En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a hacer una ferviente defensa del programa económico de la Argentina y confirmó una misión de los técnicos del organismo en febrero para concretar la segunda revisión del acuerdo que tiene el organismo con el país. Además, la funcionaria destacó que el Banco Central comenzó el año con acumulación de reservas “a un ritmo acelerado”, y subrayó el impacto positivo de este proceso en la perspectiva financiera del país.

Durante su intervención, Kozack señaló que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y resaltó los avances en los esfuerzos de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, dijo, además de recordar que el país experimentó una contracción en 2024 pero que ya en 2025 mostrará un crecimiento de 4,5 por ciento.

Por otra parte, subrayó que la inflación descendió de cifras de tres dígitos en 2024 a “alrededor del 30% a fines de 2025”, el menor nivel en ocho años. Pero evitó referirse -a pesar de que se le preguntó- a la aceleración que el índice tuvo en los últimos meses, con un nivel en diciembre de 2,8%.

En lo que sí fue contundente la portavoz del organismo fue en su mirada respecto del cambio en el esquema de bandas cambiarias y la firme convicción de comenzar a acumular reservas por parte del BCRA. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, enfatizó Kozack, en una semana en la que el organismo monetario lleva ocho ruedas seguidas de compras netas de divisas (USD 515 millones).

También destacó la introducción de un programa anunciado de compra de divisas por parte del Banco Central, lo que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Según la portavoz, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. “El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, destacó la funcionaria.

Kozack también valoró la aprobación parlamentaria del presupuesto 2026, “el primero en dos años y consistente con un ancla de equilibrio fiscal general cero para Argentina”. Este dato se suma a los “esfuerzos que el Gobierno desplegó para reducir la informalidad y aumentar la flexibilidad en el mercado laboral”, añadió.

La misión y la revisión de las metas

La portavoz del organismo confirmó que la segunda revisión técnica del programa que tiene el FMI con la Argentina se realizará en algún momento de febrero y que, en ese marco, se discutirán tanto las metas como la posibilidad de otorgar exenciones. “Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión de revisión”, señaló Kozack. Además, la portavoz del organismo multilateral confirmó que la agenda técnica se encuentra en preparación y que se informarán los detalles cuando estén definidos.

Según repasó el economista Claudio Caprarulo ante la consulta de Infobae, “lo central de la revisión del FMI es el desembolso que queda pendiente de la segunda revisión, por aproximadamente USD1.090 millones”. “Para eso, el gobierno debería haber cumplido con las metas de los cuatro criterios de ejecución: resultado primario, acumulación de reservas netas, financiamiento del BCRA al Tesoro y deuda flotante. De las 4, la única que estuvo lejos de cumplir fue la referida a acumulación de reservas netas. De todas formas, descontamos que se hará el desembolso”, consideró el director de la consultora Analytica.

El analista justificó su afirmación al plantear que “más allá de los criterios de ejecución del programa, el Gobierno avanzo con la agenda de políticas a las que se había comprometido, como por ejemplo una mayor desregulación del mercado eléctrico y la eliminación en el presupuesto de la actualización automática de la AUH”. “A su vez, informó que cambió la política cambiaria y monetaria con el objetivo de acumular reservas. Resta ver como cumple con ese compromiso en un contexto de aceleración de la inflación”, agregó.

En cuanto a la meta fiscal, lo acordado entre el Gobierno y el FMI para el 2025 era que el superávit primario alcance al 1,3% del PBI. Se espera para este viernes el resultado de diciembre, por lo que recién mañana podrá saberse cómo quedó finalmente ese número, pero nadie duda de que esa meta se habrá cumplido.

La que seguro no se cumplió, y por mucho, fue la de acumulación de reservas. Y en este punto es donde el país pedirá un waiver (perdón), que seguramente el FMI le otorgará. En la última revisión, realizada en julio del año pasado, el FMI ya había flexibilizado su objetivo de acumulación de reservas para el Banco Central en el marco del programa por US$20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de US$2600 millones negativos para finales de este año, unos US$5000 millones por debajo de la meta anterior. Sin embargo, aún así, quedó muy lejos.

¿Se verá Milei con Georgieva en Davos?

Durante la conferencia, también se le preguntó a Kozack sobre la posibilidad de una reunión entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos la semana próxima. Pero la funcionaria respondió que la agenda todavía se encuentra en proceso de definición y que cualquier información relevante será comunicada oportunamente.

En otro tramo de la rueda de prensa, la vocera del FMI fue consultada sobre la agenda de reformas de la Argentina, en particular sobre el inicio de los trabajos para modificar el sistema previsional. La pregunta apuntó a conocer la evaluación del organismo sobre el cronograma del gobierno y la capacidad política para lograr la aprobación de estas reformas. Kozack respondió que los esfuerzos tanto en el frente macroeconómico como en el de reformas alientan al organismo, pero no amplió detalles específicos sobre la reforma previsional.

La inflación anual de 2025 llegó a 31,5%, luego de cerrar diciembre en 2,8%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del nivel más bajo desde 2017 y los analistas prevén que la suba de precios continúe su proceso de desaceleración en 2026, aunque a un ritmo más lento.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), con factores estacionales presionando, marcó una leve aceleración en el último mes del año pasado respecto al 2,5% que había arrojado en noviembre. En concreto, aún no se logra perforar el 2%, en un contexto en que sigue la recomposición de precios relativos en rubros como Energía, Transporte, Servicios y Regulados.

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, reza el informe oficial del Indec.

Por el contrario, las dos categorías que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Al posar la lupa sobre el comportamiento anual, la inflación experimentó una reducción de 86,3 puntos porcentuales respecto a los 117,8% que se había registrado en 2024. El Presupuesto 2026 contempla un IPC de 10,1% para el año corriente, aunque las mediciones privadas estiman el doble.

Un informe de GMA Capital resumió: “Durante 2024 y 2025, el desplome de la nominalidad fue el objetivo central del programa económico. La desaceleración inflacionaria respondió a un proceso más amplio de ordenamiento macroeconómico: la reversión de una dinámica fiscal históricamente deficitaria, el fin de la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro (tras un período en el que, entre 2020 y 2023, la emisión superó el 25% del PBI) y un esquema cambiario que operó como ancla nominal, con una apreciación real de 41% desde diciembre de 2023. Esto permitió llevar la inflación a la zona del 2% mensual”.

Vale recordar que el IPC de 2024 ya había marcado una fuerte desaceleración frente al 211,4% de 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, a pesar de la herencia e inercia recibida.

La inflación prevista en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para todo 2026 es de 20,5%. En principio, en enero volvería a superar el 2%. Para que el IPC llegue a un dígito anual recién habría que esperar hasta 2028, estiman las consultoras privadas.

"Un informe de GMA Capital resumió: “Durante 2024 y 2025, el desplome de la nominalidad fue el objetivo central del programa económico. La desaceleración inflacionaria respondió a un proceso más amplio de ordenamiento macroeconómico: la reversión de una dinámica fiscal históricamente deficitaria, el fin de la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro (tras un período en el que, entre 2020 y 2023, la emisión superó el 25% del PBI) y un esquema cambiario que operó como ancla nominal, con una apreciación real de 41% desde diciembre de 2023. Esto permitió llevar la inflación a la zona del 2% mensual”.

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, ambas aprobadas el viernes pasado por la Cámara de Senadores. Las normas ya fueron publicadas y entraron formalmente en vigencia.

El Presupuesto Nacional 2026 quedó registrado como Ley Nº 27.798 y establece las principales proyecciones macroeconómicas para el próximo año. Según el texto, se prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026.

En materia fiscal, el plan contempla un superávit financiero del 1,5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Los recursos totales proyectados ascienden a 148,2 billones de pesos, mientras que el gasto total previsto alcanza los 148 billones.

El Presupuesto destina el 85% de los recursos a gastos sociales. Dentro de ese rubro se destacan 65,7 billones de pesos asignados al sistema previsional y 4,8 billones de pesos destinados a las universidades nacionales. También se proyecta un incremento del 10,6% en las exportaciones, del 11,1% en las importaciones y un crecimiento del consumo privado del 4,9% y del consumo público del 4,5%.

Por su parte, la Ley de Inocencia Fiscal, registrada como Ley Nº 27.799, introduce una reforma integral del Régimen Penal Tributario. La iniciativa redefine los criterios para la configuración de delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión considerada relevante.

Entre los principales cambios, la norma eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito. En el caso de la evasión simple, el umbral pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se incrementa de $15 millones a $1.000 millones. Para los delitos vinculados a la seguridad social, el piso se eleva de $200 mil a $7 millones, y para el uso de facturas apócrifas de $1,5 millones a $100 millones.

La ley también establece la posibilidad de extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal y fija límites al inicio de procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar deudas se encuentren prescriptas. En ese sentido, el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias se reduce de cinco a tres años.

Además, se incorpora un Régimen Simplificado de Declaración Jurada y de Ganancias, que permite adherir a contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calculará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, sin controlar variaciones patrimoniales ni consumos personales.

Finalmente, la normativa establece que ARCA no iniciará acciones penales si las deudas y sus intereses son cancelados, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición -pocos radicales no acompañaron- por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.

Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).

El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich- y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.

El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad.

Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.

Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro -José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.

Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.

La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.

Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.

En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.

“Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.

Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.

“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.

Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.

El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones″. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.

La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.

“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.

Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que "no había margen para la tibieza”, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que “gobernar no es prometer”, sino “decidir cuándo duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”. Infobae

El oficialismo se prepara para una sesión decisiva este viernes en el Senado, donde desde el mediodía intentará sancionar el Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal. Aunque el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar ambas iniciativas en general, la verdadera disputa se concentra en un punto sensible del texto, el artículo 30, que modifica el esquema de financiamiento para la educación y la ciencia.

Para la Casa Rosada, la aprobación del Presupuesto es una prioridad política y económica. No solo es clave para habilitar el acceso al financiamiento y a eventuales emisiones de deuda, sino que también funciona como una señal de previsibilidad hacia los organismos internacionales y los mercados. En ese contexto, el Ejecutivo busca evitar cualquier dilación que obligue a prorrogar nuevamente el presupuesto vigente.

El punto en conflicto propone derogar los artículos de la Ley de Educación que fijan un piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo, los de la Ley de Ciencia y Técnica que establecen un aumento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el 0,2% del gasto educativo destinado a las escuelas técnicas. Ese recorte normativo generó objeciones tanto en sectores del radicalismo como en bloques provinciales.

Dentro de la UCR, los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger ya adelantaron que no acompañarán ese artículo. A ellos se suman cuatro de los cinco integrantes del bloque peronista Convicción Federal, que votarían el Presupuesto en general pero rechazan puntualmente la modificación sobre educación y ciencia.

El resultado final dependerá, además, del nivel de ausentismo entre los senadores que no quieren convalidar ese recorte. Sobre ese artículo, el umbral de votos necesarios podría variar, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el texto sufra cambios. En caso de ser modificado, el proyecto debería regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene previstas sesiones para el 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para el 5 de enero.

Más allá de esa disputa puntual, el resto del Presupuesto no genera mayores sobresaltos. El proyecto contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y del 14% interanual, además de un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026, proyecciones que en el propio Congreso admiten que probablemente quedarán desactualizadas.

En términos de apoyos, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y el respaldo de una decena de radicales, tres legisladores del PRO y representantes de fuerzas provinciales de Misiones, Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut y Provincias Unidas. Del lado peronista, cuatro de los cinco senadores de Convicción Federal anticiparon su voto favorable en general, mientras que Fernando Rejal, de La Rioja, mantiene dudas en línea con la postura crítica del gobernador Ricardo Quintela.

Ese esquema expone una fractura inédita en el peronismo del Senado, entre gobernadores dispuestos a acompañar el Presupuesto y el sector que responde a Cristina Kirchner, representado en la Cámara alta por el bloque que preside José Mayans. Aún resta definir la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno, un voto que podría resultar determinante en la pulseada final.

El presidente, Javier Milei, recibirá la Navidad en la residencia presidencial de Olivos en un contexto marcado por definiciones políticas clave para el cierre del año. Mientras el Senado se prepara para tratar el Presupuesto 2026, el jefe de Estado mantiene una agenda activa de seguimiento legislativo y coordinación con su equipo, en una semana decisiva para la consolidación del rumbo económico del Gobierno.

La sanción de la "ley de leyes" es considerada central para ordenar la gestión fiscal del próximo año. Se trata del primer presupuesto elaborado íntegramente por la actual administración, luego de un período de prórrogas y reconducciones que marcaron el primer tramo del mandato libertario.

En la Casa Rosada sostienen que su aprobación es una condición necesaria para dotar de previsibilidad a la política económica y reforzar la credibilidad del programa ante los mercados financieros y los organismos internacionales. La definición legislativa es observada con atención tanto por actores locales como por el exterior, en un contexto de fragilidad macroeconómica.

Incluso durante estas horas, el Ejecutivo mantiene conversaciones con senadores aliados y gobernadores, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para la sanción del texto sin modificaciones que obliguen a reabrir el trámite parlamentario. El Gobierno apuesta a cerrar el año con un respaldo institucional que le permita iniciar enero con mayor margen de acción.

En paralelo a la discusión presupuestaria, Milei intercambió mensajes formales con la Conferencia Episcopal Argentina con motivo de la Navidad. El gesto se inscribió en el marco de las salutaciones institucionales habituales de fin de año y estuvo atravesado por referencias al diálogo, la paz social y el bien común, conceptos que la Iglesia suele subrayar en este tipo de comunicaciones.

Desde el entorno presidencial interpretan el intercambio como una señal de respeto institucional, en un vínculo que ha atravesado momentos de tensión desde el inicio de la gestión. En esta ocasión, el tono fue moderado y centrado en el cierre del año, sin referencias explícitas a debates coyunturales.

Mientras tanto, la agenda presidencial ya empieza a proyectarse hacia el inicio de 2026. En enero, Milei tiene previsto viajar nuevamente al Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará exponer los lineamientos de su programa económico ante líderes políticos, empresarios y referentes del sistema financiero internacional.

La participación en Davos es considerada por el Gobierno como una instancia relevante para reforzar el posicionamiento internacional de la Argentina y atraer inversiones, en un escenario global complejo. En ese marco, llegar al foro con un Presupuesto aprobado es visto como un activo político y económico clave.

Puertas adentro, el oficialismo entiende que la combinación entre orden fiscal, respaldo legislativo y presencia internacional será determinante para el arranque del próximo año. Por eso, la definición del Presupuesto 2026 ocupa el centro de la escena, incluso en fechas tradicionalmente asociadas al receso político.

Así, la Navidad encuentra al Presidente en Olivos, con una agenda marcada por la gestión y la expectativa legislativa. Lejos de un cierre simbólico de ciclo, el final del año se presenta como una etapa de transición, con decisiones que condicionarán el inicio de 2026 y el desarrollo del programa económico del Gobierno. (Ámbito)

La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores volverá a tensionarse si prospera la reforma laboral enviada al Senado, que incorpora una rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades. El cambio tendría un impacto directo sobre los fondos coparticipables y, en el caso de Entre Ríos, implicaría una pérdida estimada de $53.042 millones anuales.

La iniciativa oficial propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias de sociedades en los tramos más altos: del 30% al 27% para el Tramo 2 y del 35% al 31,5% para el Tramo 3. Según estimaciones técnicas, cerca del 60% del costo fiscal de esa medida será absorbido por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de menores transferencias automáticas.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que el costo fiscal directo inicial ronda el 0,22% del Producto Bruto Interno, equivalente a unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, $790.000 millones impactarán sobre el Estado nacional y alrededor de $1,12 billones recaerán sobre las jurisdicciones subnacionales.

El efecto se sentirá a partir de 2027, cuando las empresas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y comiencen a pagar los saldos y anticipos con las nuevas alícuotas. Hasta entonces, el impacto no se reflejará en la recaudación efectiva.

La distribución de la pérdida no será uniforme. La provincia de Buenos Aires concentraría el mayor impacto, con más de $238.000 millones, seguida por Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos aparece entre las más afectadas, con una merma superior a los $53.000 millones, en un contexto de caída de la actividad económica y menores ingresos reales.

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que la medida reducirá la recaudación coparticipable y que el beneficio fiscal se concentrará en un grupo reducido de grandes empresas. De acuerdo con los datos disponibles, solo el 1,1% de las sociedades —aquellas con ganancias superiores a los $1.000 millones— aportan más del 76% del impuesto, y un subconjunto aún más reducido concentra más de la mitad de la recaudación total.

Actualmente, casi el 90% de las empresas tributa en el tramo más bajo del impuesto y aporta menos del 8% del total recaudado. En ese marco, los cambios propuestos beneficiarían principalmente a las firmas de mayor facturación, mientras que el costo fiscal se distribuiría entre los 24 distritos del país.

La discusión se da en paralelo al debate del Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados y deberá tratarse en el Senado, donde los gobernadores tienen mayor capacidad de incidencia. Allí, el impacto sobre la coparticipación promete convertirse en uno de los ejes centrales de la negociación política.

El bloque de La Libertad Avanza parece tener todo listo para ir al recinto el próximo viernes y darle sanción definitiva al proyecto de Presupuesto 2026. El dictamen de mayoría con el acompañamiento de las otras fuerzas políticas parece dejar el camino allanado.

En ese escenario, el oficialismo optó porque cada senador vuelva a su casa con la orden de que el jueves 25 de diciembre tienen que estar en la zona del Congreso de la Nación. En medio, los contactos entre los miembros del bloque y los de la jefa del bloque, Patricia Bullrich, con los presidentes de los bloques amigos se mantienen. No hay margen para errores y quieren cerrar el año sin sobresaltos.

En estas conversaciones generó ruido, primero, el rumor que salió de la Casa Rosada respecto a la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete el Presupuesto porque la caída del Capítulo XI “rompe el superávit”. Esta idea que sobrevoló en modo amenaza no cayó bien en los bloques parlamentarios que ya muestran cansancio respecto de los arranques del Presidente contra el Parlamento.

La otra preocupación en la oposición dialoguista también es en referencia a los dichos de Milei quien aseguró que quieren este presupuesto y que lo van a solucionar “acomodando” las partidas. Esta facultad que tiene el Jefe de Gabinete, hoy en el cargo Manuel Adorni, de mover fondos de un lado a otro del Presupuesto genera preocupación. “Nos gustaría saber qué van a hacer porque esto significa que van a sacar fondos de un lado para ponerlo en otro, la pregunta es qué van a desfinanciar”, explicó un senador radical.

Por el lado de la oposición encarnada en el bloque Justicialista, el sistema será similar pero, primero, manteniendo una dinámica que inició cuando el Congreso discutía los fondos para el Hospital Garrahan.

Durante la jornada de hoy el bloque se reunirá con sectores ligados a las escuelas técnicas que el proyecto de Presupuesto plantea un fuerte recorte en los fondos para este tipo de establecimientos.

Según trabajo de CEPA, el proyecto de ley plantea que el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que es el que contiene el financiamiento de las escuelas secundarias técnicas, muestra un recorte en términos reales del 93% en 2026 en comparación con los niveles de ejecución registrados en 2023.

El mismo trabajo señala que el proceso de quita de fondos para las escuelas técnicas se viene produciendo durante toda la gestión Milei y que durante este año sólo se ejecutó el 10,8% del Fondo.

Luego de esta reunión el peronismo liberará a los senadores para que vuelvan a sus provincias a pasar la Nochebuena con, también, el compromiso del jueves 25 de diciembre estar en la zona del Palacio Legislativo.

En lo que se refiere a la sesión del viernes la idea del peronismo es tratar de hacer cambios en algunos de los capítulos que quedaron del Presupuesto. La idea de La Libertad Avanza es la de contener cualquier intento de cambio de la oposición. Ya descartó incluir ninguno de los artículos eliminados en Diputados porque, básicamente, no cuentan con los votos principalmente por la falta de acompañamiento de los 10 senadores del bloque de la UCR, pero no quiere sobresaltos.

A partir de esto es que ayer por la tarde la ex ministra de Seguridad convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación de la Casa Rosada, en total reúnen cerca de 44 senadores. En ese encuentro lo que se buscó es sopesar el impacto de las designaciones en la Auditoría General de la Nación que significó un fuerte golpe para el PRO y, en paralelo, si los senadores de los otros bloques bajaban algún reclamo de parte de los gobernadores. El resultado, aseguran, fue positivo para LLA pero en el entorno de Bullrich no quieren sobresaltos. “Ganábamos todo y de repente nos comimos un piñón en Diputados, acá no puede pasar lo mismo”, dijo un libertario antes de tomarse el avión que lo llevará a su provincia.

El presidente Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y ratificó que el eje central de la política económica seguirá siendo el déficit cero. En medio de versiones sobre un posible rechazo presidencial, el mandatario confirmó que el Gobierno avanzará con el proyecto y realizará ajustes en las partidas necesarias para sostener el equilibrio fiscal.

Luego de la aprobación en general, Milei destacó el resultado parlamentario y subrayó la complejidad del trámite legislativo. Señaló que el oficialismo logró el quórum, el tratamiento por capítulos y la aprobación de 11 de los 12 apartados sometidos a votación. En ese marco, remarcó la importancia de haber alcanzado la media sanción y sostuvo que el texto aprobado está construido sobre la base del superávit primario.

El Presidente se refirió al rechazo del capítulo XI, que incluía la derogación de leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad. Aclaró que, pese a esa modificación, el Ejecutivo “acomodará las partidas” para cumplir con el déficit cero y enfatizó que no se recurrirá a aumentos impositivos. Según explicó, el superávit fiscal permitirá cubrir al menos el pago de intereses de la deuda.

En relación con la agenda institucional, Milei abordó las designaciones en la Auditoría General de la Nación y negó que exista una traición política hacia sectores aliados. También rechazó versiones sobre acuerdos con dirigentes del peronismo y sostuvo que su gestión no mantiene pactos con la oposición kirchnerista.

El mandatario se refirió además a la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a quien definió como un especialista clave en la estructura impositiva. Minimizó las causas judiciales en su contra y afirmó que no corresponde prejuzgar sin condena firme.

En el plano económico, Milei confirmó que el Gobierno afrontará los vencimientos de deuda previstos para enero y aseguró que existen alternativas de financiamiento suficientes. También defendió el esquema cambiario y el plan de acumulación de reservas, que prevé compras significativas en función de la demanda de dinero.

Sobre el mercado laboral, reiteró que la reforma impulsada por su gestión no es contra los trabajadores ni los sindicatos, sino que apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Finalmente, descartó una reforma constitucional y afirmó que su futuro político estará limitado a uno o, como máximo, dos mandatos, dejando la decisión final en manos del electorado.

En ese contexto, el oficialismo aspira a convertir en ley el Presupuesto y la iniciativa de Inocencia Fiscal, mientras que el resto del temario de las sesiones extraordinarias quedaría postergado para febrero. Sin embargo, el camino legislativo no estuvo exento de tensiones. Sobre la marcha, el Gobierno intentó acelerar también la media sanción de la reforma laboral, lo que provocó un tratamiento exprés en la Cámara alta y dejó secuelas en la relación con la principal fuerza opositora.

El apuro oficial derivó en fuertes cruces en el Senado, especialmente por el armado de las comisiones, que —según denunciaron desde la oposición— omitió instancias reglamentarias y alteró el sistema de representación proporcional. El interbloque Popular cuestionó que la convocatoria para conformar comisiones no haya sido avalada por el pleno y denunció que se modificó el esquema D’Hondt en perjuicio del peronismo. Los senadores que responden a José Mayans incluso anticiparon que recurrirían a la Justicia para intentar frenar la implementación de la reforma laboral.

Más allá de esas advertencias, los debates en comisión sobre la modernización laboral y la reforma de la Ley de Glaciares se desarrollaron de manera ordenada, aunque con un ritmo acelerado. El peronismo optó por autoexcluirse formalmente de las comisiones para deslegitimar su funcionamiento, pero participó activamente de las reuniones, aunque sin firmar dictámenes.

Las mayores complicaciones para el oficialismo surgieron en la Cámara de Diputados, donde el tratamiento del Presupuesto terminó por tensar aún más el escenario. El conflicto se desató cuando el texto definitivo incorporó modificaciones al dictamen de mayoría aprobado en noviembre, incluyendo en un mismo capítulo disposiciones que derogaban —mediante su número— las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Ambas normas habían sido aprobadas e insistidas por Diputados y el Senado, con el rechazo de los vetos presidenciales por mayorías superiores a los dos tercios. La inclusión de esas derogaciones en la “ley de leyes”, atribuida en el oficialismo a la influencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue leída por la oposición como una señal política de un Gobierno que se percibe a sí mismo como mayoría parlamentaria, condición que no se refleja en la realidad legislativa.

Esa fragilidad quedó expuesta durante la sesión en Diputados, donde el quórum se alcanzó sobre la hora. La oposición demoró su ingreso al recinto hasta minutos antes del límite reglamentario, poniendo en aprietos al oficialismo. Finalmente, el quórum se completó gracias al aporte de legisladores de Provincias Unidas, pese a su malestar por el trato recibido en el armado de comisiones.

El momento más crítico llegó durante el tratamiento en particular del Presupuesto, al votarse el Capítulo XI. Un nuevo intento opositor por votar artículo por artículo fue rechazado, y luego el oficialismo sufrió una derrota que quebró la sensación de fortaleza que arrastraba desde octubre. El traspié tuvo su correlato horas después en el Senado y dejó en evidencia las dificultades de La Libertad Avanza para sostener mayorías propias.

La secuencia recordó lo ocurrido en el primer tramo del mandato libertario: del éxito inicial con la Ley de Bases —aprobada con apoyos mínimos— se pasó a una acumulación de derrotas durante el período ordinario 2025, en buena medida por errores propios. En el Congreso, cuando un oficialismo muestra debilidad, la oposición endurece su postura.

Con ese panorama, la ministra Patricia Bullrich tomó nota del escenario y anunció el pase a febrero del tratamiento de los temas pendientes de extraordinarias. Senadores clave le advirtieron al Gobierno que no acompañarían la reforma laboral, lo que terminó de sellar su postergación. No obstante, ambos proyectos ya cuentan con dictamen, lo que abre la puerta a eventuales modificaciones y contribuye a distender el clima político.

En paralelo, los senadores dialoguistas confirmaron que votarían el Presupuesto tal como llegó de Diputados, sin aceptar los cambios que desde la Casa Rosada se analizaban para compensar el capítulo rechazado. El oficialismo, de hecho, no tenía garantizada su aprobación si la iniciativa volvía a la Cámara baja.

Así, el viernes 26 el Senado celebrará la última sesión del año, en un Congreso que resultó particularmente adverso para La Libertad Avanza. Será la instancia en la que el oficialismo buscará cerrar el año con una victoria legislativa y sancionar sus primeras leyes desde febrero de 2025.

Luego del traspié que sufrió el oficialismo esta semana en Diputados, La Libertad Avanza selló el dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, la bancada que conduce Patricia Bullrich dejó el tema listo para discutirlo en el recinto el próximo 26 de diciembre. El texto "se vota como está" y podría ser vetado por el presidente Javier Milei.

Mientras el debut fallido de sesiones extraordinarias sigue dando de qué hablar, el oficialismo puso el pie en el acelerador. En concreto, los libertarios y sus aliados en el Senado lograron aprobar en comisiones este viernes el Presupuesto 2026, girado el jueves por la Cámara de Diputados.

La firma se produjo luego de que la oposición se anotara un triunfo inesperado: logró voltear, entrada la madrugada, el Capítulo 11 del proyecto. Se trata del tramo que generó tanto revuelo por incluir, en el artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

A partir de las 10, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Ezequiel Atauche recibió a funcionarios del Ejecutivo que defendieron la letra chica de la iniciativa. Tal cual ocurrió durante el debate en Diputados, estuvo presente Carlos Guberman, secretario de Hacienda; así como también Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

En medio de los trascendidos de la Casa Rosada, en torno a la amenaza de vetar el Presupuesto 2026 si sale sin el capítulo 11, el oficialismo evaluaba diferentes estrategias parlamentarias. Todas ellas contrarreloj: la fecha límite es el 31 de diciembre. De lo contrario, Milei deberá reconducir el Presupuesto por tercer año consecutivo.

En la previa a la firma del dictamen, una de las estrategias que barajaban los libertarios, según supo Ámbito, era dictaminar (como ocurrió este viernes) el texto tal cual llegó desde Diputados. Saldada esa instancia, una opción era negociar cambios con los senadores aliados. En total, son 44. Aunque también podrían echar mano en algunos de los senadores de Popular, interbloque que conduce José Mayans, donde también conviven algunos de los senadores cuyos gobernadores son afines a la Casa Rosada.

Pero, concluido el trámite, esa opción se descartó. "El viernes 26 se vota como está", dijeron desde La Libertad Avanza a este medio. Es decir, el oficialismo buscará sancionar el texto tal cual fue aprobado en Diputados (sin incorporar el artículo 11). Por eso, cobra cada vez más peso la versión que hicieron circular en la Rosada: que Milei vete el Presupuesto sancionado. Es que, sin ese artículo, al Gobierno no le "serviría".

Con el rechazo al capítulo 11, no solo se cayeron las derogaciones a las leyes que Milei rechaza por, supuestamente, atentar contra el equilibrio fiscal (Discapacidad y Financiamiento Universitario). Sino que también, ese capítulo de derogaba otras iniciativas, como el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías; la actualización automática, por IPC, de las asignaciones familiares. Al mismo tiempo, en ese tramo incluye la prórroga de la Emergencia para el Garrahan.

En ese mismo capítulo, durante el debate en el recinto, el oficialismo introdujo la transferencia del 1,55% de coparticipación para CABA (tal cual estableció la Corte Suprema por la pelea por los fondos que le corresponden a la Ciudad tras la transferencia de las fuerzas de Seguridad) junto con un incremento de fondos para el Poder Judicial.

Estos dos ítems añadidos entre gallos y medianoche fueron un anzuelo que incluyeron los libertarios, a fin de sumar votos y evitar el naufragio del capítulo 11. La jugada no alcanzó.

Por lo pronto, los ánimos en el Senado están enrarecidos. A la amenaza de Milei de vetar el Presupuesto y la decisión de Bullrich de patear para febrero el debate de la Reforma Laboral para evitar una posible derrota, se le suman de las desconfianzas de los aliados hacia el oficialismo por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la AGN en Diputados condicionan el clima en la Cámara alta.

El Gobierno enfrenta este viernes una jornada clave en el Senado con el debate en comisión del Presupuesto 2026, luego de la dura derrota sufrida en la Cámara de Diputados, donde fracasó su intento de frenar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. La Comisión de Presupuesto y Hacienda está citada para emitir dictamen en un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de definiciones claras del oficialismo.

Tras el revés parlamentario, que expuso debilidades en la estrategia política del Ejecutivo, persisten las dudas sobre el camino a seguir. Entre las opciones que se barajan figuran avanzar con la aprobación del Presupuesto y asumir luego el costo político de un eventual veto, introducir modificaciones al texto y devolverlo a Diputados o, directamente, dilatar el debate, como ocurrió semanas atrás con la reforma laboral.

La derrota en la Cámara Baja impactó de lleno en la conducción política del oficialismo. La votación dejó bajo la lupa a los negociadores parlamentarios, Martín Menem y Diego Santilli, y tensó la relación con aliados habituales, incluido el PRO, que manifestó su malestar por la falta de acuerdos cumplidos. El resultado fue leído como un freno al impulso que el Gobierno esperaba capitalizar tras su victoria electoral.

La agenda de la comisión contempla además el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Tributario, que el Ejecutivo busca llevar al recinto en una eventual sesión el 26 de diciembre. En ese proyecto se propone elevar de manera sustancial los montos que configuran delitos de evasión y habilitar un esquema de blanqueo de capitales, una herramienta considerada clave por el Gobierno ante los fuertes vencimientos de deuda previstos para 2026.

En paralelo, el Presupuesto reabre el conflicto por el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Si el Senado avanzara con la sanción, el Ejecutivo debería definir si ejecuta las partidas o insiste en cuestionar su validez, como lo hizo anteriormente al argumentar la falta de precisiones sobre las fuentes de financiamiento. Ese criterio ya fue objetado por la Justicia federal, que ordenó la aplicación inmediata de la emergencia en discapacidad.

El clima político se completa con otros frentes abiertos en la Cámara Alta. El plenario de comisiones de Minería y Ambiente emitió dictamen para reformar la Ley de Glaciares, una iniciativa que quedó postergada para febrero y que volvió a encender el debate entre desarrollo económico y protección ambiental.

Con un oficialismo golpeado y una oposición fortalecida, el debate del Presupuesto 2026 aparece como una nueva prueba para el Gobierno en su relación con el Congreso, en un contexto donde la construcción de mayorías estables vuelve a mostrarse esquiva.

Antes de que el Congreso aprobara el Presupuesto nacional 2026, el senador por Entre Ríos Adán Bahl advirtió en el Senado de la Nación que el proyecto produciría una “tremenda caída en la coparticipación” para las provincias y alertó sobre el impacto que tendría en las finanzas entrerrianas.

La advertencia fue formulada durante el primer plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, donde el legislador puso el foco en el costo fiscal del proyecto y en sus efectos sobre los recursos provinciales. En ese contexto, sostuvo que el impacto total estimado ascendía a 3,1 billones de pesos a valores corrientes, de los cuales 1,7 billones recaerían sobre las provincias.

Durante su intervención, Bahl remarcó que Entre Ríos perdería alrededor de 80 mil millones de pesos si se avanzaba con cambios en la actual estructura tributaria contemplada en el Presupuesto nacional. Señaló que el proyecto de presupuesto provincial ya contaba con media sanción y había sido elaborado sobre la base del esquema vigente de coparticipación, por lo que una reducción de esa magnitud complicaría seriamente el equilibrio financiero.

El senador también cuestionó si el Gobierno nacional había consultado a los gobernadores sobre el impacto de las modificaciones previstas y advirtió que la eventual caída de recursos afectaría la capacidad de las provincias para sostener servicios esenciales y cumplir con sus obligaciones.

En respuesta a los planteos, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, afirmó que la evaluación oficial indicaba un equilibrio fiscal durante el primer año de aplicación del Presupuesto y un esquema incremental en los años siguientes, aunque reconoció que aún restaba recibir información técnica complementaria del área de Presupuesto nacional.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que los lineamientos del proyecto habían sido analizados en ámbitos de diálogo institucional, con participación de representantes de trabajadores, empleadores y provincias, y señaló que el objetivo era avanzar hacia un esquema que fortaleciera la proyección económica del país.

Finalmente, el Presupuesto nacional 2026 fue aprobado por el Congreso, quedando las advertencias de Bahl como un planteo previo sobre los efectos que la política fiscal nacional podía generar en las cuentas provinciales y en la administración de los recursos locales.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó en la madrugada de este jueves media sanción al Presupuesto 2026, la denominada “ley de leyes”, en una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces políticos. El oficialismo logró imponer el esquema de votación en general y por capítulos y consiguió los votos necesarios tras la renovación del Congreso surgida de las elecciones legislativas de octubre.

En ese marco, los diputados entrerrianos mostraron una clara división política. Acompañaron el proyecto los legisladores alineados con La Libertad Avanza y los bloques aliados, mientras que el peronismo votó en contra de la iniciativa en todos los tramos.

En la votación general del Presupuesto 2026, los votos afirmativos de Entre Ríos fueron los de Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann y Francisco Morchio, de La Libertad Avanza; Alicia Fregonese, del PRO; y Darío Schneider, de la Unión Cívica Radical. Ese respaldo fue clave para que el oficialismo avanzara con la media sanción.

Por la negativa se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna, quienes cuestionaron el contenido del proyecto y el impacto del ajuste previsto en áreas sensibles del Estado.

La sesión tuvo uno de sus momentos más tensos al abordarse el Capítulo XI del Presupuesto, que proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por el Congreso durante este año. Ese apartado fue finalmente rechazado por el pleno, con 123 votos negativos, 117 afirmativos y dos abstenciones.

En esa votación particular, el comportamiento de los diputados entrerrianos volvió a reflejar diferencias internas. Votaron a favor de la derogación Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann y Francisco Morchio, de La Libertad Avanza, junto a Alicia Fregonese, del PRO. En contra se manifestaron Bordet, Marclay, Michel y Osuna, de Unión por la Patria, mientras que Darío Schneider se abstuvo.

Desde el oficialismo nacional destacaron la media sanción como una señal de previsibilidad fiscal y respaldo político al rumbo económico. En la vereda opuesta, el peronismo advirtió sobre el ajuste en áreas sociales y el impacto en provincias y sectores vulnerables.

Con la aprobación en Diputados, el Presupuesto 2026 pasó al Senado, donde se anticipa un debate intenso. El posicionamiento de los legisladores entrerrianos vuelve a reflejar la polarización política en torno al proyecto central del Gobierno para el próximo año.

La Libertad Avanza tenía todo listo para cerrar una jornada triunfal en la Cámara de Diputados. El oficialismo logró aprobar un presupuesto, algo que no ocurre hace tres años en Argentina. Así, La Libertad Avanza consiguió 132 votos afirmativos para aprobar el proyecto en general, pero los 117 afirmativos no alcanzaron, contra los 123 negativos, para defender capítulo 11.

Así, el texto que giró al Senado no incluye todo un capítulo con una serie de normativas impositivas y de subsidios que impactaban en las provincias. El oficialismo sabía que esos eran los puntos más sensibles de la jornada. Se entusiasmó al inicio de la sesión cuando 130 diputados votaron a favor de votar directamente por capítulos y no hacerlo artículo por artículo, como suele hacerse. Sin embargo, entrada la madrugada del jueves, un puñado de diputados del radicalismo y los gobernadores aliados le soltaron la mano al oficialismo.

Por ejemplo, los diputados de los bloques Independencia y Elijo Catamarca, que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) no acompañaron con el voto de sus diputados en la votación de este capítulo. Gustavo Saénz (Salta) dividió en las distintas canastas: Yolanda Vega apoyó, pero Bernardo Biella (ambos de Innovación Federal) rechazó esta decisión del Gobierno.

Además, debe tenerse en cuenta que dos diputados radicales que habían votado a favor cuando fue al definición en general se abstuvieron, el crespense Darío Schneider y el chaqueño Gerardo Cipolini. Un poco más a fondo fue el radical por Corrientes, Diógenes González que votó en contra. Se trata de un hombre cercano al líder del oficialismo en la provincia Gustavo Valdés, hermano del gobernador Juan Pablo Valdés.

El bloque UP que se mantuvo unido en rechazo de este capítulo, festejó el rechazo a la derogación de estas dos leyes, sancionadas y ratificadas por el Congreso de la Nación, luego de que Javier Milei las vetara. Así, la oposición se anotó una pequeña victoria en una sesión donde el Gobierno tenía todo para ganar y festejar.

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles desde las 14 el proyecto de Presupuesto 2026, con el que el Gobierno nacional busca obtener la media sanción y consolidar el primer gran objetivo legislativo de La Libertad Avanza como bloque mayoritario. El oficialismo llega a la sesión con dictamen favorable y con los votos ajustados para avanzar.

El texto final del proyecto fue presentado en comisión y mantiene, en líneas generales, el contenido del dictamen emitido en noviembre. La iniciativa prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal equivalente al 1,5% del PBI, ejes centrales del programa económico del Ejecutivo.

Entre los puntos más controvertidos, el Presupuesto propone derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad aprobadas este año. Además, prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la generación de energía renovable e incorpora deducciones impositivas sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

El dictamen oficialista reúne 28 firmas, con seis adhesiones en disidencia. Legisladores del MID y de Innovación Federal objetaron la eliminación de las normas vinculadas a universidades y discapacidad, mientras que diputados del PRO cuestionaron la falta de previsiones sobre la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y el artículo que regula la deuda de las distribuidoras eléctricas. También se registraron disidencias del radicalismo.

Junto al Presupuesto, el temario incluye otros dos proyectos clave. Uno es el régimen de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión e inhabilitación para funcionarios que incrementen el gasto público sin financiamiento previsto, con sanciones agravadas para autoridades del Banco Central. La iniciativa también limita el uso de adelantos transitorios del BCRA para cubrir gasto primario.

El otro proyecto modifica el Régimen Penal Tributario e introduce el principio de Presunción de Inocencia Fiscal, elevando de $1,5 millones a $100 millones el piso para considerar delito la evasión. La medida apunta a incentivar la regularización de capitales no declarados y obtuvo un amplio respaldo en comisión.

La sesión de este miércoles será clave para el Gobierno, que busca mostrar fortaleza parlamentaria y avanzar con su agenda económica antes del cierre del año legislativo.

El gobierno nacional tiene decidido avanzar en la media sanción del Presupuesto 2026. En la reunión de Comisión de hoy, la primera y única, ya hizo circular el dictamen apenas comenzó la comisión.

Sin embargo, la suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, hizo una pequeña introducción respecto del proyecto y señaló que hoy iban a buscar dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria".

Pero rápidamente cambió el clima porque el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, le pidió a Bornoroni que explique si es el mismo proyecto y, si no, que explique las modificaciones. “Hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”, respondió el cordobés sin avanzar en los detalles de los cambios.

Finalmente se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.

Estos cambios generaron una fuerte crítica de los sectores de la oposición que adelantaron que también presentarán un proyecto y un dictamen propio y que no acompañarán ni la ley de Presupuesto que propone el Ejecutivo ni la ley de Inocencia Fiscal. Hasta se “coló” la reforma laboral en donde algunos adelantaron que tampoco acompañarán.

“Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto, por eso nosotros en noviembre recomendamos que el Ejecutivo haga una reformulación pero ahora vamos a ir con un dictamen y un proyecto propio”, explicó Martínez.

“Nosotros estamos en contra del Art. 30 del proyecto del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo. También proponemos garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica y estamos en contra de su eliminación”, señaló Martínez entre los ejemplos que citó para marcar las diferencias. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, sentenció.

Pero no solo la comisión iba a tener un dictamen del oficialismo y otro del peronismo, sino que iba a aparecer un tercer dictamen y el encargado de presentarlo fue el diputado Nicolás Massot del interbloque Unidos.

El bonaerense tuvo un fuerte discurso respecto del proyecto del oficialismo. “Sin que el gobierno se sonroje elimina las tres leyes que sancionó el Congreso, que el gobierno derogó y que el Congreso volvió a aprobar por amplia mayoría. Luego de pocas semanas de decir que no había dinero para esas leyes, volvieron a ampliar los fondos para la SIDE. había dinero para que, por 9 vez, para bancar vaya a saber qué y que es el pozo negro de fondos de la administración Milei que son los fondos de la SIDE. ¿Alguien tiene la audacia de explicarnos qué diablos estamos votando? hay fondos para subvencionar a las empresas que pudieron reportar ganancias y no para las universidades. El 3% de reducción de aportes patronales y la eliminación del impuesto cedular, son más altos que el costo fiscal que se le niega a las universidades, discapacitados y a los pacientes infantiles”, señaló Massot minutos antes de entregar el dictamen con las tres firmas de la representación del bloque en la comisión.

El oficialismo logró, a la hora de comenzar el debate, el dictamen de mayoría con 28 firmas. Es decir, los 20 propios más el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. En estas 28 firmas hubo 6 disidencias. Respecto a la ley de Compromiso Fiscal también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

El segundo dictamen, y el primero de minoría, fue el de Fuerza Patria con 18 firmas que se suma a otro de minoría de Unidos.

Con estos números ya tiene listos los proyectos de ley para el miércoles ir al recinto en busca de la media sanción de ambas leyes. (Fuente: Infobae)

El Gobierno no detiene su estrategia parlamentaria: distribuyó la integración de comisiones a su favor, consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 y ya tiene convocada una sesión en Diputados para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de alcanzar la media sanción en período de sesiones extraordinarias. También avanzó su iniciativa de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que impone sanciones penales a quienes ejecuten incrementos presupuestarios sin recursos acreditados.

El borrador final del proyecto libertario se conoció en el mismo plenario y su contenido replica en gran medida el contenido de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa, que obtuvo 28 firmas (entre ellas 6 en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal), proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Finalmente, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad sancionadas (motivo por el que respaldaron con disidencia el bonaerense Falcone y el misionero Herrera), se prorroga beneficios impositivos a la energía renovable e incorpora eximición de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Se conocieron otras dos iniciativas. Una de ellas es de Unión por la Patria (18 apoyos) que precisamente hizo hincapié en las leyes insistidas por el Congreso (financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y fondos para salud pediátrica). La presentación de sus puntos principales fue realizada por Germán Martínez, quien insistió en la nueva narrativa justicialista ("no hay un único camino") enumerando propuestas el peronismo legislativo debatió durante el último año: presupuesto para el ENARD, el sostenimiento de la ley que promueve aumentos paulatinos de los fondos educativos y la preservación de la extensión del régimen de Zona Fría.

La otra redacción es de Provincias Unidas, con tres respaldos. Su documento, cuya premisa es que "alcanzar el equilibrio no puede implicar el desfinanciamiento de políticas esenciales", también promueve el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica. Además, agrega líneas de financiamiento para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo, mientras que incorpora instrumentos para la "protección del patrimonio estratégico" y para el registro de capitalización de la deuda pública.

La Libertad Avanza logró que avance su proyecto con los acuerdos previos con los gobernadores, pero además se garantizó el dictamen de mayoría a partir de una distribución selectiva de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así fue que entre el empate de dos interbloques (el de Provincias Unidas-Encuentro Federal y el del PRO-UCR), se distribuyeron cuatro lugares para radicales y macristas, más alineados con el oficialismo, en detrimento de los tres representantes de los provincialistas opositores. Misma lógica ocurrió con el Frente de Izquierda (con un bloque de 4 diputados), al que no le cedieron representación, aunque sí lo hicieron a Elijo Catamarca (3) y Producción y Trabajo (2). (Ámbito)

La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para el próximo 17 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas, con el objetivo de debatir tres proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la reforma tributaria.

La convocatoria fue solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores, y formalizada mediante una comunicación firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán.

Se trata de una de las discusiones más relevantes del cierre del año legislativo, ya que define el marco de ingresos, gastos, prioridades fiscales y proyecciones macroeconómicas para el próximo ejercicio, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y búsqueda de equilibrio fiscal por parte del Gobierno nacional.

El segundo proyecto incluido en la convocatoria es el Expediente 0003-PE-2025 (Mensaje N° 0014/2025), presentado el 5 de junio de 2025, que propone reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, junto con modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

La iniciativa apunta a introducir cambios estructurales en el sistema impositivo y en el marco sancionatorio, con el objetivo de mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir la litigiosidad y actualizar normas clave para la relación entre el fisco y los contribuyentes.

El tercer punto del temario corresponde al Expediente 0011-PE-2025 (Mensaje N° 0029/2025), también fechado el 15 de septiembre de 2025, que establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Este proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de dotar de mayor previsibilidad al programa económico, reforzando reglas fiscales y compromisos de largo plazo en materia monetaria.

La sesión especial del 17 de diciembre se perfila como una de las más relevantes del tramo final del año parlamentario, tanto por el peso político del Presupuesto 2026 como por el alcance de las reformas tributarias y fiscales incluidas en el temario.

El resultado del debate será seguido de cerca por los mercados, las provincias y los sectores productivos, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar señales de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica de cara a 2026.

Finalmente, la hoja de ruta del oficialismo para el año próximo se completa con otras jugadas. Mientras intentará aprobar esta semana la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el marco de la convocatoria a extraordinarias, las reformas vinculadas al Consejo de Mayo quedarán para el segundo llamado a extraordinarias, previsto para la segunda quincena de enero y el mes de febrero, supo NA de un diputado oficialista que tiene llegada permanente a la Casa Rosada.

Se trata de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Código Penal y la reforma a la Ley de Glaciares, cuyos principios rectores y lineamientos centrales fueron presentados hoy por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una reunión con la totalidad del bloque libertario en Diputados.

Tanto la reforma laboral como la reforma a la ley de Glaciares comenzarán su derrotero en el Senado la próxima semana. En tanto, la ley de “Libertad educativa” y las modificaciones normativas para asegurar la “inviolabilidad de la propiedad privada” quedarán pendientes para ser tratados una vez que comience el período ordinario de sesiones 2026 a partir de marzo.

La Cámara de Diputados de la Nación volverá a sesionar este miércoles a las 14 para tratar el Presupuesto 2026, en el marco de la primera sesión extraordinaria del período y tras dos años consecutivos de prórroga del Presupuesto 2023. La convocatoria incluye además el debate del proyecto de Inocencia Fiscal y una iniciativa destinada a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El pedido de sesión fue formulado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y marca el regreso del oficialismo a la solicitud de una sesión especial luego de nueve meses. La última convocatoria de estas características había sido el 19 de marzo, cuando se debatió el decreto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El eje central será el tratamiento del Presupuesto 2026, que comenzará a analizarse en comisión este martes al mediodía. Se trata de la primera vez que el gobierno de Javier Milei habilita el debate parlamentario de la ley de leyes desde su asunción. El proyecto propone un escenario de equilibrio fiscal, con recursos estimados en 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, lo que arrojaría un superávit cercano a los 2 billones.

El cálculo oficial proyecta una expansión del PBI del 5% y una inflación anual del 10,1% para 2026. Además, prevé que el 85% de los recursos se destinen a áreas sociales como salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, junto con partidas para defensa, seguridad, administración gubernamental y pago de deuda pública.

En la misma sesión se debatirá el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como Inocencia Fiscal. La iniciativa actualiza los umbrales de delitos tributarios, introduce mecanismos para extinguir la acción penal mediante la regularización de deudas y crea un régimen simplificado de declaraciones juradas para determinados contribuyentes.

También se tratará el proyecto que establece un marco jurídico institucional permanente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. La propuesta obliga a que los presupuestos nacionales sean equilibrados o superavitarios y fija límites al Congreso para la sanción de leyes que generen nuevos gastos sin financiamiento específico.

El debate se anticipa extenso y concentrará buena parte de la agenda legislativa del cierre del año, con iniciativas clave para la estrategia fiscal y económica del Gobierno nacional.