El ciclo entre Ríos cantada busca poner en valor y difundir la producción poética entrerriana. Ha sido declarado de Interés Educativo por el Consejo General de Educación (CGE), lo que permitirá a los asistentes acceder a la certificación correspondiente, con puntaje docente.

En esta edición, el primer encuentro estará dedicado a recorrer el itinerario intelectual y poético de dos escritores nacidos en Gualeguaychú: Luis María Grané (1893-1927) y Manuel Portela (1897-1949). En tanto, el segundo encuentro programado, se llevará a cabo el 7 de agosto a las 17.30 en la Biblioteca Provincial en Paraná, sita en calle Alameda de la Federación 278. Y tendrá como figura central a la paranaense Carmen Segovia García (1898-1964), cuya obra representa un exponente singular de la lírica entrerriana del siglo XX.

Estas actividades forman parte de una línea de trabajo sostenida desde principios de año, que busca ampliar el alcance territorial de la Biblioteca Provincial mediante el intercambio con bibliotecas populares de toda la provincia. El objetivo es fortalecer los vínculos interinstitucionales desde una perspectiva federal, promover el acceso a la bibliografía entrerriana y compartir, en distintos espacios, los ciclos y propuestas culturales que se desarrollan de manera regular en la sede central.

La actividad es gratuita y el acceso es libre, pudiendo inscribirse a partir de los siguientes enlaces:

• Entre Ríos Cantada en Gualeguaychú: https://forms.gle/Q9XVk7NKf3DvkxyR7

• Entre Ríos Cantada en la Biblioteca Provincial: https://forms.gle/cNxBFFPBrFgweJAA8

Contacto:

Biblioteca Provincial. Teléfono: 343 4224308

E-mail: bibliotecadelaprovincia@gmail.com

El gobierno de Javier Milei dio por tierra con las políticas de género a nivel nacional. A la eliminación del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación le siguió el desmantelamiento de las herramientas generadas para combatir la violencia de género en todas sus expresiones.

Este brutal recorte generó un fuerte vacío que las provincias y los municipios, en el mejor de los casos, intentan suplir, pero sin las herramientas y los presupuestos necesarios para hacerlo.

Para conocer el impacto de esta realidad en la provincia, EL ARGENTINO dialogó con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), Leonardo Portela; con el Procurador General, Jorge García; con la responsable del Protocolo Frente a la Violencia Sexista de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Luciana Basso; con la periodista y referente provincial de la Red Federal de Periodistas Feministas, Sandra Miguez, y con María Elena Ale, parte de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travesti Trans y No Binaries de Paraná.

Las causas, en aumento

“Hoy, tenemos un crecimiento exponencial, en la provincia y en todo el país, de las causas de violencia. Encima se está poniendo cada vez más grave todo, ya no son hechos de violencia doméstica, sino que terminan en femicidios”, expresó el Presidente del Stjer, Leonardo Portela.

En la misma línea, Jorge García, jefe de los fiscales entrerrianos, aseguró que “el sistema de jurados está colapsado por la cantidad de delitos de abuso sexual agravado que están siendo juzgados. Hay muchísimos casos de condenados, de hecho, en la Unidad N° 9 de Gualeguaychú hay muchos condenados por violación y abuso sexual agravado”, remarcó el funcionario. Al tiempo que reconoció que “se trabaja en situaciones casi de colapso”, tanto en la Justicia de Familia como en la Justicia Penal.

Sobre las Fiscalías de Género, García remarcó la de Concordia y aseguró que la intención es, también, poner fiscalías especializadas en Concepción del Uruguay, en la zona de Gualeguay, Diamante y Gualeguaychú.

“Antiguamente los delitos contra la propiedad eran los que se llevaban una cantidad enorme en la estadística. Después estaban los delitos contra la vida, los homicidios, que bajaron mucho con la Ley de Narcomenudeo. Pero, hace unos 30 o 40 años, están en crecimiento todo lo que tiene que ver con la cuestión de género”, informó el funcionario.

Desmantelamiento y desamparo

“La eliminación del Ministerio de Mujeres ha significado que, por ejemplo, deje de operar el 144, un dispositivo que trabajaba las 24 horas para recibir y orientar las denuncias por violencia de género. Se destruyó también todo lo que tenía que ver con asistencia a las víctimas, no solamente a las mujeres, sino también el programa que atendía los hijos de las víctimas”, expuso María Elena Ale, integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travesti Trans y No Binaries, así como de Socorristas en Red.

“Eliminaron todas las políticas de salud sexual y reproductiva. Antes, las provincias recibían, a modo de coparticipación, métodos anticonceptivos. Eso ya no está recibiendo. Además, se dio de baja la capacitación obligatoria de la Ley Micaela, la provincia la sigue manteniendo, pero a nivel nacional se sacó esa obligatoriedad”, cuestionó.

“La provincia se ha quedado con un equipo bastante pequeño de intervención y entonces todos los municipios están desbordados por la cantidad de situaciones y obligados por oficios por parte del Poder Judicial, que sigue destinando casi el 90% de su presupuesto a lo civil y comercial, o sea, a resguardar la propiedad privada o los contratos entre privados. Y hay muy poco de lo que tiene que ver con el derecho a las familias y el derecho a las víctimas de violencia de género”, cuestionó la activista por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.

El rol de las organizaciones sociales

Por su parte, la periodista Sandra Miguez -parte de incidencia Feminista y responsable en Entre Ríos de la Red Federal de Periodistas Feministas-, opinó: “El recorte en las políticas de género originó un retroceso muy marcado, hoy son las organizaciones feministas las que se están haciéndose cargo de la asistencia a las víctimas”.

“El programa Acompañar, por ejemplo, garantizaba un aporte económico a la víctima y generaba mecanismos para la formalización de un trabajo. Entonces, cuando el programa se da de baja la mujer que es víctima no tiene ni la asistencia económica que la ayude a salir del hogar ni la capacitación para aspirar a tener algún tipo de trabajo”, describió.

“El retroceso se da también en lo político, porque, a pesar de tener la Ley de Paridad Integral, hoy no hay mujeres en los lugares de toma de decisiones, y en el Gabinete de la provincia son una marcada minoría. Tampoco hay registros oficiales pormenorizados que permitan hacer un seguimiento de los casos”, cuestionó.

Botón antipánico y otras herramientas

Respecto a la eficacia del botón antipánico, Miguez dijo que “no sirve para nada”, ya que “responsabiliza a la víctima de su propio cuidado”. Además, “el tipo te puede sorprender y no alcanzás a llegar al teléfono para activarlo, en cambio las pulseras duales garantizan que cuando la persona se acerca a donde está la otra pulsera se activa y mando un aviso al juzgado o a la Policía. Pero no se están usando para estos delitos”.

“El botón antipánico se está cumpliendo, funciona”, aseguró, por su parte, Portela. Aunque asumió que, desde que el aparato es activado hasta que llega la Policía, “pasan tres minutos, que pueden ser determinantes”.

Por otro lado, el presidente del Stjer contó a EL ARGENTINO que se está trabajando en un software que involucra todas las áreas del Estado que están relacionadas con la violencia de género. Se trata del Sistema Integrado de Atención a la Violencia (SIAV), programa que será probado y puesto en funcionamiento próximamente.

“Va a ser un salto de calidad tremendo, porque ahí va a estar toda la información relacionada con violencia de género de la provincia. Vamos a tener en tiempo real las necesidades y las posibles soluciones. Por ejemplo, si necesitamos un albergue para una víctima, ahí vamos a saber en tiempo real las disponibilidades”, ejemplificó Portela.

Por último, consultado sobre la aplicación de la Ley Micaela, aseguró que, en la Justicia, se está cumpliendo actualmente: “Cada empleado que entra al Poder Judicial tiene que hacer el curso y aprobarlo. Tanto de Ley Micaela, como de la Ley Yolanda (capacitación en materia ambiental), ambos son obligatorios”.

Universidades, recorte y resistencia

Luciana Basso, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a cargo de la aplicación del Protocolo Frente a la Violencia Sexista, informó a EL ARGENTINO que “casi la totalidad de las 54 universidades nacionales de nuestro país cuentan con esta herramienta y, entre todas, conformamos la Red Universitaria de Género y Contra las Violencias, que trabaja mancomunadamente en generar políticas universitarias que tengan que ver con la transversalización de la perspectiva de género y también con las estrategias de abordaje en el ámbito académico”.

“La eliminación del Ministerio de la Mujer significó un retroceso muy grande. Con su eliminación se acabó la posibilidad de interlocución entre quienes toman decisiones en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, en relación a la prevención de la violencia y también en relación al acceso a derechos de esta población”, cuestionó la referente universitaria.

A pesar del recorte universitario aplicado por el gobierno nacional –que también afecta a esta temática- “las universidades tenemos un rol fundamental que es generar mirada crítica, generar conocimiento, producir extensión, producir ciencia. Las universidades seguimos siendo espacios en los que los movimientos sociales y los movimientos de mujeres encuentran lugar y va a seguir siendo así, porque creemos que el modo de generar transformaciones es en conjunto, colectivamente. Esa es nuestra tarea y no vamos a renunciar a eso”, concluyó.

El retiro del Estado central respecto a las políticas de género genera consecuencias inmediatas en la vida de miles de mujeres y familias, y, ante la insuficiencia de los compromisos asumidos por la provincia y los municipios, son las organizaciones de la sociedad civil las que, con las herramientas que tienen y muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento, intentan dar respuestas.

El encuentro entre los representantes de ambas instituciones fue en respuesta a la situación que se generó a partir de los dichos de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de Entre Ríos a la nota presentada por el Colegio de Abogados en distintos juzgados solicitando el apego a los mínimos legales previstos en la Ley de Honorarios.

Había sido la presidenta del colegio de Abogados de Entre Ríos, María Marta Simón, quien había sido el blanco de las acusaciones sobre "aprietes", pero hubo una fuerte defensa por parte de abogados e instituciones del país sobre la figura de Simón.

En este último encuentro en Paraná, tanto las autoridades del Colegio de Abogados como los miembros del Superior Tribunal de Justicia y la actual presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) Mariel Margarita Tschieder, expresaron sus posturas institucionales con el fin de superar las diferencias en relación a la situación generada.

Desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados se realizó una publicación en sus redes sociales donde se ratificó el “compromiso con la defensa irrestricta del estado de derecho, de las instituciones representativas de la abogacía organizada” y se resaltó “el rol medular que cumplen los colegios de abogados dentro de la sociedad, como así también manifestamos el expreso apoyo a la Dra. María Marta Simón y al Colegio de Abogados de Entre Ríos”.

“Me preocupa muchísimo porque estamos frente a un problema abierto que no le veo solución de continuidad. Nosotros tenemos que recibir, según el Presupuesto de 2025, mil millones de pesos de la provincia en forma mensual. Nosotros habíamos presupuestado alrededor de 1.500 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta una inflación que más o menos está en el índice actual. Pero nos bajaron en la Legislatura el presupuesto a mil millones de pesos mensuales. Pero como el Ejecutivo dice que no hay plata, nos estarían dando 500. Digo, nos estarían dando porque no nos están dando 500, están en 400, 390, 450, 500, por ahí en algún mes. Entonces, nosotros, cuando tenemos que pagar algún gasto, lo pagamos, pero siempre pensando que mañana no vamos a tener plata para pagar el alquiler de, por ejemplo, el juzgado civil, o la factura de luz del edificio Tribunal de Concordia”, detalló.

El hombre de Gualeguaychú y máximo responsable del Poder Judicial en Entre Ríos describió la situación durante una entrevista en Radio Plaza y se refirió también al “descrédito” de la Justicia ante la sociedad.

“Se espera del Poder Judicial que cumpla con un montón de demandas de la sociedad que en realidad no corresponde que se depositen en el Poder Judicial. El problema es que a nosotros nos hacen cargo de una serie de problemas que tiene que resolver la política”, opinó.

“Es muy fácil pedirnos a nosotros, porque no tenemos mecanismos de defensa. Todo termina siendo culpa de la Justicia. Nosotros somos una sociedad que, en general, no hemos elegido bien a los gobernantes en los últimos años. No estaríamos como estamos si hubiéramos elegido bien, si hubiéramos votado bien, o por lo menos no tenemos la cultura cívica que deberíamos tener como para saber quién tiene la culpa de cada cosa”, cuestionó.