Con motivo del cierre de las actividades conmemorativas por el Mes de la Salud Mental, la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú convocó a la comunidad local a participar de una agenda pública centrada en la visibilización de reclamos del sector, la exigencia de políticas públicas y el fortalecimiento del abordaje comunitario en la atención sanitaria. El espacio está integrado por referentes de organizaciones locales, trabajadores del ámbito de la salud y la educación, personas jubiladas y usuarios del sistema.

Las actividades comenzarán el jueves 29 de octubre a las 19:30 horas con una vigilia en el Espacio Cultural Sinergia, ubicado en Leandro N. Alem N° 36, donde se ofrecerán propuestas abiertas como cine debate, una representación teatral sobre la identidad y un servicio de cantina a precios populares. La programación continuará el viernes 30 de octubre con una concentración fijada a las 17:30 horas en Plaza Urquiza, desde donde la movilización se desplazará hacia la Plaza San Martín. En el lugar de llegada se dará lectura a un documento institucional y se llevará a cabo un festival con la presentación de artistas locales de la música, el baile y la poesía.

Según señalaron desde la organización a través de un comunicado oficial enviado a este medio, las jornadas apuntan a reinstalar las prioridades presupuestarias y asistenciales de la zona. Desde la Asamblea explicaron que la convocatoria busca "reivindicar los derechos conquistados, alzar la voz en defensa de aquellxs a los que se les esta quitando los mismos y volver a poner en agenda las demandas que atraviesan al sector".

Entre los puntos que integran el petitorio figuran el financiamiento real para la salud pública, el acceso universal a tratamientos gratuitos, la consolidación de redes comunitarias de cuidado, la aplicación de la Ley Nacional N° 26.934 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y la declaración de la emergencia en salud mental.

Uno de los ejes centrales expresados en la gacetilla radica en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en el año 2010. Al respecto, el espacio evaluó el estado de aplicación de la normativa y manifestó: "Su artículo 32 establece que el poder ejecutivo debe destinar como mínimo el 10% del presupuesto total de salud al campo de la salud mental y nunca se alcanzó ese porcentaje. La falta de presupuesto, los recortes en salud se traducen en guardias colapsadas, turnos a meses de distancia, tratamientos interrumpidos, y equipos territoriales diezmados".

Asimismo, agregaron que "aplicar la ley implica un presupuesto real, que postula pasar del encierro a la comunidad, del control a una perspectiva de derechos, y de una mirada individual a una mirada comunitaria y social".

Por otra parte, el documento emitido por la Asamblea manifiesta la oposición del colectivo a las propuestas de reforma legislativa en debate parlamentario. Según expresaron en la comunicación oficial, "los intentos de modificación presentados en el Congreso significan un retroceso al avance de los derechos humanos", debido a que "el proyecto de mayoría reinstala el modelo basado en el hospital psiquiátrico, debilitando así el abordaje comunitario".

También señalaron que "habilita las internaciones involuntarias con criterios poco claros" y "desplaza la lógica interdisciplinaria hacia un modelo con mayor preeminencia del enfoque médico". Frente a las deficiencias detectadas en el sistema actual, la organización concluyó que "la respuesta no puede ser volver a un modelo que se ha revelado dañino para las personas e ineficaz", ratificando la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas para el cierre de octubre.

Las instituciones y organizaciones sociales de la ciudad dieron a conocer el cronograma de actividades que se llevará a cabo durante la última semana de octubre con el propósito de visibilizar la importancia de la salud mental y promover el acceso universal a la atención sanitaria.

El programa de propuestas, según supo El Argentino, se extenderá entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre, contempla intervenciones pedagógicas, expresiones artísticas, espacios de debate y una movilización comunitaria en el centro de la localidad.

La apertura del itinerario está programada para el martes 27 de octubre en la Plaza Urquiza, donde se instalará la Escuela Itinerante Entrerriana en el horario de 9:00 a 15:00. Esta jornada abordará temáticas vinculadas al derecho a la salud, la prevención y la erradicación de estigmas sociales, mediante dinámicas informativas orientadas a la participación de delegaciones escolares, profesionales y vecinos en general.

Posteriormente, las acciones continuarán el jueves 29 de octubre en el espacio cultural Sinergia, ubicado en la calle Alem 367. A partir de las 19:30 se proyectará la producción audiovisual El temblor, propuesta que estará acompañada por un servicio de cantina. Hacia las 21:00, la jornada se complementará con una intervención teatral a cargo de los actores Melina Guigou y Mauricio Viviane, orientada a generar un ámbito de reflexión colectiva sobre los condicionantes sociales del bienestar emocional.

El cierre de la agenda semanal tendrá lugar la misma noche del viernes, a las 21:00, en el Centro Cultural Musicante, donde se presentará una obra teatral centrada en el eje de la identidad y la contención comunitaria.

Desde la organización destacaron que el abordaje de la salud mental requiere un enfoque integral, ligado a las condiciones de vida, la equidad socioeconómica y el fortalecimiento de los dispositivos públicos de atención. El cronograma busca consolidar la participación ciudadana y concientizar sobre el derecho al acompañamiento profesional en entornos comunitarios.

La red de vigilancia epidemiológica EuroMOMO actualizó las estimaciones oficiales de mortalidad y confirmó que la ola de calor registrada a finales de junio causó cerca de 20.000 muertes en el occidente europeo. El dato multiplica por seis los balances preliminares informados hace un mes y ubica a dicho período como el más trágico del siglo en términos de víctimas asociadas a temperaturas extremas, superando incluso los registros semanales más complejos de la pandemia de covid-19.

El impacto sobre la población mayor de 75 años derivó en duras revisiones de cifras en las principales capitales. Francia encabeza el registro con 5.764 fallecidos atribuibles a las altas temperaturas, concentrando un tercio de los decesos en la región parisina. Por su parte, Alemania reportó 5.120 víctimas mortales, situación que desató un fuerte debate político dirigido contra el primer ministro Friedrich Merz por sus recortes en políticas de protección ambiental. En tanto, Bélgica vivió la jornada con mayor mortalidad diaria de su historia reciente el 27 de junio, mientras que España registró cerca de 1.000 fallecimientos gracias a una infraestructura urbana mejor adaptada.

La Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea reiteraron que el continente europeo se calienta al doble de la velocidad del promedio global, lo que augura un incremento en la frecuencia e intensidad de estos episodios. Ante la llegada de un nuevo frente con registros superiores a los 40 grados en el sur y centro de Europa, las autoridades sanitarias extienden los protocolos de emergencia hospitalaria mientras equipos de brigadistas combaten masivos incendios forestales que ya devoraron miles de hectáreas en territorio español y francés.

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% interanual. A pesar de que en junio registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja impulsada por la gestión de Javier Milei y Luis Caputo.

Según un informe de la consultora Analytica, los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura. Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste con una baja del 62,1% (52,3% si se descuentan los hospitales SAMIC). Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales, profundizándose en junio con una caída del 74,9%.

En contraste, los subsidios económicos mostraron un incremento real del 29,6%, impulsados exclusivamente por las partidas energéticas, que treparon un 73,7%. En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura vial.

Por el lado del gasto social, las variaciones fueron mínimas. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%, mientras que las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron casi idénticas al año anterior, con un leve incremento del 0,3%. Finalmente, el reporte detalló que la deuda flotante (pagos pendientes del Estado) acumulada en el semestre es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB.

Sin novedades respecto a la deuda que mantiene el gobierno nacional con las empresas del transporte público, la crisis económica se agudiza en todo el país, sobre todo por fuera del AMBA, y Gualeguaychú no es la excepción.

El retiro de los subsidios cambió de plano la relación entre los transportistas y el gobierno nacional, pero ahora, hace cuatro meses y por una serie de factores, tanto internos como externos, la realidad del sector se volvió insostenible.

“El gobierno nacional nos debe cuatro meses de los atributos sociales de la tarjeta SUBE, que no son subsidios, es plata de las empresas. Es la plata de los boletos con descuentos a los jubilados y los beneficiarios de Anses en cada viaje (lo perciben 4 de 10 pasajeros), que el Estado nacional debería pagar, pero no paga desde diciembre”, cuestionó uno de los empresarios del transporte de la ciudad, que pidió mantener resguardada su identidad, porque “después no me atienden el teléfono”.

La situación es compleja en toda la provincia, donde sólo cuatro ciudades mantienen en la actualidad el servicio de transporte público: además de Gualeguaychú, Paraná, Concordia y La Paz. El caso de Concepción del Uruguay refleja como ninguno la crisis sectorial: se licitó el servicio, nadie se presentó y ahora no existe el transporte público en esa localidad.

Ante esta situación, se han hecho pequeños recortes en las frecuencias de los servicios. Por ejemplo, en la Línea 4, entre las 9.30 y las 11.30 horas, en vez del colectivo pasar cada media hora, lo hace cada una hora. Pero las alarmas se volvieron a encender días pasados, cuando Buses Gualeguaychú pagó sólo el 50% de los sueldos a su personal. “Nosotros entendemos la situación, hace mucho que no sucedía algo así. Pero se hace imposible asumir cuentas, alquileres y gastos fijos en estas condiciones”, indicó uno de los trabajadores de la empresa.

En tanto, los empresarios del sector ponen sus expectativas en la semana que viene, cuando el Municipio debería pagar, según indicaron, las partidas correspondientes al boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario (determinados así por ordenanza). Y, sobre todo, en la reunión que las autoridades de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) mantendrán con Fernando Augusto Herrmann, secretario de Transporte de la Nación.

Asimismo, demandan una actualización del valor del boleto, que en la actualidad tiene un costo de $1.968 y, más temprano que tarde, probablemente, pasará la barrera de los $2.200.

“La crisis actual no solo se explica por la inflación general, sino por una distribución de recursos que vulnera el federalismo y castiga a los usuarios del interior. En este sentido, elevamos los siguientes puntos de extrema gravedad para su urgente consideración”, sostiene el documento. Y apunta a la “fuga de recursos del Impuesto al Combustible”.

“Los ciudadanos del interior aportan a través del impuesto a los combustibles, montos que no retornan a sus jurisdicciones. Solo por citar un caso, la provincia de Santa Fe ha aportado más de $706.761 millones desde el corte de subsidios (enero 2024), de los cuales solo retornó una fracción mínima, financiando de hecho el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires con recursos provinciales”, cuestionaron.

“Mientras en el AMBA se debaten ajustes marginales, en el interior los cuadros tarifarios ya alcanzan valores alarmantes para el bolsillo del trabajador, como los $1.600 en Puerto Madryn (vigentes desde el 27/04) o pedidos que superan los $2.500 en Mar del Plata, cifras que aun así resultan insuficientes frente a la ausencia de los fondos nacionales reclamados”, diferenciaron desde la Fatap.

Por otro lado, respecto al impacto en la estructura de costos de las empresas, apuntaron al aumento del gasoil (aumentó $500 el litro en marzo) y la suba de salarios del personal. “Esto genera un desfasaje haciendo que el combustible sea hoy el rubro de mayor peso, incluso por encima del costo salarial”, indicaron. “Esta situación no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que genera un escenario de alta conflictividad laboral que amenaza la paz social en las provincias”, indica el documento que lleva la firma de José Cano, presidente de la entidad.

“Señor Secretario, la sostenibilidad del servicio público está agotada. Los gobiernos provinciales y municipales han intervenido con fondos propios, pero advierten que los recursos son limitados”, expusieron. Y, por último, cerraron: “no existe margen de optimización posible cuando el sistema opera con un déficit mensual aproximado de $950 millones por jurisdicción y un precio de gasoil que duplica los valores reconocidos por las estructuras de costos actuales”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la transferencia inmediata de las partidas adeudadas (Atributos Sociales y Comisiones SUBE) y la apertura de una mesa de diálogo que garantice un reparto equitativo de los recursos nacionales. El transporte del interior no puede seguir financiando la tarifa de la Capital Federal mientras sus propias comunidades pierden el derecho esencial a la movilidad”, cierra el documento.

La crisis sectorial es un tema nacional, no sólo afecta al servicio en Gualeguaychú. Por lo que la semana próxima será crucial para saber si, finalmente, los servicios serán afectados de manera más contundente, como lo están siendo los salarios, o si se llegará a un principio de solución.

Los rumores sobre una nueva ola de despidos en la administración pública nacional encendieron las alarmas en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Según un comunicado difundido el sábado, el gremio recibió información de que equipos del ministerio encabezado por Federico Sturzenegger revisarán la denominada “dotación óptima” en diferentes áreas del Estado, lo que podría derivar en recortes de personal.

UPCN manifestó su preocupación y pidió que se contemple de manera prioritaria la preservación de cada puesto de trabajo. En ese marco, declaró el estado de alerta y movilización “hasta tanto exista plena certeza sobre la continuidad de los cargos y sus condiciones laborales”.

La situación se replica en distintos organismos y refleja el temor de los trabajadores ante lo que podría transformarse en un nuevo ajuste masivo. Desde el inicio de la actual gestión, la planta de personal de la Administración Pública Nacional se redujo en 62.768 puestos. En diciembre de 2023, el Estado contaba con 341.473 trabajadores; en enero de 2026, el número descendió a 278.705.

El último informe oficial indica que en enero fueron despedidos 1.415 empleados, lo que representó una caída del 0,5% respecto de diciembre de 2025. Además, nunca se registró un crecimiento en la dotación de personal durante los 26 meses de gestión, marcando una contracción constante.

La declaración de “alerta máxima” de UPCN expone el clima de tensión que atraviesan los estatales frente a un Gobierno que busca profundizar el ajuste en medio de la caída de la actividad económica y la necesidad de reducir gastos.

El Gobierno avanzará con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que administra las pensiones para personas con discapacidad, cuyas funciones serán transferidas al Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, se darán de baja a quienes no cumplan con ciertos requisitos.

La novedad la dio a conocer este martes el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la que denunció "descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". Cabe recordar que a mitad de año se conoció que el exdirector, Diego Spagnuolo, denunció una trama de corrupción en la compra de medicamentos que presuntamente llegaría hasta Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció el jefe de Ministros. También aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

De todas maneras, la absorción por Salud incluirá auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos. Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Vale destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad evaluaba las condiciones de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y determinaba si una persona podía recibirlo o no.

Pese a que no se recortarán nuevas pensiones, sí seguirán vigentes los requisitos que había impuesto ANDIS con anterioridad para poder acceder al beneficio de una pensión por discapacidad. En caso de no cumplir con las condiciones establecidas, podría darse de baja.

Para no perder la pensión por discapacidad, una persona deberá cumplir con todos estos requisitos de forma obligatoria:

Contar con una incapacidad laboral total y permanente (igual o superior al 66%).

No recibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación (ya sea contributiva o no contributiva).

No estar trabajando en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista (excepto en la categoría de monotributo social).

No poseer ingresos propios suficientes ni contar con familiares con obligación legal de proveer manutención.

Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar al menos 10 años de residencia).

No encontrarse privado de la libertad ni requerido por la Justicia.

DNI del titular (frente y dorso).

Certificado Médico Oficial (CMO) digital y estudios médicos respaldatorios.

Partida de nacimiento y documentación de los padres (si el solicitante es menor de edad).

Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).

Fotocopias de toda la documentación

ANSES confirmó un aumento del 2,47% para sus prestaciones, debido a la Ley de Movilidad que se basa en el último dato de inflación de INDEC. En el caso de la pensión por invalidez, este beneficio consiste en un 70% de una jubilación mínima.

Así será el monto para enero de 2026 junto con el bono de $ 70.000:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52.

Aunque el anuncio de este martes se presenta como un gesto de orden institucional y transparencia, llega en medio de un escándalo por irregularidades que salpican al organismo, con investigaciones internas en curso y cuestionamientos sobre prácticas administrativas. (Ámbito)

El colectivo de prestadores de discapacidad de Gualeguaychú convocó a una nueva movilización para este jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, con punto de encuentro en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo, para marchar luego hacia Plaza Urquiza.

La manifestación busca visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector y exigir la plena implementación de la ley de emergencia en discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos a los prestadores.

“Desde el colectivo de prestadores de discapacidad convocamos a todos aquellos prestadores, familiares, personas con discapacidad e instituciones a participar. Una vez más nos convoca el mismo objetivo: visibilizar la indiferencia hacia el sector”, expresaron desde la organización para EL ARGENTINO.

Según indicaron, el 2025 ha sido un año especialmente complejo. “No solo porque ya hace un año que no se actualiza el nomenclador de quienes trabajan prestando servicios a personas con discapacidad, y el último aumento fue del 0,8%, sino porque a la fecha no recibimos respuestas”, señalaron.

El reclamo apunta a que se garantice el acceso a los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, así como condiciones laborales dignas para los profesionales y acompañantes terapéuticos que integran el sistema de atención.

Finalmente, desde el colectivo reiteraron la invitación a toda la comunidad a sumarse a la marcha: “En el mes de la inclusión, sabemos que no hay inclusión posible sin apoyos reales y sostenidos en el tiempo. Por eso invitamos a la comunidad a acompañar esta acción de visibilización”.

El comunicado difundido concluye con una frase contundente: “Discapacidad no puede ser una variable de ajuste”.

A poco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el MST–Nueva Izquierda, visitó Gualeguaychú en el marco de una recorrida provincial. En diálogo con EL ARGENTINO, reflexionó sobre el escenario político y social actual, las condiciones laborales del sector público, y la necesidad de construir “una alternativa desde la izquierda para los trabajadores y trabajadoras”.

“Es una campaña atravesada por una crisis social y económica muy profunda, y también por una crisis política que se acelera cotidianamente”, sostuvo Burgos. “Cada día nos levantamos con un nuevo escándalo del gobierno nacional y con intentos del gobierno provincial de borrar discursivamente las estafas, las coimas y la situación de ajuste y represión que estamos sufriendo como pueblo trabajador”.

La dirigente consideró que la alianza entre el gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza “expresa la continuidad de un mismo modelo de ajuste”, y planteó que la izquierda desarrolla una campaña “militante, en las calles, acompañando las luchas que se dan en toda la provincia”.

“Para nosotros era muy importante llegar a Gualeguaychú, no solo por la campaña electoral sino también para compartir con los compañeros y compañeras de la ciudad las actividades y movilizaciones. Justo coincidió con la marcha por la salud mental, y participamos de esa jornada tan necesaria en defensa de la salud pública”, relató.

“La salud mental está siendo atacada con recortes y precarización”

El pasado jueves, Gualeguaychú tuvo su concentración por el Día Mundial de la Salud Mental en la Plaza San Martín. Allí, Nadia Burgos estuvo presente, y reflejó un poco el otro lado de su vivencia como trabajadora de ese sector. Además de ser militante partidaria, trabaja en el área de Salud Mental del Ministerio de Salud de Entre Ríos, y conoce de primera mano la situación del sistema público. “Es un tema que me toca en lo personal. Como trabajadora del área, conozco bien las dificultades que atravesamos. Fue un orgullo acompañar esa movilización”, expresó.

Según explicó, la falta de presupuesto y las malas condiciones laborales afectan de manera directa la atención: “La ley de salud mental sigue sin contar con los recursos necesarios para aplicarse integralmente. Hoy, además, está siendo atacada por el gobierno de Milei y, en la provincia, por la ignorancia de Frigerio”.

La Dirigente integra el Programa de Abordaje de Problemáticas de Consumo, con sede en Paraná. “Por un lado construimos una red provincial con distintos equipos de salud para coordinar políticas públicas; y por otro, realizamos tareas de primera escucha y orientación a personas que buscan atención en el sistema público”, detalló.

Desde esa experiencia, la candidata advirtió que “se recrudecen los problemas históricos del sector estatal: la precarización laboral, los contratos temporarios, y los salarios que no alcanzan la canasta básica”.

“Según un relevamiento de la Junta Interna de ATE-Indec, el salario mínimo necesario para una familia tipo en Entre Ríos debería rondar 1.900.000 pesos. No hay trabajadores en la provincia que cobren eso. Estamos muy por detrás de la realidad material necesaria para vivir dignamente: pagar un alquiler, los servicios o pensar siquiera en vacaciones”, señaló.

Nadia Burgos remarcó que la suba del costo de vida obliga a muchos empleados públicos a realizar horas extra o buscar un segundo trabajo. “En ese contexto de multiempleo y precarización salarial, el gobierno provincial nos dio otro golpe con el recorte de las horas extras. Frigerio decidió eliminar un ítem que era parte del salario de muchos trabajadores, recorte que se suma a los descuentos por huelga y a las políticas de ajuste”.

“Están aplicando una reforma laboral de hecho”

Para la candidata del MST, las políticas que impulsan los gobiernos nacional y provincial buscan “instalar una reforma laboral regresiva que ya se aplica de hecho, sector por sector”.

“Mientras Milei no logra imponerla globalmente en el Congreso, las patronales y los gobiernos avanzan por otros caminos: ministerios de Trabajo que no intervienen cuando deben hacerlo, flexibilización encubierta, recortes de derechos y pérdida del poder adquisitivo. Es un proceso que deteriora nuestras condiciones de vida en beneficio de una minoría que sigue acumulando ganancias”, sostuvo.

La candidata del MST mencionó además los conflictos laborales que se viven en distintas empresas entrerrianas. “En Gualeguaychú, los compañeros de Pyam y de otras fábricas vienen resistiendo despidos, atrasos y precarización. Hay un intento claro de avanzar sobre los derechos laborales con el apoyo del Estado. En estos días, también, estuvimos en Larroque, solidarizándonos con los trabajadores de FADEMI, la empresa no cumple con el fallo”, apuntó.

“Hay un hartazgo generalizado”

Consultada sobre cómo percibe el clima social durante la campaña, Burgos reconoció que “hay un hartazgo generalizado”.

“Lo primero que uno escucha cuando sale a volantear o a hacer asambleas es el descontento con una política que traicionó los derechos de trabajadores, jubilados, jóvenes y mujeres. Pero cuando explicamos que no somos ni de Milei ni del PJ que ya gobernó y fracasó, se abre otra perspectiva. Hay una necesidad real de construir algo distinto”, indicó.

Según la dirigente, “la izquierda plantea medidas estructurales opuestas a las que aplican Milei y Frigerio”. Y recordó: “El PJ prometió llenar la heladera y dejar atrás la deuda, pero nos dejó con el acuerdo con el Fondo Monetario y con Milei gobernando. Y Milei, que decía venir a terminar con la casta, se convirtió en su peor versión: corrupción, estafas, coimas y entrega del país”.

El operativo durante la visita presidencial

Burgos también criticó el despliegue policial durante la reciente visita de Javier Milei a Paraná.

“Milei vino a Entre Ríos, se bajó cinco segundos del auto y habló con un megáfono porque el repudio fue generalizado. Solo pudo hacerlo porque Frigerio le montó un operativo descomunal con todas las fuerzas represivas del Estado. La costanera estaba sitiada con gendarmería, infantería, policía montada y provincial, solo para custodiar un acto de campaña”, denunció.

La candidata cuestionó además la falta de respuesta estatal ante la desaparición de Daiana Mendieta, en Gobernador Mansilla. “Mientras centenares de efectivos estaban afectados al operativo de campaña, una familia buscaba a su hija. Esa es la expresión concreta de la crisis del régimen político que vivimos”, afirmó.

“Estamos frente a un gobierno que pretende imponer un país autoritario, represivo y entreguista. Milei se alinea con Estados Unidos e Israel mientras aquí se profundiza el ajuste. Es vergonzante ver cómo Argentina guarda silencio ante el genocidio en Gaza”, agregó.

La Izquierda como opción electoral

De cara a los comicios, Burgos expresó optimismo sobre el crecimiento del espacio en la provincia: “Creemos que la izquierda se va a consolidar como una alternativa real. Los partidos mayoritarios intentan imponer una falsa polarización entre La Libertad Avanza y el PJ, pero hay un descontento muy grande con la política tradicional. Una parte de ese descontento se expresa en el abstencionismo, pero otra empieza a ver que la izquierda es una opción coherente”.

La candidata subrayó que el MST propone medidas concretas: “Somos la única fuerza que plantea suspender el pago al FMI, investigar la deuda ilegítima y destinar esos recursos a salud, educación y salarios. También proponemos un impuesto permanente y progresivo a las grandes fortunas para recuperar la riqueza que se transfirió en estos años”.

En materia ambiental, Burgos remarcó la necesidad de una “reforma agraria agroecológica” y la prohibición de agrotóxicos y transgénicos. “Nos oponemos al dragado de la Hidrovía y a los mega proyectos extractivistas como el hidrógeno verde en frente de Colón o la privatización de humedales con barrios privados. La tierra tiene que ser para quien la trabaja”, afirmó.

Asimismo, destacó el rol de la izquierda en la lucha feminista: “Fuimos pioneros en la revolución feminista. Seguimos exigiendo el cumplimiento de las conquistas logradas y luchando contra la violencia patriarcal y capitalista desde las calles”.

Burgos concluyó con una convocatoria a quienes se sienten desencantados con la política tradicional: “Somos trabajadores haciendo política para recuperar el derecho a un salario digno, a un trabajo estable, a la vivienda, la educación y la salud. Invitamos a quienes están cansados de esta situación a apoyar a la izquierda. Tal vez hagamos historia y logremos que Entre Ríos tenga por primera vez un representante de izquierda en el Congreso”.

El Hospital Garrahan atraviesa una crisis inédita que pone en riesgo la atención de miles de niños en todo el país. El Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, expresó su preocupación y advirtió: “La fuga de profesionales puede desmantelar el hospital”.

Según explicó el médico, desde hace más de 18 meses los trabajadores perdieron poder adquisitivo y muchos decidieron abandonar el centro de salud. “Ayer contabilizamos 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo. Este hospital atiende el 40% de los pacientes oncológicos del país. Estamos preocupados por el futuro”, subrayó.

García recordó que la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente vetada por el Gobierno, buscaba actualizar los salarios a fines de 2023 y compensar la inflación. “No es una gran cantidad de dinero, pero lograría compensar algo de todo esto”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El especialista enfatizó que la pérdida de profesionales altamente capacitados afecta de manera crítica el funcionamiento del hospital. “Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 que tiene de vida”, remarcó.

El médico también alertó sobre la precarización laboral en áreas clave: “En terapia intensiva nos ofrecieron contrato de locación. Un médico que estudió medicina, pediatría y terapia intensiva va a ser una guardia de domingo sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencia”, denunció.

Respecto a los residentes, detalló que muchos optaron por la beca institucional frente a la ministerial, a pesar de perder derechos laborales. “Les ofrecían 800.000 pesos en la beca ministerio y 1.300.000 en la institución, pero no van a tener recibo de sueldo ni antigüedad, y las licencias dependen de la jefatura. Esto refleja la precarización que estamos viviendo”, indicó.

En cuanto a las medidas de fuerza, García informó que el paro comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta el día siguiente, con un receso nocturno. Aclaró que “las emergencias se atienden”, aunque se reprograman turnos.

Sobre las gestiones políticas, destacó que hubo reuniones con diputados y gobernadores antes del veto. “La salud pública es fundamental. Este país no puede funcionar sin salud pública. Si el veto persiste, recurriremos a la judicialización”, afirmó.

Finalmente, advirtió que lo más grave es la fuga de profesionales formados y comprometidos: “Se van al sector privado, muy difícil de reponer”. (NA)