El cierre de Radio Ciudadana, la emisora pública de la Municipalidad de Concordia, generó una ola de repudios por parte de sindicatos y entidades periodísticas que consideraron la medida como un retroceso en materia de comunicación pública y derechos ciudadanos. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC) se expresaron enérgicamente en contra de la decisión oficial.

“Nos solidarizamos con todas y todos sus trabajadores”, señalaron desde Fatpren al sumarse a la postura del gremio entrerriano. Desde el SETPyC, el comunicado fue contundente: “Cerrar un medio de comunicación en momentos de crisis es quitar un derecho, no sólo a los trabajadores sino también al pueblo en su conjunto. Es quitar la posibilidad de informarse por un medio oficial”.

El repudio se multiplicó tras la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, mediante el cual se dispuso la disolución de la Comisión de Administración de la Radio Pública. A partir de esta decisión, se informó que el personal será reubicado, reasignado o prescindido, dependiendo de las necesidades que defina la administración local.

La radio, que funcionaba como medio institucional desde hace años, fue sostenida con esfuerzo por trabajadores de prensa y técnicos, y cumplía un rol informativo y cultural en la comunidad. La eliminación de su estructura fue interpretada como parte del ajuste general impulsado por el gobierno de Francisco Azcué, que semanas atrás ya había anticipado recortes en distintas áreas municipales.

“Lamentamos profundamente que se haya silenciado la voz de Radio Ciudadana, que con tanto esfuerzo había logrado instalarse y sostener en el ámbito local”, expresó Fatpren en su declaración pública, y advirtió sobre el impacto que esto tendrá en el acceso a la información y la pluralidad de voces.

Desde el ámbito político, referentes de distintos espacios también hicieron conocer su desacuerdo con el cierre. Sectores de la oposición y agrupaciones sociales alertaron que se trata de una política que privilegia la lógica del ajuste por sobre el derecho a la comunicación, una herramienta fundamental en contextos de crisis económica y deterioro institucional.

Organizaciones vinculadas a la comunicación popular coincidieron en que desmantelar un medio público en una ciudad con altos niveles de pobreza y exclusión como Concordia constituye una señal negativa. En ese marco, destacaron que la emisora no solo era una fuente laboral para comunicadores y técnicas/os, sino también un canal de expresión para múltiples sectores de la sociedad civil.

Mientras se espera una eventual reacción del Ejecutivo local frente a la creciente presión social y gremial, los trabajadores afectados por la medida no han recibido definiciones concretas sobre su futuro laboral. Por lo pronto, los gremios anunciaron que continuarán con las gestiones ante las autoridades y no descartan movilizaciones si no se da marcha atrás con la decisión.

En un contexto donde crece la preocupación por el vaciamiento de medios estatales a nivel nacional y provincial, el caso de Concordia se convierte en un nuevo episodio de conflicto entre las políticas de ajuste y el derecho a la comunicación democrática.