El padre de una menor de edad se quedará sin su línea telefónica debido a su deuda en la cuota alimentaria. Así lo dispuso la Justicia de Familia de San Lorenzo, que también exigió que no se le otorgue otra línea, no le permite salir del país y lo inhabilitó para asistir a competencias de automovilismos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

La Justicia de San Lorenzo hizo lugar a la denuncia de la madre por el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del padre. En su momento, los progenitores habían acordado que la manutención correspondería al 100% de la canasta de crianza que establece el INDEC para la categoría de niños de 6 a 12 años, lo que corresponde a casi 550.000 pesos, según la última actualización de septiembre de 2025.

Además de la imposibilidad de contar con línea de celular, salir del país y asistir a las tribunas de las competencias organizadas por la Federación de Automovilismo de las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, el tribunal bloqueó la cuenta bancaria que existiere a nombre del demandado hasta tanto cumpla con su obligación de alimentos, la suspensión del carnet de conducir y que sea inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La defensora general sostuvo que "probado el incumplimiento se estaría comprometiendo directamente el bienestar de la persona menor de edad beneficiaria de la cuota alimentaria y no resulta indispensable que se haya efectivizado previamente la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos".

El juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, puntualizó en la resolución que "se considere la tutela judicial efectiva cuando estamos en presencia de un derecho humano fundamental, con raigambre constitucional, como lo es el derecho al alimento, que hace ni más ni menos que a la propia vida, a la salud y al desarrollo integral, en este caso de la hija de las partes". (fuente: La Capital)

La iniciativa, que busca reforzar las sanciones a quienes incumplen con el deber de aportar alimentos a sus hijos e hijas, incorporó modificaciones consensuadas que mejoran su futura implementación y garantizan una regulación más clara y efectiva. Se espera que el proyecto alcance media sanción en los próximos quince días.

“Si alguien elige no cumplir con su obligación más elemental, que es la de sostener a sus hijos, no puede después destinar recursos a entradas de espectáculos o apuestas en un casino. La responsabilidad parental debe estar por encima de cualquier gasto superfluo”, afirmó Arrozogaray.

El texto propone dos nuevas restricciones para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios: -Prohibición de ingreso a espectáculos culturales y deportivos pagos. -Restricción de acceso a salas de juego y casinos de la provincia.

Estas medidas complementan las sanciones ya vigentes, que impiden a los deudores ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos. Además, el proyecto establece que los municipios adheridos deberán informar a los organizadores de eventos sobre esta prohibición, y que el IAFAS, junto con el Registro de Deudores, definirá los mecanismos de control en las salas de juego.

Arrozogaray subrayó que el objetivo es construir un marco legal más firme que visibilice la responsabilidad parental y evite que los recursos se destinen a actividades recreativas mientras se incumplen obligaciones esenciales.

“Queremos enviar un mensaje claro: el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos debe ser prioridad. Con esta ley, fortalecemos herramientas para garantizarlo”, destacó la legisladora.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitió este martes dictamen favorable al proyecto de ley que propone prohibir el ingreso a espectáculos culturales y deportivos a toda persona registrada como deudora alimentaria. La iniciativa, presentada por la diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), apunta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones familiares y visibilizar la responsabilidad parental.

El texto del artículo 1° establece que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios”.

De aprobarse la norma, los municipios que adhieran a la ley deberán notificar a los organizadores de los eventos para que soliciten la información correspondiente al registro. De este modo, los incumplidores quedarían excluidos no solo de la posibilidad de participar en espectáculos, sino también de otras actividades ya restringidas por la legislación vigente, como ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos.

“Esta incorporación busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas”, explicó Arrozogaray al fundamentar la propuesta.

El proyecto forma parte de una agenda que promueve medidas más estrictas contra los deudores alimentarios, en consonancia con las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia. En las próximas sesiones, la iniciativa será tratada en el recinto, donde cuenta con amplias posibilidades de ser aprobada por consenso.

Un proyecto de ley que ingresó ese jueves en la Cámara de Diputados propone que se limite el ingreso al empleo público a personas que estén registrados como deudores alimentarios o cuentes con antecedentes por violencia de género.

El artículo 1º del proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray, de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, proponen que se incorpore “el Inciso ‘i’ y el Inciso ‘j’ al Artículo 8º de la Ley Nº5.143 ‘Estatuto del Empleado Judicial’, los que quedarán redactados de la siguiente manera: i) Quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. j). Quienes registren antecedentes de denuncias por violencia de género en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Provincia de Entre Ríos (Rejucav)”.

Fundamentos

La legisladora sostuvo que “la ley Provincial Nº 5143 sancionada en el año 1973, regula el régimen de ingreso y permanencia del personal jerárquico, personal técnico administrativo y personal obrero, de maestranza y servicios del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos. Sin perjuicio de las condiciones para el ingreso que allí se establecen, con el correr de los años se han generado situaciones sociales que han obligado a incorporar legislación específica direccionada hacia un cambio de cultura, sobre todo en el género masculino”.

Entre los objetos de la propuesta está “limitar el acceso al empleo en el sector público que casualmente debería ser ejemplificatorio de las buenas conductas sociales. Con el objetivo de visibilizar este flagelo social y contribuir a su erradicación y deslegitimación en nuestra sociedad, se propone agregar dos incisos al Artículo 8º del Estatuto del Empleado Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

El primero de ellos, en búsqueda de que estén impedidas a acceder al empleo, aquellas personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios, al menos hasta que cese esa situación. A saber, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por Ley 9424 (posterior al Estatuto que se intenta modificar) y reglamentado por Decreto Nº 4967 funciona en el área de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, dependiente de la Secretaría de Justicia - Ministerio de Seguridad y Justicia”. (Fuente: APFDigital)

El miércoles 3 de septiembre, en la Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia, los legisladores continuarán el análisis del proyecto de ley que propone incorporar “el artículo 12 bis a la Ley N.º 9424 de Creación del Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos", que postula que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la Provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro”.

La reunión de comisiones fue convocada para las 13 y se informó que se invitó a la directora General de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, Nadia Planiscek; y a Mariela Acosta, jefa del Departamento de Registro de Deudores Alimentarios de la provincia, para que realicen sus aportes.

El proyecto, de la diputada de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, Lorena Arrozogaray, ingresó a la Cámara Baja el 17 de junio. Para su implementación se incluyó a los municipios que adheridos a esta Ley, informarán a los organizadores de los eventos de éste requisito, quienes deberán solicitar en este Registro la información pertinente.

La diputada peronista expresó que “dentro de ésta Ley que hoy se pretende modificar, se encuentran algunas prohibiciones para las personas incluidas en el Registro, como la imposibilidad de ser proveedores del Estado Provincial, la prohibición para ser concesionarios y funcionarios públicos, entre otras. Esto ha motivado la inclusión del algunas otras formas de disuasión que se utilizan a menudo por orden de los Juzgados para casos en concreto, pero que creemos pueden ser agregadas como restricciones generales en que el Estado puede cooperar para proteger el derecho de los menores y crear un marco legal más contundente”.

Arrozogaray resaltó que “el presente proyecto busca incluir dos artículos: uno prohibiendo la entrada de quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, a eventos deportivos y culturales cuya entrada sea paga, y otro, para que tampoco puedan ingresar a Salas de Juegos y Casinos en esta Provincia”.

Entendió que aquella “incorporación, busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas. Vale aclarar, que esta iniciativa afectará específicamente a quienes están registrados por incumplimientos persistentes y esperamos que vía reglamentaria, los controles en casinos, estadios y demás espacios habilitados, puedan implementar estas medidas sin complicaciones técnicas. Por las razones antes expuestas, es que solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto, para que se convierta prontamente en Ley.

También comprende que “las Salas de Juego y Casinos de la Provincia de Entre Ríos deberán prohibir la entrada a quienes se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios. A tal fin, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) o el organismo que en un futuro lo reemplace, deberá implementar la forma aplicable en conjunto con las autoridades del mencionado Registro”.

Arrozogaray recordó que Entre Ríos cuenta, desde 2002, con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, organismo que fue creado por la Ley Nº 9424 y depende orgánicamente de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Añadió que “el Registro, reglamentado por el Decreto Nº 4967/2003, tiene como principal tarea, la de registrar a todas aquellas personas obligadas a prestar asistencia alimentaría que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas en el periodo de un año, fijadas judicialmente, en carácter de alimentos provisorios o definitivos. Además, dentro de sus funciones lleva un listado actualizado mensualmente de todos los deudores alimentarios morosos de la Provincia de Entre Ríos y expide los certificados ante simple requerimiento de persona física o jurídica que acredite su interés o resulte facultada por la Ley 9424, sin costo alguno”. (APFDigital)