El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, abrió formalmente la convocatoria para que pequeñas, medianas y grandes empresas radicadas en el territorio de Entre Ríos participen en un programa integral de capacitación técnica orientado al fortalecimiento del comercio electrónico. La propuesta se instrumenta en alianza institucional con la plataforma Mercado Libre a través de su esquema denominado "Meli conecta de punta a punta", enfocado en brindar herramientas estratégicas para potenciar la comercialización digital a nivel nacional.

La iniciativa fue concebida de manera específica para aquellos establecimientos productivos o comerciales que se dedican a la fabricación o reventa de bienes en serie o a escala industrial dentro de la provincia.

Las pymes que resulten elegidas para integrar la cohorte de trabajo contarán con un trayecto formativo e intensivo de cuatro meses de duración, el cual se desarrollará de forma totalmente gratuita y bajo una modalidad 100% virtual. Durante este período, las empresas tendrán la asistencia técnica directa de asesores comerciales especializados de la firma tecnológica, quienes guiarán el diseño e implementación de estrategias personalizadas de posicionamiento digital y logística de distribución.

Debido a que el programa dispone de un cupo limitado de vacantes con el objetivo de garantizar un seguimiento pormenorizado de cada proyecto productivo, los representantes institucionales de las firmas interesadas deberán completar previamente un formulario digital de postulación. A través de este registro, la autoridad de aplicación evaluará el cumplimiento de las condiciones operativas de escala y capacidad de abastecimiento requeridas para la admisión en la cohorte.

Para inscribirse completar el siguiente formulario: https://forms.gle/oH9WJKRhpkoRSr8v6

La Agencia de Desarrollo de Entre Ríos (Ader), en un trabajo articulado con el Ministerio de Economía de la Nación, formalizó la convocatoria dirigida a pymes y empresas de la provincia para participar en la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa tiene como propósito fundamental vincular la oferta productiva local con la demanda de insumos, servicios, desarrollo tecnológico y ejecución de obras generada por los grandes proyectos de inversión radicados dentro del territorio nacional bajo este marco normativo.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, en el horario de 8:30 a 18:00, en las instalaciones de la Estación Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe. La jornada está configurada como un espacio técnico y comercial orientado a facilitar la inserción de las firmas de Entre Ríos en cadenas de valor estratégicas, abarcando sectores productivos clave como la actividad minera, el desarrollo industrial y la construcción de infraestructura.

En relación con la dinámica operativa de la actividad, la participación en las mesas de intercambio comercial requiere una instancia previa de inscripción obligatoria. Las empresas proveedoras interesadas deberán completar un formulario de registro de manera totalmente gratuita, teniendo como plazo límite el lunes 13 de octubre.

Mediante este proceso de articulación entre el sector público y el entramado privado, se busca que el aparato productivo entrerriano exhiba su capacidad instalada y sus estándares técnicos ante los responsables de compras y contrataciones de los emprendimientos de gran escala. La jornada del 29 de octubre combinará reuniones bilaterales preagendadas entre compradores y proveedores con instancias de relacionamiento corporativo tendientes a fortalecer la provisión de bienes y servicios de origen nacional.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión en Buenos Aires con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para coordinar asistencia técnica e inversiones estratégicas. El encuentro, desarrollado en la Casa de Entre Ríos, tuvo como eje central la puesta en marcha operativa de la nueva Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de Comercio Exterior, creada mediante la ley provincial 11.246, así como el fortalecimiento de las pymes entrerrianas.

Durante la jornada se avanzó en esquemas de cooperación e intercambio de experiencias orientados a consolidar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas frente a las exigencias del comercio internacional.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el valor estratégico de la articulación con el organismo multilateral: "Buscamos e intercambiamos y creo que vamos a avanzar mucho en colaboración con el BID, tanto en lo técnico como en relaciones. Es un proyecto largamente demorado en la provincia, y contar con la colaboración técnica del BID es un aporte muy grande para ponerlo en marcha con toda la energía".

En la misma línea, la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, remarcó el potencial de la provincia y ratificó el compromiso del organismo para aportar conocimiento y herramientas que permitan aprovechar nuevos acuerdos comerciales, escalar la producción local y posicionar a Entre Ríos en los mercados globales.

La cadena de pagos de las PyME industriales mostró nuevas señales de tensión durante el segundo trimestre de 2026. El 24% de las empresas registró atrasos en al menos uno de sus vencimientos, una proporción que se duplicó en casi un año. Al mismo tiempo, el 62% señaló que los plazos de cobro a clientes resultaron mayores a los habituales. Las dificultades para cobrar quedaron así como la segunda preocupación más mencionada por las pequeñas y medianas industrias, sólo detrás de la caída de las ventas.

Los datos surgen del Informe de Coyuntura PyME Industrial correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por la Fundación Observatorio PyME (FOP). El relevamiento mostró que las demoras crecieron en las distintas obligaciones analizadas. El 17,3% de las empresas registró atrasos en el pago de impuestos, el 15,3% se demoró con proveedores y el 8,6% con los bancos. En el tercer trimestre de 2025, esos porcentajes se ubicaron en 8,6%, 5,7% y 3,4%, respectivamente. En ese período, el porcentaje de firmas con al menos un atraso llegó al 12%, frente al 24% registrado en el segundo trimestre de este año.

La tensión también apareció del lado de los cobros. El 40,9% de las industrias señaló que los plazos resultaron levemente más largos de lo habitual y otro 21,7% los calificó como significativamente más largos. En cambio, para el 33,5% los tiempos se mantuvieron similares a los habituales, mientras que apenas el 3,2% informó plazos levemente más cortos y el 0,8% observó una reducción significativa. En total, el 62% de las PyME cobró en plazos más largos de lo habitual durante el período analizado.

Los principales problemas de las pymes

Las demoras de los clientes se ubicaron entre los principales problemas que identificaron los empresarios. La caída de las ventas encabezó el listado y afectó al 81% de las pequeñas y medianas industrias. Los retrasos en los pagos de clientes quedaron en segundo lugar, con el 62%. Luego aparecieron el aumento de los costos de las materias primas, mencionado por el 60% de las firmas; la competencia de las importaciones, con el 47%; y el aumento de los costos salariales, con el 45%. La dificultad de financiamiento alcanzó al 38% de las empresas.

El deterioro de la cadena de pagos ocurrió en un contexto de retroceso de la actividad industrial. Durante el segundo trimestre, la producción pyme se contrajo 3,6% en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior y cayó 11% en la comparación interanual. Según el informe, el volumen de producción descendió hasta el nivel más bajo de los últimos siete años.

El relevamiento también mostró una diferencia según el tamaño de las firmas: las pequeñas industrias registraron una evolución inferior a la de las medianas.El empleo acompañó ese desempeño. La cantidad de ocupados en las industrias PyME bajó 0,8% desestacionalizado durante el trimestre y 4,5% en términos interanuales. Con ese resultado, el sector acumuló 14 trimestres consecutivos de retracción del empleo.

Costos y precios

Otro de los factores que condicionó la situación de las empresas fue la relación entre costos y precios. Para el 73% de las PyME los costos aumentaron por encima de los precios de venta de su principal producto. Para el 25% evolucionaron de manera similar y apenas el 1% indicó que los costos crecieron por debajo de sus precios. Dentro de los componentes analizados, el informe destacó una fuerte incidencia de la energía y el transporte.

Ese movimiento se reflejó en los márgenes de las compañías. El 69% de las firmas señaló que su rentabilidad disminuyó respecto de un año atrás. El dato se ubicó en línea con una secuencia de cinco trimestres en los cuales la mayoría de las empresas registró una rentabilidad inferior a la observada doce meses antes.

Los indicadores que anticipan la evolución de la actividad mostraron cierta recuperación frente al primer trimestre, aunque permanecieron en terreno contractivo. El PMI PyME, que anticipa el ciclo de actividad, se ubicó en 44 puntos. El indicador avanzó diez puntos frente al trimestre anterior, pero quedó por debajo del umbral de 50 puntos que separa una previsión de expansión de otra de contracción.

La confianza empresaria también permaneció por debajo del nivel neutral. El Índice de Confianza Empresarial PyME (ICE) se ubicó en 43 puntos. Las condiciones actuales alcanzaron los 32 puntos y continuaron en terreno pesimista, mientras que las expectativas para los próximos doce meses llegaron a 52 puntos y se ubicaron en terreno levemente optimista. En la apertura por componentes, la percepción sobre el país llegó a 42 puntos, la correspondiente al sector se ubicó en 39 y la evaluación de la propia empresa alcanzó los 47 puntos.

Carga impositiva

Las dificultades de actividad y liquidez también aparecieron en las respuestas vinculadas con la carga impositiva. El estudio identificó a Ingresos Brutos, las tasas municipales, el impuesto al cheque y las contribuciones patronales entre los tributos que más afectaron los costos, el capital de trabajo y la capacidad operativa de las empresas. En el caso de Ingresos Brutos, el 40% respondió que afectó significativamente su operatoria y otro 23% indicó un impacto moderado.

Al consultar a las empresas por las medidas prioritarias para reducir la carga tributaria y administrativa, la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos quedó en primer lugar, con el 32,8% de las respuestas. La reducción de contribuciones patronales apareció inmediatamente después, con el 29,7%. Más atrás se ubicaron la eliminación o el cómputo pleno como pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, con 11,9%; otras medidas, con 8,4%; la reducción de los regímenes de retención, percepción y anticipos, con 5,9%; y la eliminación o reducción de tasas municipales no asociadas a una contraprestación efectiva, con 5,5%.

La encuesta también relevó cómo reaccionaron las industrias frente a las importaciones. La competencia de productos provenientes del exterior representó una preocupación para el 47% de las firmas. En el último año, el 21% sustituyó insumos locales por importados, el 15,1% incorporó nuevos productos de origen importado y el 9,4% reemplazó parte de su producción propia por bienes provenientes del exterior. En conjunto, una de cada cuatro empresas reemplazó parte de su proceso productivo por importaciones, ya sea mediante la sustitución de insumos o de producción propia.

El informe incluyó además una medición sobre la participación de las pequeñas y medianas industrias en proyectos comprendidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El alcance resultó limitado: el 4,7% de las firmas participó como proveedor directo o indirecto. Dentro de ese grupo, el 1,5% participó directamente como proveedor de un proyecto y el 3,2% lo hizo de manera indirecta a través de otras compañías que abastecieron esos emprendimientos. Otro 3,2% expresó intenciones de participar, pero no cumplió con los requisitos, mientras que el 11,6% no participó aunque manifestó interés en hacerlo en el futuro. El 80,5% no registró participación. Infobae

Si bien la actividad manufacturera muestra una desaceleración general, el empleo formal dentro de la cadena forestoindustrial se está retrayendo a un ritmo mucho mayor que la producción, una situación que, según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), pone en riesgo uno de los principales activos del sector: su capital humano.

El último Informe de Empleo y Actividad elaborado por la entidad reveló que el empleo registrado en la industria maderera cayó un 8,57% interanual, una contracción que supera ampliamente el retroceso observado en la actividad productiva.

Para FAIMA, no se trata solamente de un ajuste coyuntural, sino de un proceso que podría afectar la capacidad de recuperación de la cadena cuando la economía vuelva a crecer.

“La caída del empleo supera con holgura el retroceso productivo, lo que sugiere que las empresas no están ajustando por horas o por stock, sino desprendiéndose de plantel, con la consecuente pérdida de capacidades técnicas difíciles de recomponer”, señala el informe.

Entre los segmentos más afectados aparecen las tornerías, la fabricación de viviendas prefabricadas, tableros, enchapados y aberturas, eslabones que agregan mayor valor al recurso forestal y demandan mano de obra especializada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística. Detrás de esos números hay conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades industriales que constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y que luego requieren años para reconstruirse”, advirtieron desde FAIMA.

La entidad remarca que este fenómeno implica un deterioro cualitativo de la cadena productiva, ya que afecta precisamente a los sectores con mayor contenido tecnológico y capacidad de innovación.

Según el relevamiento de FAIMA, las PyMEs fabricantes de muebles registraron una caída promedio del 14% en las ventas durante el primer trimestre del año, un dato que evidencia el impacto diferencial que atraviesan las empresas del sector.

Para la entidad, esta diferencia confirma la heterogeneidad de la industria y demuestra que muchas de las firmas que sostienen el empleo en el interior del país enfrentan dificultades mucho mayores que las que reflejan las estadísticas nacionales.

Además, el informe identifica a la construcción como uno de los principales canales de transmisión de la crisis. Los rubros vinculados a viviendas prefabricadas, estructuras, aberturas y también la comercialización mayorista de muebles son los que más sufren la caída de la obra pública, la inversión privada y el consumo de bienes durables.

Frente a este panorama, FAIMA sostiene que la preservación del capital humano debe convertirse en un eje estratégico para garantizar la competitividad futura de la cadena forestoindustrial.

“La federación recuerda que, cuando mejora la demanda, las empresas pueden volver a incrementar la producción relativamente rápido, pero reconstruir equipos especializados, recuperar oficios y volver a formar trabajadores calificados demanda varios años”, admitieron los industriales.

Al mismo tiempo, destaca que la actividad cuenta con fortalezas estructurales importantes, como la disponibilidad de recursos forestales, una amplia capacidad industrial instalada, una extensa red de PyMEs distribuidas en todo el país y décadas de conocimiento acumulado.

Sin embargo, advierte que esa ventaja puede erosionarse si continúan desapareciendo empresas y empleos especializados.

El Día Internacional de las Pymes (Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas) se celebra el 27 de junio de cada año, fecha que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer la importancia de estos negocios en la economía global.

En este marco las principales cámaras productivas del país coincidieron en que el sector atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, caracterizada por la caída del consumo, el retroceso fabril y una preocupante ola de cierres. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) lanzó un duro documento donde declaró que las pymes locales se encuentran actualmente "en peligro de extinción" y responsabilizó de forma directa al rumbo económico de la Casa Rosada.

Según los datos recabados por la entidad, el actual modelo de "economía dual" —que privilegia el sector financiero y extractivo en desmedro del entramado nacional— provocó la desaparición de más de 26.000 empresas desde finales de 2023, lo que representa una alarmante tasa de 30 cierres diarios. Las proyecciones de las filiales regionales resultan todavía más dramáticas: desde APYME Santa Fe compararon la situación actual con el peor momento de la pandemia debido al desplome de las ventas, el tarifazo en los servicios regulados (gas y luz) y el ingreso de productos extranjeros con precios de dumping. De no revertirse estas condiciones, advierten que hasta diciembre podrían quebrar otras 40.000 firmas.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por Ricardo Diab, alertó sobre un marcado proceso de concentración económica, donde los pequeños comercios e industrias pierden terreno frente a los grandes jugadores concentrados. Desde CAME cuestionaron las asimetrías que genera el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo "Súper RIGI", normativas que otorgan amplios beneficios fiscales y aduaneros a corporaciones extranjeras mientras dejan fuera de competencia a los proveedores locales.

Las pymes representan el 99% del mapa empresarial argentino y generan cerca del 70% del empleo privado formal. Frente a este peso estructural, los dirigentes empresarios concluyeron que es imposible pensar en una reactivación genuina si se mantiene deprimido el mercado interno —principal motor de las pymes— y se continúa con el desfinanciamiento de organismos científicos clave para la transferencia tecnológica como el INTI y el INTA.

La economía argentina consolida un modelo donde la macroeconomía financiera transita por un carril y la matriz productiva se frenó. La asfixia tributaria, el encarecimiento de la energía y la tensión en las cadenas de pago empujan a la industria hacia el colapso.

Según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la recesión ya borró del mapa a 25.000 empresas desde diciembre de 2023, con un pico de 10.200 cierres registrados sólo en el mes de febrero. “Los datos muestran que el deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, diagnosticó Federico Vacarezza, coordinador del Observatorio.

Los sectores que perdieron más empleo

Hay 13 ramas industriales en estado crítico. La industria ya expulsó a más de 77.000 trabajadores y registró el cierre definitivo de 3.100 fábricas. El nivel de caída es generalizado: 554 de los 948 subsectores económicos relevados perdieron puestos de trabajo formales. La construcción encabeza el derrumbe con la pérdida de 81.295 empleos, seguida por la industria manufacturera (76.556), los servicios de transporte y almacenamiento (61.107) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (25.449), publicó Perfil.

En contraste, solo mostraron signos positivos rubros muy específicos vinculados a la salud, el software y el agro, un volumen de creación de puestos que está lejos de compensar la caída mayoritaria.

Vacarezza explicó que, aunque la producción general puede asimilarse a los pisos registrados durante la pandemia, la diferencia central es la nula expectativa de salida a corto plazo. “La industria puede mostrar una mejora estadística por sectores concentrados, pero el rebote no derrama sobre el empleo ni las pymes”, advirtió, y sugirió relajar la política monetaria —las tasas de interés— para estimular el consumo sin dogmas ideológicos.

Emergencia pyme

Para las pymes, los puentes de comunicación con la Casa Rosada están directamente cortados. Daniel Rosato, presidente de IPA, blanqueó la estrategia del sector y confirmó que debieron recurrir al Poder Legislativo ante la falta de respuestas del Ejecutivo. "Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras", aseguró el dirigente. Para oxigenar la actividad, impulsan un proyecto de emergencia a un año frente al avance veloz de las importaciones desleales y el contrabando. "Es imposible competir ante la falta de financiamiento blando, cuyos intereses se dispararon en términos reales frente a la recesión de ventas", sentenció.

Las cesaciones de pago entraron en terreno de tensión. El propio Rosato alertó que la coyuntura reviste gravedad extrema por el inminente corte de suministros a las corporaciones más grandes, que dependen de las pequeñas fábricas proveedoras. "Los concursos preventivos, que hoy son nuestra última defensa legal para asegurar la supervivencia comercial, experimentaron un salto exponencial", advirtió sobre el ahogo del sector.

Aluvión de procesos comerciales y asfixia fiscal

Mientras en todo el 2023 se registraron 82 expedientes, la cifra trepó a 190 concursos en 2025, en la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro financiero se aceleró a tal punto que, solo en el primer trimestre judicial de 2026 (febrero, marzo y abril), ya se abrieron 92 procesos.

Crisis textil: uno de cada tres empleos industriales perdidos pertenece al sector

El proyecto de salvataje que empuja el sector industrial en el parlamento apunta a extender de pleno derecho la suspensión de embargos y remates a 180 días tras la apertura oficial de un concurso preventivo. Hoy, las empresas denuncian una enorme desigualdad procesal frente a la embestida fiscal. Mientras el Estado asume un millonario sacrificio de recaudación para otorgar ventajas a multinacionales bajo el paraguas del RIGI, las pymes sufren intimaciones draconianas de la autoridad tributaria mediante cartas documento con plazos perentorios de 24 horas, emitidas por estudios de abogados tercerizados por ARCA.

La advertencia del entramado productivo es que una vez que una pyme quiebra, liquida su capital y despide a su personal, es prácticamente imposible que vuelva a operar. Análisis

En la sesión del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) hicieron uso de la Banca del Pueblo para defender al organismo y alertar sobre la situación crítica que atraviesa la industria nacional. La exposición estuvo a cargo de la ingeniera Sara Claret, quien en un plazo de diez minutos detalló las funciones esenciales del instituto y cuestionó las modificaciones introducidas por la gestión de Javier Milei.

Claret explicó que el INTI cumple “tres grandes funciones”: participar en la definición de las mediciones a nivel internacional y resguardar los patrones de medida en todo el territorio nacional; controlar productos para asegurar confianza al consumidor; y facilitar el acceso a tecnologías de producción para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con recursos propios. Según la profesional, la capacidad del organismo para desarrollar estos roles es ampliamente superior a la de cualquier privado, ya que detrás de cada intervención existe una red de más de 80 especialistas que respaldan el trabajo.

La ingeniera advirtió, sin embargo, que estas funciones dependen de la existencia de una industria nacional que hoy atraviesa un escenario crítico. “En los dos últimos años se cerraron más de 25 mil pymes”, señaló, y agregó que muchas empresas dejaron de producir para convertirse en exportadoras o directamente abandonaron el país, debilitando la economía regional y reduciendo las posibilidades de abastecimiento interno.

En su intervención, Claret subrayó que “sin INTI no hay industria y viceversa”, remarcando que la defensa del organismo es inseparable de la defensa del desarrollo productivo, la soberanía tecnológica y la seguridad y calidad de vida de la población. Los trabajadores presentes acompañaron sus palabras con la consigna de que el instituto es un pilar estratégico para el crecimiento económico y la innovación en Argentina.

El planteo en el Concejo Deliberante buscó visibilizar la importancia del INTI en un contexto de cambios institucionales y de dificultades para el sector industrial. Los representantes del organismo insistieron en que las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional ponen en riesgo la continuidad de funciones esenciales y debilitan el entramado productivo del país.

La participación en la Banca del Pueblo se convirtió así en un espacio de defensa y concientización, donde los trabajadores del INTI reclamaron el acompañamiento de la comunidad y de los representantes políticos para sostener un organismo que consideran vital para la industria nacional.

El lanzamiento se llevó a cabo ante más de 300 participantes durante la Jornada de Financiamiento “Día PyME” de Entre Ríos, organizada por la Cámara Argentina de Sociedades de Fondos de Garantía (Casfog).

La principal novedad fue la presentación de un esquema de garantías de crédito sindicadas por $3.000 millones, impulsado de manera conjunta por el Banco de Entre Ríos, Crear SGR y Casfog. La herramienta está orientada a ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el desarrollo del entramado productivo local.

La actividad se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. También participaron el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el secretario de CAME, Silvio Farach; representantes de ocho bancos públicos y privados; ejecutivos de 11 sociedades de garantía recíproca (SGR); y numerosos actores del sistema financiero.

La jornada reunió a gran parte del ecosistema crediticio regional y se consolidó como un espacio clave para debatir y promover herramientas que faciliten el acceso al financiamiento productivo. La amplia participación reflejó el interés del sector en generar condiciones más favorables para el crédito PyME.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles sobre el funcionamiento del sistema nacional de garantías, las alternativas disponibles en el mercado de capitales y las distintas líneas de financiamiento, tanto públicas como privadas. El objetivo fue acercar información concreta y accesible a las pequeñas y medianas empresas de la región.

Además, participaron el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y el secretario de Casfog, Ignacio Pérez Riba, entre otros referentes del ámbito productivo y financiero.

La iniciativa se enmarca en la agenda federal de Casfog, que busca acercar el sistema de garantías a las PyMEs de todo el país, promover su vinculación con entidades financieras y el mercado de capitales, y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

El evento contó con el acompañamiento de la Federación Económica de Entre Ríos y CAME, y el sponsoreo de Veta Cap.

EL ARGENTINO, dialogó con Noelia Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor en el marco de la reunión que tuvo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Con una trayectoria vinculada al cooperativismo y al sector empresarial, Zapata fue gerenta general de la cooperativa La Agrícola Regional (LAR) de Crespo y presidió el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER). Esta experiencia le permitió conocer de cerca las necesidades de la industria, las cooperativas y los emprendedores, antecedentes que hoy respaldan su gestión al frente de la nueva Secretaría.

Zapata afirmó a EL ARGENTINO que la nueva secretaría abarca comercio exterior e interior, minería y desarrollo emprendedor, además de defensa del consumidor y fiscalización. “Es un área completa que busca potenciar las capacidades de Entre Ríos en distintos sectores. El comercio exterior tiene que ver con las posibilidades de exportaciones que tiene la provincia, y comercio interior todo lo relacionado con las actividades comerciales internas.”, comentó la flamante funcionaria.

Fue un encuentro de trabajo orientado a repensar estrategias para reforzar el acompañamiento del Estado al sector productivo entrerriano. La reunión puso el foco en las pymes y emprendedores, considerados actores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

La secretaria destacó que el eje central de la gestión será trabajar muy cerca de las mipymes, pymes y emprendedores, sin importar el rubro: industria, turismo, comercio o agro. “Lo que importa es la calidad del emprendedor y de la empresa”, mencionó a EL ARGENTINO.

En ese sentido, la cartera no otorgará subsidios, sino que brindará capacitaciones específicas, asesoramiento para la obtención de créditos y acompañamiento en procesos de financiamiento. También se busca generar datos precisos sobre las pymes para conocer sus necesidades y vincularlas con empresas de mayor relevancia, fortaleciendo su rol como proveedores y potenciando sus posibilidades de exportación.

“La diferenciación no debe basarse solo en el precio, sino en la calidad y en la marca Entre Ríos. Soñar con un producto diferenciado es lo que nos tiene que marcar un hito en la provincia”, afirmó Zapata.

Durante la reunión con el gobernador se definieron acciones concretas: capacitaciones en febrero y marzo, rondas de negocios para que las empresas participen en ferias internacionales y una ronda inversa en agosto que permitirá acercar inversores a distintos sectores de la economía entrerriana.

Además, se trabajará con la Agencia de Desarrollo de la provincia para ampliar las oportunidades de exportación y atraer inversiones. “El pedido del gobernador fue claro: estar cerca de las pymes, escucharlas y acompañarlas en su crecimiento”, comentó Zapata.

En relación a la minería, Entre Ríos se concentra principalmente en recursos no metalíferos, fundamentales para la construcción y la industria. La provincia cuenta con arenas silíceas, arcillas, basaltos, calizas, yeso y conchillas, materiales que se utilizan en la producción de cemento, ladrillos, cerámicas, obras viales y procesos industriales diversos. Estas potencialidades, junto con las realidades de cada componente minero, forman parte del desafío de la nueva Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor. “El área busca impulsar un aprovechamiento responsable y estratégico de estos recursos, promoviendo la fiscalización, el control y la investigación, al tiempo que acompaña a las pymes y emprendedores vinculados al sector para integrarlos a cadenas de valor más amplias y sostenibles”, afirmó Zapata.

La funcionaria subrayó que asume el desafío “con un gran honor y una gran responsabilidad”, recordando su trayectoria en el Consejo Empresario de Entre Ríos y su vínculo con el sector cooperativo. “De un emprendedor puede surgir mañana una pyme, una mipyme o una gran empresa”, expresó a EL ARGENTINO.

La creación de esta secretaría marca un paso estratégico para Entre Ríos: consolidar un ecosistema productivo que valore la calidad, la innovación y la capacidad de sus emprendedores. Con capacitación, financiamiento y proyección internacional, la provincia busca fortalecer su entramado económico y generar nuevas fuentes de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió señales de alarma sobre la situación del sector productivo al cierre de 2025 y advirtió por la pérdida de empleos y el estancamiento de la actividad, tras una reunión de su conducción con el ministro de Economía, Luis Caputo. El diagnóstico fue plasmado en un comunicado difundido luego de la última reunión de Junta Directiva del año.

Según el documento, la industria transita el tramo final del año con una dinámica productiva débil y heterogénea entre sectores, lo que impactó de manera negativa en el empleo formal. En septiembre se perdieron 4.303 puestos de trabajo y, en los primeros nueve meses del año, la caída acumulada alcanzó los 21.190 empleos registrados.

La entidad señaló además que el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 61% en octubre, de acuerdo con datos oficiales, reflejando las dificultades para sostener niveles de producción en varios rubros. En ese contexto, los industriales alertaron por un escenario complejo que condiciona las perspectivas de corto plazo.

Antes de la reunión de Junta Directiva, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a miembros del Consejo Directivo, mantuvo un encuentro con Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Allí intercambiaron diagnósticos sobre los principales problemas del sector y analizaron posibles medidas de cara a 2026, con el compromiso de sostener una agenda de trabajo conjunta.

En su balance, la UIA valoró como avances la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, pero remarcó la necesidad de profundizar políticas que faciliten el acceso al crédito y reduzcan la elevada presión tributaria sobre la producción de bienes transables. En particular, insistió en la urgencia de una reforma tributaria con foco en las PyMEs para bajar el denominado “costo argentino” y mejorar la competitividad frente a la competencia externa.

El comunicado también destacó el inminente debate legislativo sobre la modernización laboral, para el cual la entidad presentó propuestas propias. Según la UIA, la iniciativa puede ser un paso clave para comenzar a revertir problemas estructurales en la generación de empleo registrado, que lleva más de una década sin crecimiento sostenido.

Desde la central fabril sostienen que los cambios apuntan a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal, ejes que consideran centrales para reactivar el entramado productivo y su cadena de valor.

En ese marco, Rappallini volvió a expresar su preocupación por el freno de la actividad industrial y la pérdida de competitividad en un año que definió como “de transición”, y remarcó que la falta de creación de empleo registrado en los últimos 15 años refleja la profundidad de los problemas estructurales que enfrenta la economía argentina.

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar un fuerte retroceso en noviembre, con una caída interanual del 4,1% a precios constantes y un desplome del 9,1% respecto de octubre en la medición desestacionalizada. El dato confirma un freno abrupto de la actividad comercial hacia el cierre del año y profundiza el clima de incertidumbre en el sector.

Si bien el acumulado anual aún conserva una suba interanual del 3,4%, el registro mensual expone un quiebre de la tendencia de recuperación que se había insinuado en meses previos. El impacto se siente con mayor intensidad en los pequeños y medianos comercios, afectados por la combinación de menor consumo, altos costos fijos y pérdida del poder adquisitivo.

Al analizar la situación económica actual, más de la mitad de los comerciantes aseguró que su nivel de actividad se mantiene sin cambios frente al año pasado. Sin embargo, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, una proporción que aumentó cuatro puntos porcentuales respecto de octubre y revirtió parcialmente la mejora de expectativas registrada el mes anterior.

La caída mensual, superior al 9%, aparece como el dato más preocupante, ya que refleja una contracción brusca del consumo en un mes tradicionalmente clave para el comercio. La menor circulación de dinero, el ajuste del gasto de los hogares y la cautela frente a subas de tarifas y servicios incidieron de forma directa en el nivel de ventas.

En distintos rubros, los comerciantes advirtieron dificultades para sostener la rentabilidad, incluso en los casos en que lograron mantener volúmenes de venta relativamente estables. El aumento de los costos operativos y financieros, sumado a la presión impositiva, limita la capacidad de ofrecer promociones o absorber incrementos sin trasladarlos a precios.

De cara a diciembre, el panorama se presenta incierto. Aunque las fiestas suelen aportar un repunte estacional, la mayoría de los comercios observa un consumidor más selectivo, con compras más acotadas y concentradas en productos esenciales. Así, el sector llega al cierre de 2025 con señales claras de enfriamiento y expectativas moderadas sobre una recuperación sostenida en el corto plazo.

Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una caída anual de -4,1% a precios constantes. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -9,1%. En lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%. El dato fue dado a conocer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre, revirtiendo parcialmente la mejora de percepción registrada el mes anterior.

Al desagregar los datos se evidenció una dinámica similar: seis de los siete rubros relevados presentaron retracciones, siendo los descensos más agudos los de Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%). En contrapartida, el único sector con un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

De acuerdo a CAME, el cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual, donde la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables. La actividad operó bajo una lógica de transición, caracterizada por una fuerte cautela operativa que frenó las decisiones de inversión en el corto plazo ante la incertidumbre de los costos y la competencia.

Al mismo tiempo, el informe sostiene que el dato distintivo radica en el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna. (Ámbito)

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados abrirá este martes el debate sobre la declaración de la Emergencia para las Pymes entrerrianas, una demanda impulsada por Apyme tras el cierre de más de 500 firmas y la pérdida de más de 11 mil empleos en los últimos dos años.

La iniciativa, presentada por la legisladora Andrea Zoff (Más por Entre Ríos), apunta a ofrecer una herramienta rápida y de bajo costo fiscal para un sector que arrastra retrocesos profundos, especialmente desde la disminución de la obra pública y la caída de la actividad en rubros clave.

El proyecto propone un esquema de alivio financiero y tributario sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano y Rural, Automotor y Sellos. El beneficio estará condicionado al sostenimiento del empleo, un punto que la Legislatura considera central para evitar un deterioro mayor del mercado laboral. Según adelantó el titular de Apyme Entre Ríos, Luis Lozar, la norma exigirá mantener el personal declarado, tomando un promedio de hasta seis salarios para determinar los descuentos aplicables. Las firmas con trabajadores no registrados verán reducida su posibilidad de acceder al beneficio, lo que busca, además, desalentar la informalidad.

El diagnóstico sectorial elaborado por la entidad empresaria describe un impacto especialmente fuerte en la construcción, que se paralizó al ritmo del freno de la obra pública. El comercio, la hotelería y la industria láctea también aparecen entre los rubros más afectados. En este último caso, Lozar recordó el cierre del centro de distribución de La Serenísima en Paraná, ocurrido en marzo, como uno de los golpes más significativos.

El debate legislativo se iniciará a las 16, con la expectativa de avanzar en un dictamen antes de fin de año. En el oficialismo y en los bloques dialoguistas admiten coincidencias sobre la necesidad de auxiliar a un entramado productivo que atraviesa uno de sus períodos más críticos, aunque anticipan que la discusión fina estará en los alcances del alivio, los requisitos para acceder y la duración de la emergencia.

La propuesta también busca reforzar la potestad provincial en materia de regulación económica, impulsando medidas puntuales que amortigüen la crisis mientras se planifican estrategias de desarrollo de mediano plazo. El tratamiento de la iniciativa se dará en paralelo a otros proyectos vinculados a la recuperación de la actividad económica, lo que podría acelerar definiciones en las próximas semanas.

El sector pyme llega a esta instancia con un diagnóstico claro y una advertencia: sin medidas inmediatas, el cierre de empresas podría profundizarse en 2026. Diputados comenzará ahora a discutir si la provincia dispone de margen —y de consenso político— para evitarlo.

En medio del fuerte crecimiento de las compras online en plataformas extranjeras, el Centro Comercial e Industrial de Paraná manifestó una profunda preocupación por el impacto que este fenómeno está generando en la actividad económica local y en la industria nacional.

En las últimas semanas, diversas publicaciones mediáticas a nivel nacional dieron cuenta del marcado incremento de compras realizadas a tiendas del exterior, favorecidas por normativas aduaneras más flexibles, franquicias ampliadas y procesos de envío "puerta a puerta" cada vez más ágiles. Esta dinámica, advierten desde distintas cámaras empresarias del país, convirtió al comercio electrónico transfronterizo en un canal de importación masiva que desplaza a productores locales, manufacturas nacionales y comercios de proximidad.

Frente a este panorama, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Marcelo Quiroga, fue contundente: "La compra indiscriminada a plataformas extranjeras golpea de lleno al comerciante que, apuesta por la ciudad, por el empleo y por la producción nacional. No se trata solo de precios: se trata de competencia desleal".

Según explicó, la llegada de productos importados fabricados en condiciones regulatorias muy diferentes a las del país genera un escenario imposible de sostener. "Muchos de esos artículos no tributan impuestos, no cumplen normativas de calidad ni estándares laborales. Mientras tanto, nuestras pymes afrontan cargas impositivas, salarios, alquileres y regulaciones estrictas. Es evidente que así no se puede competir", señaló.

A nivel nacional, empresarios del sector industrial y comercial vienen alertando sobre la necesidad de corregir políticas que permiten ingresar artículos a costos mínimos, afectando a rubros como indumentaria, electrónica, calzado, marroquinería, juguetería, accesorios y más.

Quiroga remarcó que el fenómeno no solo perjudica a los comercios establecidos en Paraná, sino que impacta directamente en la cadena de valor local: "Cuando se compra afuera, se perjudica al comerciante, pero también al fabricante, al distribuidor, al empleado y al emprendedor que intenta vivir de lo que produce. El daño es mucho más profundo de lo que se ve".

En este sentido, desde la entidad solicitaron que se revisen los mecanismos que habilitan la entrada de mercadería importada sin controles equivalentes a los exigidos en el mercado interno. También reclamaron políticas que protejan el desarrollo productivo nacional y que prioricen la competencia justa.

"No pedimos privilegios, pedimos reglas claras. Que compitan todos, pero con las mismas condiciones para que el comercio local no quede afuera de la cancha", afirmó Quiroga.

El Centro Comercial e Industrial de Paraná reiteró que continuará trabajando junto a otras cámaras empresarias para impulsar medidas que aseguren un equilibrio real entre el comercio digital global y el sistema productivo argentino, defendiendo el empleo, la industria y la actividad económica de la región. ElOnce

La crisis industrial se profundizó en Argentina bajo la gestión de Javier Milei: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron casi 30 empresas por día y se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. La combinación de caída del consumo, apertura importadora y derrumbe de la demanda interna está reconfigurando el mercado laboral con efectos estructurales.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desaparecieron 19.164 unidades productivas en menos de dos años. El ritmo equivale a 432 empleos formales menos por día. El relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA indicó que en agosto de 2025 se perdieron 33.000 puestos respecto del mismo mes de 2024, con Buenos Aires y CABA como las jurisdicciones más afectadas.

Las pymes orientadas al mercado interno son las más golpeadas. El economista Nicolás Taiariol explicó que la reducción del poder de compra y la falta de políticas de estímulo impiden la recuperación. Aunque el desempleo no refleja de inmediato la magnitud del cierre de empresas, crecen las changas y el empleo informal. La consultora Synopsis detectó que casi el 30% de los argentinos considera al desempleo como el principal problema del país.

Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores; Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario; Mabe clausuró su fábrica en Córdoba; y Magnera bajó la persiana en Pilar. El sector textil perdió 333 empresas y 14.000 empleos, con cierres en Corrientes, Lanús, La Rioja y suspensiones en Mar del Plata. La industria metalúrgica redujo 60.000 puestos, con Essen, Dana y SKF entre las firmas que recortaron personal.

El comercio también sufre: Yaguar cerró en Bahía Blanca, Cencosud clausuró locales en varias provincias y Frávega despidió en Temperley. La quiebra de La Suipachense dejó a 140 familias sin ingreso y ARSA sumó 400 despidos. En Santa Fe, DBT-Cramaco se reconvirtió en distribuidora de productos importados, mientras Newsan en Ushuaia no renovó 150 contratos.

Especialistas advierten que la recuperación será lenta, dependerá de reformas laborales y de la expansión de sectores como minería, hidrocarburos y servicios digitales. Sin embargo, las pymes y la industria vinculada al mercado interno continúan en retroceso, con un horizonte incierto para el empleo formal.

Fuente: APFDigital

El portal de proveedores y clientes se posiciona como una de las soluciones tecnológicas más demandadas por las empresas que buscan fortalecer sus procesos de gestión y mejorar la comunicación con los distintos actores de su ecosistema comercial. En un contexto donde la eficiencia es prioritaria y el margen de error se reduce cada vez más, contar con una plataforma integrada que administre el intercambio de documentos, datos y comunicaciones se convierte en un recurso estratégico para organizaciones de todos los tamaños.

En especial, el desarrollo de las pymes en la Argentina está atravesado por la intervención de la tecnología y por cómo ésta contribuye a mejorar los rendimientos. Las plataformas que centralizan operaciones y automatizan tareas repetitivas, como la gestión de facturas y pedidos, permiten que las compañías se adapten a la velocidad de los negocios actuales y alcancen mayores niveles de productividad.

El avance del comercio electrónico y la multiplicación de canales digitales también impulsan la necesidad de soluciones flexibles, escalables y de fácil adopción en distintos sectores productivos. En este escenario, los portales de interacción con proveedores y clientes se consolidan como instrumentos clave para simplificar la operatoria diaria y potenciar resultados en mercados cada vez más competitivos.

Entre las funcionalidades más valoradas se destaca la posibilidad de que los proveedores carguen sus facturas dentro del sistema y las relacionen directamente con las órdenes de compra habilitadas para su facturación. Este procedimiento automatiza el proceso de validación, reduce errores y facilita el control financiero, evitando el manejo de múltiples planillas o documentos dispersos.

Otra función relevante es el seguimiento en tiempo real de los documentos enviados o recibidos, que ofrece visibilidad sobre el estado de cada transacción y permite anticipar eventuales inconvenientes en la cadena logística o administrativa. La integración de mecanismos de comunicación interna incrementa la velocidad de respuesta ante consultas o incidencias, minimizando demoras y clarificando responsabilidades en cada etapa del proceso.

La incorporación de inteligencia artificial para la gestión documental y de datos representa una ventaja adicional, al automatizar tareas rutinarias e identificar patrones de comportamiento o posibles alertas frente a inconsistencias. Asimismo, la integración directa con sistemas de correo electrónico y otras plataformas digitales posibilita una experiencia fluida y centralizada para todos los usuarios.

Para las pymes que buscan escalar sus operaciones, estas herramientas significan una reducción sustancial de costos administrativos y una mejora en la confiabilidad de la información. La autogestión que brindan no sólo libera recursos internos, sino que también mejora la relación comercial al disminuir tiempos de espera y facilitar la planificación tanto para clientes como para proveedores.

La incorporación de portales digitales alcanza su máximo potencial cuando se integra con sistemas de gestión centralizados, conocidos como ERP (Enterprise Resource Planning). En el universo del comercio electrónico y los entornos productivos complejos, la sinergia entre ambas soluciones permite optimizar la operación, asegurar la trazabilidad y garantizar procesos transparentes y fiables.

El concepto de ERP para e-commerce cobra relevancia al describir aquellas plataformas que conectan los canales de venta online con los sistemas internos de gestión financiera, logística, inventario y atención al cliente. Al centralizar la información y vincular los distintos eslabones de la cadena de valor, las empresas pueden visualizar en tiempo real la disponibilidad de productos, planificar entregas y controlar la producción, minimizando demoras y reduciendo errores derivados del manejo manual de datos.

Gestores de compras y operaciones encuentran en estos sistemas la posibilidad de automatizar desde la recepción de pedidos hasta la emisión de facturas y la coordinación de entregas. Además, permiten generar alertas ante faltantes, gestionar autorizaciones de manera digital y monitorear presupuestos y costos asignados a cada proceso. En la Argentina, la integración de estas tecnologías contribuye no sólo a la eficiencia operativa, sino también al cumplimiento de normativas de calidad y trazabilidad exigidas en sectores regulados.

En los dos últimos años las pymes han sido protagonistas por la cantidad de cierres que se registraron desde diciembre del 2023. De las 12 mil empresas que desaparecieron a nivel nacional, hay más de 500 que pertenecen a Entre Ríos.

El dato provincial fue arrojado por el presidente de Apyme Entre Ríos, Luis Lozar, que en diálogo con esta Agencia describió cuñal es la situación y también hizo referencia a la presentación de un proyecto de ley de la entidad a fin de buscar soluciones.

“Aproximadamente 572 empresas cerraron, de las cuales un 99,7% pertenecen a micro pymes. Además se calcula la pérdida de 11.300 puestos de trabajo, siendo un 50% de grandes empresas. Este dato certero corresponde a la Superintendencia De Riesgo De Trabajo”, indicó Lozar.

Además, el titular remarcó que el sector más afectado fue el de la construcción tras notarse un retroceso en la obra pública. También mencionó al sector hotelero, comercio y lácteo resaltando el cierre del centro de distribución de La Serenísima en Paraná en marzo de este año.

“Estamos hablando de empresas o pymes que viven del mercado interno, que sufre una gran pérdida de poder adquisitivo. Al disminuir las ventas, se eleva todo lo que implica el mantenimiento de una pyme ”, indicó.

Con el fin de encontrar soluciones ante dicha crisis, la entidad presentó en Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la a emergencia económica, productiva, fiscal,laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia.

“Con el acompañamiento de la legisladora Andrea Zoff, que nos convocó a su despacho para trabajar esta iniciativa, empezamos a tener acciones para tratar de que esa caída no sea tan abrupta”, manifestó Lozar. Además aclaró que fue una adecuación de lo presentado por Apyme a nivel nacional en la Cámara Baja.

El proyecto ingresó el pasado 6 de noviembre a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “En diálogo con el presidente de la Comisión, Bruno Sarubi, y demás legisladores hubo compromiso para hacer lugar a su tratamiento. Estaría buenísimo que tenga media sanción antes del fin de año para que el año que viene se apruebe en el Senado”.

El objetivo es lograr un “alivio fiscal”:“Alivio en las patentes que están relacionadas con las empresas, la suspensión de retención, de percepción, que se ponga en vigencia una ley, la 9353, que es la compra de deuda pública”, señaló Lizar.

Sin embargo, aclaró una cuestión: “A la ley habrá que adherirse comprometiéndose a mantener el personal. Además habrá una fórmula para que esto se lleve a cabo propuesto por un colaborador: se tomarán hasta seis sueldos y se hará un promedio para obtener un descuento de impuesto.

Por ello, si una pyme tiene tres empleados y uno de ellos no está inscripto, le generará más impuesto”. Y agregó: “No solamente es mantener, sino generar el pase a la formalidad”.

“Es una ley muy equilibrada y que no va a afectar a la recaudación de la provincia. Estamos confiados y los invitamos a todos los interesados a que accedan al expediente 28.764 para seguirlo porque hasta el negocio más pequeño va a tener beneficios”, cerró. (APFDigital)

En medio de un escenario económico complejo, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) manifestó su apoyo a un proyecto de ley que busca declarar la emergencia de las PYMES en Entre Ríos. La propuesta, presentada por la diputada provincial Andrea Zoff, apunta a ofrecer un alivio impositivo y promover el sostenimiento del empleo en el sector más afectado por la recesión.

El presidente de APYME, Luis Lozar, explicó que la iniciativa “no busca subsidios, sino una reestructuración de los impuestos provinciales”, especialmente los vinculados a Ingresos Brutos. Según el proyecto, las empresas que se adhieran y mantengan su planta laboral podrán acceder a una reducción del 50% en las alícuotas. “Queremos dar oxígeno a las más chicas, que son las que peor la están pasando”, señaló Lozar.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un comité de seguimiento compuesto por siete integrantes —representantes del Ejecutivo, cámaras empresarias, sindicatos y universidades— que evaluará el cumplimiento de la ley y su impacto real. “No será una norma que se apruebe y se olvide. Tendrá control y revisión constante”, destacó el titular de APYME.

El texto también introduce un incentivo al blanqueo laboral, al permitir que las empresas descuenten parte de sus impuestos en función de los salarios de sus empleados registrados. De esta forma, se busca estimular la formalización de trabajadores no declarados. “Si un empleador tiene personal en negro, le va a convenir regularizarlo, porque el sistema lo beneficiará fiscalmente”, explicó Lozar.

Actualmente, el proyecto se encuentra en análisis en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial. Desde APYME confían en que será tratado en el corto plazo, y destacaron el acompañamiento del diputado Bruno Sarubi, quien se comprometió a impulsar su debate.

“Las PYMES son el corazón de la economía entrerriana, pero muchas no soportan la carga impositiva ni la caída del consumo. Esta ley es una herramienta concreta para sostener el empleo y evitar cierres”, sostuvo Lozar.

El sector espera que la norma sea sancionada antes de fin de año, con la expectativa de que se convierta en un instrumento de contención ante la crisis que afecta a los pequeños emprendimientos y comercios en toda la provincia.

En un escenario de tensiones crecientes entre el Gobierno nacional y los sectores sindicales, la reforma laboral vuelve a instalarse en el centro del debate público. Bajo el argumento de modernizar las relaciones laborales y fomentar el empleo, el oficialismo impulsa un paquete de medidas que despierta resistencias en amplios sectores del movimiento obrero.

Las advertencias también se hicieron sentir desde el sector pyme. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, advirtió que “la reforma no tendrá sentido si no se reactiva la economía”. En declaraciones a Panorama Político, Rosato sostuvo que “sin consumo interno, cualquier flexibilización laboral será solo un parche que no resuelve el problema de fondo”.

En concordancia con lo anterior, EL ARGENTINO consultó al abogado laboralista Andrés Ocampo: “Hay que ser claros: mediante la normativa laboral no se crea ni se destruye empleo. El empleo depende de decisiones macroeconómicas, de políticas de crédito, subsidios, apoyo a las pymes, servicios públicos eficientes y protección de la industria nacional. Una apertura indiscriminada de importaciones destruye empleo por competencia desleal. Por eso, el argumento de que modificando la normativa laboral se va a generar empleo es falso. Lo que sí implica esta reforma es una regresión en derechos laborales, con la misma lógica que se intentó imponer en los años 90 y durante el macrismo”.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Delegación Concepción del Uruguay (S.T.I.A.) afirmaron en diálogo con EL ARGENTINO: “Una reforma laboral con olor a pasado, que revive figuras regresivas y debilita derechos conquistados”. Los referentes gremiales alertaron sobre el regreso de lo que denominan “los muertos-vivos del modelo neoliberal”: despido barato, jornadas extendidas, vacaciones fraccionadas y una negociación colectiva fragmentada.

En tanto, el abogado Ocampo de Gualeguaychú cuestionó los fundamentos del proyecto oficial, señalando que no existe aún una propuesta concreta, pero que los anuncios y antecedentes “apuntan a la quita de derechos”.

El profesional aclaró: “En primer término, hay que decir que todo lo que se discute son especulaciones. No hay un proyecto concreto que se pueda analizar en profundidad. Lo que circula son títulos, comentarios y supuestos jurídicos que podrían modificarse. Y lo que se observa es que la lógica detrás de estos anuncios es restrictiva: apunta a la quita de derechos y al aumento de ganancias del sector patronal. Según los voceros del gobierno, el objetivo —como ocurrió con el DNU 70/2023 y con la sección laboral de la Ley Bases— sería crear más puestos de trabajo. Pero lo que se anunciará va en sentido contrario”.

Entre los puntos más críticos, desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación en Concepción del Uruguay, señalaron a EL ARGENTINO la posibilidad de pagar indemnizaciones con un tope de diez salarios, excluyendo adicionales, aguinaldo y premios, lo que “abarata el despido y legaliza la precarización”. Además, se habilita a las PYMES a pagar en hasta 12 cuotas, lo que “convierte la indemnización en una promesa incierta, especialmente en sectores con alta rotación y bajos ingresos”.

También cuestionaron la creación del llamado “salario dinámico”, un adicional negociado directamente entre trabajador y empleador, que “puentea al sindicato y habilita la discriminación salarial”. Según el gremio, esta figura rompe con el principio de igualdad ante tareas similares y debilita la negociación colectiva como herramienta de equidad.

Otro eje de preocupación es la flexibilización de la jornada laboral, que podría extenderse hasta 12 horas diarias bajo la figura del “banco de horas”, sin pago de extras.

El abogado laborista mencionó: “Lo que se propone es un refrito de viejas recetas: ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, implementar bancos de horas que ya han demostrado su ineficacia, y debilitar la organización sindical mediante reformas que afectan derechos colectivos. Se busca precarizar el trabajo, volver a los contratos basura que ya fracasaron en Argentina. Es un museo de grandes novedades, como dice la canción, pero con ideas del siglo XIX.”

Por su parte desde el Sindicato de Alimento advirtieron: “El trabajador queda sujeto a las necesidades de la producción, sin garantías ni compensaciones reales”. Esta modalidad, agregan, “naturaliza la sobreexplotación y desdibuja los límites entre tiempo laboral y vida personal”.

En cuanto a las vacaciones, el sindicato denunció que se habilita su fraccionamiento y la posibilidad de acordarlas fuera de los períodos legales, lo que “individualiza el derecho y lo somete a la lógica empresarial”.

Respecto a la negociación colectiva, alertaron sobre una “atomización por empresa” que debilita la fuerza gremial, junto con la eliminación de cuotas solidarias y aportes patronales. “Se busca desfinanciar a los sindicatos y fragmentar la representación, debilitando la capacidad de defensa de los trabajadores”, sostuvieron.

“Es claro - afirmó Ocampo, el abogado laboralista a EL ARGENTINO - que se pretende instalar la negociación directa entre empleador y trabajador como si fuera equitativa, cuando todos sabemos que sin organización sindical, el trabajador tiene muy pocas herramientas para defender sus condiciones.”

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación rechazó la redefinición de la huelga como “inofensiva”, con servicios mínimos que, según afirman, “vacían de contenido el derecho a la protesta”. En casi todas las actividades, se establecen restricciones que, sumadas a las reformas recientes en la Ley de Contrato de Trabajo, “configuran un escenario de disciplinamiento laboral”.

Por su parte Andrés Ocampo, también se manifestó sobre este punto: “Se apunta a destruir los convenios colectivos por actividad, reemplazándolos por convenios por empresa. Esto implica que cada empresa pueda imponer condiciones más favorables para sí misma, en detrimento de los trabajadores. Se busca maximizar la ganancia empresarial y aumentar el control sobre la fuerza laboral, modificando jornadas, licencias y vacaciones según el interés patronal. Todo esto es profundamente negativo.”

El profesional remarcó que: “Por supuesto que puede haber modificaciones en los convenios colectivos, pero siempre deben ser para ampliar derechos, no para restringirlos. Así lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del trabajo en todas sus formas. También lo afirman los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el artículo 75 inciso 22. Las reformas deben ser progresivas, nunca regresivas. Lo que se propone desde el gobierno va en sentido contrario.”

Más allá de los títulos y especulaciones, el debate sobre la reforma laboral revela una disputa de fondo: el modelo de país que se pretende consolidar. En Entre Ríos, las voces gremiales y profesionales coinciden en que flexibilizar derechos no garantiza empleo, y que sin políticas activas para el desarrollo productivo, el trabajo decente seguirá siendo una promesa vacía. La defensa de la negociación colectiva, la jornada digna y la equidad salarial no es sólo una bandera sindical: es una apuesta por una democracia con justicia social.