Con motivo del cierre de las actividades conmemorativas por el Mes de la Salud Mental, la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú convocó a la comunidad local a participar de una agenda pública centrada en la visibilización de reclamos del sector, la exigencia de políticas públicas y el fortalecimiento del abordaje comunitario en la atención sanitaria. El espacio está integrado por referentes de organizaciones locales, trabajadores del ámbito de la salud y la educación, personas jubiladas y usuarios del sistema.

Las actividades comenzarán el jueves 29 de octubre a las 19:30 horas con una vigilia en el Espacio Cultural Sinergia, ubicado en Leandro N. Alem N° 36, donde se ofrecerán propuestas abiertas como cine debate, una representación teatral sobre la identidad y un servicio de cantina a precios populares. La programación continuará el viernes 30 de octubre con una concentración fijada a las 17:30 horas en Plaza Urquiza, desde donde la movilización se desplazará hacia la Plaza San Martín. En el lugar de llegada se dará lectura a un documento institucional y se llevará a cabo un festival con la presentación de artistas locales de la música, el baile y la poesía.

Según señalaron desde la organización a través de un comunicado oficial enviado a este medio, las jornadas apuntan a reinstalar las prioridades presupuestarias y asistenciales de la zona. Desde la Asamblea explicaron que la convocatoria busca "reivindicar los derechos conquistados, alzar la voz en defensa de aquellxs a los que se les esta quitando los mismos y volver a poner en agenda las demandas que atraviesan al sector".

Entre los puntos que integran el petitorio figuran el financiamiento real para la salud pública, el acceso universal a tratamientos gratuitos, la consolidación de redes comunitarias de cuidado, la aplicación de la Ley Nacional N° 26.934 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y la declaración de la emergencia en salud mental.

Uno de los ejes centrales expresados en la gacetilla radica en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en el año 2010. Al respecto, el espacio evaluó el estado de aplicación de la normativa y manifestó: "Su artículo 32 establece que el poder ejecutivo debe destinar como mínimo el 10% del presupuesto total de salud al campo de la salud mental y nunca se alcanzó ese porcentaje. La falta de presupuesto, los recortes en salud se traducen en guardias colapsadas, turnos a meses de distancia, tratamientos interrumpidos, y equipos territoriales diezmados".

Asimismo, agregaron que "aplicar la ley implica un presupuesto real, que postula pasar del encierro a la comunidad, del control a una perspectiva de derechos, y de una mirada individual a una mirada comunitaria y social".

Por otra parte, el documento emitido por la Asamblea manifiesta la oposición del colectivo a las propuestas de reforma legislativa en debate parlamentario. Según expresaron en la comunicación oficial, "los intentos de modificación presentados en el Congreso significan un retroceso al avance de los derechos humanos", debido a que "el proyecto de mayoría reinstala el modelo basado en el hospital psiquiátrico, debilitando así el abordaje comunitario".

También señalaron que "habilita las internaciones involuntarias con criterios poco claros" y "desplaza la lógica interdisciplinaria hacia un modelo con mayor preeminencia del enfoque médico". Frente a las deficiencias detectadas en el sistema actual, la organización concluyó que "la respuesta no puede ser volver a un modelo que se ha revelado dañino para las personas e ineficaz", ratificando la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas para el cierre de octubre.

Un grupo integrado por aproximadamente un centenar de estudiantiles pertenecientes a distintas instituciones de educación superior ingresó al hall central del Palacio Sarmiento, sede operativa de la Secretaría de Educación de la Nación, con el objetivo de presentar una serie de petitorios dirigidos a las autoridades del área gubernamental.

La medida incluyó la realización de una permanencia en el interior del establecimiento ubicado sobre la calle Pizzurno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por concentraciones de apoyo en la vía pública organizadas por sectores afines a la actividad académica.

Durante el desarrollo de la jornada, los referentes de las delegaciones estudiantiles precisaron que el motivo principal de la convocatoria radica en solicitar la ejecución efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso de la Nación para regular las partidas presupuestarias del sistema de educación pública superior.

Asimismo, el pliego de demandas presentado ante la Mesa de Entradas del organismo incluye la actualización de los montos asignados al programa de Becas Progresar y el establecimiento de instancias formales de diálogo con el titular de la Secretaría de Educación, Carlos Torrendell, para evaluar la situación financiera de los centros de estudios del país.

Representantes de los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires informaron que la iniciativa surgió tras una concentración inicial realizada en las inmediaciones del edificio, la cual derivó en el ingreso a las instalaciones administrativas para requerir respuestas institucionales. De acuerdo con lo expresado por dirigentes gremiales universitarios, la acción busca visibilizar la necesidad de garantizar el presupuesto operativo de las facultades, el financiamiento de proyectos de investigación científica y el sostenimiento de las condiciones necesarias para el dictado de clases y el desarrollo de las carreras de grado.

La actividad desarrollada en la dependencia pública coincide con la fase previa de organización de una nueva convocatoria nacional impulsada de forma conjunta por federaciones de estudiantes, gremios de docentes y personal no docente. Dicha movilización, prevista para desarrollarse en la zona del Congreso de la Nación en los próximos días, articulará los reclamos de la comunidad educativa con demandas referidas al presupuesto de otras áreas de la administración pública nacional. Tras la entrega de las notas formales en la mesa de recepción del organismo, los manifestantes mantuvieron la presencia en el sector de ingreso al edificio a la espera de ser recibidos por funcionarios del ministerio.

Durante el ejercicio presupuestario 2026, los 24 estados subnacionales de la República Argentina asignaron en conjunto un total de $1.835.300 millones al funcionamiento del Poder Legislativo. Al considerar que el país reúne a 1.199 representantes entre diputados y senadores provinciales, el presupuesto consolidado arroja un promedio de $1.531 millones anuales por cada legislador, cifra que equivale a aproximadamente $128 millones mensuales por banca.

Los datos surgen de la octava edición del informe anual sobre presupuestos legislativos elaborado por la Fundación Libertad. La medición contrasta los recursos asignados al funcionamiento de las cámaras con el volumen presupuestario general de cada provincia y la estructura de personal asignada a la función legislativa.

El análisis de los montos por representante expone variaciones significativas según la jurisdicción. Tucumán encabeza el listado de mayor costo por legislador, con una erogación anual de $3.725 millones para cada uno de sus 49 parlamentarios. En segundo lugar se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $3.402 millones asignados por cada uno de sus 60 legisladores, seguida por la provincia del Chaco, que destina $3.057 millones anuales por banca para un cuerpo de 32 diputados.

En el extremo opuesto de la nómina, San Luis y Santiago del Estero registran las partidas de menor cuantía por representante. La provincia de San Luis destina $176 millones anuales por cada uno de sus 52 legisladores, mientras que Santiago del Estero asigna $206 millones al año por banca. De esta forma, el presupuesto individual asignado en la jurisdicción con mayor erogación resulta 21 veces superior al de la provincia con menor gasto unitario.

En términos de participación sobre el gasto público total, el Poder Legislativo insume en promedio el 1,15% de los presupuestos provinciales consolidándose Tucumán (3,66%), Catamarca (2,64%) y Chaco (2,22%) como los distritos donde la función parlamentaria exige la mayor proporción de recursos locales.

Las provincias con mayor incidencia de la masa salarial sobre su presupuesto parlamentario son Río Negro (95%), Formosa (94,2%), Mendoza (94%) y Santa Cruz (94%). En contraposición, las jurisdicciones con menor proporción de gasto en personal respecto de sus erogaciones legislativas totales son Santa Fe (64,6%), San Luis (72,9%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (73,2%).

El relevamiento detalla asimismo la relación existente entre la cantidad de legisladores y la plantilla total de empleados permanentes, transitorios, secretarios y asesores de cada parlamento.

La provincia de Corrientes lidera la nómina con un promedio de 72 empleados por cada legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62 trabajadores por parlamentario. Por el contrario, tres distritos mantienen un promedio inferior a diez empleados por banca: Córdoba cuenta con 8 trabajadores por legislador, Santiago del Estero registra 5 y San Luis presenta una razón de 2 empleados por representante.

Fuente: Agencia NA

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la norma que fija el nivel de gasto, los recursos previstos y los principales supuestos macroeconómicos con los que la administración nacional proyecta cerrar el ejercicio en curso y encarar el siguiente. El texto no solo distribuye partidas entre organismos y jurisdicciones, sino que también funciona como una fotografía de las expectativas oficiales sobre el comportamiento de variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio y las cuentas públicas.

La presentación se realizó en el día límite que establece la Constitución Nacional para el envío de la iniciativa al Poder Legislativo. El proyecto quedó a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, luego de una reunión de mesa política previa al ingreso formal de la norma. A partir de ahora, el debate se traslada al Congreso, donde diputados y senadores deberán discutir y eventualmente aprobar el esquema de gasto y de recursos para el año próximo.

A continuación, las diez claves para entender el proyecto y qué espera el Gobierno en materia económica.

1- Crecimiento del Producto Bruto Interno. El Presupuesto 2027 proyecta que la economía argentina crecerá 3% en 2026 y 4% en 2027. Esta variable es una de las más relevantes del documento, porque de ella se desprende buena parte del cálculo de recursos tributarios que sostiene el resto de las cuentas públicas. Un mayor nivel de actividad implica, en términos generales, una recaudación más alta, lo que a su vez condiciona el margen disponible para sostener el esquema de superávit que el Gobierno se propuso mantener.

2- Inflación interanual. El programa oficial calcula una inflación de 29% para diciembre de 2026 y de 18% para diciembre de 2027, en ambos casos medida en la comparación interanual entre un mes de diciembre y el siguiente. La trayectoria descendente que traza el Presupuesto forma parte del esquema de desinflación que el equipo económico viene sosteniendo como uno de los objetivos centrales de su gestión, y sirve además como referencia para el cálculo de partidas que se actualizan por precios.

3- Inflación promedio anual. Además del dato interanual, el Ministerio de Economía difundió una proyección de inflación promedio para 2027 de 21,1%. A diferencia de la medición de diciembre contra diciembre, este indicador refleja el comportamiento de los precios a lo largo de todo el año calendario, por lo que puede diferir del dato interanual sin que eso implique una contradicción entre ambas cifras.

4- Tipo de cambio de fin de año. El proyecto contempla una cotización nominal del dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027. Estos valores funcionan como referencia de cierre de cada ejercicio y se utilizan, entre otras cosas, para expresar en pesos buena parte de las obligaciones y de los ingresos que el Estado nacional tiene denominados en moneda extranjera.

5- Dólar promedio de 2027. Para el promedio del año próximo, la cartera económica estimó un valor de 1.728 pesos. Según se aclaró al difundir la cifra, ese número no constituye una previsión sobre el nivel que tendrá el tipo de cambio, sino que surge de aplicar la inflación proyectada para 2027 al valor actual de la divisa. Se trata, en consecuencia, de un dato de naturaleza más técnica que de pronóstico cambiario propiamente dicho.

6- Comercio exterior en 2026. El Presupuesto calcula exportaciones por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones para este año, lo que arroja un saldo comercial de USD 16.951 millones. Ese resultado forma parte del cálculo de divisas que el Gobierno prevé que ingresen a la economía a través del intercambio de bienes con el resto del mundo.

7- Comercio exterior en 2027. Para el año próximo, la proyección oficial ubica las exportaciones en USD 133.984 millones y las importaciones en USD 118.424 millones, con un saldo de 15.560 millones de dólares. El Gobierno también informó, en paralelo a esas cifras, que el superávit de bienes y servicios superaría los USD 15.000 millones, con exportaciones por encima de USD 130.000 millones, un dato que agrega a la balanza de mercancías el intercambio de servicios.

8- Resultado fiscal primario. El texto proyecta un superávit primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. En valores nominales, esas cifras equivalen a $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones, respectivamente. El resultado primario mide el desempeño de las cuentas públicas antes del pago de intereses de la deuda, por lo que constituye el primer indicador para evaluar el cumplimiento de la meta de equilibrio fiscal que el Gobierno fijó como eje de su programa económico.

9- Resultado financiero. El resultado financiero previsto, que sí incluye el pago de intereses de la deuda, alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios. De cumplirse esa meta, la gestión nacional cerraría su cuarto año consecutivo con superávit financiero. Caputo definió el dato como un hecho inédito: “Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, señaló el ministro al referirse a la proyección incluida en el proyecto.

10- Salario medio. El Presupuesto prevé una mejora del salario medio de 25,4% para 2027, según las cifras difundidas por el Ministerio de Economía. Esa proyección está directamente vinculada a los supuestos de inflación incluidos en el propio texto, ya que de su cumplimiento depende que la mejora nominal del salario se traduzca en una recuperación en términos reales.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 quedó formalmente en manos del Congreso, donde ahora deberá discutirse en comisiones antes de su eventual tratamiento en el recinto. Se trata de la cuarta iniciativa de este tipo que el Gobierno nacional envía desde que asumió, y la que, según sus propios cálculos, permitiría sostener por cuarto año seguido un resultado fiscal positivo tanto en el plano primario como en el financiero.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, en conjunto con sus 29 entidades provinciales —incluida la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios—, resolvió la realización de una manifestación sonora coordinada en todo el país. La acción institucional, fijada para el próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas, consiste en un toquido simultáneo de sirenas en los cuarteles con el objetivo de visibilizar una serie de demandas operativas, financieras y regulatorias planteadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Desde las organizaciones representativas se remarcó que la medida se llevará a cabo de forma pacífica y sin resentir los servicios esenciales. La operatividad de las guardias y la respuesta ante eventuales contingencias se mantendrán activas durante el desarrollo del reclamo.

Entre las prioridades señaladas por la federación se encuentra la regularización de las partidas presupuestarias correspondientes a la Ley 25.054. Este marco normativo establece la asignación del 5% de las primas de seguros para el financiamiento del sistema nacional. Según lo expuesto por las autoridades del sector, existe una asignación pendiente vinculada al ejercicio 2025 por un monto superior a los 59.000 millones de pesos, recursos que resultan clave para el sostenimiento operativo de los distintos cuerpos del país.

A este aspecto económico se suma la solicitud dirigida al Ministerio de Economía y al Banco Central para agilizar los trámites bancarios que permiten concretar pagos al exterior. La renovación de unidades operativas y la adquisición de equipamiento de protección en el mercado internacional exigen la modalidad de pago anticipado antes del embarque, condición que hoy presenta demoras administrativas para los cuarteles.

El temario de las asociaciones incluye también la necesidad de acordar esquemas de compensación dentro de la Red Federal de Concesiones, regulada mediante el Decreto 97/2025. Se solicita la incorporación de convenios que garanticen el reintegro de gastos extraordinarios y la provisión de sumas fijas por la disponibilidad operativa frente a siniestros en trazas nacionales. Por último, se requiere la implementación efectiva de la Ley 27.629 respecto a la devolución del IVA por la compra de insumos y servicios.

El sistema de bomberos voluntarios integra en la actualidad a más de 1.000 asociaciones y supera los 52.000 efectivos en el país. Datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) indican que, durante los primeros ocho meses de 2026, el personal del sector intervino en 157.229 prestaciones, divididas entre un 60% de emergencias directas y un 40% de servicios programados en favor de la comunidad. La Municipalidad y los estamentos locales seguirán atentamente la evolución de estas gestiones institucionales.

El presidente Javier Milei volverá al Congreso el próximo 15 de septiembre para presentar el proyecto de Presupuesto 2027, en una exposición que lo tendrá nuevamente como protagonista ante los legisladores. La decisión marcará su regreso al recinto para encabezar personalmente la presentación de la denominada “ley de leyes”.

Fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron que el mandatario será quien exponga los principales lineamientos económicos contemplados para el próximo año. “El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron desde el espacio libertario al justificar la decisión.

Será la segunda oportunidad en la que Milei concurrirá personalmente al Congreso para presentar un proyecto presupuestario. Tradicionalmente, esa tarea estuvo a cargo del ministro de Economía, pero el jefe de Estado modificó esa dinámica desde su llegada a la Casa Rosada.

El antecedente de la presentación de 2024

El primer antecedente ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando Milei llegó a la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025. En aquella oportunidad, brindó su discurso desde un atril colocado en el centro del recinto, en lugar de ocupar el sillón presidencial junto a las autoridades legislativas.

La exposición estuvo atravesada por el objetivo del Gobierno de sostener el equilibrio fiscal como eje central de su programa económico. Sin embargo, la iniciativa posteriormente quedó estancada en las comisiones legislativas y no llegó al recinto para su votación.

Las negociaciones entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores no consiguieron destrabar las diferencias vinculadas, entre otros puntos, con la distribución de recursos hacia las provincias.

Qué ocurrió con el Presupuesto 2026

El escenario fue diferente durante 2025. El 15 de septiembre de ese año, Milei optó por no concurrir al Palacio Legislativo y presentó los lineamientos del Presupuesto 2026 mediante un mensaje grabado en la Casa Rosada, que posteriormente fue transmitido por cadena nacional.

Aquella iniciativa finalmente se convirtió en el primer Presupuesto aprobado por ambas cámaras del Congreso durante la gestión libertaria, aunque su sanción llegó durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Para la presentación de las cuentas correspondientes a 2027, el mandatario decidió recuperar el formato utilizado dos años atrás y volver a exponer personalmente ante los legisladores.

Un operativo especial en el Congreso

La presencia presidencial también implicará una organización diferente dentro y fuera del Palacio Legislativo. El antecedente de 2024 estuvo acompañado por un amplio operativo de seguridad, similar a los desplegados durante una Asamblea Legislativa.

En aquella oportunidad, efectivos federales asumieron el control de los accesos y se realizaron inspecciones preventivas dentro del edificio. El procedimiento incluyó controles de identidad, revisión de diferentes sectores y recorridas con perros especializados en detección de explosivos.

Además, el perímetro del Congreso permaneció vallado y se establecieron restricciones sobre avenida Rivadavia y calles cercanas. Del dispositivo participaron la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Con ese antecedente, la presentación prevista para el 15 de septiembre volverá a colocar al Presidente en el centro de la escena parlamentaria y abrirá formalmente la discusión política sobre los ingresos, gastos y prioridades económicas que el Gobierno proyectará para 2027.

La Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría para el proyecto que amplia el régimen de Inocencia Fiscal. El avance del texto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal —encabezadas por Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado respectivamente— se concretó luego de que el bloque de La Libertad Avanza aceptara limitar el alcance del beneficio para los miembros de los tres poderes del Estado en todas sus jurisdicciones.

La negociación parlamentaria estuvo condicionada por la controversia en torno al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, quienes adhirieron al sistema simplificado en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. Frente a los reclamos de los bloques aliados coordinados bajo las gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, la bancada oficialista optó por fijar un freno normativo explicito.

El dictamen aprobado establece la incorporación de dos artículos a la propuesta de modificación de las leyes tributarias y laborales vigentes:

Incompatibilidades estrictas: Se excluye del beneficio a funcionarios de rango igual o superior a secretario de Estado (Nación, provincias, municipios y CABA), legisladores, concejales, magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, defensores del Pueblo e integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. La prohibición aplica para quienes hayan ocupado esos puestos en los últimos cinco años.

Declaración sin beneficios: Los funcionarios alcanzados solo podrán utilizar el sistema como vía operativa para presentar su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, pero no accederán a la presunción de exactitud, la eximición de fiscalizaciones ni inmunidades tributarias.

Más allá del terreno político, la norma contempla alivios fiscales para el sector productivo y privado. Entre los puntos sobresalientes figuran la eliminación de los topes de facturación y patrimonio para acceder al régimen, la reducción permanente del 25% en multas formales para MiPyMEs y particulares, y la fijación de parámetros técnicos claros (como diferencias no inferiores al 15%) para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda objetar las declaraciones.

El proyecto se debatirá en el recinto el 26 de agosto en conjunto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, previo a ser remitido al Senado para su eventual sanción definitiva.

(Fuente: Infobae)

De acuerdo con los datos presentados en la última edición del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado anualmente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la provincia de Entre Ríos se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional. Con una calificación técnica de 9,75 puntos sobre un máximo de 10, la jurisdicción entrerriana quedó ubicada únicamente por detrás de Córdoba —que encabezo la nómina con 9,90 puntos— y por delante de Santa Fe, que completó los primeros puestos con 9,70 puntos.

El indicador, desarrollado por la reconocida organización no gubernamental para monitorear el acceso a la información pública, evalúa la cantidad, el nivel de desagregación técnica y la periodicidad de actualización de los datos presupuestarios y fiscales expuestos en las plataformas oficiales de los 24 distritos del país. El análisis estructural se dividió en cuatro bloques metodológicos de evaluación: la formulación del presupuesto, el estado de ejecución y rendición de cuentas, la transparencia en la recaudación y origen de recursos, y las herramientas institucionales para la divulgación abierta hacia la ciudadanía.

Se destaca que el desempeño de Entre Ríos se ubicó casi dos puntos por encima de la media nacional, la cual promedió 7,8 puntos en esta entrega. El resto de las posiciones con calificaciones destacadas estuvo integrado por Tierra del Fuego y Neuquén. Desde el centro de investigación resaltaron que, en términos generales, la medición interanual refleja un proceso progresivo de homogeneización en las provincias argentinas, evidenciando una tendencia hacia la digitalización y sistematización de los registros económicos del sector público.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio este miércoles un nuevo paso en el camino legislativo para convertir en ley el proyecto de reforma jubilatoria promovido por el Ejecutivo provincial. La iniciativa, denominada formalmente proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", tomó estado parlamentario tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada, abriendo formalmente su tratamiento en la Cámara baja.

Durante la jornada de sesión, el cuerpo aprobó el pedido formulado por la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) para que el expediente sea remitido de manera conjunta a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social. Tras la votación del giro a comisiones, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, abogó por encarar las discusiones parlamentarias con prudencia y responsabilidad, remarcando la necesidad de que toda política pública reconozca el valor de cada persona y busque el bien común de la comunidad entrerriana.

Por su parte, desde la bancada opositora, la diputada Laura Stratta (PJ) dejó constancia del reclamo del bloque justicialista para que la propuesta fuera girada también a la Comisión de Legislación General. La legisladora argumentó que, al tratarse de una iniciativa que modifica una norma legal vigente en la provincia, correspondía institucionalmente la intervención de dicho cuerpo, aunque el planteo planteado por el bloque opositor finalmente no prosperó en el recinto.

El desarrollo de la sesión estuvo marcado por una fuerte presencia y manifestación sindical. Integrantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) siguieron atentamente las alternativas de la jornada desde las gradas del recinto, al tiempo que el sector docente montó una carpa de protesta en el exterior de la sede legislativa. La manifestación refleja el contundente rechazo que sostienen los gremios estatales frente a las reformas planteadas en la Caja de Jubilaciones, cuyas rondas de consulta e intercambio en el plenario de comisiones se pusieron en marcha durante la misma tarde.

Entre Ríos puso en marcha su temporada de turismo invernal con una ventana de movimiento que se prevé sostenida durante casi todo el mes de julio, gracias al descalce de los calendarios escolares del país y al feriado largo de la Independencia.

Bajo el lema "Acá jugamos de local", el Ente Mixto de Turismo apunta a captar el flujo de los propios entrerrianos y de visitantes clave provenientes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La oferta provincial se encuentra plenamente habilitada y descansa fundamentalmente en su consolidada red de complejos termales, con los corredores del río Uruguay y del Paraná listos para mitigar el frío.

Sin embargo, el sector también exhibe deudas pendientes y proyectos truncos. El caso más emblemático es el Hotel Casino de Federación: una ambiciosa estructura de cuatro estrellas que quedó paralizada con apenas el 30% de su ejecución edilicia y hoy busca desesperadamente inversores privados para su finalización. A esto se suman los reclamos por el estado general de la Autovía 14 —eje de conectividad del corredor—, la falta de obras nuevas por parte de Vialidad Nacional y quejas puntuales de los usuarios por deficiencias de mantenimiento en las piletas del complejo federatense.

Esta realidad tarifaria genera una paradoja frente a la vecina orilla de la República Oriental del Uruguay. Al tipo de cambio actual, cruzar el puente internacional para pasar el día en complejos municipales como las Termas del Daymán en Salto resulta hasta tres veces más barato que abonar los accesos en los complejos argentinos de Federación o Villa Elisa. Si bien Entre Ríos recupera amplia competitividad en los rubros de hotelería y gastronomía —siendo considerablemente más económica para comer que Uruguay—, la notable brecha en los ingresos termales pondrá a prueba la fidelidad del turista en unas vacaciones donde cada peso cuenta.

Este domingo se celebra el Día del Padre en la Argentina, una fecha que combina el plano familiar con un fuerte impacto comercial. En un contexto de caída del poder adquisitivo, un estudio de la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, advierte que se observa una “demanda cautelosa” y que los consumidores esperan promociones y descuentos antes de decidir sus compras.

Según el relevamiento, el gasto promedio por regalo se ubica en $62.000. Las estrategias de los comercios apuntan a captar clientes mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados con bancos y billeteras digitales. “Las promociones y descuentos se consolidan como herramientas clave para estimular el consumo”, señaló Di Pace.

En cuanto a las preferencias, la indumentaria lidera con el 33,4% de las elecciones, seguida por experiencias como cenas o días de campo (24,9%) y vinos y licores (13,9%). Más atrás aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática y tecnología (4,5%), herramientas (2,7%) y relojería/joyería (2,1%). En menor proporción figuran librería, smartphones, artículos para el hogar, marroquinería y regalería, con porcentajes entre 1,6% y 0,3%.

Respecto de los lugares de compra, los centros comerciales a cielo abierto concentran el 33% de las elecciones, seguidos por el comercio electrónico (27%), los shoppings (22%), outlets (11%) y supermercados (7%). Dentro del canal online, los sitios web de vendedores representan el 40% de las operaciones, los marketplaces el 37%, Instagram el 15% y Facebook el 6%.

El informe también releva opciones de regalos según el presupuesto. En el rango de $10.000 a $20.000 se destacan mates y bombillas, botellas metálicas, tazas personalizadas y sets de asador. Entre $30.000 y $40.000 aparecen copas de vino en estuche, sets materos completos, remeras alusivas y desayunos especiales. Para quienes pueden gastar entre $50.000 y $60.000, las alternativas incluyen mini metegoles, vinos de primera marca con copa, boxes gourmet y billeteras de eco cuero.

De esta manera, el Día del Padre se convierte en una fecha clave para el consumo, marcada por la búsqueda de financiación y promociones, y con un abanico de opciones que se adapta a distintos bolsillos.

Fuente: Ámbito

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) respondió a un pedido de acceso a la información pública sobre el estado de las rutas nacionales en Entre Ríos y el resultado expone un panorama de escasa inversión y fuerte avance del régimen de concesiones. Según el documento del 17° Distrito, con sede en Paraná, “no existen obras adjudicadas y/o iniciadas con posterioridad al 10/12/2023”.

El relevamiento muestra que casi todas las obras heredadas de gestiones anteriores permanecen paralizadas. En la Ruta Nacional 12, el enlace con la Circunvalación de Paraná pasó del 76,23 al 76,24 por ciento de avance en dos años y medio, mientras que el acceso al Parque Industrial por calle Hernandarias figura directamente “paralizado”.

La autovía de la Ruta 18, eje central del corredor provincial, también está detenida. Los tramos I y II, a cargo de Cartellone y la UTE CPC–Rovella Carranza, superan el 89 y 99 por ciento de ejecución, pero ambos se encuentran “paralizados por la contratista”. El tramo IV, entre el arroyo Sandoval y la Ruta 14, aparece “finalizado, sin recepción”.

El caso más crítico es el de la Ruta 127, que une Entre Ríos con Corrientes: tras trece años de contrato, solo se ejecutó el 0,46 por ciento. En la Ruta 136, la repavimentación a cargo de Concret Nor S.A. quedó en el 9,19 por ciento, y en la 131, el mantenimiento del puente La Ensenada se frenó en el 90,61.

La única excepción es la Malla CReMa 513 C de la Ruta 12, entre Galarza y la 131, que avanzó del 29 al 80 por ciento gracias a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el único proyecto que no depende del Tesoro Nacional.

Mientras tanto, las rutas principales pasaron a manos privadas. En enero de 2026 se firmaron los contratos de concesión por veinte años: el Tramo Oriental —que incluye la Ruta 14, parte de la 12 y la 135— quedó en poder de Autovía del Mercosur S.A.U., y el Tramo Conexión —el puente Rosario-Victoria— fue adjudicado a Conexión Alto Delta S.A. Las obras iniciales de “puesta en valor” registran avances del 32 y 67 por ciento, respectivamente.

La Etapa III, que abarca la Ruta 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el tramo Crespo–Paraná de la Ruta 12, aún está en trámite de licitación. Cuando se adjudique, las tres rutas troncales de la provincia quedarán bajo concesión con peaje.

El informe también revela una reducción del 10 por ciento en la planta del Distrito: de 177 agentes en 2023 a 159 en abril de 2026, con fuerte caída en el área de ingeniería vial. En paralelo, la inversión en mantenimiento creció nominalmente, pero sin compensar la inflación.

Vialidad se negó a informar estadísticas de siniestralidad, alegando que son de “uso interno”. Tampoco hay convenios vigentes con la Dirección Provincial de Vialidad, salvo uno tripartito con el municipio de Paraná para completar la Circunvalación.

El único proyecto nuevo es el reemplazo del puente sobre el arroyo Curupí, en la Ruta 18, con presupuesto de 4.200 millones de pesos y plazo de 18 meses, aún sin iniciar.

El balance final muestra una provincia con rutas nacionales detenidas, personal reducido y concesiones extendidas por dos décadas. La obra pública vial, según los propios datos oficiales, atraviesa su etapa más lenta en años.

Fuente: Análisis Digital

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas, en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La medida quedó establecida en la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. “Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”, detalla la normativa.

Desde 2018, el sistema preveía un pago parcial por parte del Estado a las compañías por los boletos gratuitos que debían otorgar a los beneficiarios de las leyes de discapacidad, trasplantes y protección integral de niños con cáncer. Con la nueva resolución, ese esquema queda sin efecto, aunque se mantiene vigente el derecho de los usuarios a viajar sin costo.

El texto oficial argumentó que la situación regulatoria del sector cambió con la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que introdujo un nuevo marco normativo para los servicios interjurisdiccionales, permitiendo a las empresas determinar libremente recorridos, horarios, precios y modalidades dentro de los estándares de seguridad. Según la resolución, este cambio modificó la base jurídica y económica que justificaba las compensaciones, volviendo innecesaria su continuidad.

La decisión se conoce en un contexto de fuerte aumento de tarifas en el transporte público. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el boleto mínimo de colectivo en el AMBA se multiplicó hasta 16 veces desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con subas de entre 1.221% y 1.545%. En contraste, el salario mínimo solo aumentó un 129%, lo que implicó una pérdida real del 43% en su poder adquisitivo.

El estudio también advirtió sobre la creciente brecha tarifaria federal, agravada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior. Mientras en el AMBA el boleto mínimo ronda los $700, en ciudades del interior puede superar los $2.000. Además, el aumento de costos operativos como el gasoil y la reducción del presupuesto para infraestructura profundizaron el impacto en el sistema.

En febrero de 2026, el total de pasajeros transportados cayó un 12,9% interanual, con disminuciones del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos. Según CEPA, la fórmula de actualización mensual y la volatilidad de los costos hacen prever que los aumentos continuarán durante el año.

Desde la Municipalidad de Urdinarrain se informó que se encuentra abierta la presentación de ofertas para la licitación pública 03/2026 para adquirir 230 M3 de hormigón elaborado H-21 puesta en obra.

La presentación de las ofertas permanecerá abierta hasta el 22 de mayo a las 10 hs en la Oficina de Contrataciones del municipio de Urdinarrain, ubicada en Dr Silva 417, en los días hábiles de 7 a 12 hs.

El presupuesto oficial es de $ 43.136.500. Por consultas, informes y entrega de pliegos dirigirse a la Municipalidad de Urdinarrain.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.

Miles de pancartas en la marcha, muchas con referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Poder Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial.

Las universidades nacionales, impulsoras de la protesta de este martes, también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida oficial lleva firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.

Mediante el artículo 3°, se incrementaron en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260. El nuevo límite queda determinado en $712.288 millones, publicó La Nación.

Según dispone la norma, la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anses, organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, es el ente responsable de afrontar esos pagos.

Además, la decisión contempla también un refuerzo de los créditos de gastos en personal destinado a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Por esto, se incorporaron 162 mil millones de pesos como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional, bajo la categoría de “Gastos en personal”. APF

La cantidad de investigadores pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a 9500 en febrero de 2025, una caída del 13,6%. A esto se suma el éxodo de quienes ya trabajan en universidades extranjeras con licencia otorgada por el Conicet. Según Jorge Aliaga, miembro del directorio del organismo, “hay entre 300 y 400 investigadores con licencia, mucho más que en otros momentos”.

Desde 2024, el Estado entregó la mitad de las becas doctorales y posdoctorales. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) canceló definitivamente las convocatorias de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022, que habían sido adjudicadas a más de 1500 propuestas. De esa cantera surgieron avances como el trigo HB4 resistente a la sequía, la vacuna ARVAC contra el COVID-19 y terapias innovadoras contra el cáncer y el Alzheimer.

El presupuesto en ciencia y técnica se redujo un 95% en términos reales y los salarios del sector perdieron más de 45%. “Este gobierno no puso en marcha ni un proyecto de I+D, contra un promedio de 2000 de años anteriores”, señaló Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+i. Los laboratorios universitarios quedaron sin insumos básicos: “Tenemos la heladera vacía, no hay reactivos ni drogas para hacer experimentos”, describió un investigador de la Facultad de Medicina de la UNLP.

Profesores advierten que los estudiantes con mejores promedios ya no consideran la carrera de investigador como opción. Los laboratorios se vacían y los investigadores emigran. Pablo Manavella, ex Conicet, se trasladó a Málaga, España, y asegura que “hay muchos colegas argentinos esperando para venir”. En Santa Fe, Rubén Spies contabilizó la salida de 42 científicos en apenas dos años.

Un informe del Grupo EPC indica que el sistema de investigación perdió 5701 empleos en organismos como Conicet, CNEA, INTI, INTA y NASA. La inversión pública en ciencia y tecnología se proyecta en apenas el 0,140% del PBI en 2026, el valor más bajo desde 1972. “Ni los militares recortaron tanto”, advirtió un vicedirector de Conicet en la UNLP.

Milei no traicionó su discurso: durante la campaña presidencial prometió privatizar el Conicet y dejar la investigación en manos del sector privado. Cuestionó la productividad de los científicos y sostuvo que debían “ganarse el pan con el sudor de su frente”. Hoy, esa política se traduce en un vaciamiento que amenaza con desarticular el sistema científico argentino.

Fuente: Agencia NA

Esta organización, que sostiene a personas en situación de extrema vulnerabilidad y consumo problemático, atraviesa una grave emergencia económica que pone en riesgo su continuidad a partir del mes de abril. Desde sus seis dispositivos en la ciudad, el Hogar recibe y acompaña a quienes muchas veces quedan fuera de todos los sistemas: personas con historias atravesadas por el dolor, la exclusión y la falta de oportunidades, que encuentran allí un espacio de contención, cuidado y reconstrucción de sus vidas.

El Hogar garantiza lo básico —contención emocional, vínculos de cuidado y amor, una ducha caliente, un plato de comida, un abrigo, un lugar donde dormir— pero también promueve procesos de recuperación más profundos: reconstrucción de vínculos, acceso a la educación, espacios terapéuticos y oportunidades de trabajo digno.

Actualmente, más de 30 personas duermen cada noche en sus dispositivos, más de 150 reciben asistencia alimentaria diaria, más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento, y más de 50 personas forman parte de la cooperativa de trabajo. Sin embargo, todo este trabajo está en riesgo.

La principal fuente de financiamiento, proveniente de la Sedronar, representa el 95% del presupuesto y actualmente adeuda tres meses de pagos, lo que ha obligado a la institución a utilizar todos sus ahorros para sostenerse.

De no resolverse esta situación de manera urgente, el Hogar podría verse obligado a cerrar sus puertas en abril, con un impacto directo no solo en las personas acompañadas, sino en toda la comunidad. Referentes del sistema de salud, la justicia y distintas organizaciones sociales coinciden en que su ausencia generaría un vacío difícil de reemplazar. Frente a este escenario, el Hogar de Cristo realiza un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad.

¿Cómo colaborar?

• Realizando una única transferencia bancaria para sostener el funcionamiento en abril. (Alias: hogardecristogchu.)

• Colaborando en la búsqueda de financiamiento con empresas, organismos o redes de contacto.

• Difundiendo esta situación para ampliar el alcance del pedido.

Contactos para colaborar: Sofi: 3446 635 663; Fran: 3446 412 000; Eli: 3446 365 767.

El cambio de un electrodoméstico, una reparación en la casa, la organización de una fiesta o un viaje aparecen de golpe en el presupuesto y terminan financiándose con tarjeta de crédito o con algún tipo de préstamo. Sin embargo, la mayoría de esos consumos no son imprevistos: son proyectos que sabemos que, tarde o temprano, van a llegar.

La diferencia entre endeudarse o financiarlos con tranquilidad muchas veces no está en el ingreso, sino en la anticipación. Cuando un gasto se planifica con tiempo, deja de ser una presión de último momento y puede organizarse de otra manera. Lo que parecía un monto difícil de afrontar de una sola vez pasa a convertirse en pequeños aportes mensuales que se integran de forma natural al presupuesto familiar.

Hablar de planificación financiera suele asociarse a conceptos como ahorro o inversión, pero también implica algo más simple: anticipar los gastos importantes de la vida. Cuando eso ocurre, el tiempo deja de jugar en contra y se convierte en el principal aliado para financiarlos de manera ordenada.

Muchas veces se habla de “imprevistos” cuando en realidad se trata de situaciones perfectamente previsibles. Los cumpleaños importantes, los viajes que se desean realizar o los arreglos que una casa necesita tarde o temprano no son emergencias: son proyectos. La diferencia es importante, porque los imprevistos se enfrentan cuando ocurren, mientras que los proyectos pueden organizarse con anticipación.

En ese punto, el tiempo vuelve a ser el principal aliado financiero. Cuando un gasto importante se planifica con anticipación, deja de ser un monto que aparece de golpe y pasa a convertirse en pequeños aportes periódicos. Un proyecto que parece difícil de afrontar cuando se piensa como un único pago cambia completamente cuando se lo distribuye a lo largo de varios meses o incluso años.

Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos una fiesta de quince cuyo costo estimado ronda los seis millones de pesos. Si ese monto debe resolverse en pocos meses, el impacto sobre el presupuesto familiar es muy alto y probablemente obligue a recurrir al crédito. Pero si se planifica con tres años de anticipación, ese mismo gasto puede transformarse en un ahorro mensual cercano a los ciento sesenta mil pesos. La cifra sigue siendo significativa, pero mucho más manejable dentro de la economía del hogar.

Ese simple ejercicio de dividir el costo total por la cantidad de meses disponibles cambia la forma en que se percibe el gasto. Lo que parecía inalcanzable pasa a ser una decisión financiera concreta que puede incorporarse al presupuesto. Además, permite ajustar el proyecto a la realidad económica de cada familia: si el ahorro mensual necesario resulta demasiado alto, todavía hay tiempo para redefinir el alcance del gasto o extender el plazo.

Otro aspecto importante es separar ese dinero del resto del presupuesto cotidiano. Cuando el ahorro para un proyecto queda mezclado con los fondos que se utilizan para los gastos diarios, es fácil que termine utilizándose para otras cosas. Destinarlo a una cuenta específica, a una billetera virtual o incluso a una inversión conservadora ayuda a mantener claro el objetivo y evita que el dinero pierda su propósito original.

Si el horizonte del proyecto es de varios años, incluso existe la posibilidad de que ese ahorro genere algún rendimiento. No se trata de asumir grandes riesgos, sino de utilizar instrumentos financieros sencillos que permitan acompañar la inflación o mejorar levemente el resultado final. En ese caso, parte del esfuerzo no proviene solo del ahorro mensual, sino también del tiempo y del rendimiento del capital acumulado.

En economía personal solemos hablar de ahorrar para invertir y de invertir para hacer crecer el patrimonio. Si a eso le sumamos la planificación de cómo vamos a financiar nuestros proyectos, ganamos paz mental y tranquilidad financiera. De esta forma, el tiempo deja de ser una presión y pasa a convertirse en una herramienta clave para mantener en orden nuestras finanzas.

*Economista - Especialista en finanzas personales

Un reciente análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, a pesar del incremento nominal de los fondos, Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor crecimiento real de recursos enviados por Nación al cierre del cuarto trimestre de 2025.

Mientras que el promedio nacional de variación real fue del 2,7%, Entre Ríos apenas alcanzó un 0,4%, situándose significativamente por debajo de provincias vecinas como Santa Fe (0,6%) o Buenos Aires (3,8%).

El cuadro presentado por la OPC está compuesto por transferencias automáticas y no automáticas. En el primer caso, la Provincia recibió $2.769.293 millones en 2025, frente a los $1.959.381 millones de 2024. Esto representa una suba nominal del 41,3%, pero un crecimiento real de apenas el 0,4% tras descontar el efecto de la inflación.

En cuanto a las no automáticas, se percibió $66.703 millones, lo que implica una variación nominal del 33,9%. Sin embargo, en términos reales, el crecimiento fue de tan solo un 0,6%.

En total, Frigerio obtuvo un total de $2.835.996 millones y la variación real total fue del 0,4%, al igual que Santa Cruz y solo por encima La Pampa (0,2%)

Estadísticas a nivel nacional

Salta y Buenos Aires lideraron el crecimiento real con 4,7% y 3,8% respectivamente. También se ubicaron entre los más favorecidos Chaco (3,7), Neuquén (3,2) y Tucumán (3,3). Por su parte, Santa Fe incrementó tan solo un 0,6% de fondos de nación respecto al 2024.