Los internos habían iniciado un reclamo en el mediodía del martes por mejoras en la ración de comida y en la calidad de la alimentación. Habían presentado una nota en donde solicitaron mejoras en el racionamiento de la comida y no levantaron el almuerzo ni la cena.

Pero la situación se modificó en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades carcelarias iniciaron un diálogo con quienes alentaban a continuar con la medida y el resto de la población carcelaria del Módulo C decidió desistir del reclamo.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de las y los Trabajadores anunció formalmente su adhesión a la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la restitución integral de las prestaciones para todos los jubilados y pensionados del país. Bajo la premisa de frenar el deterioro en las condiciones de atención y las políticas de ajuste que afectan al sector, la organización sindical hizo un llamado abierto a toda la comunidad a sumarse activamente a las acciones de protesta programadas.

En la ciudad de Gualeguaychú, la medida se materializará a través de una convocatoria presencial organizada por la Asamblea de Adultos Mayores. La cita fue fijada para este miércoles 19 de agosto a las 10:30 horas en la intersección de Rocamora y Andrade, lugar donde se ubica la delegación local del PAMI.

Respecto a la modalidad que tendrá la manifestación en la ciudad, Ana Gómez, referente de la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, explicó a El Argentino: "En el contexto de la jornada nacional, nosotros hacemos esta movida frente al PAMI acá. Va a ser en Rocamora y Andrade. Vamos a utilizar las cuatro esquinas, no vamos a cortar la calle, vamos a estar repartiendo volantes. Se trata de una volanteada, una presencia y una forma de llamar la atención para estar en el contexto nacional del reclamo por todas las cosas que ya todo el mundo sabe".

Asimismo, la referente remarcó la gravedad del cuadro de situación asistencial y las trabas que enfrentan los afiliados en las localidades del interior: "La prestación del PAMI no es acorde a las necesidades que tiene la gente. Muchísimas agencias que estaban en localidades chicas las han cerrado y ahora han quedado cabeceras donde la gente no tiene plata para viajar. Todo es más costoso, los remedios ya no cubren como antes, los turnos médicos son muy lejanos y las prótesis no llegan en tiempo y forma. Hay gente que se muere esperando los insumos para operarse; todo es muy lento y burocrático".

Gómez alertó además sobre las drásticas consecuencias que tiene la crisis económica en la vida cotidiana y la salud mental de las personas mayores: "Si bien el PAMI tuvo siempre problemas de funcionamiento, esta vez es muy grave. No alcanza para comer, no alcanza para pagar los alquileres ni para comprar los remedios; tenés que elegir entre comprar el remedio o comer. La gente deja los tratamientos y se muere. Tenemos compañeros que se han muerto por no tomar la medicación que tenían que tomar, por ejemplo para la presión".

Por su parte, desde la conducción de la CTA ratificaron el acompañamiento a las demandas del sector pasivo: "Nos sumamos y convocamos a ser parte de la Jornada Nacional en defensa del PAMI, los derechos previsionales y la defensa de los derechos de todas y todos los jubilados y jubiladas. ¡Basta de maltrato a nuestros adultos mayores!", expresaron para convocar a la comunidad a respaldar el reclamo.

Durante martes, miércoles, jueves y viernes, las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La discusión salarial se desarrolla en paralelo al reclamo presupuestario. Para los sindicatos, ambos problemas están relacionados: el deterioro de los ingresos docentes se suma a la falta de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Habrá más paros a fin de mes

El conflicto no terminará con la medida de esta semana. FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios, ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

De esta manera, las universidades nacionales enfrentarán un calendario con nuevas interrupciones de las actividades durante la segunda mitad del mes. Ámbito Financiero.

Una jornada de tensión y reclamo se vivió este miércoles a la vera de la Autovía 14, donde cientos de trabajadores despedidos de diversas empresas de la región confluyeron en una jornada de protesta y visibilización. La manifestación, que incluyó volanteadas y acampes, busca nacionalizar el conflicto ante lo que califican como un "industricidio" que golpea fuerte al empleo local.

El epicentro de la protesta se dividió en tres puntos estratégicos. Uno de los focos principales se encontró en el kilómetro 56, un lugar emblemático para la protesta social en la provincia. Desde allí, el humo de las cubiertas quemadas se divisó a lo lejos, conectando visualmente con el segundo punto de reclamo ubicado un par de kilómetros más adelante, a la altura del Acceso Sur a Gualeguaychú.

En estos sectores de la 14 se concentraron los despedidos de las firmas Unionbat y Laboratorios Pyam —acompañados por el sindicato de petroquímicos— junto a trabajadores de Fademi. El tercer nodo de conflicto se localizó en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, donde se solidificó el apoyo al masivo reclamo de los 950 despedidos de la planta La China de Granja Tres Arroyos, cuyos operarios denuncian que llevan más de dos meses sin cobrar sus haberes en medio de un cierre patronal sin miras de reanudación.

El clima que se respiró en la ruta fue de creciente incertidumbre pero también de fuerte unidad. El paso de los vehículos particulares y camiones estuvo acompañado por un constante bocinazo en señal de apoyo a los manifestantes, las fuerzas de seguridad custodiaron el lugar, asegurando el bienestar de quienes protestaban. Carteles con leyendas como "Trabajadores en lucha", "Sin justicia no hay paz" y reclamos directos como "Fademi cumplí con la justicia" y "Fademi pagá lo que debés" vistieron el paisaje de la autovía.

Otros sectores acompañaron a los trabajadores, es el caso de la Multisectorial, el gremio de los Canillitas y la Asamblea de Adultos Mayores. Los mismos expresaron de manera contundente: “Apoyamos a los trabajadores y las familias de los trabajadores despedidos; pedimos la unidad de todos los sectores trabajadores y que la lucha no se termine en la ruta”.

La situación judicial y la falta de respuestas empresariales profundizaron el malestar. Al respecto, Ignacio Gervasoni, delegado de Fademi, expuso la gravedad de su sector: “Fademi está con una sentencia firme dictada el 10 de enero de 2025, donde la empresa no acata y prefiere pagar una multa antes que reincorporar a los despedidos. Son 40 despedidos. Es un desastre lo que está sucediendo: despidos inventados y sin pagar una indemnización”.

Con este escenario de fondo, la movilización multisectorial buscó mantener el conflicto en la agenda pública, sumar el respaldo de otros sectores damnificados por la crisis laboral en Entre Ríos y forzar una respuesta urgente que garantice el pago de las deudas salariales y devuelvan la certeza sobre las fuentes de trabajo destruidas.

Los trabajadores autoconvocados de la planta La China de Granja Tres Arroyos volverán a manifestarse este miércoles 8 de julio sobre la Ruta Nacional 14. La concentración está prevista para las 13, a la altura del acceso a San Justo, en el mismo sector donde se llevó a cabo la última protesta sobre la Autovía Artigas.

En esta oportunidad, la convocatoria contará con el acompañamiento de trabajadores despedidos de la empresa Unión Bat, de Gualeguaychú, quienes se sumarán a la jornada para respaldar el reclamo y exponer la situación laboral que atraviesan ambos sectores.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, la manifestación se desarrollará al costado de la ruta y no afectará la circulación vehicular, ya que no está previsto realizar cortes de tránsito.

Los empleados de la planta La China sostienen que llevan más de dos meses sin cobrar sus salarios y denuncian que el establecimiento permanece cerrado hasta nuevo aviso, sin definiciones por parte de la empresa respecto de la reanudación de la actividad.

En ese contexto, aseguran que la incertidumbre crece con el paso de las semanas y reclaman respuestas que permitan garantizar el pago de los haberes adeudados y brindar certezas sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

Con esta nueva movilización, los trabajadores buscan mantener vigente el conflicto, sumar el respaldo de otros sectores afectados por problemas laborales en la provincia y visibilizar una situación que, afirman, continúa sin respuestas.

El conflicto en torno al proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano sumó un nuevo capítulo este martes con la continuidad de la protesta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El sindicato docente inició el octavo día de acampe frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná, una medida de fuerza planificada de forma simultánea al avance del debate en la Cámara de Alta provincial.

La permanencia en la plaza central coincide con la agenda legislativa de las comisiones del Senado que analizan las modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones. Desde la conducción del sindicato señalaron que la intención es sostener una presencia visible y activa durante todo el proceso de discusión parlamentaria para manifestar el descontento del sector con los cambios propuestos.

Para garantizar la continuidad de la protesta sin desgastar a las bases, el gremio estructuró un sistema de postas diarias en el que se involucran los docentes de los diecisiete departamentos. La jornada de este martes contó con el despliegue de las delegaciones de Gualeguay, Gualeguaychú y Colón, quienes viajaron para acoplarse a los representantes de Paraná y a los integrantes de la Comisión Directiva Central.

Según explicaron los organizadores, el espacio frente a la gobernación excede el esquema tradicional de protesta y sumó una dinámica de formación interna. El cronograma diario del acampe incluye:

La Ley 8.732 regula el sistema de movilidad y los requisitos de edad y aportes para los trabajadores públicos de Entre Ríos. Los gremios rechazan cualquier modificación que altere el 82% móvil o aumente la edad jubilatoria.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevó adelante este jueves un paro docente en rechazo a las políticas del gobierno provincial y en defensa de la Caja de Jubilaciones.

La medida de fuerza fue acompañada por la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), que también resolvió sumarse a la protesta.

Desde Agmer se expresó que la gestión actual “no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”. En ese marco, el gremio mayoritario de la docencia provincial organizó volanteadas en los principales accesos de diversas ciudades, con el objetivo de visibilizar el impacto de la reforma jubilatoria y las dificultades que atraviesan los trabajadores de la educación.

Fuentes sindicales confirmaron que el acatamiento al paro alcanzó el 80% entre los docentes nucleados en Agmer, mientras que en el caso de AMET la adhesión fue del 70%. Para los gremios, estas cifras reflejan el malestar creciente en las escuelas y la necesidad de que el Ejecutivo provincial atienda los reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y la defensa del sistema previsional.

En un comunicado, Agmer sostuvo que la medida de fuerza se da en un contexto de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”. La entidad remarcó que la protesta busca llamar la atención sobre la situación crítica de la Caja de Jubilaciones y exigir respuestas concretas a las demandas planteadas en las últimas negociaciones paritarias.

En contrapunto, el Gobierno provincial difundió un relevamiento oficial realizado por el Consejo General de Educación (CGE), según el cual el presentismo en las escuelas entrerrianas alcanzó el 71% durante la jornada de paro. De esta manera, el Ejecutivo manifestó que la mayoría de los docentes concurrieron a sus puestos laborales, relativizando el impacto de la medida de fuerza.

La jornada de paro docente se inscribe en un escenario de conflictividad creciente en Entre Ríos, donde las organizaciones sindicales advierten que continuarán con las medidas de fuerza si no se atienden sus reclamos. El Gobierno, por su parte, sostiene que mantiene abiertos los canales de diálogo y que las decisiones adoptadas buscan garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y el funcionamiento de las escuelas.

El transporte público de la provincia atraviesa un escenario complejo. Este jueves, el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, confirmó que en mayo se aplicará una actualización de tarifas en los servicios suburbano e interurbano, con un aumento estimado en torno al 10%.

La decisión surge a partir del pedido de los empresarios del sector, que argumentan el impacto del incremento del gasoil y de las paritarias nacionales. Steren recordó que las tarifas se ajustan cada seis meses, aunque la última actualización se concretó en marzo sobre la base de los costos de diciembre, cuando debió haberse aplicado en enero.

“Estamos analizando los costos, el impacto de la paritaria nacional y del combustible, y es posible que en mayo autoricemos una corrección de tarifa en el transporte suburbano e interurbano”, señaló el funcionario.

El conflicto se arrastra desde diciembre, cuando 237 choferes quedaron fuera de la nueva concesión. Algunos lograron reubicarse, otros se jubilaron y varios iniciaron acciones legales por indemnizaciones, ya que desde el 7 de diciembre no perciben salarios.

Steren explicó que la Provincia participa de las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo junto a la empresa San José y el gremio UTA. “Estamos buscando soluciones mediante el diálogo. Se solicitó a UTA una nómina de choferes no reincorporados para clarificar la situación. Las medidas de fuerza no deben perjudicar a usuarios ni a empresas ajenas al conflicto”, enfatizó.

El servicio de colectivos de media y larga distancia en la terminal de Paraná comenzó a normalizarse este martes luego de la sorpresiva retención de tareas que durante la madrugada y primeras horas de la mañana impidió la salida de unidades hacia distintos puntos de Entre Ríos y del país.

La medida había generado complicaciones para pasajeros que debían viajar por trabajo, estudios, trámites personales o turnos médicos, además de fuertes quejas por la falta de información previa.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron posteriormente que el servicio sería restablecido. El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rup, explicó a Elonce que la protesta fue levantada y pidió disculpas a los usuarios afectados.

“Le pedimos disculpa a los usuarios por la medida de fuerza, pero ya hemos decidido que se levante la retención de servicios”, señaló. Además, aclaró que no podía brindar mayores precisiones sobre el trasfondo de la decisión. “No puedo dar detalles de porqué porque esto lo está llevando adelante la directiva nacional del gremio y nosotros seguimos órdenes”, indicó.

Durante varias horas no partieron colectivos desde la terminal de Paraná, lo que provocó largas esperas e incertidumbre entre quienes tenían pasajes programados. Según relataron pasajeros, en boleterías se les informó que no existía un horario confirmado para la normalización, por lo que muchos debieron reorganizar viajes o buscar alternativas. La medida afectó tanto líneas provinciales como servicios de alcance nacional.

En Gualeguaychú se vivió una nueva jornada de lucha docente con el objetivo de visibilizar la situación docente. Esta vez, se organizaron en toda la provincia de Entre Ríos, volanteada en los carteles de cada localidad. En la ciudad la concentración se realizó en el cartel de "Gualeguaychú" de la Oficina de Turismo en calle Artigas y Pedro Jurado.

Soledad Ponce, referente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Seccional Gualeguaychú, explicó: "La medida forma parte de una acción provincial en los ingresos a las localidades donde el sindicato tiene presencia". Las fotos con los carteles y los nombres de las ciudades se difundirán en redes sociales como parte de una campaña de concientización y visibilización. Los volantes que se repartieron a la comunidad manifiesta el reclamo que realiza el sector y acompaña la defensa de la escuela pública.

Ponce subrayó: "La situación económica de los trabajadores de la educación es crítica. Tenemos maestras y maestros que están cobrando apenas el 20% de su sueldo, endeudados en un 80% con bancos, tarjetas y mutuales. Es imposible sostener una familia con 750.000 pesos pagando alquiler”. La dirigente enfatizó que la crisis no afecta solo a los docentes, sino a toda la comunidad que depende de la educación pública, y denunció: El gobierno provincial vino a castigarnos, a decirnos que somos el problema y que debemos hacernos cargo de un déficit que no está claro”.

Uno de los puntos más sensibles de la protesta es la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo. Según Ponce: “Nos invitan a reuniones donde somos convidados de piedra, esperando que hagamos aportes para una reforma que no queremos y con la que no estamos de acuerdo. Desde hace mucho tiempo ya hemos marcado que no vamos a ceder”, afirmó. La recomposición salarial decretada por el gobierno, agregó, “no llega ni al 20% de lo que necesitamos y encima es en negro, afectando a la Caja y a la obra social”.

La referente de Agmer destacó la unidad con otros gremios, como ATE, que presentó un proyecto de reforma previsional en defensa de los derechos adquiridos. Aunque reconoció que existen diferencias en algunas posturas, remarcó que la lucha es conjunta: “Este gobierno nos está afectando a todos y a todas. No vamos a dejar de luchar en unidad”. En este sentido, acompañaron la actividad jubilados de la policía, manifestando el apoyo a la lucha docente y a su vez realizando un reclamo por su sector y la recomposición de sus haberes.

La jornada en Gualeguaychú se inscribe en un contexto provincial de creciente malestar docente, con reclamos por salarios dignos, condiciones laborales y defensa de la previsión social. Ponce adelantó que la semana próxima habrá nuevas actividades en conjunto con otros sindicatos, reforzando la idea de que la resistencia será sostenida y organizada.

La jornada de ayer en Estados Unidos dejó una imagen potente: millones de ciudadanos en las calles, unidos bajo la consigna “No Kings”, reclamando democracia y rechazando lo que consideran un avance autoritario del presidente Donald Trump. Con más de 3.000 eventos desplegados en todo el país, la movilización se convirtió en una expresión masiva de descontento social y político, que no sólo cuestiona la concentración de poder, sino también la crisis económica y la política exterior marcada por la ofensiva militar en Irán.

La protesta, que tuvo sus epicentros en Washington D.C. y St. Paul, Minnesota, se inscribe en una serie de manifestaciones que, en menos de un año, han consolidado al movimiento “No Kings” como un actor central de oposición. La diversidad de participantes —sindicatos, organizaciones sociales, colectivos juveniles y religiosos— reflejó la amplitud del malestar y la necesidad de visibilizar un reclamo que atraviesa distintos sectores de la sociedad estadounidense.

La movilización de ayer en Estados Unidos quedará registrada como una de las más grandes de la historia reciente. Bajo la consigna “No Kings”, millones de ciudadanos salieron a las calles en más de 3.000 eventos simultáneos, desde pequeñas localidades hasta grandes ciudades. Washington D.C. y St. Paul, Minnesota, fueron los epicentros de una protesta que combinó marchas multitudinarias, discursos públicos y expresiones artísticas.

La diversidad de participantes fue notable: sindicatos, organizaciones sociales, colectivos juveniles y grupos religiosos se sumaron a una convocatoria que buscó visibilizar el descontento frente al gobierno de Donald Trump. La consigna central fue clara: rechazar cualquier intento de concentración de poder y exigir un rumbo democrático en medio de un clima político cada vez más polarizado.

Los manifestantes denunciaron el autoritarismo y la lógica de costo-beneficio que, según ellos, domina la gestión actual. También señalaron la crisis social marcada por el aumento del costo de vida y la falta de respuestas frente a la desigualdad. La ofensiva militar en Irán fue otro de los motivos de indignación, sumando un componente internacional a la protesta.

Analistas políticos destacaron que esta es la tercera gran movilización en menos de un año, lo que refleja la persistencia del descontento social y la consolidación del movimiento “No Kings” como actor central de oposición. La magnitud de la jornada podría marcar un punto de inflexión en la política estadounidense, con impacto en la agenda electoral y en la percepción internacional del país.

Fuente: El País / CNN Español

En el marco del paro nacional universitario de esta semana, la comunidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Oro Verde llevó adelante una jornada de visibilización este jueves. Con una “semaforeada” en la intersección de las rutas 11 y 131, docentes, no docentes y alumnos manifestaron su preocupación por la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema educativo superior.

La movilización no sólo se centró en la cuestión salarial, sino también en el impacto que el recorte de fondos tiene sobre el funcionamiento básico de las facultades de Ingeniería (Fiuner) y Ciencias Agropecuarias (FCA). Los manifestantes marcharon por el centro de la localidad para explicar a los vecinos cómo la parálisis universitaria afecta directamente a la economía local.

Renuncias y desfinanciamiento

Diego Campana, decano de la Facultad de Ingeniería, brindó definiciones preocupantes sobre el presente de la institución. Según indicó, la crisis está provocando una ola de renuncias de profesionales que deciden volcarse al sector privado ante la imposibilidad de sostener sus cargos. “Todos los meses estoy firmando renuncias; estamos en una situación complicada para motivar a los futuros docentes a que continúen en el sistema”, advirtió.

Por su parte, los docentes remarcaron que el ajuste afecta áreas sensibles como la investigación, la extensión y las becas estudiantiles. Una de las profesionales que participó de la marcha señaló que, a pesar de tener cargos exclusivos, los salarios han quedado desfasados frente al costo de vida, lo que pone en riesgo la dedicación total que requieren las carreras científicas en la zona.

Oro Verde como ciudad universitaria

La elección de visibilizar el conflicto en las calles de Oro Verde responde a la identidad de la localidad. Los organizadores destacaron que la ciudad funciona gracias al flujo de estudiantes que alquilan y consumen en los comercios locales. “Si la universidad deja de funcionar o se reduce su actividad, el impacto se sentirá en todo el pueblo”, expresaron durante la jornada de protesta que se replicó con distintas modalidades en otras sedes de la UNER en la provincia, publicó Ahora.

Este martes, una columna de docentes y trabajadores estatales recorrió las calles de Gualeguaychú en el marco de la segunda jornada de paro provincial. La movilización partió desde la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, y culminó en la sede de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La protesta se realizó luego de que el lunes las organizaciones gremiales rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno. La medida de fuerza tuvo un alto nivel de acatamiento en las escuelas de la ciudad, con porcentajes que oscilaron entre el 60 y el 100 por ciento.

La marcha contó con la participación de docentes nucleados en Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), en la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y en la Asociación de Maestros Técnicos (AMET). También se sumaron referentes de ATE y del Sindicato de Aceiteros, consolidando un frente común de reclamo. La presencia de familias, jubilados y jubiladas reforzó el carácter colectivo de la protesta, que busca visibilizar la defensa de la educación pública y de los derechos previsionales.

Durante la concentración, la conducción gremial expresó con firmeza su malestar y en diálogo con EL ARGENTINO, Soledad Ponce, secretaria General de AGMER Gualeguaychú comentó:

“Convocamos a las 18:30 en 25 de Mayo y España y armamos una marcha que llegó hasta la Facultad de Bromatología. Nos acompañaron compañeros de ATE, del Sindicato de Aceiteros, familias y jubilados que se suman porque este gobierno plantea un ajuste focalizado también en ellos". Además la dirigente, adelantó: "El viernes habrá una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones, donde se adelantará la propuesta de reforma previsional. Nosotros nos posicionamos en contra y vamos a defender nuestros derechos previsionales, derechos que hemos sabido conquistar y que muchos compañeros que nos antecedieron han dado su salud en esa lucha. Estaremos presentes en la calle las veces que sean necesarias.”

La dirigencia cuestionó con dureza la propuesta salarial del Gobierno: “Es paupérrima, divide a los trabajadores porque establece diferencias entre quienes tienen menos de 10 años de antigüedad y los jubilados. Obliga a la docencia a compararse entre sí. Además, hay resoluciones frenadas y liquidaciones con errores que se pagan por complementaria. El aumento anunciado por decreto es una burla, porque se demora dos meses en cargarse y abonarse. La recomposición debe ser en blanco, para no desfinanciar nuestra obra social ni la caja de jubilaciones.”

El testimonio de Ponce refleja el enojo de los trabajadores frente a políticas que consideran de ajuste. “La lucha por la educación pública es de todos”, remarcaron, señalando que las medidas oficiales no sólo afectan a los docentes sino también a jubilados y familias enteras. La crítica se extiende a la falta de planificación administrativa y a la demora en los pagos, que generan incertidumbre y malestar en la comunidad educativa. La movilización concluyó con un acto en la Facultad de Bromatología, donde se reafirmó el compromiso de continuar con las medidas de fuerza hasta lograr una propuesta que contemple las necesidades de los trabajadores y garantice el derecho a la educación pública.

Luego de cerrarse la paritaria estatal con acuerdo de mayoría por UPCN, este lunes el Cuerpo de delegados y la Comisión Directiva de ATE declararon “insuficiente” lo firmado el viernes.

El motivo se debe a que los aumentos son no remunerativos para que “preserve” la obra social y el sistema previsional. A su vez, pidieron un plan de recomposición salarial en blanco, ya que se ha perdido más del 38% del mismo.

“La unidad de los Gremios en lucha es el camino que nos ha permitido resistir la embestida liberal contra los derechos de las y los trabajadores. Por esto, llamamos a coordinar acciones en conjunto, a la movilización provincial y al funcionamiento de asambleas en cada dependencia de cada Seccional para discutir: la defensa del Estado, la situación salarial, el sistema previsional y la obra social”, indicó el Sindicato.

Por otra parte, se informó que este viernes mientras se desarrolle la sesión en el Senado, por la reforma laboral, se llevará a cabo una movilización en defensa de los trabajadores y trabajadoras y rechazando el proyecto del Ejecutivo nacional. (Fuente: APFDigital)

El conflicto en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia se profundiza. Tras una semana de asambleas y retención de servicios, los trabajadores mantienen medidas de fuerza en rechazo a la reducción de sus ingresos y a la falta de diálogo con las autoridades. La ministra Verónica Berisso aún no convocó a una reunión formal para abordar el reclamo, lo que alimenta el malestar gremial.

Delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron recibidas por el secretario privado de la cartera, Nicolás Magallanes. Allí expusieron la situación y recordaron que las solicitudes de audiencia se vienen presentando desde septiembre sin respuesta. La falta de definiciones oficiales refuerza la percepción de desinterés por parte del Ministerio.

Uno de los puntos más sensibles es la confirmación de los recortes salariales. Mientras algunos sectores intentaron relativizar la situación como “versiones informales”, desde la Asamblea de trabajadores aclararon que la reducción quedó registrada en un expediente administrativo. Por ello, exigen una comunicación formal que revierta la medida y garantice la estabilidad de los ingresos.

La protesta también se vincula con el descontento frente a la negociación paritaria provincial. Los empleados consideran que la propuesta del Gobierno no representa una recomposición real del salario y que la pérdida de poder adquisitivo se profundiza. Además, ratificaron su defensa del sistema previsional provincial y su rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional, vinculando el conflicto local con un escenario de ajuste más amplio.

La falta de respuestas concretas y la persistencia de los recortes salariales mantienen en tensión al Ministerio de Desarrollo Humano. Los trabajadores advierten que las medidas de fuerza continuarán hasta que exista una convocatoria oficial y una solución efectiva. El conflicto, que comenzó como un reclamo sectorial, amenaza con convertirse en un símbolo del malestar general frente a las políticas de ajuste.

Desde el colectivo de enfermeros autoconvocados se informó que la decisión de realizar este tipo de manifestación pública se debe a “visibilizar la profunda precarización laboral” que padece el personal de la salud pública y se calificó de “crítica” la situación que se vive puertas adentro.

Este “abrazo simbólico” fue la forma que los y las trabajadoras del Hospital Centenario eligieron para reclamar por una mejor condición de trabajo. “Los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza, hace 10 meses que no recibimos aumento, estamos con un salario básico de 267 mil pesos, que no alcanza a cubrir la canasta básica, pese a la alta responsabilidad que implica el cuidado de la salud de la comunidad”, se indicó.

También se enfatizó en “la falta de reconocimiento profesional, la inestabilidad laboral y la ausencia de un pase a planta permanente para numerosos trabajadores que sostenemos el sistema público de salud".

Advirtieron que la jornada de lucha “se desarrollará sin abandonar los servicios ni afectar la atención de los pacientes, ya que la protesta se lleva adelante en horas de descanso del personal”.

Además, durante la medida de fuerza, se entregan folletos informativos, se realizarán controles gratuitos de signos vitales y se brinda información sobre la realidad que atraviesa el sector. “El objetivo es dialogar con la población, concientizar y dejar en claro que la lucha no es solo por mejores salarios, sino también por una salud pública de calidad”, resaltaron.

La intervención del Hospital Garrahan, a través de su abogada sumariante, recomendó el despido de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), junto a otros nueve trabajadores —en su mayoría delegados gremiales con tutela sindical— y la suspensión de una treintena más. En total, 44 empleados fueron alcanzados por el sumario abierto tras las protestas de octubre de 2025, cuando se ocuparon oficinas de la dirección en rechazo al ajuste y a descuentos salariales.

El pedido de desafuero busca levantar la protección sindical de los dirigentes para proceder con las cesantías. Según la intervención, los acusados “dirigieron y tomaron ilegalmente las oficinas” durante el conflicto.

Norma Lezana denunció que Adorni conoció y festejó el contenido de la notificación antes que los propios trabajadores, lo que calificó como “una decisión revanchista, insensible, de persecución evidente del gobierno nacional”. Recordó que lleva 39 años en el hospital y que las protestas de 2025 lograron aumentos salariales y evitaron la renuncia masiva de profesionales. Para Lezana, las sanciones son “el banco de prueba” de la reforma laboral que se discute en el Congreso, destinada a castigar la protesta social. “Vamos a resistir las sanciones, vamos a volver a ser causa nacional abrazando a quienes defendimos el hospital y vamos a movilizarnos contra la reforma laboral y toda la andanada de atropellos”, afirmó.

En respuesta, el equipo de salud del Garrahan convocó a una conferencia de prensa este miércoles a las 12 en la entrada principal del hospital (Combate de los Pozos) y ratificó un Cabildo Abierto a las 16 con decenas de organizaciones. Allí se definirán los pasos a seguir frente a las sanciones, la reforma laboral y el tratamiento de otras leyes en el Congreso. (Con información de APFDigital)

Institutos de formación docente y técnico profesional de Entre Ríos iniciaron un plan de movilizaciones en rechazo a los recortes y cierres de carreras anunciados por el Consejo General de Educación (CGE) para el ciclo lectivo 2026. Las protestas se concentrarán esta semana en Nogoyá, Victoria, Santa Elena y Concordia, con el respaldo de Agmer y de comunidades educativas locales.

El conflicto se desató tras una reunión virtual realizada el martes 2, encabezada por el director de Educación Superior del CGE, Eugenio Medrano, junto a dos vocales del organismo, en la que se comunicó una fuerte poda de la oferta académica en los institutos de formación docente. Allí se informó que las carreras de planta temporaria no tendrían garantizada su continuidad y que las de planta permanente solo asegurarían una cohorte durante 2026, sin precisiones posteriores.

La primera reacción se produjo el viernes 5 en Nogoyá, donde Agmer convocó a un abrazo simbólico a la Escuela Normal Superior Antonio Sagarna. La protesta fue dirigida contra las medidas anunciadas por Medrano, exdirigente del propio sindicato, y denunció que los recortes afectan la calidad educativa, la estabilidad laboral y el acceso a la educación superior.

Este martes, el reclamo se trasladará a la ciudad de Victoria, con una asamblea abierta en defensa de las carreras de nivel superior, prevista para las 19 en la Escuela Municipal de Música. En tanto, el miércoles habrá dos convocatorias: a las 19, una concentración en la Plaza Centenario de Santa Elena, y a la misma hora, una movilización en la plaza 25 de Mayo de Concordia.

Desde los institutos concordienses advirtieron que la decisión del CGE pone en riesgo cerca de diez carreras de formación docente y otras técnico-profesionales en la ciudad. Señalaron que cientos de estudiantes podrían quedarse sin la posibilidad de iniciar estudios superiores en 2026 y que se abre un escenario de inestabilidad laboral para numerosos docentes.

La preocupación también fue expresada en Concepción del Uruguay. La Mesa Universitaria local difundió un pronunciamiento en el que rechazó “de manera absoluta” lo que definió como un proceso arbitrario y unilateral de desmantelamiento del nivel superior en la provincia. Cuestionaron el uso de estadísticas “de dudosa veracidad” como fundamento para cerrar carreras y alertaron sobre el impacto social de la medida.

Según ese espacio, el recorte afectará a decenas de institutos en todo el territorio entrerriano y restringirá el acceso a la educación superior, especialmente en localidades donde estas instituciones representan la única alternativa de formación. También advirtieron sobre la pérdida de puestos de trabajo y el agravamiento de la incertidumbre laboral para cientos de familias.

Mientras se multiplican las protestas, el Gobierno provincial no informó si revisará las decisiones anunciadas. El conflicto promete escalar en las próximas semanas, con un escenario de creciente tensión en el sistema educativo entrerriano.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) llevó adelante un paro de 24 horas con un importante acatamiento por parte de los trabajadores judiciales de la provincia. Según informó a Elonce el secretario general de AJER, José María Segura, el acatamiento fue superior al 80% en la mayoría de las jurisdicciones, con picos de cumplimiento en localidades como Concordia, Gualeguaychú, Tala y Concepción del Uruguay, mientras que en Paraná el acatamiento se situó en torno al 75%.

"Este paro refleja la determinación y la voluntad de los trabajadores judiciales para hacerle saber al gobierno que la instancia de diálogo que se inició en la mesa salarial, esperamos que tenga una respuesta positiva", expresó Segura.

El reclamo central que motiva la protesta tiene que ver con el atraso salarial de los trabajadores judiciales. Según Segura, el sueldo de un escribiente, que es el primer escalón en la carrera administrativa judicial y que debe rendir un exigente concurso abierto para ingresar al puesto, está "por debajo de la canasta básica". Remarcó que "Hoy un escribiente cobra 1.050.000 pesos en mano, sin antigüedad, un sueldo que está muy por debajo de la canasta básica y que, además, es el salario básico de la categoría".

Además, dijo que los trabajadores judiciales no solo solicitan aumento salarial, sino también que se salde una deuda por retroactivos salariales. En este sentido, mencionó que a los jubilados judiciales les deben retroactivos desde 2024, algunos de los cuales tienen más de un año de atraso. "La caja propone pagarlos en 20 cuotas, lo que nosotros no aceptamos", remarcó.

Segura aseguró que, si no se obtiene una respuesta satisfactoria del gobierno, el paro podría repetirse en las próximas semanas. "Estamos abiertos al diálogo, pero la medida de fuerza tiene como objetivo hacer conocer al gobierno la determinación de los trabajadores judiciales de defender su salario", afirmó.

El domingo 23 de noviembre se realizó una Caravana Acuática en el río Uruguay, con la participación de nadadores, kayakistas, embarcaciones menores y veleros. Desde la costa, turistas y vecinos acompañaron la protesta con la consigna “Fuera HIF Global del río Uruguay”. La jornada culminó en Playa Inkier, donde se leyó un documento dirigido al presidente Javier Milei, al gobernador Rogelio Frigerio y a autoridades uruguayas.

En ese mensaje, los colectivos reiteraron su rechazo a la refinería de combustibles sintéticos y alertaron que el proyecto expone a la región al “riesgo industrial”, agravado por los vientos dominantes del este. Sostuvieron que la instalación provocaría una pérdida de soberanía territorial y denunciaron la falta de consulta y transparencia en todo el proceso. “No queremos que nuestro lugar se transforme en una zona de sacrificio”, enfatizaron. Finalmente, apelaron a los lazos históricos con el pueblo uruguayo y reclamaron “diálogo, transparencia y respeto a la voluntad popular”.

El comunicado lleva la firma de la Multisectorial Somos Ambiente, AGMER CTA Colón, CGT Regional Colón, el Sindicato de la Carne, organizaciones culturales, entidades sociales, juntas vecinales y agrupaciones ambientales de toda la región.

Multisectoriales, sindicatos y entidades sociales de Colón y la región Tierra de Palmares cuestionaron la aprobación ambiental otorgada por Uruguay y exigieron transparencia, diálogo y el cambio de ubicación del proyecto. Expresaron, también, un fuerte rechazo a la instalación de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, luego de que autoridades uruguayas avanzaran con la Validación Ambiental de Locación del proyecto. Ante las diversas declaraciones de funcionarios de la República Oriental del Uruguay, en un comunicado difundido el 23 de noviembre, los colectivos señalaron que la decisión del Estado uruguayo “ignora” la cercanía y el impacto sobre comunidades entrerrianas y denunciaron que la ubicación elegida constituye un “riesgo industrial” para la zona.

Según expresaron, no es la comunidad entrerriana la que genera la conflictividad, sino las decisiones “unilaterales” del gobierno uruguayo al permitir el emplazamiento “en un lugar inadecuado”, sin considerar la presencia de Colón, Pueblo Liebig, San José y otras localidades de la región.

Cuestionaron además que el proceso se haya llevado adelante con información “reservada”, producto del convenio de confidencialidad entre HIF Global y el Estado vecino.

El comunicado también advirtió que la validación ambiental deja expuestas a las poblaciones entrerrianas por el volumen de producción y la naturaleza de las sustancias involucradas. “No es posible calificar como falsas las preocupaciones de las comunidades cuando se desconocen los detalles específicos de lo que se va a producir”, remarcaron.

“Toda esta región tiene un modelo económico desarrollado desde hace muchos años, situación que la Junta Departamental de Paysandú quizás ignora, pese a que se le advirtió en ese momento, que era inadecuada la ubicación”, explicaron.


“La reciente -aunque todavía no publicada- aprobación de la Validación Ambiental de Locación, deja expuestas a las comunidades de la provincia Entre Ríos, en la zona de influencia de la refinería, a condición de Riesgo ante el volumen de producción declarado, por el tipo de sustancias a producir y los riesgos que ellas implican ante situaciones inesperadas, accidentes imprevistos o cualquier otra situación que pueda generar hechos negativos, con relación al normal funcionamiento de la empresa. Aún se desconocen (por el convenio de confidencialidad firmado entre HIF y el estado uruguayo) las características y los detalles específicos de los aspectos productivos de esta industria”.

Las organizaciones señalaron que la ubicación decidida vulnera los acuerdos históricos de cooperación e integración entre Paysandú y Colón, y consideraron que la instalación de la planta “impone un ordenamiento territorial de facto” sobre la región argentina, afectando su ambiente, economía y modo de vida. También objetaron los criterios poblacionales utilizados por las autoridades uruguayas para justificar el sitio elegido, y recordaron que del lado argentino existen infraestructuras críticas a distancias inferiores a las consideradas en el informe oficial.