La ex Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, tuvo una participación destacada en la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, desarrollada en la ciudad de Concordia. Durante el encuentro técnico e institucional, la especialista expuso sobre el rol fundamental que cumplen los defensores y defensoras en la protección integral de las garantías fundamentales y fijó una postura clara en torno a debates jurídicos centrales que atraviesan la agenda penal juvenil del país.

Uno de los ejes conceptuales expuestos por la ex funcionaria nacional radicó en el explícito desacuerdo institucional con las iniciativas legislativas y políticas que promueven la reducción de la edad de imputabilidad para menores de edad. Sobre este aspecto, Martínez sostuvo que el endurecimiento punitivo no constituye la herramienta idónea para el abordaje de la conflictividad en adolescentes y abogó por consolidar la implementación de la justicia restaurativa.

Según explicó, este paradigma alternativo fomenta un esquema de pacificación orientado a conciliar a la víctima con el victimario, resultando una vía técnicamente adecuada para atender los litigios en los que intervienen personas menores de 18 años.

En el plano procesal y operativo, la especialista profundizó en la necesidad técnica de asegurar el principio de "igualdad de armas" entre las estructuras de la Defensa Pública y los organismos del Ministerio Público Fiscal. Remarcó que la carga de trabajo asignada a las defensorías exige dotar a los equipos de recursos humanos y materiales proporcionales a los de la acusación pública. Para dar cumplimiento efectivo al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, fundamentó la urgencia de incorporar de forma permanente mayor cantidad de peritos, profesionales de la psicología, psiquiatría y trabajo social a las plantas técnicas interdisciplinarias.

Asimismo, Martínez subrayó que los defensores públicos se desempeñan técnicamente como garantes primarios de los derechos humanos en el proceso judicial. Detalló que este rol está prescrito taxativamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y respaldado por pronunciamientos de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este sentido, reafirmó la obligación del estamento judicial de velar por el cumplimiento irrestricto de las garantías procesales establecidas en los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad.

En el marco organizativo de las jornadas, Martínez expresó su reconocimiento al nivel de desarrollo de la estructura entrerriana y elogió el trabajo llevado adelante por el Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, remarcando el compromiso de los integrantes del fuero en la gestión técnica del organismo provincial. La jornada reunió a funcionarios y magistrados de diversas jurisdicciones para evaluar la evolución del sistema de defensa pública y el funcionamiento del servicio asistencial.

La empresa Metalúrgica Hermann, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, recibió formalmente la certificación de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). El beneficio, otorgado por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en conjunto con la Municipalidad local, abarca un esquema de exenciones tributarias orientado a acompañar nuevos proyectos de inversión, la adquisición de equipamiento y la ampliación de capacidades productivas en firmas radicadas dentro del territorio provincial.

Durante la entrega del documento, autoridades provinciales y municipales realizaron una recorrida técnica por las distintas naves y áreas operativas de la fábrica metalúrgica. Con un plantel actual cercano a los 500 trabajadores, la firma constituye uno de los polos de empleo industrial de mayor volumen dentro del departamento. En la jornada, los directivos de la empresa —los hermanos Juan, Hugo y Jorge Hermann, junto a Santiago Hermann— guiaron el trayecto por la planta de producción, donde mostraron los procesos de fabricación y el equipamiento operativo.

El programa RINI consiste en un instrumento provincial normado para fomentar el radicado de nuevos establecimientos o la expansión de emprendimientos existentes a través de un esquema gradual de exenciones en impuestos provinciales, tales como Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto al Automotor y Sello. La aplicación de las exenciones varía de acuerdo con el perfil del proyecto presentado, la generación de empleo proyectada y las características de las inversiones a realizar.

La comitiva institucional que estuvo presente en las instalaciones del Parque Industrial contó con la participación de funcionarios del área económica e industrial, entre ellos el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el senador provincial por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti; la viceintendenta Julieta Carrazza y la subsecretaria de Ingresos y Recursos Humanos local, Delfina Peñalva.

Finalizado el recorrido técnico por la planta metalúrgica, la agenda de trabajo de las autoridades contempló visitas a distintas dependencias operativas de la ciudad enfocadas en la seguridad y la gestión del riesgo climático.

El itinerario oficial continuó en las dependencias del Comando de Seguridad y Vigilancia, para luego trasladarse al área de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, situadas en el predio del ex Frigorífico Gualeguaychú. Allí se supervisaron las instalaciones, el estado de los recursos logísticos y los protocolos de respuesta preventiva delineados por los equipos de emergencia local ante eventuales complicaciones meteorológicas derivadas del fenómeno de El Niño.

Entre Ríos encabeza los índices de suicidio a nivel nacional. Sólo ese dato resulta suficiente para que la temática esté entre los principales temas a trabajar desde la salud pública. En este sentido, en julio pasado el gobierno declaró la Urgencia Sanitaria mediante un decreto. El mismo argumentaba la intención de “fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población”.

En diálogo con la directora del Hospital Centenario, doctora Andrea Martins, indagamos sobre qué concretamente, cambió en la institución sanitaria de mayor importancia regional tras esta medida.

- Hace unos meses el Gobierno de Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria, ¿qué cambió en este sentido en el Hospital Centenario?

- En relación con la declaración de la Urgencia Sanitaria, considero oportuno destacar algunos aspectos centrales que esta medida permite visibilizar y, al mismo tiempo, profundizar. En primer lugar, el decreto pone de manifiesto una problemática que se viene sosteniendo y profundizando en los últimos años: la creciente demanda de atención en Salud Mental, que impacta de manera significativa tanto en la comunidad como en los distintos efectores sanitarios. Esta situación se expresa en un incremento sostenido de las consultas y de las situaciones de urgencia, atravesando diferentes ámbitos de atención y grupos etarios. En este contexto, si bien el fortalecimiento del sistema requiere necesariamente la incorporación y disponibilidad de recursos materiales y técnicos, resulta igualmente fundamental avanzar en la creación y consolidación de dispositivos intermedios y de asistencia por fuera del hospital que permitan dar respuestas adecuadas a la complejidad actual de las demandas. Estos dispositivos son esenciales para sostener un verdadero trabajo en red, basado en la articulación interinstitucional, inter niveles e interdisciplinaria, así como en mecanismos eficaces de referencia y contrarreferencia. Se trata de componentes estructurales del abordaje integral de la Salud Mental y constituyen, actualmente, una de las necesidades más importantes para nuestra ciudad. En este marco, la declaración de la Urgencia Sanitaria permitió continuar y profundizar un trabajo que desde la Dirección del Hospital y la Dirección de Salud Mental se viene desarrollando de manera comprometida, sostenida y sistemática. En particular, ha sido muy importante el acompañamiento del director provincial de Salud Mental, doctor Esteban Dávila, quien ha visitado y recorrido el Hospital en diferentes oportunidades, generando espacios de encuentro con todo el equipo del Servicio de Salud Mental.

- ¿Qué finalidad tienen esas visitas?

- Estas instancias permitieron conocer de manera directa las problemáticas existentes, identificar los principales puntos de urgencia, escuchar las dificultades específicas de las distintas áreas y, fundamentalmente, generar un espacio de diálogo y construcción conjunta orientado a encontrar respuestas posibles y sostenibles. También, retomar y fortalecer el trabajo entre los distintos niveles de atención constituye hoy uno de los principales desafíos. Este proceso lo venimos trabajando desde el inicio de la gestión mediante la realización de reuniones conjuntas que permitieron favorecer el acercamiento entre los equipos y avanzar en mecanismos de referencia y contrarreferencia. Para nosotros, poder consolidar espacios de trabajo conjuntos es fundamental. Se trata de un proceso complejo, que requiere compromiso, continuidad y una definición clara de las responsabilidades y alcances de cada nivel de atención.

- ¿Cómo se materializan esos espacios de trabajo?

- Por ejemplo, durante la última semana se llevó adelante una reunión con los tres directores de los centros de salud provinciales, con el objetivo de fortalecer la comunicación, la articulación y el abordaje conjunto de las problemáticas de Salud Mental. Se generó una mesa de intercambio en el Hospital que permitió compartir las principales dificultades, identificar necesidades y construir una mirada conjunta respecto de cómo debemos organizar y fortalecer la atención. Uno de los aspectos centrales abordados fue la necesidad de reconocer las particularidades, responsabilidades y alcances de cada nivel de atención, entendiendo que esta diferenciación no debe traducirse en fragmentación, sino, por el contrario, en una mayor complementariedad y articulación entre los distintos efectores. El desafío es avanzar hacia una red de atención en Salud Mental integrada, accesible, coordinada y sostenida en el tiempo, en la que cada nivel pueda asumir adecuadamente su función y, al mismo tiempo, trabajar de manera articulada con los demás. Para ello será necesario fortalecer los dispositivos existentes, desarrollar aquellos que actualmente resultan insuficientes y generar nuevos espacios de atención que permitan dar respuestas progresivas y adecuadas a las diferentes necesidades de la población. La declaración de la Urgencia Sanitaria representa, en este sentido, una oportunidad para profundizar, ordenar y consolidar este proceso de transformación, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema y promoviendo un modelo de atención basado en la continuidad de los cuidados, la corresponsabilidad y el trabajo interdisciplinario, interinstitucional e inter niveles. Más que una respuesta aislada frente a una situación de crisis, el desafío consiste en aprovechar esta instancia para construir y fortalecer una red de Salud Mental que permita sostener respuestas integrales, coordinadas y humanizadas, centradas en las necesidades de las personas y de la comunidad.

- Con la declaración de la Urgencia en Salud Mental se había generado cierta expectativa respecto a la formalización de la modalidad de contratación de profesionales. ¿Se materializó algo de eso?

- En continuidad con el trabajo que se viene desarrollando junto al doctor Esteban Dávila y la Dirección del Hospital, se realizó un análisis integral de la situación del Servicio de Salud Mental, identificando los principales déficits existentes, la composición y situación contractual del equipo y, fundamentalmente, la necesidad de fortalecer el recurso humano para poder responder a una demanda creciente y cada vez más compleja. En este proceso, se consideró prioritario no solo incrementar la cantidad de profesionales, sino también mejorar progresivamente las condiciones contractuales de quienes ya se encontraban desempeñando funciones en el Servicio bajo la modalidad de contrato hospitalario. Como resultado de este trabajo, se logró concretar un primer avance de significativa importancia: se generaron actas acuerdo ministeriales para los profesionales que contaban hasta el momento con contratos hospitalarios. A su vez se incorporaron nuevos profesionales en materia de psiquiatría y psicología.

- ¿Qué implican estos cambios?

- Esta incorporación permitió fortalecer los equipos de atención ambulatoria, internación y otros dispositivos de atención, ampliando la capacidad de respuesta y favoreciendo una mejor organización de las diferentes áreas de trabajo. No obstante, es necesario reconocer que el incremento de los recursos humanos, si bien constituye un avance fundamental, no permite por sí solo responder a la totalidad de la demanda existente. La demanda en Salud Mental presenta un crecimiento sostenido y, en muchos casos, una complejidad que excede la capacidad de respuesta de cualquier servicio si no existe una estructura de atención articulada. En este contexto, el Servicio de Salud Mental del Hospital Centenario constituye un efector de referencia para la región, dando respuesta a un volumen significativo de situaciones y problemáticas. Asimismo, es importante comprender que cuando hablamos de demanda no nos referimos únicamente a la demanda asistencial de la población. El Servicio recibe también una importante demanda proveniente de otros sectores e instituciones, entre ellos Educación, Justicia y organismos de protección de derechos, que requieren intervenciones, evaluaciones, acompañamiento y articulación permanente con los equipos de Salud Mental. Esta situación agrega complejidad y volumen a la tarea cotidiana de los profesionales. Los avances alcanzados hasta el momento son significativos y permiten afirmar que se han dado pasos concretos en el fortalecimiento del Servicio y en la mejora de las condiciones de trabajo de sus profesionales. Sin embargo, estamos lejos de considerar que la situación se encuentra resuelta. Es necesario continuar avanzando en la incorporación de recurso humano, en la mejora de las condiciones contractuales y laborales y en el fortalecimiento de los dispositivos de atención. Por este motivo, resulta imprescindible profundizar una estrategia de trabajo interniveles e interinstitucional, que permita distribuir responsabilidades, optimizar los recursos disponibles y garantizar la continuidad de los cuidados. El verdadero desafío no consiste únicamente en contar con más profesionales dentro del Hospital, sino en construir una red de atención en Salud Mental sólida, articulada y corresponsable, en la que participen el Hospital, los Centros de Salud y las distintas instituciones vinculadas con las personas y comunidades que requieren atención.

Según consta en la denuncia presentada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, alrededor de las 10.30, un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE, entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional, se presentó en el edificio de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno de Entre Ríos, forzó el ingreso y se generó un forcejeo con el personal de Mesa de Entradas.

Siguiendo con la denuncia, el grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Incluso se detalló que un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911.

La denuncia también menciona un episodio anterior, ocurrido el 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria.

El Gobierno provincial pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal.

El Intendente Mauricio Davico mantuvo una reunión de trabajo con el Intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, con el objetivo de consolidar una estrategia preventiva compartida frente a las proyecciones asociadas al fenómeno climático de El Niño. Durante la jornada, ambas administraciones expusieron sus planes de contingencia, evaluaron datos técnicos sobre el comportamiento de los cursos de agua regionales y acordaron mecanismos directos para el intercambio continuo de información operativa.

La agenda técnica prioriza la preparación de infraestructura urbana y rural ante eventuales crecidas, precipitaciones de gran intensidad y otros eventos meteorológicos severos. Estas acciones buscan optimizar los tiempos de respuesta interinstitucional y reducir los márgenes de vulnerabilidad en sectores clave de ambas localidades.

En el caso de Gualeguaychú, las labores desarrolladas por las dependencias locales comprenden el monitoreo permanente de la cuenca hídrica, la ampliación y puesta a punto de los sistemas informáticos de medición, junto con tareas intensivas de limpieza y mantenimiento en la red de desagües pluviales. Asimismo, se lleva a cabo un relevamiento detallado en zonas históricamente anegables y la actualización de los protocolos de evacuación, asistencia técnica y logística en articulación con las fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios y efectores del sistema de salud local.

“La prevención y la planificación son fundamentales para anticiparnos a cualquier situación y cuidar a nuestros vecinos. Compartir experiencias y coordinar acciones con otras ciudades nos permite estar mejor preparados”, señaló el intendente Mauricio Davico.

Por su parte, la Municipalidad de Concepción del Uruguay avanza a través de la Junta Municipal de Defensa Civil en la evaluación de escenarios de riesgo de diversa magnitud, registrando los recursos humanos, materiales y logísticos disponibles para atender emergencias.

El acuerdo entre ambos ejecutivos locales busca unificar criterios de gestión de riesgo a nivel regional, consolidando un canal de cooperación institucional que garantice respuestas ágiles e integradas ante las variaciones climáticas previstas para los próximos meses en la provincia.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú cuenta con un sistema consolidado de formación de posgrado. Actualmente dispone de la Residencia de Medicina General y Familiar, en funcionamiento desde 1999; la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaMC) desde 2017; la Residencia de Pediatría desde 2013 y la reciente Residencia de Clínica Médica, creada este año con el apoyo del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

“Contando todas las especialidades desde que inició la primera residencia, han sido más de 80 profesionales los que han pasado por el hospital”, informó la doctora Andrea Martins, directora de la institución.

“Formar profesionales de la salud en la ciudad no significa solamente generar nuevos egresados, significa construir capacidad sanitaria para el futuro. Cada profesional que se forma y puede desarrollarse en su comunidad fortalece al hospital, mejora la atención de la población, contribuye al crecimiento de la ciudad y, al mismo tiempo, favorece el desarrollo sanitario local”, remarcó.

En relación al impacto concreto en la institución y en Gualeguaychú, Martins dijo que “al hospital le aporta nuevos profesionales, fortaleciendo la capacidad asistencial y generando un ámbito de formación y crecimiento profesional; contribuye a renovar y fortalecer los recursos humanos, especialmente en áreas donde existe mayor demanda”. En tanto, “para la ciudad representa una oportunidad de mejorar la accesibilidad de la población a los servicios de salud. El sistema de residencias permite generar condiciones para que los profesionales puedan formarse, insertarse laboralmente y desarrollar su proyecto profesional en su propia comunidad, evitando el desarraigo”.

Entre los últimos egresados se encuentran cuatro residentes de Medicina General y Familiar: las doctoras Camila Mateucci, María Victoria Dumón y Noelia Soledad Hereñú, y el doctor Santiago Benedetti Goldaracena. También finalizaron su formación cinco residentes de Salud Mental Comunitaria: las licenciadas en Psicología Maira Lizzi e Ivana Jullier, y las licenciadas en Trabajo Social Ivana Rochelle, Antonella Abrigo y María Florencia Lubo.

El Argentino dialogó con algunos de estos profesionales y sus testimonios ponen en evidencia el valor estratégico que representan los residentes en la agilización de servicios, la capacidad de respuesta y la contención territorial de la población.

“En estos años pudimos observar un aumento muy importante de las consultas, tanto en cantidad como en la complejidad de las situaciones que llegan a la guardia”, respondieron colectivamente las especialistas del grupo de residentes de Salud Mental Comunitaria en la voz de la licenciada en Trabajo Social Ivana Rochelle. Entre las problemáticas con mayor prevalencia señalaron: “Los consumos problemáticos de sustancias, las personas en situación de calle, la violencia de género, crisis de ansiedad, ataques de pánico y un incremento altamente preocupante de los intentos de suicidio y suicidios consumados en adolescentes y jóvenes son los principales casos con los que hemos tenido que abordar en estos años”.

Esta alerta adquiere especial gravedad en la provincia: “Según el Sistema Nacional de Información Criminal, en Argentina el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito. En este escenario, el caso de Entre Ríos resulta particularmente preocupante, ya que es la provincia que arroja una de las tasas más altas de suicidios en el país. Asimismo, se ha decretado en la provincia hace algunas semanas la Urgencia en Salud Mental”.

A este diagnóstico se suma la reaparición de padecimientos vinculados al juego de apuestas online, el endeudamiento familiar y el desatamiento de las necesidades básicas. “Hay gente que concurre al hospital a pedir comida; cuando los ingresos no alcanzan para vivir, también se profundizan los padecimientos subjetivos. Por eso sostenemos que no hay salud mental posible si no se garantizan los derechos y las necesidades básicas”, enfatizaron desde la RISaMC. Y agregaron: “La responsabilidad ante esta crisis política y social es colectiva”.

Benedetti Goldaracena subrayó cómo el abordaje territorial transforma el impacto sobre las familias de la ciudad. “En medicina familiar nos dicen que somos especialistas en personas: no vemos solo la enfermedad, conocemos a la persona, a la familia, el barrio, el contexto donde vive. Y cuando ese mismo paciente necesita atención hospitalaria, conocemos el otro nivel, lo que permite una continuidad del cuidado”, indicó.

“Muchas cosas las resolvemos en los centros de salud para no sobrecargar tanto el hospital y no derivar innecesariamente”, agregó el profesional, al tiempo que destacó que la mirada integral ayuda a abordar enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes.

Frente a esta realidad, los graduados de Salud Mental enfatizaron la necesidad de romper con los estigmas. “En la actualidad persiste un gran prejuicio de la sociedad en general; si alguien consulta a la Guardia de Salud Mental es porque 'está chiflado, loco o es peligroso'. La gente padece porque no cuenta con otro que lo escuche, porque se siente sola, o porque no tiene un laburo”.

Para las residentes, las respuestas no pueden reducirse a la medicación o al consultorio cerrado: “Requieren de respuestas sociales, comunitarias e intersectoriales por tratarse de una problemática social. No hay salud mental posible sin el entramado comunitario. Nuestro trabajo con les usuarios se enmarca en la desmanicomialización, desde un enfoque de derechos humanos”.

Desde el nivel operativo, el faltante de recursos habitacionales, casas de medio camino, centros de día y la saturación de los turnos ambulatorios complejiza la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. “A más de 15 años de su sanción, aún persisten importantes desafíos en su plena implementación, particularmente en materia de financiamiento, dispositivos y recursos humanos”, señalaron las profesionales de RISaMC.

“A esto le sumamos las condiciones laborales en la que se encuentran actualmente los trabajadores de la salud, marcadas en muchos casos por la precarización y el deterioro de las condiciones de trabajo, poniendo el cuerpo a situaciones cada vez más complejas y con menos recursos. Por lo que la salud mental de los trabajadores también se ve fuertemente afectada”, manifestaron desde el grupo.

En igual sentido, Benedetti Goldaracena reconoció las limitaciones tecnológicas del sistema público, remarcando que la clave para superarlas radica en la interdisciplina: “En la práctica diaria aprendés a resolver con menos tecnología y usás la herramienta de trabajar en equipo con la obstetra, nutricionista, trabajadores sociales y los agentes sanitarios que conocen muchísimo el territorio. Cada uno aporta su mirada y resolvemos entre todos”.

“Hemos realizado una formación exhaustiva, interdisciplinaria y comunitaria orientada a pensar y abordar los procesos de salud desde una perspectiva integral. Consideramos fundamental que quienes hemos sido formadas durante cuatro años por el sistema público de salud podamos encontrar condiciones que aseguren la incorporación y continuidad, para aprovechar así la enorme inversión realizada por el Estado durante este tiempo”, afirmaron.

A pesar de haber manifestado formalmente su intención de poner su conocimiento y experiencia al servicio de la salud pública local, expresaron preocupación dado que hasta la fecha “no se han formalizado propuestas de incorporación laboral”. Asimismo, hicieron un llamado a defender las residencias como política pública esencial frente al cierre de cupos en disciplinas fundamentales como Terapia Ocupacional, Enfermería y Trabajo Social.

Los testimonios dan cuenta de que las residencias del Hospital Centenario no constituyen solo un espacio académico de posgrado, son el sostén cotidiano y humano de la atención pública en Gualeguaychú. La consolidación de estos equipos en el territorio es la principal garantía para resguardar el derecho a la salud de la comunidad.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú dio un paso significativo hacia la modernización de su administración interna con la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap Salud). Se trata de una plataforma que permite digitalizar procesos vinculados al personal, concentrando en un mismo entorno información clave como legajos, licencias, haberes y datos personales de cada trabajador.

La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca extender el Sigap a hospitales y centros de atención primaria en todo Entre Ríos, con el objetivo de unificar criterios de gestión y garantizar registros confiables en materia de recursos humanos. El Centenario, principal centro de referencia de la región, cuenta con una planta de más de 700 trabajadores, lo que convierte a la implementación en un desafío de escala y relevancia.

En Gualeguaychú se realizó una jornada de presentación y capacitación sobre el sistema, con la participación de autoridades provinciales, directivos del hospital, trabajadores y representantes gremiales. Entre los asistentes estuvieron el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; la directora del establecimiento, Andrea Martins; el jefe del Departamento de Personal de Salud, Ricardo Escobar; y la integrante del área de docencia, Daiana Bianchini.

Durante el encuentro se detallaron los alcances del Sigap, que no solo agiliza trámites administrativos sino que también aporta transparencia y orden en la gestión. La digitalización permite reducir tiempos, evitar duplicaciones y garantizar que cada trabajador tenga acceso a un legajo actualizado y seguro. Además, la herramienta facilita la planificación de recursos humanos y la toma de decisiones estratégicas en el sistema de salud.

Camoirano destacó que “esta transformación responde a una línea de trabajo que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio y que llevamos adelante junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Es un cambio concreto en la forma de gestionar, con una administración más moderna, ordenada y transparente”.

Por su parte, Martins subrayó la importancia de contar con un sistema que acompañe el crecimiento del hospital y que brinde soluciones prácticas a las demandas cotidianas del personal. “El Sigap nos permite dar un salto de calidad en la gestión, con beneficios directos para los trabajadores y, en consecuencia, para la atención de los pacientes”, afirmó.

La implementación del Sigap en el Hospital Centenario se suma a un proceso más amplio de modernización del Estado provincial, que incluye la digitalización de trámites, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación permanente de los equipos. En el ámbito de la salud, la herramienta se proyecta como un soporte fundamental para mejorar la administración y fortalecer la confianza de los trabajadores en el sistema.

Con este avance, Gualeguaychú se convierte en un punto de referencia en la aplicación de políticas de innovación administrativa, reafirmando el rol del Hospital Centenario como institución clave en la región y como ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a una gestión más eficiente y transparente.

El sistema científico argentino atraviesa uno de los momentos más delicados en las últimas décadas. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió recientemente que el congelamiento de ingresos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la parálisis presupuestaria están forzando una "fuga de cerebros" sin precedentes. El fenómeno se mide en estadísticas de pasaportes sellados y laboratorios vacíos en toda Argentina.

Formar a un científico no es una tarea que se resuelva en un ciclo lectivo, es un proceso de maduración que requiere inversión pública sostenida, paciencia social y, sobre todo, certidumbre institucional. Sin embargo, la crisis actual presenta el desánimo generalizado de las nuevas generaciones que ven truncadas sus posibilidades de inserción en el sistema científico formal y enfrentan el desarraigo nacional emigrando a otros países.

Entre Ríos no está exenta a la crisis, el estudiante que se recibe, el becario que culmina su doctorado y el investigador que busca consolidar su línea de trabajo se ven obligados a llevar su capacidad productiva a contextos donde puedan crecer y desarrollarse.

Beatriz Gómez, exdirectora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer) y docente-investigadora de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), habló de esta dinámica.

“La investigación científica requiere tiempos muy distintos a los de otros ámbitos. Formar un investigador demanda más de una década, entre la carrera universitaria, el doctorado y, muchas veces, una etapa posdoctoral. Es una inversión que realiza la sociedad a través del sistema universitario y científico”, explicó para graficar la dimensión del esfuerzo estatal y personal invertido en cada profesional.

Según la exdirectora del Ictaer, “cuando las oportunidades de inserción disminuyen, comienza a resentirse el recambio generacional de los grupos de investigación. Esto no siempre se percibe de manera inmediata, pero sus efectos aparecen con el tiempo: resulta más difícil consolidar equipos, sostener líneas de investigación estratégicas y planificar proyectos de largo alcance”.

Para Gualeguaychú y la provincia en general esta falta de recambio es letal. “En Entre Ríos contamos con recursos humanos altamente capacitados que, a lo largo de los años, han construido capacidades científicas de gran valor. Desde mi experiencia, observo que uno de los mayores desafíos es sostener equipos especializados y asegurar la continuidad de líneas de investigación, particularmente en áreas estratégicas como los alimentos, la biotecnología y la salud”, enfatizó la investigadora.

“Lo que uno percibe cotidianamente es un escenario de mayor incertidumbre. Los jóvenes investigadores han apostado gran parte de su vida a la formación académica y científica, muchas veces con excelentes antecedentes y un fuerte compromiso con el país. Como docente universitaria me preocupa pensar que muchos de esos jóvenes fueron primero nuestros estudiantes de grado, luego becarios doctorales y, en muchos casos, posdoctorales. Es decir, hemos acompañado su formación durante más de una década y conocemos de cerca su enorme potencial”, expuso Gómez.

La pérdida de profesionales es aún más veloz cuando se trata de mercados más competitivos. “Hoy muchos de ellos analizan alternativas que hace algunos años quizás no contemplaban: oportunidades en universidades extranjeras, centros internacionales de investigación o empresas tecnológicas que valoran enormemente su formación. Los nuevos investigadores ya no pueden desarrollar una carrera científica estable en Argentina”, analizó la docente.

“Más que hablar de una fuga de cerebros, creo que el desafío es cómo lograr retener y aprovechar el talento que el propio país ha formado. Cuando un profesional altamente calificado decide desarrollar su carrera fuera del sistema científico nacional, Argentina no sólo pierde una persona: pierde experiencia, redes de colaboración y la posibilidad de que ese conocimiento contribuya a formar nuevas generaciones de investigadores”, sentenció.

En la ciencia, cada día perdido representa un retroceso exponencial frente al avance internacional. Gómez sintetizó este dilema: “En investigación, el tiempo constituye un recurso tan valioso como el financiamiento. Cuando una línea de trabajo pierde continuidad, no sólo se retrasa la generación de conocimiento, sino también las posibilidades de transformar ese conocimiento en innovación, desarrollo tecnológico y beneficios concretos para la sociedad”.

“Las universidades públicas y los institutos de investigación realizan un importante esfuerzo para sostener sus actividades en contextos complejos. Los equipos procuran optimizar los recursos disponibles, compartir equipamientos, fortalecer redes de cooperación y desarrollar proyectos colaborativos que permitan dar continuidad a la investigación, la formación de recursos humanos y la transferencia del conocimiento hacia el sector productivo y la comunidad”, destacó Beatriz Gómez.

Para la exdirectora del Ictaer, el camino de salida ante la crisis de recursos radica en estrechar lazos con el entorno social y económico: “El conocimiento científico alcanza su mayor valor cuando puede construirse en diálogo con las necesidades del territorio y traducirse en soluciones concretas para la sociedad. En este escenario, adquiere aún mayor relevancia la articulación entre universidades, organismos científicos, gobiernos locales y provinciales, empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil”.

La vocación sigue estando”, aportó la profesional consultada. Y concluyó con un fuerte llamado a la reflexión social y política. “Es importante continuar fortaleciendo la formación de recursos humanos calificados, promover la cooperación con otros centros científicos nacionales e internacionales, profundizar la vinculación con el sector productivo y sostener la transferencia de conocimiento hacia la comunidad. Del mismo modo, considero fundamental contar con políticas públicas de largo plazo que brinden previsibilidad y permitan a esos profesionales desarrollar su carrera y poner sus capacidades al servicio del país”.

“La ciencia no es un gasto: es una inversión estratégica para el desarrollo. Cada investigador que formamos representa años de esfuerzo colectivo y constituye un patrimonio que la sociedad no debería perder. Porque la ciencia no es un fin en sí mismo; es una herramienta para mejorar la vida de las personas, fortalecer la producción y construir un desarrollo sostenible basado en el conocimiento”, finalizó Beatriz Gómez.

El Gobierno nacional anunció de manera oficial una iniciativa privada que propone construir una nueva central nuclear en el país con la inyección de capitales estadounidenses. El proyecto, presentado formalmente por la firma Meitner Energy, prevé instalarse de forma estratégica en el sitio Atucha, perteneciente a la órbita de Nucleoeléctrica Argentina. Debido a su envergadura tecnológica y al monto total proyectado, la inversión calificaría para ingresar al Súper RIGI, el régimen de incentivos que se tramita en el Congreso.

La compañía impulsora pertenece al Ansari Group, una corporación internacional liderada por el magnate Hamid Ansari, y cuenta con una participación del Invap argentino, que retiene el 40 por ciento de las acciones. Según confirmaron diversas fuentes oficiales, el financiamiento de USD 1.200 millones provendrá de forma íntegra de fondos privados, estimando además que la construcción y puesta en marcha del complejo generará cerca de 2.000 puestos de trabajo directos.

Por su parte, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, defendió la articulación público-privada en el sector al asegurar que el capital privado asume el riesgo mientras el Estado garantiza previsibilidad. El esquema pautado le otorga a Nucleoeléctrica Argentina la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado, mientras que la empresa abonará un canon por el uso de la superficie. El plazo estimado de obra es de cinco años una vez aprobado el licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

La polémica sumó tensión debido a las críticas por la desarticulación del Carem, un reactor estatal de menor escala en el que se trabajaba hace años y que, según voces opositoras, será reemplazado por esta nueva opción privada. No obstante, fuentes del sector señalaron que el proyecto estatal no era estrictamente modular y registraba costos de capital mucho más elevados, defendiendo la necesidad de reformatear el rol de la comisión hacia la investigación y el desarrollo futuro.

"Más allá de los despidos vigentes, el problema central son los más de 200 ingenieros y expertos que dejaron el organismo estatal tentados por mejores salarios en el sector privado", alertó un consultor especializado. La pérdida de profesionales formados por el Estado argentino encendió alarmas sobre la capacidad técnica para acompañar los futuros proyectos de inversión privada en el país.

Con información de Infobae

La Municipalidad de Gualeguaychú mantiene abierta una nueva búsqueda laboral destinada a cubrir un puesto de asesor o asesora de ventas de maquinaria, una convocatoria orientada a profesionales y técnicos con experiencia en el área comercial.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Vinculación Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el marco de las acciones que se desarrollan para vincular a las empresas locales con personas que se encuentran en búsqueda de empleo.

Según se informó, la vacante está dirigida a candidatos con formación en Ingeniería, Mecánica, Administración, Marketing o carreras afines. Además, se valorará experiencia previa en ventas, conocimientos de herramientas informáticas aplicadas a la gestión comercial y disponibilidad para realizar viajes vinculados a la actividad laboral.

Desde la Dirección de Vinculación Tecnológica se trabaja de manera permanente en la recepción de perfiles laborales y en la articulación con empresas que requieren incorporar recursos humanos para distintas áreas de actividad.

También se requiere manejo de herramientas digitales utilizadas habitualmente en la gestión de ventas y administración comercial, así como predisposición para establecer vínculos con potenciales clientes y representar a la empresa en diferentes ámbitos.

Los interesados en participar del proceso de selección deberán presentar su currículum vitae de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Vinculación Tecnológica, ubicadas en Belgrano 115.

La documentación podrá entregarse de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13. El plazo para postularse permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.

Desde el área municipal señalaron que este tipo de convocatorias busca fortalecer los canales de acceso al mercado laboral formal, promoviendo el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo en la ciudad.

El Gobierno oficializó un régimen de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales (APN). La medida fue publicada en el Boletín Oficial y apunta al personal de planta permanente comprendido en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa se acopla a las directrices fijadas por el Poder Ejecutivo destinadas a centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado.

La implementación operativa del nuevo esquema quedó delegada en la Dirección General de Recursos Humanos de la APN. Esta dependencia será la encargada de coordinar los circuitos internos, confeccionar las declaraciones juradas y los formularios de adhesión obligatorios, y canalizar los datos correspondientes para los trabajadores que opten por desvincularse de la institución.

La Administración de Parques Nacionales funciona como un ente autónomo regulado por la Ley N° 22.351, abocado a la preservación y resguardo de las reservas y monumentos naturales del país.

El reglamento del plan estipula pautas de control administrativo recíproco dentro del gabinete nacional. Toda acta de desvinculación formalizada bajo esta modalidad deberá ser remitida de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, perteneciente a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como también a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto Nº 1452 que aprueba el Reglamento General de Concursos para el nombramiento e ingreso a la planta permanente, las promociones y la asignación de jefaturas de Departamento y División de la Administración Pública Provincial.

La norma reglamenta una exigencia que la Constitución Provincial consagró en 2008 y que, hasta ahora, ninguna administración había instrumentado de forma completa. A partir de su vigencia, todo ingreso al Estado, toda promoción y toda designación en cargos de conducción deberán realizarse a través de un proceso de selección transparente, público y basado en el mérito.

Qué establece el reglamento

El nuevo sistema contempla tres tipos de concurso: para el ingreso a la planta permanente, para la asignación de jefaturas de departamento y división, y para las promociones internas.

Los concursos serán abiertos, habilitados a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos, pudiendo existir en modalidad o cerrados, dirigidos exclusivamente al personal ya perteneciente a la administración, siempre que la necesidad de cobertura del servicio así lo requiera.

El reglamento también reconoce la trayectoria del personal temporario del Estado, otorgando puntaje específico según los años de servicio continuado. Los jurados estarán integrados por siete miembros: representantes del organismo convocante, de las entidades sindicales y del sector académico universitario, garantizando así pluralidad y control en el proceso.

El decreto establece además que toda designación en planta permanente efectuada sin concurso previo será insanablemente nula, y que el Poder Ejecutivo podrá declararla de oficio.

La medida fue elaborada en conjunto con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con la moderación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de la Secretaría Legal y Técnica y el acompañamiento de la Dirección General de Recursos Humanos. Ahora

La decisión generó una inmediata reacción gremial. Desde ATE-SMN confirmaron al diario La Nación la puesta en marcha de medidas de fuerza, entre ellas un paro activo que implicará la interrupción de todas las tareas consideradas no esenciales. La protesta tendrá consecuencias concretas en la operatoria aerocomercial: de acuerdo con fuentes sindicales, el viernes 24 de abril, entre las cinco de la mañana y el mediodía, no se registrarían despegues ni aterrizajes en los aeropuertos del país, salvo en casos de vuelos sanitarios o humanitarios.

El SMN cumple un rol central en este esquema, ya que es el organismo encargado de generar los pronósticos aeronáuticos indispensables para habilitar las operaciones aéreas.

Puertas adentro, el impacto de los despidos ya se percibe como significativo. Distintas fuentes internas indicaron que la reducción de personal podría alcanzar, en una segunda etapa, a un total de 240 trabajadores sobre una planta de 972 empleados, de los cuales 780 pertenecen al ámbito civil. De concretarse ese escenario, el número de trabajadores civiles quedaría reducido a 540, lo que implicaría una disminución cercana al 30% de la dotación total.

El ajuste, que venía siendo anticipado en los pasillos del organismo desde hace semanas, se enmarca en un plan de “modernización” impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Sin embargo, en su implementación inicial, el proceso se tradujo principalmente en recortes de personal.

“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”, señalaron fuentes vinculadas con el proceso. Según explicaron, cada dirección debió definir qué trabajadores serían afectados, en función de cupos proporcionales asignados por área.

En ese contexto, allegados al director del SMN, José Mauad, sostuvieron que el funcionario “intentó todo lo que pudo, y que la posición de Desregulación era inamovible. Que no pudo hacer más. Y que si no lo hacían ellos, lo haría otro”. Desde el ámbito oficial, en tanto, indicaron que “las desvinculaciones fueron determinadas por Defensa y, a su vez, definidas por cada sector dentro del SMN”.

Desde el inicio de la gestión, el SMN ya perdió más de 200 empleados. De acuerdo con datos oficiales difundidos al comienzo del mandato, el organismo requeriría una dotación óptima de 1.156 trabajadores, cifra que ya se encontraba comprometida antes de esta nueva ola de despidos.

Uno de los puntos más sensibles del ajuste es su impacto en la calidad de los pronósticos. Directores y especialistas advirtieron que una parte significativa de los trabajadores desvinculados cumple funciones como observadores meteorológicos, responsables de recolectar datos en las 125 estaciones distribuidas en todo el país.

Estos técnicos son los encargados de medir variables claves para la elaboración de pronósticos, así como para la generación de información destinada a sectores como la agricultura, la pesca y la gestión de emergencias climáticas. Su tarea resulta esencial para anticipar lluvias, tormentas, nevadas o eventos extremos.

En la Argentina, a diferencia de otros países, gran parte de este sistema sigue dependiendo de procesos manuales. Las estaciones requieren equipos de trabajo que realizan mediciones y cargas de datos de manera constante. La reducción de personal, coinciden fuentes técnicas y administrativas, podría derivar en un deterioro progresivo del sistema.

Algunos especialistas incluso advierten sobre un posible “desmantelamiento” si no se incorporan rápidamente tecnologías que permitan compensar la pérdida de recursos humanos. En la actualidad, el número de estaciones automáticas es limitado y no alcanza a cubrir la totalidad del territorio.

Los preocupantes índices de suicidios que pusieron a Entre Ríos como una de las provincias en la que más se incrementaron los casos propició que este martes ingresara a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone que se declare “la Emergencia en Salud Mental en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos por el término de dos años, con el objeto de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención del suicidio, la atención integral de la salud mental y la asistencia a personas en situación de riesgo”.

El proyecto tiene por finalidad declarar la Emergencia en Salud Mental en la Provincia de Entre Ríos “en atención a la preocupante evolución de los indicadores vinculados a suicidios y problemáticas de salud mental que afectan de manera creciente a distintos sectores de la población, particularmente a adolescentes y jóvenes”.

También propone que “el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y de los organismos competentes, deberá implementar un Plan Integral de Abordaje de la Emergencia en Salud Mental, el cual deberá contemplar, entre otras medidas: a) El fortalecimiento de los servicios de atención en salud mental en hospitales y centros de salud de la provincia. b) La ampliación de equipos interdisciplinarios especializados en prevención del suicidio y asistencia psicológica. c) La implementación de líneas telefónicas y canales digitales de atención permanente para situaciones de crisis. d) La coordinación con instituciones educativas, organizaciones sociales y municipios para la detección temprana de situaciones de riesgo. e) Campañas de concientización y prevención del suicidio destinadas especialmente a adolescentes y jóvenes”.

El proyecto del diputado de La Libertad Avanza de la provincia, Roque Fleitas, instó a que “durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo deberá priorizar la asignación de recursos humanos, presupuestarios y técnicos destinados a la atención, prevención y tratamiento de problemáticas vinculadas a la salud mental”.

También ordena que “el Ministerio de Salud deberá elaborar informes periódicos sobre la evolución de los indicadores de salud mental y suicidio en la provincia, a fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la presente ley”. Finalmente invita “a los municipios de la Provincia de Entre Ríos a adherir a la presente ley y a implementar programas locales de prevención y promoción de la salud mental”.

Fleitas recordó que “en los últimos años diversos informes y relevamientos han evidenciado un incremento sostenido de los casos de suicidio en la provincia, situación que genera una profunda alarma social y que demanda una respuesta institucional urgente por parte del Estado”.

El legislador añadió que “distintos registros y reportes periodísticos han señalado que Entre Ríos se encuentra entre las jurisdicciones con mayores tasas de suicidio del país, circunstancia que ha motivado incluso iniciativas impulsadas por estudiantes y organizaciones sociales que solicitan la declaración de emergencia en la materia”.

Tras enumerar el marco normativo provincial, nacional e internacional en la materia, el diputado sostuvo que “la declaración de emergencia que se propone tiene como finalidad jerarquizar institucionalmente la problemática, permitiendo priorizar recursos humanos, técnicos y presupuestarios destinados a enfrentar una situación que impacta de manera directa en la vida y en el bienestar de la población”. Finalizó resaltando que “la magnitud del fenómeno exige acciones urgentes, coordinadas y sostenidas”. (Fuente: APFDigital)

Mostaza, la cadena de comidas rápidas que, además de expandirse en Argentina, cuenta con locales en Uruguay, Paraguay y Bolivia, y busca seguir creciendo en el mercado internacional. Para Gualeguaychú, esta inversión privada representa un impacto positivo en términos de empleo, -con 43 puestos solo en el inicio-, en la actividad económica y en la articulación entre el sector público y privado.

El Gobierno de Gualeguaychú acompañó la inauguración oficial del nuevo local, con la participación del intendente Mauricio Davico; la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; la directora de Habilitaciones, Diana Visconti; y el director de Turismo, Adrián Romero.

A las 18.30 se realizó el corte de cinta, acompañado por un show con batucada y pasistas, en un clima festivo y con una importante presencia de público. Luego del acto protocolar, las autoridades recorrieron las instalaciones y compartieron un brindis junto al gerente de Operaciones para franquicias de Argentina de la empresa, Gonzalo Sánchez, y la directora de Recursos Humanos, Alejandra Di Iorio. En ese espacio, también pudieron conocer en detalle el funcionamiento del establecimiento y probar los productos ofrecidos.

En el marco de la inauguración, desde la empresa destacaron la llegada de Mostaza a Gualeguaychú y remarcaron que la ciudad fue elegida por su perfil pujante, su movimiento turístico y su proyección, señalando además la importancia de formar parte de una ciudad reconocida a nivel nacional por sus carnavales y su actividad durante todo el año.

La apertura del local permitió la generación, en el inicio de la actividad comercial, de 43 nuevos puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente por jóvenes de la ciudad que transitan su primera experiencia laboral. Desde la firma señalaron que se trata de un empleo compatible con la continuidad educativa, ya que ofrece horarios flexibles que permiten combinar el trabajo con la escuela secundaria o los estudios universitarios, promoviendo la inserción laboral temprana y la adquisición de experiencia.

Asimismo, se indicó que el número de puestos de trabajo podrá incrementarse en el futuro, a medida que se sumen nuevos servicios y modalidades de venta, como el sistema de delivery, que se proyecta incorporar próximamente.

El objetivo es conocer las experiencias de incorporación de trabajadores, fortalecer el vínculo con el sector privado y proyectar nuevas instancias de capacitación y articulación de cara al año 2026.

El lunes se visitó la empresa Bourlot y se destacó la incorporación de Mauricio Gallop, quien inició su recorrido laboral mediante un entrenamiento en el marco del programa Fomentar Empleo. Finalizada esa etapa, la empresa decidió contratarlo a través del Programa de Inserción Laboral (PIL), una política nacional que otorga beneficios a los empleadores durante un período determinado y permite consolidar posteriormente la incorporación del trabajador a la planta permanente. Actualmente, Gallop ya forma parte del plantel estable de la empresa.

Por la firma Bourlot participó Julio Quiroga, encargado de la sucursal, quien acompañó la visita y dialogó con el equipo municipal sobre la experiencia de incorporación laboral y el impacto positivo del programa en la formación de recursos humanos.

El equipo municipal también visitó el Frigorífico La Morena, una empresa que participa desde hace tiempo en el programa Fomentar Empleo. Desde la firma señalaron que aproximadamente el 50 % de su personal ha atravesado instancias de entrenamiento laboral, valorando el impacto de la iniciativa en la formación de trabajadores. En el encuentro estuvieron presentes Alejo Brelis, jefe de Recursos Humanos; Pablo Parville, jefe de planta; y Kevin Piri, jefe de producción, quienes expresaron su satisfacción con el programa y su intención de continuar participando en futuras incorporaciones.

Durante las visitas, se informó a las empresas que próximamente se darán a conocer las capacitaciones que se brindarán desde la Oficina de Empleo y que serán convocadas a participar de mesas de trabajo y espacios de coworking a partir de marzo, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada, detectar demandas del sector productivo y diseñar propuestas formativas acordes al mercado laboral local.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, destacó la importancia de estas políticas públicas y afirmó: “Estos programas permiten que los vecinos tengan su primera experiencia en el mundo del trabajo y que las empresas puedan formar personal en contextos reales. Cuando una empresa decide contratar después del entrenamiento, se concreta el objetivo central de la política de empleo: transformar una práctica formativa en un puesto de trabajo real”.

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, realizó un balance del inicio de la temporada turística y aseguró que la primera semana de enero mostró señales positivas para la actividad en la provincia. Destacó el cambio de clima registrado desde fines de 2025 y el buen nivel de movimiento turístico.

“Hay un clima muy favorable para la actividad turística”, expresó Satto. En ese sentido, recordó que el año 2025 fue complejo para el sector. “Fue un año muy difícil, con cuestiones vinculadas a la economía nacional y a un año electoral que generó muchas incertidumbres”, explicó.

El funcionario indicó que a partir de noviembre comenzó a observarse una mejora en el comportamiento del turismo. “Ya desde noviembre se empezó a notar un cambio de clima, con más certezas, y se reflejó claramente en el fin de semana largo de noviembre, con números fantásticos”, afirmó.

Según detalló, esa tendencia se mantuvo durante diciembre, especialmente en el fin de semana largo del 8 de diciembre. “Tuvimos muy buena presencia de visitantes y el sistema turístico se mostró fuerte y organizado”, señaló.

Satto resaltó el rol de los prestadores privados y los gobiernos locales. “Los verdaderos luchadores de esta historia son los prestadores privados y los gobiernos locales, que son el alma del equipo”, sostuvo, y agregó que desde la provincia se acompañó con políticas de promoción, calidad, sustentabilidad y formación de recursos humanos.

Situación de playas del río Uruguay

Consultado sobre la creciente del río Uruguay, el secretario explicó que se trató de una situación no prevista. “Fue producto de excesos hídricos por precipitaciones en el sur de Brasil y en el norte argentino”, indicó.

Aclaró que el nivel del río no generó evacuaciones, pero sí afectó la actividad turística en algunas localidades entrerrianas de la costa del Uruguay. “No es una situación de gravedad irreparable, pero perjudicó a las playas, porque el río invadió algunas zonas”, precisó.

En contraste, señaló que el río Paraná presentó un mejor comportamiento. “Las playas estaban habilitadas desde el 8 de diciembre. El Paraná se comportó mejor y el Uruguay es el que tuvo un poco de exceso hídrico”, explicó.

Satto valoró el esfuerzo que realizan los municipios y prestadores turísticos para sostener la temporada. “Hay una gran inversión todos los años para preparar playas, refular arenas, acondicionar servicios, y a veces el agua complica todo ese trabajo”, manifestó.

No obstante, sostuvo que el descenso del río permitiría retomar con normalidad la actividad en los próximos días. “Creemos que vamos a poder recuperar la temporada cuando el río termine de bajar”, afirmó.

Reservas y comportamiento del turista

En relación al nivel de reservas, el funcionario indicó que el comportamiento del turista cambió en el último tiempo. “La reserva hoy no refleja totalmente lo que va a ocurrir. Hay un 50% que reserva y otro 50% que llega directamente”, explicó.

Sin embargo, remarcó que los eventos siguen siendo determinantes. “Cuando hay eventos con fecha fija, como recitales o carnavales, el turista reserva anticipadamente”, señaló. Por ese motivo, destacó la importancia de acompañar propuestas como los corsos y festivales.

Finalmente, Satto consideró que el verano 2026 comenzó con expectativas favorables y con un escenario más alentador para el sector turístico entrerriano. (Fuente: ElOnce)

La realidad en los barrios de Gualeguaychú refleja con crudeza el impacto de la crisis económica nacional. El aumento de la pobreza, la caída del salario real frente a la inflación y el encarecimiento de los servicios básicos han profundizado las dificultades cotidianas de miles de familias. La falta de empleo estable y la precarización laboral dejan a muchos hogares sin ingresos suficientes para garantizar un plato de comida en la mesa.

En este escenario, la demanda de asistencia alimentaria creció de manera alarmante. Cada vez más personas recurren a espacios comunitarios en busca de viandas, meriendas o un apoyo mínimo para sobrellevar la situación. El incremento sostenido de quienes necesitan ayuda no solo expone la fragilidad del tejido social, sino también la ausencia de políticas públicas que acompañen a los sectores más vulnerables.

Emilce y Silvia, referentes de dos espacios barriales, relatan a EL ARGENTINO la realidad que enfrentan y la esperanza que mantienen para el 2026.

Desde 2019, Emilce coordina actividades semanales en su espacio comunitario Los Troperitos en el Pueblo Nuevo, la referente relató con dolor la presión que sienten quienes sostienen los comedores barriales. “Es una realidad triste que estoy viviendo, porque los padres me vienen a suplicar por favor por una vianda. Hasta vienen de otros barrios más lejos, no solo de Pueblo Nuevo, sino que llegan de otros lugares pidiendo la entrega de alimentos. Pero a todos les repito lo mismo: no puedo recibir más gente, ya tengo un número fijo. Si tuviera recursos y la ayuda que se necesita, encantadísima seguiría sumando y sumando familias y chicos”, dijo a EL ARGENTINO.

La referente explicó que actualmente solo puede asistir a un número determinado de chicos, con seguimiento de problemáticas familiares y control de vacunas. Ya van a ser cinco meses, que les cortaron el pack de leche y la ayuda para la comida que enviaban desde la Municipalidad. “A nosotros no nos mandaban ni las verduras ni la carne. Lamentablemente, solamente podemos asistir a los 84 gurises de siempre. Es una realidad tristísima. En los talleres que les damos la merienda hay más chicos que quieren participar y más familias que necesitan comida, pero no tenemos cómo cubrirlo”, señaló a EL ARGENTINO.

“Tenemos siete actividades semanales, con talleres para adultos jóvenes y adultos mayores, clases de apoyo escolar y clases de inglés”, contó a EL ARGENTINO.

Sin embargo, explicó que debieron suspender las prácticas de fútbol por falta de seguros y que hace dos años el municipio les cortó la tarjeta Igualar y la asistencia alimentaria. “Las explicaciones que me dan en Recursos Humanos es que supuestamente no hacemos actividades, pero seguimos siendo uno de los merenderos registrados que estamos activos”, señaló.

La comida sigue siendo los fines de semana cuando puede juntar para un menú. A pesar de la falta de stock y de la ayuda oficial, continúan con talleres de verano: jugoteca los viernes para chicos y reciclaje los miércoles para adultos mayores. Los fines de semana, cuando logran reunir donaciones, ofrecen comida. “No pierdo la esperanza de que se nos reconozca la ayuda que realmente necesitamos, porque siguen sin ayudarnos y no nos fallan a nosotros, les fallan a los gurises negándoles la leche y un plato de comida”, dijo con firmeza.

Emilce proyecta para 2026 sumar talleres de electricidad y otros oficios, aunque reconoce que deben hacerse cargo de materiales, luz y maquinarias. “Gracias a Dios, la gente nos responde con las máquinas, nos han donado las de coser, las hemos hecho arreglar y están funcionando”, destacó.

Su mensaje es claro: “Siempre pensando en positivo, no decaemos. Al contrario, esto nos da más fuerza para seguir adelante con el apoyo de la gente”, manifestó a EL ARGENTINO.

Silvia Benedetti coordina el comedor y merendero Tres Hermanas, donde la demanda aumentó notablemente. “De 55 familias que tenía el año pasado ahora tengo 85”, relató a EL ARGENTINO. El dato refleja un aumento del 55% en la cantidad de familias que buscan viandas, un indicador de la situación crítica que atraviesan los barrios.

Con tristeza, agregó: “Estaría bueno no tener a nadie y que cada familia tenga su comida en su mesa como corresponde, pero no creo que pase eso. Está terrible la situación. Uno que está acá en los barrios lo ve diariamente, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos”.

En medio del calor, Silvia prepara viandas y organiza la tradicional Caravana de Reyes. “Es una caravana por y para los niños y niñas”, explicó. La salida será desde la placita del merendero en barrio Trinidad, a las 19 horas, y convocan a sumarse con bici, moto o auto. Para la actividad aún necesitan bolsitas de golosinas y globos.

Silvia agradeció la solidaridad de la comunidad: “Yo agradezco la colaboración de mucha gente que nos dona y no quiere ser mencionada. Gualeguaychú es muy solidario. Lo único que no me gusta es recibir dinero, nos han querido pasar plata o transferir y no de esa manera nos manejamos. Prefiero que me donen un paquete de fideos y no agarrar dinero. Después, todo es bienvenido”, dijo a EL ARGENTINO.

Los testimonios de Emilce y Silvia reflejan la situación de muchos espacios comunitarios que sostienen la alimentación y la contención de niños y familias en Gualeguaychú. Sin apoyo municipal, funcionan “a pulmón” y con la ayuda de vecinos solidarios. La falta de recursos no detiene su compromiso: talleres, meriendas, juegotecas y celebraciones siguen siendo posibles gracias a la organización barrial.

Ambas referentes coinciden en que la esperanza está en la comunidad. Mientras Emilce proyecta nuevos talleres para 2026, Silvia prepara la Caravana de Reyes con la convicción de que cada gesto suma. En sus palabras se resume la fuerza de los barrios: la solidaridad no se detiene, aunque las dificultades sean muchas. El dato del 55% de aumento en la demanda de viandas es un llamado de atención sobre la crisis social actual y la necesidad de políticas públicas que acompañen a quienes sostienen la alimentación de cientos de gurises.

El Gobierno de Gualeguaychú continúa fortaleciendo las condiciones de seguridad e higiene laboral en los edificios municipales, en el marco de la implementación del Plan de Evacuación, una política orientada a la prevención de riesgos, el cuidado del personal y la protección de los vecinos que concurren diariamente a realizar trámites.

En este contexto, desde este lunes comenzó la colocación de botiquines de primeros auxilios en distintas dependencias municipales. Las tareas, que se extenderán hasta el viernes 26, están a cargo del Área de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de Defensa Civil, bajo la coordinación de su responsable, Ana Colazzo.

La instalación de los botiquines forma parte de una serie de acciones planificadas a partir de un relevamiento técnico integral realizado en las distintas áreas y edificios municipales. Dicho relevamiento permitió evaluar condiciones edilicias, riesgos físicos vinculados a la circulación y evacuación, estado de los elementos de protección contra incendios, señalización existente y disponibilidad de insumos de primeros auxilios, identificando desvíos y necesidades prioritarias de adecuación conforme a la normativa vigente.

A partir de ese diagnóstico, se elaboraron informes técnicos específicos que fueron remitidos a las áreas correspondientes, abarcando dependencias como Planeamiento, Hacienda, Rentas, Tesorería, Jefatura de Gabinete, Habilitaciones, Mesa de Entradas, Prensa y Comunicación, Informática, Recursos Humanos, entre otras, permitiendo avanzar de manera ordenada y progresiva en las mejoras necesarias.

Entre las acciones ya concretadas se destaca la colocación de cartelería de seguridad en el Palacio Municipal, adquirida a través de un trabajo conjunto con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). En total, se instalaron 115 elementos de señalización, incluyendo indicadores de salidas, salidas de emergencia, escaleras, extintores, riesgos eléctricos y puntos de encuentro, reforzando la orientación y prevención ante situaciones de emergencia.

Asimismo, se llevó adelante la instalación de ocho nuevos extintores y la reorganización de los existentes, garantizando su correcta ubicación, accesibilidad y visibilidad en puntos estratégicos del edificio.

La colocación de los botiquines se complementa con la próxima instalación de planos de evacuación visibles y accesibles para el personal y el público, así como con la entrega del Plan de Evacuación a todo el personal municipal. Este instrumento contempla la identificación de rutas de escape, salidas de emergencia, señalización adecuada y procedimientos de actuación ante distintos escenarios de riesgo.

En paralelo, el Área de Seguridad e Higiene Laboral llevará adelante capacitaciones presenciales en cada oficina y repartición municipal, con el objetivo de informar al personal sobre las acciones, roles y responsabilidades ante una evacuación. Una vez finalizada esta etapa, se realizará el simulacro de evacuación correspondiente en el edificio municipal.

Estas acciones representan un avance significativo en la gestión de la seguridad e higiene laboral, consolidando una política pública que prioriza la prevención, la planificación y la presencia del Estado para garantizar entornos laborales más seguros y adecuados.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo revés judicial en el contexto de un recurso de amparo que presentó el hijo de una afiliada con discapacidad solicitando la cobertura integral de internación en un geriátrico. El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este miércoles “hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por LAG, en representación de su madre, con patrocinio letrado, y ordenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que arbitre los recursos económicos y humanos necesarios a los fines de garantizar la inmediata cobertura integral, de la afiliada, de la prestación de internación” en una residencia privada de Paraná.

La resolución se ajustó al pedido y se emitió “conforme a los valores del módulo ‘hogar permanente categoría A’ del nomenclador aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación junto a la Agencia Nacional de Discapacidad, mediante Resolución Conjunta Nº 2/25, y/o las que en el futura la modifiquen o reemplacen, desde el mes de septiembre de 2025, mientras dure la necesidad de internación”.

También le ordenó a la vencida que “abone las prestaciones atrasadas por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025 por ella misma reconocidos; por los motivos expuestos en los considerandos” y le impuso las costas de la presente acción de amparo.

El magistrado precisó que “así las cosas, las cuestiones que debo resolver son: 1) ¿si corresponde otorgar una categoría de internación bajo modalidad de hogar diferente a la reconocida por la obra social, esto es categoría “A” en lugar de “C”?; 2) en su caso ¿qué plazo de duración de la cobertura debe imponerse?; y 3) si corresponde ordenar a la OSER que abone la cobertura adeudada por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

No puede ser calificada como integral

Tras analizar las posiciones del amparista y la demandada, Budasoff concluyó que “la conducta de la obra social plasmada, tanto en la respuesta otorgada a la afiliada ante el pedido…, como en la falta de pago de los meses de la prestación por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, no puede ser calificada como integral en los términos normativos que he descripto más arriba y por tal constituye un acto de autoridad que lesiona de manera manifiestamente ilegítima el derecho a la salud y a la mejor calidad de vida de la su afiliada híper vulnerable con discapacidad, surgiendo tal ilegitimidad en grado de evidencia dentro del margen de apreciación que permite la naturaleza sumaria del amparo”.

Así, entendió que “en consecuencia, corresponde hacer lugar a la presente acción de amparo y ordenar a la Obra Social de Entre Ríos demandada que arbitre los recursos económicos y humanos necesarios a los fines de garantizar la inmediata cobertura integral…”. (Fuente: APFDigital)