Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional fue el encargado de cumplir el martes con el traslado de la imputada en la causa conocida como “Potenciar Trabajo” que lleva adelante el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La última resolución respecto a este caso se conoció el 8 de abril, cuando los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, analizaron el expediente caratulado “incidente de prisión de domiciliaria de Izaguirre, Carina Rocío Ester”, y dieron curso al requerimiento que había realizado la defensa.

Para el Juez Federal que llevó adelante el procesamiento, Izaguirre formaba parte de una organización social que presuntamente que cobraba por alimentos que debían ser entregados gratuitamente, y es señalada de obligar a las personas a formar parte de actos proselitistas.

Según confirmó EL ARGENTINO, la Justicia le atribuye a Izaguirre “que en el periodo comprendido entre al menos el año 2020 y hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024, haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo”.

“Además, a los beneficiarios de dichos planes se los amenazaba de forma coactiva en tanto que debían realizar actos proselitistas políticos y de acompañamiento a marchas entre otros. En caso de incumplimiento de dichas intimidaciones y amenazas, a los beneficiarios se les daba de baja el plan social”, expresa uno de los párrafos del dictamen al que accedió EL ARGENTINO.

Entre los argumentos presentados por la defensa, que sirvieron para dar lugar a la prisión domiciliaria, la imputada está a cargo de dos adolescentes menores de edad, y que “su presencia es fundamental para la educación y el bienestar emocional de los chicos”. Además, señalan su arraigo y su trabajo en la ciudad.

El procesamiento de Izaguirre se confirmó en febrero de 2025. La decisión judicial implicaba la prisión preventiva “por considerarla autora del delito de amenazas coactivas, extorsión y usura, los cuales concurren en forma real”.

Finalmente, luego de extensos meses en prisión, la Justicia dictaminó “revocar la resolución de fecha febrero de 2025 y conceder la prisión domiciliaria a la encausada Carina Rocío Ester Izaguirre en domicilio denunciada bajo la implementación de un dispositivo de contralor electrónico junto a la prohibición expresa de comunicarse y o acercarse a personas beneficiarias del Plan Social y o vinculadas a la investigación en curso, todo ello sujeto a la verificación periódica de su acatamiento, lo que deberá ser tramitado por el juez instructor ante el organismo pertinente en conjunto con las demás condiciones de cumplimiento que éste considere corresponder para ese ejecutado del modo más restricto posible”.

En una resolución con fecha 8 de abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la doctora Cintia Graciela Gómez, presidenta, y la doctora Beatriz Estela Aranguren, vicepresidenta y el tercer vocal en uso de licencia, analizaron el expediente caratulado “incidente de prisión de domiciliaria de Izaguirre, Carina Rocío Ester”.

Recordemos que Carina formaba parte de una organización social que recibía cientos de planes sociales por parte del Estado Nacional. La acusada está procesada por ser presuntamente responsable de cobrar por alimentos que debían ser entregados gratuitamente, y por obligar a las personas a formar parte de actos proselitistas.

Según confirmó EL ARGENTINO, la Justicia le atribuye a Izaguirre “que en el periodo comprendido entre al menos el año 2020 y hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024, haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo.”

“Además, a los beneficiarios de dichos planes se los amenazaba de forma coactiva en tanto que debían realizar actos proselitistas políticos y de acompañamiento a marchas entre otros. En caso de incumplimiento de dichas intimidaciones y amenazas, a los beneficiarios se les daba de baja el plan social”, expresa uno de los párrafos del dictamen al que accedió EL ARGENTINO.

Entre los argumentos presentados por la defensa, indican que la imputada está a cargo de dos adolescentes menores de edad, y que su presencia es fundamental para la educación y el bienestar emocional de los chicos. Además, señalan su arraigo y su trabajo en la ciudad.

El procesamiento de Izaguirre se confirmó en febrero de 2025. La decisión judicial implicaba la prisión preventiva “por considerarla autora del delito de amenazas coactivas, extorsión y usura, los cuales concurren en forma real”.

Finalmente, luego de extensos meses en prisión, la Justicia dictaminó “revocar la resolución de fecha febrero de 2025 y conceder la prisión domiciliaria a la encausada Carina Rocío Ester Izaguirre en domicilio denunciada bajo la implementación de un dispositivo de contralor electrónico junto a la prohibición expresa de comunicarse y o acercarse a personas beneficiarias del Plan Social y o vinculadas a la investigación en curso, todo ello sujeto a la verificación periódica de su acatamiento, lo que deberá ser tramitado por el juez instructor ante el organismo pertinente en conjunto con las demás condiciones de cumplimiento que éste considere corresponder para ese ejecutado del modo más restricto posible”.

El jueves se conoció que el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, había firmado el procesamiento por los delitos de extorsión, amenazas y usura, contra la mujer de 51 años que fue detenida durante los allanamientos de diciembre pasado, en la investigación por el manejo de los planes nacionales Potenciar Trabajo.

Izaguirre fue llevada a declarar ante el juez Viri el 20 de diciembre. Fue trasladada desde el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional hasta el edificio federal calle San Martín 887, y desde allí fue trasladada hasta la Unidad Penal 9, donde se encuentra alojada hasta la actualidad.

En esa declaración que realizó la dirigente de la agrupación MTR Cuba, negó la acusación y explicó cómo era el manejo de los fondos que llegaban a través del Gobierno Nacional. Pero eso no convenció al juez Viri, que no sólo la procesó, sino que también ratificó la prisión preventiva por considerar que si se le otorgaba la libertad podía influir en los testigos de la causa.

La acusación

Según la investigación federal y lo que el propio Juez Federal expuso a través de diferentes medios de comunicación, que algunas de las líderes de los movimientos sociales Cuba MTR, Evita y UTEP, “exigían un monto de dinero de aproximadamente un 10% de lo que les correspondía a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo” y que el porcentaje dependía de cada caso. Pero que también les exigían a los beneficiarios la entrega de dinero a cambio de darles los bolsones de mercadería que brindada el Estado Nacional.

Viri reiteró esta semana - cuando se conoció el procesamiento - que hasta el momento la única imputada detenida exigía que concurrieran a las marchas, a los cortes, a los acampes –tomando lista de asistencia- bajo amenazas de dar de baja los planes y negarle la entrega de la mercadería.

También se refirió a la investigación patrimonial, en donde se encontró una gran cantidad de transferencias bancarias por parte de los beneficiarios de los planes sociales a las referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje. Y que muchas de esas transferencias también se les realizaban a los familiares de las referentes, quienes se encargaban de la administración de dichos “fondos”. Incluso se puso como ejemplo el caso de “la principal investigada”, al que “se le transfirieron 51 millones de pesos desde el año 2020 hasta el 2024”. También surgió que Izaguirre, a pesar de encontrarse registrada únicamente como pensionada, adquirió tres vehículos 0km entre 2022 y 2023, y terrenos.

“Voy a apelar”

El abogado defensor de la referente del MTR Cuba, Fabián Otarán, adelantó a EL ARGENTINO que llevará la decisión de Viri ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná porque hay varias cuestiones en las que no esta de acuerdo con lo que se dicta en el procesamiento.

“El supuesto delito de usura, entiendo que no afecta ningún interés federal y en todo caso debería investigarlo la Justicia Ordinaria. En cuanto a la coacción y la extorsión, se presenta un concurso aparente de leyes. A mi entender, se debe decidir por una de las dos calificaciones; o coacción o extorsión. Caso contrario, se puede caer en el absurdo de castigar dos veces una misma conducta, lo que se conoce como non bis in idem”, manifestó.

Otarán también cuestionó los argumentos que esgrimió Viri en las 96 hojas del procesamiento. “El juez dice que se exigía dinero para ‘un plan de lucha’ e ir a las marchas. Creo que no le prestó suficiente atención al descargo de Izaguirre, porque trabajar comunitariamente era obligatorio por el Plan, y de no cumplir se debía informar. En esto no hay ningún chantaje”, indicó el defensor.

También señaló que “no hay ninguna prueba fehaciente en el expediente que diga a quién, cuándo y por qué se le dio de baja un plan. Lo mismo pasa con las marchas y con la plata recaudada, que se ponía voluntariamente y se usaba para pagar el camión que la traía (a Izaguirre) de Buenos Aires, y para comprar carne y verduras, porque solo recibían alimentos secos. Y las marchas, si algún comerciante o alguna entidad les daba algo, se repartía entre los que habían concurrido”, agregó en diálogo con EL ARGENTINO.

El abogado entiende “la mirada negativa que se puede tener sobre el asunto”, en referencia a las marchas y todo lo relacionado a los movimientos sociales, “porque lo que hacían en Buenos Aires las organizaciones piqueteras era de terror, pero eso en Gualeguaychú nunca sucedió”. Otarán aseguró que la modalidad en las protestas de estas organizaciones en la ciudad era “pacífica” y desde “arriba de la plaza”.

Por otra parte, el abogado defensor requirió que toda esta causa se trate con la mayor celeridad y que desde la Justicia Federal “se ponga en claro en el menor tiempo posible frente a la Ley y a la sociedad, el comportamiento de mi asistida”.