“Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del fenómeno climático de “El Niño”, nos obliga a adelantarnos al problema y brindarle al gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico entrerriano”, planteó Michel.

El proyecto establece medidas para brindar asistencia financiera especial a las actividades económicas afectadas (aportes, préstamos blandos), así como planes de pago de impuestos nacionales y medidas impositivas especiales tales como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos o la suspensión de los juicios de ejecución fiscal.

La ley será de aplicación para todos los sectores productivos, en particular turismo y comercio. A su vez, contempla la posibilidad de que el gobierno nacional amplíe la zona de emergencia a otras provincias.

“En estos días vimos localidades que están siendo muy afectadas por el fenómeno climático. Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones”, manifestó el legislador.

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El Senado convirtió en ley el proyecto de ley de Zonas Frias, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deje sin ese beneficio a más de un millón de personas

La iniciativa fue sancionada por 38 contra 8 votos.

El tratamiento del proyecto se inició tras haber sancionado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo deberá garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados afectará a más de 1 millón de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis

Detalles

El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna.

También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Senadores de Entre Ríos reanudarán las reuniones de trabajo para debatir el proyecto de ley que propone la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública provincial. El encuentro fue fijado para este miércoles a partir de las 9:00 horas, marcando el reinicio del tratamiento legislativo de una norma que ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

La iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo Provincial establece como objetivo principal la realización de estudios detallados sobre el desenvolvimiento, origen y estado del endeudamiento público entrerriano, tanto interno como externo, directo e indirecto. El período de análisis estipulado abarca desde el 10 de diciembre de 1991 hasta la actualidad, comprendiendo las operaciones de renegociación, refinanciación, canjes, pagos de comisiones, reestructuraciones y eventuales situaciones de incumplimiento registradas en las cuentas provinciales.

Durante el trámite realizado en la Cámara Baja se introdujeron modificaciones al texto original presentados por el Ejecutivo. La principal reforma consistió en transformar la naturaleza del organismo: de una comisión investigadora especial de carácter temporal con plazo de un año, se optó por definir una estructura de carácter permanente. Este esquema dispone la obligación de elaborar y difundir dictámenes anuales que reflejen la situación financiera del Estado provincial al 10 de diciembre de cada ejercicio presupuestario.

De acuerdo con el articulado que cuenta con media sanción, los informes resultantes deberán ser publicados en el portal web oficial de la provincia. La normativa especifica que el material remitido deberá utilizar un lenguaje accesible e incluir recursos gráficos para facilitar la comprensión ciudadana respecto a la sostenibilidad de las finanzas y la diferenciación entre los fondos destinados a gastos corrientes y aquellos aplicados a inversiones estratégicas o infraestructura productiva a largo plazo.

Respecto a la conformación de la comisión, el texto legal dispone una representación interdisciplinaria integrada por dos senadores y dos diputados —garantizando la presencia de los bloques de la mayoría y de la minoría—, tres representantes del Poder Ejecutivo provincial, un profesional designado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y un delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

El bloque oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación resolvió retirar de manera íntegra el capítulo relativo a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La medida busca garantizar las condiciones operativas para reanudar la sesión plenaria convocada tras el cuarto intermedio dispuesto en la etapa previa de debate del cuerpo normativo.

La modificación de la estrategia parlamentaria se terminó de definir tras una serie de consultas encabezadas por la conducción libertaria en el Senado, liderada por Patricia Bullrich, junto a legisladores de bloques aliados como la Unión Cívica Radical. El articulado que quedó descartado proponía elevar del 15% al 25% el límite máximo de titularidad de tierras rurales provinciales en manos de personas humanas o jurídicas de origen extranjero, además de contemplar autorizaciones del Poder Ejecutivo Nacional y de las jurisdicciones provinciales para sociedades con participación estatal internacional.

La decisión de marginar este punto se desencadenó tras la negativa de senadores alineados con gobernadores provinciales, sumada a reparos expresados por bloques de la oposición dialoguista, lo que imposibilitaba reunir las mayorías requeridas para la aprobación en el recinto.

Pese a la eliminación del apartado vinculante a la titularidad de tierras por parte de foráneos, la iniciativa legislativa mantiene en su temario un conjunto de reformas orientadas al marco normativo de la propiedad. Entre los aspectos que continuarán en discusión en el pleno senatorial se destacan las modificaciones en los regímenes de expropiación, la implementación de mecanismos sumarísimos para el desalojo de inmuebles y la derogación de las restricciones vigentes en la legislación sobre el uso del suelo en superficies afectadas por incendios forestales.

El cuerpo legislativo prevé abordar el dictamen modificado en la jornada legislativa programada, en un contexto de negociaciones abiertas entre las distintas bancadas para definir la suerte final de los artículos restantes del proyecto.

El presidente Javier Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y anticipó el envío al Congreso de un paquete de proyectos económicos que definió como "el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años". Durante una cadena nacional, sostuvo que el objetivo es impedir el financiamiento del Estado mediante la emisión monetaria y avanzar hacia un esquema de mayor disciplina fiscal y desregulación financiera.

En el inicio de su mensaje, el mandatario afirmó que la modificación de la Carta Orgánica busca "poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política", al vincular la emisión monetaria con la inflación y el denominado "impuesto inflacionario". Además, aseguró que el Banco Central "ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política".

Como parte de su argumentación, Milei repasó la historia del organismo desde su creación en 1935 y sostuvo que la inflación acumulada desde entonces asciende al "12.819.532.788.614.400%". También afirmó que, desde la salida de la convertibilidad, la inflación acumulada alcanzó el 168.580%.

Críticas a gobiernos anteriores y a la convertibilidad

El Presidente cuestionó distintos momentos de la política económica argentina y volvió a referirse a la salida del régimen de convertibilidad. "Cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel entonces, que eran de los argentinos, pasaran a manos de los políticos", afirmó, al estimar ese monto en unos 30.000 millones de dólares a valores actuales.

Durante su mensaje, el Presidente sostuvo que el Banco Central "ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política" y vinculó su funcionamiento con distintos procesos económicos de las últimas décadas.

En ese marco, cuestionó la creación de la entidad monetaria al sostener que comenzó "con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas", situación que, según afirmó, derivó en un aumento de la emisión monetaria y en una aceleración de la inflación.

Además, volvió a cuestionar la salida del régimen de convertibilidad al señalar que, en ese momento, "cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar".

También apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la extitular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont. Según sostuvo, durante la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 "le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares", cifra que estimó en unos 15.000 millones de dólares a valores actuales.

Los cinco cambios para el Banco Central

Milei detalló que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica contempla cinco ejes principales. El primero establece que la misión exclusiva del Banco Central será preservar el valor de la moneda, eliminando los objetivos múltiples incorporados en reformas anteriores.

En segundo lugar, propone prohibir expresamente cualquier tipo de financiamiento del Banco Central al Estado nacional, las provincias y los municipios, incluyendo la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La tercera modificación apunta a fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria. Si bien el mecanismo de designación del presidente del Banco Central se mantendrá, su eventual remoción requerirá el voto de los dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

El cuarto punto modifica el tratamiento contable de determinados activos y establece que los resultados derivados de su administración solo podrán destinarse a la cancelación de deuda pública. Finalmente, el proyecto elimina cambios incorporados en la reforma de la Carta Orgánica de 2012 y también las denominadas letras intransferibles.

Grillete fiscal y reformas para el mercado financiero

Durante la cadena nacional, el mandatario también anunció el envío de un proyecto denominado "Grillete Fiscal", que busca impedir la aprobación de presupuestos con déficit.

"Se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no pueda votar ni sostener un presupuesto deficitario", afirmó. Explicó que, si el resultado fiscal permaneciera en rojo durante varios meses consecutivos y el Congreso no corrigiera esa situación, comenzaría un mecanismo de "shutdown" mediante el cual se paralizarían los servicios no esenciales del Estado y las principales autoridades nacionales dejarían de percibir sus salarios.

Además, Milei adelantó una profunda reforma del mercado de capitales destinada a facilitar el financiamiento privado. Entre otras medidas, permitirá la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera y flexibilizará el régimen de financiamiento colectivo.

Por último, anunció cambios en el mercado de seguros para otorgar mayor libertad a las compañías en el diseño y comercialización de productos, limitando el rol del organismo regulador al control de la solvencia de las empresas y la protección de los asegurados frente a posibles fraudes.

Al finalizar su discurso, el Presidente sostuvo que todas las iniciativas "tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas" y pidió al Congreso que acompañe su aprobación.

Según el jefe de Estado, "las reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad".

Por eso, aseveró: "Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre".

El debate sobre la propiedad de la tierra sumó un nuevo capítulo tras las advertencias de juristas e investigadores ante el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado en el Senado nacional. La iniciativa busca derogar los artículos centrales de la Ley de Tierras (26.737), eliminando el tope del 15% para la titularidad de inmuebles rurales en manos de personas o empresas extranjeras, así como los resguardos en zonas de frontera.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó que la Constitución protege la propiedad privada, pero no convierte al territorio en una mercancía, advirtiendo que renunciar al control sobre quién adquiere áreas estratégicas compromete la soberanía nacional. Por su parte, Matías Oberlin, investigador del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, precisó que actualmente existen más de 13 millones de hectáreas bajo dominio foráneo, con casos críticos en Neuquén, La Rioja, Salta y Corrientes donde la extranjerización supera el 30% y hasta el 50% departamental.

Desde el Observatorio señalaron que la desregulación afectará bienes comunes como cuencas de agua dulce, minerales e infraestructura logística, encareciendo el valor de la tierra y dificultando el acceso a productores locales.

El giro estratégico de la gestión de La Libertad Avanza, que pasa de la promesa de eliminación de la entidad a su reforma legal, encuentra su principal explicación en las presiones internacionales y las metas de estabilización:

Modificar la carta orgánica para darle "independencia" y sanear sus cuentas —siguiendo al pie de la letra los manuales de los organismos multilaterales de crédito— implica, en los hechos, fortalecer e institucionalizar al BCRA en lugar de dinamitarlo. Aunque el discurso oficial intente justificar que este ordenamiento es el paso previo a una futura "dolarización endógena", el flanco cambiario y la escasez de reservas netas sugieren que el Ejecutivo ha optado por el pragmatismo económico tradicional. La "motosierra" sobre la autoridad monetaria ha quedado archivada en favor de una reforma estatutaria clásica.

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Los senadores miembros de la comisión de Legislación General continuaron este martes con el análisis del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo con media sanción en el año 2024, por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, la cual, sancionada en 1964, establecía una pensión vitalicia para exgobernadores y exvicegobernadores.

Participaron quien preside la comisión, Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos), junto a sus pares Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).

En el encuentro de trabajo los legisladores dialogaron sobre las modificaciones introducidas, y consensuaron firmar el dictamen favorable.

El texto del proyecto

Se deroga la Ley N° 4.506 y sus modificatorias. Asimismo, se estipula que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario, a excepción de las que provengan de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural y la Ley N° 9.216 de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

En el tercer artículo dispone que los beneficios reconocidos durante la vigencia de la Ley N° 4.506 y sus modificatorias continuarán abonándose como igualmente en caso del fallecimiento del titular, se abonarán al cónyuge supérstite y/o a los hijos hasta la mayoría de edad, salvo que sus beneficiarios queden comprendidos en los supuestos previstos en el artículo siguiente. El artículo cuarto habla de incompatibilidades y procedimiento: la percepción de las pensiones otorgadas durante la vigencia de la Ley N° 4.506 y sus modificatorias resulta incompatible con: a) La percepción actual o futura de beneficios asistenciales o graciables de cualquiera de los regímenes vigentes, sin perjuicio del derecho del beneficiario a optar por la prestación de mayor valor cuando se trate de beneficios previsionales de carácter contributivo. b) La percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral o contractual con el Estado en el orden nacional, provincial, municipal o comunal, con excepción de las que correspondan al ejercicio de la docencia.

Se deja sentado que el beneficiario deberá solicitar la suspensión del beneficio hasta la finalización de su gestión o contratación, o bien optar por el cobro de aquél, renunciando a toda remuneración o asignación dineraria por el cargo desempeñado, comunicando su opción a la autoridad encargada de liquidar el beneficio o la remuneración, según el caso. Si el beneficiario no ejercitare la opción, el beneficio se suspenderá de oficio, debiendo restituirse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la suma percibida desde que la incompatibilidad se haya producido, con más sus intereses legales. A tal efecto, el acto administrativo que disponga la suspensión será título ejecutivo suficiente para el cobro de la deuda liquidada.

En el artículo quinto se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días corridos contados desde su promulgación, en todo lo que sea necesario para su implementación. El artículo sexto es de forma.

La iniciativa del bloque justicialista busca que la provincia garantice la construcción y el mantenimiento de refugios para pasajeros en las rutas entrerrianas. El objetivo es brindar seguridad, accesibilidad y resguardo climático a estudiantes, docentes y trabajadores del interior.

La infraestructura vial en el interior de la provincia podría sumar una regulación clave para mejorar la calidad de vida y la seguridad de las comunidades más pequeñas. Un proyecto legislativo busca revertir la desprotección que sufren diariamente cientos de vecinos que dependen del transporte de pasajeros en las zonas rurales de Entre Ríos.

Este miércoles ingresó a la Cámra de Diputados provincial un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar y mantener garitas para pasajeros en los accesos a poblaciones rurales ubicadas sobre rutas nacionales y provinciales dentro del territorio entrerriano. La iniciativa, presentada por el diputado Sergio Castrillón, cuenta con el acompañamiento de Laura Stratta, Enrique Cresto, Silvia Moreno, José Kramer, Mariel Ávila y la legisladora local Lorena Arrozogaray.

El proyecto establece que las garitas deberán contar, como mínimo, con techo, asientos, iluminación eléctrica o mediante energía solar y señalización adecuada para permitir la detención segura de los vehículos de transporte público o privado.

El texto prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación que coordine con municipios, comunas y juntas de gobierno la construcción de estas estructuras, luego de realizar un relevamiento de las necesidades existentes en un plazo de 180 días. Los gastos serán atendidos con las partidas presupuestarias asignadas a la Dirección Provincial de Vialidad, complementadas con otros aportes que determine la provincia.

En los fundamentos, el autor señaló que numerosos habitantes esperan diariamente el transporte sobre las banquinas, sin infraestructura que los proteja del clima ni de los riesgos del tránsito. Indicó que esta situación afecta especialmente a estudiantes, docentes, trabajadores rurales y adultos mayores que dependen del transporte para acceder a la educación, la salud y el trabajo. Asimismo, sostuvo que es una obra de bajo costo y alto impacto social, que favorece el arraigo en las comunidades del interior.

(Fuente: APFDigital)

El Poder Ejecutivo entrerriano presentó este jueves un proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos que “procura establecer un marco normativo integral orientado a modernizar la gestión pública provincial, promover la incorporación de herramientas tecnológicas y fortalecer la vinculación entre el Estado y la ciudadanía”.

En los fundamentos se señaló que “el presente proyecto procura sentar las bases para una política pública moderna e integral en materia de innovación y transformación digital, fortaleciendo las capacidades estatales y promoviendo una gestión pública más eficiente, cercana y preparada para afrontar los desafíos del futuro”.

El ámbito de aplicación será, de ser aprobado, “los tres Poderes del Estado, los organismos autárquicos, autónomos, empresas del Estado y demás entes y organismos que integran el Sector Público Provincial. Los Municipios y Comunas podrán adherir en lo pertinente a esta Ley”.

Necesidad de consolidar un proceso de transformación

En el mensaje a la Legislatura se precisó que “la iniciativa parte de la necesidad de consolidar un proceso de transformación estatal que permita adecuar las estructuras, procedimientos y servicios públicos a los desafíos y oportunidades que plantea la actual realidad tecnológica y digital. En este sentido, el proyecto propone incorporar principios, criterios y mecanismos que contribuyan a construir un Estado más ágil, eficiente, transparente, accesible e innovador”.

También se destacó que “a través de esta propuesta se busca impulsar políticas de innovación pública y gobierno digital, promoviendo el uso de tecnologías emergentes y herramientas digitales para optimizar procesos administrativos, simplificar trámites, fortalecer la interoperabilidad entre organismos y facilitar el acceso ciudadano a los servicios estatales”.

Digitalización vs papel

El proyecto “incorpora disposiciones vinculadas con la digitalización de procedimientos administrativos, la utilización de expedientes y notificaciones electrónicas, la implementación de plataformas digitales de servicios y la consolidación de mecanismos que permitan avanzar hacia una administración progresivamente despapelizada y centrada en las personas”.

También prevé “lineamientos generales vinculados con la ciudadanía digital, la protección y gobernanza de datos, la preservación del patrimonio digital público y el desarrollo de criterios de seguridad, accesibilidad, transparencia y resguardo de derechos en la utilización de nuevas tecnologías”.

La iniciativa, según se indicó, “contempla herramientas destinadas a modernizar el régimen de compras y contrataciones públicas, adecuándolo a las dinámicas propias de los servicios digitales, plataformas, licencias y desarrollos innovadores, permitiendo así dotar al Estado de mayor capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos”.

También se destacó prevé “una implementación progresiva de las medidas propuestas, contemplando criterios de inclusión y accesibilidad, a fin de garantizar que la transformación digital del Estado no implique barreras para aquellos sectores de la población que requieran acompañamiento o modalidades alternativas de vinculación con la Administración”.

Fuente: APFDigital

La presentación de un proyecto de ley en el Senado de la Nación abre el debate sobre la necesidad de contar con herramientas rápidas y efectivas frente a la anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal que puede desencadenarse en cuestión de minutos. La propuesta busca transformar en política pública nacional la experiencia pionera de Entre Ríos, donde ya existe una normativa específica.

La iniciativa surge a partir de la tragedia de Matías Colaprete, un joven que falleció en Paraná tras la picadura de una abeja, sin que hubiera respuesta adecuada en los primeros minutos. El caso impulsó la sanción de la Ley N° 11.242 en Entre Ríos, única en América Latina, y ahora se busca replicar ese modelo a nivel nacional.

En el acto de presentación participaron senadores de distintas provincias, legisladores entrerrianos, autoridades sanitarias y especialistas en alergia e inmunología. También estuvieron familiares de Colaprete, quienes remarcaron la importancia de que la experiencia personal se convierta en una política pública capaz de salvar vidas.

El proyecto subraya que no se requieren grandes recursos económicos, sino voluntad política y capacitación. La disponibilidad de adrenalina, de bajo costo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia.

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.

El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones, y argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su eliminación total.

A continuación, los puntos principales y fundamentos del proyecto oficial:

Derogación total: El proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley N° 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

Críticas al sistema "binario" y confusión al consumidor: El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional.

Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando "interpretaciones simplificadas o poco precisas" y confusión en el comprador.

Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.

Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados.

Esta situación afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.

Rigidez normativa: Se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el "pronto tratamiento y sanción" de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como "técnicamente más consistente, uniforme y adaptable".

Fuente: ElOnce

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convoca a manifestarse frente a la Casa de Gobierno este miércoles a las 10, en coincidencia con la sesión del Senado en la que tomará estado parlamentario el proyecto de ley de Reforma Previsional del gobierno provincial.

El sindicato cuestionó con dureza el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado el viernes y advirtió que la iniciativa “significa un ataque directo a los derechos previsionales” de trabajadores activos y jubilados.

Desde el gremio docente señalaron que la propuesta impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio contempla cambios “regresivos” en el sistema jubilatorio provincial y denunciaron que el texto no fue expuesto al debate público antes de su ingreso a la Legislatura.

Entre los principales puntos cuestionados, AGMER remarcó el aumento de la edad jubilatoria. Según detallaron, el proyecto elevaría la edad para acceder a la jubilación ordinaria: en el caso de los varones pasaría de 62 a 65 años y en las mujeres de 57 a 65. Además, los años de servicio requeridos subirían de 30 a 35.

El sindicato también alertó sobre modificaciones en los regímenes especiales, entre ellos el docente. En ese sentido, advirtió que los jubilados deberían continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria común, lo que —según sostuvieron— implicaría “una licuación del haber jubilatorio y una disolución del 82% móvil”.

Otro de los cuestionamientos apunta al cálculo del haber inicial, ya que el proyecto propone tomar los últimos 20 años de aportes en lugar de los últimos 10. Para AGMER, esto provocará una reducción en los montos jubilatorios.

Asimismo, el gremio expresó preocupación porque, según indicó, el texto no garantiza de manera explícita que las jubilaciones docentes mantengan la actualización atada a los aumentos salariales de los trabajadores activos.

En el comunicado, AGMER también rechazó la posibilidad de establecer nuevos aportes previsionales a cargo de los afiliados para cubrir “desequilibrios financieros” de la Caja de Jubilaciones y cuestionó cambios en el régimen de pensiones, al considerar que implican un recorte de derechos.

“El ajuste solo preanuncia un mayor ahondamiento de la crisis económica y social”, afirmaron desde el sindicato, que además llamó a “frenar” el tratamiento de la iniciativa en la Legislatura provincial.

“La Caja no se toca”, concluye el documento.

El texto fue presentado cerca de las 12.30 en Mesa de Entradas de la Cámara Alta. Tras su ingreso formal en la próxima sesión, será girado a una o más comisiones para su análisis, en medio de una disputa política entre oficialismo y oposición por el ámbito donde se debatirá la reforma.

Desde Juntos por Entre Ríos impulsan que el proyecto sea tratado en las comisiones de Presupuesto y de Legislación General. La primera es presidida por el radical diamantino Gustavo Vergara, mientras que la segunda está a cargo de la senadora peronista Nancy Miranda, de Federal, de diálogo fluido con la Casa Gris.

El peronismo, por su parte, busca que la discusión quede concentrada en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Juan Pablo Cosso, senador de Villaguay.

La definición sobre el destino legislativo del proyecto se resolvería en la reunión de Labor Parlamentaria que mantendrán las autoridades de la Cámara y los jefes de bloque antes de la sesión del miércoles.

Una vez girado a comisión, el tratamiento de fondo comenzaría durante la primera semana de junio. Se prevé un debate intenso debido al impacto de la iniciativa y a la resistencia que ya manifestaron distintos gremios vinculados al sistema previsional provincial.

En las últimas semanas se realizaron marchas y concentraciones frente a la Caja de Jubilaciones, mientras que la Multisectorial presentó además un proyecto alternativo.

La Ley 8732, que regula actualmente el sistema previsional entrerriano, fue sancionada en 1993 y cumple este año 33 años de vigencia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la presentación de la reforma fue precedida por semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional.

Según indicó el Ejecutivo, la iniciativa “garantiza los derechos adquiridos, mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, ratifica la movilidad atada a las paritarias estatales y establece una implementación gradual de los cambios previstos”.

Además, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: “ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos”.

La legisladora presentó un proyecto de ley para crear el programa nacional “Universalización de la jornada extendida o completa” con el fin de ampliar la carga horaria en escuelas públicas primarias y secundarias de todo el país.

La iniciativa propone garantizar un mínimo de 25 horas semanales de clase y apunta a fortalecer especialmente los aprendizajes en Lengua y Matemática. Además, incorpora objetivos específicos para el nivel secundario, vinculados a la convivencia escolar, la salud mental y la articulación con el mundo del trabajo.

El proyecto establece que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, deberá financiar hasta el 80% del financiamiento correspondiente a la diferencia en los salarios brutos de docentes, equipos directivos y demás personal necesario para la implementación de la extensión horaria en las escuelas primarias y secundarias de gestión estatal.

En los fundamentos, Osuna sostuvo que el proyecto busca dar continuidad y rango de ley al programa impulsado en 2022 por el entonces Ministerio de Educación, en el marco de resoluciones del Consejo Federal de Educación.

Según destacó, a partir de la implementación del programa, hacia fines de 2023 el 83% de las escuelas del país había alcanzado al menos 25 horas semanales de clase, mientras que la cantidad de establecimientos con jornada extendida o completa creció un 50%.

Hasta la puesta en marcha de esa política, solo el 22% de las escuelas argentinas tenía jornada extendida y el 78% mantenía un esquema de 20 horas semanales.

Además, remarcó que 22 jurisdicciones firmaron convenios para avanzar con la ampliación horaria. En ese marco, 12.228 escuelas extendieron su carga horaria -11.268 ya implementadas y 960 planificadas- y 1.120 establecimientos fueron convertidos en escuelas de jornada completa.

Actualmente, el programa alcanza a 11.731 escuelas y a 1.923.921 estudiantes, lo que representa al 62% de las escuelas primarias del país bajo un esquema de extensión horaria con financiamiento nacional. Según señaló la diputada, el programa continúa vigente debido a que la resolución que lo regula se extiende hasta 2027. (APFDigital)

La iniciativa busca volver al esquema original, manteniendo el beneficio en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que los 3,2 millones de hogares incorporados en la ampliación de 2021 dejarían de recibir el subsidio tal como funciona hoy.

La "Zona Fría" consiste en un descuento del 30% en las facturas de gas, que puede llegar al 50% en el caso de familias con planes sociales, jubilados, pensionados y electrodependientes. Con la ampliación de 2021, el régimen pasó de cubrir 800.000 hogares a alcanzar a 4 millones, es decir, la mitad de los usuarios residenciales de gas del país.

El proyecto prevé que los hogares que perderían el beneficio reciban una “bonificación adicional”, aunque el texto oficial no precisa el porcentaje ni el alcance de esa compensación. La definición quedará en manos de la Secretaría de Energía, dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó a la segmentación tarifaria anterior.

El régimen de "Zona Fría" se financia a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado en 2002. Este fondo se sostiene con un recargo en las facturas de gas que pagan todos los usuarios del país. Con la ampliación de 2021, el recargo pasó de 4,5% a 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y puede llegar hasta 11,25%.

La propuesta del Ejecutivo busca reducir los desembolsos del Tesoro que se requieren para sostener el esquema actual y ordenar el sistema de subsidios energéticos. El debate ahora se trasladará al Congreso, donde será clave la postura de los gobernadores y legisladores de las provincias que perderían el beneficio, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San Luis.

De aprobarse, el régimen volvería a abarcar a unos 800.000 hogares, mientras que los 3,2 millones incorporados en 2021 recibirían una bonificación adicional aún por definir. El proyecto mantiene el espíritu original de la Zona Fría, pensado para cubrir a las regiones con mayor consumo de gas por razones climáticas y fomentar la radicación en la Patagonia.

El proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se debate en el Senado abre un escenario de fuerte tensión en torno al derecho a la vivienda y la integración sociourbana. La propuesta oficial modifica de manera sustancial la normativa vigente, sancionada en 2018, que había declarado de utilidad pública los terrenos ocupados por barrios populares y suspendido los desalojos para avanzar en procesos de regularización dominial.

La ley actual se enmarca en la política de integración sociourbana, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en la tenencia y la posibilidad de escriturar las viviendas de quienes habitan en villas y asentamientos. El mecanismo prevé la expropiación de terrenos, el resarcimiento económico a los propietarios formales y la venta progresiva de las parcelas a las familias residentes. De este modo, se buscaba compatibilizar el derecho a la propiedad privada con el acceso a la vivienda digna.

La iniciativa del Gobierno, en cambio, deroga la declaración de utilidad pública y elimina la suspensión de desalojos. Esto implica que los juicios por desalojo podrían reactivarse de inmediato, afectando a más de 1.200.000 familias que viven en unos 6.500 barrios populares de todo el país. Se estima que dos millones de niños y adolescentes quedarían expuestos a perder su hogar, en un contexto de déficit habitacional estructural.

El impacto sería significativo sobre los certificados de vivienda ya otorgados —cerca de 870.000— que permitieron a las familias acceder a servicios básicos y programas sociales. La derogación de la norma pondría en riesgo la validez de esos documentos y las inversiones realizadas en mejoras habitacionales y urbanas. Además, paralizaría el proceso de escrituración, que si bien es largo y complejo, constituye un paso fundamental hacia la formalización de la tenencia.

Otro aspecto central es la infraestructura. La integración sociourbana requiere obras de apertura de calles, trazado de veredas, transporte público, espacios de salud y educación, así como conexiones formales a servicios de agua y electricidad. Sin estas condiciones, la escrituración resulta inviable. Sin embargo, muchas de estas obras fueron paralizadas por el actual Gobierno, lo que limita aún más la posibilidad de avanzar en la regularización.

El debate también involucra la naturaleza de los terrenos. Una parte importante corresponde a tierras fiscales o de bajo valor por su ubicación en zonas insalubres, como basurales. En los casos de propiedad privada, la ley vigente prevé la expropiación y el reconocimiento económico a los dueños, evitando que pierdan su patrimonio sin compensación.

El Gobierno argumenta que la ley de 2018 fracasó porque en siete años solo el 0,08% de las viviendas logró título de propiedad. Sin embargo, especialistas sostienen que el proceso de escrituración es necesariamente prolongado y que la política tuvo impactos positivos en la calidad de vida de las familias, al mejorar el acceso a servicios y la seguridad en la tenencia.

La discusión sobre la nueva ley pone en tensión dos derechos fundamentales: la inviolabilidad de la propiedad privada y el acceso a la vivienda digna. Su aprobación podría significar un retroceso en las políticas de integración sociourbana y abrir un escenario de conflictividad social, con miles de familias en riesgo de desalojo y un déficit habitacional aún más profundo.

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, junto a otros legisladores del espacio, impulsan esta iniciativa. Presentaron un proyecto de ley que busca suspender de manera temporal el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con el fin de amortiguar el impacto de los recientes aumentos en el surtidor. La iniciativa apunta a retrotraer el precio de la nafta y el gasoil a niveles anteriores al conflicto en Medio Oriente, que disparó el valor del crudo a nivel mundial.

El proyecto señala que el peso de los impuestos sobre el precio de la nafta se incrementó en el último mes debido a la volatilidad del barril. Desde 2024, el gobierno nacional aplica ajustes mensuales en los tributos fijos: el Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $345 (15,83% del valor final) y el Impuesto a las Emisiones de CO₂ agrega $21 (0,97%). A esto se suma el IVA y gravámenes provinciales y municipales.

La normativa vigente establece que la recaudación del impuesto debe distribuirse entre el Tesoro Nacional, el FONAVI, las provincias, el Sistema Único de Seguridad Social y distintos fideicomisos de infraestructura y transporte. Sin embargo, el texto denuncia que actualmente el gobierno no cumple con esa distribución, ya que varios fondos fueron eliminados.

Según el análisis de la recaudación nacional de marzo, el Impuesto a la Transferencia de Combustibles aumentó un 78,8%, muy por encima del promedio general de 31,8%. Esto afecta especialmente al interior del país, donde el precio del combustible es superior al del AMBA.

El proyecto contextualiza la medida en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, iniciado el 28 de febrero, que provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo global. La interrupción de este corredor elevó los precios internacionales del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, impactando en las cadenas de suministro.

El texto cita medidas adoptadas en otros países para amortiguar la suba: España redujo el IVA de los combustibles al 10% y Chile anunció una baja de $455 por litro en la parafina, estabilizando su precio en torno a $1.050.

La propuesta establece suspender hasta el 30 de junio el impuesto a los combustibles, lo que implicaría una reducción promedio de $350 por litro. Con ello, se busca retrotraer el valor de la nafta a los niveles previos al conflicto internacional y aliviar el impacto en los consumidores.

Un proyecto de Ley ingresado en la Cámara de Diputados propone un marco normativo para asegurar la igualdad de oportunidades educativas de estudiantes deportistas de alto rendimiento. La iniciativa, impulsada por el diputado peronista Enrique Cresto, apunta a que quienes representen oficialmente a la provincia o al país en competencias deportivas puedan continuar su trayectoria escolar sin ver afectado su rendimiento académico.

La propuesta está destinada a estudiantes del nivel secundario y superior no universitario inscriptos en el Registro Provincial de Deportistas Federados y de Alto Rendimiento, cuya condición deberá ser certificada por la Secretaría de Deportes.

Las instituciones educativas deberán implementar adecuaciones evaluativas cuando existan superposiciones entre compromisos deportivos y actividades escolares. Entre las alternativas figuran reprogramación de exámenes, evaluaciones orales complementarias, trabajos integradores domiciliarios, instancias virtuales supervisadas, evaluaciones parciales fragmentadas y recuperaciones calendarizadas. Todas las modalidades deberán respetar los contenidos curriculares y criterios de acreditación vigentes.

El proyecto también prevé un plan de acompañamiento pedagógico individual elaborado por cada institución, sin reducción de contenidos ni modificación de estándares educativos.

Cresto explicó que la ley no busca crear excepciones académicas ni rebajas de exigencia, sino establecer dispositivos de acompañamiento para situaciones institucionalmente acreditadas. “Los deportistas de alto rendimiento enfrentan desafíos particulares que deben ser atendidos desde el ámbito educativo en articulación con la política deportiva”, señaló.

El legislador subrayó que la diversidad de instrumentos y momentos de evaluación es coherente con las trayectorias educativas complejas, pero aclaró que la iniciativa no implica “aprobaciones automáticas” ni rebajas de criterios. El objetivo es que quienes cumplan con los contenidos curriculares puedan acreditarlos en condiciones razonables, garantizando la continuidad pedagógica y la igualdad real de oportunidades. Fuente: APFDigital

Los preocupantes índices de suicidios que pusieron a Entre Ríos como una de las provincias en la que más se incrementaron los casos propició que este martes ingresara a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone que se declare “la Emergencia en Salud Mental en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos por el término de dos años, con el objeto de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención del suicidio, la atención integral de la salud mental y la asistencia a personas en situación de riesgo”.

El proyecto tiene por finalidad declarar la Emergencia en Salud Mental en la Provincia de Entre Ríos “en atención a la preocupante evolución de los indicadores vinculados a suicidios y problemáticas de salud mental que afectan de manera creciente a distintos sectores de la población, particularmente a adolescentes y jóvenes”.

También propone que “el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y de los organismos competentes, deberá implementar un Plan Integral de Abordaje de la Emergencia en Salud Mental, el cual deberá contemplar, entre otras medidas: a) El fortalecimiento de los servicios de atención en salud mental en hospitales y centros de salud de la provincia. b) La ampliación de equipos interdisciplinarios especializados en prevención del suicidio y asistencia psicológica. c) La implementación de líneas telefónicas y canales digitales de atención permanente para situaciones de crisis. d) La coordinación con instituciones educativas, organizaciones sociales y municipios para la detección temprana de situaciones de riesgo. e) Campañas de concientización y prevención del suicidio destinadas especialmente a adolescentes y jóvenes”.

El proyecto del diputado de La Libertad Avanza de la provincia, Roque Fleitas, instó a que “durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo deberá priorizar la asignación de recursos humanos, presupuestarios y técnicos destinados a la atención, prevención y tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental”.

También ordena que “el Ministerio de Salud deberá elaborar informes periódicos sobre la evolución de los indicadores de salud mental y suicidio en la provincia, a fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la presente ley”. Finalmente invita “a los municipios de la Provincia de Entre Ríos a adherir a la presente ley y a implementar programas locales de prevención y promoción de la salud mental”.

Fleitas recordó que “en los últimos años diversos informes y relevamientos han evidenciado un incremento sostenido de los casos de suicidio en la provincia, situación que genera una profunda alarma social y que demanda una respuesta institucional urgente por parte del Estado”.

El legislador añadió que “distintos registros y reportes periodísticos han señalado que Entre Ríos se encuentra entre las jurisdicciones con mayores tasas de suicidio del país, circunstancia que ha motivado incluso iniciativas impulsadas por estudiantes y organizaciones sociales que solicitan la declaración de emergencia en la materia”.

Tras enumerar el marco normativo provincial, nacional e internacional en la materia, el diputado sostuvo que “la declaración de emergencia que se propone tiene como finalidad jerarquizar institucionalmente la problemática, permitiendo priorizar recursos humanos, técnicos y presupuestarios destinados a enfrentar una situación que impacta de manera directa en la vida y en el bienestar de la población”. Finalizó resaltando que “la magnitud del fenómeno exige acciones urgentes, coordinadas y sostenidas”. (Fuente: APFDigital)