En la madrugada de este viernes, poco antes de las 6, personal policial de Comisaría Larroque dio cumplimiento a un exhorto proveniente del Juzgado de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, en un domicilio de Larroque.

Según se informó desde la Jefatura Departamental, el resultado del allanamiento fue positivo y se secuestró el teléfono celular del sospechoso, que tras las técnicas forenses se determinó su relación con el delito de acoso infantil investigado.

El hombre de 41 años fue detenido y trasladado a Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a la espera de la comisión policial que lo trasladará a la provincia de Córdoba.

Su antecedente

Este hombre que hoy tiene 41 años fue el primer condenado por el delito de grooming en Gualeguaychú. En el 2014, el integrante del Tribunal de juicios de Gualeguaychú, Guillermo Biré, lo condenó en un juicio abreviado a 2 años y 6 meses de prisión efectiva por cinco hechos de grooming.

El condenado admitió su responsabilidad y como es condición necesaria para que se realice un procedimiento abreviado, renunció a los plazos de impugnación y quedó inmediatamente preso en la UP9.

La fiscal Martina Cedrés fue quien estuvo a cargo de la investigación en aquella oportunidad y comprobó los contactos con menores de edad. En uno de los casos, le envió 59 mensajes, le hizo llamadas y grabó 14 audios a una niña de 14 años. Le ofrecía cargarle crédito y le pedía ser su amigo. Luego le pidió fotos. A cambio de crédito telefónico, le pidió los números de sus amigas. La invitó a mantener un encuentro personal para mantener relaciones sexuales.

El modus operandi siempre fue el mismo y sus víctimas eran niñas entre los 12 y los 15 años. Siempre les ofrecía crédito y la finalidad siempre era la invitación a encontrarse y mantener sexo.

La medida disciplinaria se impone tras considerar que su conducta “infringe el estricto apego a los valores éticos y morales que su investidura policial exigen”.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.224, establece la sanción máxima para el exfuncionario policial, cuya situación administrativa se encontraba supeditada a la resolución del proceso judicial iniciado en 2019.

Wolff Furlong, junto a la agente de Policía Natalia Yanina Almeira (también dada de baja previamente), fue procesado en la causa Nº 68044 caratulada “Saavedra María José – Saavedra Lucía – Saavedra Juan – Saavedra Gustavo – Castro Daian – Wolff Furlong Mario – Almeria Natalia – Abdala María – Schllotahuer Gladis – López Ana s/ abuso sexual con acceso carnal agravado”.

El expediente judicial culminó con una condena contundente, ratificada por la justicia provincial. El considerando del decreto señala que a fojas 503/542 se incorpora la resolución de la Sala I de Casación de Entre Ríos que rechaza los recursos de casación y confirma la sentencia del 7 de noviembre de 2022.

En dicho fallo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones declaró a Wolff Furlong responsable y autor material por los delitos investigados, condenándolo a una pena de cumplimiento efectivo de veintidos años. La agente Almeira fue condenada a diez años y su baja de la fuerza ya había sido dispuesta.

Según la constancia de fojas 600 del sumario administrativo, “la sentencia oportunamente impuesta, se encuentra firme, estando los condenados cumpliendo la pena”.

Respecto a la sanción administrativa, el Jefe de Policía de la Provincia se expidió “compartiendo lo propiciado por el Concejo de Disciplina Policial Nº 1”. Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de Dictamen Nº 995/2025, expresó que el procedimiento “se ha realizado salvaguardando el debido proceso y los derechos del sumariado”.

Además, el Dictamen señaló que comparte la pena propiciada “por haber violentado con su comportamiento los lineamientos, principios y premisas básicas de la Ley Nº 5654/75, además de infringir el estricto apego a los valores éticos y morales que su investidura policial exigen”.

Finalmente, el decreto dispone formalmente: “A partir de la fecha, la DESTITUCION POR EXONERACION al Comisario General Mario René WOLFF FURLONG, L.P. Nº 19027, M.I. Nº 17.277.509, acorde a lo expuesto en los considerandos precedentes”. (Fuente: APFDigital)

Este hombre de 31 años fue detenido el 23 de febrero de 2024, temprano en la mañana, junto a otra persona, llevando de tiro un carro de dos ruedas, con una heladera y otros elementos que a los policías les resultaron sospechosos.

Angeramo era una persona muy conocida en la zona este de Gualeguaychú y esa mañana un vecino decidió alertar a la Policía cuando lo vio pasar por el frente de su casa, cargando una heladera exhibidora por inmediaciones de Boulevard De León y Colombo.

Cuando el móvil concurrió al lugar y localizó el carrito con la heladera afuera de un domicilio en calle Colombo, Angeramo intentó darse a la fuga, pero lograron aprehenderlo. Dentro del carro había un hervidor de panchos de acero inoxidable, una bolsa con artículos de pesca, dos cañas, latas de cerveza, jugos, gaseosas, dos licuadoras y un Home Theater.

Cuando comenzaron a investigar se confirmó que había ingresado al complejo de cabañas “Altos Verdes” en el Camino de la Península a través de una puerta de aluminio, a la que dañó para acceder al sector de ventas y de allí se apoderó de todos estos elementos que le encontraron en el carro.

Más de un año después llegó a juicio y se lo condenó a un año de prisión efectiva por violación de domicilio y robo simple, pero Angeramo aún no ha cumplido con la pena porque su abogado defensor recurrió la sentencia a la Cámara de Casación de Concordia. El pasado 8 de octubre se realizó la audiencia con la presencia del fiscal Lucas Pascual y tres semanas después llegó la confirmación por parte del tribunal de segunda instancia para que Angeramo cumpla con su pena de un año preso.

Mientras parte de su futuro inmediato se definía en ámbitos judiciales, Angeramo aguardó alojado en un centro de tratamiento de adicciones en Buenos Aires.

Posteriormente abandonó ese tratamiento y actualmente existe un pedido de detención vigente.

Su caso podría seguir dilatándose en la Justicia si quisiera que la sentencia sea revisada ante el Superior Tribunal de Justicia, pero las chances de tener otro resultado, son muy pocas.

Su otro antecedente

Cuando Angeramo tenía 26 años y no poseía antecedentes condenatorios, aunque sí una probation dictada el 3 de marzo de 2016 por robo simple en grado de tentativa, recibió una primera condena. En esa oportunidad fue imputado de un robo simple y recibió cuatro meses de prisión condicional.

Ese hecho se originó en la mañana del 12 de marzo de 2019. Angeramo violentó el capot de un Renault 12 que se encontraba estacionado en Ituzaingó al 400, cortó los cables de la batería que había en el interior y se llevó el acumulador. Luego, personal de la Comisaría Tercera lo detuvo en calle San Juan al 350 cuando lo cruzaron en la calle y les resultó sospechoso.

Esta semana se desarrolló una audiencia en la Cámara de Casación de Concordia donde se discutió la sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, en los últimos días del año pasado. En esa ocasión, el juez Mauricio Derudi dispuso una pena de tres años de prisión efectiva luego que el jurado que actuó en el juicio modificó la figura penal imputada de homicidio simple con dolo eventual a homicidio preterintencional.

La acusación inicial era por homicidio simple, que acarrea una pena de 8 hasta 25 años de prisión, pero tras el juicio se llegó a otra conclusión. Conrado González tuvo responsabilidad penal en la muerte de Alexander Reverdito, pero bajo otra figura penal que tiene una pena mucho menor. Según se establece en el Código Penal, el homicidio preterintencional tiene pena de reclusión de 3 a 6 años y de prisión de 1 a 3, y en la audiencia de cesura, la fiscal Natalia Bartolo requirió la pena de prisión máxima, es decir tres años efectivos.

El homicidio preterintencional es un tipo de homicidio que se produce cuando una persona, con la intención de causar un daño menor, provoca la muerte de otra persona sin haber tenido la intención de matarla. Fue por ello que Derudi tomó los dichos de Bartolo y dictó la máxima bajo esta figura penal.

Pero luego, el abogado defensor de Conrado González, Matías Lonardi, recurrió la sentencia y en la audiencia realizada esta semana requirió que esa pena se cumpla de forma condicional. Ahora, se deberá aguardar por la resolución del tribunal de segunda instancia y esperar por que ese nuevo fallo adquiera firmeza.

Una golpiza mortal

Este caso da inicio la noche de Año Nuevo del 2023, cuando Alexander Reverdito salió con sus amigos al boliche en Larroque y a su regreso todo se complicó. Cuando regresaba en bicicleta, este joven de 20 años se cruzó en su camino a Conrado González que caminaba junto a su novia en sentido contrario por calle Islas Malvinas.

Casi sin mediar palabras, González lo golpeó de una trompada que lo hizo caer a Reverdito de su bicicleta, y una vez en el piso continuó golpeándolo. El joven no murió en el acto. Se levantó ayudado por unas testigos, se fue a su casa y se acostó, pero al poco tiempo comenzó a sentirse muy mal y en pocas horas terminó internado en la terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Finalmente falleció el 2 de enero y según lo que confirmó la autopsia realizada en Concordia – en plena feria judicial- el motivo de la muerte se debió a un derrame cerebral producto de la golpiza.

Este lunes a las 11 se desarrollará en los Tribunales de Gualeguaychú la audiencia de cesura en la que las partes darán a conocer sus pedidos de pena para Oscar Alfredo Irigoyen, quien fue declarado culpable el pasado jueves por un jurado popular por el delito de abuso sexual agravado.

Se trata de la segunda vez que Irigoyen, conocido por su histórico carro de garrapiñadas en pleno centro de la ciudad, enfrenta una condena por los mismos hechos. La primera sentencia, dictada en octubre de 2023, lo había condenado a 14 años de prisión, pero fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó la realización de un nuevo juicio.

El nuevo debate comenzó el martes pasado y culminó el jueves por la tarde, cuando el jurado popular resolvió unánimemente condenarlo por los abusos a su hija.

Durante la audiencia de cesura de este lunes, la Fiscalía y la defensa presentarán sus respectivas solicitudes de pena ante el juez, quien luego deberá resolver el monto definitivo de la condena. También se tratará el pedido de prisión preventiva, por lo que no se descarta que Irigoyen comience a cumplir su condena de forma inmediata, a diferencia de lo que ocurrió tras el primer juicio, en el que no fue detenido.

Cabe recordar que, tras aquella primera sentencia en 2023, la Cámara de Casación Penal de Concordia había ratificado la culpabilidad de Irigoyen, y también resolvió que debía ser detenido de inmediato. Sin embargo, con el nuevo juicio ordenado por el Superior Tribunal, se revirtió esa situación procesal e Irigoyen llegó a este segundo juicio en libertad.

Hace una semana atrás, el viernes 25, se celebró en los Tribunales de Gualeguaychú un juicio contra Navarro por los delitos de violación de domicilio y hurto simple en grado de tentativa. Se trata de hechos menores, pero que debido a las tres condenas anteriores que registraba el imputado, la nueva sentencia debía ser de prisión efectiva.

Así lo dispuso el juez Mauricio Derudi, que este viernes lo condenó a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Navarro fue imputado por un hecho ocurrido el 10 de agosto de 2023, cuando hurtó y escapó del comercio Cetrogar, en 25 de Mayo y España, con un taladro en su poder, que finalmente descartó poco antes de ser aprehendido en Maipú y San Martín. El otro caso sucedió el 3 de diciembre de 2023, cuando lo volvieron a detener por entrara a una vivienda de calle Goldaracena al 900, con posibles intenciones de robo.

En ambos hechos estuvo aprehendido por haber sido descubierto en flagrancia y luego de las actuaciones judiciales, quedó en libertad con medidas restrictivas. El tiempo pasó y para la realización del juicio el pasado 25 de julio no se presentó, ni brindó una justificación por su ausencia, por lo cual el fiscal Lucas Pascual requirió su detención y se ordenó un arresto domiciliario que debía cumplir hasta el día de la lectura de los fundamentos de esa sentencia, que se va a realizar el próximo 8 de agosto.

Pero durante las recorridas que el personal policial realiza por los domicilios de las personas que se encuentran detenidas bajo esta modalidad, el miércoles por la noche se confirmó que Navarro no estaba en la vivienda y de esta forma había violado la orden judicial. Desde ese momento se libró una orden de detención para que cumpla una prisión preventiva.

Se lo buscó durante todo el jueves y recién por la noche se obtuvo información sobre el paradero. Al parecer, habría cometido un hurto en un comercio céntrico, de donde sustrajo un perfume y el hecho fue descubierto a través de las cámaras de seguridad. Se alertó a la Policía y personal de la Comisaría Segunda lo atrapó cerca de la medianoche en la vía pública. Desde entonces se encuentra detenido en Jefatura con prisión preventiva y se espera por la firmeza de la sentencia.

En la previa de la audiencia de Casación Penal, el fiscal general de Cámara, Mario Villar, retiró el planteo de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla prisión efectiva, pero pidió que cumpla el arresto en otro domicilio. La defensa pidió revertir las condiciones impuestas en el régimen de visitas y la tobillera ordenadas por los jueces del Tribunal Oral Federal 2.

Villar presentó un escrito esta jornada respecto a las condiciones en las cuales la expresidenta deberá cumplir su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Pese a la postura de Luciani y Mola, consideró que "la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas (por lo menos el Tribunal no ha dado cuenta de ello)".

Ante esa situación, el fiscal general de Casación Penal planteó que como no se quebrantaron las condiciones del arresto domiciliario, "no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual".

Si bien reconoció que respecto a la seguridad de la propia expresidenta "el domicilio actual no aporta mayores garantías", principalmente si se tiene en cuenta, también remarcó que "la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida".

Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación Penal "no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria siempre que la condenada se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas".

En otro apartado del escrito, Villar sí coincidió con sus colegas fiscales sobre la necesidad de que cambie el domicilio de la prisión para evitar que se afecte la tranquilidad del barrio. "La permanencia de la condenada en el domicilio indicado (San José 1111) ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona". Por ese motivo, consideró que "es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”.

En la audiencia posterior que se llevó a cabo este mediodía, los abogados de la exmandataria se presentaron para apelar los requisitos que impuso el TOF 2 sobre las restricciones en las visitas y la tobillera electrónica. Entre los argumentos que esgrimen, aseguran que el pedido de anticipar en un listado de quiénes ingresan al domicilio de la expresidenta es una disposición infrecuente en cualquier otro condenado, incluso en el caso de los presos por delitos de lesa humanidad.

Además, la defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, también consideró que el dispositivo electrónico es absolutamente innecesario, ya que hay custodia permanente en San José 1111. Afirman que durante todo el proceso dio “pruebas inequívocas de estar sometida al accionar de la justicia”.

En las últimas horas, los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, le negaron un pedido ambos fiscales de reprogramar la audiencia. Durante la audiencia, los jueces de Casación escucharán los argumentos de ambas partes. Luego de escuchar a las partes este lunes, los jueces tienen un plazo de veinte días corridos para definir, según el artículo 465 del Código Procesal Penal, aunque en la práctica estos tiempos no siempre se cumplen.

Se encontraba con prisión preventiva luego de la detención de su último hecho, ocurrido el 22 de mayo, cuando el fiscal Facundo Álvarez logró una orden de allanamiento y se lo capturó en su domicilio por un robo y violación de domicilio.

Esa madrugada del 22 de mayo, Quinteros ingresó por el garage de un domicilio de calle Colombo al 2000 y robó la batería de un VW Surán que se encontraba estacionado. Hizo fuerza sobre el capot, daño los cables conectores y escapó en una bicicleta que también sustrajo del lugar, la cual abandonó posteriormente en inmediaciones de calles Colombo y Río Gallegos.

Un mes antes, en la mañana del 27 de abril, Quinteros se llevó baldes de pintura de una vivienda en calle Rébori, luego de ingresar a la propiedad a través de un terreno. Por este caso se le imputó el delito de violación de domicilio y hurto simple.

El 2 de marzo por la mañana temprano, alrededor de las 6, rompió el traba-volante de una moto 110cc, que su propietario había dejado estacionada frente a su casa en calle Río Gallego. Por esto fue imputado de hurto calificado. Pero los antecedentes de este sujeto van un poco más atrás también.

El 28 de enero de 2023, Quinteros trepó un cerco sobre el lateral de un depósito de cubiertas y llantas de calle Andrade al 1900 y se llevó dos cubiertas Pirelli y una llanta que se encontraban en el patio trasero del inmueble. Luego abandonó el lugar de la misma forma en la que entró y escapó en una bicicleta en dirección oeste, hacia una gomería ubicada en calle Urquiza, en donde ofreció a la venta lo que había sustraído, refiriendo que la había encontrado en la basura. El damnificado llegó a la gomería y encontró al delincuente con sus elementos y la Policía lo detuvo en el lugar.