El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral, por establecer una reducción en las indemnizaciones e incumplir tres artículos de la Constitución Nacional.

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma. Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”.

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes uno de los puntos más sensibles de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo vencidos. La medida será comunicada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien intimará a empresarios y dirigentes sindicales a actualizar las cláusulas vinculadas con condiciones laborales y aportes solidarios.

El decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, reglamentó la ley y estableció que los convenios cuyo plazo haya expirado serán considerados vencidos. A partir de ahora, deberán adaptarse a los nuevos lineamientos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que busca —según su visión— “modernizar el empleo”, aunque la CGT advierte que implicará “precarización y pérdida de derechos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que existen convenios “negociados hace más de 50 años, firmados por partes que ya no existen”. Sin embargo, desde la central obrera, el abogado Gustavo Ciampa sostuvo que “desde 2003 hay negociación colectiva permanente en casi todas las actividades”.

La reforma elimina la llamada ultraactividad, principio que mantenía vigentes los convenios vencidos hasta su reemplazo, garantizando derechos adquiridos. Ahora, solo se preservan las cláusulas normativas —las que definen condiciones de trabajo— mientras que las cláusulas obligacionales, como aportes y cuotas sindicales, caducan al vencimiento.

Entre las novedades figura el “salario dinámico”, que permite componentes retributivos variables según el mérito personal o la situación de cada empresa. El Gobierno lo considera una herramienta para vincular los aumentos a la productividad y no a la inflación, mientras la CGT alerta que habilita negociaciones “a la baja”.

Otro cambio clave es la supremacía de los convenios por empresa o región sobre los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Este punto descentraliza la negociación y debilita el poder de los sindicatos con personería nacional, al tiempo que facilita la creación de sindicatos de empresa: el umbral de afiliación requerido baja del 20% al 5%.

La reglamentación también prevé la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnizaciones. Para la CGT, esta medida “quita recursos destinados a jubilaciones y pensiones para subsidiar despidos sin causa”.

Además, la ley habilita el reintegro del gasto en transporte para los trabajadores y la posibilidad de descontar cuotas de préstamos bancarios directamente del salario, con el objetivo de reducir costos laborales y ofrecer créditos con tasas más bajas.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar la reglamentación del capítulo sobre trabajadores de plataformas digitales, a la espera del debate en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

Con estas medidas, la administración libertaria busca consolidar su reforma laboral y avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones entre empresas y sindicatos, en medio de fuertes tensiones con el movimiento obrero.

Fuente: Infobae

Martín Céspedes*

A primera vista puede parecer una simple modificación técnica, pero a poco que se estudia la misma, aparece una discusión mucho más profunda: cuál es el nivel de protección que el sistema jurídico argentino debe garantizarle al trabajador.

La nueva redacción del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo – modificado por la ley de modernización laboral -, permite ahora que las sentencias laborales puedan abonarse en cuotas, hasta seis pagos mensuales para grandes empresas y hasta doce cuotas para pequeñas y medianas empresas. La medida fue presentada como una herramienta destinada a aliviar la situación financiera de muchas empresas, evitar cierres y facilitar el cumplimiento de las condenas judiciales. En un contexto económico difícil, el argumento parece razonable, práctico y ajustado a los tiempos actuales. Muchas veces una sentencia laboral importante puede representar un fuerte impacto económico para una empresa o claramente, puede provocar la quiebra o insolvencia patrimonial.

Se pueden compartir muchas normas y políticas de actuación del Gobierno, fundamentalmente en materia económica y con miras a desarrollar un estado eficiente y evitar el déficit constante de muchos años en la este País. Además, el análisis económico del derecho puede ser una herramienta útil para comprender impactos financieros, niveles de litigiosidad o efectos productivos de una norma. El problema comienza cuando ese análisis se transforma en el único criterio de decisión y desplaza principios esenciales del sistema jurídico, más en un ámbito protectorio como es el Derecho Laboral que parte de una desigualdad entre trabajador y empleador.

Ahora bien, a poco de su sanción como reforma laboral, ya comenzaron las críticas y existen fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad del nuevo régimen. Uno de los antecedentes más importantes fue dictado recientemente por la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el caso “Ceballos c/ Iris Energía”, donde los jueces consideraron que el pago en cuotas afecta principios esenciales del derecho laboral argentino.

La cuestión central es que para el derecho laboral argentino una indemnización no es una deuda común. No es lo mismo deber dinero por una operación comercial o civil, que deberle una indemnización a un trabajador despedido.

El sistema laboral históricamente partió de una idea básica: trabajador y empleador no se encuentran en igualdad de condiciones, y por ello la Constitución Nacional, en su art. 14 bis, establece que el trabajo debe gozar de la protección de las leyes. Sobre esta base, se construyó todo el sistema protectorio laboral, la irrenunciabilidad de derechos, la protección contra el despido arbitrario, la interpretación más favorable a favor del trabajador, sujeto hiposuficiente, tutelando además especialmente el salario y de la indemnización.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación incluso sostuvo en reiterados precedentes que el trabajador es un “sujeto de preferente tutela constitucional”, es decir, alguien que merece una protección más intensa porque se encuentra en una situación estructural de desigualdad frente al empleador. Ese concepto aparece en fallos históricos de nuestra Corte Suprema de la Nación – referentes en la materia - como Aquino c. Cargo Servicios Industriales S.A., Vizzoti c. AMSA S.A. y Milone c. Asociart S.A.

Uno de los puntos más importantes del debate actual tiene que ver con el carácter alimentario de la indemnización laboral. ¿Qué significa eso? Que ese dinero no está pensado como una simple deuda comercial ni como un negocio financiero. Con esa indemnización el trabajador paga alquiler, compra alimentos, afronta medicamentos, sostiene a su familia y reorganiza su vida después de perder el empleo.

En esta reorganización producto de un despido, se evidencia que la indemnización no solo es sancionatoria, sino resarcitoria para el trabajador, y sostiene una idea de permitir al trabajador atravesar este período de transición hasta conseguir un nuevo empleo.

Históricamente el derecho laboral otorgó a los créditos laborales prioridad de cobro, privilegios especiales y fuertes límites a su embargabilidad. La lógica es sencilla: el sistema jurídico protege especialmente aquello que resulta indispensable para vivir dignamente.

El fallo “Ceballos” lo explica claramente cuando sostiene que “el salario y las indemnizaciones no son simplemente una contraprestación económica, sino que poseen básicamente un carácter alimentario”. Y allí aparece una de las críticas más fuertes a la reforma: el trabajador gana el juicio, obtiene sentencia firme, pero igualmente debe esperar meses para cobrar.

Y en Argentina eso tiene un problema adicional: la inflación. Porque, aunque hoy este claramente contenida y exista actualización legal, no es lo mismo cobrar hoy que cobrar dentro de un año. El paso del tiempo deteriora el valor real del dinero y puede terminar licuando parcialmente la indemnización. El propio tribunal cordobés afirma para atacar la validez de la norma, que la fragmentación temporal del pago afecta el derecho de propiedad del trabajador y termina desnaturalizando la reparación reconocida judicialmente.

Además de ello, se afecta el principio de igualdad, ya que el crédito laboral tendrá una menor protección, incluso menor a un crédito de naturaleza civil, puesto que un reclamo comercial que obtiene condena debe pagarse inmediatamente y el Código Civil y Comercial autoriza al acreedor a rechazar un pago parcial, y de otro lado, no puede una reforma laboral poner en una situación más desventajosa a un sujeto de preferente tutela constitucional, como es el trabajador. -

Inmediatamente surge en el análisis en la materia, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Dicho de manera sencilla, los derechos sociales pueden mejorar, modernizarse o ampliarse, pero no deberían retroceder sin ofrecer una protección equivalente. Y allí surge otra de las críticas más fuertes a la reforma: antes el trabajador cobraba íntegramente una sentencia firme; ahora puede verse obligado a esperar hasta doce meses para cobrarla completamente, sin recibir una mejora compensatoria real.

También aparece en discusión otro principio fundamental: la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este principio jurídico que se funda en la Ley de Contrato de Trabajo, intenta impedir que la necesidad económica o la desigualdad estructural terminen vaciando de contenido las garantías mínimas del trabajador.

La discusión recién comienza y seguramente llegará rápidamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, una rápida búsqueda virtual sobre “inconstitucionalidad del pago en cuotas de sentencias laborales” ya permite encontrar numerosos artículos y fallos en la materia.

De todo ello, puede seguir tal vez una pregunta más importante: ¿la reforma realmente traerá soluciones para las empresas o terminará generando todavía más litigiosidad? Porque si distintos tribunales comienzan a declarar la inconstitucionalidad del sistema, crecerán las apelaciones, aumentarán los planteos constitucionales, se multiplicarán las ejecuciones y probablemente se profundice la incertidumbre judicial. En otras palabras, una herramienta pensada para disminuir conflictos podría terminar generando exactamente el efecto contrario, más litigiosidad y menos previsibilidad para la empresa.

De toda esta discusión, finalmente aparece solapada una pregunta mucho más profunda: ¿hasta dónde puede flexibilizarse el derecho laboral sin afectar la protección especial que la Constitución Nacional reconoce al trabajador en nuestro país?

*Abogado

Argentina regresó al top ten de los países con mayor complejidad para los negocios, ocupando la novena posición en el ranking elaborado por TMF Group. El informe advierte que, pese a las reformas recientes, el entramado regulatorio y administrativo sigue siendo un obstáculo para la inversión.

A nivel regional, América Latina concentra seis de los diez países más complejos para invertir: México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

No obstante, el informe reconoce señales de cambio en el país, como la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma laboral, que podrían mejorar el atractivo en el mediano plazo si logran consolidarse junto con un proceso de desinflación.

En este mayo de 2026, la mirada de los inversores sigue puesta en la capacidad del Gobierno de transformar la voluntad política en una mejora macroeconómica sostenible.

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este jueves hacia Plaza de Mayo y realizó un acto frente a Casa Rosada. La movilización incluyó un homenaje al Papa Francisco y discursos de los integrantes del Triunvirato, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes endurecieron su postura frente al Gobierno.

Aunque en las horas previas se especulaba con un paro general, los dirigentes no confirmaron esa medida, pero sí anticiparon que los reclamos se profundizarán. “Se acabó la paciencia”, advirtieron, y remarcaron que “protestar y reclamar es nuestra responsabilidad, lo vamos a hacer”.

Jorge Sola llamó a “crear una Argentina con futuro, en unidad” y sostuvo que “no hay libertad posible si se les quita a quienes menos tienen lo poco que poseen”. Convocó a avanzar hacia un nuevo contrato social basado en justicia social, igualdad y distribución equitativa de la riqueza.

En el documento leído en la Plaza de Mayo, la CGT denunció que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”. Señaló que el Gobierno “divide al pueblo, promueve el enfrentamiento y pone en riesgo la paz social”.

El texto, titulado El trabajo es con derechos o es esclavo, cuestiona la reforma laboral impulsada por el oficialismo y advierte que la central obrera seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución. “Cada derecho laboral costó organización y lucha”, remarcaron.

La declaración también alertó sobre la caída de la actividad económica, el cierre de más de 24.000 empresas entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, y el aumento de la desocupación y la informalidad. Criticó la desaparición de la obra pública y el endeudamiento con organismos internacionales, que compromete al Estado argentino.

Otro eje fue la crisis del sistema de salud: la CGT denunció el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, los recortes en PAMI y la falta de cobertura para personas con discapacidad. “Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental”, señaló el documento.

La central obrera también destacó el impacto de la inflación en los salarios, los topes a las paritarias y el endeudamiento masivo de las familias: seis de cada diez hogares tienen deudas, con morosidad creciente.

Finalmente, la CGT apeló a recuperar “una cultura del encuentro y del trabajo”, citando palabras del Papa Francisco: “Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto”. Con ese mensaje, la central cerró su acto convocando a construir un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.

En la previa del 1° de mayo, la CGT realizará una movilización para reclamarle al presidente Javier Milei un cambio de rumbo económico y advertirle por el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo y baja de salarios, entre otros puntos.

La convocatoria principal es las 15 en Plaza de Mayo, donde se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores.

Durante el acto se leerá un documento aprobado por la mesa chica de la CGT. Según trascendió en Infogremiales, en el texto se denunciará que el actual programa económico se beneficia "un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa" en desmedro de sectores clave como industria, construcción y comercio.

Para la CGT la política del Gobierno provoca "una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral" y advierte sobre la "inflación de bolsillo", más alta que el IPC que mide el INDEC. A diferencia de lo que sigue afirmando el Presidente, los precios no bajan, sino que están subiendo en torno del 2% y el 3%, según números oficiales. Las paritarias que promueve el Gobierno, afirman, "profundiza la pérdida del poder adquisitivo".

Otro punto importante del documento será la reafirmación del rechazo a la reforma laboral. "Despoja de derechos colectivos e individuales resguardados por nuestra Constitución", denuncian, y prometen seguir combatiéndola "por todos los medios a su alcance", aunque no se espera que se anuncie un nuevo paro general u otras medidas de fuerza.

A pesar de los últimos reveses en la Justicia, dentro de la CGT insisten con administrar las acciones directas para evitar desgastes y siguen priorizando las presentaciones en tribunales. Si en Plaza de Mayo cambian de estrategia o no, está por verse.

En la ciudad de Paraná, gremios locales convocaron a las actividades que se realizarán durante la jornada.

La secretaria general de ATSA e integrante de la CGT regional Paraná, Mariela Ponce, expresó a Elonce su preocupación por la situación laboral y sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei “ataca directamente a los derechos de los trabajadores”.

La dirigente cuestionó el contenido de la iniciativa y su impacto en el empleo registrado. “Hablamos de grandes grupos económicos detrás de una reforma que quita derechos laborales”, afirmó.

Además, indicó que la propuesta no contempla mejoras salariales ni condiciones frente a los cambios tecnológicos. “No habla de sueldos ni de cómo será el trabajador para hacer frente a esos avances”, señaló.

Ponce también advirtió sobre la falta de previsibilidad para los trabajadores. “No sabemos qué cantidad de horas trabajarán ni cómo manejarán sus vidas”, expresó.

Desde el sector sindical señalaron que los salarios no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Los sueldos no llegan a fin de mes y muchos trabajadores deben realizar actividades extras”, indicó.

También mencionaron el impacto del aumento de servicios, alquileres y costos educativos en la economía de los hogares.

El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la movilización del jueves 30 por el Día del Trabajador y afirmó que el movimiento obrero es “el bastión de resistencia”.

En esa línea, cuestionó proyectos impulsados por el Gobierno nacional, en particular los vinculados al sistema aduanero —impulsados por el ministro Federico Sturzenegger— y la reforma laboral, que calificó como “maliciosa” y contraria a la carta magna.

El dirigente expresó su preocupación por el “impacto actual” de las medidas adoptadas por Milei y advirtió sobre una creciente incertidumbre en sectores productivos: “No nos sorprende el rumbo de este Gobierno ni la poca sensibilidad ante las consecuencias de sus políticas económicas”, sostuvo.

Críticas al fallo judicial de la reforma laboral

Uno de los ejes centrales de la protesta gira en torno al fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral. Jerónimo calificó la decisión como “aberrante” y apuntó contra uno de los jueces que intervino en la causa.

El dirigente adelantó que el equipo jurídico de la central evalúa medidas, entre ellas la recusación del magistrado cuestionado, mientras continúan las acciones para frenar la implementación de la reforma.

En ese contexto, advirtió que la conflictividad podría aumentar en las próximas semanas. Si bien aclaró que no hay un paro general definido, no descartó esa posibilidad ante el agravamiento de la situación social y económica.

“El clima social va a cambiar, la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes”, afirmó, al tiempo que cuestionó las cifras oficiales sobre inflación y pobreza. En esa línea, adelantó que la CGT difundirá próximamente su propio informe.

Por otra parte, anticipó que durante la movilización también habrá un homenaje al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, en reconocimiento a su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las organizaciones gremiales.

“Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo hacia un modelo económico centrado en la producción y el trabajo”, concluyó Jerónimo.

El sindicalismo argentino atraviesa un momento de reacomodamiento tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue celebrada por la CGT, que considera haber ganado un round contra el Gobierno, aunque sabe que la batalla será larga en los Tribunales. El oficialismo apelará y la Cámara de Apelaciones tendrá la última palabra.

El equipo de abogados de la central, encabezado por Marta Pujadas, Hugo Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, prepara distintas opciones jurídicas para neutralizar la contraofensiva oficial. Mientras tanto, el triunvirato de conducción —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— busca definir una estrategia que combine la defensa judicial con respuestas a la crisis socioeconómica. “Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, señaló un referente dialoguista de la CGT.

En paralelo, la central obrera firmará un convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de “INDEC propio” que permita elaborar índices de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras oficiales.

Sin embargo, el sindicalismo no es homogéneo. El ala dura, agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) —donde confluyen la UOM, Aceiteros, pilotos, ATE y las dos CTA— prepara un plenario de delegados para el 1° de mayo con el objetivo de consolidarse como espacio opositor y elaborar un programa propio del movimiento obrero.

Por debajo de estas tensiones, algunos gremios avanzan en acuerdos sectoriales inéditos. El Sindicato de Alimentación (STIA) firmó con la multinacional Mondelez un convenio que garantiza puestos de trabajo por un año, recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y mejoras en condiciones laborales, incluyendo espacios de esparcimiento y tiempos de descanso. “Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo”, destacó el líder Sergio Escalante.

En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila, rubricó un acuerdo sectorial con cámaras empresarias para asegurar la continuidad del sector hidrocarburífero y adaptar el convenio colectivo a los cambios tecnológicos de la industria. “El principal desafío es proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva”, afirmó Ávila.

El sindicalismo argentino se debate así entre la confrontación judicial contra la reforma laboral, la protesta callejera impulsada por el ala dura y los acuerdos pragmáticos que buscan sostener el empleo en sectores críticos. La CGT celebra un triunfo parcial, pero sabe que la verdadera batalla recién comienza.

Fuente: Infobae

En un giro clave para el escenario gremial educativo, la Unión Docentes Argentinos (UDA) que conduce Sergio Romero, dirigente de la CGT, logró que la Justicia suspenda la aplicación de la reforma laboral sobre el sector. El fallo pone en pausa la declaración de "esencialidad" del servicio educativo, un punto central de la reciente normativa que buscaba limitar la capacidad de medidas de fuerza de los trabajadores de la educación.

La medida judicial no es menor: alcanza a la totalidad de los docentes del país. Con esta resolución, queda suspendida temporalmente la aplicación de la Ley N.º 27.802 en lo que respecta a la restricción de derechos sindicales bajo el rótulo de servicio esencial.

La conducción de UDA, señaló que el espíritu de la reforma laboral colisionaba directamente con garantías constitucionales del sector docente.

Sergio Romero, un referente del sector educativo y de la calle Azopardo, se mostró conforme tras conocerse la decisión judicial y subrayó que el foco de la gestión pública debería estar en la inversión y no en el recorte de libertades.

"Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones", sostuvo el cuadro sindical.

Días atrás, la Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

Contamos con la presencia de nuestro Secretario General de la Federación Nacional de la Carne, compañero José Alberto “Beto” Fantini, cuya participación fortaleció el debate gremial y político.

En ese marco, reafirmamos nuestro apoyo total a su conducción al frente de la Federación, reconociendo su compromiso permanente en la defensa del salario, los derechos laborales y la dignidad de las y los trabajadores.

Durante el plenario analizamos la situación de la industria bovina y avícola, el impacto de la reforma laboral, la problemática de los accidentes de trabajo, el funcionamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Comisiones Médicas, así como la realidad de nuestra obra social.

Cada uno de estos ejes refleja la tarea cotidiana de nuestras organizaciones sindicales en la defensa concreta de las y los trabajadores, en un contexto donde se intenta avanzar sobre derechos históricos y debilitar las herramientas colectivas de representación.

Asimismo, compartimos un profundo intercambio sobre la realidad del movimiento nacional justicialista, entendiendo que atravesamos una etapa que exige responsabilidad, reflexión y compromiso.

Coincidimos en la necesidad imperiosa de reconstruir la unidad del campo nacional y popular como condición indispensable para generar una opción política que permita recuperar el rumbo, defendiendo el trabajo, la producción y la justicia social, con la mirada puesta en la recuperación de los gobiernos provincial y nacional.

Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos ratificamos nuestro compromiso con la organización, la unidad y la pertenencia gremial como pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro con más derechos para las y los trabajadores y para el conjunto de nuestro pueblo. (APFDigital)

Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos convocaron a un Plenario Provincial de sus filiales que contará con la presencia del Secretario General de la Federación Nacional de la Carne, el dirigente José Alberto Fantini.

El Plenario Provincial de Filiales de los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos se realizará el viernes 27 de marzo de 2026, en el Complejo Eva Perón de Concepción del Uruguay, para abordar la situación del sector y temas vinculados a la actividad gremial.

Las entidades gremiales anunciaron que la jornada se desarrollará con inicio previsto a las 8.30, bajo la moderación del Secretario General de la Filial Concepción del Uruguay, Sergio Vereda, según precisó Sitio Gremial.

La convocatoria formal al Plenario anunció que los ejes del encuentro serán la “situación de la industria bovina y avícola”, la “aplicación reforma laboral”, y cuestiones vinculadas a “SRT, accidentes de trabajo, amparos, ART y funcionamiento comisiones médicas”, además del análisis de la “obra social”.

Asimismo, el Orden del Día fijó que a las 11 se realizará una “reunión con el compañero Secretario General de la Federación de la Carne, José Alberto Fantini”, marcando la centralidad de su participación en la jornada.

Asimismo, los Sindicatos de la Carne indicaron que a las 12 el Plenario recibirá a “los Diputados Nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay; junto a los Intendentes Jose Lauritto (Concepción del Uruguay); Fernando Viganoni (San Justo); y Ricardo Sandoval (Pronunciamiento)”. (APFDigital)

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó este miércoles la medida cautelar que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la aplicación de algunos artículos de la Ley de Reforma Laboral, sancionada por el Senado el 27 de febrero pasado, tras semanas de movilización y represión frente al Congreso.

La semana pasada, la central obrera inició una acción de amparo para solicitar la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, que ordenan el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires –tarea que el presidente Javier Milei dejó en manos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según advirtió la CGT, la decisión sobre el traspaso de la justicia nacional fue dictada sin competencia temporal del Congreso porque estaba inicialmente fuera de las materias que el Poder Ejecutivo Nacional había incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Los abogados de la central obrera también sostuvieron que el Presidente no invocó un “grave interés de orden o de progreso” que justificara tratar el tema fuera de la convocatoria original.

En el marco de la acción de amparo, la central obrera también presentó una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de la norma hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.

Sin embargo, este miércoles el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 resolvió rechazar esa medida cautelar al considerar que se trata de una medida de carácter excepcional que alteraría el estado jurídico vigente y que, en los hechos, implicaría adelantar el resultado del litigio.

El juez Enrique Lavié Pico -el mismo que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos de la CGT contra el DNU 70/2023- consideró que no se acredita la existencia de un “perjuicio irreparable” que pudiera tornar inútil una eventual sentencia favorable a la CGT en el futuro.

Más allá del rechazo de la cautelar, la causa judicial continúa su trámite. Por eso en la resolución de este miércoles, el juzgado también ordenó correr traslado al Estado Nacional para que en el plazo de cinco días presente el informe previsto en la Ley de Amparo y ofrezca las pruebas correspondientes.

El 8 de marzo, en el marco de la movilización organizada por Enredada Feminista Gualeguaychú–Pueblo Belgrano, se dio lectura al documento central que sintetiza las demandas y denuncias del movimiento. Con memoria histórica y mirada crítica, el texto recuerda a las trabajadoras que en 1908 fueron encerradas y calcinadas en Nueva York mientras reclamaban por mejores condiciones laborales, y enlaza esa lucha con las amenazas actuales: reformas que precarizan, gobiernos que desmantelan derechos y políticas que profundizan desigualdades.

El documento rechazó de manera contundente la Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Milei, señalando que favorece a un puñado de empresarios y traslada el ajuste a los hogares.

Se denunció la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desvía aportes del sistema previsional y debilita jubilaciones y asignaciones. También se cuestionó la flexibilización del tiempo de trabajo mediante bancos de horas y negociaciones individuales, que afectan especialmente a mujeres en sectores precarizados como comercio, cuidados y casas particulares. “Decimos que esta ley es esclavista”, afirmaron en el texto, porque habilita la contratación informal sin sanciones y amplía la brecha de acceso a empleos formales y jubilaciones dignas.

El documento vinculó la reforma laboral con un modelo extractivista y bélico que amenaza territorios y vidas. Se denunció el RIGI como “legalización del saqueo” y la reforma de la Ley de Glaciares como un atentado contra el agua de las futuras generaciones. “Nuestros recursos no son mercancía. Los glaciares no se tocan. El agua no se vende”, se proclamó.

Además, se repudió el bombardeo contra una escuela en Irán y el genocidio en Palestina, señalando que las guerras y el extractivismo son dos caras de la misma violencia patriarcal y colonial. La consigna fue clara: nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestros glaciares no son zonas de sacrificio.

El documento leído en el acto central también denunció el avance del negacionismo y los intentos de indultar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Se señaló que estas iniciativas impulsadas por referentes de La Libertad Avanza representan “una afrenta a la memoria de los 30.000 desaparecidos” y un quiebre con el pacto democrático de 1983. A las puertas de los 50 años del golpe militar, se advirtió que la impunidad de ayer es la garantía para la represión de hoy. La consigna se reafirma: Nunca Más es Nunca Más.

La voz feminista también se detuvo en la violencia patriarcal que se expresa en los más de 600 femicidios y transfemicidios ocurridos desde la asunción de Milei. “No son una estadística policial, son asesinatos políticos”, se subrayó, responsabilizando al desmantelamiento de las políticas de género y al discurso de odio oficial. El Estado, al negar la violencia, entrega el arma al femicida.

En materia de salud, se denunció el desfinanciamiento del sistema sanitario y la mercantilización de los cuidados. Durante 2025 no se distribuyó un solo preservativo bajo el Programa VIH, la ESI fue desmantelada y se busca retroceder en la Ley de Salud Mental hacia un paradigma manicomial. La falta de medicamentos, vacunas y tratamientos golpea especialmente a mujeres y personas trans, mientras se incrementan los problemas de sufrimiento psíquico y consumos en un contexto de precarización. “Nos encontramos con gobernantes que desprecian la vida de la clase trabajadora”, se afirmó, reclamando salud pública accesible y digna.

El Gobierno Nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral (N.º 27.802), que fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina durante el período de sesiones extraordinarias. La reforma modifica una serie de aspectos del sistema de trabajo en Argentina.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026 y comenzó a regir a partir de este viernes tras ser aprobada por el Congreso de la Nación Argentina.

La norma, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, fue registrada como Ley Nº 27.802. "En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.

La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.

En este sentido, la nueva legislación introduce modificaciones en distintos aspectos del mercado laboral. Entre los puntos más relevantes se destacan:

-Cambios en el sistema de indemnizaciones laborales.

-Nuevas reglas sobre salarios y vacaciones.

-Modificaciones en la duración de la jornada laboral.

-Reformas en los derechos colectivos de los trabajadores.

-Cambios en el funcionamiento y regulación de los sindicatos.

Además, en el texto oficial se incluye incentivos para promover la formalización del empleo y crea un régimen especial orientado a fomentar inversiones medianas.

Por último, con su promulgación y publicación oficial, la reforma laboral ya se encuentra en vigencia en todo el país, marcando uno de los cambios más importantes en la normativa laboral argentina de los últimos años.

El Gobierno Nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral (N.º 27.802), que fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina durante el período de sesiones extraordinarias. La reforma modifica una serie de aspectos del sistema de trabajo en Argentina.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026 y comenzó a regir a partir de este viernes tras ser aprobada por el Congreso de la Nación Argentina.

La norma, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, fue registrada como Ley Nº 27.802. "En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.

La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.

En este sentido, la nueva legislación introduce modificaciones en distintos aspectos del mercado laboral. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Cambios en el sistema de indemnizaciones laborales.

Nuevas reglas sobre salarios y vacaciones.

Modificaciones en la duración de la jornada laboral.

Reformas en los derechos colectivos de los trabajadores.

Cambios en el funcionamiento y regulación de los sindicatos.

Además, en el texto oficial se incluye incentivos para promover la formalización del empleo y crea un régimen especial orientado a fomentar inversiones medianas.

Por último, con su promulgación y publicación oficial, la reforma laboral ya se encuentra en vigencia en todo el país, marcando uno de los cambios más importantes en la normativa laboral argentina de los últimos años.

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) oficializó este martes la primera demanda colectiva contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sancionada en el Congreso. La presentación se realizó tras el puntapié inicial de la CGT, que había movilizado a Tribunales para abrir el camino judicial contra la normativa.

La demanda busca que la Justicia declare la invalidez de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que vulneran derechos reconocidos por la legislación vigente. Desde la entidad remarcaron que el planteo no responde a una disputa partidaria, sino a una discusión jurídica. “No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional”, señalaron al anunciar la presentación.

Los abogados del Estado argumentaron que el artículo 14 bis de la Constitución protege derechos fundamentales que, según su interpretación, se ven afectados por la nueva normativa. La acción colectiva abre así el primer frente judicial contra la reforma laboral, en un contexto en el que distintos gremios y organizaciones ya habían anticipado que recurrirían a la Justicia para intentar frenar o modificar algunos de los cambios introducidos.

La iniciativa marca un paso relevante en la estrategia de oposición a la reforma, ya que instala el debate en el ámbito judicial y no solo en el político o sindical. Se espera que otras entidades y gremios se sumen con presentaciones similares en las próximas semanas, ampliando el alcance de las demandas colectivas. Fuente: APFDigital

“El 8M es un día para reivindicar los derechos conquistados, alzar la voz por los que son vulnerados y poner en agenda las demandas históricas de las mujeres y feminidades que sufrimos las desigualdades de género en un mundo signado por el capitalismo neoliberal, el colonialismo y el patriarcado”, se indicó desde la Asamblea Enredada Feminista.

Este año, se marcha bajo la consigna nacional: “Universalizan la precariedad como modernización”. “Queremos que se escuchen nuestros reclamos como trabajadoras precarizadas e invisibilizadas anclando el feminismo en las condiciones materiales de vida: el trabajo, los cuidados, los ingresos, la violencia económica, el endeudamiento familiar, la salud mental, la precarización y los despidos. La reforma laboral impuesta por el gobierno de Milei plantea cambios importantes en las condiciones de trabajo que afectan tanto a derechos como a obligaciones. Aunque estos cambios impactan a todas las personas trabajadoras, tienen efectos especialmente relevantes para las mujeres debido a su mayor responsabilidad en tareas de cuidado y por las desigualdades ya existentes en el mercado laboral”, se expresó desde la Asamblea.

Por todo ello, para este domingo se organizó una serie de actividades que son abiertas a todas aquellas mujeres y diversidades que quieran participar.

El sábado se realizó la vigilia desde las 19.30 en la sede de Puente a Gualeguaychú, en calle 25 de Mayo 731. Fue una ronda de charlas junto a referentes invitadas para reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad desde distintas miradas.

Para este domingo a las 17.30 se organizó una bicicleteada que partirá desde la plaza San Martín. “Decoramos las bicis con los colores verde, violeta, fucsia”, se aclaró y se invitó a sumarse en este recorrido que recorrerá Luis N. Palma hasta el puente Méndez Casariego. “Si no tenés bici, podés venir en monopatín o rollers también”, agregó el comunicado.

Luego, una hora más tarde, a las 18.30, se realizará la marcha y festival 8M. La concentración será desde el puente hasta la llegada de la bicicleteada y a las 19 comenzará la marcha hasta los Obeliscos de la Costanera, donde está previsto realizar el acto central, con la lectura del documento y el cierre del festival con artistas locales invitadas.

Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia).

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

De esta manera, la Cámara Alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

El senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del Gobierno al sostener que "esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”. Destacó que la norma introduce " beneficios para evitar la alta litigiosidad que tiene nuestro país".

A su turno, Mariano Recalde ratificó el rechazo del bloque Justicialista porque la versión que volvió al Senado “prácticamente está igual” a la que se había votado originalmente. El senador camporista planteó que se trata de una “ley monstruosa” por la cantidad de leyes que modifica y “por su contenido” en sí mismo".

También criticó que se haya traído al recinto “de manera exprés”, con poco debate previo.

“Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando una ley es a favor del pueblo no se necesitan trámites irregulares ni trámites exprés”, dijo.

Para Recalde, la reforma del Gobierno “conspira contra la seguridad jurídica que quieren ofrecerle a los inversores”.

“Se pone en jaque la seguridad jurídica cuando se proponen leyes que violan la Constitución. Esto va a generar no solamente más litigiosidad sino además más dudas en los inversores”, auguró.

“Es una ley que va proliferando los trabajadores que quedan por fuera de la ley de contratos de trabajo, o sea por fuera de los derechos laborales. Es una ley que empieza a expulsar por fuera del derecho laboral a cada vez más trabajadores”, lamentó el legislador kirchnerista.

Según expresó, es “obvio que se va a judicializar esto y cualquier tribunal que respete la Constitución y las leyes no va a permitir que un trabajador en relacion de dependencia se quede afuera de la Ley de Contratos de Trabajo por un papelito que diga locación de servicios”.

“Ojalá pronto tengamos más votos para cambiar las leyes y volver a poner las cosas en su lugar”, concluyó Recalde.

A su turno, la pampeana Victoria Huala (PRO) valoró la eliminación del polémico artículo 44, y señaló la importancia de tener aprobada la reforma laboral. "Apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a 'patrones malos', como algunos nos quieren hacer creer. Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes, al empleo real", subrayó.

La senadora Cristina López (Justicialista) anticipó que su voto sería “en defensa de su provincia, en defensa de cada trabajador fueguino que hoy vive con miedo y con angustia”. "No vamos a mirar para otro lado mientras la industria fueguina se apaga y no soy cómplice del apagón de la industria nacional", manifestó la fueguina.

El chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista) fue fulminante respecto de los efectos adversos que podría ocasionar la reforma laboral, y alertó que “con este proyecto se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”.

"Queremos discutir un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo", advirtió.

A su juicio, la reforma laboral "va a impactar negativamente" en el empleo, va a "precarizar el trabajo", "generar un deterioro del salario" y "no va a resolver los problemas" que la Argentina "tiene que hacer de cara al mundo".

“Eliminar todos los derechos”

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) cuestionó duramente la reforma laboral y al respecto dijo que “cuando uno no ofrece herramientas para el desarrollo entonces ofrece despidos baratos”. "Lo dijimos: en la medida que pasara el tiempo y no aparecieran resultados, entonces se iba a plantear esta situación que vemos hoy con una ley de flexibilización laboral", apuntó.

En la misma sintonía, la senadora riojana Florencia López (Justicialista) criticó con ferocidad la iniciativa laboral del Gobierno. "Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos y hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores", espetó.

En el último discurso antes de la votación, la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apoyó con entusiasmo la iniciativa de reforma laboral y cuestionó que en gobiernos anteriores “en el nombre de los trabajadores se mando a la informalidad a miles y miles a la informalidad”.

“Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley, para darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", remarcó. Y siguió: “Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos, muchos de los cuales fueron gobierno los de aquel lado”.

“Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo. Hoy los trabajadores quieren trabajar con más libertad”, finalizó.

El clima sindical se recalienta en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, confirmó que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) pedirá a la CGT la convocatoria a un paro de 36 horas para frenar la iniciativa oficial. El bloque, conformado a fines de enero, reúne a organizaciones de peso como ATE, UOM, la Federación Aceitera y APLA, entre otras, tanto de la CGT como de las dos CTA.

Yofra adelantó que solicitarán una reunión con el triunvirato que conduce la central obrera para exigir una respuesta más contundente. Y fue tajante: si la CGT no avanza, el FreSU lo hará por su cuenta, marcando una línea de presión interna sobre la conducción cegetista.

El dirigente aceitero cuestionó el proyecto oficial al señalar que no solo modifica condiciones contractuales, sino que limita herramientas históricas de organización sindical. Según su análisis, la reforma impacta en derechos como la posibilidad de realizar huelgas o asambleas y altera aspectos sensibles como el esquema de vacaciones, el banco de horas y el pago de horas extra.

Las críticas también se extendieron al plano político. Yofra apuntó contra legisladores que habían prometido rechazar la iniciativa y finalmente acompañaron su avance, calificando esa conducta como “ir contra los trabajadores”. Para él, la desconexión entre discursos de campaña y decisiones parlamentarias quedó expuesta.

La CGT tampoco quedó al margen de los cuestionamientos. El referente aceitero reprochó que la conducción haya depositado expectativas primero en negociaciones políticas y luego en recursos judiciales, en lugar de fortalecer un plan de lucha sostenido. En ese sentido, planteó que el sindicalismo debe recuperar autonomía frente a los partidos políticos y asumir un rol más combativo.

Finalmente, Yofra envió un mensaje a la base trabajadora: la discusión excede las identidades partidarias y atraviesa a todos los asalariados. Remarcó que la situación salarial es crítica, con un alto porcentaje de trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza.

El escenario queda abierto: la CGT deberá definir si acompaña el reclamo de un paro de 36 horas o si el FreSU avanza en solitario, en un contexto donde la reforma laboral promete ser uno de los debates más tensos del año.

“El gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina; le va a perjudicar la vida a los trabajadores, a los que ya les sacó el poder adquisitivo de sus ingresos. Los puestos de trabajo se generan en una economía creciendo, con un proceso de sustitución de importaciones”, sostuvo Michel.

En esa línea, señaló que: “El gobierno quiere esta ley para mostrarle al mercado que está tratando de hacer reformas estructurales en la Argentina, buscar que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo social y este programa económico es con deuda, es la única forma de sostenerlo”.

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el legislador afirmó que “es básicamente un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en beneficio de las grandes empresas”.

Asimismo, Michel indicó que “hace seis meses que cae la recaudación en términos reales por la caída de la actividad económica, que se traduce en una disminución de la coparticipación a las provincias y a los municipios, y eso está golpeando todos los meses a nuestra provincia y a nuestros municipios.

Y agregó: “En Entre Ríos los sectores que más se están afectando son todos los vinculados a la alimentación, que es donde ya estamos viendo una apertura indiscriminada por ejemplo, del sector avícola y cerdos de Brasil, y leche de Uruguay”.

Además, Michel planteó en la sesión la necesidad de modificar “el artículo 194 que viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley ya que los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán impuesto a las ganancias en nuestro país, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos”.