El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato oficial de la inflación correspondiente a septiembre. El informe permitirá determinar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras el registro de agosto, cuando el indicador descendió al 1,7% mensual, la marca más baja observada en los últimos 14 meses.

De acuerdo con las estimaciones proyectadas por consultoras privadas y centros de análisis económico, la variación de precios de septiembre se ubicaría entre el 1,9% y el 2,1%. La atención de los analistas está centrada en verificar si el nivel general logra mantenerse por debajo del umbral del 2% mensual —situación que durante 2026 solo se registró en los meses de junio y agosto— o si experimenta un leve repunte.

Entre las razones citadas por los especialistas para explicar esta dinámica se destaca la incidencia de los productos estacionales. En particular, se observaron incrementos superiores al 4% en rubros como frutas, verduras e indumentaria, a lo que se sumó el comportamiento del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde los equipos técnicos explicaron que en agosto influyó de forma favorable la reversión de ciertos aumentos estacionales ocurridos durante julio, un factor de compensación que no se replicó en la medición del mes siguiente. No obstante, los analistas coinciden en señalar que un eventual repunte intermensual responde a las oscilaciones habituales de la estacionalidad y no modifica de forma directa la tendencia general del índice.

Respecto de las proyecciones para el último tramo de 2026, las estimaciones incluidas en el REM sugieren que la inflación mensual oscilaría en torno al 2% en los próximos meses. Para diciembre, los pronósticos proyectan un registro cercano al 1,9%, con lo que la inflación acumulada a lo largo del año se situaría entre el 30% y el 30,3%. De confirmarse estos números, el dato anual finalizaría en niveles levemente inferiores al 31,5% computado en 2025.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó, a través de la Resolución Nº 163/26, las nuevas tarifas de energía eléctrica que rigen en todo el territorio provincial entre el 1º y el 31 de octubre de 2026.

El nuevo esquema incluye las pautas dictadas a nivel nacional mediante el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y ratifica la vigencia de las asistencias contempladas por la normativa de Entre Ríos para los sectores de menores recursos.

Dentro del esquema nacional dispuesto para este período, se estableció un bloque base de consumo subsidiado fijado en 200 kilovatios hora (kWh) mensuales para aquellos hogares que resulten beneficiarios, sin contemplar diferencias por la localización o zona bioambiental. Asimismo, la normativa nacional incluyó para el corriente mes una bonificación extraordinaria del 25% aplicada directamente sobre ese volumen base de 200 kWh para las categorías residenciales alcanzadas por el programa focalizado.

Respecto de los componentes mayoristas del mercado eléctrico, las autoridades confirmaron que los valores de referencia correspondientes a la potencia, la energía y el transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) no registraron alteraciones. Por este motivo, la readecuación aprobada obedece de manera exclusiva a la estructuración y aplicación de los esquemas de subsidios para el periodo de octubre.

Para el segmento que percibe asistencia tanto nacional como provincial, el cargo fijo asignado es de $2.919,86. Los consumos de los primeros 100 kWh tienen un costo por unidad de $114,74, en tanto el tramo subsiguiente de 100 kWh cotiza a $143,94. Superado el margen con subsidio pleno, el bloque siguiente de 100 kWh pasa a abonarse $307,81 por unidad, aplicándose luego las tarifas sin subsidio para los volúmenes excedentes.

En el caso de los hogares que reciben subsidio nacional pero no disponen del beneficio provincial, el cargo fijo es de $3.106,23, con un costo variable de $118,45 por unidad para los primeros 100 kWh y de $149,52 para el segundo bloque de 100 kWh.

Paralelamente, la resolución prorroga hasta fin de mes el descuento provincial del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para usuarios de menores ingresos. Este aporte debe detallarse en la facturación mediante la leyenda “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”. También continúa la pauta de adecuación del VAD, cuyo ajuste mensual no puede sobrepasar el índice general de salarios confeccionado por el INDEC.

Por último, el cuadro contempla especificaciones para el sector residencial rural, usos generales, industrias, alumbrado público, entidades de bien público y electrodependientes, quedando sujeto a eventuales ajustes si las autoridades nacionales modifican los valores del mercado mayorista antes de fin de mes.

El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en agosto una caída del 1,1% en la comparación interanual y una retracción desestacionalizada del 0,8% respecto de julio, según los datos difundidos por el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De esta manera, la medición privada volvió a ingresar en terreno negativo tras el leve repunte observado durante julio, manteniéndose en niveles comparativamente bajos en términos de la historia reciente y ubicándose un 2,1% por debajo del máximo registrado a comienzos de 2025.

En materia de precios, el mes de agosto mostró una nueva desaceleración inflacionaria al marcar un incremento mensual del 1,7% —frente al 2,1% observado en julio— y una variación acumulada interanual del 33,5%. Desde la entidad empresarial remarcaron que la continuidad en la baja de la inflación resulta un factor fundamental para recomponer los ingresos reales de la población y volver a impulsar la capacidad de compra en los próximos meses.

El informe elaborado por la entidad privada destacó además la heterogeneidad entre el consumo y la actividad económica general. Mientras que durante 2024 ambas variables cayeron de forma conjunta y en 2025 acompañaron el proceso de recuperación, en el transcurso de 2026 se observan comportamientos dispares. En junio, último dato disponible del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad subió un 2,7% interanual, mientras que el consumo retrocedió un 1,2%.

Al analizar los rubros específicos durante el período evaluado, se observaron dinámicas mixtas:

Fuente: Agencia NA

Informes técnicos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación y la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron remitidos al fuero judicial para su incorporación en la causa que investiga el funcionamiento del sistema de contrataciones del organismo. La documentación remitida consolida una serie de auditorías administrativas donde se detectaron marcadas diferencias entre los montos abonados por la institución y los precios de referencia de mercado, así como anomalías operativas en el circuito de recepción de insumos médicos.

Entre las actuaciones documentadas se destaca el seguimiento efectuado sobre la provisión de un elemento prostético destinado a un paciente en la provincia de Río Negro. Si bien las constancias administrativas y remitos oficiales archivados en el expediente registraban la recepción conforme del material por parte de la familia del beneficiario, la verificación directa sobre el terreno permitió constatar que la entrega nunca llegó a concretarse. Según detalla el informe institucional, la firma del acuse de recibo se habría obtenido mediante inducción a error durante las etapas previas de toma de medidas técnicas.

Paralelamente, el relevamiento de la ex ANDIS expuso desfasajes en los valores adjudicados para diversas tecnologías médicas en comparación con las licitaciones concretadas por otras dependencias del Estado. En el rubro de válvulas bicavales transcatéter, se constató un contrato adjudicado por 425 millones de pesos frente a procesos similares en el PAMI licitados por 124,2 millones de pesos. Un patrón similar de dispersión de costos se registró en la compra de válvulas pulmonares con variaciones del 711 por ciento, implantes cocleares facturados a un promedio de 62.613 dólares por unidad y adquisiciones de neuroestimuladores con incrementos del 219 por ciento respecto a los valores testigo.

Por otra parte, los auditores identificaron errores de categorización técnica en los pliegos que derivaron en la adquisición de insumos de origen extranjero con diferencias de costos situadas entre el 300 y el 1.000 por ciento en relación con alternativas de fabricación nacional de equivalente especificación. La totalidad de los expedientes, comprobantes y peritajes remitidos por las autoridades sanitarias se encuentran integrados al expediente judicial para el análisis probatorio correspondiente.

El Día del Almacenero celebra un modo de vida: el del comerciante que conoce a cada cliente por su nombre y sostiene parte de la memoria e identidad de cada barrio. Esa cercanía se demuestra en gestos cotidianos. Rocio, al frente de una despensa en la zona noroeste, recordó cómo atravesó la emergencia sanitaria: “En época de pandemia, asistí a mucha gente llevándole mercadería a la puerta de sus casas, y me la pagaban cuando se recuperaban o salían del aislamiento. No damos fiado, pero sí salvamos a más de un vecino en situaciones personales”.

Jorge remarcó que las pequeñas acciones fortalecen el vínculo barrial: “Una anécdota que siempre recuerdo es cuando los chicos venían con la lista y, si les faltaban unos pesos, igual se llevaban todo porque ya conocíamos a la familia”. Sobre el histórico fiado, explicó: “Todavía fiamos, siempre que conozcamos al cliente. A veces una familia no llega a fin de mes, hace malabares con todo y necesita llevar algunas cosas; tratamos de dar una mano. La confianza sigue siendo fundamental”.

Esta función social fue refrendada por Héctor González Paván, presidente de la Confederación General de Almaceneros de la República Argentina (C.G.A.R.A.), entidad fundada en Buenos Aires que ya reúne a más de 60.000 representados: “El almacén es punto de encuentro del barrio, de conversación, lugar de compra y hasta de fiado cuando la billetera no alcanza. En un país que atraviesa crisis recurrentes, sigue siendo refugio y referencia”, dijo a El Argentino.

Coincidiendo con ese diagnóstico, González Paván analizó el panorama tarifario. Explicó que, si bien la estabilidad de precios evita la remarcación diaria, el verdadero ahogo pasa por los servicios fijos: “Antes teníamos un costo operativo del 17% si no tenías empleado; hoy andamos en el 22% sumando la energía eléctrica, que es lo que más nos mata”. Por ello, desde la entidad reclaman la inclusión en categorías tarifarias como la T2G o beneficios por consumo nocturno —como el 50% logrado en Santa Fe— para ganar competitividad.

En cuanto a los hábitos del consumidor, González Paván sostuvo que “la gente ha vuelto a los almacenes pero la recesión es grande y la gente compra lo justo para el día”. Frente al encarecimiento de la canasta básica en grandes cadenas, las familias regresaron al comercio de cercanía buscando fraccionamiento y marcas económicas: “Hoy van al almacén de barrio al día a día y siempre con la segunda o tercera marca. Por una gaseosa de primera línea, vendés seis de otra marca más barata. En los barrios más vulnerables se venden muchas alitas de pollo, una zanahoria o medio morrón para un guiso”.

Ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales, el referente gremial instó a la capacitación digital —mediante cobranzas con QR o promociones en redes sociales— y concluyó con un mensaje de resistencia: “El gobierno se dedicó a la macro y se olvidó de la micro. Pero acá estamos de pie, a no bajar las persianas. Los almacenes nacimos con el país y vamos a seguir adelante”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de inflación correspondiente a julio, que experimentó una variación mensual de 2,1%, un alza de 33,8% en la comparación interanual y una aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos. Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de la publicación de la estadística oficial.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la flexibilización de los créditos en dólares para empresas, Caputo señaló que el número del séptimo mes “no es una sorpresa porque julio es un mes estacionalmente alto”.

Y argumentó: “Otra cosa que es importante es que el precio del petróleo prácticamente se duplicó en los últimos ocho meses. Entonces, la realidad es que todos los países están sufriendo una mayor inflación y un menor crecimiento como consecuencia de eso. Esperamos que la situación internacional se aclare”.

El informe oficial era esperado tanto por el mercado como por los analistas privados, ya que los principales sondeos anticiparon que el incremento de precios mensual había superado el nivel registrado en junio.

En efecto, la consultora C&T Asesores Económicos, dirigida por Camilo Tiscornia, calculó una variación del 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go habían estimado un rango de entre 2% y 2,1 por ciento. El consenso entre las consultoras privadas había mostrado que en julio la inflación mostró una aceleración, impulsada sobre todo por los rubros relacionados con el receso invernal.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las proyecciones situó la inflación de julio en 2 por ciento. En tanto, los participantes del sondeo previeron un leve descenso del ritmo inflacionario de cara a los meses siguientes: 1,8% en agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre. Para diciembre, anticiparon una tenue suba a 1,8%, seguida de una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027.

Marcos Dal Mazo, productor, presidente del centro de la Juventud de Villa del Rosario de Federación Agraria, y secretario de la Federación del Citrus de Entre Ríos, alertó sobre los bajos precios y la fuerte caída en la demanda, que ponen en riesgo la próxima campaña y el trabajo de muchas personas que de forma manual se desempeñan en la recolección y en las labores que demanda una economía regional que emplea a más de 20.000 personas en el Macizo Citrícola.

Según se precisó desde Federación Agraria Argentina Distrito III Entre Ríos (Faaer), la citricultura entrerriana atraviesa una situación crítica debido a la combinación de pérdidas ocasionadas por eventos climáticos en los últimos años y una fuerte caída en los precios y la demanda.

Dal Mazo explicó que el productor recibe apenas entre 40 y 50 pesos por kilo de fruta en planta, un valor que solo alcanza para afrontar los gastos corrientes y no permite reinvertir en el mantenimiento de las quintas de cara a la próxima campaña. Esta situación pone en riesgo la producción futura y genera gran preocupación en una actividad que constituye una de las principales economías regionales de la provincia.

Impacto social

También destacó el fuerte impacto social que tendría una profundización de la crisis, ya que la citricultura emplea a unas 20.000 personas y depende en gran medida del trabajo manual para las tareas de cosecha y manejo de las plantaciones. Señaló que el consumo interno se encuentra muy por debajo de lo esperado, con una comercialización cercana al 60 % de los niveles habituales, mientras que el incremento de los costos logísticos, especialmente del transporte, reduce aún más la rentabilidad del productor que necesitaría un cuarto de lo que produce para pagar el camión que lleva la fruta al mercado. Esta situación, entendió, pone en riesgo la producción futura y genera gran preocupación en una actividad que constituye una de las principales economías regionales de la provincia.

El productor federado recordó: “Venimos de unos años bastante castigados, ya sea por granizo y helada, a lo que se nos suma la caída del mercado con valores por el piso, bajas en los precios al productor, me da hasta vergüenza decirlo, que no llega a 50 pesos el kilo en planta de naranja, lo que genera que el productor analice seriamente que hacer en la nueva campaña, ya que ahora en agosto o septiembre tenemos que ir preparando la planta para la campaña 2027, y la verdad que de lo que estamos recuperando por ventas es simplemente, apenas ,para cubrir los gastos que tenemos a diario”.

Agregó que la citricultura es una de las actividades que sí o sí hay que “desarrollarla totalmente en forma manual, todo lo que es en planta, en lo que es la recolección de los frutos, poda, tareas que demandan mucha mano de obra con gente que es de la zona”.

En materia sanitaria, expresó su preocupación por el avance del HLB, considerada la enfermedad más grave para los cítricos, debido a la aparición de nuevos focos en distintas zonas del macizo citrícola.

En este punto “destacó el trabajo de monitoreo que realiza Fecier para detectar y controlar las plantas afectadas, aunque advirtió que la falta de recursos podría dificultar las tareas de prevención en los próximos años”. Respecto al clima, indicó que las recientes heladas y un episodio de granizo no provocaron daños significativos en la producción, por lo que, al menos desde ese aspecto, las perspectivas son favorables”.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley del Libro abrió una fuerte discusión en el sector editorial. Cámaras empresarias, libreros y editoriales independientes advierten que los cambios podrían afectar la producción y comercialización de libros en Argentina, mientras que el oficialismo sostiene que la iniciativa busca modernizar el mercado y eliminar regulaciones.

La iniciativa se enmarca en un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la modificación y derogación de decenas de leyes. Ante este panorama, representantes de librerías, editoriales y cámaras del sector cuestionaron la medida. Según enfatizaron las entidades, estas leyes garantizan la supervivencia de las librerías independientes en el país.

En declaraciones a Radio 750, el presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, sostuvo que la desregulación propuesta podría concentrar la actividad comercial en pocas empresas.

"La Ley del Libro se sancionó en 2001 por pedido del gremio todo: libreros pequeños y grandes, cadenas incluidas, editoriales pequeñas y grandes, autores e ilustradores", repasó Pampín.

Asimismo, el dirigente explicó el funcionamiento del sistema actual: "La ley dice que el libro tiene un precio único determinado por el editor o el importador. Ese precio es el que regula los derechos de autor y los descuentos de la cadena. Estamos todos de acuerdo con que es justo. Se establece que cualquier libro en todo el país tiene que tener el mismo valor".

Respecto a un escenario de desregulación, el titular de la CAL remarcó que los actores más vulnerables de la cadena serían los principales perjudicados. "Argentina tiene un gran número de librerías y editoriales que son garantes y puntos de encuentro de la diversidad. Si las grandes superficies y las plataformas se meten en precios, van a hacer dumping, trabajar a pérdida y romper algo que hoy funciona", concluyó.

Mientras tanto, el intercambio de posiciones continúa creciendo y pone nuevamente sobre la mesa una discusión de fondo: cómo actualizar el funcionamiento del mercado del libro sin afectar la diversidad editorial ni el acceso de los lectores a una oferta amplia y federal.

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los que tiene mayor incidencia en el costo de vida del país, registró un alza del 1,3% en junio. Este dato mensual se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que alcanzó el 1,9% según el último informe del INDEC.

A pesar de esta desaceleración mensual, el impacto en el primer semestre sigue siendo alto: la división de Alimentos y bebidas acumuló una suba del 17,8%, situándose un punto por encima de la inflación general acumulada en el mismo período (16,8%).

Si seguís la economía, es probable que en algún momento te hayas preguntado: ¿Cómo puede ser que los datos mejoren y la vida no? Equilibrio fiscal, baja del riesgo país, inflación en descenso, reservas que se acumulan… Todo parece ir en la dirección correcta y, sin embargo, en la calle el panorama es distinto: locales que cierran, sueldos que no alcanzan, gente que pierde su empleo formal y pasa a trabajar por su cuenta en condiciones mucho más precarias.

La respuesta no es que los datos mienten, ni que la percepción de la gente está equivocada, sino que estamos mirando dos cosas distintas sin darnos cuenta: la macroeconomía y la microeconomía.

La macroeconomía estudia la economía como un todo. Mira variables agregadas como la inflación, el déficit o el superávit del Estado, el nivel de reservas del Banco Central y el tipo de cambio, entre otras. Es la fotografía del sistema completo. Y lo que aparece en esa fotografía no ocurre solo: es el resultado de decisiones que alguien toma, sabiendo de antemano cómo van a repercutir. Ampliar o reducir el presupuesto en educación y salud, o reducir subsidios o subir impuestos, modificar la cobertura de medicamentos para jubilados, redirigir recursos hacia el pago de deuda o hacia la inversión pública, restringir o liberar las importaciones, dejar que se mueva el tipo de cambio: todas son decisiones políticas y sus efectos pueden medirse y anticiparse.

Lo que los indicadores macro no muestran es quién ganó y quién perdió en el camino. Un superávit fiscal puede construirse recortando el presupuesto de los hospitales públicos o subiendo impuestos. El resultado contable es el mismo. Pero detrás de ese número hay personas concretas: unas van a ver recortado sus servicios esenciales y otros deberán afrontar costos tributarios más altos.

La microeconomía, en cambio, es como hacer zoom en una foto. Estudia las decisiones concretas de las personas, las familias y las empresas. Qué puede comprar una familia con su sueldo. Si un comerciante puede sostener su negocio. Si un empleado conserva su trabajo o lo pierde. Estas variables tienen una dinámica propia: son decisiones individuales o en cabeza de familias o empresas que responden a cómo esas decisiones políticas repercuten en la vida de cada uno. Son decisiones que se toman con cautela, con incertidumbre y con tiempo.

Lo que nos muestra la macro y lo que vivimos en la micro difieren. Pero ambas son reales. Ambas son importantes. Pero no siempre se mueven juntas, ni en la misma dirección.

Veámoslo con el empleo. Si los empresarios argentinos no pueden competir con los productos importados, la economía se contrae. Un empresario no despide al día siguiente que le abrieron la importación. Espera. Piensa que el mal momento puede ser pasajero, que quizás el mes que viene mejora. La incertidumbre de despedir y después volver a contratar tiene costos concretos: indemnizaciones, pérdida de experiencia acumulada, tiempo de capacitación. Así que aguanta. Hasta que pasan meses, la situación no remonta, y entonces sí: llega la reducción de horas o el despido.

Cuando la economía se reactiva, el proceso es el mismo al revés. Antes de tomar un empleado nuevo, el empresario espera. Quiere asegurarse de que la mejora no es una ilusión, que el costo de incorporar a alguien —y eventualmente tener que soltarlo de nuevo— vale la pena. Esa cautela es racional. Y hace que la recuperación del empleo suele llegar después de que los indicadores macroeconómicos ya mejoraron. Las familias hacen lo mismo con el consumo: esperan, observan, ajustan despacio.

Con el salario pasa algo similar, aunque con una capa adicional de complejidad. La caída de la inflación debería, en teoría, mejorar el poder adquisitivo. Y en parte lo hace: si el salario se mantiene y los precios suben menos, cada peso puede que rinda algo más que antes. Pero hay un problema de punto de partida. Los salarios en Argentina vienen perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida acumulada no se borra automáticamente cuando la inflación baja. Para recuperarla, los salarios tendrían que subir por encima de la inflación actual durante un período sostenido. Y eso, en un contexto de ajuste y contracción del consumo, rara vez ocurre. Entonces puede pasar —y pasa— que la inflación baje, que el salario nominal se mantenga o suba levemente, y que aun así la persona en la calle sienta que le alcanza menos que hace dos o tres años. No es una contradicción.

El verdadero desafío, y creo que este es uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina, es lograr que funcionen bien las dos al mismo tiempo. Históricamente, los distintos gobiernos se han enfocado más en una que en la otra: algunos priorizaron el ordenamiento macroeconómico a cualquier costo, otros apostaron a sostener el consumo y el empleo sin resolver los desequilibrios de fondo. Los resultados, en ambos casos, fueron parciales y poco duraderos, en buena medida porque hay una deuda estructural que atraviesa a las dos economías y que pocas veces se nombra con la fuerza que merece: la informalidad.

Cuando una parte grande de la actividad económica y del empleo funciona fuera del circuito formal, la carga tributaria termina concentrada sobre quienes sí están registrados. No es que el Estado necesite menos recursos: es que los recauda sobre una base mucho más chica de lo que debería, y esa base sostiene a todo el resto.

Bajar la informalidad no es solo una cuestión de justicia —que también lo es—, sino una palanca concreta para aliviar la presión impositiva que hoy ahoga a buena parte del sector formal. Una base más amplia de contribuyentes permitiría bajar la carga por actividad sin resignar recaudación, y al mismo tiempo daría cobertura social y previsional a millones de argentinos que hoy quedan afuera del sistema. Formalizar la economía no resuelve todo, pero es una de esas pocas reformas que empuja en la dirección correcta desde los dos frentes a la vez.

Para que la Argentina vuelva a un circuito de crecimiento sostenible —uno que incluya a todos los argentinos— necesita de las dos. Una macro ordenada que genere las condiciones para invertir y producir, y una micro que se traduzca en empleos formales, salarios que alcancen y que permitan que los argentinos vuelvan a creer que un futuro mejor todavía es posible. No es una meta sencilla. Pero es la única que vale la pena perseguir.

*Milagros Martínez Garbino

Economista - Especialista en finanzas personales

El Día Internacional de las Pymes (Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas) se celebra el 27 de junio de cada año, fecha que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer la importancia de estos negocios en la economía global.

En este marco las principales cámaras productivas del país coincidieron en que el sector atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, caracterizada por la caída del consumo, el retroceso fabril y una preocupante ola de cierres. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) lanzó un duro documento donde declaró que las pymes locales se encuentran actualmente "en peligro de extinción" y responsabilizó de forma directa al rumbo económico de la Casa Rosada.

Según los datos recabados por la entidad, el actual modelo de "economía dual" —que privilegia el sector financiero y extractivo en desmedro del entramado nacional— provocó la desaparición de más de 26.000 empresas desde finales de 2023, lo que representa una alarmante tasa de 30 cierres diarios. Las proyecciones de las filiales regionales resultan todavía más dramáticas: desde APYME Santa Fe compararon la situación actual con el peor momento de la pandemia debido al desplome de las ventas, el tarifazo en los servicios regulados (gas y luz) y el ingreso de productos extranjeros con precios de dumping. De no revertirse estas condiciones, advierten que hasta diciembre podrían quebrar otras 40.000 firmas.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por Ricardo Diab, alertó sobre un marcado proceso de concentración económica, donde los pequeños comercios e industrias pierden terreno frente a los grandes jugadores concentrados. Desde CAME cuestionaron las asimetrías que genera el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo "Súper RIGI", normativas que otorgan amplios beneficios fiscales y aduaneros a corporaciones extranjeras mientras dejan fuera de competencia a los proveedores locales.

Las pymes representan el 99% del mapa empresarial argentino y generan cerca del 70% del empleo privado formal. Frente a este peso estructural, los dirigentes empresarios concluyeron que es imposible pensar en una reactivación genuina si se mantiene deprimido el mercado interno —principal motor de las pymes— y se continúa con el desfinanciamiento de organismos científicos clave para la transferencia tecnológica como el INTI y el INTA.

YPF analiza la posibilidad de avanzar hacia una futura reducción en los precios de los combustibles luego de la caída registrada en la cotización internacional del petróleo tras el principio de acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente.

La baja del barril de Brent, referencia utilizada para la formación de precios en Argentina, abrió la semana con una caída cercana al 5% respecto al cierre anterior y se ubicó en torno a los 82 dólares por barril, impulsando expectativas en el sector energético.

El retroceso del crudo se produjo luego de que se anunciara un entendimiento preliminar entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto bélico y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Ante este escenario, la petrolera estatal evalúa cómo continuará el esquema de estabilización de precios implementado el 1 de abril para evitar trasladar de manera inmediata las fuertes oscilaciones internacionales a los surtidores.

Ese mecanismo, originalmente previsto por 45 días y luego extendido hasta fines de junio, permitió absorber las subas registradas cuando el petróleo superó los 100 dólares por barril durante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

En aquel momento, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anunciado que la empresa mantendría estables los precios de los combustibles pese al incremento internacional del crudo, con el objetivo de amortiguar el impacto sobre los consumidores.

Así, como parte de este acuerdo privado entre empresas productoras de petróleo y refinadoras, sin intervención del Gobierno, este mecanismo de estabilización temporal sirvió para absorber las fluctuaciones abruptasen los costos internacionales y evitar traslados inmediatos al cliente.

La citricultura entrerriana atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con precios que no cubren los costos de producción, una fuerte caída del consumo interno y crecientes dificultades comerciales, los productores enfrentan un escenario que pone en riesgo la continuidad de numerosos establecimientos. La situación es especialmente preocupante para quienes dependen exclusivamente de la producción primaria y venden la fruta “tranquera adentro”, sin participación en otros eslabones de la cadena.

Melania Zorzi, presidenta de la Federación del Citrus de Entre Ríos, explicó que la crisis no es nueva, sino que se viene profundizando desde el fin de la pandemia. Recordó que durante 2020 y 2021 la actividad atravesó un período favorable, impulsado por una revalorización de las frutas y especialmente de los cítricos. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en los años posteriores. “Los costos a nosotros se nos aumentaron de una manera exponencial y lamentablemente los precios vienen en una retracción total”, afirmó.

Uno de los puntos que más inquieta al sector es la enorme distancia entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor. Mientras en las quintas entrerrianas la naranja se comercializa entre 80 y 100 pesos por kilo, en muchos puntos de venta supera los 2.000 pesos. “Todo el mundo dice: ¿cómo puede ser que el productor reciba lo que recibe? Bueno, la brecha entre el que produce el cítrico y el consumidor, es cada vez más importante”, sostuvo Zorzi.

La dirigente señaló que algunos costos vinculados a insumos lograron cierta estabilidad en los últimos meses, aunque aclaró que la referencia sigue siendo el dólar. El verdadero problema, explicó, es que el precio de la fruta no acompaña. La retracción de los mercados de exportación de fruta fresca y la caída de los precios internacionales del jugo concentrado provocaron que una mayor cantidad de producción quede destinada al mercado interno, aumentando la oferta en un contexto de menor demanda.

Según Zorzi, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores también juega un papel determinante. “El consumo de cítricos en nuestro país está sufriendo una caída muy importante porque los salarios están todos retrasados”, señaló. Esta situación genera una paradoja para el sector: aunque el productor recibe cada vez menos por su fruta, el bajo valor de origen tampoco alcanza para estimular las ventas en los hogares argentinos.

En este contexto, las empresas que logran integrar distintos eslabones de la cadena productiva son las que cuentan con mayores posibilidades de sobrevivir. Productores que además poseen empaques, transporte propio o puntos de venta en diferentes regiones del país consiguen capturar una mayor porción del valor agregado. “Aquel que sólo quedó con su quinta y vende tranqueras adentro es el que está en las condiciones más complicadas y es el más vulnerable”, advirtió la presidenta de la Federación.

El costo del transporte es otro factor que pesa sobre la rentabilidad. El gasoil y los fletes representan una parte importante de los gastos operativos, especialmente porque los mercados que ofrecen mejores precios suelen estar lejos de las zonas productivas. En los últimos años, muchas empresas buscaron alternativas en la Patagonia y la región de Cuyo para escapar de la fuerte competencia de los grandes centros urbanos, aunque también allí enfrentan nuevas dificultades comerciales y sanitarias.

La ecuación económica actual deja poco margen para la inversión y el crecimiento. De acuerdo con Zorzi, para que la actividad vuelva a ser rentable los productores deberían recibir entre 250 y 300 pesos por kilo de fruta.

Por otra parte, alertó sobre otro problema que se agravó recientemente: la extensión de los plazos de cobro y el riesgo de incumplimientos. “Lo que más se ha agravado en el último tiempo es la prolongación de los plazos, inclusive la incobrabilidad”, afirmó. Hoy, los pagos suelen concretarse entre 60 y 90 días después de la entrega.

Con costos elevados, mercados debilitados y una rentabilidad negativa, la citricultura entrerriana enfrenta una campaña decisiva.

(Fuente: Infobae)

La inflación volvió a ocupar el centro de la agenda económica. Luego de que abril registrara un 2,6% y marcara una desaceleración respecto de meses anteriores, las principales consultoras privadas proyectan que mayo habría cerrado con un índice aún menor, en torno al 2% y 2,5%.

El dato alimenta las expectativas del equipo económico, que busca consolidar una baja sostenida durante el segundo semestre de 2026. Aunque el número oficial recién se conocerá el 11 de junio, cuando el INDEC publique el IPC, en el mercado ya se habla de un posible punto de inflexión.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 2,3% mensual y un acumulado de 30,5% para todo 2026.

Desde el equipo económico se reforzó el mensaje de optimismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el dato de mayo será “más bajo que el de abril” y sostuvo que la economía comenzó a mostrar señales más sólidas de estabilización.

El clima financiero acompañó con indicadores positivos: el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, mientras el mercado siguió de cerca la evolución del dólar, las reservas y la actividad.

Sin embargo, persisten desafíos clave para sostener la tendencia:

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice del costo de la construcción (ICC) correspondiente al Gran Buenos Aires registró en abril una suba del 3,1% respecto a marzo. Con este resultado, el acumulado interanual alcanzó el 30,2%.

El informe detalla que el capítulo mano de obra reflejó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), homologado el 7 de abril de 2026. El incremento impactó también en el capítulo “Gastos generales”, ya que incluye el ítem “Sereno”, enmarcado dentro de la resolución. En abril, la mano de obra registró una suba del 3,1% mensual, producto de un aumento del 2,6% en “Mano de obra asalariada” y del 6,0% en “Subcontratos de mano de obra”.

En cuanto a gastos generales, el informe incorpora los nuevos valores tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur, además de actualizaciones en los consumos y conexiones de agua y cloaca autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas, y ajustes en los valores de conexión de gas dispuestos por Enargas.

Respecto a los materiales, se seleccionaron insumos por su incidencia en el costo total de la obra, manteniendo una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem. El cálculo supone que tareas como albañilería y hormigón armado son ejecutadas por empresas constructoras con personal propio, mientras que se subcontratan trabajos de yesería, pintura e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

El análisis por ítem de obra muestra que los mayores aumentos se dieron en:

Con este resultado, el sector de la construcción continúa mostrando incrementos en sus costos, en línea con la evolución de precios mayoristas, que en abril registraron una suba del 5,2% y acumularon un 30,8% en los últimos doce meses.

La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento mensual se dio como consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

En lo que va del año, el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) subió 11,6%.

Así, la inflación mayorista encadenó su segundo mes consecutivo al alza. Contra marzo tuvo un incremento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.).

A su vez, duplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, el cual se había desacelerado al 2,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia fueron “petróleo crudo y gas” (2,09%), “productos refinados del petróleo” (1,63%), “sustancias y productos químicos” (0,46%), “alimentos y bebidas” (0,26%) y “productos de caucho y plástico” (0,18%).

En los "Productos primarios", el apartado de "petróleo crudo y gas" volvió a influir en el índice general, con una suba de 22,9% mensual. La misma estuvo dada por el aumento en los combustibles y la escalada del precio internacional del crudo.

Ante esta aceleración, el ministro de Economía Luis Caputo explicó que la influencia del petróleo y los productos vinculados explicaron "casi un 85%" la suba del IPIM.

"Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra. Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general", detalló en sus redes.

Sacando los efectos del shock externo, "la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual", resaltó el funcionario.

Por otro lado, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en abril, explicado por la suba de 4,9% en “Productos nacionales” y de 2,5% en “Productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 4,8% mensual, dado el incremento de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de abril, en un contexto marcado por la expectativa de una desaceleración respecto a marzo. El dato oficial se difundirá a las 16 horas y será clave para confirmar si se quiebra la tendencia alcista que venía sosteniéndose durante diez meses consecutivos.

En marzo, la inflación fue del 3,4%, acumulando un 9,4% en el primer trimestre de 2026. La división con mayor aumento fue Educación, con un 12,1%, seguida por Transporte (4,1%), impulsado por combustibles, transporte público y pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles se incrementó un 23%, lo que impactó en el índice.

El economista Lorenzo Sigaut Gravigna, de Equilibria, también estimó un 2,5% para abril. Libertad y Progreso calculó un 2,4%, atribuyendo la baja a la finalización del efecto devaluatorio preelectoral y al pasaje del shock transitorio en combustibles. Orlando Ferreres proyectó un 2,6% mensual y 30,7% interanual. Analytica, en tanto, midió una variación semanal del 0,9% en alimentos y bebidas en supermercados, con un promedio mensual de 1,3%, y proyectó un 2,8% para el nivel general.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó un 2,6% para abril y anticipó que la desaceleración continuará de manera escalonada: 2,3% en mayo, 2,1% en junio y 2% en julio. Para el resto del año, las proyecciones se mantienen elevadas, con una inflación anual del 30,5%, aunque se espera que el índice mensual quiebre el 2% a partir de agosto.

Como anticipo, el Instituto de Estadística porteño informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, desacelerándose respecto al 3% de marzo. En los primeros cuatro meses del año, el IPC porteño acumuló 11,6%, con una variación interanual de 32,4%. Las divisiones Transporte, Vivienda, Alimentos, Restaurantes y Salud explicaron el 70,2% del alza.

La expectativa ahora está puesta en el dato oficial del INDEC, que confirmará si la inflación de abril perforó el 3% y si se consolida un sendero de menor presión sobre los precios, en un contexto económico aún marcado por tensiones externas y desafíos internos.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)

Como ocurre cada mes, mayo llega con una batería de aumentos que afectan a distintos rubros de la economía. Transporte, alquileres, combustibles, servicios públicos y planes de salud se encarecen, sumando presión sobre el Índice de Precios al Consumidor y sobre la capacidad de pago de los hogares.

Los alquileres regidos por la derogada ley de contratos se actualizan en mayo con un incremento anual del 32,05% según el Índice de Contratos de Locación. La suba mantiene la tendencia descendente de los últimos meses, aunque sigue impactando en los bolsillos de los inquilinos.

En transporte, el boleto de colectivos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires aumenta 5,4%, con tarifas que oscilan entre $753 y $1.259 según la distancia. En el Gran La Plata la suba es mayor, del 11%, llevando el pasaje a entre $1.053 y $1.406. El subte porteño también se encarece: el viaje costará $1.490 y el premetro $521.

Los peajes de jurisdicción porteña suben en igual proporción. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos livianos pagarán $4.319 en hora no pico y $6.121 en hora pico. En la Illia y otras vías, los valores rondarán entre $1.799 y $2.544.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires registra un aumento del 28%. Los nuevos precios son de $96.968 para autos y $36.459 para motos.

Los combustibles también se encarecen por la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La suba se aplica de manera directa, como viene sucediendo en las últimas semanas.

En el sector de salud, las prepagas aumentan entre 3% y 3,9% según empresa y región, en línea con la variación general de precios.

Los servicios públicos continúan con sus ajustes mensuales. En el AMBA, el agua sube 3%, llevando la factura promedio a $29.967. Por niveles, el zonal alto pagará $35.325, el medio $32.081 y el bajo $25.777. Electricidad y gas también tendrán incrementos según los esquemas vigentes.

Las telecomunicaciones no quedan al margen: las compañías de telefonía celular, internet y cable aplican subas de entre 3,5% y 4,5%, tras la eliminación de las regulaciones que limitaban los aumentos.

Fuente: Noticias Argentina

El feriado del Día Internacional de los Trabajadores, que este año cae viernes, da inicio a un nuevo fin de semana largo. Sin embargo, las expectativas en el sector turístico de Entre Ríos son moderadas: las reservas se mantienen bajas y el panorama dista de ser alentador.

Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), explicó que los relevamientos diarios muestran un comportamiento dispar, con Concordia como excepción. Allí, la fecha del TC2000 genera ocupación casi plena en alojamientos cercanos al Autódromo. “Desde el miércoles prácticamente ya no había disponibilidad en esa zona”, señaló.

En contraste, el resto de la provincia registra más consultas que reservas confirmadas. “Hay muy pocas reservas y esto también se explica por la cercanía con el último fin de semana largo. No pasó ni un mes y los bolsillos no están como para darse tantos gustos o hacer varias escapadas seguidas”, remarcó Acedo.

El dirigente anticipó que el movimiento estará impulsado principalmente por excursionistas, visitantes que viajan por el día o pernoctan una sola noche. “Va a ser un fin de semana donde el excursionista va a ser clave. Tenemos que estar preparados para recibir ese tipo de turismo”, sostuvo.

Uno de los factores que incide en la baja demanda es la acumulación de fines de semana largos en un período corto. “Hoy los tiempos han cambiado. Antes, aunque hubiera dos fines de semana largos en el mismo mes, la gente viajaba igual. Ahora el bolsillo no acompaña”, explicó Acedo, aunque destacó mejores expectativas para el próximo feriado del 25 de mayo, que al caer lunes podría generar mayor movimiento.

Con la llegada del frío, las termas vuelven a posicionarse como el producto estrella de la provincia. “Estamos entrando en la época ideal para disfrutar de las termas, que son el eje central de la propuesta turística entrerriana en esta temporada”, afirmó.

El contexto económico también plantea desafíos en materia de precios. Mientras el sector gastronómico se ve obligado a trasladar aumentos de insumos, los alojamientos intentan amortiguar el impacto para no desalentar la demanda. “Ya no existe más eso de reservar tres o cuatro noches por un fin de semana largo. El turista elige una o dos noches, lo justo y necesario”, detalló Acedo, quien reconoció que la rentabilidad hoy es uno de los puntos más sensibles.

El perfil del visitante también muestra cambios: los establecimientos que trabajan con contingentes o grupos organizados presentan mejores niveles de ocupación. “Quienes tienen turismo de contingentes van a tener un fin de semana aceptable. Los que no, están atravesando un año complicado”, sostuvo.

A pesar de las dificultades, el sector mantiene una mirada expectante y apuesta a la capacidad de adaptación, a los eventos locales y al esfuerzo conjunto de municipios y prestadores privados para sostener la actividad. “Cada localidad viene haciendo esfuerzos para generar actividades que atraigan gente. Eso siempre ayuda”, concluyó Acedo.

Un estudio elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) midió la incidencia del flete en el precio final de tres productos de la canasta básica: aceite, yerba mate y azúcar. Los resultados indican que la participación del transporte se ubica entre el 1,78% y el 5,13% del valor minorista, según el producto y la distancia recorrida.

El análisis tomó como referencia valores de góndola de marcas líderes en canales minoristas, con IVA incluido, y tarifas reales de transporte desde la planta productora hasta los centros de distribución en Buenos Aires. Para garantizar representatividad territorial, se consultaron promedios tarifarios de tres cámaras regionales asociadas a la Federación, con presencia en distintos polos productivos del interior del país.

La metodología excluyó promociones y descuentos estacionales con el objetivo de reflejar el costo estructural puro de la operación. Este criterio permite aislar la variable logística del comportamiento coyuntural del mercado y obtener una lectura más precisa sobre el peso efectivo del flete dentro de la cadena de valor de cada uno de los productos seleccionados para el análisis.

Los datos tarifarios surgen de promedios reportados por la Asociación Misionera de Transportistas de Carga (AMITRAC), el Centro de Transportistas de Cargas de Cañuelas (COCATRA) y la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATC Tucumán). La diversidad geográfica de estas fuentes fortalece la validez del análisis al incorporar distintas realidades operativas y de infraestructura vial regional.

En el caso de la yerba mate, el costo para trasladar una tonelada desde una planta productora en Misiones hasta un centro de distribución en Buenos Aires —un recorrido de 1.200 km— asciende a $87.620. Con un precio de góndola de $4.919 por kilo, el componente logístico representa el 1,78% del valor final que abona el consumidor en el canal minorista.

El aceite registra una incidencia comparable. Transportar una tonelada desde la planta hasta la región metropolitana de Buenos Aires, a lo largo de 700 km, tiene un costo de $61.765. Dado que el precio minorista es de $3.370 por botella, la participación del transporte equivale al 1,83% del valor de venta. En este caso, la menor distancia recorrida no implica una menor participación relativa del flete en el precio final.

El azúcar presenta la mayor participación del flete entre los tres productos analizados. Trasladar una tonelada desde Tucumán hasta Buenos Aires —1.230 km— tiene un costo de $76.960. Con un precio de góndola de $1.499 por kilogramo, la incidencia del transporte alcanza el 5,13%. Esta proporción más elevada responde al menor valor unitario del producto frente a los costos fijos del traslado a larga distancia.

Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, explicó que el sector actúa como un eslabón eficiente dentro de la cadena alimentaria: “La evidencia técnica indica que, incluso con tarifas reales y sin distorsiones, su participación en el precio final resulta marginal frente a otros componentes estructurales”. El directivo también destacó que el autotransporte aporta previsibilidad y alcance territorial al sistema productivo nacional.

El estudio también evidencia que la distancia recorrida no es el único determinante de la incidencia logística: el valor unitario del producto opera como variable igualmente relevante. Bienes de mayor precio por unidad de peso, como el aceite o la yerba mate, absorben proporcionalmente menos el costo del flete que productos de menor precio relativo, como el azúcar, incluso cuando los trayectos son de extensión comparable o mayor.

La disponibilidad de información desagregada sobre la estructura de costos en la distribución de alimentos constituye un insumo técnico de valor para operadores logísticos, cargadores e instituciones de planificación sectorial. Este análisis permite identificar con precisión los factores que inciden sobre el precio al consumidor y orienta decisiones vinculadas a la eficiencia operativa y a la asignación de recursos dentro de la cadena.

A medida que el debate sobre la formación de precios en la cadena de abastecimiento gana presencia en la agenda productiva argentina, contar con mediciones objetivas y metodológicamente sólidas resulta cada vez más necesario. El relevamiento de FADEEAC aporta una referencia técnica verificable que puede contribuir a una discusión más precisa sobre el rol de cada eslabón en la determinación del valor final de los alimentos básicos.