguna autoridad policial ni gubernamental se comunicó con la familia para dar explicaciones, y que Bruffal no ha podido recibir atención médica adecuada por falta de recursos. Además, anticipó que en los próximos días se presentarán testigos y nuevas pruebas para reforzar la acusación contra los policías involucrados.

La investigación continúa en la órbita de la Fiscalía, que ya ordenó la separación preventiva de los tres efectivos denunciados mientras avanza el proceso.

Separan a tres policías por golpear a un albañil en Paraná. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, junto a la Jefatura de Policía, dispuso pasar a disponibilidad a tres funcionarios policiales tras un violento episodio ocurrido en Paraná. Según se informó, los efectivos habrían agredido a un albañil que trabajaba en una vereda, en una situación que fue registrada en video y se viralizó en redes sociales.

“Se trata de una grave falta a la disciplina y a los principios que rigen la actuación policial”, expresó el comunicado oficial. Como medida preventiva, los agentes fueron separados de sus funciones operativas para garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier tipo de interferencia.

A partir de lo sucedido, la Dirección General de Asuntos Judiciales dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, mientras que la Dirección de Asuntos Internos inició una investigación paralela para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los involucrados.

El Gobierno provincial subrayó que mantiene una postura “absolutamente inflexible” frente a conductas que se aparten de los valores éticos y del profesionalismo esperado por la fuerza. “Hechos como los denunciados socavan la confianza ciudadana, deshonran el compromiso de la mayoría de los efectivos que cumplen con su deber y dañan la imagen de la institución”, manifestaron desde la cartera de Seguridad.

La situación se conoció públicamente durante el fin de semana, tras la difusión del video que muestra la agresión. El contenido generó un fuerte rechazo tanto en la comunidad como en ámbitos institucionales. El albañil, cuya identidad no fue revelada, se encontraba trabajando cuando fue abordado por los uniformados. El motivo del accionar policial no fue aclarado oficialmente.

Fuentes judiciales confirmaron que se avanzará con las medidas procesales pertinentes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades penales, en caso de que correspondan. Por su parte, desde la Policía remarcaron que no se tolerarán actos de violencia3 o abuso de poder, y que se adoptarán todas las sanciones que sean necesarias.

El caso se suma a otros episodios recientes que reavivan el debate sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad. Desde el Gobierno provincial reiteraron su compromiso con el control institucional y la transparencia.

En la madrugada del sábado, la Comisaría Hernandarias recibió un aviso telefónico sobre un disparo de arma de fuego en una vivienda de la calle Gerardo Ferreyra. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales se encontraron con una situación extremadamente delicada: el hombre se había atrincherado en la casa junto a su hijo y realizaba disparos hacia ellos.

Frente a esta situación, se convocó al Grupo Especial de Paraná y alrededor de las 5 de la madrugada realizaron una irrupción planificada en el domicilio, garantizando la seguridad tanto de los involucrados como de los vecinos.

El accionar del Grupo Especial fue fundamental para resolver la situación sin que se registraran heridos adicionales. Lograron detener al agresor y a su hijo, asegurando además un arma de fuego y municiones que fueron utilizadas para agredir a los uniformados.

Los aprehendidos, un hombre de 54 años y su hijo de 28, fueron trasladados a alcaidía de Tribunales, enfrentando graves cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Hace una semana atrás, EL ARGENTINO publicó una denuncia realizada por un hombre de 31 años que adujo ser víctima de un operativo policial ilegal, luego de ser perseguidos junto a su hermano de un control de alcoholemia.

Ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del Día de la Mujer. Miguel Flores estaba sentado con su hijo de 9 años en el camión Ford 350 que manejaba su hermano de 29 años, mientras conducían de regreso a su domicilio en la calle Sáenz Peña y Boulevard Montana. Ese camión lo había comprado el hermano del denunciante dos días antes y, pese a que no tenía el seguro de responsabilidad civil, decidieron dar unas vueltas.

Todo iba bien hasta que en Borques y Concordia se cruzaron con un operativo del personal de Tránsito Municipal y, en vez de frenar y someterse al control vehicular y de alcoholemia, el joven de 29 años que manejaba, aceleró el pesado rodado con la intención de perder de vista a las autoridades viales, porque era consciente de que le iban a retener el vehículo por carecer de un seguro de responsabilidad civil para transitar.

“Nos empezaron a correr y como nos asustamos, aceleramos con todo”, contó Miguel Flores a EL ARGENTINO. Uno de los funcionarios policiales que resguardaba el control comenzó a perseguir en una moto al camión, pero esa persecución se extendió hasta que el Ford 350 llegó al domicilio de Sáenz Peña 666, donde se desató todo lo que vino después y lo que finalmente es materia de investigación.

“Cuando llegamos, el portón de mi casa estaba cerrado. Mi hermano se baja y sale corriendo para la casa y se mete. Yo, como estaba con el nene, tarde en bajar un poco más y para ese momento ya había llegado el oficial en la moto. Se baja de la moto, me pone el arma en el pecho y me dice: ‘quedate quieto porque te disparo, quedate quieto porque te disparo’, y yo no me resistí ni nada por el estilo, me quedé quietito. ‘Tengo al nene, tengo al nene’, le decía yo. Atrás mío viene otro oficial, de la Comisaría Tercera que está a la vuelta de mi casa, y pega un escopetazo al piso”, relató el denunciante de 31 años.

La secuencia siguió: “Me esposaron y me agarraron a patadas, delante de todos los vecinos. Me pegaban y me partieron la boca. Los vecinos gritaban y a una vecina que filmaba uno de los oficiales le dijo que la iba a meter presa”.

Flores agregó que cuatro policías ingresaron al domicilio a buscar a su hermano, de 29 años que manejaba el camión, que se había escondido dentro de la casa, y que dentro del inmueble lo agredieron a golpes de puño y patadas.

A partir de esta denuncia, el fiscal Jorge Gutiérrez abrió una Investigación Penal Preparatoria y como una de las primeras medidas, se libró un oficio al Jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental para que informe sobre los funcionarios policiales que intervinieron y determinar si el ingreso al domicilio de Flores fue por directivas de algún funcionario judicial perteneciente al Ministerio Público Fiscal.

La policía de Entre Ríos está abocada a investigar la presencia de un avión que fue abandonado en un campo cercano a San Gustavo, departamento La Paz, en el norte de la provincia.

El jefe de la departamental de Policía de La Paz, Cristian Allegrini detalló que “un veterinario de la Policía advirtió a las 17 de este jueves sobre la presencia de una avioneta en el interior de un establecimiento rural, perteneciente a su madre” y dio aviso.

Se trata de una aeronave blanca con detalles en color azul; en principio, con una calcomanía con las siglas de una matrícula argentina -LV-JTF-, pero debajo de estas tenía otra -CP-846- que sería de origen boliviano.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, viajó al lugar e informó las sospechas en torno al avión, que podría haber sido utilizado para el transporte de cocaína, ya que perros entrenados marcaron olores de esta sustancia en el lugar.

Se presume que la aeronave descargó la droga en algún punto cercano y luego fue abandonada en el campo, con la intención de regresar a Bolivia.

En el marco del trabajo policial en la avioneta se supo que se pudieron recolectar 10 huellas dactilares que serán analizadas.

Vale recordar que hacia fines del mes de enero en un caso con aristas similares en el departamento de Islas de Ibicuy, la Policía acudió al llamado de un vecino que había visto aterrizar en su campo una avioneta cuyos tripulantes le resultaron sospechosos. El hombre viajaba acompañado de su pareja.

Cuando los efectivos y Gendarmería arribaron al lugar se encontraron con un importante cargamento de droga adentro del aeroplano.

Un total de 359 kilogramos de cocaína de máxima pureza, valuado en aproximadamente 14 millones de euros en el mercado europeo y 2,2 millones en el país, fue decomisado.

Los integrantes del Cessna 210 eran un ciudadano de nacionalidad brasileña y una mujer boliviana que fueron detenidos.

También se incautaron equipos electrónicos, como teléfonos celulares y un dispositivo de comunicación satelital.

(Fuente: Elonce)

Miguel Flores tiene 31 años y está convencido en hacer pública su denuncia por lo sucedido hace una semana y media, cuando, según afirmó a EL ARGETNINO, sufrió atropello policial y abuso de autoridad de parte de los funcionarios que intervinieron en la persecución, tras haber escapado de un control de Tránsito Municipal.

Ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del Día de la Mujer. Miguel Flores estaba sentado con su hijo de 9 años en el camión Ford 350 que manejaba su hermano de 29 años, mientras conducían de regreso a su domicilio en la calle Sáenz Peña y Boulevard Montana.

Ese camión lo había comprado el hermano del denunciante dos días antes y, pese a que no tenía el seguro de responsabilidad civil, decidieron dar unas vueltas.

Todo iba bien hasta que en Borques y Concordia se cruzaron con un operativo del personal de Tránsito Municipal y, en vez de frenar y someterse al control vehicular y de alcoholemia, el joven de 29 años aceleró el pesado rodado con la intención de perder de vista a las autoridades viales, porque era consciente de que le iban a retener el vehículo por carecer de un seguro de responsabilidad civil para transitar.

Fue una acción poco pensada. Más bien fue para nada reflexiva, porque si uno se detiene dos segundos y recapacita sobre la idea de escapar de un control, al instante se da cuenta que es imposible hacerlo sin tener graves consecuencias, que en el plano económico alcanzan cifras muy elevadas.

Pero, más allá de la evasión, que está fuera de discusión, lo que se denunció ante la Justicia fue el procedimiento que vino después. “Nos empezaron a correr y como nos asustamos, aceleramos con todo”, contó Miguel Flores a EL ARGENTINO. Uno de los funcionarios policiales que resguardaba el control comenzó a perseguir en una moto al camión, pero esa persecución se extendió hasta que el Ford 350 llegó al domicilio de Sáenz Peña 666, donde se desató todo lo que vino después.

“Cuando llegamos, el portón de mi casa estaba cerrado. Mi hermano se baja y sale corriendo para la casa y se mete. Yo, como estaba con el nene, tarde en bajar un poco más y para ese momento ya había llegado el oficial en la moto. Se baja de la moto, me pone el arma en el pecho y me dice: ‘quedate quieto porque te disparo, quedate quieto porque te disparo’, y yo no me resistí ni nada por el estilo, me quedé quietito. ‘Tengo al nene, tengo al nene’, le decía yo. Atrás mío viene otro oficial, de la Comisaría Tercera que está a la vuelta de mi casa, y pega un escopetazo al piso”, relató el denunciante de 31 años.

La secuencia siguió: “Yo les insistía en que estaba con mi hijo, pero igualmente me esposaron y me agarraron a patadas, delante de todos los vecinos. El nene gritaba ‘sueltelo, sueltelo’, me pegaban y me partieron la boca. Los vecinos gritaban y a una vecina que filmaba uno de los oficiales le dijo que la iba a meter presa”.

Flores agregó que cuatro policías ingresaron al domicilio a buscar a su hermano, de 29 años que manejaba el camión, que se había escondido dentro de la casa, y que dentro del inmueble lo agredieron a golpes de puño y patadas.

“De tantos golpes que le pegaban, mi mujer cerraba los ojos y se tapaba la oreja por el ruido que hacían las trompabas en la cabeza”, dijo el denunciante.

Respecto a si pudo identificar a alguno de los uniformados que participaron del procedimiento, Flores dijo no conocer a ninguno, “sólo se que son de la Tercera porque son los primeros que llegaron. Eran como cuatro, pero yo no logré ver bien porque cuando quería mirar me daban una patada”.

Al llegar al lugar, se identificó a un ciudadano de 35 años, domiciliado en la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, quien portaba un fusil de grueso calibre 3006, marca Savage, sin la documentación correspondiente en el momento del procedimiento.

Ante este hecho, se dio conocimiento a la Fiscalía en turno, quien ordenó el secuestro del arma, su cartuchería y otros elementos relacionados con la caza. En cuanto al individuo, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de las autoridades correspondientes.

En el marco de un operativo de seguridad llevado a cabo en la jurisdicción de la Comisaría Segunda de Concordia, con puntos fijos estratégicos y recorridas preventivas a pie en la zona comercial de Av. Las Heras, aproximadamente a las 12:00 hs., dos policías, que se encontraban cumpliendo con su tarea de prevención, hallaron en la vía pública, cerca del Cementerio Nuevo, una factura de energía eléctrica con una importante suma de dinero en efectivo ($120.000).

Ante este hallazgo, los funcionarios pusieron de inmediato el dinero a disposición.

Posteriormente, en calle República Del Paraguay al 400, se localizó al legítimo propietario del dinero, a quien se le realizó la devolución formal. El propietario mostró una gran alegría y satisfacción por el gesto de los oficiales, expresando su enorme agradecimiento por la acción de los mismos.

La medida fue para un Agente y un Sargento Primero de la Policía de Entre Ríos, que fueron imputados por "Vejaciones" y se determinó que cumplan un arresto domiciliario por 45 días para que no entorpezcan el avance de la investigación.

El jefe de la Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, relató que "el 6 de marzo se produjo un ilícito en la vía pública, cuando una señora fue abordada por dos ciudadanos, que le roban sus pertenencias. La damnificada se dirigió a Comisaría Primera y radicó una denuncia en la que brindó las características que alcanzó a apreciar de la persona que le sustrajo. El personal policial salió en la búsqueda por las inmediaciones y, en Barrio La Higuera, la dotación observó a dos sujetos que serían coincidentes con las descripciones brindadas por la damnificada”.

De acuerdo a las declaraciones del comisario a FM Estación Plus, los sospechosos, al advertir la proximidad policial, salieron corriendo y se originó, así una breve persecución. “Se logró la detención de uno de ellos, el cual fue trasladado a la dependencia, conforme lo dispuso la Fiscalía para una correcta identificación".

"Se observó por las cámaras de la Comisaría, un trato no adecuado hacia la persona demorada, por lo que ese comportamiento fue también inmediatamente informado a la Fiscalía en Turno", indicó el funcionario. "La Fiscalía dispuso que estos funcionarios sean detenidos, trasladados a la Jefatura Departamental en esa calidad y se los imputó por el delito de vejaciones", explicó el comisario.

A diferencia de otros hechos de conocimiento público, en este caso fue la propia Policía de Entre Ríos la que anotició de lo ocurrido a la Justicia, por lo que no era necesaria la intervención de fuerzas federales. Incluso, se aportaron los registros fílmicos que respaldan la situación a ponderar en términos penales. Asimismo, el funcionario acotó: "Se secuestraron los registros fílmicos, se hicieron pericias en los móviles policiales, en el lugar específico del hecho y se hicieron investigaciones, todo lo cual fue elevado".

A dos policías se les imputa una acción, mientras que a un tercero se le endilga una omisión. En cuanto a ellos, el jefe de la Departamental Uruguay manifestó: "Las imputaciones recaen sobre un suboficial antiguo -Sargento Primero- y el otro se encuentra transitando su cuarto o quinto año como Agente. También hay un Cabo, con pocos años de antigüedad en esa jerarquía, que fue visualizado pasando justo por el lugar, mirando la situación sin intervención y quedó implicado en la causa por omisión". Este último, fue citado el lunes, presentándose con abogado defensor. ElOnce

En la mañana de este jueves se conoció el adelanto del veredicto en el caso que tenía como imputados al ex comisario de Pueblo Belgrano, Raúl Guido, y a su subalterno Cesar Rodríguez, que estaban imputados de mantener a una joven de 16 años encerrada en el patrullero y realizarle todo tipo de comentarios sexuales mientras la tenían privada de su libertad.

El magistrado se tomó una semana para decidir el futuro de los policías y consideró que ambos debían recibir la misma pena. Los condenó a una pena de dos años de prisión condicional, lo cual significa que cumplirán una sentencia excarcelable, pero además se los inhabilitó a ejercer cargos públicos durante dos años y ocho meses, por lo cual deberán alejarse de su función policial durante ese tiempo.

La semana próxima se conocerán los fundamentos de esa sentencia y es muy posible que posteriormente a ello el abogado defensor, Alfredo Vitale, recurra a la Cámara de Casación de Concordia para tratar de revertir el fallo de primera instancia. Mientras todo ello ocurre, la sentencia no está firme, por lo cual los condenados podrán continuar con su trabajo dentro de la fuerza policial.

El juicio tomó relevancia cuando la semana pasada fueron llamados a declarar como testigos el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, que coincidió durante su gestión en Pueblo Belgrano con los dos acusados, y también el actual intendente de la localidad, Francisco Fiorotto. Habían sido convocados por la defensa de los imputados, para que brinden su parecer sobre el trabajo que realizaban.

El caso

Todo sucedió en la madrugada del 7 de febrero de 2021. Era época de pandemia y de restricciones, momentos en que a partir de determinado horario no se podía andar en la calle.

Esa madrugada, un grupo de no más de siete jóvenes se habían reunido en la casa de uno de ellos en Gualeguaychú a jugar al truco y alrededor de las 5 decidieron llevar a una de sus amigas a su casa en Pueblo Belgrano. Eran cuatro en el auto, siendo tres de ellos con domicilio en Gualeguaychú.

Al llegar a la garita policial de las termas, se encontraron con un control, con dos funcionarios. Los pararon y le interrogaron al conductor hacia dónde se dirigían, porque en ese horario no se podía circular. El adolescente le explicó al policía que llevaban a su amiga hasta la casa y fue ahí que la joven de 16 años bajó la ventanilla trasera y le mostró su cara al comisario del pueblo, al que ya conocía, porque estaba a cargo de la Comisaría de Pueblo Belgrano desde hacía muchos años.

Se trataba de Raúl Guido, un policía bonachón, carismático, al cual todo el pueblo conocía y que de ninguna manera transmitía inseguridad. “No había nadie en el pueblo que no lo conociera y no había nadie en el pueblo que él no conociera”, contó una fuente del caso a EL ARGENTINO.

Es por este motivo que, cuando el hecho trascendió, en una localidad tan chica como Pueblo Belgrano, causó asombro e indignación. Incluso, le costó el puesto al comisario en cuestión, que hoy trabaja en la Departamental de Policía de Federación.

Volviendo a esa madrugada del 7 de febrero de 2021, el comisario identificó rápidamente a la pasajera. Le dijo que se bajara del auto y que fuera a su casa caminando o que los esperara, que ellos la llevarían en la patrulla, mientras que sus amigos debían dar vuelta y regresar a Gualeguaychú, porque en ese horario no podían transitar.

La joven no dudó, porque decidió confiar en el policía, a pesar de que al otro policía que lo acompañaba no lo conocía. El otro funcionario era un suboficial que en ese momento tenía 36 años, seis menos que su compañero y colega encargado de la Comisaría.

Los adolescentes retornaron no muy convencidos de haber dejado a su amiga, pero no tenían muchas alternativas y en definitiva había quedado en “buenas manos”. Los policías prepararon el mate y en ese mismo momento empezaron a decirle cosas, "a modo de broma", pero insinuando que la adolescente venía de una fiesta con hombres.

La chica subió al patrullero. La distancia desde donde estaban hasta la casa de la menor no era mayor a los 500 metros, ni a diez minutos de tiempo. Sin embargo, decidieron darle otro rumbo al paseo. En vez de dirigirse a la casa de la joven, que quedaba en dirección al centro de Pueblo Belgrano viejo, la llevaron por la calle Mariano Sánchez en sentido a Pueblo Belgrano nuevo. Es decir, en sentido totalmente contrario.

Esto fue inmediatamente advertido por la chica, que comenzó a preguntar a dónde iban, pero ahí mismo comenzaron a decirle que no dijera nada, a amenazarla con que había incumplido la ley porque las reuniones no se podían hacer y le pidieron que les entregara desbloqueado su teléfono celular. La chica se los dio y el comisario comenzó a revisarle sus fotos y sus redes sociales.

Le encontraron imágenes posando ante la cámara y empezaron las insinuaciones. Preguntas incómodas y ofrecimientos sexuales, por sus experiencias de hombres grandes, que sabían lo que se debía hacer en la cama y todo lo demás. Incluso, -y según reza en la denuncia – gesticulaban tocarse los genitales por arriba de la ropa.

La joven no entró en pánico y exigió que la llevaran a su casa. Estaban muy lejos de su hogar, en una zona casi descampada, al sur de Pueblo Belgrano nuevo, y exigió que la llevaran hasta su domicilio. Los dos hombres accedieron, pero no la dejaron en su vivienda, sino en la esquina sobre calle 1° de Diciembre, no sin antes haberla agregado a sus cuentas de Instagram.

“Queremos justicia por mi hermano, que no quede en la nada”, expresó Betiana en diálogo con FM Estación Plus Crespo. Según relató, Guillermo se encontraba en la plaza junto a dos amigos cuando fue abordado por efectivos policiales. “Dijeron que hacía exhibicionismo, pero sólo estaba sin remera por el calor”, explicó.

Lo que siguió fue una detención violenta. “Ahí empiezan los golpes. Supuestamente aducen que hizo resistencia a la autoridad, pero mi hermano era chiquito, petiso, flaquito. No tenía fuerza para enfrentarse a todos ellos. No tenía arma, no presentaba un riesgo, pero igual le pegaron”, denunció.

Betiana también cuestionó el accionar policial tras la detención: “Si mi hermano estaba en crisis, existe un protocolo de actuación policial en Entre Ríos. Pero en lugar de llevarlo al sanatorio, que estaba a pocas cuadras, lo tiraron atrás de la camioneta y se lo llevaron”.

El dolor de la familia se profundizó al conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte. “Ya estaba muerto y seguía esposado”, contó entre lágrimas.

Investigación y medidas judiciales

La Justicia de Diamante avanza con la investigación bajo la carátula de “tortura seguida de muerte”. Cuatro policías fueron imputados y cumplen prisión preventiva bajo arresto domiciliario por 15 días, mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria.

El caso está a cargo de la fiscal Romina Blasich, cuya actuación genera confianza en la familia de la víctima. “Nos recibió y nos sentimos contenidos. Vemos que se está moviendo, que hace las cosas bien para que se sepa la verdad. Puso el caso en manos de Prefectura y Gendarmería para que no se ensucie nada”, destacó Betiana.

La fiscalía ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un móvil policial, que serán sometidos a pericias. También se resguardaron registros fílmicos que podrían ser clave en la investigación.

Una familia destrozada

Guillermo tenía 38 años, una esposa y dos hijos. Había llegado a Libertador San Martín buscando tranquilidad, pero encontró la muerte.

“Era un papá presente, llevaba a sus hijos a la escuela, a su esposa al trabajo, trabajaba, cortaba el pasto, venía a visitarnos. Era bueno, alegre. Mi mamá está destrozada en Santa Fe y su familia quedó allá”, recordó su hermana.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que la muerte fue violenta. “Nadie merece morir así, nadie”, sostuvo Betiana.

Mientras esperan la entrega del cuerpo para darle el último adiós en Santa Fe, la familia de Guillermo sigue aferrada a la esperanza de que se haga justicia. “Arruinaron una familia. Sólo nos queda esperar”, concluyó Betiana.