La CTERA convocó a un Paro Nacional Docente el jueves 10 de abril y a una movilización en todo el país el miércoles 9, “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y de nuestros jubilados y jubiladas”.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER, “en consonancia con nuestra pertenencia a la Confederación convocamos a las acciones resueltas en unidad en cada punto de la provincia en defensa de la escuela pública y nuestro sistema previsional”.

Estas medidas “son la continuidad del plan de lucha aprobado en el congreso de CTERA en febrero de este año, encuentro en donde dimos cuenta de las gravosas consecuencias de las políticas de Milei y los gobiernos provinciales que lo apoyan, no solo para la docencia sino para el conjunto del pueblo argentino”.

Exigencias y posturas del gremio

Entre los puntos, se destacan: “Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Piso Salarial acorde al contexto actual para que ningún docente del país esté por debajo de la línea de la pobreza.

Urgente aumento del financiamiento educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Restitución y actualización del FONID.

Solidaridad con AMP, Adosac y Atech, le exigimos a los gobiernos provinciales que cesen en su conducta anti sindical y su práctica desleal.

Exigimos mayor Presupuesto Educativo Nacional para garantizar Escuelas en condiciones dignas para enseñar y aprender en todo el país. En Defensa del Sistema Previsional Público, Solidario y de Reparto y en defensa de la Jubilación Docente Nacional.

Cese del ajuste y recortes en educación que afectan a estudiantes y docentes. Aumento de partidas para refuerzo nutricional de almuerzo y copa de leche. No al FMI.

Basta de despidos. No a la Criminalización de la Protesta Social y rechazo a los dichos de Milei, defensa irrestricta de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas”.

“El ajuste en educación y en el sistema previsional golpea a miles de estudiantes, trabajadores y jubilados/as, afectando el derecho fundamental a una educación pública de calidad y una jubilación digna. Ante esta grave situación, llamamos a la unidad y a la movilización de toda la comunidad educativa para frenar la continuidad del brutal ajuste del gobierno nacional”, expresaron.

¿Se descontará el día?

Respecto a los posibles descuentos por los días de paro, el secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri señaló: “No sabemos qué decisión tomará el gobierno provincial. Nosotros seguimos ratificando con firmeza que la Constitución establece que el ejercicio pleno del derecho a huelga incluye el cobro del salario. Sin embargo, somos conscientes de que el Ejecutivo aplica otra lógica, que consideramos antiobrera”.

Hace muchos años -demasiados- que en Entre Ríos la norma es el no comienzo de clases en tiempo y forma. Siempre doy el mismo ejemplo (me parece el más gráfico): En 2003, cuando hacía mis últimos años en la escuela secundaria, de los tres trimestres de clases tuvimos solo dos, ¡tres meses sin ir a la escuela!

Las consecuencias fueron inmediatas y tangibles (hoy son mucho peores), y se tradujeron en la falta de herramientas, heredada de una formación de regular a mediocre (salvando varios casos de muy buenos docentes, claro), que dificultaron el camino de formación posterior al nivel secundario. Esa fue, y es, la realidad de millones.

“En la actualidad podría decirse que existe una suerte de fetiche cuantitativo, por llamarlo de alguna manera, con respecto a los días de clase. Desde las esferas gubernamentales se tiende a hablar de la meta de los 190 días como si se tratara de un número mágico, algo que por sí solo y sin que medie razonamiento pedagógico alguno, explicara el éxito o fracaso del año escolar: si no se cumplen esos 190 días, entonces estamos ante un fracaso; si se cumplen, automáticamente puede venderse como un éxito”, dice a La Mala Federico Tálamo, docente de las cátedras de Política Educativa e Investigación Educativa en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y congresal de la sección Uruguay de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

“Semejante acto de reduccionismo termina por servir de vehículo para poner en tela de juicio la legitimidad o pertinencia de los paros docentes, la presunta razón de todos los males al decir de los funcionarios de turno. Luego, sólo es cuestión de alimentar lugares comunes del imaginario social: “usan a los chicos como rehenes”; “trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones”; “docentes eran los de antes, ya no hay vocación”; “los sindicalistas son vagos que arreglan por abajo para enriquecerse”.

“Pero lo cierto es que ese dato al ser tomado de forma aislada no explica demasiado: ¿Es lo mismo que se dicten 190 días de clase en edificios con serios problemas de infraestructura, docentes mal pagos que llegan a trabajar hasta enfermos y gurises que van a la escuela sin siquiera desayunar, a que tal vez 180, 170 o 160 días, pero con condiciones materiales, laborales y pedagógicas acordes a las necesidades de las comunidades educativas?”, expone el docente universitario.

Del análisis de Tálamo se desprende lo obvio: el paro no es causa, es consecuencia de la precariedad de los sueldos y las condiciones de la educación pública. Pero, ¿de dónde sale este “número de oro” de los 190 días?

Lo explica el uruguayense: “En 2003 se sancionó la Ley Nº 25.864, que establecía un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase en todo el país (luego, en 2022, este mínimo se elevó a 190), pero al mismo tiempo disponía la posibilidad de que las provincias soliciten asistencia financiera a la Nación para cumplir con las obligaciones salariales respecto del personal docente. Es por eso que también se la conoce como Ley de garantía del salario docente y 180 días de clases. Eran tiempos en los que el Estado nacional se disponía a recuperar el protagonismo en materia de sostenimiento de la educación pública que se había abandonado con las reformas neoliberales de los años noventa. Algo que más adelante se fortalecería con la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que trazó como meta alcanzar en el transcurso de cinco años un presupuesto educativo no inferior al 6% del PBI, pero también instituía la paritaria nacional docente como ámbito de negociación de las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo y la carrera docente. Una vez más la idea de inversión en el sistema educativo venía de la mano con la necesidad de recomponer los salarios de sus trabajadores”.

En su análisis Tálamo traza una línea divisoria entre la actualidad y la realidad de hace dos décadas atrás, cuando “la escuela aparecía como uno de los espacios de interacción y cohesión social más importantes a la hora de reconstruir un tejido social roto, por eso hablar de 180 días de clases adquiría un sentido diferente: los gurises, antes que nada, tenían que estar en la escuela porque esta era un poderoso refugio que brindaba contención en un contexto verdaderamente alarmante”.

“Esta premisa no funciona igual entonces que ahora, porque los escenarios difieren y los desafíos, en muchos casos, son otros. Hoy la realidad es diferente -esto no significa en absoluto que no haya problemas-, con lo cual el marco político y pedagógico para el debate sobre lo que ocurre en las escuelas demanda planteos de fondo que no se pueden resumir en un calendario”, afirma el entrevistado. Y trae al texto el ejemplo del llamado primer mundo: “si mirásemos lo que ocurre en Finlandia, en ese sistema educativo aparentemente ‘idílico’ del que muchos hablan, pero pocos se toman la molestia de conocer en detalle, el promedio de horas de clase al año es menor que el de la Argentina y otros países de América Latina. ¿Cómo es posible? Lo que ocurre es que en Finlandia un docente de primaria cobra por su trabajo el equivalente a casi 4 millones de pesos argentinos, ingreso que lo ubica además por encima del umbral de pobreza de acuerdo con el costo de vida del país escandinavo. Ni que hablar de las condiciones de infraestructura de sus escuelas, la accesibilidad a materiales educativos, etcétera”.

Dramática, insostenible e insoportable

Víctor Hutt es profesor de matemáticas y forma parte de Agmer hace 30 años, donde es miembro de la Comisión del Salario y paritario del Salario suplente. Además, es el creador del simulador del salario, visitado por buena parte de los y las docentes de la provincia cada vez que se discuten ofertas salariales.

En un trabajo estadístico que tiene referencias varios períodos de los últimos 25 años el docente evidencia la relación entre el salario mínimo docente y la Canasta Básica Total, que establece el umbral de la pobreza. Por ejemplo, según el trabajo elaborado por el referente de Agmer, en enero de 1999 la canasta básica tenía un valor de $383 y el salario inicial era de $280, lo que representaba un 70,8%; en tanto, en febrero del 2006 la canasta era de $849 y el salario mínimo de $850 (100,1%); en la actualidad, a enero del 2025 la canasta es de $1.033.716 y el salario mínimo de $552.245, lo que representa el 53,4%.

“El empobrecimiento programado desde el gobierno nacional y acompañado plenamente desde el gobierno provincial se viene denunciando hace varios meses, comenzó ya en el mes de octubre del 2023, por el efecto de los acuerdos de transición de gobierno, fue enorme en el mes de diciembre y se sostuvo durante todo el 2024, incluyendo la quita del Incentivo Docente, que teníamos desde hace 26 años”, cuestionó.

“Hay cuestiones elementales que se tienen que entender: una obligación elemental de un gobierno es sostener el sistema educativo, así funciona la sociedad nacional y provincial, con un Estado que garantiza el derecho a la educación. Y un componente fundamental para esto es sostener el salario docente, sin salarios docentes no hay educación, sin educación no hay sociedad civilizada”, aseguró con el mismo tono dramático que durante la segunda mitad del año pasado su gremio rechazó seis propuestas salariales del gobierno provincial por “insuficientes y empobrecedoras”.

Hutt es muy crítico, tanto del gobierno nacional como del provincial. Y así lo expresa: “Ante la destrucción de las condiciones en nuestras escuelas públicas y el profundo empobrecimiento de los docentes, la única medida planificada del gobernador Frigerio es una medida represiva del derecho a huelga; un Consejo General de Educación que no da respuestas a ninguna de nuestras necesidades y que, ante un problema edilicio en una escuela, la decisión es cerrarla y repartir a los niños en escuelas lejanas”.

Días pasados, el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer las “obras de emergencia” que se llevaron a cabo en el deteriorado edificio de la Escuela Técnica N°2. Las mismas estuvieron a cargo de la empresa Arostegui Constructora y contemplaron la reparación de sanitarios, el reemplazo de la cumbrera de uno de los techos y la instalación de caños de desagüe pluvial vertical en el sector de aulas, con un presupuesto de $3.820.150.

El proyecto para estas reparaciones se había confeccionado y enviado al Consejo General de Educación (CGE) en marzo pasado. Por lo que, sin actualizar los montos contemplados, se pudo hacer menos de lo necesario. “Se hizo lo que se pudo, dentro del monto que se había proyectado”, confió a EL ARGENTINO, la rectora de la institución de nivel secundario, Carolina Morali.

“Es una escuela de más de 600 alumnos, o sea, todos los días van 600 alumnos o más. El edificio es viejo, tiene todas las falencias que se vienen denunciando de toda la vida y por las cuales se hizo el proyecto del edificio nuevo, que consta de tres etapas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se continúe, porque lo que se entregó fue la primera etapa (traspaso de los talleres al nuevo edificio), ahora se tiene que seguir avanzando”, enfatizó la funcionaria.

“En esa línea vamos a seguir solicitando que se continúe con lo proyectado, porque eso es lo que va a solucionar los problemas de base. Las aulas quedaron en el edificio viejo, entonces siguen con las mismas falencias de siempre. Los arreglos no son definitivos, son provisorios”, remarcó.

Entre los problemas más acuciantes está la conexión eléctrica de la Técnica N°2: “La escuela tiene una gran deficiencia en la parte eléctrica, si bien tenemos los técnicos electromecánicos, ellos son profesores que dan clases, que van resolviendo a medida que van surgiendo problemas pequeños, pero se necesita una solución de fondo. Hemos tenido problemas de corte de luz y ese tipo de situaciones”.

“La institución con lo que está un poco más preocupada es con lo que viene de Nación, la parte de insumos, que viene del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica). En el 2023 el aporte fue poco más de 3 millones y en 2024 fue 2,5 millones (junio), con la inflación que hubo en el medio”, explicó la rectora sobre los fondos que garantiza la Ley de Educación Técnico Profesional.

“Se hizo lo que se pudo, los insumos para este año se compraron, pero no son suficientes. Lo que llega no alcanza. Nos preocupa la compra para el 2026, porque nosotros siempre vamos comprando para el año siguiente”, explicó.

Cuando Morali habla de insumos para su escuela, se refiere, por ejemplo, a la madera que debe comprar la institución para el taller de carpintería, lo mismo que los cables y otros materiales para el taller de electricidad. “Como son contenidos prácticos y no tanto teóricos, se necesita de esos elementos para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin herramientas el chico no puede aprender. Esto nos preocupa porque tiene que estar garantizado por el Estado, las leyes así lo determinan”.

Pero el de los insumos no es el único problema respecto al financiamiento nacional, “también nos preocupa todo lo que es Planes de Mejora, que son proyectos para equipamiento”.

“Esa partida no vino en el 2024 y tampoco 2023, teniendo todo rendido. Eso es importante porque son los equipamientos que nosotros usamos, como puede ser una soldadora, que se rompe y tenés que comprar una nueva, porque la necesitás para los nuevos contenidos”, explicó Morali. Al tiempo que enfatizó sobre la importancia de estas herramientas: “es lo que garantiza el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Tanto los insumos para las escuelas técnicas como los Planes de Mejoras dependen del presupuesto nacional. Presupuesto que, ante la no aprobación, fue prorrogado por el presidente Javier Milei, situación que ahonda aún más la incertidumbre y la preocupación de quienes, todos los días, deben resolver las falencias existentes en cada escuela.