“El bullying no es solo molestar, afecta mucho”. La reflexión pertenece a uno de los estudiantes de sexto grado de la escuela de la ciudad, que participó de una experiencia que llevó una problemática compleja de las aulas al lenguaje de los propios chicos.

Por Candela Giacopuzzi

A partir de la canción “¿Por qué no hacemos nada?”, del coro peruano Voces del Sol, los estudiantes desarrollaron un proyecto audiovisual y musical para visibilizar y prevenir el acoso escolar. La propuesta convirtió por unos días a la escuela en set de filmación y estudio de grabación, pero detrás de las cámaras hubo un trabajo que buscó ir mucho más allá de realizar un videoclip: generar reflexión, empatía y compromiso.

La problemática continúa presente entre niños, niñas y adolescentes. Según la última encuesta de UNICEF, el porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años que reportaron haber sufrido acoso o bullying creció del 25% al 41% entre 2024 y 2025.

“Es un tema real que existe y del que muchas veces vemos pequeñas muestras en el aula, que se están abordando permanentemente. Pero hoy también preocupa mucho lo que sucede a través de las redes sociales”, explicó.

La propuesta no surgió como respuesta a un caso puntual. Sin embargo, la docente observa que algunos conflictos entre pares se producen también fuera de la escuela, especialmente a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. “Entendí que era el momento justo para intervenir de forma preventiva y reflexiva”, señaló.

La preocupación también forma parte de la agenda educativa entrerriana. Durante 2026, el Consejo General de Educación puso en marcha la campaña #HablemosDe, que tuvo al ciberbullying entre sus primeros ejes de prevención y trabajo con la comunidad educativa.

En el Pío XII, Taffarel destacó el abordaje cotidiano sobre los valores y la forma de relacionarse entre los estudiantes, acompañado por docentes y familias. Desde su área buscó sumar el arte como otra manera de llegar a los chicos.

“El verdadero motivo de este proyecto fue dejarles un mensaje fuerte antes de que cierren su ciclo en la primaria, sembrando una semilla de empatía y respeto que los acompañe en su crecimiento”, sostuvo.

“Trabajamos mucho la letra para que fueran conscientes de cada frase y charlamos mucho con ellos a partir de lo que decía”, recordó Taffarel.

Después incorporaron una coreografía y surgió la posibilidad de convertir el trabajo en un videoclip. Los chicos aceptaron inmediatamente, pero la docente les planteó que el desafío iba mucho más allá de actuar frente a una cámara.

“No era solamente grabar un video, sino hacer propio ese mensaje, comprometerse, ponerle el cuerpo y tratar de llevarlo a la práctica en el día a día”, remarcó.

Para Taffarel, la elección de la música fue central: “El arte y la música tienen una capacidad única para sensibilizar, llegar al corazón de los chicos y transformar vivencias o ideas abstractas en un compromiso real”.

La realización estuvo a cargo de Artipos, con Anselmo Estrada y Pablo Daroca, quienes trabajaron junto a Ornela en la planificación, el guion, la filmación y la edición. Los chicos no fueron solamente actores: también colaboraron con el equipo y participaron del detrás de escena.

Así, habitaron su escuela desde otro lugar. Los mismos espacios donde diariamente aprenden, juegan y construyen vínculos se convirtieron en escenarios para contar una historia que los invitaba a reflexionar, justamente, sobre cómo se relacionan con los demás.

“Ver la escuela transformada en un estudio de cine fue mágico para ellos y para toda la comunidad educativa”, recordó la docente.

En otra jornada, el colegio se convirtió en estudio de grabación. Con el trabajo de Ema Smiley, fueron los propios estudiantes quienes grabaron las voces de la canción, pudieron escucharse individualmente y luego descubrir cómo sonaban juntos en la producción final.

“Me llegaron mensajes de familias que hoy están atravesando situaciones de bullying con sus hijos, agradeciendo que se visibilice esta problemática a través de un video”, contó Taffarel.

El videoclip recreó situaciones de acoso escolar a través de la actuación, pero el mensaje que buscó transmitir parte de una realidad que atraviesan muchos chicos y sus familias.

“Parece una película, pero lo que allí se muestra pasa a diario y muy cotidianamente”, advirtió.

Para la docente, el valor del proyecto está en haber transformado una clase de música en una herramienta de concientización. “Haber sembrado esta semilla desde el aula, desde lo cotidiano, usando el arte como lenguaje y canalizando una simple clase de música en algo mucho más grande, es lo más valioso”.

Y quizás la mejor forma de medir cuánto de aquel mensaje quedó en los chicos sea escucharlos. “La experiencia de grabar un video así fue bastante fuerte. Fue un momento en el que todos entendimos que el bullying no es solamente molestar, sino que afecta mucho a las personas”, contó uno de sus estudiantes.

Su mensaje para otros chicos fue todavía más directo: “No está bueno hacer bullying y, si lo sufren, háblenlo con los adultos”.

La Provincia de Entre Ríos oficializó la declaración del Estado de Emergencia Hídrica en la totalidad del territorio provincial por un plazo de 180 días corridos. La disposición fue instrumentada mediante el Decreto N° 2660-E-GER-GOB, publicado en el Boletín Oficial N° 28.404, con el objetivo de adoptar medidas de carácter preventivo frente a las proyecciones climáticas asociadas al desarrollo del fenómeno "El Niño" durante los próximos meses.

La fundamentación de la medida se sustenta en el Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos. Las evaluaciones técnicas señalan una alta probabilidad de incrementos extraordinarios en los caudales de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, acompañados por registros de precipitaciones intensas, saturación de suelos y eventuales anegamientos en zonas urbanas y rurales.

El texto del decreto explicita la necesidad de implementar intervenciones estatales previas a la concreción de escenarios de desastre, atendiendo a la vulnerabilidad geográfica de la provincia por su extensa red de ríos, humedales y cuencas fluviales internas. La normativa faculta a las diferentes carteras ministeriales a planificar y concretar de manera prioritaria obras de infraestructura básica, tales como la limpieza y desobstrucción de canales, el mantenimiento de defensas costeras, la puesta a punto de sistemas de bombeo y la estabilización de trazas viales estratégicas.

En lo relativo al régimen de contrataciones y administración de los fondos públicos, el decreto precisa que las intervenciones deberán encuadrarse estrictamente en el marco normativo provincial vigente. Se ratificó que las compras, contrataciones y ejecuciones de obras públicas requeridas durante la contingencia deberán tramitarse bajo las previsiones de la Ley N° 5140 de Administración Financiera y la Ley N° 6351 de Obras Públicas.

Finalmente, el Gobierno provincial instó a las diversas áreas de la administración pública a realizar las readecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el financiamiento de los trabajos preventivos. Asimismo, la norma formalizó una invitación a las autoridades de cada Municipalidad y gobierno local de la provincia para coordinar acciones de mitigación de manera conjunta y alinear los protocolos de actuación en cada jurisdicción.

Se llevó a cabo una jornada de inmunización contra la leptospirosis en sectores expuestos a las crecidas del río Gualeguaychú, con el fin de controlar la proliferación de la bacteria y prevenir su transmisión en la comunidad.

En esta oportunidad, 27 perros fueron vacunados en la zona norte de la ciudad, en torno a Clavarino y Misiones.

La labor forma parte del programa de control de enfermedades zoonóticas y tenencia responsable de mascotas que la gestión local despliega de manera planificada en diferentes puntos de la ciudad.

Sobre los trabajos ejecutados, la subsecretaria Ivana Zecca destacó que "el cuidado del ambiente está directamente relacionado con la salud de toda la comunidad. Cada acción preventiva representa una inversión en calidad de vida y en protección sanitaria. Desde el Gobierno municipal asumimos el compromiso de estar presentes en el territorio, trabajando de manera planificada para prevenir enfermedades y acompañar a los vecinos con políticas concretas que cuidan a las personas, a los animales y al ambiente".

Las tareas de vacunación y prevención se replicarán este sábado 22 de agosto a partir de las 10 horas en otro barrio costero con riesgo de inundación. La actividad se suspende en caso de lluvia.

Como parte de las medidas de preparación ante una eventual creciente del río Gualeguaychú, el Área de Protección Civil e Inspección General de la Municipalidad continúa trabajando en acciones destinadas a fortalecer las condiciones de seguridad del personal que podría ser convocado para realizar tareas operativas en contextos de emergencia vinculados al fenómeno de El Niño.

En ese marco, el Área de Seguridad e Higiene Laboral, en conjunto con la Subsecretaría de Salud, organizó jornadas de vacunación destinadas específicamente al personal de la cuadrilla de Defensa Civil perteneciente a Obras Públicas.

La primera instancia se desarrolló el 28 de julio y alcanzó a 62 personas. La vacunación tuvo continuidad este miércoles 12 de agosto, con otras 27 personas, por lo que un total de 89 trabajadores recibió las dosis correspondientes durante ambas jornadas.

La medida forma parte de una estrategia preventiva orientada a reducir los riesgos a los que puede estar expuesto el personal durante una intervención. Las tareas que se realizan ante una creciente pueden implicar contacto con agua, barro, residuos, superficies contaminadas y otros factores ambientales, por lo que resulta necesario adoptar previamente medidas de protección.

De esta manera, la Municipalidad busca preparar al personal antes de que se produzca una contingencia, priorizando su salud y seguridad para que pueda desarrollar las tareas de asistencia y respuesta en condiciones adecuadas

Según reveló el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) sobre el primer semestre de 2026, las cárceles federales cerraron junio con 12.319 personas privadas de su libertad. Este número representa un incremento del 1,3% respecto al cierre del año anterior y empuja la sobrepoblación general a un preocupante 6,8%, lo que se traduce en 785 internos por encima de la capacidad de alojamiento oficialmente permitida.

La mayor parte de estos nuevos ingresos fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, penal que sumó 115 personas a sus pabellones en los últimos seis meses. En lo que respecta a la situación procesal, la tendencia muestra que seis de cada diez personas tras las rejas cuentan con una condena firme, es decir el 64,4% del total, mientras que el 35,6% restante permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es el comportamiento demográfico dentro de las unidades. El colectivo de mujeres y personas travesti-trans experimentó la suba más pronunciada del semestre, con un alza del 7,4% en el cupo femenino. La mayoría de estas personas se encuentran alojadas en el complejo de Ezeiza, donde actualmente se registran once mujeres embarazadas y dieciocho madres que conviven con sus hijos pequeños.

Finalmente, el reporte detalló que la población de jóvenes de entre 18 y 21 años registró un incremento del 7,2% en el semestre, con una alta tasa de procesados sin condena. Por su parte, los ciudadanos extranjeros bajo custodia en los penales del país representan el 15,9% del total de las personas alojadas en el sistema federal.

La prisión preventiva para el operario que chocó siete vehículos fue dispuesta este viernes por la Justicia, luego del violento episodio que conmocionó a la ciudad cuando el hombre, al mando de una cargadora frontal y en estado de ebriedad, embistió varios automóviles, hirió a tres personas y provocó importantes daños materiales

El juez de Garantías Mauricio Guerrero ordenó que permanezca detenido durante 25 días mientras avanza la investigación.

La fiscalía había solicitado una prisión preventiva de 45 días, aunque el magistrado resolvió reducir ese plazo. No obstante, dispuso que el imputado sea sometido a una evaluación psicológica y psiquiátrica en el Hospital Felipe Heras para determinar cuál era su estado mental al momento de los hechos.

El acusado, de 47 años, quedó imputado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales Natalia Conti y Macarena Mondragón.

El juez resolvió que el imputado cumpla la prisión preventiva en un establecimiento adecuado, que sería la Alcaidía de Concordia si hubiera disponibilidad de plazas o, en su defecto, la Unidad Penal Nº 3.

La resolución judicial también incorporó una medida considerada clave para la causa: la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas destinadas a establecer si el acusado presentaba alguna alteración al momento de protagonizar el ataque con la maquinaria pesada, publicó El Sol.

El caso generó un fuerte impacto debido a la magnitud de los daños ocasionados. La cargadora frontal chocó siete vehículos durante su recorrido, dejó tres personas con heridas de distinta consideración y obligó a un amplio despliegue policial para controlar la situación.

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor valoró que el juez no hiciera lugar al pedido completo formulado por la fiscalía. "Es positivo y humano que se haya reducido a más de la mitad la prisión preventiva", expresó.

El letrado adelantó que analiza presentar un recurso de apelación. "La regla es la libertad. No estamos ante una persona peligrosa, ni con riesgo de fuga, ni con capacidad de entorpecer la investigación", sostuvo.

Además, vinculó el episodio con las condiciones laborales que atravesaba su defendido. "Hablamos de un trabajador explotado: jornadas de más de 12 horas manejando maquinaria pesada, una hora para ir y otra para volver con la máquina, períodos sin registración y sin ART. Ese combo puede llevar a un brote como el que ocurrió", argumentó. También anticipó que buscará atribuir responsabilidades al empleador por las condiciones laborales en las que se desempeñaba el imputado.

La sentencia fue dictada el pasado 30 de abril de 2026 por el vocal Fernando Martínez Uncal, en el marco de un juicio oral y público. El imputado fue hallado culpable de los delitos de violación de domicilio, lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, amenazas coactivas, daño simple y desobediencia de una orden judicial, todos en concurso real.

Según se acreditó durante el debate, el hecho que derivó en esta condena ocurrió el 29 de agosto de 2025, cuando el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima. Una vez en el lugar comenzó a recriminarle cuestiones vinculadas a celos y posteriormente la agredió físicamente mediante golpes de puño en la cabeza.

La mujer tomó a su hijo menor y salió de la vivienda con la intención de llamar a la Policía, momento en que el agresor la amenazó de muerte si realizaba la denuncia. Durante el forcejeo le dañó el teléfono celular y le provocó lesiones. Además, incumplió una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a la víctima, medida que había sido dispuesta por el Juzgado de Familia y de la cual tenía pleno conocimiento.

Tras conocerse el episodio, la Fiscalía solicitó su detención y posterior prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Aunque la medida fue apelada por la Defensa Oficial, se mantuvo hasta la sentencia, siendo reemplazada en los últimos meses por un sistema de monitoreo mediante tobillera electrónica.

Antecedentes de violencia

La causa también expuso antecedentes de violencia ejercida por el condenado contra la misma mujer. En septiembre de 2024 había sido denunciado por una agresión física en la que utilizó una botella, provocándole cortes y hematomas en una oreja y una mano. En ese episodio también desobedeció una restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima.

Posteriormente, en mayo de 2025, se registró otro hecho cuando el hombre se apoderó del teléfono celular de la mujer para impedir que solicitara ayuda policial. Ante esa situación, la víctima comenzó a pedir auxilio a los gritos desde una ventana que da a la vía pública. Seguidamente recibió un golpe de puño en la cabeza que le provocó la pérdida del conocimiento y su caída al suelo.

Por esos hechos, el acusado había recibido una condena de ejecución condicional en un juicio abreviado celebrado el 3 de julio de 2025 ante el juez Arturo Dumón. Entre las reglas de conducta impuestas se encontraba la prohibición de cualquier acto de hostigamiento, intimidación o contacto con la víctima, así como una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de su domicilio. También se le había ordenado iniciar tratamiento psicológico.

Revocación de la condena condicional

Tras la comisión del nuevo hecho ocurrido en agosto de 2025, la Fiscal de Género Carolina Costa solicitó la revocación de aquella condena condicional. Inicialmente el planteo fue rechazado, por lo que el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación ante los tribunales de Concordia.

Finalmente, la Cámara hizo lugar al planteo fiscal y ordenó una nueva audiencia para revisar la situación. Debido a que el juez Dumón ya había intervenido previamente en el expediente, la Fiscalía solicitó la participación de un magistrado de otra jurisdicción para garantizar la imparcialidad del proceso.

Como resultado de ese trámite judicial y del juicio oral posterior, se resolvió imponer al acusado una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.

El sábado por la tarde, alrededor de las 19:25 horas, personal de la Comisaría Sexta llevó adelante un Operativo de Despeje de Barrios en distintos pasillos de la jurisdicción, acompañado por efectivos motorizados del sector. Durante las recorridas preventivas, los uniformados procedieron a la identificación de un ciudadano de 27 años de edad, quien se encontraba transitando la zona.

En el procedimiento, los efectivos constataron que el individuo poseía entre sus prendas una tablet, elemento sobre el cual no pudo aportar explicación fehaciente respecto de su propiedad y procedencia. Ante esta situación, se dispuso la aprehensión del sujeto y el secuestro del dispositivo electrónico, quedando ambos a disposición de las actuaciones correspondientes para establecer su legítima propiedad.

El dispositivo secuestrado será sometido a pericias para determinar su procedencia y establecer si se encuentra vinculado a algún hecho delictivo. Mientras tanto, el ciudadano aprehendido quedó a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal en las próximas horas.

La acción preventiva refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad con la comunidad, brindando respuestas rápidas y efectivas ante situaciones sospechosas. El operativo también busca transmitir tranquilidad a los vecinos, quienes valoran la presencia policial en los barrios como una herramienta clave para la prevención del delito.

Durante los últimos días, Salto Grande avanzó con la instalación de sirenas en puntos estratégicos: las torres de cruce, el camping La Tortuga Alegre de Concordia y el Parque José Luis en Salto. Estas tareas forman parte de la puesta en marcha del Sistema de Aviso Sonoro (SAS), un equipamiento de origen alemán que se suma al protocolo de comunicación existente para reforzar la seguridad de las poblaciones cercanas a la represa.

El alcance del sistema será de aproximadamente cinco kilómetros aguas abajo de la represa, y su objetivo es alertar de forma inmediata ante una situación de emergencia extrema, de bajísima probabilidad de ocurrencia.

“La instalación del SAS es un hito importante en la implementación de nuestro Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), y se inscribe en las buenas prácticas internacionales en materia de seguridad de grandes infraestructuras”, explicó Guillermo Collazos, Jefe de Área Hidrología.

Collazos agregó: “Salto Grande sigue incorporando capacidades para la gestión del riesgo hídrico, y trabajando en clave preventiva para la seguridad de las poblaciones aguas abajo.”

La prueba consistirá en la activación de las sirenas, que en esta oportunidad emitirán un sonido acompañado de un mensaje grabado indicando que se trata de una prueba. La duración será de aproximadamente cinco minutos.

El SAS constituye un elemento adicional y redundante de comunicación, pensado para situaciones extremas. Aunque su uso real es altamente improbable, su instalación refuerza la confianza de las comunidades cercanas en la capacidad de respuesta de la represa.

La iniciativa se inscribe en una política de prevención y gestión de riesgos que busca garantizar la seguridad hídrica y proteger la vida de quienes habitan aguas abajo. La prueba del 23 de abril será un paso clave para verificar que el sistema funciona correctamente y que la población está preparada para reconocer la señal en caso de necesidad.

Fuente: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

“El nene habló vivo y no lo escucharon; ahora tiene que hablar muerto”, dijo Lorena Andrade, madre de crianza de Ángel, durante el velatorio. Y su cuerpo está hablando, con cada lesión, con cada marca. Un dolor que no se veía pero que ahí estaba y nadie frenó.

Ángel tenía 22 golpes internos en la cabeza que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del menor".

Para los investigadores, el caso encaja en un “síndrome del niño maltratado”, cuando un chico sufre agresiones repetidas en el tiempo. Su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro Maicol González fueron imputados por homicidio. Este martes, el juez ordenó la prisión preventiva de los dos por seis meses.

El informe de la autopsia tiene varias hojas y en cada una se reconstruye lo que sufrió Ángel en sus últimos días. El nene vivía en lo de su madre después de que el juez Pablo José Pérez, coordinador del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, decidiera darle la tenencia. La decisión se tomó, a pesar de que abandonó a Ángel cuando tenía un año, tenía denuncias por violencia y hace dos años ya le habían quitado otro hijo por maltratos. Antes, el chico vivía con su papá, Luis López, y su pareja Mariela Andrade.

En primer lugar, Ángel llegó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en ambulancia, tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio en la casa donde vivía junto a su madre biológica, su padrastro y una beba de seis meses.

Según indicó el personal, "hubo un antecedente de traumatismo previo". El menor ingresó en estado crítico: inconsciente, pálido, sin responder a estímulos. Los médicos lograron reanimarlo, pero su cuadro era muy grave. Fue intubado y quedó en coma. Finalmente, murió el 6 de abril a las 23.40.

Ángel pesaba 19,700 kg y medía 109 cm. Según el informe, tenía "un estado de nutrición bueno" y no tenía tumores ni fracturas en los huesos del cráneo. La forense detalló que al analizar "el cuero cabelludo evidenció múltiples áreas de infiltración hemática (sangrados internos)".

Matías Baldoncini, neurocirujano de la Universidad de Buenos Aires, explicó que estas lesiones hemorrágicas que tenía Ángel en su cuero cabelludo son contusiones que aparecen habitualmente en la piel, también llamados “chichones”. El especialista explicó que estas contusiones se generan por la ruptura de los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, lo que provoca la acumulación de sangre en la zona golpeada.

"Se producen por golpes contusos, es decir, por impactos con objetos o estructuras redondeadas y no cortantes. Pueden originarse, por ejemplo, por un golpe con un palo, un puñetazo, un cabezazo o cualquier otro traumatismo de este tipo", agregó el médico.

Lesión por lesión

“Lo que se desprende de la autopsia es que las lesiones que presentaba Ángel López fueron llevadas adelante de forma voluntaria, no accidentales”, aseguró Facundo Oribones, el fiscal de la causa, durante la audiencia de control de detención.

Según el informe preliminar de la autopsia difundida por Clarín, Ángel Nicolás López tenía lesiones distribuidas por toda la cabeza:

- En la frente se observaron 12 hematomas de forma redondeadas u ovaladas que miden entre 1 y 1,5 cm.

- En la zona parietal (parte superior y lateral del cráneo), se encontraron 6 de estas lesiones, también de forma redondeadas u ovaladas que miden entre 1 y 1,5 cm. Mientras, que en la región temporal (al costado, a la altura del oído) se halló una contusión de 2,2 cm de diámetro de forma ovalada y de coloración roja oscura.

- En la región occipital (nuca) se observó un hematoma de 1 cm de diámetro de forma alargada y de coloración rosa oscura.

- Entre el cuero cabelludo y el hueso del cráneo se encontraron 7 sangrados de mayores dimensiones. Cada una medía de 3 a 4 centímetros de diámetro y abarcan un área de 6x8 centímetros.

Una testigo clave contó que obligaban al nene a usar una máscara de Spiderman para esconder los golpes. Y que después de su muerte, la pareja quemó la ropa del niño porque "estaría manchada de sangre".

Según dijo Oribone, estas lesiones tendrían entre siete y diez días y son internas debido la violencia de los golpes. La conclusión final de la autopsia estableció que Ángel sufrió muerte cerebral vinculable a una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

Según explicó el fiscal, esas heridas provocaron derrames y una acumulación de sangre en la parte de atrás de la cabeza, lo que derivó en un edema cerebral que terminó causando el paro cardiorrespiratorio y la posterior muerte de Ángel Nicolás López.

Sin embargo, todavía faltan estudios complementarios e histopatológicos para determinar con mayor precisión el tipo y la cantidad de lesiones que tenía Ángel en su cuerpo.

¿Quién golpeaba a Ángel?

Para la fiscalía, Maicol González fue el responsable de los golpes al nene de cuatro años, mientras que Altamirano sabía del maltrato y no hizo nada para protegerlo. La acusación se apoya en el testimonio de varios testigos que lo describen como una persona violenta, con antecedentes de agresión a niños chiquitos. Y que además practicaba karate en el gimnasio municipal de Comodoro Rivadavia.

El primer testimonio fue el de la señora Arévalo que vio a la pareja cuando subían a la casa. González llevaba a la beba en brazos y Altamirano lo perseguía, mientras le gritaba a los vecinos que lo detuvieran porque le había pegado a su hijo.

También declararon ante la fiscalía ex parejas de Maicol González. Cecilia Torres Velázquez, madre de una de sus hijas, contó que la relación no terminó por violencia hacia ella, sino porque González agredía físicamente a la nena.

Por su parte, Rocío Villegas, con quien también tiene un hijo, aseguró que sufrió violencia de género durante el embarazo y que el niño también era maltratado por su padre.

El fiscal mencionó también la declaración de Roberto Maidana, ex cuñado de Altamirano, quien afirmó que la mamá biológica le pegaba a Ángel y lo castigaba con duchas de agua fría o lo dejaba encerrado para salir de noche.

Por último, la maestra del Ángel señaló que el nene se quejaba de que se bañaba con agua fría en la casa y que quería agua calentita. La docente intentó hablar con Altamirano, pero la mujer le dijo que el nene se bañaba solo. Tenía tan solo cuatro años.

Por su parte, el hombre optó por hablar en la audiencia de control de detención que se realizó este martes en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y aseguró que en el ámbito familiar a Ángel “se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene, pero esa barbaridad que dicen de golpes y maltrato y agua fría no".

Desde que Ángel llegó a esa casa, en noviembre del año pasado, su vida fue un calvario. Su papá Luis López y Lorena Andrade se cansaron de ir a los juzgados de familia y reclamar para que se lo devuelvan. Como dice la remera que llevan a todos lados para pedir justicia: "Si te hubieran escuchado, estarías con vida".

El jueves Emilia Pucheta (24) recibió una llamada de su amiga. Le avisó que había encontrado a su hermanito de cinco años gritando en la calle, completamente alterado. Sin entender bien qué ocurría, Emilia se acercó para hablar con el nene.

“Mi amor, ¿qué pasó?”, le preguntó Emilia. El nene le dijo algo que jamás pensó escuchar: “Mi mamá y mi papá estaban peleando. Yo entré a la habitación de Luana y la vi muerta. Mamá estaba muy preocupada porque no sabía cómo decirlo, dijo que la iban a llevar presa por asesinato”.

Con esas palabras Emilia supo que Luana Cabral, su hermanita de quince años que sufría de parálisis cerebral desde los cuatro meses, había muerto. Después se enteraría del horror que su familia vivía puertas adentro: la nena llevaba un mes muerta en su cama. Ahora los padres están detenidos con prisión preventiva.

En el barrio 58 Viviendas de Federación, Entre Ríos, nadie podía imaginar lo que estaba pasando en la casa ubicada en el cruce de Las Rosas y Tita Bonutti.

Algunos vecinos que hablan con Clarín señalan que en el último mes Noelia Moretti (40), la mamá de Luana, salía y tenía una vida “normal” para el afuera. Se sentaba en el patio a tomar mate con su termo y sus cosas, como siempre. Raúl Cabral (42), el papá de Luana, trabajaba como siempre en un comedor.

Nadie podía advertir algo extraño en sus comportamientos.

“Mamá me prohibía entrar al cuarto de Luana”

En conversación con Clarín, Emilia habla de ese momento en que se enteró por palabras de su hermano que adentro de la casa convivían con el cadáver de Luana.

“Cuando me dijo lo que vio le pregunté ‘¿vos no sabías mi amor?, ¿no entrabas a la pieza?’ Él me respondió: ‘no, mi mamá me prohibió entrar porque Luana tenía algo contagioso‘. Después me dijo que desde hacía tiempo que su mamá no le daba de comer a su hermana, que solo le daba de comer a él”, recuerda Emilia.

Ese jueves a la tarde, ella se llevó a su hermano de cinco años a la casa en la que vive con su pareja y sus dos hijos. Luego volvió al barrio en busca de su mamá. Cuando llegó, la Policía ya estaba en la casa. Le dieron un minuto para hablar con Noelia.

“Solo dijo: ‘se me murió la Luana hace una semana y no dije nada porque fue mi culpa’. Esas fueron sus palabras. Me sacaron para afuera y no supe más nada”, cuenta Emilia. Lo que no le dijo su mamá era que la nena llevaba mucho más tiempo muerta.

Los vecinos del barrio veían una buena familia, con padres que luchaban para mejorar la vida de la pequeña Luana, quien tras una meningitis sufrió una parálisis cerebral. Hasta se habían hecho colectas solidarias para que a la nena la pudieran tratar médicos de afuera con el fin de mejorar su salud.

Pero lo que vivió Emilia fue muy diferente.

Un historial de violencia intrafamiliar

A los quince años comenta que se fue de su casa tras haber sufrido violencia por parte de su padrastro, Raúl Cabral. Volvió a los 18 con su novio y su primer hijo, y estuvo dos años más hasta que otro acto de violencia, ahora contra su hijo, la llevó a tomar la decisión de denunciar a Cabral. Esa vez Noelia, su mamá, hizo lo mismo.

A Raúl le pusieron una restricción de acercamiento hace cuatro años. Emilia cuenta que, posteriormente, empezaron los problemas con su mamá. Esto la llevó a dejar la casa definitivamente hace dos años para irse a alquilar con su propia familia.

Desde ahí cambió mucho su vínculo con Luana, a quien pasó a ver menos, aunque en contra de su voluntad.

“Ella (Noelia) siempre fue muy cuidadosa con Luana. Pero en los últimos seis meses cayó en una adicción al juego y yo me tuve que hacer cargo de muchas cosas. Ella tuvo tres intentos de suicidio. Las primeras dos veces la llevé por mi cuenta al hospital, y la tercera tuvimos que llamar a la ambulancia porque estaba inconsciente. Esa última vez fue en 2025, a fines de noviembre”, cuenta.

Fue entonces que Emilia atendió a su hermana Luana una semana mientras su mamá se mantenía internada. Ahí notó que la nena estaba muy mal.

“Di aviso a su kinesióloga de que Luana estaba en estado de desnutrición. Cuando le voy a dar su medicamento, el frasco de la medicación contenía agua, lo que quería decir que no estaba tomando la medicación. Me dijeron que iban a ayudar, que iban a tomar medidas”, rememora.

Y agrega: “Le dieron el alta a mi mamá sin ningún diagnóstico, dijeron que eran ataques de pánico. Pero no tuvo seguimiento, la mandaron a la casa. Fue a la psiquiatra como dos veces, y por lo que tengo entendido no fue más. Mamá me dijo que estaba bien, empezó a trabajar y se la veía mejor”.

Emilia comenta que intentaba seguir de cerca los pasos de su madre, pero la vuelta de Raúl Cabral alteró esa dinámica que había comenzado a mejorar.

“En esos cuatro años Raúl no estuvo en Federación, no pasaba plata y no tenía contacto. Volvió hace tres meses. El primer mes fue todo normal, él seguía sin comunicarse. Al tiempo me enteré que mi mamá había vuelto con él. Hace aproximadamente tres semanas o un mes este señor volvió a la vivienda de mi mamá y ahí fue cuando yo dejé de ir tanto porque sufrí mucha violencia de parte de él. No estaba de acuerdo con que mi mamá volviera a estar con alguien así”, explica.

En el último mes Emilia afirma que trató de acercarse a Luana, pero siempre recibía alguna justificación de su mamá: “Luana sufría muchos ataques de nervios si los nenes chiquitos se le acercaban. Entonces yo iba con mis hijos y mi mamá nos decía ‘recién se calmó Luana, recién se durmió, vayan para afuera’ y nos atendía afuera”.

La joven destaca que, en realidad, esas actitudes en su madre no eran tan llamativas, ya que en la familia se respetaba mucho todo lo que tuviera que ver con Luana. Sus visitas siempre estaban programadas para tratar de generarle el menor estrés posible.

“Yo pasaba por la cuadra porque mis amigas viven cerca. También seguía en comunicación con mi hermano pequeño. Le preguntaba si estaba todo bien con su papá ahora que vivía con él y me decía que estaba todo bien, que lo retaba pero no le pegaba”, añade.

Ahora, Emilia ata algunos cabos sobre lo que se vivía puertas adentro. En una de sus últimas visitas al barrio vio a su mamá limpiando la casa a puertas abiertas.

“¿Qué olor sentís?”

“Estos últimos días estaba fumigando. Me comentó que tenía muchas cucarachas. Me dijo ‘¿qué olor sentís?’, yo le dije que no sentía ni olor limpio, ni olor sucio, se sentía un olor raro pero por el olor de los productos para los bichos. Después me pidió que me fuera porque tiraba productos venenosos y yo andaba con mi bebé. Era entendible. Se la veía muy seguido limpiando con productos, y yo pensaba que estaba mejorando después de lo que había pasado”, expresa.

Raúl no vivía de forma permanente en la casa donde apareció muerta Luana. Pero fue él quien, supuestamente al descubrir el estado de su hija, se acercó a la comisaría 3° a avisar a la policía.

Los agentes que fueron al lugar encontraron el cuerpo de Luana tapado con una manta y la habitación repleta de cucarachas y moscas.

Según le confirmaron fuentes de la investigación a Clarín los restos óseos de Luana “no presentaban lesiones”. También indicaron que la data de la muerte es de aproximadamente un mes. Los restos se remitieron al cuerpo medico de Paraná para un análisis mas exhaustivo.

La causa, a cargo de la fiscal Josefina Penón, se caratula como “abandono de persona seguido de muerte”, y puede contemplar prisión efectiva. Raúl Cabral y Noelia Moretti, padres de Luana, están detenidos con prisión preventiva. El domingo, el juez decidió prorrogar esa medida por 30 días.

No obstante, Moretti cumple con la detención en un hospital donde está internada por su cuadro de salud y no le pudieron tomar declaración. En tanto, Cabral declaró el domingo a la noche y solo dijo que vivía en la casa hace 15 días.

“Yo cometí un error por quedarme tranquila en que la estaban ayudando con medicamentos. Me dijeron que le habían hecho una visita a Luana, que estaba todo bien. Tengo muchas cosas por hacer todavía en referencia al cuidado de mi hermano”, concluye.

El nene de cinco años, segundo hijo de Raúl y Noelia, permanece a cuidado de Emilia, que ya declaró ante fiscalía. Todavía espera que le den el cuerpo de Luana para poder hacerle el sepelio, para el que tuvo que hacer una colecta de fondos. Ella remarca que buscará justicia por su hermana.

El viernes 13 de febrero pasado se conoció el caso de un hombre de nacionalidad paraguaya que se dirigía hacia el norte del país, que había intentado escapar a bordo de una camioneta Toyota Hilux, del Puesto de Control Vial Brazo Largo, situado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12.

Cuando los efectivos quisieron pararlo para requerirle la documentación, el conductor realizó una maniobra evasiva y escapó, pero se originó una persecución a lo largo de 25 kilómetros hasta que se logró interceptarlo. Cuando le requirieron la documentación, presentó una cédula de origen paraguayo, en la cual no figuraba como titular del vehículo y rápidamente se descubrió que la chapa patente colocada, dominio paraguayo, era apócrifa. Se estableció que la camioneta tenía denuncia de robo en la provincia de Buenos Aires.

Los números de chasis y motor estaban asociados a una camioneta del mismo tipo, modelo y color, que había sido robada el pasado 28 de enero. Rápidamente se estableció que se trataba de una maniobra de encubrimiento y el fiscal Gastón Popelka ordenó la detención del hombre de 38 años por el delito de “desobediencia a la autoridad, encubrimiento doblemente agravado por ánimo de lucro y por habitualidad, y sustitución de numeración de objeto registrable”, todo ello en concurso real, lo cual tiene una expectativa máxima de 4 años de cárcel.

El detenido llevaba 211.300 pesos argentinos, 62 mil guaraníes, teléfonos celulares y llamó la atención la gran cantidad de chips de telefonía móvil que transportaba, además de un arrancador portátil para vehículos.

Se le tomó declaración de imputado y 48 horas después se resolvió su situación procesal ante el juez de Garantías de Gualeguaychú, Ignacio Telenta. Popelka requirió la preventiva y el magistrado dispuso su alojamiento por 40 días en la Unidad Penal 9, pero esa medida fue apelada y luego ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Tobías Podestá.

En caso de ser condenado, este hombre enfrentaría una pena de prisión efectiva, dado sus antecedentes. En 2018 ya había sido penado a 4 años de cárcel que cumplió en la Unidad Penal 17 Candelaria del Servicio Penitenciario Federal por un caso de transporte de estupefacientes. Luego, al recibir la libertad en 2022, fue nuevamente llevado ante la Justicia por el delito de portación ilegal de arma de guerra, por lo que fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión.

El encuentro entre Huracán y Belgrano de Córdoba, previsto para esta tarde a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se jugará sin público. La decisión fue tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comunicada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tras el derrumbe ocurrido en un complejo habitacional de Parque Patricios, a pocos metros de la cancha.

El episodio se produjo durante la madrugada del martes en la calle Mafalda al 900, cuando colapsó el patio interno del complejo sobre las cocheras del subsuelo. Aunque no se registraron heridos ni personas atrapadas, alrededor de 200 vecinos fueron evacuados de manera preventiva. En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER), efectivos de la Comisaría Vecinal 4D y la división K9 especializada en estructuras colapsadas.

La LPF informó que el partido se jugará sin público “por cuestiones organizativas de los trabajos que se están realizando en la zona”, en línea con las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades porteñas.

En lo futbolístico, Huracán llega al duelo tras caer 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y acumula dos fechas sin victorias. Su última alegría fue el 14 de febrero, cuando venció 1-0 a Sarmiento con gol de Juan Bisanz. Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, se mantiene invicto y con la posibilidad de quedar como único líder de la Zona B del Apertura. El Pirata viene de un triunfo 3-1 sobre Atlético Tucumán y de un empate frente a Defensa y Justicia como visitante.

La decisión de jugar sin público modifica el clima habitual del Ducó, pero busca garantizar la seguridad de los vecinos y de todos los protagonistas del espectáculo deportivo. Fuente: InfoBae

La Oficina del Presidente informó que Javier Milei ordenó elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional. La decisión busca reforzar de manera preventiva la protección de infraestructura crítica, representaciones diplomáticas extranjeras y la comunidad judía, entre otros espacios estratégicos. El anuncio se dio en un contexto internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, que generó preocupación en distintos países.

El nivel ALTO implica un despliegue especial de fuerzas de seguridad y protocolos de control. Entre las medidas se destacan:

La decisión se tomó tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior contraofensiva iraní. El escenario de tensión global llevó a varios países a reforzar sus sistemas de seguridad, y Argentina se sumó con esta disposición preventiva. El Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, no se especificó un plazo de finalización para el nivel de seguridad ALTO. Se trata de una disposición preventiva que permanecerá activa mientras continúe la tensión internacional y se mantenga el riesgo de eventuales amenazas en territorio argentino. Fuentes: Gobierno de Argentina y Crónica

Mientras uno de los casos se vincula a una investigación por lesiones, el otro expone la importancia de respetar las medidas de restricción dictadas por la Justicia en situaciones de conflicto familiar.

A las 22:35 horas del viernes, personal de la comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en las calles Tala y Borques, en el barrio Munilla de Gualeguaychú. La medida se realizó en el marco de un legajo judicial por el delito de “Lesiones” y tuvo como objetivo la detención de un joven de 23 años, residente en el lugar.

El procedimiento fue supervisado por el Subjefe Departamental y contó con la colaboración del Jefe de la Dirección de Operaciones y Seguridad Preventiva (D.O.S.P.), personal de la Comisaría de Minoridad, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente y de la Magistratura, quedando alojado mientras se avanza en la causa.

En la madrugada del sábado, alrededor de las 01:30 horas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en la intersección de San Juan y Mosto tras un llamado telefónico. Una mujer de 23 años informó que, a través de las cámaras de seguridad, había detectado la presencia de un familiar sobre quien pesaba una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos localizaron a un hombre de 50 años que coincidía con las características aportadas. La Fiscalía de Género dispuso su inmediata aprehensión por el delito de Desobediencia Judicial, quedando a disposición de la Justicia.

Mientras el fiscal Jorge Gutiérrez aún aguarda por la realización de una serie de pericias para finalizar la Investigación Penal Preparatoria y poder realizar la audiencia de elevación a juicio, el juez de Garantías, Ignacio Telenta, decidió extender el periodo del policía acusado en la Unidad Penal de Gualeguaychú hasta el 4 de abril de 2026.

A Gutiérrez le falta realizar dos pericias relacionadas a la madre y a la víctima, además de otra pericia caligráfica en una carta que sirve como prueba en la causa y otra médica. Por este motivo, el magistrado interviniente consideró que si se le concedía la libertad al acusado podría entorpecer la realización de estas pruebas, y decidió no hacer caso al pedido del defensor de otorgar un arresto domiciliario.

El imputado es un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la Unidad Penal 9 para continuar en ese lugar su detención mientras se prosigue con la Investigación Penal Preparatoria que lleva adelante el fiscal Gutiérrez.

En la primera audiencia en el Juzgado de Garantías para resolver su situación procesal, Gutiérrez había requerido una prisión preventiva por un plazo de 30 días para realizar las pericias correspondientes al hecho. Enumeró cada una de las medidas que le restaban realizar y por tratarse de un miembro de la fuerza policial, y ser ello un agravante en el caso, pidió un cumplimiento efectivo carcelario para que la investigación no se viera comprometida con una posible libertad del acusado.

El juez de Garantías, Ignacio Telenta, escuchó esas peticiones del Fiscal y dispuso la medida por ese monto requerido de tiempo, con la posibilidad de prorrogarse. Ello finalmente sucedió en la mañana del 6 de noviembre, cuando se amplió la medida por otros 60 días mientras se seguía con la producción de pruebas. Ahora, antes de finalizar el 2025, y teniendo en cuenta que se iniciaba la feria de verano, se le prorrogó nuevamente la estadía en la cárcel.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.

La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

Se trata de Luis Alberto Monges Ramendis, que el 16 de febrero de este año alrededor de las 10:55 ingresó a un kiosco ubicado en la esquina de 12 de Abril y Primera Junta de la ciudad de Colón, y hurtó un fajo de 50 mil pesos en billetes de 100 que escondió entre sus prendas, para luego retirarse del lugar.

Media hora más tarde regresó al local, esta vez portando un cuchillo tipo serrucho con el que amenazó a la joven que atendía el local, exigiéndole la entrega de más dinero. Él mismo tomó lo que había en la caja registradora, que rondaba los 430 mil pesos y luego escapó corriendo.

Mediante el análisis de las cámaras de seguridad y demás tareas investigativas se pudo establecer la identidad del individuo, respecto del cual la Fiscalía a cargo de Alejandro Perroud solicitó la captura internacional. El 12 de marzo, personal de Interpol lo localizó en Paysandú, desde donde fue extraditado a Colón, y desde entonces permaneció con prisión preventiva.

Esta semana se desarrolló un juicio abreviado para cerrar el caso y en esa audiencia se le impuso una pena de prisión de cinco años a cumplir de forma efectiva, que Monges Ramendis aceptó cumplir y resignar a cualquier tipo de apelación. El Entre Ríos

El jueves llegó a su veredicto el jurado que actuó en el juicio que se realizó durante toda la semana en el Colegio de la Abogacía para determinar la culpabilidad del joven de 25 años que el año pasado no dudó en asesinar a una mujer en el barrio Nebel de Concordia, para tapar la muerte y tratar de desviar la investigación.

Medina fue llevado a debate por los delitos de "Homicidio criminis causa", que prevé una pena de prisión perpetua, y "Robo por escalamiento". El jurado fue unánime y el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, dispuso que cumpla prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hasta que la sentencia quede firme.

Ahora se debe aguardar por la audiencia de cesura, en la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado. Esta, se realizará el martes próximo, a las 9, en la Sala de Audiencias Nº 4 de los Tribunales de Concordia.

Medina afronta la pena más dura del Código Penal argentino porque quedó probado que ese 7 de mayo del 2024 asesinó de al menos 8 puñaladas a Norma alegre cuando lo sorprendió dentro de su vivienda en la esquina de Misiones y Liniers.

Eran las 7.30 de la mañana cuando sucedió el crimen y luego de asesinarla, Medina prendió fuego la vivienda en un intento de borrar evidencias, sin advertir que en el interior también se encontraba el padre de la víctima, un hombre de 97 años, que pese a todo logró sobrevivir tras ser rescatado por los bomberos.

La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un aljibe de Gobernador Mansilla el pasado 7 de octubre, dio un paso significativo en las últimas horas. La Jefatura Departamental Tala de Policía concluyó los trabajos de campo, tras llevar a cabo diversos rastrillajes, allanamientos y secuestros de evidencias clave para el caso.

La pesquisa está bajo la dirección de la fiscal Emilce Reynoso, quien aún tiene a Gustavo Brondino, alias ‘Pino’, de 55 años, como principal sospechoso.

Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, había sido reportada como desaparecida el sábado 4 de octubre y, posteriormente, se la encontró sin vida en un aljibe de la zona rural de Gobernador Mansilla. Primero se dijo que posiblemente había recibido un disparo de arma de fuego, pero la autopsia reveló que le clavaron un “elemento corto punzante” en la cabeza.

Las primeras hipótesis apuntaron rápidamente a un crimen vinculado a la violencia de género, y la investigación comenzó a tomar forma en los días siguientes.

El único detenido es Gustavo Brondino, quien se encuentra bajo arresto preventivo por los delitos de resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego. El domingo 5, durante un allanamiento en su vivienda, se opuso al ingreso de la Policía amenazándolos con un arma. En ese episodio también intentó quitarse la vida. Afortunadamente, la bala no salió y pudo ser detenido.

El 8 de octubre, en una audiencia celebrada en la ciudad de Tala, Brondino optó por abstenerse de declarar ante la fiscal. En esa misma audiencia, se resolvió que el acusado cumplirá 90 días de prisión preventiva, en virtud de los riesgos procesales que existen en la causa.

El Jefe de la Departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, informó que los trabajos de campo ya se encuentran finalizados. “Todas las actividades solicitadas por la fiscal se realizaron la semana pasada. Hemos levantado varios indicios y secuestrado elementos para la investigación”, afirmó Silva. Entre los objetos secuestrados, se incluyen armas de fuego, cuchillos y otros elementos, todos ellos en proceso de peritaje.

“Se han hecho rastrillajes, allanamientos y otras acciones que son parte de la investigación solicitada por la fiscal. Todo lo que teníamos que hacer ya está hecho. Ahora seguimos atentos a lo que la fiscal requiera”, añadió el jefe policial, resaltando la cooperación entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, publicó Elonce.

Sin embargo, uno de los puntos más delicados de la causa sigue siendo la localización del celular de Daiana, cuyo paradero continúa siendo un misterio. Este dispositivo podría arrojar más pruebas que resulten fundamentales para esclarecer los detalles de la muerte de la joven.

La causa por el femicidio de Mendieta continúa su curso, y la fiscal Reynoso se prepara para avanzar con la imputación más grave contra Brondino. Se esperan nuevos procedimientos y análisis que puedan contribuir a esclarecer la relación entre el detenido y la víctima, así como el móvil detrás de este trágico hecho.

Bajo un estricto y amplio sistema de seguridad policial, Pablo Rodríguez Laurta fue traído a Gualeguaychú, y al mediodía de este viernes quedó alojado en la Jefatura Departamental de Policía a la espera del pronto traslado a la provincia de Córdoba.

“Lo hice para recatar a mi hijo” fue lo único que llegó a decir al descender del móvil que lo trasladó desde la Comisaría del Menor y la Familia de Concordia. El triple homicida volvió a repetir lo que ya había dicho cuando los medios concordienses le consultaron en uno de sus últimos traslados.

La comitiva policial partió a las 10 de Concordia y poco más de dos horas después llegó a Gualeguaychú. Uno de los interrogantes es el tiempo que permanecerá en el sur entrerriano, porque EL ARGENTINO confirmó que ya está presente en la ciudad una comitiva policial cordobesa que lo trasladará a “La Docta” y se espera por otro refuerzo policial que acompañará a esa comisión, posiblemente para la cadena de custodia de los elementos que fueron secuestrados en la habitación 209 del Hotel Berlín, vinculado a los hechos de femicidio. Una vez que llegue el oficio para su traslado, abandonará rápidamente Gualeguaychú.

El otro interrogante pasa por el lugar donde cumplirá con los 120 días que la Justicia de Concordia le impuso el jueves. Primero fue imputado por el homicidio criminis causa del remisero Martín Palacio, una figura penal que prevé una pena de prisión perpetua, y tras ello la jueza de Garantías, Gabriela Seró, hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie y estableció cuatro meses de prisión preventiva.

En esa misma resolución, se había indicado que, por pedido de la defensa, Rodríguez Laurta quedaría alojado en “Unidades Penales cercanas a la jurisdicción Concordia y/o Costa del Uruguay”. Su traslado a Gualeguaychú en el marco del oficio de extradición a la provincia de Córdoba, hizo presumir que su lugar de alojamiento momentáneo será la Unidad Penal 9 Colonia El Potrero.

En Entre Ríos se continúa buscando los restos del cuerpo de Martín Palacio, que fue desmembrado por Rodríguez Laurta antes de viajar a Córdoba donde cometió los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Este uruguayo de 39 años calificó al remisero como “un mártir” al que “hay que venerarlo”, porque sería como una víctima colateral en su macabro plan.