La Justicia de Entre Ríos dictó 30 días de prisión preventiva al uruguayo detenido en un control vial de Brazo Largo, donde se habían secuestrado dos armas de fuego, más de 427 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en distintas monedas. Se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, quien era buscado por las autoridades de Uruguay por su presunta participación en un millonario robo bancario y una investigación por homicidio.

La resolución fue adoptada este lunes 19 de octubre por la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, durante una audiencia de medidas de coerción. El detenido deberá cumplir la prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

Durante la audiencia, el fiscal auxiliar interino de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, solicitó 45 días de prisión preventiva, al considerar los elementos reunidos en la investigación y la existencia de riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga. El defensor oficial Lautaro Boladeres se opuso a la medida, pero la magistrada hizo lugar parcialmente al pedido y estableció un plazo de 30 días.

La investigación comenzó durante la madrugada del sábado 17 de octubre, cuando efectivos policiales detuvieron un vehículo de transporte privado de pasajeros en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, sobre la Ruta Nacional 12. El automóvil viajaba desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Colón.

Durante el procedimiento, los agentes solicitaron la documentación de los ocupantes. El pasajero que viajaba en el asiento trasero manifestó que no llevaba identificación y, según el informe policial, mostró una actitud hostil cuando le pidieron que descendiera para realizar las averiguaciones correspondientes.

Mientras los efectivos inspeccionaban inicialmente su equipaje, el hombre comenzó a insultarlos e intentó escapar. Fue reducido y quedó bajo custodia policial. Posteriormente, reconoció su nacionalidad uruguaya y manifestó que era buscado por la Justicia de su país.

Con autorización judicial, los policías realizaron una requisa del vehículo y las pertenencias del sospechoso. Durante la inspección encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver Smith & Wesson calibre .38, ambos con sus numeraciones identificatorias suprimidas.

También secuestraron cargadores, municiones y siete teléfonos celulares. Personal de Drogas Peligrosas intervino ante el hallazgo de sustancias sospechosas, que fueron sometidas a pruebas orientativas y arrojaron resultados preliminares positivos para cocaína.

De acuerdo con el informe inicial, la cantidad total secuestrada fue de 427,3 gramos. Además, encontraron 2.000 dólares estadounidenses, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las correspondientes pericias.

Lo vinculan con un millonario asalto bancario en Uruguay

El detenido registraba una alerta azul de Interpol y era requerido por las autoridades uruguayas en el marco de investigaciones penales. Entre ellas figuraba su presunta participación en el asalto a una sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), ocurrido el 24 de agosto de 2026 en Pando, departamento de Canelones.

Según la reconstrucción difundida por las autoridades uruguayas, un grupo de delincuentes llegó al establecimiento en un automóvil Mercedes-Benz. Uno de los integrantes ingresó inicialmente a cara descubierta, simulando ser un cliente, mientras que otros hombres entraron posteriormente con el rostro cubierto.

Los asaltantes redujeron al personal de seguridad, sustrajeron el dinero y escaparon. Las autoridades bancarias determinaron que el botín había ascendido aproximadamente a 10 millones de pesos uruguayos, 70.000 dólares y 90.000 euros.

Después del robo, los sospechosos huyeron en el Mercedes-Benz, que había sido denunciado como robado en octubre de 2025. Durante la fuga, el automóvil chocó sobre la ruta 101, por lo que los ocupantes debieron buscar otro vehículo.

Los delincuentes ingresaron a una vivienda y posteriormente sustrajeron una Fiat Fiorino a una familia. La camioneta fue encontrada más tarde en el barrio Carrasco, en Montevideo.

La investigación permitió identificar a varios presuntos integrantes del grupo y avanzar con detenciones e imputaciones. Entre las personas requeridas figuraba Cuba Vignolo, quien, según información difundida por el Ministerio del Interior uruguayo, registraba antecedentes por rapiña y también era buscado por una causa de homicidio en Montevideo.

La investigación continuará en Entre Ríos

La Fiscalía de Islas del Ibicuy continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que el detenido transportaba las armas, los estupefacientes, los teléfonos celulares y el dinero secuestrado.

El Ministerio Público Fiscal informó que permanecían pendientes distintas medidas probatorias. También deberán realizarse las coordinaciones judiciales correspondientes ante los requerimientos existentes en Uruguay.

Mientras avance la investigación, Cuba Vignolo permanecerá detenido durante los 30 días establecidos por la jueza Céspedes, en el marco de la causa iniciada tras el procedimiento policial en Brazo Largo. ElOnce

En primer lugar, respecto a la mujer de 58 años detenida durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Ubaldino Aguirre y Los Sauces, en el barrio Don Pablo, se dispuso un arresto domiciliario por 30 días, mientras que para el hombre de 47 años aprehendido en el mismo operativo, se ordenó su alojamiento en la Jefatura Departamental por el mismo periodo de tiempo.

Ambos fueron detenidos el jueves durante un procedimiento en el barrio Don Pablo, donde secuestraron 73 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para fraccionar la droga.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ubaldino Aguirre y Los Sauces.

Según pudo conocer EL ARGENTINO, la causa se inició en febrero, cuando los investigadores detectaron, a través de redes sociales y otras fuentes digitales abiertas, indicios que podían estar relacionados con la comercialización de estupefacientes.

A partir de esa primera información comenzaron una serie de averiguaciones que se extendieron durante varios meses. Las tareas incluyeron seguimientos, observaciones en el lugar y el análisis de distintos movimientos que permitieron a los investigadores identificar a las personas que estarían vinculadas con la actividad investigada.

Con el avance de la pesquisa se fueron reuniendo elementos que, según la investigación, permitieron documentar el funcionamiento del presunto punto de venta y establecer el domicilio en el que se desarrollaban las maniobras.

Toda la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la orden de la fiscal Martina Cedrés. Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención de la Justicia y finalmente la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, autorizó el allanamiento.

Asalto a mano armada

El otro detenido al que se le dispusieron medidas es un joven de 20 años que fue aprehendido el sábado en un allanamiento realizado en la zona norte de Gualeguaychú en el marco de una investigación por un asalto a mano armada a un almacén en la mañana del miércoles pasado.

La Policía reunió evidencia para considerar que se trataba del mismo delincuente que asaltó con un cuchillo en mano a un comerciante en Alsina al 800 y escapó con la recaudación. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda ubicada en calle Federación y Schachtel, donde se lo detuvo y se secuestraron prendas de vestir que tendría colocadas al momento del hecho y quedaron retratadas en las filmaciones de las cámaras de seguridad que se pudieron obtener.

El caso está en manos del fiscal Jorge Gutiérrez, y según se pudo conocer sobre el avance de la investigación, la Justicia dispuso una prisión preventiva por 30 días mientras se avanza con el caso.

La investigación por el crimen de Nilo Benjamín Auzqui ingresó en una nueva etapa. La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la investigación, presentó el pedido de elevación a juicio contra Cristian Nahuel León, el joven de 23 años acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Auzqui en la madrugada del 3 de agosto.

Con esta presentación, la Fiscalía considera concluida la etapa de investigación penal preparatoria y sostiene que existen elementos suficientes para que el acusado sea sometido a juicio. Ahora deberá realizarse la audiencia correspondiente y será la Justicia de Garantías la que deberá controlar el requerimiento antes de que el expediente pueda avanzar hacia el Tribunal de Juicio.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de la 1.10 de la madrugada, cuando Auzqui, de 46 años, se encontraba en la zona de las calles Güemes y España, en el barrio Yapeyú. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, León llegó hasta ese lugar en bicicleta y le apuntó con un arma calibre .22.

La Fiscalía sostiene que el joven efectuó varios disparos y que Auzqui intentó escapar corriendo por calle España en dirección al norte. Luego tomó un pasillo hacia el barrio Yapeyú, retomó calle Güemes y avanzó hacia el oeste, en dirección a España. En ese trayecto, Auzqui alcanzó a expresar “me pegó” antes de caer en la intersección de Güemes y España.

La autopsia determinó que sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la zona lateral izquierda del tórax. El disparo le provocó una hemorragia interna masiva que finalmente ocasionó su muerte.

León quedó imputado como autor del homicidio. La Fiscalía encuadró el hecho como homicidio simple agravado por la utilización de un arma de fuego, una figura que tiene penas que van desde los 10 a los 33 años de prisión, pero dadas las particulares del caso, la fiscal Cedrés consideró que una pena de alrededor de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo sería la adecuada.

Durante la investigación, el acusado se abstuvo de declarar cuando fue citado a prestar declaración en la audiencia de intimación del hecho. Actualmente permanece bajo prisión preventiva a la espera de que avance el proceso.

El Juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva para el comisario Daniel Alejandro Rosatelli y el resto de los imputados en la causa por narcotráfico. Se trata del expediente que investiga el hallazgo de más de 1.300 kilos de marihuana en La Paz, en febrero de este año.

Según se informó a AHORA, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Rosatelli, César Leonel Ramírez, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, imputados como coautores del delito de transporte agravado de estupefacientes.

Además, para Rosatelli, el procesamiento abarca también los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. Este hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2025 en calle Bavio al 367, en la sede de la ONG “Suma de Voluntades”, según indica la resolución judicial.

Por otro lado, se trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de $15.000.000 individuales para responder a las costas procesales y eventuales penas pecuniarias.

Prisión preventiva para todos los acusados

Por último, se dispuso que los imputados continúen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a disposición del Juzgado Federal mientras avanza la causa.

Luego del importante despliegue policial y judicial que incluyó 14 allanamientos y una numerosa cantidad de personas detenidas en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, la Justicia de Gualeguaychú definió la situación procesal de los involucrados.

El resultado de las audiencias determinó que la mayoría de los detenidos no permanezca alojada en una dependencia policial o penitenciaria. Para nueve de ellos se dispusieron distintas medidas, entre ellas arrestos domiciliarios y libertades bajo medidas de coerción.

Uno de los casos corresponde a un joven de 23 años que cuenta con una condena dictada en junio por un delito relacionado con la portación de un arma y una agresión con arma. En esta oportunidad, la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, dispuso que cumpla arresto domiciliario en un taller ubicado en la zona norte de Gualeguaychú.

También recibió 45 días de arresto domiciliario uno de los tres hermanos involucrados en el procedimiento. En tanto, una de las mujeres detenidas deberá cumplir el mismo plazo en su vivienda de calle La Rioja, en la zona este de la ciudad.

Otro de los involucrados cumplirá 45 días de arresto domiciliario en el domicilio de su suegra, mientras que al segundo de los tres hermanos se le concedió la libertad bajo medidas de coerción durante 45 días.

Otra de las mujeres investigadas, cuyo domicilio de calle Concordia, que ya había sido objeto de distintos allanamientos y que registra antecedentes de detenciones y condenas, también recibió el beneficio del arresto domiciliario. La misma medida fue otorgada a otros dos de los detenidos que se encontraban alojados en la Jefatura Departamental de Policía.

En contraste con el resto de las resoluciones, sólo uno de los involucrados recibió prisión preventiva. Se trata de una persona que actualmente se encuentra cumpliendo una condena en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, establecimiento que también fue objeto de uno de los allanamientos realizados durante el operativo.

La Justicia dispuso para este imputado una prisión preventiva de 90 días. Sin embargo, la medida deberá cumplirse en otra unidad penitenciaria de la provincia, aunque permanecerá provisoriamente alojado en la cárcel de Gualeguaychú hasta que se consiga un cupo.

De esta manera, el resultado de las audiencias dejó un escenario procesal muy diferente al que podía suponerse luego del importante despliegue realizado durante el megaoperativo, en el que participaron distintas fuerzas y que demandó un extenso trabajo investigativo.

A estas resoluciones se suman otras situaciones que se habían definido previamente. El domingo, un adolescente de 16 años que había sido detenido durante el procedimiento recuperó su libertad.

Además, otro de los investigados que se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 fue liberado de la investigación por disposición de la fiscal Martina Cedrés, mientras que también recuperó la libertad otro de los detenidos con domicilio en Pueblo Belgrano.

La investigación por presunto narcomenudeo continúa y las medidas adoptadas en esta instancia son de carácter cautelar, por lo que no implican una definición sobre la responsabilidad penal de los imputados. Será durante el avance de la causa cuando la Fiscalía deberá profundizar la investigación y reunir los elementos que permitan determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

La causa que tiene como imputado a Hugo Rubén Acuña Escobar avanzó hacia la instancia de juicio luego de la audiencia de elevación realizada en los Tribunales de Gualeguaychú.

En ese marco, y ante el pedido del fiscal Gastón Popelka, de mantener la medida de coerción, la Justicia dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 45 días corridos, contados a partir de la fecha de la audiencia.

Mientras continúa el proceso, Acuña Escobar deberá permanecer detenido y alojado en dependencias de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, hasta tanto el Servicio Penitenciario de Entre Ríos disponga de un cupo en una unidad carcelaria. Una vez asignado, deberá concretarse su traslado.

La investigación

Acuña Escobar se encuentra imputado en una investigación vinculada con una serie de hechos delictivos registrados en Villa Paranacito, que motivaron su detención y la imposición de la prisión preventiva.

La detención se concretó a principios de agosto en un operativo conjunto encabezado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera de Ramallo y de la DDI Departamental San Nicolás, luego de que la Justicia librara una orden de captura.

Uno de los datos que resultó clave para la pesquisa fue que el acusado se encontraba alojado en un inmueble ubicado sobre los locales comerciales que posteriormente fueron atacados, una circunstancia que, de acuerdo con los investigadores, le permitió moverse por la zona sin despertar sospechas y planificar los hechos con mayor facilidad.

La causa reúne tres episodios ocurridos entre fines de junio y comienzos de julio.

El primero se registró durante la madrugada del 24 de junio, cuando el autor habría ingresado al comercio "La Casona", ubicado sobre avenida Entre Ríos de Villa Paranacito y propiedad de Viviana Lovaiza. Para acceder forzó el techo de madera del sector del vestidor y, al descender, provocó daños en un perchero, que terminó quebrado. Este hecho fue calificado como daño.

El segundo episodio ocurrió en la madrugada del 8 de julio, nuevamente en el local "La Casona". En esa oportunidad, el delincuente habría utilizado el mismo acceso por el techo para ingresar y sustraer una importante cantidad de prendas de vestir de hombre y mujer, entre ellas pantalones, remeras, buzos, un piloto y otras prendas de distintas marcas.

Pocas horas después, alrededor de las 4.14 de la madrugada, se produjo el tercer hecho. La investigación sostiene que el acusado forzó una ventana trasera del comercio "Estilo Alborada", también ubicado sobre avenida Entre Ríos, y con el rostro cubierto y utilizando guantes robó dos teléfonos celulares nuevos, un reloj inteligente y 230 mil pesos en efectivo que se encontraban en la caja registradora.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del robo y, posteriormente, los investigadores establecieron que los elementos sustraídos habrían sido ofrecidos para la venta a través de Facebook, un dato que fortaleció la imputación.

La Fiscalía imputó a Acuña Escobar por los delitos de daño y dos hechos de robo, en concurso real. Tras analizar las evidencias reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías resolvió dictarle 30 días de prisión preventiva. El plazo venció y ahora, tras la realización de la elevación a juicio, se le prorrogó la medida por 45 días.

La Fiscalía de Bolivia solicitó 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, señalado como principal acusado por la presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La petición será presentada ante un juez, que deberá definir si corresponde ordenar su reclusión mientras avanza la investigación.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que la comisión encargada del caso trabaja en la formalización de la imputación. “En un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida”, afirmó. También confirmó que el Ministerio Público pedirá que la detención preventiva se extienda durante seis meses.

Cerimedo permanece detenido en dependencias policiales desde la madrugada del martes. Su aprehensión se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, después de que llegara a Santa Cruz procedente de La Paz, pocas horas después del ataque contra Beller.

La investigación comenzó luego de que dos hombres, que aparentaban ser repartidores de comida, se aproximaran a la víctima en las inmediaciones de un hotel. Uno de ellos efectuó varios disparos contra la mujer, mientras el segundo tomó sus pertenencias y escapó del lugar.

La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión investigadora, confirmó que Beller ya prestó declaración ante las autoridades. Cerimedo decidió no responder durante su comparecencia. “Se abstuvo de declarar”, indicó la fiscal.

El Ministerio Público incorporó además registros de las cámaras de seguridad y otros elementos obtenidos durante las primeras diligencias. Aguilera señaló que esas actuaciones forman parte de las pruebas que serán consideradas en el desarrollo de la causa.

El expediente también generó atención por la relación profesional que Cerimedo mantuvo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El Gobierno negó que el detenido haya ocupado formalmente el cargo de asesor presidencial o que haya pertenecido a la estructura estatal, publicó Infobae.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que Cerimedo fue un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025. Según su versión, después de ese período continuó participando en asuntos específicos relacionados con la comunicación, pero sin incorporarse oficialmente al aparato gubernamental.

Gálvez sostuvo que el detenido no recibió un trato privilegiado por su relación con Paz y afirmó que “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

El propio presidente boliviano se pronunció sobre el ataque y expresó su respaldo a Beller. Paz aseguró que impartió instrucciones para que las autoridades desarrollen una investigación que permita determinar lo ocurrido y ofreció garantías de seguridad para la víctima. “Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos”, manifestó el mandatario.

Paz también sostuvo que el esclarecimiento debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “La verdad debe estar por encima de todo”, afirmó.

Beller, por su parte, cuestionó públicamente el manejo inicial de la investigación y pidió que el expediente no sea declarado reservado. Su solicitud fue atendida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien informó que se instruyó al juez responsable de la causa mantener el proceso fuera de reserva.

La abogada también sostuvo que había tenido conocimiento de información relacionada con presuntas irregularidades y denunció antecedentes de violencia que, según su versión, deben ser considerados por los investigadores.

Con la imputación formal y la audiencia cautelar pendientes, la Fiscalía deberá presentar ante la Justicia los elementos que sustentan su acusación. El juez será quien determine si Cerimedo permanecerá detenido durante los 180 días solicitados o si corresponde aplicar otra medida cautelar mientras continúa la investigación.

La investigación por el homicidio de Nilo Benjamín Auzqui continúa avanzando con nuevas medidas ordenadas por la Justicia. En las últimas horas, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Esperanza, donde fueron secuestrados proyectiles calibre .22 y otros elementos de interés para la causa, que ahora serán sometidos a pericias balísticas para determinar si tienen vinculación con el arma utilizada en el asesinato.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (DIEIC) y la División de Operaciones y Seguridad Pública (DOSP), bajo la supervisión de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

De acuerdo con la información oficial, el allanamiento arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de distintos elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía. Entre ellos se encuentran proyectiles calibre .22 que serán analizados por peritos para establecer si corresponden al mismo arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el crimen. Por el momento, los investigadores continúan buscando esa arma y no descartan la realización de nuevos procedimientos en el marco de la pesquisa.

La nueva diligencia se produce pocas horas después de que la Justicia de Garantías dictara 60 días de prisión preventiva para Cristian Nahuel León, de 23 años, el único imputado por el homicidio agravado de Auzqui. Durante la audiencia, León se abstuvo de declarar y la Fiscalía sostuvo el pedido de prisión preventiva en la gravedad del hecho y en la existencia de riesgos procesales.

Hasta que se concrete su traslado a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, el acusado permanecerá alojado en la Jefatura Departamental.

En paralelo, la Investigación Penal Preparatoria continúa incorporando nuevas pruebas. Aún se aguardan los resultados definitivos del dermotest realizado al imputado y las pericias complementarias derivadas de la autopsia, que estableció que Auzqui falleció como consecuencia de una hemorragia interna masiva provocada por un disparo que ingresó por la zona de la axila izquierda.

Además, los investigadores cuentan con registros fílmicos considerados clave para reconstruir la secuencia del hecho y sostener la imputación contra León, mientras las nuevas evidencias obtenidas en el allanamiento del barrio Esperanza podrían aportar otro elemento relevante para determinar si los proyectiles secuestrados guardan relación con el arma empleada en el homicidio. El resultado de esas pericias será determinante para fortalecer la evidencia reunida hasta el momento y avanzar hacia el esclarecimiento definitivo del caso.

Tras abstenerse de declarar, la Justicia dictó la medida cautelar para el único acusado por el disparo que terminó con la vida de Nilo Benjamín Auzqui. Permanecerá en la Jefatura Departamental hasta ser trasladado a la Unidad Penal N° 9.

La Justicia de Garantías de Gualeguaychú resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Cristian Nahuel León, el joven de 23 años imputado por el homicidio agravado de Nilo Benjamín Auzqui, ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el barrio Yapeyú.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó el pedido basándose en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Tras haberse abstenido de declarar en su indagatoria ante la fiscal Martina Cedrés, León continuará alojado provisoriamente en la Jefatura Departamental. Según informaron fuentes judiciales a El Argentino, una vez que se libere un cupo en el sistema penitenciario, será trasladado formalmente a la Unidad Penal N° 9 (UP9) de Gualeguaychú.

Mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a la espera de los resultados definitivos del dermotest enviado a Paraná y los detalles concluyentes de la autopsia —que determinó que la víctima falleció a causa de una hemorragia interna masiva provocada por un disparo en la zona de la axila izquierda—, los investigadores confirmaron que cuentan con registros fílmicos claves que apuntan directamente a su autoría, descartando por el momento la participación de terceros

La Justicia de Gualeguaychú dispuso 30 días de prisión preventiva para Hugo Rubén Acuña Escobar, el hombre detenido en la localidad bonaerense de Ramallo, acusado de protagonizar una serie de robos en comercios de Villa Paranacito. La medida fue resuelta tras la audiencia de imputación y busca garantizar el avance de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Villa Paranacito.

La detención se concretó días atrás en un operativo conjunto encabezado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera de Ramallo y de la DDI Departamental San Nicolás, luego de que la Justicia librara una orden de captura.

Según informaron fuentes policiales, una vez localizado el sospechoso fue trasladado a la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1 y de la Fiscalía de Villa Paranacito, a cargo del fiscal Gastón Popelka.

La investigación

Uno de los datos que resultó clave para la pesquisa fue que el acusado se encontraba alojado en un inmueble ubicado sobre los locales comerciales que posteriormente fueron atacados, una circunstancia que, de acuerdo con los investigadores, le permitió moverse por la zona sin despertar sospechas y planificar los hechos con mayor facilidad.

La causa reúne tres episodios ocurridos entre fines de junio y comienzos de julio.

El primero se registró durante la madrugada del 24 de junio, cuando el autor habría ingresado al comercio "La Casona", ubicado sobre avenida Entre Ríos de Villa Paranacito y propiedad de Viviana Lovaiza. Para acceder forzó el techo de madera del sector del vestidor y, al descender, provocó daños en un perchero, que terminó quebrado. Este hecho fue calificado como daño.

El segundo episodio ocurrió en la madrugada del 8 de julio, nuevamente en el local "La Casona". En esa oportunidad, el delincuente habría utilizado el mismo acceso por el techo para ingresar y sustraer una importante cantidad de prendas de vestir de hombre y mujer, entre ellas pantalones, remeras, buzos, un piloto y otras prendas de distintas marcas.

Pocas horas después, alrededor de las 4.14 de la madrugada, se produjo el tercer hecho. La investigación sostiene que el acusado forzó una ventana trasera del comercio "Estilo Alborada", también ubicado sobre avenida Entre Ríos, y con el rostro cubierto y utilizando guantes robó dos teléfonos celulares nuevos, un reloj inteligente y 230 mil pesos en efectivo que se encontraban en la caja registradora.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del robo y, posteriormente, los investigadores establecieron que los elementos sustraídos habrían sido ofrecidos para la venta a través de Facebook, un dato que fortaleció la imputación.

La situación procesal

La Fiscalía imputó a Acuña Escobar por los delitos de daño y dos hechos de robo, en concurso real. Tras analizar las evidencias reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías resolvió dictarle 30 días de prisión preventiva, medida que permitirá continuar con la producción de pruebas mientras el acusado permanece detenido.

La investigación continúa y no se descarta la incorporación de nuevas evidencias vinculadas a los hechos ocurridos en Villa Paranacito.

En la mañana de este jueves se realizó en los Tribunales de Gualeguaychú ante el juez Mauricio Derudi la audiencia por las medidas de coerción para el sargento de Policía, Mariano Corvalán, que permanece detenido desde el año pasado, tras el trágico episodio que se originó en la casa familiar en Gutenberg y La Rioja.

En esta audiencia, se prorrogó la medida preventiva que se viene aplicando desde el año pasado por otros 20 días, que seguramente no serán los últimos, ya que hasta el momento no se ha fijado fecha para la realización del juicio en su contra y la intención del fiscal Jorge Gutiérrez es que este hombre de 39 años llegue al debate oral y público privado de su libertad.

Al acusado se le han practicado diversos estudios. Se le realizó una tomografía computada e intervinieron un psiquiatra, un médico legista y un neurólogo, pero aún resta conocer el informe de esos profesionales para dictaminar si Corvalán puede permanecer alojado en la cárcel sin sufrir un deterioro de su salud, porque habría versiones de que estaría atravesando un problema de depresión.

Una vez que finalice el tiempo dispuesto por el juez Derudi, y con el dictamen de los profesionales de la salud, se podrá determinar si continuará alojado en una prisión o le corresponde otro tipo de atención.

En las pericias psicológicas psiquiátricas que realizaron los especialistas en la etapa investigativa, no se pudo tener certeza del grado de atención que podría mantener el acusado al enfrentar un debate que se prolongará por varios días y con jornadas de varias horas. Fue ante esto que el juez de Garantías, Ignacio Telenta, en la audiencia de remisión a juicio que se realizó a fines de mayo, solicitó que los especialistas se pronunciaran sobre el tipo de tratamiento de rehabilitación que debería afrontar para llegar de la mejor manera al debate.

Pero en esa ocasión, lo más importante fue el cierre de una etapa muy importante. La investigación del caso está completa y ahora se espera que el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú fije una fecha para la realización del juicio por el que enfrentará una pena de hasta 15 años de cárcel.

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. Esa noche, el sargento Mariano Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de los tres primeros detenidos por el femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, como autor de homicidio triplemente calificado, y Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, por encubrimiento agravado. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente.

A la pareja de Barrelier y madre de su hija, Marianella Palmero, aún no la alcanzó esa medida porque todavía no fue indagada.

Barrelier está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género.

En el caso de Fassetta la sospecha de la fiscalía es que el hombre -quien vivía “de prestado” en la casa del barrio Cofico adonde se produjo el crimen- mantuvo contactos telefónicos constantes con Barrelier e intentó desviar la investigación mientras acompañaba a la madre de Agostina en la búsqueda.

Andreani, por su parte, le prestó a Barrelier su Ford Ka, en el que, según el fiscal Garzón, el acusado trasladó el cuerpo desmembrado de la víctima hasta el baldío de Ampliación Ferreyra, donde lo enterró.

En el caso de Palmero fue detenida tras el informe sobre el peritaje realizado en el celular de Barrelier. Está acusada de encubrimiento doblemente calificado. Según consta en la causa, la noche del crimen le preguntó a su pareja por mensaje de WhatsApp “¿qué fue ese grito?”. Fue detectado en el peritaje del teléfono móvil del acusado por el homicidio triplemente calificado.

Palmero estaba en la casa con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23. Ya había declarado como testigo frente al fiscal Raúl Garzón. Por la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar esos delitos.

Levantado el secreto de sumario de la causa, trascendió que Palmero declaró que la noche del sábado 23, Barrelier cenó con ella y su hija, que salió unos minutos, regresó, terminó de cenar. Y que después jugó videojuegos con su hija.

Según su testimonio, alrededor de las 22.30 Barrelier se asomó a la cocina y preguntó si alguien tenía efectivo. Palmero estaba con la novia de uno de los inquilinos que se alojaban en la habitación del piso superior en la casa donde se cometió el femicidio.

“Entre mi hija y yo juntamos aproximadamente $3000. Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, dijo. El principal acusado habría usado ese dinero para pagar el viaje de remise realizado por Agostina desde su casa hasta la vivienda situada en el barrio Cofico, donde fue asesinada.

A partir de los análisis efectuados por peritos policiales, los investigadores determinaron que en la casa de Barrelier se cometió el femicidio. Uno de los baños de la vivienda expuso una considerable cantidad de rastros de sangre de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol.

Si bien en los peritajes realizados en los varios procedimientos concretados en la casa de Barrelier, se determinó la existencia de restos de sangre en diversas partes, el principal escenario es uno de los baños, en particular, el lavatorio.

En la causa consta que el cuerpo de la adolescente de 14 años fue desmembrado precisamente en ese espacio de la casa. Esa mutilación del cadáver y la certeza, brindada por grabaciones de cámaras de seguridad, de que Barrelier salió el lunes 25 de esa casa con bolsas y tachos que podrían haber servido para trasladar los restos de la menor de 14 años llevaron a los investigadores a perfilar el posible encubrimiento en el que, a criterio de la fiscalía, participaron al menos los sospechosos detenidos junto con el principal acusado.

Fuente: La Nación

El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de los tres primeros detenidos por el femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, como autor de homicidio triplemente calificado, y Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, por encubrimiento agravado. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente.

A la pareja de Barrelier y madre de su hija, Marianella Palmero, aún no la alcanzó esa medida porque todavía no fue indagada.

Barrelier está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género.

En el caso de Fassetta la sospecha de la fiscalía es que el hombre -quien vivía “de prestado” en la casa del barrio Cofico adonde se produjo el crimen- mantuvo contactos telefónicos constantes con Barrelier e intentó desviar la investigación mientras acompañaba a la madre de Agostina en la búsqueda.

Andreani, por su parte, le prestó a Barrelier su Ford Ka, en el que, según el fiscal Garzón, el acusado trasladó el cuerpo desmembrado de la víctima hasta el baldío de Ampliación Ferreyra, donde lo enterró.

En el caso de Palmero fue detenida tras el informe sobre el peritaje realizado en el celular de Barrelier. Está acusada de encubrimiento doblemente calificado. Según consta en la causa, la noche del crimen le preguntó a su pareja por mensaje de WhatsApp “¿qué fue ese grito?”. Fue detectado en el peritaje del teléfono móvil del acusado por el homicidio triplemente calificado.

Palmero estaba en la casa con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23. Ya había declarado como testigo frente al fiscal Raúl Garzón. Por la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar esos delitos.

Levantado el secreto de sumario de la causa, trascendió que Palmero declaró que la noche del sábado 23, Barrelier cenó con ella y su hija, que salió unos minutos, regresó, terminó de cenar. Y que después jugó videojuegos con su hija.

Según su testimonio, alrededor de las 22.30 Barrelier se asomó a la cocina y preguntó si alguien tenía efectivo. Palmero estaba con la novia de uno de los inquilinos que se alojaban en la habitación del piso superior en la casa donde se cometió el femicidio.

“Entre mi hija y yo juntamos aproximadamente $3000. Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, dijo. El principal acusado habría usado ese dinero para pagar el viaje de remise realizado por Agostina desde su casa hasta la vivienda situada en el barrio Cofico, donde fue asesinada.

A partir de los análisis efectuados por peritos policiales, los investigadores determinaron que en la casa de Barrelier se cometió el femicidio. Uno de los baños de la vivienda expuso una considerable cantidad de rastros de sangre de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol.

Si bien en los peritajes realizados en los varios procedimientos concretados en la casa de Barrelier, se determinó la existencia de restos de sangre en diversas partes, el principal escenario es uno de los baños, en particular, el lavatorio.

En la causa consta que el cuerpo de la adolescente de 14 años fue desmembrado precisamente en ese espacio de la casa. Esa mutilación del cadáver y la certeza, brindada por grabaciones de cámaras de seguridad, de que Barrelier salió el lunes 25 de esa casa con bolsas y tachos que podrían haber servido para trasladar los restos de la menor de 14 años llevaron a los investigadores a perfilar el posible encubrimiento en el que, a criterio de la fiscalía, participaron al menos los sospechosos detenidos junto con el principal acusado.

Fuente: La Nación

Hasta fines de julio se extendió la medida preventiva que dispuso el juez de Garantías Ignacio Telenta para los dos jóvenes que están acusados de ser los autores de los disparos de arma de fuego a un adolescente de 17 años, en un hecho ocurrido en Gualeguaychú hacia fines de abril.

Según las primeras reconstrucciones, la víctima se retiró caminando de un boliche en la zona del Corsódromo, mientras que los presuntos agresores se desplazaban en un vehículo. Minutos después, en la intersección de calles 10 de Junio y Quijano, el adolescente fue atacado a tiros.

El menor recibió tres disparos en la zona de la pelvis, la ingle y la pierna derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un Hospital Centenario, donde fue intervenido quirúrgicamente. Presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de tibia, aunque quedó fuera de peligro.

En la escena del ataque, la Policía secuestró ocho vainas servidas calibre .380, lo que significa que dispararon más de tres tiros. Posteriormente se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en uno de ellos, en la zona norte, se secuestró el vehículo en el que se habrían trasladado, pero a los presuntos involucrados nunca se los pudo ubicar hasta que en la mañana del miércoles se entregaron en Fiscalía.

Los dos jóvenes permanecieron ocultos en casas de familiares hasta que finalmente decidieron salir y enfrentar la acusación. Concurrieron hasta la sede de la Fiscalía en 25 de Mayo y Mitre acompañados de sus familiares más cercanos, y tras ello se ordenó su detención.

Posteriormente, fueron citados a indagatoria ante el fiscal Jorge Gutiérrez y ambos se abstuvieron de declarar. Luego, en la audiencia en el Juzgado de Garantías de Natalia Céspedes y de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que se mantuvieron prófugos varios días y existía una orden de pedido de detención, se dictó la prisión preventiva por 30 días, que venció a fines de mayo.

El fiscal Gutiérrez les imputó el delito de lesiones graves, agravadas por abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego. Esta acusación prevé una pena de 6 años de prisión, pero se agrava hasta los 8 años por la utilización de un arma de fuego. La aparición de un video, que esclarece la mecánica del hecho, es clave en la acusación. El Fiscal ya culminó con la investigación penal y en poco tiempo requerirá la realización de la audiencia de elevación a juicio.

El detenido está imputado por “difusión de imágenes de menores de 18 años” y tras abstenerse en su declaración a las 48 horas de haber sido detenido, se le dictó una medida preventiva que se ha ido prorrogando hasta la actualidad.

Todo comenzó a fines de marzo, cuando la fiscal Martina Cedrés recibió información por parte de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos y Contravenciones informáticas (UFEDyC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una alerta por el tráfico de imágenes de abuso sexual infantil que una alerta detectó desde una IP en Gualeguaychú.

Esta colaboración entre jurisdicciones corresponde a un convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

Con esta información en sus manos, Cedrés solicitó un allanamiento y el 29 de marzo por la mañana se cumplió con la orden emanada desde el Juzgado de Garantías para un domicilio ubicado en calle Las Tropas. Allí se detuvo a un joven de 21 años, de quién se sospecha de ser quién remitió más de 40 archivos por internet con material de abuso sexual explícito de menores de edad.

En el procedimiento se secuestró el teléfono celular del sospechoso y una computadora, que aún se espera por el informe de la pericia realizada por personal informático dependiente de la División criminalística de la Policía de Gualeguaychú, junto a otros soportes tecnológicos que también fueron secuestrados y podrían almacenar información importante para la investigación.

El caso por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, sumó un nuevo capítulo judicial. El pasado 8 de mayo, el juez Tobías Podestá —vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú— resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva para Néstor Pavón, quien será juzgado este año como coautor del crimen.

La decisión generó malestar en la familia de Micaela, que inmediatamente recurrió a la Cámara de Casación Penal de Paraná. La única medida impuesta a Pavón es presentarse en Gualeguay y fijar domicilio 20 días antes del inicio del juicio, previsto para los días 29 y 30 de octubre y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre de 2026. El tribunal estará integrado por los jueces Santiago Brugo (Paraná), Maximiliano Larocca Rees (Concordia) y Nicolás Gazali (Concepción del Uruguay).

En el juicio de 2017, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, tras sucesivas apelaciones, en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que sea juzgado nuevamente, esta vez como coautor y ante un jurado popular.

La resolución reciente de no dictar prisión preventiva reaviva el debate sobre las garantías procesales y la expectativa de justicia en un caso que marcó profundamente a la sociedad entrerriana y nacional. La familia de Micaela insiste en que Pavón debe enfrentar el proceso privado de su libertad, mientras se acerca la fecha de un juicio que será histórico por su modalidad y por la trascendencia del caso.

Fuente: Entre Ríos Ahora

El juez de garantías, Ignacio Telenta, dispuso el viernes la prisión preventiva por 30 días para los cinco detenidos el jueves por la mañana, durante un mega operativo policial que se realizó en el asentamiento delimitado por Federación, Santiago Díaz, 9 de Julio y Salaberry.

Fue el final a una investigación que se encaró desde la Policía y con el seguimiento de la fiscal Natalia Bartolo, durante el mes de marzo. Como resultado, se detuvieron a cinco hombres y secuestraron cocaína fraccionada y más de un millón y medio de pesos, dos armas de fuego y elementos que se sustrajeron en el marco de otras causas.

Todos los allanamientos comenzaron alrededor de las 7, fueron de forma simultánea en los cuatro domicilios, y se prologaron hasta pasado el mediodía. Fue determinante para la investigación y el desarrollo del operativo lo realizado por el personal de Drogas Peligrosas, que permitió el éxito del procedimiento.

El magistrado entendió que había prueba suficiente para mantenerlos bajo custodia, porque con su libertad podían entorpecer el avance de la investigación e incluso la posibilidad de fuga. Se los imputó a los cinco por tenencia de estupefacientes con fines de comercio y a dos de ellos se los acusó además de tenencia ilegal de armas de fuego.

El fiscal Jorge Gutiérrez, el mismo que también lleva adelante el caso contra el policía Mariano Corvalán, acusado del intento de femicidio de Carolina Huck, tiene bajo su poder la causa que tiene como imputado a otro policía, que fue acusado de abusar con acceso carnal a su hijastra de 12 años.

Por decisión del juez de Garantías, Ignacio Telenta, el acusado se encuentra detenido bajo una orden de prisión preventiva que se le ha prorrogado varias veces. Está alojado en la Unidad Penal 9 y es muy posible que esa medida se le extienda hasta llegar al juicio.

Se trata de un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la Unidad Penal 9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y la mujer no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso. Ella tiene otros dos hijos en común con este hombre, y no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado.

Una vez que el caso recayó en la Fiscalía, la primera medida que se adoptó fue secuestrarle su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

Ahora, el fiscal Gutiérrez finalizó con la etapa investigativa y requirió la realización de la audiencia de elevación del caso a juicio, donde se anticipó que requerirá una pena de prisión de 13 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado.

El hecho ocurrió poco antes de las 5 de la madrugada del domingo, cuando la víctima transitaba por calle San Lorenzo, sobre el edificio de la Aduana de Gualeguaychú y fue interceptado por un grupo de jóvenes. Uno de ellos le pidió la hora y fue en ese momento en que paró su bicicleta y sacó su teléfono celular que todo se complicó.

Había reconocido a uno de los jóvenes, a quien ya lo tenía de vista y por referencias. Pero cuando extrajo su teléfono, los otros tres se abalanzaron como pirañas sobre él y uno de ellos le sustrajo la billetera.

Cuando la víctima intentó recuperar sus pertenencias, uno de los atacantes extrajo un arma blanca y comenzó a amenazarlo, realizando movimientos intimidantes con claras intenciones de lesionarlo. Ante la situación, el joven comenzó a pedir auxilio a los gritos, lo que provocó que el agresor desistiera y emprendiera la huida por calle Concordia en dirección al centro.

Antes de escapar, se produjo un breve forcejeo con uno de los implicados. Sin embargo, todos los sospechosos lograron darse a la fuga al advertir la cercanía de personal policial. Minutos después, y con los datos aportados por la víctima, se logró localizar y aprehender a dos de los implicados: un joven de 21 años y un menor de 17.

El lunes por la mañana se realizó la audiencia en el juzgado de Garantías N°1, a cargo de Ignacio Telenta, donde se dispusieron 10 días de prisión preventiva en Jefatura Departamental para el mayor y otros 10 días de arresto domiciliario para el menor, y se los imputó por robo agravado por ser cometido con arma, en despoblado y en banda.

Tanto Maya como Castillo, fueron detenidos en la madrugada del 5 de marzo pasado, luego de una persecución por la Ruta 12 tras haber asaltado a un camionero que transportaba cajas de bizcochuelo “Exquisita”.

En esas primeras horas de la madrugada, un chofer de la empresa de transporte Colussi S.A, paró a descansar en la banquina de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 158, cerca del Puesto Caminero de Gendarmería Nacional. Lo hizo cerca de donde se encontraba estacionado el camión que conducía un compañero, también perteneciente a la misma empresa.

El camionero, de 34 años y oriundo de Chaco, bajó y se acercó hasta el camión de su compañero, pero cuando se dirigía hacia el rodado, observó que sobre el lateral derecho del semirremolque del camión había una camioneta Renault Kangoo con las puertas abiertas y con dos personas que sustraían la mercadería del camión.

Se trataba de Rodrigo Nahuel Maya y Facundo Nahuel Castillo, que estaban robando las cajas de bizcochuelos y las cargaban en el utilitario. Pero al advertir la presencia inesperada del camionero, Castillo lo apuntó con un arma de fuego y le dijo: “que mierda haces acá, raja”. El camionero inmediatamente se alejó, subió a su camión y abandonó el lugar mientras alertaba a la Policía lo que estaba sucediendo.

Los asaltantes también debieron abortar lo que estaban haciendo y escaparon en el utilitario rumbo a la provincia de Buenos Aires. Llevaban 106 cajas que en su interior contienen 12 paquetes de bizcochuelo de 500 gramos cada uno.

Con los datos aportados sobre las características de los sospechosos y del vehículo en el que escapaban, la Policía montó un operativo de búsqueda y logró dar con los sospechosos, pero en ese momento se inició una persecución que culminó a la altura del kilómetro 134, donde finalmente los atraparon.

Maya, oriundo de Paso de los Libres, y Castillo, domiciliado en Pilar, fueron detenidos y trasladados posteriormente a Gualeguaychú. Fueron identificados en una rueda de reconocimiento y tras ello la fiscal Martina Cedrés los indagó y requirió una prisión preventiva que se concedió hasta la realización del juicio abreviado, en donde recuperaron la libertad tras firmar una condena por tres años de prisión condicional por no tener antecedentes.