Diversas instituciones, organizaciones sociales, prestadores de servicios y familias vinculadas al colectivo de la discapacidad en la provincia de Entre Ríos hicieron pública una declaración conjunta tras la imposibilidad de alcanzar el quórum necesario para tratar el proyecto relativo a la emergencia del sector en el recinto legislativo.

El documento al que pudo acceder El Argentino se suscribió en la ciudad de Gualeguaychú con fecha 17 de octubre de 2026, el mismo, expone la inquietud de los sectores convocantes ante la interrupción del debate parlamentario y remarca la "necesidad de dar continuidad a las herramientas normativas vigentes a dos décadas de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

En la misiva, los firmantes señalan que "la falta de actualización en los aranceles y la discontinuidad en los aportes financieros han llevado a una situación operativa compleja a los centros de atención, escuelas especiales y espacios terapéuticos". Según argumentan los referentes del colectivo, "la falta de presupuesto adecuado afecta de manera directa la sostenibilidad económica de los prestadores privados e institucionales, derivando en eventuales cierres de establecimientos y en la consecuente interrupción de los tratamientos y el acompañamiento profesional que reciben los usuarios".

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de numerosos espacios de atención y agrupaciones civiles del departamento Gualeguaychú y de distintas localidades de la provincia. Entre las instituciones firmantes se encuentran el Centro de Día Casa Club, la Asociación de Sordos de Gualeguaychú, la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú, la Fundación Incluir, Padres Síndrome de Down, la EPEI N° 15 Taller Protegido Emanuel, la EPEI N° 28 IDEEA, el Centro de Día e Instituto IDEEA, la Red de Familias TDAH y la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú.

A la convocatoria local se sumaron entidades de otros municipios de Entre Ríos, tales como la Asociación Hablamos de Autismo (Concepción del Uruguay), Asociación ALAS (Gualeguay), Asociación Civil TEA Padres y Fundación Manos a la Obra (Concordia), el Espacio LUDOLANDIA (Larroque), junto a las organizaciones NeuroCEA, Neurodiversidad San Benito, MIRARTEA y TEA Azul, procedentes de la capital provincial y zonas de influencia.

Otras instituciones que se sumaron fueron: el Centro de Día CREAN, Centro de Rehabilitación CREAN, el Cuentero de Rehabilitación Visual CREAN Gualeguaychú, Centro de Día IDEEA Gualeguaychú, la Asociación Civil TEA Padres Concordia, Fundación Manos a la obra de Concordia y la Cooperadora Escuela de Educación Integral N°34 Flavia Mena Paraná.

La comunidad universitaria de Gualeguaychú se prepara para participar de una nueva movilización enmarcada en la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre en todo el territorio nacional.

La seccional local de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), con representación en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), formalizó el llamado a docentes, estudiantes, nodocentes y vecinos de la ciudad a sumarse a las actividades públicas previstas para la jornada.

De acuerdo con el esquema difundido por la organización gremial, la convocatoria en el ámbito local prevé una concentración abierta a partir de las 16:30 horas en la intersección de las calles 25 de Mayo y Perón. Desde ese punto céntrico, los manifestantes marcharán en dirección a la Plaza San Martín, epicentro donde se leerán los posicionamientos institucionales del sector en reclamo de la plena vigencia de las normativas que regulan el presupuesto y los haberes del personal de las casas de altos estudios.

La movilización se desarrolla en un contexto de discusiones en torno al cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional tras la insistencia legislativa frente al veto del Poder Ejecutivo, ha sido objeto de controversias administrativas y judiciales referidas a los plazos y modalidades de su aplicación efectiva en el ámbito de las universidades nacionales.

Desde el sector gremial remarcan que la convocatoria trasciende el plano estricto de las negociaciones paritarias, incorporando demandas relativas a la asignación de recursos para el funcionamiento general de las instituciones, la investigación científica, los programas de becas estudiantiles destinados a garantizar la permanencia en las carreras, y el sostenimiento de la infraestructura académica y de los hospitales universitarios dependientes del sistema público.

La seccional local de AGDU enfatizó que la participación en la marcha responde a la necesidad de visibilizar la situación actual del sistema universitario y reclamar el respeto a las previsiones presupuestarias que aseguren el normal desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión en la región.

Esta iniciativa busca estructurar la comunicación con la comunidad y optimizar los tiempos de respuesta ante los requerimientos cotidianos de los usuarios de este espacio público.

Para realizar una gestión presencial en el lugar, los concurrentes disponen de cartelería informativa equipada con códigos QR distribuidos estratégicamente en los diferentes sectores de las 8 hectáreas que componen el recinto. Al escanear dichos códigos con la cámara de un dispositivo móvil, el usuario es redirigido automáticamente a la solapa de sugerencias, simplificando el trámite sin necesidad de acudir a las oficinas administrativas del predio.

Asimismo, el procedimiento puede completarse desde cualquier lugar ingresando a la plataforma institucional Guale Activa. Para concretar el envío de un reclamo o sugerencia por esta vía, el ciudadano debe seguir una serie de pasos concretos:

Este mecanismo centralizado permite al personal administrativo y operativo registrar cada trámite, realizar un seguimiento continuo de las observaciones del público e intervenir puntualmente en las mejoras solicitadas.

Cabe destacar que el Cementerio Norte representa uno de los sitios de mayor valor patrimonial e histórico de la ciudad, albergando en su extensión más de 400 panteones catalogados dentro de la memoria arquitectónica y cultural local. El predio se encuentra abierto a la comunidad de lunes a domingo en el horario corrido de 7:00 a 19:00.

Adicionalmente, para consultas generales, la Administración cuenta con una línea de atención vía WhatsApp al número 3446 67 9939, disponible en la misma franja horaria, y mantiene actualizado su canal oficial de información en la red social Instagram a través de la cuenta @cementerionorte.gchu.

La empresa asegura que cuenta con financiamiento y respaldo del Reino Unido, mientras Argentina impulsa sanciones y obtuvo una cautelar para frenar las obras.

La empresa británica Rockhopper ratificó que mantiene como objetivo comenzar a extraer petróleo en Malvinas durante el primer trimestre de 2028, pese a las medidas impulsadas por Argentina contra el proyecto Sea Lion. Su director ejecutivo, Sam Moody, aseguró que la compañía cuenta con respaldo del Reino Unido y de las autoridades isleñas.

El emprendimiento está ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Rockhopper posee una participación del 35%, mientras que el 65% restante pertenece a la petrolera israelí Navitas Petroleum.

La ratificación figura en el informe semestral que Rockhopper presentó este miércoles 30 de septiembre ante la Bolsa de Londres. El documento mantiene el cronograma de producción como una meta del proyecto, con el comienzo de las perforaciones de desarrollo previsto para 2027.

La empresa sostiene que cuenta con respaldo y financiamiento

Moody afirmó que las medidas argentinas generaron una mayor atención política y mediática sobre las actividades petroleras en Malvinas. Según su exposición, Londres y las autoridades isleñas respondieron rechazando los fundamentos de esas acciones.

“El primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028”, expresó el ejecutivo. También sostuvo que la adquisición del buque OSX-1 por parte de Navitas permitiría acelerar el desarrollo de etapas posteriores del emprendimiento.

Rockhopper informó que durante el primer semestre obtuvo 180 millones de dólares mediante una colocación de nuevas acciones y otros 20 millones a través de una oferta abierta. Según Moody, esa capitalización deja a la compañía financiada hasta el inicio previsto de la producción.

Las medidas argentinas contra la explotación

El anuncio se conoce mientras Argentina impulsa procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con la exploración de hidrocarburos alrededor de Malvinas. También presentó denuncias penales contra Navitas y sus ejecutivos.

En el ámbito judicial, el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion. La resolución comprende las actividades necesarias para avanzar con el emprendimiento petrolero.

La ejecución efectiva de esa orden depende de la cooperación internacional. Por otra parte, el Gobierno argentino comunicó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido detenga los trabajos y advirtió que podría recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Esa instancia fue planteada como una acción futura.

El cronograma y los resultados financieros

La primera fase de Sea Lion contempla 11 pozos y, según la presentación empresarial, fue aprobada y financiada a fines de 2025. La producción de esa etapa sería recibida por la unidad flotante Aoka Mizu, con capacidad de hasta 55.000 barriles diarios.

Para las fases posteriores, que incluyen 38 pozos en el Área de Desarrollo Central, Navitas apunta a tomar una decisión final de inversión durante el primer semestre de 2028. El inicio de la extracción en esa zona está proyectado para fines de 2030, mediante el buque OSX-1, adquirido por unos 125 millones de dólares.

En sus resultados semestrales, Rockhopper declaró una pérdida antes de impuestos de 3 millones de dólares, frente a los 51,4 millones del mismo período de 2025. La empresa atribuyó la diferencia a la ausencia de movimientos contables excepcionales relacionados con un arbitraje contra Italia, y no a ingresos petroleros: el proyecto en Malvinas todavía se encuentra en una etapa previa a la producción.

Fuente: AHORA

La mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ubicada sobre la avenida Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar la coyuntura socioeconómica y definir los pasos a seguir dentro de su plan de acción gremial.

Durante el encuentro, que contó con la participación de aproximadamente treinta dirigentes del ámbito sindical y la presencia de representantes de movimientos sociales en calidad de invitados, se resolvió por consenso llevar adelante una marcha hacia la Secretaría de Industria de la Nación, con domicilio en la avenida Julio Roca 651. La fecha estipulada para esta manifestación es el próximo 8 de octubre. De este modo, la conducción cegetista desestimó la implementación de un nuevo paro nacional en lo inmediato, argumentando la necesidad de encauzar los reclamos a través de acciones específicas centradas en la defensa del sector productivo.

Asimismo, la cúpula de la organización sindical acordó brindar un esquema de acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, sumándose a la visibilización de las demandas del sector educativo de nivel superior.

La decisión adoptada por la CGT marca un distanciamiento respecto de la estrategia fijada por otras entidades sindicales, como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Ambas centrales obreras han ratificado un calendario de protestas que incluye movilizaciones progresivas y contempla el desarrollo de un paro general hacia finales de octubre.

Hasta este momento, las tres agrupaciones sindicales venían coordinando un esquema conjunto de reclamos que se inició el 22 de julio a través de diversas manifestaciones públicas. Sin embargo, en el análisis sobre la oportunidad y oportunidad de una paralización total de actividades, la CGT concluyó que no se registran las condiciones operativas necesarias para garantizar el acatamiento de una medida de esas características a escala nacional.

Entre los dirigentes que participaron de la deliberación se encontraron referentes de gremios representativos como Sanidad, Camioneros, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Obras Sanitarias, Alimentación, Judiciales y Gastronómicos, entre otros. La resolución final ratificó el camino de la movilización sectorial frente a las dependencias gubernamentales específicas vinculadas a la actividad industrial.

El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial para empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que respaldó las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago y rechazó las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), constituye la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las sanciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido sostuvo que apoya toda actividad económica que considera legítima y destacó el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Londres también reafirmó su postura sobre la soberanía al señalar que considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar y que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.

En uno de los principales puntos del documento, el Gobierno británico advirtió que las empresas y particulares podrían recibir comunicaciones de las autoridades argentinas por sus actividades en las islas, pero sostuvo que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción ni aplicar su legislación interna sobre el archipiélago ni sobre quienes desarrollen negocios allí.

Además, Londres afirmó que las medidas argentinas aplicadas anteriormente no lograron frenar el crecimiento de la economía de las islas.

El Reino Unido también ofreció asistencia directa a las compañías que enfrenten presiones por sus negocios en Malvinas. La guía recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones de Argentina y establece que el FCDO está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en el archipiélago.

La medida se conoce mientras Milei avanza con nuevas sanciones contra firmas petroleras y el Gobierno argentino prepara un proyecto de ley para reforzar las herramientas destinadas a defender el reclamo de soberanía.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó que dará continuidad a las medidas de protesta durante la próxima semana luego del paro nacional realizado en las instituciones educativas de todo el país. La decisión se adoptó tras el rechazo a la oferta del Gobierno Nacional en la última mesa paritaria, que consistió en una recomposición salarial del 3 por ciento para septiembre.

En el ámbito local, la jornada de protesta tuvo un alto impacto en la Facultad de Bromatología. Diego Zanetti, docente y referente de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), brindó detalles sobre la repercusión de la medida en la ciudad y las acciones previstas para los próximos días.

"En la Facultad de Bromatología el paro ha tenido un acatamiento similar a los anteriores. Lo que se ha establecido con el correr del tiempo y la agudización del conflicto en estos tres años es un piso de entre el 70% y el 80% de acatamiento en cada una de las oportunidades que se hace un paro de estas características", dijo a El Argentino el dirigente sindical.

Respecto a la modalidad y al alcance de la medida en la unidad académica local, Zanetti explicó: "Este paro fue docente y no docente, por lo tanto se hace evidente fundamentalmente por aulas vacías de docentes que no desarrollan sus actividades de tipo presencial y por oficinas igualmente vacías porque los compañeros no docentes también están en la misma situación que nosotros. Hubo muy poca actividad, con una o dos aulas por turno, sin tareas de laboratorios ni clases ni administrativa".

En cuanto a la continuidad del reclamo en la ciudad, el representante de AGDU anticipó las modalidades de visibilización que implementarán los trabajadores. "La idea desde los gremios es mantener lo más que se pueda la visibilización de este conflicto. Seguramente la semana que viene tendremos algunas clases públicas en el marco de la jornada nacional. Nos estamos organizando con distintos espacios como la CTA, gremios docentes, grupos de estudiantes y no docentes para ir viendo la convocatoria a la próxima marcha federal, insistiendo por la implementación de la ley de financiamiento universitario y siguiendo atentos a las paritarias, intentando que el aumento sea superior al 3% ofrecido y se acerque a lo que legalmente nos corresponde", concluyó.

A nivel nacional, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) reportó un acatamiento casi total. El reclamo central del sector se enfoca en la actualización de los salarios, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición de los montos de las becas estudiantiles.

Según los gremios, la brecha para recuperar el poder adquisitivo perdido se ubica en torno al 32 por ciento. Las negociaciones paritarias tienen previsto un nuevo encuentro el próximo 17 de septiembre.

El US Open volvió a quedar envuelto en polémica por el olor a marihuana en las canchas. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, interrumpió su partido ante Kamilla Rakhimova en el Louis Armstrong Stadium para pedir la intervención de la jueza de silla Eva Asderaki-Moore. “Alguien está fumando marihuana. ¿Te importaría, porque el olor es muy fuerte?”, reclamó la bielorrusa, que señaló hacia la tribuna antes de sacar.

Sabalenka, doble campeona defensora del torneo, venció a la uzbeka por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos, pero reconoció que el episodio la desconcentró. “Ahora solo puedo pensar en lo de la hierba. Si van a seguir fumando, puede que me coloque”, ironizó tras el partido. Luego pidió: “Chicos, pueden fumar lo que quieran, pero no cerca de las canchas. Es complicado lidiar con ese olor cuando intentás competir al máximo nivel”.

El consumo de cannabis es legal en Nueva York para mayores de 21 años, aunque fumar está prohibido dentro del complejo de Flushing Meadows. Sin embargo, el humo puede llegar desde las gradas o sectores exteriores. La situación reavivó un debate que ya había aparecido en ediciones anteriores. En 2022, Maria Sakkari se quejó por el mismo motivo; en 2021, Nick Kyrgios denunció que el humo afectaba su respiración por ser asmático.

El reclamo de Sabalenka no fue el único de la jornada. El francés Adrian Mannarino, tras caer ante Alexander Bublik, criticó duramente la organización: “Huele a marihuana en la cancha, se está convirtiendo en un zoológico. La gente entra, se mueve, habla… El torneo lo tolera, no sé si es lo mejor para los jugadores”.

La líder del ranking mundial llegó a Nueva York como vigente campeona y busca retener el título por tercer año consecutivo. Su próxima rival saldrá del cruce entre Diana Shnaider y Taylor Townsend, mientras su continuidad en la cima dependerá también de la actuación de Elena Rybakina.

El episodio volvió a instalar la discusión sobre las condiciones externas que rodean al US Open y la capacidad de la organización para garantizar un ambiente competitivo adecuado. Para Sabalenka, el desafío no estuvo solo en la cancha, sino también en el aire.

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Países Bajos, pero la posición final quedó lejos de reflejar lo que había mostrado en el inicio de la carrera. El argentino había tenido una gran largada y se había metido décimo, aunque después recibió un drive-through por haber superado a Yuki Tsunoda durante el régimen de bandera amarilla provocado por el accidente de Max Verstappen. Además, perdió tres puntos en su superlicencia.

La decisión de los comisarios generó enojo en Colapinto, quien consideró que la sanción fue demasiado dura teniendo en cuenta las condiciones en las que se produjo la maniobra. “Creo que es bastante injusto. Muy duro, extremadamente dura por las condiciones que habían“, expresó el argentino después de la carrera.

Sin embargo, pese al malestar generado por el castigo, Alpine tomó la decisión de no presentar una apelación ante la FIA. De esta manera, la sanción aplicada a Colapinto durante el GP de Países Bajos quedará firme y no habrá una revisión posterior para intentar modificarla.

La postura del equipo francés contrasta con lo ocurrido algunos meses atrás en el Gran Premio de Mónaco. En aquella oportunidad, Alpine sí había decidido utilizar el Derecho de Revisión para cuestionar las sanciones recibidas por Pierre Gasly y Colapinto por exceso de velocidad en el pit lane.

El caso de Gasly terminó siendo especialmente importante para la escudería. El francés había cruzado la bandera a cuadros en la tercera posición, pero fue sancionado y cayó al séptimo lugar. Alpine sostuvo que los registros de velocidad debían ser revisados y finalmente la FIA hizo lugar al reclamo, eliminó las sanciones y le devolvió a Gasly el tercer puesto del GP de Mónaco.

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en conjunto con organizaciones como FEDUBA, anunciaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida de fuerza profundizará el plan de lucha que mantiene el sector con el Ejecutivo nacional en demanda del envío de partidas presupuestarias y recomposiciones salariales.

Desde el ámbito universitario denunciaron que las casas de altos estudios no están recibiendo las transferencias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Autoridades del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) remarcaron que la falta de recursos afecta los gastos de funcionamiento operativo de las facultades y las becas estudiantiles, a pesar de existir fallos judiciales que exigen girar los fondos.

En materia salarial, las federaciones docentes cuestionaron que los aumentos de los últimos meses fueron fijados de manera unilateral y por debajo de la pauta inflacionaria. Según registros gremiales, los trabajadores del sector acumulan una pérdida de poder compra cercana a un tercio respecto a finales del año pasado.

La devaluación del salario impacta tanto en las dedicaciones simples y semi-exclusivas como en los cargos de dedicación exclusiva, lo que genera alarma por la posible fuga de profesores e investigadores formados dentro del sistema universitario. Por este motivo, las organizaciones exigen la apertura de negociaciones paritarias de forma urgente.

La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 23, que conecta las localidades de Pronunciamiento, Primero de Mayo y Villa Elisa, registra un avance superior al 40 por ciento. La obra abarca cerca de 26 kilómetros e implica una inversión del Estado provincial que supera los 29 mil millones de pesos, orientada a consolidar un corredor clave entre los departamentos Uruguay y Colón.

Según informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad, las tareas actuales se centran en la colocación de la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro seis y en la construcción de base calcárea en el kilómetro siete. El proyecto contempla además la ejecución de rotondas, colectoras, accesos a instituciones y empresas, dársenas de estacionamiento, luminarias y dos desvíos específicos para el tránsito pesado.

La obra es recibida con altas expectativas en la zona, especialmente por su impacto en la transitabilidad durante jornadas de lluvia y en el transporte de la producción local. En ese sentido, la intendenta de Primero de Mayo, Silvia Adriana Bertolyotti, remarcó la importancia estratégica del trazado: "Para los habitantes de la localidad de Primero de Mayo y zonas rurales esta obra es imprescindible", afirmó, tras remarcar que se trata de un reclamo histórico que traerá "alivio para las personas que a diario la transitan".

Asimismo, la jefa comunal enfatizó la vinculación del proyecto con el desarrollo económico de la región y la seguridad en emergencias. "Nuestras zonas rurales tienen una gran actividad económica, con muchas granjas avícolas", explicó, al tiempo que advirtió que anteriormente "debido al caudal de lluvia, nuestro pueblo quedaba aislado", una situación crítica ante urgencias sanitarias. Por ello, concluyó que la pavimentación "hace más que imprescindible contar con una vía de circulación segura".

Se estima que, desde diciembre de 2023, se perdieron 7 empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es de 0,14 del PBI, la más baja desde 1972. La cita, que en CABA será a las 16 en el Obelisco, también reunirá a la comunidad universitaria, que le pide a la administración libertaria que cumpla con la Ley de financiamiento sancionada hace ya casi 300 días.

Con el Mundial todavía fresco, los investigadores convocan a movilizarse con el lema “Me pongo la camiseta”. La idea es que quienes asistan a la convocatoria puedan vestir una camiseta de la Selección argentina en señal de apoyo a los cerebros que juegan para el país. Referentes del Conicet, pero también de otros organismos científicos y técnicos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Servicio Meteorológico Nacional, dirán presente.

Agustín Ormazábal es biofísico del Conicet y referente de la lucha contra el ajuste libertario. En este sentido, sintetiza a Página 12: “La movilización de este miércoles es una respuesta al deterioro sostenido. Jamás desde que se registra el dato tuvimos un presupuesto menor en materia científica-tecnológica. Estamos por debajo del 0,14 por ciento del PBI. Esto, a su vez, tiene un impacto notable en las dotaciones; todos los organismos han reducido sus puestos de trabajo. En paralelo, hay una erosión en materia salarial. Por ejemplo, en la Agencia de Promoción Científica, desde hace 28 meses, los sueldos están congelados por debajo de la línea de pobreza”. Y completa: “La marcha es una respuesta, también, a la militarización de los organismos científicos y a un ataque discursivo que cada vez tiene connotaciones más peligrosas. Hace poco el presidente nos trató de ‘terroristas encubiertos’”.

De acuerdo a un informe que publicó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se calcula que, desde que asumió Javier Milei la presidencia, se perdieron en el sector científico y tecnológico 6400 puestos de trabajo. El financiamiento del sector acumula una caída del 51 por ciento desde fines de 2023.

El cientificidio se confirma por partida doble. Por un lado, el gobierno congela partidas y quita fondos que corresponderían a los organismos encargados de la producción del conocimiento. Argumentan que “no hay plata” mientras benefician a otros sectores como el campo o inteligencia. Por otro lado, en paralelo, las tareas que realizaban organismos científicos públicos son trasladadas a los privados. Un caso emblemático es el del INTI que, a pesar de sus años de experiencia y eficacia en los servicios de certificaciones y controles metrológicos, a partir de meras resoluciones del gobierno, cada vez realiza menos actividades ya que pasaron a ser ofrecidos por empresas, publicó Página 12.

Rolando González-José, investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico, explica: “La discontinuidad de las becas posdoctorales es una afectación a un eslabón crítico del sistema. El becario posdoctoral es aquel que acumuló toda la experiencia posible en un tema específico. Precisamente en ese momento es cuando todos sus conocimientos comienzan a ser transferidos a las cadenas productivas y a cualquier tipo de impacto que sus saberes puedan tener en la comunidad”.

Y continúa: “Es el momento en que consolida sus alianzas internacionales con colegas de otros países y empieza a cristalizar sus líneas de investigación a través de publicaciones. El gobierno dispara directo a uno de los nudos más críticos que tiene el Conicet en relación a la formación de recursos humanos. Nuestro país necesita doctores para desarrollarse”.

Al respecto, Ormazábal agrega: “Despidieron a 379 compañeros y compañeras del Conicet, que el lunes tuvieron una audiencia pública impresionante en el Congreso con participación de un montón de bloques, lo que da cuenta de la transversalidad del reclamo. También hay que sumarle los 60 despidos recientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La suspensión de proyectos emblemáticos para el desarrollo nacional, como lo que sucedió con el reactor Carem, entre muchos otros”.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología importa tan poco para este gobierno que, a la fecha, luego de la renuncia de Darío Genua, todavía no le han encontrado un reemplazo. González-José apunta: “Reclamamos la renuncia del presidente del Conicet, Daniel Salamone, que se limita a viajar por el mundo, a administrar la pobreza, a cobrar un salario como funcionario mientras los trabajadores del organismo perdimos más del 40 por ciento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Encima, no tolera las disidencias políticas al interior del Consejo que, precisamente, se caracteriza por su diversidad”.

(APFDigital)

Con la ejecución de una obra de infraestructura subterránea, la Municipalidad de Gualeguaychú dio respuesta definitiva a un reclamo histórico de los vecinos de la cuenca urbana conformada por las calles Primera Junta y San Juan. Las tareas operativas se desencadenaron tras detectarse el colapso estructural de un importante distribuidor de efluentes cloacales que abastecía a ese sector céntrico de la ciudad. El problema, que generaba graves inconvenientes sanitarios y la emanación constante de olores fétidos en la vía pública, requirió un despliegue técnico de magnitud impulsado por la gestión municipal que conduce el Intendente local.

Los trabajos de reparación e ingeniería, desarrollados de manera coordinada por las cuadrillas operativas de la Dirección de Obras Sanitarias, se articularon en dos fases consecutivas para asegurar el correcto drenaje del sistema. En una primera etapa, el personal abocado a las tareas procedió al reemplazo completo de 20 metros de la cañería troncal ubicada sobre el margen este de la intersección. Posteriormente, en el transcurso de los últimos días, los operarios concretaron el recambio de un tramo complementario de 35 metros sobre el lado oeste de calle Primera Junta, sector que presentaba un taponamiento severo y fisuras estructurales de consideración en toda su extensión.

El diagnóstico técnico reveló que las complicaciones de los últimos años se originaron a partir de una ruptura en el antiguo distribuidor, situación que provocaba la filtración directa de líquidos cloacales hacia los conductos pluviales de la esquina. Las evaluaciones demostraron que la cañería dañada, fabricada en hormigón armado de 400 milímetros de diámetro, acumulaba cerca de ocho décadas de funcionamiento ininterrumpido. Habiendo superado ampliamente su vida útil, la infraestructura fue severamente perforada por el avance de raíces de árboles añejos de la zona, razón por la cual las autoridades dispusieron su sustitución integral por tecnología moderna de conductos de PVC de 250 milímetros.

La Municipalidad de Gualeguaychú lleva adelante el reemplazo integral de un tramo de la cañería troncal cloacal en la esquina de Primera Junta y San Juan, un punto crítico donde durante años se acumularon quejas vecinales por olores nauseabundos y filtraciones hacia el sistema pluvial. La intervención comprende 20 metros de conducto principal que había colapsado tras más de ocho décadas de servicio.

La estructura original, de hormigón armado y 400 milímetros de diámetro, presentaba perforaciones provocadas por raíces de árboles y un deterioro estructural irreversible. Por ello, se decidió sustituirla por un conducto de PVC de 250 milímetros, más resistente y adecuado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal.

El problema se originó por una rotura del distribuidor cloacal que provocaba filtraciones hacia el pluvial emplazado en calle Primera Junta, con la consecuente emanación de olores fétidos en los alrededores. Tras subsanar esas pérdidas, personal técnico constató que el conducto principal que conectaba la cámara de captación con calle San Juan hacia el este presentaba un colapso estructural, lo que derivó en la decisión de sustituirlo por completo.

En las tareas interviene personal de la Dirección de Obras Sanitarias junto con una retroexcavadora, que demolió la calzada, ejecutó las excavaciones requeridas y retiró el material deteriorado para dejar el terreno en condiciones de recibir la nueva cañería. La etapa final está prevista para este jueves, cuando las cuadrillas municipales unirán el tramo nuevo de PVC a la cámara de captación para dar por concluida la obra.

El tránsito vehicular permaneció cortado durante la jornada del miércoles mientras se ejecutaban los trabajos y fue rehabilitado al final de las tareas. Esta misma modalidad se repetirá este jueves cuando concluyan los trabajos de la jornada.

Aunque estas tareas suelen pasar desapercibidas para buena parte de la comunidad, resultan determinantes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal y evitar el deterioro progresivo de la infraestructura urbana subterránea. El reemplazo permitirá eliminar los malos olores que afectaban a los vecinos, prevenir filtraciones hacia el sistema pluvial y asegurar el saneamiento en un sector clave de la ciudad.

Este tipo de intervenciones, invisibles para muchos, son esenciales para sostener la salud pública y el mantenimiento de la infraestructura urbana. La decisión de sustituir una cañería con más de 80 años de servicio marca un paso importante en la modernización del sistema cloacal y en la respuesta a un reclamo histórico de los vecinos.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio este miércoles un nuevo paso en el camino legislativo para convertir en ley el proyecto de reforma jubilatoria promovido por el Ejecutivo provincial. La iniciativa, denominada formalmente proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", tomó estado parlamentario tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada, abriendo formalmente su tratamiento en la Cámara baja.

Durante la jornada de sesión, el cuerpo aprobó el pedido formulado por la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) para que el expediente sea remitido de manera conjunta a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social. Tras la votación del giro a comisiones, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, abogó por encarar las discusiones parlamentarias con prudencia y responsabilidad, remarcando la necesidad de que toda política pública reconozca el valor de cada persona y busque el bien común de la comunidad entrerriana.

Por su parte, desde la bancada opositora, la diputada Laura Stratta (PJ) dejó constancia del reclamo del bloque justicialista para que la propuesta fuera girada también a la Comisión de Legislación General. La legisladora argumentó que, al tratarse de una iniciativa que modifica una norma legal vigente en la provincia, correspondía institucionalmente la intervención de dicho cuerpo, aunque el planteo planteado por el bloque opositor finalmente no prosperó en el recinto.

El desarrollo de la sesión estuvo marcado por una fuerte presencia y manifestación sindical. Integrantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) siguieron atentamente las alternativas de la jornada desde las gradas del recinto, al tiempo que el sector docente montó una carpa de protesta en el exterior de la sede legislativa. La manifestación refleja el contundente rechazo que sostienen los gremios estatales frente a las reformas planteadas en la Caja de Jubilaciones, cuyas rondas de consulta e intercambio en el plenario de comisiones se pusieron en marcha durante la misma tarde.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó el llamado a ganar las calles el próximo miércoles 22 de julio, en lo que constituirá el inicio de un nuevo esquema de protestas coordinadas contra el rumbo económico y social de la administración que encabeza el presidente Javier Milei. La manifestación se estructurará bajo una consigna central que pone el foco en el sistema previsional: “La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados”.

La concentración principal fue pautada para las 15 horas en la intersección porteña de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde ese punto estratégico, las columnas de trabajadores exigirán una recomposición urgente de los haberes jubilatorios, la protección integral de los ingresos frente a la escalada inflacionaria y el acceso a condiciones de vida dignas para los adultos mayores.

El diseño de este plan no responde a una reacción aislada, sino a un tejido estratégico madurado en las últimas semanas. El entendimiento terminó de consolidarse luego de sucesivas reuniones de mesa chica entre la cúpula cegetista, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Todas las terminales gremiales coincidieron en la necesidad de articular un frente de resistencia unificado para confrontar de manera escalonada los despidos, el deterioro de los puestos laborales y el impacto de las reformas estructurales del Ejecutivo.

Esta unificación de agendas aceleró los consensos y devolvió a los sectores populares al centro de la estrategia callejera del movimiento obrero organizado. El mediano plazo asoma con un endurecimiento de las medidas.

En el marco del 32° aniversario del atentado a la AMIA, el presidente de la mutual judía, Osvaldo Armoza, pronunció uno de los discursos más contundentes de los últimos años respecto a la falta de avances judiciales en la causa. Ante la mirada en primera fila del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Armoza sentenció que el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de la historia nacional.

A pesar de las duras críticas institucionales, el titular de la AMIA valoró y celebró la postura geopolítica de la actual administración, destacando su firmeza al ubicarse del lado correcto de la historia, manifestar su apoyo expreso al Estado de Israel y haber declarado a la organización Hamás como terrorista. No obstante, el elogio dio paso a firmes exigencias dirigidas tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, las cuales incluyeron un pedido de refuerzo inmediato en los controles de la Triple Frontera y de los pasos fronterizos con Bolivia y Chile, el reclamo de acelerar el nombramiento de vacantes judiciales y la solicitud de que el Congreso instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo.

Desde la Casa Rosada tomaron de buena forma los reclamos y ratificaron su apoyo sustancial a la comunidad judía, aunque fuentes inobjetables del oficialismo aclararon que por el momento no hay nuevos proyectos legislativos en materia antiterrorista dentro de la carpeta gubernamental. En los pasillos del Ejecutivo argumentan que la gestión ya sacó la Ley de Juicio en Ausencia y que, si bien comprenden la frustración social por la falta de resultados inmediatos, representa una nueva institución que no puede nacer mal y en la cual se deben tomar todos los recaudos legales pertinentes.

Respecto a la cobertura de vacantes en los tribunales, el Ministerio de Justicia prevé continuar con el envío de pliegos al Congreso tras el receso invernal de dos semanas, aunque el proceso será más dosificado debido a la magnitud política y complejidad de los cargos que restan concursar. En sintonía con la demanda de celeridad, Armoza también apuntó a los laberintos burocráticos del Poder Judicial, exigiendo a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, de la Cámara Federal de Casación Penal, que resuelvan de manera urgente la validez del juicio en ausencia.

Finalmente, el reclamo impactó en el Ministerio Público Fiscal. Si bien se valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso al frente de la UFI-AMIA, se catalogó de nulo el aporte de su cotitular, el fiscal Julio Miranda, y se cuestionó al responsable del Área de Análisis, Pablo Ouviña, exigiendo profundizar las líneas de investigación pendientes.

Gualeguaychú volverá a ser escenario de una movilización en el marco de la consigna “Ni Una Menos”. La concentración está prevista para el miércoles 3 de junio a las 17 horas en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde partirá la marcha que busca visibilizar la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y justicia.

La movilización se enmarca undécimo aniversario del movimiento “Ni Una Menos”, surgido en 2015, que desde entonces moviliza a miles de personas en todo el país.

En Gualeguaychú se espera la participación de organizaciones sociales, feministas y vecinos que históricamente acompañan esta fecha de reivindicación.

“Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz”, explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En este sentido, las especialistas advierten que la reducción en los números no implica que la violencia haya disminuido, sino que en muchos casos las intervenciones previas y dispositivos de prevención lograron evitar desenlaces fatales. La mayoría de las víctimas nunca había denunciado previamente, lo que refleja que la violencia más letal sigue ocurriendo en silencio.

“Las mujeres que lograron denunciar fueron siempre la minoría entre las víctimas de femicidio. Entre el 73% y el 87% de las mujeres asesinadas nunca habían llegado al sistema judicial. La violencia más letal sigue ocurriendo en silencio, fuera del radar del Estado”, concluyó Gherardi.

La marcha del 3 de junio en Gualeguaychú se sumará a las movilizaciones previstas en todo el país, reafirmando que la lucha contra la violencia de género continúa vigente y que la sociedad exige respuestas concretas para garantizar la vida y la seguridad de mujeres y diversidades.

Una histórica y multitudinaria ola de protestas sacudió este sábado las calles de Madrid con decenas de miles de personas concentradas para exigir la dimisión inmediata del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y demandar la convocatoria anticipada a elecciones generales.

Mientras que fuentes de la Delegación del Gobierno en la capital española estimaron la asistencia en unas 40.000 personas, las organizaciones convocantes elevaron la cifra a 80.000 manifestantes.

Los ciudadanos movilizados expresaron un enérgico rechazo a la corrupción del ejecutivo y se pronunciaron de forma tajante contra la inmigración ilegal, portando banderas españolas y lanzando proclamas tales como "no es inmigración es una invasión" y "reemigración si no comen jamón", sumando además duros insultos dirigidos a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La movilización contó con un fuerte respaldo político de los sectores opositores, registrando la presencia de una comitiva del Partido Popular (PP) liderada por su portavoz en el Senado, Alicia García, quien aseguró ante los medios de comunicación que los españoles dijeron "basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción" en la que "en el centro" está el presidente socialista.

Asimismo, participó del reclamo un numeroso grupo de la fuerza Vox, encabezado por su líder Santiago Abascal, quien declaró ante la prensa que "España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria".

Con respecto al futuro político e institucional del país europeo, el referente de la derecha local sentenció que el mandatario "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" con el único fin de "perpetuarse en el poder".

Fuente: NA

En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad universitaria de Gualeguaychú convocaron a una jornada de actividades y movilización que se realizará este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.

La convocatoria es impulsada por AGDU y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores condiciones para el sistema educativo superior.

Las actividades comenzarán a las 16 hs. con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, ubicada en 25 de Mayo y Perón.

Luego, a las 17 hs, , se llevará adelante una asamblea abierta en el mismo lugar, donde se informará sobre la situación presupuestaria y salarial que atraviesan actualmente las universidades nacionales.

Finalizadas las actividades, los participantes marcharán hacia Plaza San Martín junto a distintos sectores de la comunidad.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas, salarios dignos para docentes y trabajadores, y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de investigación.