El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ofreció este domingo un mensaje televisado a toda la nación en el que abordó los recientes disturbios acontecidos en diversos puntos del país. Durante su alocución, la máxima autoridad del Estado condenó de manera categórica los actos de violencia, señalando que los destrozos y enfrentamientos registrados no encuentran justificativo alguno dentro del marco institucional de la nación.

La intervención del jefe de Estado se produjo como respuesta a los incidentes acaecidos durante la jornada del sábado, los cuales culminaron con la aprehensión de más de dos mil personas y un saldo considerable de efectivos de las fuerzas de seguridad con heridas de diversa gravedad. Entre las pérdidas materiales más relevantes, la administración pública destacó los daños provocados por un incendio intencional que causó el colapso parcial de una estructura del siglo XIX ubicada en la localidad de Limoges, hecho que generó una profunda conmoción institucional.

En su exposición pública, el mandatario estableció una distinción precisa entre las movilizaciones ciudadanas que canalizan reclamos de carácter social y los hechos delictivos aislados. Por un lado, reconoció el derecho a la manifestación legítima de sectores estudiantiles y agrupaciones sindicales que expresan inquietudes relativas al incremento en el costo de vida y solicitan mejoras estructurales en el sistema educativo nacional. Por otro lado, desvinculó de esas reivindicaciones a los grupos heterogéneos y sectores radicalizados que incurrieron en acciones directas contra el patrimonio público y privado.

Respecto al accionar estatal, el Poder Ejecutivo confirmó que mantendrá una postura de rigurosa aplicación de las leyes sobre aquellos individuos involucrados en la destrucción de bienes estatales e intentos de alteración del orden constitucional, disponiendo que sean sometidos a las actuaciones judiciales correspondientes para la determinación de responsabilidades y la reparación de los perjuicios ocasionados. Asimismo, se otorgaron facultades a las autoridades de los gobiernos regionales para que dispongan la prohibición de concentraciones masivas en la vía pública cuando exista riesgo para la seguridad colectiva.

Finalmente, como parte del esquema de trabajo propuesto para abordar las causas de la conflictividad social, se anunció la apertura de un canal de interlocución formal durante la presente semana. A través de este mecanismo, el gobierno nacional mantendrá reuniones con representantes gremiales, delegaciones estudiantiles y miembros del sector docente con el propósito de establecer mesas de diálogo orientadas a consensuar medidas operativas y propuestas normativas en materia económica y educativa.

Durante su alocución, Kicillof fue categórico al criticar la política del Poder Ejecutivo: “Estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”. El mandatario bonaerense abogó por un esquema estratégico y federal, señalando que “es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y más federal. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios”.

En la misma línea, Llaryora cuestionó duramente la postura del Gobierno central frente al desarrollo: “La Nación no construye ni un bicicletero. Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión ni de construir un parque industrial. El octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión; el desarrollo de toda esta potencia argentina necesita un acuerdo básico”.

“Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof. Te sacan la coparticipación a la Ciudad, vuelve la 125 a Córdoba o dejan sola a Santa Fe contra el narcotráfico”, sostuvo el funcionario nacional.

Pese a los contrapuntos expresados en el CFI, en el Gobierno confían en mantener estos acuerdos puntuales y lograr el respaldo parlamentario para avanzar con la reforma electoral y las iniciativas estructurales del Ejecutivo.

Finalizó este miércoles los trabajos de pavimentación en el tramo de la calle Avellaneda, ubicado entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva, en las inmediaciones del sector cercano a la rotonda de Avenida Parque y Avenida Artigas.

La intervención se enmarca en la ejecución del Plan de Asfaltado de 150 Cuadras, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de transitabilidad y la seguridad vial en arterias de la ciudad que registraban reclamos históricos por parte de los vecinos.

Con la finalización de este sector, la comuna alcanzó un total de 22 cuadras asfaltadas desde el inicio formal del programa en julio pasado. A pesar de las demoras ocasionadas por las inclemencias climáticas registradas en los últimos meses, los trabajos concretados hasta el momento representan una superficie total trabajada de 9.155 metros cuadrados y más de 1.591 metros lineales de nueva carpeta asfáltica habilitada para la circulación vehicular.

Previo a la colocación del material sobre la calzada, cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Obras Sanitarias realizaron tareas previas de relevamiento e inspección de las redes de agua potable y desagües cloacales.

Asimismo, el personal municipal efectúa las conexiones en terrenos baldíos para evitar futuras roturas del pavimento ante eventuales desarrollos inmobiliarios. Las obras se ejecutan al amparo de la Ordenanza N° 13.070/2026, bajo un sistema de contribución por mejoras que distribuye los costos entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

El Gobierno nacional formalizará este martes la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027 en la Cámara de Diputados, cumpliendo con los plazos institucionales fijados por la Ley de Administración Financiera.

De manera previa a la entrega del texto normativo, la Jefatura de Estado mantendrá un encuentro este lunes en la Casa Rosada con los integrantes de los bloques de La Libertad Avanza de ambas cámaras parlamentarias con el fin de definir la estrategia legislativa que acompañará el debate de la norma.

La convocatoria parlamentaria se produce en medio de una coyuntura económica compleja, atravesada por la caída sostenida del nivel de actividad industrial, el deterioro del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos familiares. Asimismo, los presupuestos proyectados para las provincias y las partidas destinadas a los sistemas sanitarios y educativos continúan bajo una fuerte presión financiera producto de la recesión generalizada.

El mapa de tensiones institucionales abarca los reclamos de diversas jurisdicciones subnacionales referidos al financiamiento de obras públicas de saneamiento e infraestructura vial, como así también las partidas para asistencia social y programas sanitarios. En forma paralela, el inicio del período premencionatorio de cara al turno electoral del año próximo añade rigidez a las negociaciones sobre el reparto de recursos coparticipables y las transferencias corrientes, aspectos clave para destrabar el proceso de aprobación en el recinto.

La plataforma digital Mi Entre Ríos incorporó cinco nuevos trámites orientados al transporte público de pasajeros, desarrollados en conjunto por la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos provincial. La iniciativa busca simplificar las gestiones administrativas para los ciudadanos y optimizar los procesos operativos de las empresas prestadoras del servicio en todo el territorio de Entre Ríos.

Entre las principales novedades para la comunidad, la herramienta habilita un canal totalmente digital para que las y los usuarios de las líneas interurbanas y metropolitanas puedan formalizar denuncias o reclamos ante eventuales irregularidades en los recorridos, frecuencias o condiciones del servicio. Este sistema permitirá contar con registros en tiempo real para mejorar la fiscalización y el control en zonas donde el monitoreo presencial resulta complejo.

Por su parte, los prestadores del servicio de transporte público contarán con la posibilidad de gestionar de forma remota tanto las altas como las bajas del parque móvil de colectivos y la nómina de choferes. La digitalización de estos procedimientos elimina la necesidad de presentar planillas en formato físico y reduce la carga presencial en las mesas de entrada administrativas, garantizando mayor celeridad en la actualización de los datos operativos.

El acceso a estos nuevos servicios se realiza ingresando a la plataforma web oficial o mediante la aplicación móvil disponible para sistemas Android e iOS, requiriendo el inicio de sesión con el CUIT del usuario. Estas funciones se suman a los servicios previamente integrados en el portal, entre los que se destacan la verificación técnica vehicular y la tramitación de franquicias de la tarjeta SUBE. En ese sentido, las autoridades proyectan que para el próximo ciclo lectivo los estudiantes de todos los niveles educativos y los docentes del área metropolitana puedan gestionar sus beneficios tarifarios íntegramente a través de este sistema digital.

En el marco de un conflicto laboral que suma tensión en el sector avícola regional, los obreros nucleados en la agrupación de Trabajadores Autoconvocados de Granja Tres Arroyos convocaron a una nueva jornada de protesta y visibilización. "La manifestación se llevará a cabo el próximo jueves 20 a partir de las 11:00 horas, con una concentración estratégica sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del Camino Viejo a San Justo, en coincidencia con una reunión fijada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia", informaron referentes de la agrupación.

La convocatoria surge como respuesta a lo que los operarios definen como "un escenario insostenible signado por despidos arbitrarios e improcedentes, la incertidumbre sobre la continuidad productiva y la acumulación de deudas salariales por parte de la firma empresaria".

Entre los reclamos más urgentes impulsados por los manifestantes se destaca: "el atraso en la liquidación de las cuotas alimentarias retenidas, un aspecto sumamente sensible que afecta de manera directa el sustento cotidiano de las familias de los trabajadores cesanteados y en actividad", denunciaron los trabajadores.

A su vez, se remarcó la necesidad de contar con el "respaldo activo de toda la comunidad local, organizaciones sociales y familias del sector" para acompañar las gestiones en la cartera laboral. La consigna central de la jornada es "la defensa irrestricta de los puestos de trabajo y el rechazo contundente ante cualquier riesgo de cierre de las instalaciones", informaron.

El conflicto en la planta avícola registra sucesivos capítulos de tensión debido a la falta de respuestas concretas por parte de la patronal en relación con las obligaciones financieras adeudadas. En este contexto, la audiencia ante las autoridades del Ministerio de Trabajo provincial se perfila como un espacio decisivo para exigir el cese inmediato de las desvinculaciones sin causa y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Desde la organización hicieron un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse a la jornada en la traza vial. "Acompañanos a esta actividad para seguir visibilizando las deudas que la empresa tiene con los trabajadores, las cuotas alimentarias adeudadas y los despidos arbitrarios e improcedentes", expresaron en la invitación institucional, reafirmando que la movilización busca dar fuerza al reclamo social y laboral de la región.

Durante martes, miércoles, jueves y viernes, las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto. La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La discusión salarial se desarrolla en paralelo al reclamo presupuestario. Para los sindicatos, ambos problemas están relacionados: el deterioro de los ingresos docentes se suma a la falta de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Habrá más paros a fin de mes

El conflicto no terminará con la medida de esta semana. FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios, ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

De esta manera, las universidades nacionales enfrentarán un calendario con nuevas interrupciones de las actividades durante la segunda mitad del mes. Ámbito Financiero.

Según consta en el acta correspondiente al expediente N° 3434021, la audiencia se desarrolló este 4 de agosto en Paraná, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el organismo provincial.

Durante la reunión, la representación sindical manifestó que la empresa no presentó propuestas para resolver el conflicto y ratificó todas las denuncias realizadas previamente ante la Secretaría de Trabajo.

Entre los principales reclamos, el gremio sostuvo que Unionbat S.A. no cumplió con la conciliación obligatoria, ya que, según afirmó, desde el inicio de esa instancia no reincorporó a los trabajadores afectados. Además, denunció la falta de pago de los salarios correspondientes a la primera quincena de julio, el incumplimiento de acuerdos económicos —entre ellos pagos por horas extras y beneficios previstos en el convenio colectivo para trabajadores jubilados— y la interrupción de la cobertura de la obra social por falta de ingreso de los aportes y contribuciones patronales.

Ante este escenario, el sindicato advirtió que, una vez finalizada la conciliación obligatoria, llevará adelante medidas de acción directa y/o acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Trabajo que intime a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma y que aplique las sanciones correspondientes por los incumplimientos constatados.

Por su parte, la representación de la empresa ratificó lo manifestado previamente, según quedó asentado en el acta, sin que se incorporaran nuevos argumentos durante la audiencia.

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificó la realización de un paro activo en toda la provincia de Entre Ríos para el próximo miércoles 29 de julio. La decisión fue adoptada tras el estancamiento de las negociaciones paritarias salariales con las autoridades provinciales, donde las propuestas presentadas resultaron insuficientes para responder al deterioro del poder adquisitivo del sector. Desde la conducción sindical manifestaron que la jornada no se plantea como un retiro de los puestos laborales, sino como una instancia de presencia, debate colectivo y visibilización del reclamo en cada dependencia del Estado provincial.

De forma previa a la huelga, el gremio puso en marcha un cronograma de Recorridas y asambleas informativas en las distintas reparticiones públicas. Estos encuentros preliminares buscan articular las demandas salariales con reclamos históricos del sector público. Entre los puntos centrales se destacan el rechazo a eventuales modificaciones en el régimen previsional, la exigencia de regularización de concursos para consolidar la carrera administrativa y la normalización en el pago de las recategorizaciones pendientes que acumulan retrasos significativos.

Para destrabar el conflicto y evitar un escalamiento de las medidas de fuerza, UPCN remarcó la necesidad imperiosa de convocar a una nueva mesa paritaria con una predisposición real de entendimiento. Desde la representación de los trabajadores estatales señalaron que esto requerirá un mayor esfuerzo económico por parte de las autoridades para garantizar tanto un haber digno para los empleados públicos como la continuidad y calidad de los servicios esenciales que recibe la población en todo el territorio provincial.

La propuesta oficial consistía en una recomposición del 7% distribuida en dos tramos: un 3% para los sueldos de julio y un 4% para septiembre (calculados sobre el mes inmediato anterior). Con el objetivo de evitar demoras en la liquidación y garantizar que la suba impacte con celeridad en el bolsillo de los agentes públicos, la administración de Rogelio Frigerio optó por avanzar de manera unilateral con el primer tramo del ofrecimiento.

El miembro paritario del Ejecutivo, Ricardo Vales, fundamentó la decisión señalando que las pautas se adoptan bajo un criterio de previsibilidad financiera para las arcas de la Provincia, condicionado por la caída de la coparticipación nacional y el contexto macroeconómico general.

"La propuesta fue rechazada por ambos gremios. Más allá de eso, nosotros vamos a mantener el diálogo y la paritaria. Creemos que es esencial seguir discutiendo", sostuvo Vales tras el encuentro, el cual estuvo marcado por momentos de fuerte tensión. El funcionario aclaró que los representantes sindicales firmaron el acta dejando constancia de sus reclamos, pero también de la voluntad de continuidad de las negociaciones, por lo que se pactó una nueva convocatoria para el mes de agosto.

Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó la negociación como "muy tensa" y consideró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" inflacionaria que atraviesan los empleados públicos.

Muntes cuestionó que la propuesta representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y criticó la ausencia de un plan de recuperación salarial a largo plazo. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%", afirmó el dirigente, quien además advirtió que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

Ante este panorama, ATE ratificó el paro total de actividades con movilización para este miércoles, medida de fuerza que también se realiza en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria provincial.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y retiró a la representación gremial de la mesa de negociación, aunque aclaró que el sindicato pretende mantener abierto el canal de diálogo.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no presentara alternativas ni respuestas a otros reclamos pendientes del sector, como la actualización de las asignaciones familiares, el piso salarial, la situación de áreas críticas como enfermería y presuntos errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde denunció diferencias de hasta 70.000 pesos por la exclusión de sumas fijas.

En este marco, UPCN anticipó que durante el transcurso de la semana definirá la fecha de un "paro activo" para visibilizar la situación salarial y las condiciones laborales de los estatales entrerrianos.

Una jornada de tensión y reclamo se vivió este miércoles a la vera de la Autovía 14, donde cientos de trabajadores despedidos de diversas empresas de la región confluyeron en una jornada de protesta y visibilización. La manifestación, que incluyó volanteadas y acampes, busca nacionalizar el conflicto ante lo que califican como un "industricidio" que golpea fuerte al empleo local.

El epicentro de la protesta se dividió en tres puntos estratégicos. Uno de los focos principales se encontró en el kilómetro 56, un lugar emblemático para la protesta social en la provincia. Desde allí, el humo de las cubiertas quemadas se divisó a lo lejos, conectando visualmente con el segundo punto de reclamo ubicado un par de kilómetros más adelante, a la altura del Acceso Sur a Gualeguaychú.

En estos sectores de la 14 se concentraron los despedidos de las firmas Unionbat y Laboratorios Pyam —acompañados por el sindicato de petroquímicos— junto a trabajadores de Fademi. El tercer nodo de conflicto se localizó en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, donde se solidificó el apoyo al masivo reclamo de los 950 despedidos de la planta La China de Granja Tres Arroyos, cuyos operarios denuncian que llevan más de dos meses sin cobrar sus haberes en medio de un cierre patronal sin miras de reanudación.

El clima que se respiró en la ruta fue de creciente incertidumbre pero también de fuerte unidad. El paso de los vehículos particulares y camiones estuvo acompañado por un constante bocinazo en señal de apoyo a los manifestantes, las fuerzas de seguridad custodiaron el lugar, asegurando el bienestar de quienes protestaban. Carteles con leyendas como "Trabajadores en lucha", "Sin justicia no hay paz" y reclamos directos como "Fademi cumplí con la justicia" y "Fademi pagá lo que debés" vistieron el paisaje de la autovía.

Otros sectores acompañaron a los trabajadores, es el caso de la Multisectorial, el gremio de los Canillitas y la Asamblea de Adultos Mayores. Los mismos expresaron de manera contundente: “Apoyamos a los trabajadores y las familias de los trabajadores despedidos; pedimos la unidad de todos los sectores trabajadores y que la lucha no se termine en la ruta”.

La situación judicial y la falta de respuestas empresariales profundizaron el malestar. Al respecto, Ignacio Gervasoni, delegado de Fademi, expuso la gravedad de su sector: “Fademi está con una sentencia firme dictada el 10 de enero de 2025, donde la empresa no acata y prefiere pagar una multa antes que reincorporar a los despedidos. Son 40 despedidos. Es un desastre lo que está sucediendo: despidos inventados y sin pagar una indemnización”.

Con este escenario de fondo, la movilización multisectorial buscó mantener el conflicto en la agenda pública, sumar el respaldo de otros sectores damnificados por la crisis laboral en Entre Ríos y forzar una respuesta urgente que garantice el pago de las deudas salariales y devuelvan la certeza sobre las fuentes de trabajo destruidas.

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay. El mandatario argentino arribará al encuentro en un escenario atravesado por profundas fracturas políticas con Brasil y reclamos cruzados que amenazan con paralizar la agenda del bloque regional. Tras un fugaz paso por España, Milei llegará a una reunión marcada por el recelo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ante el reciente acuerdo arancelario bilateral firmado entre Buenos Aires y Washington.

A la tensión por los lazos con Estados Unidos se suman las discrepancias en torno a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Transpacífico y el veto inflexible de la administración libertaria a la posible reincorporación de Venezuela al bloque. El encuentro regional contará con la presencia confirmada de siete mandatarios y diversas delegaciones internacionales. Aunque los ejes oficiales contemplan el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones formales con Japón, el debate de fondo estará dominado por el malestar brasileño.

La diplomacia de Brasilia manifestará su inquietud respecto a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses dispuesta por el Gobierno argentino en febrero. La postura del gobierno de Lula da Silva sostiene firmemente que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse de manera estricta con la política arancelaria común del Mercosur.

En paralelo, la situación institucional de Venezuela operará como un factor de tensión subterránea. Aunque países como Brasil, Colombia y sectores del Gobierno paraguayo manifestaron en los últimos meses su predisposición para rediscutir el reingreso de la nación caribeña al bloque, la delegación argentina mantiene la decisión inquebrantable de ejercer su derecho a veto. Los argumentos técnicos de Buenos Aires se sustentan en la violación de la cláusula democrática de Ushuaia y en el incumplimiento de los protocolos normativos por parte de Caracas, una postura que se mantiene inalterable incluso tras el diálogo técnico entablado por la ayuda humanitaria frente a los recientes sismos.

Como muestra de la enorme distancia ideológica que separa a las dos principales economías del Cono Sur, la agenda oficial contempla un gesto político de fuerte simbolismo previo al viaje de Milei hacia la capital paraguaya.

El mismo lunes en que se inicien de manera formal las deliberaciones del bloque en Asunción, Javier Milei recibirá en la ciudad de Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro. Se trata de la principal figura de la oposición al gobierno de Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre en el vecino país, una reunión clave que consolida un escenario de confrontación bilateral explícita entre ambas administraciones.

A dos años del inicio del conflicto en la planta de Fademi en Larroque, representantes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas volvieron a denunciar incumplimientos judiciales y señalaron problemas de seguridad laboral y posibles consecuencias ambientales.

El abogado del gremio, Andrés Ocampo, recordó que el conflicto comenzó en mayo de 2024 por reclamos vinculados a las condiciones de higiene y seguridad en la fábrica de baterías. Según explicó, los trabajadores advirtieron sobre riesgos derivados de la manipulación de productos químicos y la empresa respondió con sanciones, suspensiones y despidos.

Ocampo subrayó que existe un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, emitido en enero de 2025, que ordenó reincorporar a 25 empleados despedidos. Sin embargo, la resolución aún no fue cumplida, lo que genera salarios adeudados, multas diarias y nuevos reclamos judiciales. “Ya hay trabajadores que iniciaron acciones por despido y otros continúan esperando su reincorporación. Todo esto genera una deuda cada vez más difícil de afrontar”, sostuvo.

El sindicato también pidió una audiencia al Concejo Deliberante de Larroque para exponer la situación, aunque aún no recibió respuesta. Ocampo advirtió que el conflicto trasciende lo laboral y mencionó estudios sobre plomo en sangre en trabajadores, además de investigaciones sobre posibles efectos en animales de la zona.

El prosecretario Martín Gómez agregó que en febrero presentaron una denuncia ante la Secretaría de Trabajo para exigir inspecciones en la planta, pero hasta ahora no obtuvieron resultados. “Queremos saber si se cumplen las normas de higiene y seguridad y si los trabajadores cuentan con los elementos de protección adecuados”, señaló.

Actualmente, 34 empleados sostienen un acampe frente a la empresa. El delegado Ignacio Gervasoni explicó que la permanencia se mantiene gracias a aportes solidarios y asistencia del sindicato. El prolongado conflicto, dijo, afecta tanto la economía como el estado emocional de los trabajadores y sus familias.

Los representantes gremiales anticiparon que continuarán impulsando acciones judiciales para reclamar salarios, indemnizaciones y el cumplimiento de las resoluciones ya dictadas. También reiteraron su disposición a retomar el diálogo: “Siempre estuvimos abiertos a conversar y encontrar una solución que permita recuperar los puestos de trabajo y normalizar la actividad”.

La tarde del miércoles 3 de junio, Gualeguaychú volvió a ser escenario de una multitudinaria movilización en el marco de un nuevo “Ni Una Menos”. Desde las 17 horas, una extensa columna de agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas partió desde Rocamora y 25 de Mayo, recorrió el centro de la ciudad y finalizó en Tribunales, donde se realizó una performance artística y se leyó una proclama cargada de denuncias y reclamos.

El contexto estuvo atravesado por el reciente femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y por el recuerdo de otras víctimas en Entre Ríos y el país. Las manifestantes exigieron la declaración de la emergencia en violencia de género y políticas públicas efectivas de prevención y protección.

Frente a Tribunales, la proclama resonó con fuerza: “Nos convoca hoy el peso de una ausencia que se multiplica, pero también la certeza inquebrantable de que el único lugar posible frente al horror es la vereda de la dignidad, la memoria y el encuentro. Hoy volvemos a decir con la misma urgencia, con más rabia pero con un amor infinito por las que nos faltan: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres, sin miedo y desendeudadas nos queremos!”

El texto denunció que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas y que la violencia golpea con mayor crudeza a las identidades históricamente vulneradas: “La violencia machista se encarniza con nuestras mujeres marronas, con nuestras identidades indígenas y travestis. Ahí está el dolor punzante por el femicidio de Agostina, una gurisa de apenas 14 años. Con ella se demostró, una vez más, la matriz selectiva de la desidia.”

La proclama también apuntó contra las políticas nacionales: “El ajuste feroz, la política de hambre y la motosierra aplicada por el Gobierno Nacional atacan directamente la línea de flotación de nuestra supervivencia. Han desfinanciado programas vitales como el Acompañar, el Igualar y el ENIA. Pretenden empujar el infame proyecto de ley de falsas denuncias, una trampa jurídica diseñada para amordazar a las víctimas.”

El documento recordó casos emblemáticos como el triple lesbicidio de Barracas y el triple crimen de Florencio Varela, y exigió justicia por Pamela, Andrea, Mercedes, Lara, Morena y Brenda. También se mencionaron los travesticidios de Gualeguaychú ocurridos en 2009, reclamando memoria y verdad: “La brutalidad de sus muertes no puede resolverse con el archivo de sus causas ni el silencio social. Exigimos justicia real que entienda que las vidas travestis y trans importan.”

El cierre fue un llamado a la acción colectiva: “A las víctimas directas de la violencia machista queremos decirles: no están solas. Frente a un Estado que ignora, hay un movimiento que abraza. Frente a una (IN)-justicia que es cómplice, hay una comunidad que sostiene. No nos van a quitar la esperanza, porque la esperanza es un acto de resistencia política. Seguiremos marchando. Sosteniendo en alto la memoria de cada una de nuestras víctimas y sobrevivientes. ¡Ni Una Menos!”

La jornada del 3J en Gualeguaychú se inscribió así en el undécimo aniversario del movimiento que nació en 2015 y que, año tras año, sigue movilizando a miles en todo el país para exigir un futuro libre de violencias.

La situación de los jubilados afiliados al PAMI se agravó en los últimos meses: más de 2,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura total de medicamentos, según reconoció el propio Gobierno en un informe al Congreso. El cambio implica que quienes antes accedían automáticamente al 100% de sus remedios ahora dependen de subsidios sociales o trámites de excepción, lo que en la práctica deja a miles sin posibilidad de continuar sus tratamientos.

Mientras tanto, quienes tienen recursos inician reclamos judiciales individuales. Estudios privados ofrecen servicios de amparos, y la cantidad de demandas contra obras sociales y el PAMI creció considerablemente en los últimos dos años. Los reclamos más frecuentes son por internación geriátrica y falta de cobertura en medicación, cirugías o tratamientos.

El Gobierno sostiene que los jubilados reciben descuentos de entre el 50% y el 80%, y que para el 66,4% el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad calcula que el costo real equivale al 27,5% de la canasta, unos $500 mil mensuales, cifra superior a la jubilación mínima con bono incluido. Ese bono, congelado en $70 mil, perdió casi el 50% de su valor real entre abril de 2024 y abril de 2026, según la UCA.

La falta de respuesta oficial agrava el panorama. Perfil consultó a fuentes del PAMI sobre el cumplimiento de las cautelares, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo contestación. Mientras tanto, miles de jubilados enfrentan la disyuntiva de endeudarse para comprar medicamentos o abandonar tratamientos esenciales.

Fuente: Perfil

La ciudad de Paraná volvió a ser escenario de una poderosa movilización en defensa de las universidades y la Educación Pública. La marcha se sumó a las que se realizaron en distintas plazas del país, reclamando la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente por decisión del Congreso y fallos judiciales, pero aún incumplida por el Gobierno Nacional.

En Entre Ríos, el texto incluyó además reclamos específicos como la situación de las paritarias estatales y docentes, y la intención del Poder Ejecutivo provincial de avanzar en una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La movilización ratificó la histórica defensa de la Educación Pública en Paraná y se inscribió en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y la continuidad de políticas educativas inclusivas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.

Miles de pancartas en la marcha, muchas con referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

La mesa paritaria salarial entre la Provincia de Entre Ríos y los gremios estatales fue reprogramada para este jueves a las 12.30 en la sede provincial de Trabajo. A la convocatoria están citados la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mientras que los gremios docentes tendrán su propia instancia el jueves 7 a las 15, con la participación de Agmer, AMET, UDA y Sadop.

En la previa de la reunión, UPCN ratificó su intención de insistir en una recomposición salarial que impacte directamente en el bolsillo de los trabajadores. La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, señaló que la apertura de paritarias representa “una señal de diálogo” en un contexto económico complejo, pero advirtió que esperan propuestas concretas y no meramente simbólicas. “La paritaria es el proceso fundamental de discusión que tenemos los trabajadores en torno a lo salarial”, expresó.

Domínguez explicó que la negociación se desarrolla en medio de conflictos sectoriales y reclamos pendientes en distintas áreas del Estado provincial. Mencionó que existen medidas de fuerza en sectores como Salud, el COPNAF y el Consejo General de Educación, lo que configura un escenario de tensión. Sin embargo, aclaró que esas problemáticas no interfieren con la discusión salarial general, que debe centrarse en recuperar el poder adquisitivo perdido.

Uno de los principales planteos que llevará UPCN a la mesa es el rechazo a las sumas no remunerativas y la exigencia de avanzar en el blanqueo salarial. La dirigente sindical consideró positiva la decisión de incorporar conceptos remunerativos y sostuvo que cualquier futura propuesta debería respetar ese criterio. “Entendemos que cualquier ofrecimiento tendría que contemplar que sea remunerativo”, indicó, recordando además el compromiso de incorporar progresivamente al salario formal las sumas fijas otorgadas en los últimos años.

La preocupación central de los trabajadores, según Domínguez, sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. “Lo central y lo que los trabajadores nos demandan es hablar de salarios”, afirmó, dejando en claro que ese será el eje de la discusión. Otras problemáticas sectoriales, como las condiciones laborales en áreas específicas, continuarán siendo abordadas en mesas de negociación particulares.

Consultada sobre posibles medidas de fuerza en caso de que la oferta provincial no satisfaga las expectativas gremiales, la dirigente evitó adelantar definiciones y sostuvo que cualquier decisión será debatida orgánicamente dentro del sindicato. “Queremos que realmente prospere una propuesta para los trabajadores”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones si no se alcanzan acuerdos.

Finalmente, Domínguez valoró la continuidad de las instancias institucionales de negociación en Entre Ríos, más allá de las diferencias entre las partes. “Es importante que se mantenga un ámbito de diálogo donde se escuche a los trabajadores”, concluyó.

La expectativa ahora está puesta en la propuesta que presente la Provincia en la mesa paritaria. Los gremios esperan una oferta que contemple la situación económica actual y que permita recomponer los salarios de manera efectiva. La reunión de este jueves será clave para definir los próximos pasos en la relación entre el Estado provincial y sus trabajadores, en un contexto marcado por la tensión y la necesidad de respuestas concretas.

Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar relaciones de consumo justas, transparentes y seguras. Esta conmemoración se celebra desde 1983 y, en Argentina, los consumidores cuentan desde 1993 con el respaldo de la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor, normativa que establece derechos y obligaciones en las relaciones entre usuarios y proveedores.

En este marco, el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, Lucio Benítez, destacó: “Estamos trabajando para fortalecer las acciones que se vienen desarrollando desde la creación de este organismo dentro de la municipalidad, retomando la educación al consumidor para que conozca sus derechos y pueda ejercerlos plenamente”.

El objetivo de esta fecha es promover que las personas conozcan y ejerzan sus derechos al momento de adquirir bienes o contratar servicios. Entre los principales derechos de los consumidores se destacan la protección contra riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, la defensa de sus intereses económicos y sociales y el acceso a información clara y completa sobre los productos o servicios que se ofrecen en el mercado.

Durante los primeros dos meses de 2026, la Oficina registró 465 intervenciones vinculadas a consultas y reclamos de la comunidad. De ese total, 366 correspondieron a consultas y 99 a reclamos formales, lo que refleja la creciente demanda de asesoramiento y acompañamiento ante distintas situaciones vinculadas con las relaciones de consumo.

Estos datos evidencian la importancia de contar con un área municipal activa y cercana a la comunidad, que trabaja de manera permanente en la orientación, mediación y gestión de conflictos entre consumidores y proveedores, buscando soluciones que garanticen el respeto de los derechos establecidos por la normativa vigente.

Desde el área también señalaron que el crecimiento de las operaciones digitales y de los servicios financieros plantea nuevos desafíos para las personas usuarias. En ese sentido, recomendaron revisar periódicamente los resúmenes bancarios, no compartir datos personales ni claves a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería y realizar compras únicamente en sitios oficiales o plataformas seguras.

La Oficina de Defensa del Consumidor funciona como una instancia ágil, eficaz y gratuita para la resolución de conflictos surgidos en relaciones de consumo, previo a la realización de un reclamo judicial. Su tarea se enmarca en lo establecido por la Constitución Nacional, la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor y la Ordenanza Municipal N.º 11.684.

Las personas que necesiten asesoramiento o deseen iniciar un reclamo pueden acercarse a la oficina ubicada en Nogoyá 672, comunicarse al 3446-420450 o al 3446-332763 (WhatsApp), o escribir al correo electrónico omic@gualeguaychu.gov.ar para recibir orientación y acompañamiento gratuito.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, desde hace años, la llave de acceso a derechos fundamentales para millones de personas en Argentina. Sin embargo, a comienzos de 2025 se anunciaron modificaciones que generaron confusión: ¿hay cambios reales o todo sigue igual? Mientras el Gobierno asegura que se trata de una simplificación administrativa, especialistas y beneficiarios advierten que la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica sigue siendo profunda.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, dispuso mediante la Resolución 2520/2024 una prórroga automática de un año para los CUD que vencían entre enero y diciembre de 2025. Es decir, esos certificados se mantuvieron vigentes durante todo 2025 y continúan teniendo validez hasta su nueva fecha de caducidad en 2026, sin necesidad de que sus titulares hayan iniciado un trámite de renovación inmediata.

El objetivo declarado es evitar que las personas pierdan beneficios por demoras burocráticas y aliviar la presión sobre las juntas interdisciplinarias que evalúan cada caso. En términos legales, los derechos que habilita el CUD no cambiaron: acceso a pensiones, transporte público gratuito, cobertura integral de salud y rehabilitación, beneficios educativos y laborales.

Aquí surge la polémica. Para algunos especialistas en derecho social, la prórroga automática no constituye un cambio sustancial, sino una medida transitoria que ya estaba prevista en la normativa vigente. “La ley siempre contempló la posibilidad de extender plazos en casos excepcionales. Lo que se hizo ahora fue aplicarlo de manera masiva, pero no se modificó la esencia del certificado”, explicó una abogada especializada en derecho social consultada por EL ARGENTINO.

Otros, en cambio, consideran que la medida sí representa un avance, aunque limitado. “Es un alivio para miles de familias que no tendrán que peregrinar por turnos imposibles. Pero no resuelve el problema de fondo: la falta de cumplimiento efectivo de los derechos que el CUD garantiza”, señalaron desde REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad).

El CUD promete derechos que, en la práctica, muchas veces no se cumplen. Desde Fededis (Federación Argentina de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad), que agrupa a más de 1900 instituciones y familias en todo el país, denuncian que miles de personas ven vulnerados sus derechos diariamente.

A pesar de que la ley garantiza la gratuidad en el transporte público para las personas con discapacidad, en la práctica el acceso suele estar lleno de obstáculos. “Muchos usuarios denuncian que los choferes desconocen la normativa o directamente ponen trabas al momento de validar el beneficio. Lo que debería ser un derecho automático se convierte en una discusión cotidiana, generando incomodidad y vulnerando la dignidad de quienes dependen del CUD para moverse por la ciudad”, mencionaron desde Fededis.

En concordancia con el organismo la abogada comentó a EL ARGENTINO: “La situación no es muy distinta en el ámbito de la salud. Obras sociales y empresas de medicina prepaga limitan prestaciones, obligando a las familias a iniciar reclamos administrativos o incluso judiciales para acceder a tratamientos y rehabilitaciones que deberían estar garantizados”. El certificado, que en teoría abre la puerta a una cobertura integral, se enfrenta a la resistencia de sistemas que priorizan la burocracia por encima de las necesidades urgentes.

“En educación, la promesa de inclusión también tropieza con la falta de recursos. Muchas escuelas carecen de personal especializado o de infraestructura adecuada para garantizar la integración plena de estudiantes con discapacidad", afirmaron desde Fededis.

Los especialistas coinciden en que el verdadero problema no está en el certificado en sí, sino en la manera desigual en que se implementa. La medida, señalan, funciona como un “parche” que evita la caducidad masiva de documentos, pero no ataca las fallas estructurales que siguen afectando a miles de personas.

A su vez, organizaciones de discapacidad insisten en que la falta de campañas de información claras mantiene a gran parte de la población en la incertidumbre: muchos desconocen los cambios y continúan atrapados en trámites engorrosos. Así, la distancia entre lo que promete la normativa y lo que ocurre en la vida cotidiana se hace cada vez más evidente.

El debate sobre el CUD revela una tensión clásica en la política social argentina: los derechos reconocidos en la ley no siempre se traducen en derechos ejercidos en la vida cotidiana. La prórroga automática del CUD no resuelve los problemas estructurales de acceso y cumplimiento de la Ley.