El mediocampista de Boca Leandro Paredes sufrió un desgarro grado dos y se perderá la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, partido que se disputará el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera.

La zona afectada es el isquiotibial de la pierna derecha y, segíun los tiempos lógicos de recuperación, se perdería tanto la ida (13/10) en la "Bombonera" y la vuelta (20/10) en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El futbolista sintió un dolor en el encuentro ante Instituto, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura, que terminó en empate 2 a 2. Paredes había saltado a la cancha a los 10 minutos del segundo tiempo y debió ser reemplazado a los 26.

En conferencia de prensa, el técnico Rodolfo Arruabarrena había sido contundente: "Lea se tendrá que hacer los estuidios pero creo que al salir y por las caras... no he estado con él pero supongo que para el martes está descartado".

Finalmente, este sábado el mediocampista realizó los chequeos correspondientes con los cuales se confirmó la gravedad de la lesión.

¿Quién reemplazará a Paredes en la Sudamericana?

El "Vasco" Arruabarrena habló en conferencia de prensa liuego del empate y se lamentó por la lesión de Paredes, a quien deberá buscarle reemplazante para la Copa Sudamericana (al menos en la ida).

"Tengo reemplazante. Obviamente Leandro es nuestro capitán, saben lo que genera fuera y dentro del grupo. Pero hoy jugó (Williams) Alarcón, el "Chelo" (Milton Delgado), ha terminado bien. Tuvo algunos minutos el "Ruso" (Santiago Ascacíbar)", afirmó el DT.

Por otro lado, destacó: "Podemos armar un buen medio, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen”.

La Policía informó el jueves por la tarde sobre una situación que se había generado el día antes y había originado temor entre las personas que descubrieron un elemento que hizo suponer en un principio que podía tratarse de una granada de mano antigua.

Todo sucedió dentro de un domicilio sobre la calle 25 de mayo, entre Mitre y Camila Nievas. Una mujer encontró dentro de un desagüe un artefacto redondo, de metal, que a prima facie hizo suponer que podía tratarse de un explosivo abandonado en ese lugar desde hacía largo tiempo y que recién ahora se descubría.

Con todo el protocolo existente, la Policía de Gualeguaychú actuó como corresponde y convocó a un experto perteneciente al cuerpo de Bomberos Zapadores de Concordia para que determine de qué se trataba.

El especialista confirmó lo que los uniformados ya suponían. Se trataba de una boya de cobre, antigua, hueca, utilizada como flotador dentro de un tanque de agua, que actualmente han sido reemplazadas por reemplazadas en su mayoría por flotantes de plástico o telgopor expandido.

Estas boyas estaban hechas de láminas de cobre livianas unidas mediante soldadura para formar una esfera hueca y estanca que flotaba en el agua. El cobre se utilizaba por su alta resistencia a la corrosión y sus propiedades bacteriostáticas naturales, que ayudaban a inhibir el crecimiento de microorganismos en el agua.

En el marco de la preocupación creciente por la presencia del Picudo Rojo de las Palmeras en la región, Gualeguaychú será sede de una jornada técnica clave. En diálogo con El Argentino, Guillermo Treboux, encargado de la Reserva Las Piedras y coordinador de Conservación y Planes de Manejo del Municipio, brindó detalles sobre el alcance del encuentro y puso en valor la trascendencia de articular acciones preventivas.

“Esta actividad del Picudo Rojo se enmarca en el alerta regional que hay por los primeros registros de la plaga en la Argentina. Por un lado, el que se dio primeramente en la Isla Martín García y ahora el que apareció en Entre Ríos y muy cerca de nosotros, que es el registro de Colonia Elías, donde se detectó en una palmera Fénix la presencia de la plaga y que mostró signos de estar afectada hasta que murió”, explicó Treboux.

La detección confirmada en la localidad vecina encendió las alarmas locales debido al potencial impacto del insecto exótico. En este sentido, el funcionario remarcó la necesidad de un abordaje conjunto entre los diferentes niveles del Estado: “Este tema atraviesa distintos estamentos, tanto organismos nacionales como Senasa o Parques Nacionales —Senasa se encarga del control de plagas y Parques Nacionales resguarda áreas protegidas como el Parque Nacional El Palmar—, así como a las autoridades de aplicación provinciales y los municipios”.

Frente a este escenario, Gualeguaychú asumirá un rol protagónico al recibir a los equipos técnicos y representantes de los departamentos del sur provincial. “Gualeguaychú es anfitrión de este encuentro, en donde vamos a aprovechar a contar lo que se está haciendo desde el municipio para la prevención, el cuidado y la respuesta ante eventuales casos positivos”, indicó el coordinador.

Treboux hizo hincapié en el riesgo que representa el avance del insecto en el ámbito local, donde el patrimonio arbóreo posee un valor histórico de relevancia. “Es una preocupación porque hay muchas palmeras dentro de la ciudad y muchas de ellas tienen un valor patrimonial e histórico importante. En función de eso se despliegan acciones preventivas que se están llevando adelante”, subrayó.

Finalmente, el referente municipal destacó el objetivo final de la jornada de trabajo: “A lo largo de las presentaciones se irán poniendo sobre la mesa los datos y la idea es compartir la información generada últimamente para ver de qué manera se da una respuesta más organizada hacia adelante”.

Durante la reunión se abordarán diagnósticos actualizados, protocolos de actuación, normativas para la tala y disposición final de ejemplares atacados, como así también la regulación sobre fitosanitarios. La convocatoria incluye a responsables ambientales departamentales, administradores de áreas protegidas y empresas de mantenimiento de palmeras.

La intensificación de la extracción de arena de sílice en el departamento Islas del Ibicuy, insumo fundamental para las operaciones de fractura hidráulica (fracking) en el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, continúa generando preocupación entre especialistas del sector agropecuario y habitantes de la región por sus consecuencias ecológicas y estructurales sobre el ecosistema del Delta del Paraná.

El ingeniero agrónomo y productor del Delta entrerriano, Carlos Cadoppi, advirtió sobre el avance vertiginoso de los yacimientos mineros a cielo abierto, los endicamientos y las modificaciones topográficas en el territorio. Según el especialista, este conjunto de intervenciones antrópicas está provocando una transformación profunda e irreversible en el humedal más extenso del país, afectando la dinámica hídrica natural y elevando los niveles de vulnerabilidad del suelo ante eventuales variaciones climáticas o crecidas del río.

La provincia de Entre Ríos abastece más del 80 por ciento de las arenas silíceas consumidas por la industria hidrocarburífera nacional. La predilección por el material extraído en zonas como Ibicuy y Diamante responde a sus propiedades técnicas particulares: posee una elevada pureza de cuarzo, forma esférica y una resistencia mecánica capaz de soportar las altísimas presiones operativas de las perforaciones profundas en la cuenca neuquina. La demanda actual implica el movimiento de millones de toneladas anuales, volumen que podría incrementarse sustancialmente a medida que Vaca Muerta expanda sus niveles de producción.

No obstante, esta escala de explotación genera un severo costo ambiental y logístico. Los trabajos directos sobre las dunas continentales y los terrenos anegadizos provocan la destrucción de médanos históricos, la pérdida de cobertura vegetal nativa y la alteración de la recarga de acuíferos. A su vez, el tránsito incesante de transporte pesado y las tareas de dragado linderas a los caminos han derivado en el deterioro crítico de la infraestructura vial, afectando el trazado de rutas clave como la Ruta Provincial N.º 45.

Frente a la magnitud de los daños informados, la actividad se encuentra bajo la lupa del Poder Judicial. Existen diversas actuaciones de investigación que involucran a firmas mineras y a reparticiones de la administración provincial y de la Municipalidad, orientadas a determinar la existencia de daños ecológicos, la validez de los estudios de impacto ambiental y la efectividad de los controles estatales sobre las empresas operadoras.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar un matiz con la narrativa económica del presidente Javier Milei, al reconocer públicamente que existen franjas de la sociedad que sufren el impacto del programa actual. Tras la presentación del Presidente en el Council of the Americas, donde defendió el rumbo económico y negó un aumento del desempleo o caídas salariales, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta planteó una lectura más cercana a la realidad productiva y cotidiana.

En el marco de una disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el contenido de su mensaje apuntó a sostener el programa macroeconómico sin perder la empatía con la ciudadanía. Si bien destacó la regla del superávit fiscal y el combate contra la inflación como pilares estructurales indispensables, remarcó la urgencia de acelerar la dinámica de los resultados para dinamizar la actividad de las pymes, la industria y las familias.

A través de sus redes sociales, reforzó esa postura al señalar que, aunque los indicadores generales muestren signos positivos frente al escenario previo del kirchnerismo, el foco prioritario de la gestión pública debe concentrarse en acompañar a los sectores productivos que enfrentan mayores complicaciones. La diferenciación del discurso expone dos aproximaciones dentro del espacio: la defensa estricta del marco teórico presidencial y la preocupación parlamentaria por acelerar la percepción del cambio en el consumo.

Una bala y una carta con amenazas dentro de un sobre fueron encontradas este viernes en el Instituto Parroquial Cristo Obrero, en la localidad bonaerense de Haedo, y generaron preocupación en la comunidad educativa.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la directora del establecimiento declaró ante las autoridades que la munición fue hallada por personal de limpieza minutos antes de las 7.

El proyectil estaba en el interior de un sobre, dirigido a los directivos, y debajo de la puerta; al tiempo que, cuando la mujer lo abrió, descubrió una nota en la que se manifestaba la suspensión de los viajes de egresados que se llevarían a cabo la semana próxima, porque si no habría "consecuencias".

En este contexto, la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial de Morón caratuló el caso como "intimidación pública" y dispuso la realización de distintos análisis de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

A su vez, ordenó el secuestro de la bala y de la carta, elementos de relevancia para la investigación, y sus respectivos peritajes para hallar posibles rastros.

El colegio suspendió sus actividades extracurriculares de manera preventiva y reforzó la seguridad en sus inmediaciones.

La medida autoriza a las entidades bancarias a destinar hasta un quince por ciento de sus depósitos en dólares a préstamos para empresas que no generan divisas, una decisión que modificó una regla prudencial vigente desde la crisis del año 2001.

Guido Sandleris, ex presidente de la entidad monetaria durante la gestión de Mauricio Macri y afín a varias reformas del actual gobierno, advirtió que la medida representa una mala idea. El economista señaló que la flexibilización erosiona uno de los consensos más relevantes en materia económica de las últimas dos décadas, el cual exigía que los depósitos en dólares solo se prestaran a sectores exportadores para evitar descalces ante eventuales devaluaciones del peso.

A las críticas se sumó Andrés Neumeyer, ex economista jefe del Banco Central, quien calificó la norma como un relajamiento macroprudencial riesgoso para la estabilidad del sistema financiero. Neumeyer sostuvo que otorgar créditos en dólares a deudores sin ingresos en esa misma divisa crea un peligro sistémico ante depreciaciones de la moneda nacional, respondiendo más a presiones sectoriales que a una política sostenible.

Por su parte, el Banco Central defendió la modificación argumentando que busca canalizar el ahorro doméstico hacia la inversión privada y ampliar la oferta de crédito para dinamizar la actividad económica. La autoridad monetaria destacó que la normativa contempla exigencias adicionales de capital y evaluaciones de riesgo de repago para preservar la liquidez y la solvencia del sistema bancario.

La creciente del río Uruguay mantiene en estado de vigilancia a Concordia, donde las autoridades y los organismos técnicos siguen de cerca la evolución del caudal tras las lluvias registradas en la cuenca superior.

Si bien la situación todavía se encuentra dentro de los parámetros habituales para una ciudad acostumbrada a convivir con este fenómeno, las proyecciones oficiales anticipan que el nivel del agua podría mantenerse elevado durante los próximos 10 a 15 días, lo que obliga a extremar los controles y preparar medidas preventivas.

En diálogo con Elonce, el periodista concordiense Marcelo Maffei explicó que la información oficial es la que guía todas las decisiones y destacó que la situación cambia prácticamente hora a hora. "Hoy a las 13 horas se iba a actualizar el nuevo parte, donde se hablaba de una máxima de 10,20 metros y una mínima de 9,50", indicó al referirse al pronóstico hidrológico difundido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El comunicador señaló que el organismo binacional también advirtió que las precipitaciones generalizadas registradas en la cuenca del río Uruguay provocaron un incremento progresivo del caudal. "A partir de hoy, debido a las lluvias que se prevén en el norte, es muy probable que el río se encuentre mucho más grande de lo habitual en los próximos 10 a 15 días", remarcó.

Los primeros sectores afectados

Aunque todavía no se habla de evacuaciones ni de una situación extraordinaria, Maffei explicó que existen zonas históricamente vulnerables que vuelven a colocarse bajo observación. "Lo que complica a nuestra ciudad es la parte de la costanera vieja, la zona de Pueblos Originarios, donde hay comercios", describió.

A ello se suma una característica geográfica propia de Concordia: la presencia de los arroyos Manzores y Concordia, que atraviesan distintos barrios antes de desembocar en el río Uruguay. "Es muy posible que existan también problemas en viviendas muy cercanas a la costanera, porque es por donde suele entrar el grosor del agua", explicó el periodista, al remarcar que el comportamiento de esos cursos internos también depende del incremento del nivel del río principal.

La ciudad creció históricamente alrededor de su puerto y del río Uruguay, una condición que convierte a la costanera en uno de los primeros sectores afectados cuando se producen crecientes importantes. Por ese motivo, comerciantes y familias que viven en esa franja permanecen atentos a cada actualización oficial.

La tripanosomiasis bovina se ha convertido en una nueva amenaza para la producción lechera en el país. El gerente comercial del laboratorio Over, Alfredo León, explicó en diálogo con TodoAgro que el parásito Trypanosoma apareció hace dos años y fue inicialmente confundido con la bacteria responsable de la anaplasmosis, lo que dificultó su detección y tratamiento.

“Hace dos años que ha aparecido el Trypanosoma, un parásito que no se conocía y se lo confundía con la bacteria Anaplasma. Las vacas se morían y el veterinario no encontraba una solución”, señaló León.

Ante esta situación, el laboratorio desarrolló un producto a base de isometamidium, una droga que actúa directamente sobre el parásito. “Se llama Isomet y controla al tripanosoma. Hoy está presente también en zonas como Villa María, Morteros, Suardi, San Guillermo y Rafaela, y se va a seguir extendiendo”, advirtió.

El especialista subrayó la necesidad de modificar el enfoque diagnóstico en los tambos: “No se puede seguir utilizando productos que no son adecuados y exclusivos para tratar este tipo de enfermedades en el ganado”.

Además, León abordó el impacto de la garrapata bovina y las innovaciones farmacológicas que la firma está desarrollando para enfrentar esta problemática sanitaria que afecta al rodeo nacional.

La preocupación por un posible caso de ébola en Brasil encendió las alertas sanitarias este sábado, luego de que las autoridades del estado de São Paulo informaran la investigación de un viajero que regresó recientemente de la República Democrática del Congo y presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

El paciente fue trasladado al Instituto de Infectología Emilio Ribas, donde permanece internado en aislamiento. Según la Secretaría de Salud paulista, desarrolló un cuadro febril tras su llegada al país y se activaron los protocolos de emergencia para este tipo de situaciones. Hasta el momento, no existe confirmación laboratorial del diagnóstico, pero se dispuso la aplicación inmediata de medidas preventivas para evitar cualquier riesgo sanitario.

La alerta se produce en medio de la preocupación global por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos sospechosos ascienden a 906 y se han confirmado 223 fallecimientos. El organismo elevó el nivel de riesgo a “muy alto” en el país africano y “alto” en la región.

La OMS también informó avances en el uso experimental del antiviral Obeldesivir, que podría aplicarse de manera preventiva en personas con contacto estrecho con pacientes infectados.

Por el momento, el caso en Brasil continúa en investigación y las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica sobre viajeros provenientes de zonas de riesgo. La OMS y los organismos sanitarios regionales siguen monitoreando la evolución del brote en África y las posibles implicancias para América Latina.

Fuente: OMS / Secretaría de Salud de São Paulo

Un importante movimiento policial se registró este lunes en inmediaciones de calles Suipacha y San Lorenzo, en Concepción del Uruguay, tras el fallecimiento de una persona en un domicilio particular.

Se trató de una persona con discapacidad cuyo deceso habría ocurrido por causas naturales.

En el lugar trabajó personal policial realizando las actuaciones correspondientes de rigor. La situación generó preocupación entre vecinos de la zona debido al despliegue de móviles y efectivos, publicó Ahora.

La decisión de Loma Negra de detener durante seis meses el horno principal de su planta en Olavarría encendió señales de alarma en la industria cementera y en el sector de la construcción. El exceso de stock y la caída de la demanda reflejan un escenario económico complejo que impacta directamente en la producción y en la cadena minera.

El dirigente sindical de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, vinculó la decisión al freno de la obra pública nacional. “La decisión de Loma Negra es la consecuencia del freno de la obra pública”, sostuvo en declaraciones a Infoeme, al describir el contexto que atraviesa la actividad. Santillán explicó que es habitual que el horno se detenga durante el invierno por tareas de mantenimiento, generalmente por unos 40 días, pero remarcó que la situación actual es distinta debido a la extensión del parate previsto para este año.

La incertidumbre es uno de los aspectos más señalados por el gremio, ya que una paralización de seis meses no tiene precedentes en la planta. De acuerdo a lo publicado, existirían más de 700 mil toneladas de clínker acumuladas fuera de los silos, lo que refleja la fuerte caída en la demanda de cemento. En ese marco, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó que los despachos de cemento registraron en abril una baja interanual del 12,7%, confirmando la retracción del mercado.

La medida también afecta áreas vinculadas a la extracción y traslado de piedra caliza, generando un impacto en toda la cadena productiva. El sector observa con preocupación la continuidad de la retracción económica y la ausencia de obra pública como motor de actividad. La paralización del horno principal no solo implica un freno en la producción, sino también un golpe a la confianza en la recuperación del sector.

El sector ovino de Gualeguaychú y de todo el país se encuentra en estado de alerta tras la confirmación, por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de los primeros brotes de Scrapie clásico en Argentina. La detección se produjo en reproductores importados desde Paraguay en 2021 y 2022, localizados en establecimientos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

El Scrapie, también conocido como "tembladera", es una enfermedad neurodegenerativa fatal que afecta a ovejas y cabras. Si bien las autoridades y especialistas recalcan que no es una zoonosis —es decir, no se transmite a los humanos ni afecta el consumo de carne—, su impacto económico y en el estatus sanitario es profundo.

Uno de los focos detectados se encuentra en la localidad de Herrera de nuestra provincia, específicamente en la cabaña “El Luchador”. Su propietario, Sergio Tafarel, relató que la aparición de la enfermedad fue una sorpresa absoluta, ya que se dio en el marco de controles preventivos de rutina. “Nos toca esto por hacer las cosas bien, por hacer todo de forma legal y formal”, afirmó el criador, explicando que es obligación de quienes importan animales remitir el cerebro de los ejemplares cuando mueren por causas naturales.

Tafarel fue enfático al señalar que en su establecimiento nunca se observaron signos de la enfermedad: “No vi ningún síntoma, nunca tuvimos síntomas, nada de nada, pero es obligación remitir el cerebro”. Actualmente, su establecimiento se encuentra bajo interdicción del Senasa, lo que significa que tiene restringido el movimiento de animales; aunque puede vender ejemplares para faena, tiene prohibida la comercialización de reproductores.

La noticia ha generado una revolución entre los productores de la zona. Matías Márquez, referente de la raza Hampshire Down e integrante de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, expresó que es “un problema grande que nos salpica directamente a nosotros y a un montón de cosas más a nivel país”.

La consecuencia más inmediata es la pérdida del estatus de “país libre”, lo que bloquea automáticamente la emisión de certificados de exportación para animales en pie. Márquez explicó que, si bien el comercio interno continúa, el Senasa ya no puede emitir certificados para mercados que exijan dicho requisito sanitario. Este cambio ya afecta a industrias locales que sufrieron el cierre de exportaciones de alimento balanceado debido a que algunos mercados internacionales exigen el estatus de país libre para recibir estos productos.

El hallazgo llega en un momento de gran impulso para la actividad, con inversiones en frigoríficos y una creciente venta de genética. Sin embargo, la aparición del scrapie generó dudas sobre eventos clave como el Congreso Mundial de la raza Hampshire Down, previsto para 2026 en la Rural de Palermo. Finalmente, Márquez confirmó que se desarrollará normalmente entre los días 18 y 24 de julio.

Por su parte, Tafarel dirigió críticas hacia el organismo sanitario nacional por no haber exigido pruebas de resistencia genética al momento de la importación. “Senasa nos tendría que haber exigido a todos los importadores el análisis de resistente que se denomina RR/R”, sostuvo, argumentando que con ese dato se podría haber evitado el ingreso de animales susceptibles a la enfermedad. Además, cuestionó los tiempos del organismo: en su caso, el animal murió en julio de 2025, pero los resultados positivos recién fueron informados en abril de 2026.

Senasa ha incorporado a los establecimientos afectados en un programa oficial de control y seguimiento. Los establecimientos afectados se encuentran bajo interdicción, lo que implica el bloqueo de su Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renpa). Esto restringe el movimiento de animales desde y hacia dichas unidades productivas. Las cabañas afectadas tienen estrictamente prohibido vender animales como reproductores. Esta es una de las medidas más sensibles para los cabañeros, ya que afecta directamente la venta de genética que es su principal ingreso. Además, se trabaja en la adecuación de protocolos para intentar mantener abiertos mercados de productos considerados "seguros", como lana, cueros y embriones, además de la carne previa remoción de tejidos de riesgo.

A pesar de la gravedad institucional, Tafarel intentó llevar tranquilidad a los consumidores y productores: "Es una enfermedad que está en todo el mundo. Los vecinos brasileros conviven con ella y no han parado de crecer en producción y exportaciones". No obstante, para los cabañeros locales, el desafío ahora es a largo plazo: iniciar procesos de selección de animales resistentes para intentar recuperar, en unos años, el estatus sanitario perdido.

La seguridad escolar volvió a estar en el centro de la escena en Entre Ríos tras dos hechos ocurridos en menos de 24 horas. En La Paz, un adolescente ingresó armado con una “tumbera” a una institución educativa, mientras que en Paraná un tiroteo en las inmediaciones de otra escuela obligó a activar protocolos de emergencia.

El primero de los hechos se registró el martes por la tarde en la ciudad de La Paz. Un alumno de 13 años ingresó a la Escuela N.º 109 “Carlos Daniel Vila” con un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”. El hallazgo se produjo cerca de las 19, cuando la rectora alertó a la Policía sobre la presencia del artefacto en el establecimiento.

El jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, Matías Dominici, explicó que el menor llevaba el arma dentro de su mochila y que la había estado exhibiendo a sus compañeros. “No hubo amenazas directas, pero sí la mostró. El arma no tenía cartuchería interna ni el menor poseía municiones”, aclaró. El artefacto fue secuestrado y entregado a la División Policía Científica para peritajes.

El adolescente fue trasladado a la Comisaría de Minoridad junto a su madre, de 39 años, y luego entregado a sus progenitores bajo directivas de la unidad fiscal. Según relató la madre, el joven manifestó que el arma le había sido entregada fuera de la institución, aunque la versión es analizada con cautela por la Policía. Dominici destacó que si bien se realizan secuestros regulares de armas caseras en la zona, “no habíamos tenido un evento de estas características dentro de una institución escolar”.

El segundo episodio ocurrió este miércoles por la mañana en Paraná, en la escuela Bazán y Bustos del barrio El Sol. Alrededor de las 11:30 se escucharon disparos en las inmediaciones del establecimiento, lo que generó pánico entre estudiantes y docentes. Ante el ruido de las detonaciones, alumnos y maestros se tiraron al suelo dentro de las aulas como medida preventiva, mientras se activaban protocolos de resguardo.

La balacera se produjo en el corazón del barrio, a escasa distancia del muro trasero de la institución. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños en viviendas ni en la escuela. La jornada escolar pudo completarse con normalidad tras los minutos de tensión.

La Policía montó un operativo con hasta 15 patrulleros en la zona para localizar al presunto autor de los disparos. En el lugar se encontraron tres vainas servidas calibre 22 y se identificó a una persona señalada por vecinos, aunque hasta el momento no hubo detenidos.

Ambos hechos generaron fuerte preocupación en la comunidad educativa y entre las familias. Padres, docentes y vecinos manifestaron su inquietud por la violencia que afecta a los estudiantes incluso dentro del horario escolar. Las autoridades policiales y judiciales continúan investigando los casos, mientras se refuerza la necesidad de garantizar entornos seguros para el desarrollo de la vida escolar en la provincia.

Fuente: APFDigital – Policía de Entre Ríos

El comienzo de clases suele ser un momento de organización y entusiasmo. Sin embargo, en la Escuela Primaria N° 5 de Gualeguay, el primer día del ciclo lectivo 2026 estuvo marcado por la desorganización y el malestar. La institución permaneció cerrada incluso una hora después del horario previsto, dejando a niños y familias esperando en la entrada.

La postal fue clara: chicos con sus mochilas listas, padres y madres organizando la mañana, y una escuela que no abrió a tiempo. Para la comunidad, no se trató de un simple contratiempo, sino de una señal preocupante sobre la falta de responsabilidad institucional en un momento clave del año.

La Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguay tiene la obligación de garantizar el normal funcionamiento de cada establecimiento y brindar explicaciones claras frente a hechos que afectan directamente a la confianza de las familias en el sistema educativo.

En comunidades como la de la 1ª Sección Chacras, la escuela cumple un rol social fundamental. Por eso, situaciones como la vivida golpean fuerte y generan reclamos inmediatos. “La educación se construye con compromiso, y ese compromiso empieza por abrir la puerta a horario”, señalaron padres presentes en el lugar.

El inicio del ciclo lectivo no puede improvisarse: requiere planificación, presencia y responsabilidad. Cuando eso falla, el mensaje que se transmite es que la educación no ocupa el lugar prioritario que debería tener.

El malestar generado en la Primaria N° 5 de Gualeguay refleja la necesidad de mayor organización y compromiso institucional. El primer día de clases debería ser sinónimo de confianza y responsabilidad, y no de incertidumbre y reclamos. La comunidad espera respuestas y garantías para que estas situaciones no se repitan en el futuro.

La mortalidad infantil en Argentina alcanzó en 2024 los 8,5 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos, un incremento respecto de los 8 registrados en 2023. En 2025, los datos oficiales confirmaron que el indicador se mantuvo en ese nivel, consolidando un retroceso que preocupa a especialistas y organizaciones sociales. Se trata del primer aumento sostenido desde 2002, lo que interrumpe una tendencia descendente que había marcado avances significativos en las últimas décadas.

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles de la salud pública, ya que refleja las condiciones de vida, el acceso a la atención médica y la eficacia de las políticas de cuidado materno-infantil. El repunte registrado en 2024 y su persistencia en 2025 encendieron las alarmas porque ponen en riesgo logros históricos en materia de derechos básicos.

Expertos atribuyen el aumento a recortes en programas de salud pública y cuidado perinatal, además de dificultades en el acceso a servicios de salud en distintas regiones del país. La falta de recursos en hospitales, la reducción de controles prenatales y la precarización de programas de acompañamiento a madres y recién nacidos son señalados como factores que impactaron directamente en la mortalidad infantil.

El panorama se agrava por las diferencias territoriales: provincias como Corrientes, Chaco y La Rioja registran tasas muy superiores al promedio nacional. Estas desigualdades reflejan la falta de equidad en el acceso a servicios de salud y la vulnerabilidad de sectores sociales que dependen de políticas públicas para garantizar condiciones mínimas de cuidado.

La persistencia del indicador en 2025 refuerza la preocupación de la comunidad médica y de organizaciones sociales, que advierten que, de no revertirse, el retroceso podría consolidarse y afectar seriamente los avances alcanzados en las últimas décadas.

El aumento de la mortalidad infantil constituye una señal de alerta que exige respuestas inmediatas. La comunidad médica insiste en que garantizar el acceso universal a la salud perinatal y fortalecer los programas de acompañamiento son medidas indispensables para recuperar la tendencia descendente y asegurar que cada niño tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse en condiciones dignas. La preocupación central es que la interrupción de la mejora sostenida en este indicador refleja la fragilidad de las políticas públicas y la necesidad de reforzar la inversión en salud materno-infantil. (Fuentes: Soberanía Sanitaria - Indec)

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional por detección de Picudo Rojo de las Palmeras en Isla Martín García, en provincia de Buenos Aires.

Se trata de un flagelo de particular interés en la provincia, atento la gran cantidad de palmeras que habitan el territorio.

La medida dispuesta desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se publicó este jueves en el Boletín Oficial (Resolución 133/2026) y rige hasta el 30 de junio de 2027.

Su objetivo es prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país y define que debe dar aviso al Servicio Sanitario toda persona que detecte la presencia de ejemplares compatibles con ella y/o daños sospechosos del Picudo rojo de las palmeras.

Asimismo, establece el Plan de Contingencia específico cuyas medidas fitosanitarias deben ser implementadas ante la detección del insecto a fin de contener y controlar la mencionada plaga. En relación a ello, la norma autoriza los productos fitosanitarios para ser utilizados en tratamientos contra el Picudo rojo de las palmeras.

El objetivo de esta norma es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en el país de importancia cultural, histórica y biológica emplazada en el arbolado y bosque urbano, parques nacionales y áreas protegidas cuya preservación para las generaciones futuras es primordial e invaluable. (APFDigital)

Embarrada, despeinada y con un corte en la zona abdominal. De esta forma apareció en su casa y por sus propios medios la mujer que durante horas fue blanco de una profunda investigación policial que demandó rastrillajes en la zona oeste de Gualeguaychú.

Todo se inició el jueves después de las 21. La mujer estaba sola en su casa ubicada en Urquiza al oeste, tomó algo de dinero, su teléfono celular y una cuchilla. Se tomó el momento de escribir dos cartas, una para su esposo y otra para su hija adolescente, donde advertía que “iba a hacer lo que hacía tanto tiempo tendría que haber hecho”, confió una fuente de la investigación a EL ARGENTINO.

En principio, y esto habría sido confirmado por los familiares directos al personal policial cuando dieron a conocer lo sucedido, la mujer habría estado bajo un tratamiento psiquiátrico, por lo cual esas advertencias que escribió en esas cartas de despedidas fueron tomadas muy en serio y se corría contrarreloj para tratar de localizarla.

Por la noche mucho no se pudo hacer, pero apenas salió el sol comenzaron los rastrillajes con perros en la zona de monte desde el domicilio de la mujer hacia la Ruta 14. Fueron horas de extrema preocupación por la familia. El personal de Investigaciones de la Policía seguía cada uno de los indicios que los condujeran hasta la persona buscada pero no se podía llegar a ella.

El aparato celular nunca fue desconectado. Se le enviaban mensajes que llegaban al móvil de la mujer, pero no los respondía ni atendía llamados. Se pidió una geolocalización del teléfono celular, pero antes de tener novedades sobre el posible punto de donde se podía ubicar, ella apareció caminando, embarrada y despeinada.

Había vuelto a su casa y por sus propios medios. Embarrada, despeinada y con cortes en su cuerpo que habrían sido autoinfligidos. El más preocupante, por su profundidad, pero sin que corriera riesgo su vida, fue en la zona abdominal, en el hígado. Inmediatamente su esposo la subió a un vehículo y la llevó al Hospital Centenario.

La Policía tomó conocimiento de la aparición a partir de la información por la familia, porque para ese momento estaban abocados a los rastrillajes en toda la zona oeste. Cuando el personal policial se entrevistó con el esposo de la mujer, refirió que tenía signos visibles de haber estado en una zona de monte, y según lo que ella misma le había manifestado, estuvo caminando por el monte y se habría autolesionado con la cuchilla, además de haber ingerido la medicación que consumía habitualmente.

Desde la tarde del viernes la mujer se encuentra en el Hospital Centenario. Fue evaluada por el personal médico de guardia y posteriormente derivada al área de cirugía, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad. Por el caso tomó intervención la fiscal de Género, Alejandra Montiel, que está a la espera de poder entrevistarla cuando se encuentre en condiciones de ser abordada para clarificar lo sucedido y descartar cualquier otra hipótesis.

Una modificación normativa introdujo cambios profundos en el sistema de control de instrumentos de medición en la Argentina. Balanzas de supermercados, surtidores de combustible, radares de velocidad y alcoholímetros, entre otros dispositivos que intervienen en operaciones comerciales, controles oficiales y situaciones donde existen derechos en juego, quedaron alcanzados por un proceso de desregulación que afecta al rol histórico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

A partir de la nueva normativa, el organismo público quedó equiparado a laboratorios privados y dejó de ser la autoridad exclusiva en materia de metrología legal, un cambio que despertó preocupación entre especialistas y trabajadores del sector. Según explicaron, la Resolución 276 trasladó el rol del organismo de aplicación estatal al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada, habilitando a actores privados a realizar verificaciones.

Marcelo Isleño, metrólogo del Departamento de Control de Servicios Públicos del INTI, explicó que la metrología legal es la disciplina encargada de asegurar que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales o controles oficiales funcionen de manera correcta.

“El ciudadano confía en que cuando compra un kilo de carne, carga combustible o recibe una multa, el instrumento que mide todo eso está funcionando correctamente porque así lo certifica nuestro organismo”, señaló.

Esa confianza se basa en reglamentos técnicos que establecen cómo deben ser los instrumentos, cómo deben utilizarse y cada cuánto tiempo deben verificarse. “El criterio es el uso. Si el elemento interviene en una transacción comercial, entra bajo control metrológico legal”, explicó Isleño.

Hasta la modificación, cada instrumento debía pasar por un proceso de aprobación de modelo antes de ser comercializado, verificando que cumpliera con las especificaciones del fabricante y la reglamentación vigente. Una vez en funcionamiento, debía someterse a controles periódicos para asegurar que mantenía su precisión. Ese esquema tenía al INTI como organismo de aplicación estatal, con un rol central e imparcial en la certificación y verificación de los instrumentos.

“Entre los principales cambios, equipara al INTI con laboratorios privados y traslada el rol del organismo de aplicación estatal al OAA, una entidad privada. A partir de ahora, actores privados están habilitados a realizar verificaciones”, explicó Isleño. Para el especialista, la medida desconoce el rol histórico del organismo público: “Argentina era reconocida en el mundo por estas tareas del INTI. En los países desarrollados esa tarea la desarrolla el Estado para garantizar fiabilidad. Ahora organismos privados controlarán a privados”, advirtió.

Otro de los puntos cuestionados es la modificación de los llamados “tiempos de contraste”, es decir, los plazos en los que los instrumentos deben volver a ser verificados. “Instrumentos que antes se controlaban cada seis meses ahora lo hacen una vez al año; los anuales, cada dos años. En algunos casos, como los tanques de combustible de gran capacidad, la obligación fue eliminada”, detalló Isleño.

El especialista explicó que los equipos de medición se desgastan con el uso y pueden descalibrarse incluso sin intervención humana. “Los instrumentos pueden perder precisión por condiciones ambientales o envejecimiento y deben volver a ser verificados”, señaló.

La metrología legal no solo impacta en las compras diarias, sino también en aspectos vinculados a la seguridad vial. Radares de velocidad y alcoholímetros utilizados para labrar infracciones deben estar correctamente verificados para que una multa sea válida. “Para que una infracción sea válida, esos instrumentos deben estar correctamente verificados”, insistió Isleño.

En paralelo, la normativa eliminó el régimen de control de autopartes de seguridad (CHAS), que regulaba elementos como cinturones, frenos, amortiguadores y airbags. Con su derogación, esos productos dejaron de contar con certificación obligatoria previa, lo que genera inquietud sobre la seguridad de los vehículos.

Desde el INTI remarcan que su función no es sancionatoria, sino preventiva. “El control público busca garantizar mediciones confiables, no sancionar”, explicó.

La discusión que se abre ahora es cómo garantizar controles efectivos y confiables en un esquema que modificó el rol del Estado y habilitó una mayor participación privada en la verificación de instrumentos clave para la vida cotidiana.

La principal inquietud se centra en el impacto inminente de estas medidas en la oferta educativa de la provincia. La docencia entiende que los lineamientos presentados por el Profesor Medrano (quien se desempeña como referente del Gobernador Frigerio en materia educativa) podrían generar graves pérdidas en las oportunidades de formación para la población entrerriana.

• Riesgo de Cierre de Carreras: Existe una seria preocupación por la continuidad de las carreras de formación docente y técnico-profesionales. De concretarse, esta reducción atentaría directamente contra las posibilidades presentes y futuras de capacitación de jóvenes y adultos del Departamento Gualeguaychú y de toda la provincia.

• Impacto Laboral y Precarización: Estas decisiones afectarán sustancialmente las trayectorias laborales y la estabilidad de docentes y equipos institucionales que se encuentran altamente capacitados. Esto profundizaría la inestabilidad y precarización laboral en todos los niveles del sistema educativo.

Ante este escenario de incertidumbre, se realizó una asamblea con la participación de docentes y estudiantes donde se acordó la necesidad de actuar. Por tal motivo, se ha decidido llevar adelante diversas acciones para visibilizar la problemática y concientizar a la comunidad sobre la gravedad del impacto que estas medidas provocarán en el desarrollo social y profesional de toda la sociedad provincial.