La situación se originó con el cierre de la planta estatal de producción en Don Torcuato y su posterior traspaso a una empresa privada.

En noviembre de 2024, la planta gráfica de Casa de Moneda, encargada de la producción de patentes, cerró sus puertas. La maquinaria fue trasladada a la sede central, un proceso que se extendió por seis meses y dejó a los trabajadores enfrentando la escasez. Aunque la producción se ha regularizado, aún persisten denuncias de que las chapas “no se están entregando”.

En marzo de 2025, la empresa Tönnjes Sudamericana—una asociación entre la alemana Tönnjes y la argentina Boldt—ganó la licitación para la fabricación de las nuevas patentes. Sin embargo, su planta en La Boca, que antes proveía a Casa de Moneda, sólo está produciendo reposiciones, dejando sin respuesta la creciente demanda.

Los Registros de la Propiedad Automotor han alertado sobre el impacto operativo de la crisis. Sin suficiente stock, los empleados deben entregar patentes provisorias en papel. Una circular oficial limitó el abastecimiento a dos lotes mensuales de 26 chapas por oficina, una cantidad insuficiente frente a solicitudes que en algunos casos superan las 2.000 mensuales.

Además de los problemas logísticos y laborales—con la pérdida de 500 puestos de trabajo, según ATE—, la falta de identificación vehicular repercute en el control del tránsito. Las cámaras de seguridad no pueden registrar infracciones como el exceso de velocidad o el cruce indebido de semáforos si el auto carece de patente.

Diego Molina, de la ONG Conduciendo a Conciencia, advirtió que “en un sistema ya debilitado por falta de control, la imposibilidad de identificar vehículos agrava la situación”. Modificar u ocultar la patente es una infracción, pero la extensión del faltante vuelve difícil distinguir entre quienes lo hacen de manera intencional y quienes simplemente no han recibido la chapa.

La problemática escaló a nivel legislativo. En mayo, la senadora Silvina García Larraburu presentó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer la situación con mayor precisión. La legisladora cuestionó las garantías en la transición del sistema estatal al privado, así como las repercusiones sobre la seguridad y la transparencia del proceso. (Con información de Página 12)