Con motivo del cierre de las actividades conmemorativas por el Mes de la Salud Mental, la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú convocó a la comunidad local a participar de una agenda pública centrada en la visibilización de reclamos del sector, la exigencia de políticas públicas y el fortalecimiento del abordaje comunitario en la atención sanitaria. El espacio está integrado por referentes de organizaciones locales, trabajadores del ámbito de la salud y la educación, personas jubiladas y usuarios del sistema.

Las actividades comenzarán el jueves 29 de octubre a las 19:30 horas con una vigilia en el Espacio Cultural Sinergia, ubicado en Leandro N. Alem N° 36, donde se ofrecerán propuestas abiertas como cine debate, una representación teatral sobre la identidad y un servicio de cantina a precios populares. La programación continuará el viernes 30 de octubre con una concentración fijada a las 17:30 horas en Plaza Urquiza, desde donde la movilización se desplazará hacia la Plaza San Martín. En el lugar de llegada se dará lectura a un documento institucional y se llevará a cabo un festival con la presentación de artistas locales de la música, el baile y la poesía.

Según señalaron desde la organización a través de un comunicado oficial enviado a este medio, las jornadas apuntan a reinstalar las prioridades presupuestarias y asistenciales de la zona. Desde la Asamblea explicaron que la convocatoria busca "reivindicar los derechos conquistados, alzar la voz en defensa de aquellxs a los que se les esta quitando los mismos y volver a poner en agenda las demandas que atraviesan al sector".

Entre los puntos que integran el petitorio figuran el financiamiento real para la salud pública, el acceso universal a tratamientos gratuitos, la consolidación de redes comunitarias de cuidado, la aplicación de la Ley Nacional N° 26.934 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y la declaración de la emergencia en salud mental.

Uno de los ejes centrales expresados en la gacetilla radica en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en el año 2010. Al respecto, el espacio evaluó el estado de aplicación de la normativa y manifestó: "Su artículo 32 establece que el poder ejecutivo debe destinar como mínimo el 10% del presupuesto total de salud al campo de la salud mental y nunca se alcanzó ese porcentaje. La falta de presupuesto, los recortes en salud se traducen en guardias colapsadas, turnos a meses de distancia, tratamientos interrumpidos, y equipos territoriales diezmados".

Asimismo, agregaron que "aplicar la ley implica un presupuesto real, que postula pasar del encierro a la comunidad, del control a una perspectiva de derechos, y de una mirada individual a una mirada comunitaria y social".

Por otra parte, el documento emitido por la Asamblea manifiesta la oposición del colectivo a las propuestas de reforma legislativa en debate parlamentario. Según expresaron en la comunicación oficial, "los intentos de modificación presentados en el Congreso significan un retroceso al avance de los derechos humanos", debido a que "el proyecto de mayoría reinstala el modelo basado en el hospital psiquiátrico, debilitando así el abordaje comunitario".

También señalaron que "habilita las internaciones involuntarias con criterios poco claros" y "desplaza la lógica interdisciplinaria hacia un modelo con mayor preeminencia del enfoque médico". Frente a las deficiencias detectadas en el sistema actual, la organización concluyó que "la respuesta no puede ser volver a un modelo que se ha revelado dañino para las personas e ineficaz", ratificando la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas para el cierre de octubre.

La Municipalidad de Gualeguaychú avanza con las tareas de reconstrucción de la vereda en el predio del Club de Pescadores, sobre la Costanera Sur, en el tramo ubicado entre el inicio del sector y la intersección con la calle 3 de Febrero. La intervención busca resolver los deterioros estructurales existentes y optimizar la accesibilidad peatonal en un punto estratégico del circuito ribereño.

Actualmente, las labores se concentran en la construcción del nuevo contrapiso de hormigón. Para ello, se dispone una armadura de refuerzo compuesta por paños de malla electrosoldada sobre el terreno previamente nivelado. La delimitación de los bordes se realiza mediante encofrados metálicos que contención del material y fijan el nivel definitivo del suelo junto al cordón cuneta.

De forma previa a esta etapa, se llevó a cabo la demolición total de la estructura anterior, que presentaba un alto grado de deterioro, mediante el levantamiento del solado y el picado completo del contrapiso afectado. El origen principal de las roturas radicaba en el crecimiento de las raíces arbóreas que habían elevado la superficie. Estas raíces fueron reducidas de manera paulatina para resguardar la estabilidad de los ejemplares, con excepción de un ciprés que debió ser removido debido a que deformaba el trazado con elevaciones de hasta 30 centímetros.

Una vez finalizado el contrapiso, se procederá a la colocación de baldosas elaboradas por la Fábrica Municipal Cooperativa (Famuco), espacio abocado a la producción de insumos para la obra pública local. Los materiales fueron adquiridos por la institución deportiva, mientras que la mano de obra está a cargo de una cooperativa de trabajo bajo la supervisión técnica de la Dirección de Obras Públicas.

El proyecto integral contempla la construcción de nuevas rampas peatonales y de acceso al predio, sumado a la reforma de un desagüe pluvial que atraviesa la fachada. Asimismo, se entubó el canal de drenaje del sector para ordenar el escurrimiento hídrico.

Esta intervención permitirá además vincular de forma directa la Costanera Sur con el Paseo Costero del ex Frigorífico mediante un sendero peatonal contiguo a la intersección de las calles 3 de Febrero y Almirante Brown. Para habilitar este nuevo recorrido y garantizar una circulación continua sin barreras físicas, se retirará el cerco perimetral ubicado en la esquina, mejorando la integración y la visibilidad de todo el entorno público.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dará continuidad este martes 20 de octubre, desde las 12 horas, al tratamiento en comisión del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propone reformar diversos artículos de la Ley Provincial Nº 5.315, reguladora del Código Procesal Laboral. El trabajo de comisiones unificadas entre Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y la Comisión de Trabajo, se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados.

En esta instancia legislativa, la convocatoria abarca a referentes de entes autárquicos y de entidades del sector comercial e industrial provincial, con el propósito de abordar el impacto técnico de la norma propuesta. Entre las presencias confirmadas para la jornada se encuentran Miriam Clérici, en representación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); Carolina Díaz, jefa de asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; e Ignacio Subizar, gerente de Administración de las Comisiones Médicas. Asimismo, concurrirá Mauricio Benitende, titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CCIP), sumando la visión del sector mercantil y empresarial al tratamiento de la medida.

Otro de los puntos de discusión radica en el reordenamiento de la determinación de incapacidades físicas por riesgos del trabajo. El proyecto contempla la creación de tres cargos dentro del Poder Judicial destinados a constituir un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos. Quienes integren dicho organismo serán designados por concurso público de oposición y antecedentes, percibiendo una remuneración fija para asegurar la independencia técnica en los dictámenes y garantizar la aplicación estricta de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. En paralelo, el texto del proyecto prevé la exención del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales para la administración estatal provincial y sus dependencias autárquicas.

El debate complementa las reuniones concretadas previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por la diputada Gabriela Lena, donde hicieron sus aportes directivos del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación y asesores jurídicos del Poder Legislativo.

Durante su alocución, Kicillof fue categórico al criticar la política del Poder Ejecutivo: “Estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”. El mandatario bonaerense abogó por un esquema estratégico y federal, señalando que “es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y más federal. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios”.

En la misma línea, Llaryora cuestionó duramente la postura del Gobierno central frente al desarrollo: “La Nación no construye ni un bicicletero. Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión ni de construir un parque industrial. El octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión; el desarrollo de toda esta potencia argentina necesita un acuerdo básico”.

“Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof. Te sacan la coparticipación a la Ciudad, vuelve la 125 a Córdoba o dejan sola a Santa Fe contra el narcotráfico”, sostuvo el funcionario nacional.

Pese a los contrapuntos expresados en el CFI, en el Gobierno confían en mantener estos acuerdos puntuales y lograr el respaldo parlamentario para avanzar con la reforma electoral y las iniciativas estructurales del Ejecutivo.

El Senado convirtió en ley el proyecto de ley de Zonas Frias, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deje sin ese beneficio a más de un millón de personas

La iniciativa fue sancionada por 38 contra 8 votos.

El tratamiento del proyecto se inició tras haber sancionado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo deberá garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados afectará a más de 1 millón de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis

Detalles

El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna.

También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

La medida consolida una reforma integral surgida del diálogo con los sectores productivos, reemplazando regulaciones con varias décadas de antigüedad, como la Ley Nº 6.260 de 1978; e introduciendo un sistema unificado, digital y transparente.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el alcance de la reglamentación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: "Esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia. Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa. La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial".

En esa misma línea, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, remarcó la solidez normativa y los principios que sustentan la reglamentación: "Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo. El decreto reglamentario se fundamenta en los mandatos de nuestra Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente, garantizando el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras.

Ponemos en marcha herramientas clave como el Certificado Único Ambiental; que unifica y reemplaza a todos los trámites anteriores, porque el desarrollo productivo solo es posible en armonía con la preservación, conservación y mejoramiento del ambiente, especialmente en una provincia como la nuestra".

Uso de suelo y participación ciudadana digital

La Secretaría de Ambiente acompañó la puesta en vigencia del régimen con la emisión de resoluciones complementarias clave. Por un lado, se aprobó un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, diseñado para orientar la tarea de los municipios y comunas; garantizando un criterio unificado en toda la provincia mientras se respeta de manera irrestricta la autonomía de los gobiernos locales, quienes continúan siendo los únicos competentes para otorgar dicha factibilidad.

Por otro lado, la Secretaría dispuso recientemente una nueva modalidad digital para las instancias de participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental. Esta herramienta busca ampliar y democratizar los canales de consulta pública en sintonía con los postulados del Acuerdo de Escazú; permitiendo que la ciudadanía acceda a la documentación ambiental y presente sus observaciones de forma remota y ágil.

Finalmente, el régimen prevé la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental; estableciendo un esquema de cooperación con los gobiernos locales que compartirá el producido de las sanciones para fortalecer el monitoreo territorial permanente en toda la provincia.

La reforma viene a reemplazar un marco normativo que había quedado desconectado de la realidad criminal de estas décadas. Establecer un tope de 15 años de prisión y prohibir la prisión perpetua para menores son intentos de ordenar un sistema que, hasta hoy, operaba muchas veces en grises jurídicos.

Para una parte de la sociedad, esta ley responde a una demanda urgente. El argumento central es que quien comprende la criminalidad de sus actos debe asumir las consecuencias, y que el Estado no podía seguir sin herramientas procesales claras frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Desde esta óptica, la nueva ley aporta un principio de responsabilidad.

Sin embargo, el análisis queda trunco si no se observa la otra cara del fenómeno. Especialistas en niñez y derechos humanos señalan, con evidencia estadística, que el endurecimiento de las penas no se traduce mecánicamente en una reducción de la criminalidad. Criminalizar a los 14 años sin un abordaje preventivo sólido corre el riesgo de convertir al sistema penal en la única respuesta del Estado ante jóvenes que, en muchos casos, ya han sido expulsados del sistema educativo y de la red de contención social.

El debate que se abre ahora no debería clausurarse con la promulgación de la ley. La verdadera discusión es si la estructura estatal —desde los juzgados hasta los institutos de menores— está capacitada para implementar las "penas alternativas" que menciona el texto, o si los adolescentes terminarán depositados en un sistema carcelario que históricamente ha fallado en su objetivo de resocialización.

Modificar la ley era quizás un paso ineludible ante el agotamiento del régimen anterior. Pero creer que el Código Penal por sí solo resolverá un problema que nace en la fractura social es, cuanto menos, una lectura incompleta del desafío que tenemos por delante.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) aprobó el pasado 5 de agosto un nuevo Régimen de Afiliaciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 11.202, de creación de la Obra Social, y su modificatoria, Ley Nº 11.236.

Entre las principales innovaciones incorporadas por la nueva normativa se encuentra la ampliación del límite de edad para los hijos de afiliados titulares que cursen estudios universitarios o terciarios oficiales.

Hasta el momento la cobertura en esta condición se extendía hasta los 26 años y ahora los hijos estudiantes podrán permanecer afiliados hasta cumplir los 27 años de edad, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta categoría.

La modificación responde a los cambios sociológicos y culturales que se han producido en las últimas décadas y que han determinado una extensión de las diferentes etapas vitales de las personas. En la actualidad, numerosos jóvenes inician, desarrollan y finalizan sus estudios en edades posteriores a las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura, por lo que resulta necesario adecuar las normas a estas nuevas realidades.

Asimismo, una de las principales novedades del nuevo régimen consiste en que, una vez cumplidos los 27 años, las personas que deseen continuar contando con la cobertura de OSER podrán hacerlo a través del sistema de Afiliación Voluntaria, mediante el pago de la cápita correspondiente.

De esta manera, OSER no sólo amplía la edad de permanencia de los hijos estudiantes dentro de la afiliación derivada de sus padres titulares, sino que también establece una alternativa para evitar la pérdida automática de cobertura al alcanzar el límite de edad previsto.

La incorporación de la Afiliación Voluntaria permite que quienes concluyen esta etapa puedan optar por mantener su vínculo con la Obra Social y continuar accediendo a sus prestaciones, garantizando una transición ordenada y una mayor continuidad en la cobertura de salud.

Con este nuevo Régimen de Afiliaciones, OSER avanza en la adecuación de su normativa a las necesidades actuales de sus afiliados, incorporando herramientas que brindan mayor previsibilidad, continuidad de cobertura y alternativas de permanencia dentro del sistema. (APFDigital)

(Fuente: APFDigital)

El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral, por establecer una reducción en las indemnizaciones e incumplir tres artículos de la Constitución Nacional.

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma. Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”.

La Libertad Avanza debió reconfigurar su dinámica de trabajo en el Senado de la Nación y decidió acotar su agenda parlamentaria a un grupo reducido de iniciativas consideradas fundamentales por la Casa Rosada. La decisión responde a la dificultad para construir mayorías amplias en un escenario marcado por el alejamiento progresivo de los gobernadores provinciales, quienes comienzan a perfilar sus estrategias de cara al calendario electoral de 2027.

Patricia Bullrich, tomó nota del cambio de clima político en el recinto y de la necesidad de evitar nuevas derrotas legislativas. La experiencia reciente con la ley de Propiedad Privada —que obligó al Poder Ejecutivo a retirar capítulos centrales para evitar un rechazo en el recinto— dejó en evidencia la falta de mayoría propia y la obligatoriedad de negociar cada dictamen de manera individual con las fuerzas dialoguistas.

En este marco, las prioridades del oficialismo para la segunda mitad del año estarán concentradas en el paquete económico. La principal apuesta será convertir en ley el denominado "Super RIGI", un régimen de incentivo que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que busca atraer inversiones orientadas a inteligencia artificial, energía y minerales críticos. El oficialismo proyecta dictaminar esta iniciativa en comisión el 20 de agosto, para llevarla al recinto en la sesión prevista para el 27 de agosto junto a un paquete de aproximadamente 60 pliegos judiciales.

A la par del Super RIGI, la nómina de prioridades del Gobierno incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la presentación del Presupuesto 2027, cuyo ingreso por la Cámara de Diputados está programado para el próximo 15 de septiembre.

Como parte de las concesiones para mantener el canal de diálogo abierto con las provincias, el oficialismo impulsará esta semana el dictamen del marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono, una iniciativa presentada por los senadores Flavia Royón (Salta), Carlos Arce y Sandra Rojas Decut (Misiones). Este proyecto busca crear un sistema transparente de certificación y comercialización de créditos derivados de la reducción de gases de efecto invernadero.

En contraposición, otros proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo avanzarán a un ritmo más lento o quedarán temporalmente congelados. La reforma integral de la Ley General de Sociedades, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, continuará en fase de debate con especialistas debido a los reparos que genera la figura de la “Sociedad Automatizada”, operada mediante inteligencia artificial. Por otra parte, iniciativas como la reforma electoral para la eliminación de las PASO, las modificaciones a la Ley de Salud Mental y los proyectos sobre Zonas Frías han quedado suspendidos a la espera de un escenario político más favorable.

Una movilización cultural impulsada por artistas, referentes sociales y vecinos autoconvocados de la ciudad se prepara para tomar el espacio público durante la tarde del fin de semana en la zona de los Obeliscos de la Costanera local.

La iniciativa surge de manera espontánea ante la inminencia del tratamiento parlamentario en el Senado de la Nación de un proyecto normativo que propone modificaciones estructurales a la Ley de Tierras. Ante la trascendencia de las reformas impulsadas a nivel nacional, la comunidad busca generar un espacio de encuentro, debate e información directa cara a cara para concientizar a la población sobre los alcances del proyecto legislativo.

La propuesta central del encuentro gira en torno a utilizar el arte como una herramienta de comunicación popular y de construcción colectiva. Durante la tarde, el público podrá presenciar diversas manifestaciones culturales en vivo, entre las que se destacan espectáculos de danza, presentaciones de bandas locales, lectura de poesía, el ritmo de una cuerda de candombe e intervenciones de pintura en directo.

Entre las principales preocupaciones planteadas por las asambleas locales se destacan la flexibilización de los límites a la venta de campos a firmas extranjeras y el impacto social que esto generaría en las zonas rurales. Asimismo, advierten sobre la vulneración de derechos para familias originarias, la Quita de protecciones sobre áreas afectadas por incendios y los riesgos vinculados al control de fuentes de agua dulce, ríos como el Uruguay y el Paraná, y áreas con recursos estratégicos.

El presidente Javier Milei anunciará hoy por Cadena Nacional, los detalles de una reforma del Banco Central que apunta a prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. La iniciativa modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y será presentada como uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión.

El mensaje será grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del equipo económico. La medida había sido anticipada en los últimos días, cuando el Gobierno confirmó que Javier Milei daría una Cadena Nacional para hablar del Banco Central.

Qué propone la reforma del Banco Central

El objetivo central del proyecto es establecer la preservación del valor de la moneda como mandato prioritario de la entidad. En esa línea, el Gobierno busca impedir cualquier tipo de asistencia monetaria directa o indirecta al Tesoro, una de las banderas económicas más repetidas por Milei desde la campaña.

En el diseño de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará a la Cámara de Diputados después del receso invernal.

Entre los cambios previstos, el proyecto incorpora un régimen de sanciones penales para funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten mecanismos de financiamiento al Poder Ejecutivo. También elimina la transferencia de utilidades contables al Tesoro y prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir al Estado.

La propuesta además endurece los requisitos y causales para remover al presidente y a los directores de la entidad, con el objetivo de reforzar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno. En materia monetaria, el Banco Central ya viene tomando decisiones de impacto, como cuando el BCRA eliminó la fecha límite para canjear dólares viejos y rotos.

La discusión por la Ley de Tierras volvió a poner en agenda uno de los casos más emblemáticos vinculados a la propiedad rural en Argentina: la venta de Valle Hermoso, una pequeña localidad de La Rioja que en 2008 quedó comprendida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense. La transacción incluyó campos, montañas, fuentes de agua y también el pueblo, con sus habitantes, una escuela, una capilla y un puesto sanitario.

El antecedente cobró nueva relevancia mientras el Congreso analiza el proyecto oficial que busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que la normativa desalienta inversiones, sectores que rechazan la iniciativa alertan sobre un eventual impacto en la soberanía y el control de recursos estratégicos.

En ese contexto, el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien encabezó la defensa judicial de los habitantes de Valle Hermoso, recordó el proceso que permitió reconocer los derechos de la comunidad y cuestionó cualquier intento de flexibilizar la legislación vigente.

"Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado", afirmó Rodríguez en declaraciones al programa Total Normalidad, de Futurock.

El funcionario recordó que la operación inmobiliaria implicó, en los hechos, la venta de toda la comunidad. "Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina", sostuvo.

Rodríguez explicó que el conflicto permitió dejar en claro la diferencia entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra. "Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras", afirmó.

El caso de Valle Hermoso evidenció un vacío legal que permitía la compra de grandes extensiones de territorio sin restricciones específicas, incluso cuando incluían poblaciones consolidadas o recursos hídricos estratégicos.

Como respuesta, en 2011 el Congreso sancionó la Ley de Tierras Rurales, que estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó restricciones para inmuebles con cuerpos de agua y definió topes máximos de superficie por titular extranjero.

Para Rodríguez, tanto la sanción de la ley como el fallo judicial fueron determinantes. "La ley fue clave, pero también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene su posesión reivindicada", destacó.

El fiscal también reveló que el comprador extranjero nunca avanzó judicialmente para reclamar las tierras adquiridas.

"Quien adquirió la tierra jamás se presentó a reclamarla. Se decía que iba a litigar en tribunales de Estados Unidos, pero nunca ocurrió", señaló.

Además, recordó que durante la operación se detectaron incumplimientos administrativos. "Se omitió presentar un proyecto de desarrollo frente al ministerio, un requisito esencial. En ese momento instamos una resolución para suspender la compra de inmediato", indicó.

Frente al nuevo debate parlamentario, Rodríguez manifestó su rechazo a una eventual flexibilización de la norma. "Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender los límites a la propiedad", remarcó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener una modificación de la legislación. "Este proyecto pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables", concluyó.

(Fuente: El Once)

Docentes entrerrianos enrolados en Agmer anunciaron un nuevo paro, para manifestarse en contra de la Reforma Previsional. La medida de fuerza es una más de las que viene llevando adelante el gremio, no solo por la iniciativa que está a próxima a aprobarse en la Legislatura, sino que además por un reclamo salarial que consideran no resuelto.

“Este miércoles, mientras las y los diputados sesionen definiendo el futuro de nuestra Ley Previsional, estaremos en las calles diciendo NO a la reforma; NO a la quita de derechos; NO al saqueo. Porque no pueden definir a espaldas del pueblo trabajador: todos y todas convocados a concentrar y marchar a Casa de Gobierno”, indicaron los maestros en un comunicado publicado en la página web de Agmer. Y agregaron: “Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional”.

Desde el sindicato acotaron luego: “Este miércoles, luego de que el senado le diera media sanción en forma más que exprés a algo que definirá el presente y el futuro de todas y todos los entrerrianos, las y los diputados de nuestra provincia, emulando también la velocidad de los anteriores, votarán una reforma que nadie pidió y a la que la docencia y el pueblo trabajador se niega rotundamente“.

El debate sobre la propiedad de la tierra sumó un nuevo capítulo tras las advertencias de juristas e investigadores ante el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado en el Senado nacional. La iniciativa busca derogar los artículos centrales de la Ley de Tierras (26.737), eliminando el tope del 15% para la titularidad de inmuebles rurales en manos de personas o empresas extranjeras, así como los resguardos en zonas de frontera.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó que la Constitución protege la propiedad privada, pero no convierte al territorio en una mercancía, advirtiendo que renunciar al control sobre quién adquiere áreas estratégicas compromete la soberanía nacional. Por su parte, Matías Oberlin, investigador del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, precisó que actualmente existen más de 13 millones de hectáreas bajo dominio foráneo, con casos críticos en Neuquén, La Rioja, Salta y Corrientes donde la extranjerización supera el 30% y hasta el 50% departamental.

Desde el Observatorio señalaron que la desregulación afectará bienes comunes como cuencas de agua dulce, minerales e infraestructura logística, encareciendo el valor de la tierra y dificultando el acceso a productores locales.

El debate por la reforma del sistema previsional en la Cámara de Diputados de Entre Ríos sumó en las últimas horas un fuerte componente de apelación personal y gremial. A través de una carta abierta que tomó trascendencia pública, Sergio Fabián Musich, un reconocido trabajador del Estado provincial que se desempeña en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), le solicitó formalmente a la diputada Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos) que rechace el proyecto impulsado por la gestión provincial que busca la "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

La iniciativa, que ingresó formalmente a la Cámara baja luego de obtener media sanción en el Senado, generó una inmediata reacción en el ámbito laboral y sindical. En ese marco, Musich apeló directamente a la trayectoria gremial de la actual legisladora —quien además preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Diputados— para pedirle que mantenga la coherencia con las demandas que ambos compartieron en el pasado dentro del sector público.

En el texto de la carta, el empleado estatal recordó los años en que compartieron la militancia en defensa de los derechos de los trabajadores y le pidió explícitamente que diga "No" a la modificación del esquema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Musich evocó las jornadas de lucha compartidas por la restitución y defensa del 82% móvil, la pelea por salarios dignos y la resistencia frente a persecuciones laborales durante distintas administraciones provinciales.

Asimismo, remarcó que las conquistas obtenidas en el organismo recaudador fueron fruto del esfuerzo colectivo y sin distinciones políticas. En un tramo central del mensaje, el trabajador le señaló a la legisladora que su actual condición de jubilada con un haber digno, producto de su carrera en la administración pública, le otorga fundamentos éticos y técnicos suficientes para oponerse al articulado promovido por el oficialismo.

"Hágalo por quienes dieron todo y hoy ya no están, hágalo por el futuro de quienes seguimos trabajando y hágalo también por usted, porque forma parte de esa historia de lucha", expresó el trabajador de ATER en el escrito, en el que reivindicó la condición de "compañera" de la diputada oficialista pese a las diferencias políticas del presente.

El reclamo individual de Musich se suma a las manifestaciones que los distintos gremios docentes, judiciales y de la administración central vienen desplegando tanto en las afueras de la Legislatura provincial como en los plenarios de comisiones, en un intento por frenar o modificar sustancialmente el avance del proyecto oficial antes de su eventual llegada al recinto para la votación definitiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles la nueva Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno pretende movilizar los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal. El texto fue revisado junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios, después de las objeciones planteadas a la primera versión. El Poder Ejecutivo lo enviará el jueves a la Cámara de Diputados.

La demora obligó a extender hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias. Los cuestionamientos se concentraban en las condiciones para ingresar al régimen, el tratamiento de las operaciones inmobiliarias y las facultades de ARCA para impugnar las declaraciones simplificadas. La versión que expondrá Caputo modifica esos puntos antes del debate parlamentario.

Quiénes podrán ingresar al régimen

La reforma elimina los límites de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que restringían el acceso. Podrán adherirse quienes tengan residencia fiscal en la Argentina y no estén incluidos en la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales. La supresión de los topes amplía el universo alcanzado por el esquema.

El “tapón fiscal” impide que ARCA cuestione el origen de los fondos tomando como referencia las variaciones patrimoniales del contribuyente. Esa protección se conserva mientras se respeten las condiciones previstas por la ley. El régimen está orientado a personas que decidan incorporar sus ahorros al sistema mediante la declaración simplificada.

Qué cambia para las operaciones en efectivo

Los pagos en efectivo consignados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen. La aclaración alcanza especialmente a las compraventas inmobiliarias que se realizan con dólares físicos y luego quedan documentadas ante escribano. Esa modalidad de pago no provocará por sí sola la pérdida del “tapón fiscal”.

La adhesión deberá ser considerada un antecedente favorable por bancos, escribanos y demás sujetos obligados cuando apliquen los controles exigidos por la Unidad de Información Financiera (UIF). El punto había sido reclamado por profesionales y contribuyentes que temían mantener dificultades para justificar sus operaciones aun después de ingresar al esquema. El texto incorpora ahora esa referencia de manera expresa.

ARCA tendrá que demostrar las diferencias

La ley seguirá considerando significativa una discrepancia superior al 15% entre lo declarado y el ajuste determinado por ARCA. Habrá una excepción cuando la diferencia no supere el 5% del monto fijado para el delito de evasión simple. Con el umbral penal actualmente establecido en $100 millones, el límite se ubica cerca de los $5 millones.

El contribuyente podrá rectificar su declaración y pagar la diferencia dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Si cumple con ese procedimiento, conservará los beneficios y continuará amparado por el “tapón fiscal”. La corrección dentro del plazo evitará la exclusión inmediata del régimen.

ARCA tendrá la carga de probar que existe una discrepancia significativa. El organismo también verá limitada la utilización de determinadas presunciones para impugnar las declaraciones simplificadas, incluidas algunas relacionadas con depósitos bancarios. Esos cambios habían sido solicitados por los tributistas que participaron de las conversaciones con el equipo económico.

Cuántos contribuyentes ya se sumaron

Más de 330.000 contribuyentes se adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. De ese total, 170.115 completaron la presentación y cerca de 99.000 mantienen sus declaraciones guardadas como borradores. Según el Gobierno, las adhesiones aumentaron con mayor intensidad durante el último mes.

La prórroga hasta el 27 de agosto permitirá que quienes todavía no completaron el trámite conozcan el contenido definitivo de la reforma. El proyecto comenzará su recorrido en Diputados, donde el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para modificar las condiciones del régimen ya vigente. La presentación de Caputo marcará el inicio formal de esa discusión. Perfil

En enero de 2024, mientras el Congreso debatía la llamada Ley Ómnibus, Javier Milei lanzó una amenaza que ocupó los titulares: si los legisladores bloqueaban sus reformas, apelaría a una consulta popular. Nunca ocurrió.

No era la primera vez. Carlos Menem también amagó con consultar a la ciudadanía. Esta votación tampoco pasó, pero el decreto de convocatoria incentivó la negociación que derivó en el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución de 1994. El acuerdo impulsado por el ex presidente Raúl Alfonsin buscó evitar el divorcio entre el apoyo a un líder popular y una legalidad que impedía la reelección que buscaba Menem.

Diez años antes se había producido la única consulta de la historia democrática del país, cuando Alfonsín convocó el plebiscito por el Tratado del Beagle (el conflicto de límites que estuvo al borde de conducirnos a la guerra con Chile). Mucho más atrás en el tiempo, el primer gran plebiscito de la argentina acompañó la concentración de poder de Juan Manuel de Rosas en 1835, dejando una huella profunda en los arquitectos de la futura república, Juan Baustista Alberdi y Domingo Sarmiento. Esta es casi toda la historia nacional de los plebiscitos y referendos.

Las provincias tienen mucho más para contar: Corrientes (1913) y Mendoza (1916) fueron las primeras en incorporar mecanismos de democracia directa, seguidas por Córdoba (1923), Santa Fe (1921, pero entró en vigor en 1932), Entre Ríos (1933) y la provincia de Buenos Aires (1934). Más tarde, después del golpe de 1955, una nueva ola de elaboraciones constitucionales los introdujo en los territorios nacionales provincializados. La tercera ola se inició con la última transición a la democracia.

En nuestra provincia, Entre Ríos, el proceso constituyente que incorporó estos mecanismos fue impulsado por el gobierno del radical Luis Lorenzo Etchevehere (1932-1935) en un contexto de fuerte conflicto con la Iglesia católica. No es un detalle menor que en 1915 se judicializó un conflicto porque la Iglesia se resistía a entregar al gobierno copias de los libros de bautismo y defunción para depurar los padrones electorales. La nueva constitución buscaba la modernización institucional e introdujo herramientas inéditas para la época, como la iniciativa, el referéndum y la revocatoria de mandato. Para algunos constituyentes aquello era "demasiado futurista". Visto desde la actualidad, la observación resulta llamativa: muchas de esas herramientas permanecieron sin uso.

Para 2026, 18 provincias regulan el referéndum obligatorio; 22 las consultas populares y 15 la revocatoria de mandato. Pero entonces, si existen, ¿por qué apenas los vemos funcionar? La cuestión debe ser matizada. Se han registrado al menos 24 intentos de activación desde 1987 (a los que se suman decenas de votaciones locales, con decenas de prácticas de la revocatoria en Córdoba).

Mirar la historia argentina desde esta perspectiva permite descubrir episodios poco conocidos. Fueron provincias gobernadas por sectores conservadores las primeras en incorporar mecanismos de democracia directa. No fue el peronismo sino los gobiernos de intervención posgolpe del 55 los que los incorporaron en Chaco, Neuquén y Misiones. Santa Cruz habilitó la reelección indefinida de Néstor Kirchner mediante una consulta convocada sin base legal expresa un año antes de que Hugo Chávez reformara la constitución venezolana por esta vía. Hubo consultas ambientales impulsadas por vecinos en distintos puntos del país, en general con escaso éxito. La mayoría de las iniciativas ciudadanas terminan archivadas sin siquiera ser discutidas.

En las prácticas recientes, lejos del ideal participativo, los protagonistas fueron los gobernadores que buscaban la reelección (pero no todos tuvieron éxito), mientras que las iniciativas ciudadanas se convierten en el ejemplo más flagrante de su fracaso.

El problema más que jurídico es político. Durante décadas convivieron en Argentina dos formas distintas de limitar la participación ciudadana. Una, heredera del republicanismo conservador, desconfía de la intervención popular y prefiere dejar las grandes decisiones en manos de las élites. La otra habla en nombre del pueblo, pero reserva la capacidad de decidir a líderes fuertes o estructuras partidarias jerárquicas y rígidas.

“De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina”, un libro escrito junto con María Laura Eberhardt (Editorial Prometeo, 2026) reconstruye, por primera vez de manera sistemática, más de un siglo de debates y experiencias con la democracia directa. La obra revela las formas en que se disputa y redefine el poder político en la Argentina. No idealiza estos instrumentos. La experiencia internacional muestra que pueden fortalecer la democracia, pero también ser utilizados por líderes autoritarios o populistas para concentrar poder. Los ejemplos abundan, desde Napoleón hasta Hugo Chávez.

Detrás de esos casos aparece un patrón más amplio. La democracia directa funciona como un espejo de la representación política. Allí donde existen instituciones sólidas y reglas claras, puede ampliar la capacidad de decisión ciudadana, como ocurre en Suiza o en nuestro vecino Uruguay. Allí donde predominan el personalismo y la concentración del poder, suele transformarse en un instrumento más de la disputa entre dirigentes o en papel mojado.

Hoy Argentina atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política. Cada vez que la representación entra en crisis reaparece la idea de consultar directamente a la ciudadanía. Ocurrió con Menem, con Milei y probablemente volverá a ocurrir. La pregunta no es si habrá nuevos referéndums o consultas populares. La pregunta es quién decide, cómo decide y cuánto puede intervenir la ciudadanía en la toma de decisiones.

“De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina” se presentará en la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú el 25 de julio, a las 15.30 horas.

Yanina Welp

Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)

El portavoz presidencial Adrián Ravier defendió con firmeza la estrategia económica de la administración de Javier Milei. En una extensa entrevista en Infobae a la Tarde, el economista liberal rechazó de plano que exista una crisis generalizada de ingresos y aseguró que el Gobierno nacional no comparte el diagnóstico opositor de que "la gente no llega a fin de mes".

"No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación compleja, pero decirlo de manera generalizada da la sensación de que todos los argentinos viven exactamente la misma realidad", planteó el vocero.

Para respaldar su postura, Ravier señaló que diversos indicadores muestran una tendencia a la baja en la pobreza y la indigencia, apoyándose en datos recientes del INDEC, la UCA y UNICEF. Según su análisis, la marcada desaceleración de la inflación ha permitido una recomposición progresiva en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

De cara al escenario electoral, Ravier ratificó que el Ejecutivo no apelará a medidas populistas de estímulo al consumo:

En línea con las medidas adoptadas por la Municipalidad destinadas a la eliminación de tasas y la reducción de cargas administrativas que pesaban sobre los contribuyentes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Gualeguaychú aprobó la Ordenanza n° 13084/2026 que modifica el Código de Edificación de la ciudad (Ordenanza n.° 7329/74) y deroga de forma definitiva el registro profesional municipal.

La iniciativa se acopla a las acciones que la gestión local viene sosteniendo bajo el criterio de modernización y desburocratización del Estado. El registro municipal era un obstáculo burocrático innecesario para los profesionales y para la propia administración, ya que el control de la matrícula corresponde, por ley provincial, a los colegios profesionales.

La reforma modifica los artículos 17 y 23 del reglamento de edificación vigente. Con este cambio, los ingenieros civiles, arquitectos, maestros mayores de obra e instaladores ya no requerirán un alta en las dependencias de la comuna para poder ejercer. En su lugar, la Municipalidad validará la habilitación a través de las credenciales de las entidades de la provincia.

El nuevo articulado introduce la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar el inicio y seguimiento de las carpetas de obra, permitiendo que la vigencia de las matrículas se corrobore mediante certificaciones digitales, credenciales electrónicas, códigos QR o sistemas de validación que certifiquen de manera inmediata la identidad y las incumbencias del profesional.

A su vez, la norma ratifica las responsabilidades de los propietarios y profesionales en los alcances del código, al tiempo que permite delegar formalmente las gestiones de tramitación de expedientes de permisos en terceras personas para dinamizar el trabajo de construcción en la ciudad.