El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dejó sin efecto la subasta pública del predio denominado “Paraná”, que había sido autorizada en diciembre de 2025 como parte del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

La medida fue oficializada mediante la Resolución 9/2026, firmada por el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y publicada en el Boletín Oficial con fecha 21 de enero de 2026. Según se indicó, la decisión se tomó en ejercicio de las facultades discrecionales de la Administración y atendiendo a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, evaluadas a la luz del interés público comprometido.

El inmueble en cuestión había sido incluido en un procedimiento de subasta pública autorizado por la Resolución 500/2025. Se trata de un predio con una superficie cercana a los 50.000 metros cuadrados, identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, que formaba parte de los bienes administrados tras la disolución del fondo fiduciario Procrear.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se explicó que la anulación de la subasta respondió a una redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles alcanzados por el proceso de liquidación del fondo. En ese sentido, se aclaró que el procedimiento de venta no llegó a perfeccionarse y que no se consolidaron derechos subjetivos a favor de terceros, lo que permitió dejar sin efecto la convocatoria sin generar consecuencias jurídicas adicionales.

La resolución se enmarca en el Decreto 1018/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso la disolución del fondo fiduciario Procrear y encomendó al Ministerio de Economía la administración, disposición y eventual regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles involucrados. En ese contexto, se había celebrado un contrato de mandato con el Banco Hipotecario para la administración de dichos activos.

Finalmente, la norma dispuso que la medida sea publicada también en el sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR) y comunicada a los organismos correspondientes, dando por concluido el procedimiento administrativo vinculado a la subasta anulada, publicó El Once.

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos y ex vicegobernador, José Cáceres, expresó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno nacional de rematar viviendas y terrenos del plan Procrear, entre ellos un predio ubicado en la ciudad de Paraná. A través de un comunicado, reclamó al gobernador Rogelio Frigerio que interceda para defender los intereses de la provincia.

“Causa tristeza e indignación la decisión del gobierno nacional de rematar viviendas y terrenos del plan Procrear, entre ellos un predio de 50.000 metros cuadrados en Paraná, valuado en casi un millón de dólares”, afirmó Cáceres. El dirigente remarcó que la medida impacta de lleno en una provincia que arrastra un déficit habitacional estructural.

En ese sentido, sostuvo que “para Entre Ríos esto representa un daño muy grande” y cuestionó la falta de reacción del Ejecutivo provincial. “El gobernador no puede permanecer en silencio frente a una decisión que afecta directamente a los entrerrianos”, advirtió.

Cáceres detalló que el terreno ubicado sobre avenida Ejército al 2751 es el más grande de los tres predios que el Gobierno nacional planea subastar, junto a otros ubicados en Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Según indicó, en ese espacio se podrían haber construido cerca de 400 viviendas.

El ex titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda señaló que la medida implica, en los hechos, la eliminación del programa Procrear sin una política alternativa que garantice el acceso a la vivienda. “Se destruye el programa sin asegurar que los futuros desarrollos privados sean accesibles para los sectores medios y populares”, sostuvo.

Además, afirmó que el mensaje del Gobierno nacional es claro: “El Estado se retira y deja a jóvenes y trabajadores librados exclusivamente al mercado inmobiliario para acceder a su primera casa”.

Cáceres subrayó que la vivienda es un derecho básico consagrado en la Constitución Nacional y recordó que la construcción habitacional tiene un efecto dinamizador sobre la economía, al generar empleo, demanda de materiales y movimiento en el comercio local. “Eliminar esta política agrava la recesión que ya golpea a los sectores populares”, señaló.

Finalmente, reclamó una mirada federal en materia de políticas habitacionales y reiteró el pedido al Gobierno provincial para que actúe ante la Nación. “Entre Ríos tiene que defenderse y reclamar para frenar este remate que compromete el presente y el futuro de muchas familias”, concluyó.

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del programa Procrear. Uno de ellos está ubicado en Paraná y fue autorizado para su venta mediante una resolución de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Se trata del inmueble denominado predio “Paraná”, ubicado sobre avenida Ejército 2751, entre las calles Pablo H. Crausaz y general José María Sarobe de la capital entrerriana. El terreno cuenta con una superficie total de 49.990,56 metros cuadrados y se encuentra identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24.

La decisión se enmarcó en el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que fue disuelto por decreto del Poder Ejecutivo nacional en noviembre de 2024. A partir de esa normativa, el Ministerio de Economía quedó facultado para administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles que integraban el programa.

En ese contexto, la Secretaría de Obras Públicas suscribió un contrato de mandato con el Banco Hipotecario para la administración y disposición de los inmuebles, así como para la regularización dominial de los mismos. Además, se llevó adelante un análisis técnico sobre el estado de los desarrollos urbanísticos que habían quedado inconclusos.

Un informe elaborado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció el valor venal del predio. Según se consignó en la resolución oficial, el precio de referencia fijado fue de 1.408.600.000 pesos, monto que equivale a 1.017.039,71 dólares estadounidenses, calculado al tipo de cambio vigente al momento de la tasación.

La valuación contempló la superficie total del terreno, su estado desocupado y las condiciones urbanísticas del área donde se encuentra emplazado. El dictamen fue emitido por la Sala C del organismo, conforme a lo previsto por la normativa vigente en materia de tasaciones del Estado nacional.

Asimismo, se delegó en la Dirección Nacional de Gestión de Obras la facultad de emitir circulares aclaratorias o modificatorias en el marco del proceso, con el objetivo de garantizar su correcta implementación.

Finalmente, se dispuso que la convocatoria y toda la información vinculada a la subasta sean publicadas en el portal oficial COMPR.AR, asegurando la publicidad y transparencia del procedimiento administrativo.

A través de la resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía enlistó los procedimientos necesarios para desmantelar el fondo fiduciario que administraba el programa que había sido creado en 2012. De esta manera, el organismo asegura la continuidad de los procesos financieros y la correcta disposición de los bienes involucrados tras su disolución. Según se detalló en el texto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de dicho procedimiento.

En tanto, lo dispuesto en el contrato con el Banco Hipotecario continuará bajo las mismas condiciones de retribución establecidas originalmente. La institución desempeña el rol de fiduciario para la gestión de los créditos individuales que aún deben ser administrados hasta su total liquidación. En esa misma línea, autoriza la celebración y suscripción de un Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales entre la cartera que dirige Luis Caputo y la entidad bancaria.

En el caso de bienes inmuebles que no estén afectados a contratos de locación de obra vigentes, deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como se mencionó en el decreto 1018/2024 que dispuso la disolución publicada el 13 de noviembre. Más allá de la decisión tomada, el Ejecutivo señaló: “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”.

Al mismo tiempo, señaló que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.

Un día antes de que se publicara el texto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicaba a través de su cuenta de X, dos novedades en materia económica, y una de ellas hacía mención de que “el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica, fue instruida para realizar las acciones necesarias para cumplir con el contrato de gestión de cobranzas, asegurándose de que los fondos recaudados sean canalizados correctamente hacia las cuentas públicas, neto del costo de gestión y cualquier retribución pendiente. Esta medida también incluye la instrucción para vender carteras de créditos cuyo rendimiento sea inferior al cuarenta por ciento de la suma total esperada.

“La adopción de las medidas que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Gestión de Cobranzas a celebrarse entre este ministerio y el Banco Hipotecario S.A., suscribiendo los actos jurídicos pertinentes a dicho efecto”, sostiene la resolución publicada este lunes en horas de la madrugada.

A su vez, la Subsecretaría Legal deberá involucrarse en los procedimientos judiciales que puedan surgir a raíz del desmantelamiento del fondo fiduciario. En esta oportunidad, la publicación también recordó lo establecido en el artículo 5 del decreto original, respecto de la posibilidad que adoptó el Ministerio de Economía de transferir inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional, con la “previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación”.

Y si los respectivos inmuebles hubiesen sido aportados por Provincias o Municipios u otros “podía acordarse su restitución total o parcial a favor del aportante de origen que se trate”.