La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que se reunió en la sede de Azopardo durante más de dos horas. “Hay miradas con sesgo ideológico y no pragmático. Vemos un país empobrecido, sin inversión. Se trata de un ataque a los derechos colectivos e individuales”, dijo Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. El dirigente también le respondió al jefe de gabinete, Manuel Adorni, por sus omisiones a la hora de presentar la iniciativa en el marco del Consejo de Mayo.

La CGT está decidida a confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo hoy un gesto al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

“El debate de la ley pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo. Lo pretenden hacer con tratamiento exprés. Esta CGT quiere participar del debate. Es un paso más hacia la precarización laboral”, dijo Sola.

La estrategia de la CGT será tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la ley en el Congreso. También se prevé una movida judicial, ya que considera algunos puntos como “inconstitucional”, como los límites al derecho a huelga.

La convocatoria del consejo directivo, que fue antecedida por una reunión de mesa chica por la mañana, reunió a más de cuarenta secretarios generales. Entre ellos, los triunviros más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros. Al término, se llevará a cabo una conferencia de prensa, en la que se darán más precisiones sobre la movilización y el plan de lucha.

“Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”, expresó a su llegada Gerardo Martínez.

En una señal de rechazo, el hombre fuerte de los trabajadores de la construcción no asistió a la última convocatoria del Consejo de Mayo, el órgano colegiado impulsado por el Ejecutivo que reúne representantes de los diversos sectores, el cual integra en condición de representante de los gremios. Ese día se elaboró una documento donde se establecieron una serie de lineamientos básicos que incluye la también llamada “modernización laboral”, que no contó con la firma de Martínez.

Entre otros puntos, el texto (que cuenta con 79 páginas de los cambios que se pretenden incorporar a la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo) redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y fija nuevos límites: el monto no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso equivalente al 67% de ese valor. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. Este fondo se financiará mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también limita la capacidad de acción sindical al exigir autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo, tipificar como infracción grave el bloqueo de empresas y reducir a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados. Además, restringe la ultraactividad de los convenios: vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas y la autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan “distorsiones económicas”.

En paralelo, se incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite redistribuir la carga horaria según las necesidades productivas de cada empresa.

“El Gobierno habla de modernización, previsibilidad y generación de empleo, pero el contenido real del proyecto apunta a otra cosa: debilitar la negociación colectiva, reducir derechos y dejar al trabajador más desprotegido. Los objetivos declarados no coinciden con los efectos estructurales de la ley”, dijo Fabián Montaño, del gremio de Apops. Y añadió: “El proyecto también avanza contra la vida sindical: penaliza las asambleas, limita la organización en los lugares de trabajo y debilita la representación gremial. Un sindicato sin participación activa es un trabajador sin defensa. Esa es la intención política detrás de estas restricciones". (La Nación)