La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera definitiva el archivo de la causa judicial iniciada a raíz del acuerdo financiero suscripto en el año 2018 entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 57.000 millones de dólares. La resolución, rubricada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso planteado por la representación fiscal y confirmó lo resuelto previamente por las instancias inferiores del fuero federal respecto a las actuaciones tramitadas sobre exintegrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso judicial, dictaminado inicialmente en el Juzgado Federal N° 5 y con ratificación de la Cámara Federal en febrero de este año, se orientaba a determinar si la tramitación del crédito internacional y la posterior administración de las divisas configuraron delitos en perjuicio de la administración pública o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación comprendía el accionar desarrollado por la conducción del Poder Ejecutivo de dicho período y los responsables de las carteras de Economía, Finanzas y el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con las pautas vertidas en el texto del fallo judicial, a lo largo de los cinco años de instrucción no fue posible fundamentar una hipótesis delictiva concreta sobre el accionar de los imputados. El dictamen fiscal subrayó que las acusaciones planteadas se centraron en cuestionamientos de índole general a la orientación de las políticas públicas y al modelo económico implementado, en lugar de acreditar infracciones específicas a la normativa legal vigente sobre la aplicación de los fondos.

Al desestimar la existencia de desviaciones en los procedimientos normativos requeridos para la toma de deuda o la afectación irregular de los recursos, la Cámara de Casación clausuró la vía ordinaria de revisión, otorgando carácter de cosa juzgada a la resolución que dispone el archivo de la causa respecto a todos los funcionarios sumariados en la investigación.

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.

En ese sentido, precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.

La Corte Suprema rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En diciembre de 2023 se derogó mediante DNU la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. El juez Alberto Recondo posteriormente dejó sin efecto esa cautelar y rechazó la presentación por considerar que la agrupación demandante no tenía legitimación.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión, admitió la demanda, declaró la inconstitucionalidad del punto del DNU y ordenó reinscribir la causa como colectiva; esa resolución fue apelada por el Estado Nacional.

Al analizar el caso, la Corte sostuvo que la Cámara había admitido la legitimación del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de la Comunidad (CECIM) bajo la idea de que la soberanía nacional es un bien colectivo y que, en consecuencia, la asociación podía defender un derecho de incidencia colectiva. La Corte afirmó que “el encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”.

El tribunal explicó que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional ni de la jurisprudencia que regula la acción colectiva.

Agencia NA

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó la realización de un paro docente en el ámbito provincial de 48 horas, programado para el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1º de octubre. La medida se tomó tras formalizarse la falta de un entendimiento entre las partes durante el encuentro paritario celebrado entre representantes del gremio y las autoridades del Gobierno entrerriano.

La decisión de avanzar con el plan de acción había sido resuelta de forma previa durante el Congreso de Agmer llevado a cabo en la ciudad de Paraná. En dicho ámbito, la representación sindical determinó el rechazo formal de la oferta presentada por el Ejecutivo provincial para los salarios del sector, al calificar la pauta propuesta como insuficiente frente a las necesidades del sector educativo.

Asimismo, la representación estatal comunicó la decisión de aplicar el incremento salarial por vía ejecutiva mediante la emisión de un decreto. De acuerdo con el esquema oficial presentado a la mesa paritaria, la oferta original contemplaba un ajuste remunerativo escalonado compuesto por un 3,5% en el mes de septiembre, un 1,5% en noviembre y un 2% para el mes de diciembre, aplicando la actualización sobre distintas bases de cálculo para cada período contemplado en el cronograma.

Al no haberse cerrado un acuerdo integral, el mecanismo decretado por la administración provincial dispondrá de forma inmediata el pago correspondiente al primer tramo del 3,5% fijado para el salario del mes de septiembre. Mediante esta actualización, el sueldo mínimo inicial de un docente en Entre Ríos se posicionará en torno a los $910.000.

Por su parte, los tramos proyectados originalmente para los meses de noviembre y diciembre quedaron desafectados, por lo que el esquema de recomposición para dicho período requerirá la apertura de una nueva convocatoria a negociaciones paritarias. Con este escenario, el ámbito escolar de la provincia afrontará dos jornadas consecutivas sin clases en los establecimientos de todos los niveles educativos.

El bloque oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación resolvió retirar de manera íntegra el capítulo relativo a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La medida busca garantizar las condiciones operativas para reanudar la sesión plenaria convocada tras el cuarto intermedio dispuesto en la etapa previa de debate del cuerpo normativo.

La modificación de la estrategia parlamentaria se terminó de definir tras una serie de consultas encabezadas por la conducción libertaria en el Senado, liderada por Patricia Bullrich, junto a legisladores de bloques aliados como la Unión Cívica Radical. El articulado que quedó descartado proponía elevar del 15% al 25% el límite máximo de titularidad de tierras rurales provinciales en manos de personas humanas o jurídicas de origen extranjero, además de contemplar autorizaciones del Poder Ejecutivo Nacional y de las jurisdicciones provinciales para sociedades con participación estatal internacional.

La decisión de marginar este punto se desencadenó tras la negativa de senadores alineados con gobernadores provinciales, sumada a reparos expresados por bloques de la oposición dialoguista, lo que imposibilitaba reunir las mayorías requeridas para la aprobación en el recinto.

Pese a la eliminación del apartado vinculante a la titularidad de tierras por parte de foráneos, la iniciativa legislativa mantiene en su temario un conjunto de reformas orientadas al marco normativo de la propiedad. Entre los aspectos que continuarán en discusión en el pleno senatorial se destacan las modificaciones en los regímenes de expropiación, la implementación de mecanismos sumarísimos para el desalojo de inmuebles y la derogación de las restricciones vigentes en la legislación sobre el uso del suelo en superficies afectadas por incendios forestales.

El cuerpo legislativo prevé abordar el dictamen modificado en la jornada legislativa programada, en un contexto de negociaciones abiertas entre las distintas bancadas para definir la suerte final de los artículos restantes del proyecto.

En esta ocasión, la manifestación será frente al Municipio en la Plaza Urquiza a las 18 horas, con un pedido directo a los senadores.

“Es un llamado a los senadores para que no aprueben esta ley y también un apoyo. Entendemos que las presiones que pueden recibir son fuertes, entonces que sepan que hay todo un pueblo que está diciendo que no quiere que esto suceda es importante”, manifestó Lujan Erpen , una de las organizadoras.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto eleva el tope del 15% al 25% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa "riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional".

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

Una movilización cultural impulsada por artistas, referentes sociales y vecinos autoconvocados de la ciudad se prepara para tomar el espacio público durante la tarde del fin de semana en la zona de los Obeliscos de la Costanera local.

La iniciativa surge de manera espontánea ante la inminencia del tratamiento parlamentario en el Senado de la Nación de un proyecto normativo que propone modificaciones estructurales a la Ley de Tierras. Ante la trascendencia de las reformas impulsadas a nivel nacional, la comunidad busca generar un espacio de encuentro, debate e información directa cara a cara para concientizar a la población sobre los alcances del proyecto legislativo.

La propuesta central del encuentro gira en torno a utilizar el arte como una herramienta de comunicación popular y de construcción colectiva. Durante la tarde, el público podrá presenciar diversas manifestaciones culturales en vivo, entre las que se destacan espectáculos de danza, presentaciones de bandas locales, lectura de poesía, el ritmo de una cuerda de candombe e intervenciones de pintura en directo.

Entre las principales preocupaciones planteadas por las asambleas locales se destacan la flexibilización de los límites a la venta de campos a firmas extranjeras y el impacto social que esto generaría en las zonas rurales. Asimismo, advierten sobre la vulneración de derechos para familias originarias, la Quita de protecciones sobre áreas afectadas por incendios y los riesgos vinculados al control de fuentes de agua dulce, ríos como el Uruguay y el Paraná, y áreas con recursos estratégicos.

El fútbol internacional atraviesa uno de sus momentos institucionales más tensos tras la contundente postura adoptada por la UEFA, que amagó con retirar a sus selecciones de las competencias organizadas por la FIFA. El conflicto escaló luego de una reunión clave en la que las 55 asociaciones miembro del organismo europeo rechazaron unánimemente el proyecto impulsado por Gianni Infantino para crear una firma filial que administre los derechos comerciales del Mundial y otros torneos, abriendo la puerta a la participación de capitales privados. Para las autoridades europeas, la medida representa una alteración de fondo en el modelo de gestión global y atenta directamente contra el carácter estrictamente deportivo de la máxima cita balompédica.

A través de un durísimo comunicado oficial, la cúpula europea remarcó que la Copa del Mundo no puede tratarse como un mero producto de inversión ni ser entregada a privados. Además de cuestionar el fondo del asunto, la UEFA apuntó contra los métodos empleados por la FIFA, calificando de irresponsable el hecho de que la propuesta fuera diseñada en absoluto hermetismo y presentada mediante condicionamientos a las federaciones, lo cual consideraron una forma de gobierno basada en la coerción que dista de los principios democráticos.

Pese a los argumentos defensivos de Infantino, quien sostiene que la FIFA mantendrá su estatus de entidad sin fines de lucro y que el capital privado potenciará el crecimiento global, en Europa consideran que priorizar intereses financieros sienta un peligroso precedente. Con un eventual boicot sobre la mesa que afectaría a torneos masculinos, femeninos y juveniles, la falta de consensos anticipa una de las crisis políticas más complejas de la historia reciente del deporte.

La discusión por la Ley de Tierras volvió a poner en agenda uno de los casos más emblemáticos vinculados a la propiedad rural en Argentina: la venta de Valle Hermoso, una pequeña localidad de La Rioja que en 2008 quedó comprendida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense. La transacción incluyó campos, montañas, fuentes de agua y también el pueblo, con sus habitantes, una escuela, una capilla y un puesto sanitario.

El antecedente cobró nueva relevancia mientras el Congreso analiza el proyecto oficial que busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que la normativa desalienta inversiones, sectores que rechazan la iniciativa alertan sobre un eventual impacto en la soberanía y el control de recursos estratégicos.

En ese contexto, el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien encabezó la defensa judicial de los habitantes de Valle Hermoso, recordó el proceso que permitió reconocer los derechos de la comunidad y cuestionó cualquier intento de flexibilizar la legislación vigente.

"Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado", afirmó Rodríguez en declaraciones al programa Total Normalidad, de Futurock.

El funcionario recordó que la operación inmobiliaria implicó, en los hechos, la venta de toda la comunidad. "Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina", sostuvo.

Rodríguez explicó que el conflicto permitió dejar en claro la diferencia entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra. "Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras", afirmó.

El caso de Valle Hermoso evidenció un vacío legal que permitía la compra de grandes extensiones de territorio sin restricciones específicas, incluso cuando incluían poblaciones consolidadas o recursos hídricos estratégicos.

Como respuesta, en 2011 el Congreso sancionó la Ley de Tierras Rurales, que estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó restricciones para inmuebles con cuerpos de agua y definió topes máximos de superficie por titular extranjero.

Para Rodríguez, tanto la sanción de la ley como el fallo judicial fueron determinantes. "La ley fue clave, pero también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene su posesión reivindicada", destacó.

El fiscal también reveló que el comprador extranjero nunca avanzó judicialmente para reclamar las tierras adquiridas.

"Quien adquirió la tierra jamás se presentó a reclamarla. Se decía que iba a litigar en tribunales de Estados Unidos, pero nunca ocurrió", señaló.

Además, recordó que durante la operación se detectaron incumplimientos administrativos. "Se omitió presentar un proyecto de desarrollo frente al ministerio, un requisito esencial. En ese momento instamos una resolución para suspender la compra de inmediato", indicó.

Frente al nuevo debate parlamentario, Rodríguez manifestó su rechazo a una eventual flexibilización de la norma. "Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender los límites a la propiedad", remarcó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener una modificación de la legislación. "Este proyecto pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables", concluyó.

(Fuente: El Once)

El debate sobre la propiedad de la tierra sumó un nuevo capítulo tras las advertencias de juristas e investigadores ante el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado en el Senado nacional. La iniciativa busca derogar los artículos centrales de la Ley de Tierras (26.737), eliminando el tope del 15% para la titularidad de inmuebles rurales en manos de personas o empresas extranjeras, así como los resguardos en zonas de frontera.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó que la Constitución protege la propiedad privada, pero no convierte al territorio en una mercancía, advirtiendo que renunciar al control sobre quién adquiere áreas estratégicas compromete la soberanía nacional. Por su parte, Matías Oberlin, investigador del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, precisó que actualmente existen más de 13 millones de hectáreas bajo dominio foráneo, con casos críticos en Neuquén, La Rioja, Salta y Corrientes donde la extranjerización supera el 30% y hasta el 50% departamental.

Desde el Observatorio señalaron que la desregulación afectará bienes comunes como cuencas de agua dulce, minerales e infraestructura logística, encareciendo el valor de la tierra y dificultando el acceso a productores locales.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio este miércoles un nuevo paso en el camino legislativo para convertir en ley el proyecto de reforma jubilatoria promovido por el Ejecutivo provincial. La iniciativa, denominada formalmente proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", tomó estado parlamentario tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada, abriendo formalmente su tratamiento en la Cámara baja.

Durante la jornada de sesión, el cuerpo aprobó el pedido formulado por la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) para que el expediente sea remitido de manera conjunta a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social. Tras la votación del giro a comisiones, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, abogó por encarar las discusiones parlamentarias con prudencia y responsabilidad, remarcando la necesidad de que toda política pública reconozca el valor de cada persona y busque el bien común de la comunidad entrerriana.

Por su parte, desde la bancada opositora, la diputada Laura Stratta (PJ) dejó constancia del reclamo del bloque justicialista para que la propuesta fuera girada también a la Comisión de Legislación General. La legisladora argumentó que, al tratarse de una iniciativa que modifica una norma legal vigente en la provincia, correspondía institucionalmente la intervención de dicho cuerpo, aunque el planteo planteado por el bloque opositor finalmente no prosperó en el recinto.

El desarrollo de la sesión estuvo marcado por una fuerte presencia y manifestación sindical. Integrantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) siguieron atentamente las alternativas de la jornada desde las gradas del recinto, al tiempo que el sector docente montó una carpa de protesta en el exterior de la sede legislativa. La manifestación refleja el contundente rechazo que sostienen los gremios estatales frente a las reformas planteadas en la Caja de Jubilaciones, cuyas rondas de consulta e intercambio en el plenario de comisiones se pusieron en marcha durante la misma tarde.

El portavoz presidencial Adrián Ravier defendió con firmeza la estrategia económica de la administración de Javier Milei. En una extensa entrevista en Infobae a la Tarde, el economista liberal rechazó de plano que exista una crisis generalizada de ingresos y aseguró que el Gobierno nacional no comparte el diagnóstico opositor de que "la gente no llega a fin de mes".

"No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación compleja, pero decirlo de manera generalizada da la sensación de que todos los argentinos viven exactamente la misma realidad", planteó el vocero.

Para respaldar su postura, Ravier señaló que diversos indicadores muestran una tendencia a la baja en la pobreza y la indigencia, apoyándose en datos recientes del INDEC, la UCA y UNICEF. Según su análisis, la marcada desaceleración de la inflación ha permitido una recomposición progresiva en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

De cara al escenario electoral, Ravier ratificó que el Ejecutivo no apelará a medidas populistas de estímulo al consumo:

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos tramos: un 3% para los sueldos de julio y un 4% para septiembre (calculados sobre el mes inmediato anterior). Con el objetivo de evitar demoras en la liquidación y garantizar que la suba impacte con celeridad en el bolsillo de los agentes públicos, la administración de Rogelio Frigerio optó por avanzar de manera unilateral con el primer tramo del ofrecimiento.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la decisión señalando que las pautas se adoptan bajo un criterio de previsibilidad financiera para las arcas de la Provincia, condicionado por la caída de la coparticipación nacional y el contexto macroeconómico general.

"La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo", sostuvo Vales tras el encuentro, el cual estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. El funcionario aclaró que los representantes sindicales firmaron el acta dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones, por lo que se pactó una nueva convocatoria para el mes de agosto.

Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó la negociación como "muy tensa" y consideró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" inflacionaria que atraviesan los empleados públicos.

Muntes cuestionó que la propuesta representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y criticó la ausencia de un plan de recuperación salarial a largo plazo. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%", afirmó el dirigente, quien además advirtió que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Ante este panorama, ATE ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles, medida de fuerza que también se realiza en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria provincial.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y retiró a la representación gremial de la mesa de negociación, aunque aclaró que el sindicato pretende mantener abierto el canal de diálogo.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no presentara alternativas ni respuestas a otros reclamos pendientes del sector, como la actualización de las asignaciones familiares, el piso salarial, la situación de áreas críticas como enfermería y presuntos errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde denunció diferencias de hasta 70.000 pesos por la exclusión de sumas fijas.

En este marco, UPCN anticipó que durante el transcurso de la semana definirá la fecha de un "paro activo" para visibilizar la situación salarial y las condiciones laborales de los estatales entrerrianos.

Agmer convocó a un nuevo paro docente de 24 horas en Entre Ríos para este próximo miércoles 1 de julio, con una movilización provincial hacia Paraná. La medida fue anunciada por el principal gremio docente entrerriano en medio del conflicto por la recomposición salarial y el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

Según informó el sindicato, la protesta incluirá la participación de docentes de los 17 departamentos de la provincia, que se concentrarán en la capital entrerriana para insistir con la urgente reapertura de la discusión salarial y volver a manifestarse contra cualquier modificación del sistema jubilatorio. El escenario se suma a otras medidas recientes, como el paro y la movilización que el gremio ya había impulsado días atrás.

Los dos ejes del reclamo de Agmer

Desde la conducción sindical remarcaron que el paro apunta, por un lado, a exigir salarios dignos y, por otro, a sostener el rechazo al proyecto de reforma previsional. En ese sentido, insistieron en que la discusión sobre jubilaciones debe frenarse y volver a debatirse con participación de los sectores involucrados.

La protesta también se enmarca en una seguidilla de pronunciamientos del gremio contra el tratamiento legislativo de la iniciativa. En las últimas semanas, Agmer ya había reiterado su rechazo a la reforma y había advertido sobre el impacto que podría tener sobre el régimen previsional docente, como ocurrió en el último congreso en el que ratificó su postura contra el proyecto. Ahora

Gremios de la Multisectorial formalizaron su postura ante la comisión legislativa que analiza el proyecto del Ejecutivo Provincial. La presentación se realizó en el marco de la permanencia de la carpa docente frente a la Casa de Gobierno, respaldada por delegaciones de diversos departamentos.

El conflicto en torno al futuro del sistema previsional entrerriano sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto político y social en la capital de la provincia. En un contexto de creciente movilización, los sindicatos que integran el frente gremial decidieron trasladar el masivo respaldo comunitario recolectado en las calles directamente al ámbito de discusión parlamentaria.

La Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional presentó formalmente este miércoles más de 50 mil firmas en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el Poder Ejecutivo provincial. La entrega de los petitorios, que fueron recolectados en diversos puntos de la provincia, se realizó ante la Comisión que analiza la iniciativa en el ámbito legislativo.

La presentación coincidió con la cuarta semana de permanencia de la "carpa docente" instalada frente a la Casa de Gobierno, un espacio que funciona como epicentro de las protestas y que cuenta con la participación activa de trabajadores de diferentes sindicatos.

Durante la jornada de este miércoles, delegaciones de las seccionales de Nogoyá, Federación y Federal se sumaron a la concentración en la capital provincial. Los referentes gremiales destacaron que la cantidad de firmas obtenidas refleja un "contundente y unánime rechazo" a cualquier modificación que implique un retroceso en los derechos previsionales vigentes. "Estas firmas dan testimonio del aval ciudadano para que no se modifique la Ley Previsional", señalaron desde la Multisectorial.

Más allá de la entrega del petitorio, la carpa frente a la Casa de Gobierno mantuvo una intensa agenda a lo largo de toda la jornada. Al mediodía, la militante histórica de Agmer, Rosario Badano, expuso sobre "Memoria y transmisión: vida cotidiana y dictadura". En horas de la siesta, se presentó el libro "Expresiones de la cultura tradicional del monte de Montiel", realizado por el grupo de investigación Montiel.

El cronograma de la tarde preveía el cierre con la charla "La resistencia a la reforma previsional desde la salud laboral y una perspectiva de género", a cargo de Verónica Veik y Leandro Pozzi. Desde Agmer confirmaron que las seccionales provinciales continuarán rotando de manera diaria para sostener la carpa y visibilizar el reclamo mientras continúe el debate legislativo.

(Fuente: APFDigital)

El conflicto en torno al proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano sumó un nuevo capítulo este martes con la continuidad de la protesta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El sindicato docente inició el octavo día de acampe frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná, una medida de fuerza planificada de forma simultánea al avance del debate en la Cámara de Alta provincial.

La permanencia en la plaza central coincide con la agenda legislativa de las comisiones del Senado que analizan las modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones. Desde la conducción del sindicato señalaron que la intención es sostener una presencia visible y activa durante todo el proceso de discusión parlamentaria para manifestar el descontento del sector con los cambios propuestos.

Para garantizar la continuidad de la protesta sin desgastar a las bases, el gremio estructuró un sistema de postas diarias en el que se involucran los docentes de los diecisiete departamentos. La jornada de este martes contó con el despliegue de las delegaciones de Gualeguay, Gualeguaychú y Colón, quienes viajaron para acoplarse a los representantes de Paraná y a los integrantes de la Comisión Directiva Central.

Según explicaron los organizadores, el espacio frente a la gobernación excede el esquema tradicional de protesta y sumó una dinámica de formación interna. El cronograma diario del acampe incluye:

La Ley 8.732 regula el sistema de movilidad y los requisitos de edad y aportes para los trabajadores públicos de Entre Ríos. Los gremios rechazan cualquier modificación que altere el 82% móvil o aumente la edad jubilatoria.

El Senado sesionó hoy y La Libertad Avanza llegó sin una estrategia clara para responder críticas por la intención de Javier Milei de bajar el pliego de Verónica Michelli, decisión que provocó el rechazo de Patricia Bullrich y abrió una nueva grieta interna en la mesa de poder libertaria. Finalmente, la candidatura se tratará esta tarde junto a otros 73 pliegos.

La discusión se suscitó ni bien comenzó la actividad en el recinto. Luego de acordar en labor parlamentaria que bajarían al recinto 50 pliegos, el oficialismo incluyó en el temario otros 23 expedientes. Ante esto, la oposición acusó una “traición parlamentaria” y pidió que haya un cuarto intermedio para ordenar el temario. Esto finalmente sucedió.

Luego de 40 minutos de debate fuera del recinto, tomó la palabra la senador Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza. Bullrich aseguró que los bloques arribaron a un “acuerdo político y parlamentario” para que sean tratados en la sesión de esta tarde todos los pliegos, incluido el de Michelli.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevó adelante este jueves un paro docente en rechazo a las políticas del gobierno provincial y en defensa de la Caja de Jubilaciones.

La medida de fuerza fue acompañada por la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), que también resolvió sumarse a la protesta.

Desde Agmer se expresó que la gestión actual “no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”. En ese marco, el gremio mayoritario de la docencia provincial organizó volanteadas en los principales accesos de diversas ciudades, con el objetivo de visibilizar el impacto de la reforma jubilatoria y las dificultades que atraviesan los trabajadores de la educación.

Fuentes sindicales confirmaron que el acatamiento al paro alcanzó el 80% entre los docentes nucleados en Agmer, mientras que en el caso de AMET la adhesión fue del 70%. Para los gremios, estas cifras reflejan el malestar creciente en las escuelas y la necesidad de que el Ejecutivo provincial atienda los reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y la defensa del sistema previsional.

En un comunicado, Agmer sostuvo que la medida de fuerza se da en un contexto de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”. La entidad remarcó que la protesta busca llamar la atención sobre la situación crítica de la Caja de Jubilaciones y exigir respuestas concretas a las demandas planteadas en las últimas negociaciones paritarias.

En contrapunto, el Gobierno provincial difundió un relevamiento oficial realizado por el Consejo General de Educación (CGE), según el cual el presentismo en las escuelas entrerrianas alcanzó el 71% durante la jornada de paro. De esta manera, el Ejecutivo manifestó que la mayoría de los docentes concurrieron a sus puestos laborales, relativizando el impacto de la medida de fuerza.

La jornada de paro docente se inscribe en un escenario de conflictividad creciente en Entre Ríos, donde las organizaciones sindicales advierten que continuarán con las medidas de fuerza si no se atienden sus reclamos. El Gobierno, por su parte, sostiene que mantiene abiertos los canales de diálogo y que las decisiones adoptadas buscan garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y el funcionamiento de las escuelas.

La Asociación Síndrome de Dwon de la República Argentina (Asdra) emitió un comunicado en rechazo a palabras discriminatorias. A continuación el documento.

"Asdra manifiesta su profundo rechazo al uso de la palabra “mogólico” como insulto por parte de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, en un mensaje publicado en la red social X. El funcionario utilizó la expresión al referirse a una cuenta atribuida a un sector de la interna del oficialismo vinculada a Martín Menem, en el marco de una disputa política dentro del propio espacio de gobierno, escribiendo: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”.

Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos.

— Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

El término “mogólico” tiene un origen históricamente vinculado a las primeras descripciones médicas de las personas con síndrome de Down. Su utilización como insulto es discriminatoria, ya que reproduce estereotipos que asocian la discapacidad intelectual con la burla, la descalificación o la falta de inteligencia, reforzando ideas de normalidad y anormalidad que vulneran derechos.

La reiteración de este tipo de expresiones por parte de distintos referentes y miembros del gobierno reviste especial gravedad. Estas palabras, cada vez más frecuentes, tienden a la normalización y legitimación del uso de lenguaje discriminatorio en el debate público, refuerzan estereotipos que afectan directamente a las personas con síndrome de Down y perpetúa prácticas que vulneran su dignidad y sus derechos.

Desde Asdra recordamos que el uso de esta palabra como agravio constituye un acto de discriminación e invitamos a la sociedad a reflexionar sobre el impacto del lenguaje, en línea con la campaña nacional “Insultos”, que busca visibilizar y erradicar estas prácticas".

La discusión por la reforma previsional en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo con la reunión entre la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y los bloques legislativos del Partido Justicialista. El encuentro, realizado en Paraná, tuvo como eje central el rechazo sindical a la iniciativa del Ejecutivo provincial y el compromiso opositor de acompañar esa postura en el ámbito parlamentario.

Los gremios que integran la Multisectorial manifestaron su preocupación por lo que consideran un retroceso en derechos adquiridos, tanto para trabajadores activos como para jubilados. En particular, remarcaron la defensa del 82% móvil y la preservación de la Caja de Jubilaciones como pilares del sistema previsional entrerriano. Según expresaron, la reforma implicaría un deterioro en las condiciones de retiro y un impacto negativo en la calidad de vida de miles de beneficiarios.

Durante la reunión, los representantes sindicales destacaron la importancia de contar con respaldo político para frenar el avance del proyecto oficialista. Señalaron que la falta de información oficial sobre el contenido de la iniciativa genera incertidumbre y alimenta discursos que, a su entender, buscan instalar falacias en la opinión pública. En ese sentido, remarcaron la necesidad de esclarecer las consecuencias reales de la reforma y de sostener un proceso de resistencia amplio y participativo.

La Multisectorial, integrada por gremios estatales, docentes, judiciales y de otros sectores, adelantó que continuará con su agenda de recorridas y visitas en toda la provincia. El objetivo es llevar la voz de los trabajadores a cada localidad, sumar adhesiones y explicar por qué la reforma no debería convertirse en ley. Además, confirmaron que seguirán solicitando audiencias con el resto de los bloques políticos de la Legislatura para ampliar el consenso en defensa de la Caja.

Desde el plano legislativo, los representantes justicialistas cuestionaron que el Poder Ejecutivo aún no haya dado a conocer el texto formal del proyecto ni respondido a los pedidos de información realizados por la oposición. También señalaron que la prioridad del gobierno debería estar puesta en atender la emergencia alimentaria y la crisis de salud mental que atraviesa la sociedad entrerriana, en lugar de impulsar una reforma previsional que genera resistencia y preocupación.

El encuentro fue valorado por los gremios como un paso fundamental en la construcción de una estrategia común para frenar la iniciativa oficialista. Con el compromiso de rechazo expresado por los bloques opositores, la Multisectorial se mostró fortalecida y ratificó su decisión de intensificar las acciones de esclarecimiento y movilización en defensa de los derechos previsionales.

En conclusión, la reforma previsional se enfrenta a un escenario de fuerte resistencia sindical y política. Mientras el Ejecutivo insiste en avanzar con cambios en el sistema, la oposición y los gremios consolidan un frente común que promete dar batalla en la Legislatura y en las calles, con el objetivo de preservar conquistas históricas de los trabajadores entrerrianos.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de “per saltum” solicitado por el Gobierno nacional para intervenir de manera directa en el análisis de validez de la reforma laboral. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que el expediente deberá continuar su curso en las instancias judiciales inferiores.

La decisión deja en evidencia la fragilidad de la estrategia oficial: el Gobierno pretendía obtener un respaldo jurídico definitivo que despejara las dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, pero el rechazo mantiene abierta la disputa judicial y política. El conflicto se originó en una medida cautelar impulsada por la CGT, que suspendió más de 80 artículos de la norma. Aunque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restituyó su vigencia, la falta de un pronunciamiento de la Corte prolonga la incertidumbre.

El fallo también expone la ausencia de consenso político y social en torno a la reforma laboral. La insistencia del Ejecutivo en recurrir al “per saltum” refleja la urgencia por consolidar un marco normativo que ha sido cuestionado por sindicatos y especialistas en derecho laboral. La negativa de la Corte, en cambio, reafirma la necesidad de que el debate se resuelva en las instancias correspondientes, con mayor transparencia y participación.

Desde una mirada crítica, el rechazo del recurso puede interpretarse como un llamado de atención al Gobierno: la reforma laboral, presentada como un eje central de la política económica, carece de la solidez institucional necesaria para imponerse sin discusión. La estrategia de acelerar tiempos judiciales se tradujo en un revés que debilita la posición oficial y fortalece a los sectores que cuestionan la norma.

En definitiva, la Corte Suprema no cerró la puerta al análisis de la reforma, pero sí dejó claro que el camino debe transitarse respetando las instancias previas. Para el Gobierno, esto significa más tiempo de incertidumbre y la obligación de sostener una ley cuya legitimidad aún está en disputa. Para los trabajadores y sindicatos, representa una oportunidad de seguir planteando sus objeciones y de mantener viva la discusión sobre el alcance real de la modernización laboral.