La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, junto a integrantes de su equipo de trabajo, expuso este miércoles ante la Cámara de Diputados los fundamentos de los cambios impulsados por el Ejecutivo provincial en el sistema de alimentación escolar.

Junto al director de Comedores, Lautaro Azzalini, durante su presentación, Berisso repasó el trabajo realizado desde el inicio de la gestión, los resultados de los relevamientos en las instituciones educativas y las medidas previstas para mejorar la calidad de las prestaciones y fortalecer el control de los recursos públicos.

"Desde que asumimos, trabajamos en el sostenimiento y la mejora de los servicios de alimentación escolar, entendiendo que la alimentación de los niños constituye una parte fundamental de su bienestar, crecimiento y desarrollo", expresó la ministra.

Un diagnóstico que impulsó cambios Entre fines de 2024 y principios de 2025, el Ministerio analizó las actas de supervisión realizadas por la Dirección de Comedores, con especial atención a los desayunos escolares en distintos departamentos. El relevamiento permitió identificar dificultades en los horarios de prestación y en la composición de los alimentos que recibían los estudiantes.

A partir de ese diagnóstico, se impulsó la reorganización de los desayunos para que se brindaran durante la primera hora de ingreso a la escuela, en articulación con el área de Educación. También se elaboraron menús sugeridos para promover una alimentación más variada y se avanzó en la digitalización de los menús y de la gestión administrativa.

Sin embargo, los resultados mostraron que menos del 15 por ciento de las instituciones relevadas había logrado modificar los alimentos ofrecidos. Para Berisso, ese dato evidenció las limitaciones de las recomendaciones como herramienta para generar cambios generalizados.

"Esta situación permitió comprender que la elaboración de recomendaciones, por sí sola, no alcanzaba para lograr una transformación generalizada", sostuvo.

El relevamiento también identificó diferencias en las prestaciones: aproximadamente la mitad de los estudiantes que concurren a comedores escolares recibía leche con pan en el desayuno, mientras que la otra mitad no.

Ante ese escenario, las áreas competentes analizaron experiencias de otras provincias y distintas alternativas para mejorar la organización del servicio, la provisión de alimentos y la composición nutricional de los desayunos.

"Por todo lo expuesto, tomamos la decisión de cambiar el sistema de compras de los desayunos y meriendas, dejando atrás un modelo de compra que tiene más de 20 años y que, como es de público conocimiento, no estaba cumpliendo las expectativas nutricionales ni daba la certeza de que los fondos lleguen a donde tienen que llegar", señaló la ministra.

La licitación pública impulsada por la Provincia contempla la provisión de alimentos y su distribución en 966 establecimientos escolares de los 17 departamentos. Según detalló Berisso, el pliego prevé 176.609 raciones diarias, equivalentes a 31.789.620 raciones durante el ciclo lectivo. El procedimiento establece requisitos nutricionales mínimos de energía, proteínas, calcio, hierro, zinc y vitaminas, además de alternativas de productos sin TACC. La propuesta adjudicada incluye tanto los alimentos como la logística necesaria para su distribución en las instituciones educativas.

En relación con la situación judicial, Berisso aclaró que la compra de los productos no se había concretado y que el procedimiento se detuvo ante la medida cautelar; "a la espera de que el Poder Judicial emita una resolución definitiva sobre el planteo judicial en curso". Asimismo, precisó que continúa vigente el sistema descentralizado de compras mediante tarjetas Sidecreer para los comedores escolares.

Una política alimentaria con asistencia técnica y trabajo articulado Durante su exposición, la funcionaria informó que se trabaja en la reglamentación de la Ley Provincial N.º 10.594, sancionada en 2018, y anunció la creación de una Coordinación Técnica Nutricional, concebida como un área transversal a las políticas alimentarias del Ministerio. El objetivo será fortalecer los criterios nutricionales, unificar lineamientos y mejorar la planificación y ejecución de las prestaciones.

Además, destacó la conformación de una mesa de trabajo interdisciplinaria e interinstitucional integrada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, el Consejo General de Educación y la empresa prestadora.

Capacitación y reconocimiento del personal de comedores "Para esta gestión, el personal de cocina no es un mero eslabón operativo: son actores sociales profundamente relevantes en la vida cotidiana de las escuelas", expresó Berisso al tiempo que se refirió a las acciones destinadas a fortalecer el trabajo de los agentes de comedores escolares. Informó que 1.991 trabajadores fueron capacitados mediante un programa de formación continua desarrollado junto con la UADER, lo que representa el 66,47 por ciento del personal total.

El Gobierno de Entre Ríos aprobó el modelo de Convenio de Asistencia Técnica celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), mediante el cual se concretará el "relevamiento y caracterización físico-química y mineralógica de materias primas minerales en la Provincia de Entre Ríos".

La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 3231 del Boletín Oficial Provincial Nº 28.445, que autoriza la contratación directa por vía de excepción por un monto total de $ 189.917.371,90.

De acuerdo con los considerandos de la norma, la iniciativa responde a "la ausencia de un inventario geológico-minero actualizado", señalando que contar con esta información "resulta indispensable para ejercer una correcta planificación, ordenamiento y una gestión eficiente de los recursos naturales, desarrollando de esta manera una base de datos pública indispensable para el diseño de políticas públicas de desarrollo a mediano y largo plazo". Asimismo, se busca "potenciar la explotación estratégica y la industrialización y agregado de valor a los recursos minerales provinciales".

Tras evaluar tres propuestas presentadas por diferentes oferentes, la Dirección de Desarrollo Minero determinó que el organismo científico "se erige como un oferente capaz de realizar el estudio requerido de manera integral, dado que su propuesta técnico-económico abarca la totalidad de las prestaciones científico-técnicas y operativas necesarias, asumiendo de manera completa y centralizada las tareas críticas como la gestión y obtención de los permisos de ingreso a los campos y la ejecución total de los setecientos (700) metros de perforación planificados".

Metodología y perforaciones exploratorias

El relevamiento físico y químico abarca sustancias como limos, arcillas, yeso, cenizas volcánicas, calizas, arenas silíceas y cuarzosas, basaltos, broza y cantos rodados. Para ello, el plan estipula la realización de al menos 22 perforaciones exploratorias que totalizan 700 metros, distribuidas de la siguiente manera:

Etapa 1: Perforaciones en los departamentos Diamante y Paraná (incluyendo sondeos de hasta 30 metros de profundidad).

Etapa 2: Campaña en la región Suroeste, abarcando Las Cuevas, Diamante y Victoria.

Etapa 3: Trabajos en la zona Sur, desde Rincón de Nogoyá hasta Villa Paranacito, incluyendo las Islas del Ibicuy.

Etapa 4 a 6: Relevamientos en la región Noroeste (Hernandarias, La Paz, Cerrito), Centro Norte (Federal, Villaguay) y el Este/noreste provincial (San Salvador, Federación, Concordia y Puerto Yeruá).

Esquema de pagos y entregables

La contraprestación económica de $ 189.917.361,90 será abonada de forma escalonada por el Ministerio conforme se reciban y aprueben los nueve entregables previstos, los cuales cuentan con un plazo de revisión de dos días hábiles por parte de la Dirección de Desarrollo Minero:

Entregable 1 (5%): Informe de datos antecedentes y localización de sitios de muestreo.

Entregables 2 al 5: Informes parciales de geología de campo y avance de perforaciones por regiones.

Entregable 6 (12%): Resultados de ensayos geotécnicos, granulometría y contenido de materia orgánica.

Entregable 7 y 8 (10% y 13%): Análisis micromorfológicos por cortes delgados, difractometría de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB-EDS), ensayos de puzolanicidad en cenizas y análisis geoquímicos por ICP-FRX.

Entregable 9 Final (20%): Presentación del informe final, bases de datos digitales estandarizadas, cartografía geológica a escalas 1:50.000 y 1:100.000, y exposición oral ante las autoridades provinciales.

Ejecución institucional y administración financiera

La ejecución institucional estará a cargo del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICyTTP), con sede en la ciudad de Diamante, mientras que la Fundación INNOVA-T operará como la Unidad de Vinculación Tecnológica encargada de la administración financiera de los pagos estipulados en nueve entregables sucesivos.

El Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (OET.ER) entró en una nueva etapa de implementación con la ampliación de su alcance territorial y la definición de los procedimientos que regirán los relevamientos. La iniciativa, impulsada por el Emturer con el modelo metodológico de ONU Turismo, reúne ahora a 15 municipios y suma nuevas instancias de articulación técnica para poner en funcionamiento el sistema.

La nueva fase comenzó en octubre con la firma de convenios institucionales con siete municipios que se incorporaron al proyecto formalizando su adhesión y compromiso con el registro estadístico. Estos se integran a las ocho localidades que participaron de la primera prueba piloto, realizada para evaluar los instrumentos y procedimientos de relevamiento.

En paralelo, la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos comienza a trabajar junto al equipo técnico del OET.ER. Esta articulación permitirá coordinar criterios y capacidades estadísticas para el desarrollo de los relevamientos y la producción de información sobre la actividad turística provincial.

Uno de los principales hitos de esta etapa fue el primer taller de trabajo, que concluyó con el consenso y la validación del documento metodológico final. La instancia estuvo precedida por reuniones de vinculación con los nuevos municipios y de revinculación con los que ya habían participado del operativo inicial.

El próximo paso será trasladar esa metodología al territorio. Antes de la prueba piloto prevista para el fin de semana largo de noviembre, el equipo del Observatorio visitará los municipios para brindar asesoramiento y acompañamiento técnico, además de realizar charlas y asistencias con los operadores privados que conformarán la muestra.

Esa última prueba permitirá verificar los procedimientos y efectuar los ajustes necesarios antes de la implementación prevista para diciembre. El trabajo contempla relevamientos de la demanda turística y de los alojamientos, con instrumentos orientados a conocer el perfil de los visitantes, estimar su gasto y medir variables como la ocupación y la estadía.

Con el OET.ER, Entre Ríos busca contar con información sistemática y comparable sobre la actividad turística. Los datos servirán como insumo para la planificación de políticas públicas, la evaluación del comportamiento del sector y la toma de decisiones de los prestadores privados.

La actividad de la industria metalúrgica en la Argentina registró una contracción del 3,3 por ciento interanual durante el mes de septiembre, acumulando de este modo un retroceso del 5,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2026. De acuerdo con el relevamiento mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector mostró una ligera mejora del 2,5 por ciento en la comparación mensual con respecto a agosto, aunque dicho incremento no resultó suficiente para revertir la tendencia contractiva del período.

Uno de los indicadores salientes del informe sectorial refiere al uso de la capacidad instalada, el cual se ubicó en un 40,2 por ciento durante septiembre, experimentando una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a idéntico mes del año anterior. Este guarismo representa el nivel de utilización productiva más bajo registrado para un mes de septiembre desde el inicio de la serie estadística disponible en el año 2016, traduciéndose en que aproximadamente seis de cada diez maquinarias pertenecientes al entramado industrial se mantuvieron inactivas durante el período evaluado.

En la distribución geográfica, todas las jurisdicciones con presencia metalúrgica evidenciaron variaciones interanuales negativas. La provincia de Entre Ríos encabezó la nómina de caídas con un descenso del 5,5 por ciento, seguida por Córdoba con una baja del 4,6 por ciento, Buenos Aires con un retroceso del 3,7 por ciento, Santa Fe con un -2,3 por ciento y Mendoza con un -1,1 por ciento.

Por último, en lo concerniente a las variables laborales y de proyección, el nivel de empleo en el sector registró un retroceso del 1,9 por ciento en la comparación interanual, manteniéndose sin modificaciones respecto al mes de agosto. Respecto a las previsiones operativas para el próximo trimestre, el 45,2 por ciento de las empresas encuestadas por la entidad fabril manifestó que no proyecta incrementos en sus volúmenes de producción.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato oficial de la inflación correspondiente a septiembre. El informe permitirá determinar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras el registro de agosto, cuando el indicador descendió al 1,7% mensual, la marca más baja observada en los últimos 14 meses.

De acuerdo con las estimaciones proyectadas por consultoras privadas y centros de análisis económico, la variación de precios de septiembre se ubicaría entre el 1,9% y el 2,1%. La atención de los analistas está centrada en verificar si el nivel general logra mantenerse por debajo del umbral del 2% mensual —situación que durante 2026 solo se registró en los meses de junio y agosto— o si experimenta un leve repunte.

Entre las razones citadas por los especialistas para explicar esta dinámica se destaca la incidencia de los productos estacionales. En particular, se observaron incrementos superiores al 4% en rubros como frutas, verduras e indumentaria, a lo que se sumó el comportamiento del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde los equipos técnicos explicaron que en agosto influyó de forma favorable la reversión de ciertos aumentos estacionales ocurridos durante julio, un factor de compensación que no se replicó en la medición del mes siguiente. No obstante, los analistas coinciden en señalar que un eventual repunte intermensual responde a las oscilaciones habituales de la estacionalidad y no modifica de forma directa la tendencia general del índice.

Respecto de las proyecciones para el último tramo de 2026, las estimaciones incluidas en el REM sugieren que la inflación mensual oscilaría en torno al 2% en los próximos meses. Para diciembre, los pronósticos proyectan un registro cercano al 1,9%, con lo que la inflación acumulada a lo largo del año se situaría entre el 30% y el 30,3%. De confirmarse estos números, el dato anual finalizaría en niveles levemente inferiores al 31,5% computado en 2025.

Entre Ríos se posicionó al frente del indicador de préstamos sobre coparticipación contemplado en el informe mensual de financiamiento productivo confeccionado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) correspondiente al mes de octubre. De acuerdo con las cifras consolidadas en el relevamiento institucional, la jurisdicción provincial alcanzó un índice de colocación del 105,3 por ciento, valor que supera el promedio registrado a nivel federal entre las distintas provincias argentinas, situado en el 45,7 por ciento.

Las herramientas crediticias gestionadas a través de la articulación con el organismo federal están orientadas a la incorporación de equipamiento de tecnología avanzada, la renovación de parque de maquinaria industrial, la adecuación y ampliación de infraestructuras edilicias y la expansión de las líneas de procesamiento en establecimientos agropecuarios, comerciales e industriales de la región. El propósito de las líneas crediticias radica en elevar los niveles de competitividad del entramado productivo local, incentivar el agregado de valor en origen e impulsar la creación de puestos de empleo en el ámbito privado.

Dentro de la nómina de líneas de financiamiento vigentes entre el Estado provincial y el Consejo Federal de Inversiones se incluyen programas dirigidos a proyectos de inversión productiva general, esquemas de optimización energética, infraestructura para la gestión sustentable y uso eficiente del agua, adecuaciones ambientales para procesos industriales y partidas específicas destinadas al respaldo de proyectos liderados por mujeres emprendedoras.

El desarrollo de este programa de asistencia crediticia forma parte del conjunto de medidas orientadas a la consolidación de la actividad económica provincial, facilitando el acceso a financiamiento a tasas fomentadas y plazos adaptados a los ciclos productivos para pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en los diferentes departamentos de Entre Ríos.

Argentina registró 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. Entre Ríos contabilizó siete femicidios y 11 intentos de femicidio durante el período analizado.

Del total registrado en el país, el relevamiento contabilizó 164 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Otro de los datos que surgió del informe fue que 226 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 55% eran menores de edad.

Siete femicidios y 11 intentos en Entre Ríos

El relevamiento ubicó a Entre Ríos con siete femicidios registrados entre enero y septiembre de 2026, mientras que también contabilizó 11 intentos de femicidio en territorio provincial.

En términos absolutos, Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos del país, seguida por Santa Fe y Córdoba.

A nivel nacional, el Observatorio contabilizó además 401 intentos de femicidio, casos que continuaban bajo seguimiento.

Más de la mitad ocurrió en la vivienda de la víctima

El informe reveló que en el 54% de los casos los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Asimismo, el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

De acuerdo con el relevamiento, 22 víctimas habían realizado previamente una denuncia, cifra equivalente al 15% de los casos analizados. En otras 11 situaciones, los agresores tenían medidas cautelares de prevención.

La Casa del Encuentro planteó que esos datos evidenciaron dificultades en el acceso a la Justicia y cuestionó la efectividad de las medidas de protección en aquellos casos en los que los agresores continuaron ejerciendo violencia.

Además, el informe indicó que 29 femicidas se suicidaron después de cometer los crímenes.

Los contextos registrados

Entre las víctimas contabilizadas, hubo 15 casos en contextos vinculados con la narcocriminalidad y otros 14 presentaron indicios de abuso sexual.

También se registraron siete víctimas migrantes, cinco embarazadas y una perteneciente a pueblos originarios. Otros tres casos fueron contabilizados en presuntos contextos de prostitución o trata.

El relevamiento señaló, además, que ocho de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

“La figura de femicidio no puede retroceder”

En el documento, La Casa del Encuentro también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema adopte una interpretación que, según la organización, podría restringir el alcance del femicidio como agravante contemplado en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

La entidad sostuvo que el contexto de violencia de género debía probarse respetando las garantías del debido proceso, pero consideró que exigir una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia podría limitar el alcance de la figura.

“La figura de femicidio no puede retroceder”, expresó La Casa del Encuentro.

La organización recordó que elabora relevamientos desde 2008 y participó del proceso que derivó en la incorporación del femicidio como agravante en la legislación argentina.

Finalmente, reclamó el cumplimiento efectivo de las normas vigentes relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la Ley Micaela, la reparación económica para niñas, niños y adolescentes, la asistencia jurídica a víctimas y la lucha contra la trata de personas.

“No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, concluyó la organización.

Fuente: ElOnce

El Índice de Calidad Legislativa, elaborado y publicado por el portal especializado parlamentario.com, dio a conocer el balance correspondiente al tramo inicial del periodo ordinario de 2026, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio. Las cifras recopiladas exponen el volumen de trabajo parlamentario presentado en ambas cámaras del Congreso de la Nación, distribuidas en proyectos de ley, declaración, resolución y comunicación. En ese marco estadístico, resalta que la delegación de senadores y diputados de la provincia de Entre Ríos no logró ubicarse en los diez primeros lugares de ningún rubro analizado.

El reporte estadístico que elabora anualmente el citado medio efectúa este corte parcial con vistas a la medición definitiva, la cual contempla el año parlamentario completo, finalizando formalmente en febrero de 2027.

Por su parte, la actividad en la Cámara de Diputados refleja que Marcela Pagano encabeza la presentación de proyectos de ley con 93 propuestas formalizadas hasta el 31 de julio. La siguen en el escalafón Agustina Propato con 46 y Esteban Paulón con 37. En el rubro de proyectos de declaración, Roxana Monzón encabeza las posiciones con 36 presentaciones, en tanto que en el apartado de resoluciones Paulón ocupa el primer puesto al contabilizar 99 iniciativas ingresadas.

Desde la entidad especializada que confecciona el informe remarcan de manera constante que las métricas cuantitativas no constituyen por sí solas un indicador directo de la efectividad o de la calidad legislativa de un representante. No obstante, aclaran que la recolección de los datos numéricos resulta indispensable para analizar de forma objetiva la dinámica procedimental del Congreso Nacional.

A continuación, se consigna la nómina de los diez principales legisladores en cada una de las categorías computadas al cierre del receso invernal:

2°) Beatriz Ávila (Independencia): 44

3°) Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): 35

4°) Daniel Bensusán (Justicialista): 19

5°) Sergio Uñac (Justicialista): 19

6°) Marcelo Lewandowski (Justicialista): 17

7°) Edith Terenzi (Despierta Chubut): 17

8°) Flavia Royón (Primero los Salteños): 15

9°) Eduardo Galaretto (Unión Cívica Radical): 13

10°) Victoria Huala (Pro): 12

11º) Carolina Losada (Unión Cívica Radical): 12

12º) Natalia Gadano (Movere Santa Cruz): 12

2°) Jorge Capitanich (Justicialista): 36

3°) Sandra Mendoza (Independencia): 32

4°) Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza): 17

5°) Julieta Corroza (La Neuquinidad): 17

6°) Fernando Rejal (Justicia Social Federal): 13

7°) Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones): 13

8°) Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza): 12

9°) Ana Marks (Justicialista): 11

10°) Enzo Fullone (La Libertad Avanza): 10

2º) Alicia Kirchner (Justicialista): 14

3°) Flavia Royón (Primero los Salteños): 12

4°) Beatriz Ávila (Independencia): 6

5º) María Celeste Giménez Navarro (Justicialista): 6

6º) Daniel Kroneberger (Unión Cívica Radical): 6

7º) Marcelo Lewandowski (Justicialista): 6

8°) Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): 5

2°) Patricia Bullrich (La Libertad Avanza): 1

3º) Martín Göerling Lara (Pro): 1

4º) José Mayans (Justicialista): 1

5º) Flavia Royón (Primero los Salteños): 1

6º) Sergio Uñac (Justicialista): 1

2°) Agustina Propato (Unión por la Patria): 46

3°) Esteban Paulón (Provincias Unidas): 37

4°) Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): 36

5°) Cristian Andino (Unión por la Patria): 25

6º) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires): 25

7°) Gabriela Estévez (Unión por la Patria): 24

8°) Carlos Castagneto (Unión por la Patria): 20

9°) Varinia Lis Marín (Unión por la Patria): 19

10º) Néstor Pitrola (Partido Obrero): 19

2°) Yamila Ruiz (Argentina Federal): 34

3°) Guillermo Agüero (Unión Cívica Radical): 25

4°) Pablo Juliano (Provincias Unidas): 23

5°) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires): 13

6°) María Inés Zigarán (Provincias Unidas): 12

7°) Julieta Campo (Unión por la Patria): 11

8º) Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca): 11

9º) Gabriela Pedrali (Unión por la Patria): 11

10°) Mónica Frade (Coalición Cívica): 10

2°) Agustina Propato (Unión por la Patria): 74

3°) Pablo Juliano (Provincias Unidas): 64

4°) Marcela Pagano (Coherencia): 46

5°) Eduardo Valdés (Unión por la Patria): 30

6°) Ana María Ianni (Unión por la Patria): 28

7°) Roxana Monzón (Unión por la Patria): 26

8°) Cristian Andino (Unión por la Patria): 25

9°) Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria): 22

10º) Andrea Freites (Unión por la Patria): 22

(Fuente: APFDigital)

Informes técnicos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación y la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron remitidos al fuero judicial para su incorporación en la causa que investiga el funcionamiento del sistema de contrataciones del organismo. La documentación remitida consolida una serie de auditorías administrativas donde se detectaron marcadas diferencias entre los montos abonados por la institución y los precios de referencia de mercado, así como anomalías operativas en el circuito de recepción de insumos médicos.

Entre las actuaciones documentadas se destaca el seguimiento efectuado sobre la provisión de un elemento prostético destinado a un paciente en la provincia de Río Negro. Si bien las constancias administrativas y remitos oficiales archivados en el expediente registraban la recepción conforme del material por parte de la familia del beneficiario, la verificación directa sobre el terreno permitió constatar que la entrega nunca llegó a concretarse. Según detalla el informe institucional, la firma del acuse de recibo se habría obtenido mediante inducción a error durante las etapas previas de toma de medidas técnicas.

Paralelamente, el relevamiento de la ex ANDIS expuso desfasajes en los valores adjudicados para diversas tecnologías médicas en comparación con las licitaciones concretadas por otras dependencias del Estado. En el rubro de válvulas bicavales transcatéter, se constató un contrato adjudicado por 425 millones de pesos frente a procesos similares en el PAMI licitados por 124,2 millones de pesos. Un patrón similar de dispersión de costos se registró en la compra de válvulas pulmonares con variaciones del 711 por ciento, implantes cocleares facturados a un promedio de 62.613 dólares por unidad y adquisiciones de neuroestimuladores con incrementos del 219 por ciento respecto a los valores testigo.

Por otra parte, los auditores identificaron errores de categorización técnica en los pliegos que derivaron en la adquisición de insumos de origen extranjero con diferencias de costos situadas entre el 300 y el 1.000 por ciento en relación con alternativas de fabricación nacional de equivalente especificación. La totalidad de los expedientes, comprobantes y peritajes remitidos por las autoridades sanitarias se encuentran integrados al expediente judicial para el análisis probatorio correspondiente.

Durante el ejercicio presupuestario 2026, los 24 estados subnacionales de la República Argentina asignaron en conjunto un total de $1.835.300 millones al funcionamiento del Poder Legislativo. Al considerar que el país reúne a 1.199 representantes entre diputados y senadores provinciales, el presupuesto consolidado arroja un promedio de $1.531 millones anuales por cada legislador, cifra que equivale a aproximadamente $128 millones mensuales por banca.

Los datos surgen de la octava edición del informe anual sobre presupuestos legislativos elaborado por la Fundación Libertad. La medición contrasta los recursos asignados al funcionamiento de las cámaras con el volumen presupuestario general de cada provincia y la estructura de personal asignada a la función legislativa.

El análisis de los montos por representante expone variaciones significativas según la jurisdicción. Tucumán encabeza el listado de mayor costo por legislador, con una erogación anual de $3.725 millones para cada uno de sus 49 parlamentarios. En segundo lugar se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $3.402 millones asignados por cada uno de sus 60 legisladores, seguida por la provincia del Chaco, que destina $3.057 millones anuales por banca para un cuerpo de 32 diputados.

En el extremo opuesto de la nómina, San Luis y Santiago del Estero registran las partidas de menor cuantía por representante. La provincia de San Luis destina $176 millones anuales por cada uno de sus 52 legisladores, mientras que Santiago del Estero asigna $206 millones al año por banca. De esta forma, el presupuesto individual asignado en la jurisdicción con mayor erogación resulta 21 veces superior al de la provincia con menor gasto unitario.

En términos de participación sobre el gasto público total, el Poder Legislativo insume en promedio el 1,15% de los presupuestos provinciales consolidándose Tucumán (3,66%), Catamarca (2,64%) y Chaco (2,22%) como los distritos donde la función parlamentaria exige la mayor proporción de recursos locales.

Las provincias con mayor incidencia de la masa salarial sobre su presupuesto parlamentario son Río Negro (95%), Formosa (94,2%), Mendoza (94%) y Santa Cruz (94%). En contraposición, las jurisdicciones con menor proporción de gasto en personal respecto de sus erogaciones legislativas totales son Santa Fe (64,6%), San Luis (72,9%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (73,2%).

El relevamiento detalla asimismo la relación existente entre la cantidad de legisladores y la plantilla total de empleados permanentes, transitorios, secretarios y asesores de cada parlamento.

La provincia de Corrientes lidera la nómina con un promedio de 72 empleados por cada legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62 trabajadores por parlamentario. Por el contrario, tres distritos mantienen un promedio inferior a diez empleados por banca: Córdoba cuenta con 8 trabajadores por legislador, Santiago del Estero registra 5 y San Luis presenta una razón de 2 empleados por representante.

Fuente: Agencia NA

Cerca de 2,5 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años todavía viven en su hogar de origen porque no lograron acceder a una vivienda propia ni afrontar de manera sostenida el costo de un alquiler. La cifra equivale al 37% de la población de esa franja etaria.

Los datos surgen de un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA), elaborado sobre información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El informe advierte que la dificultad para formar un hogar independiente se combina con un déficit habitacional que afecta de manera particular a las generaciones más jóvenes.

Dentro de quienes permanecen viviendo con sus familias, el 46%, equivalente a alrededor de 1,2 millones de personas, reside además en viviendas que presentan algún tipo de déficit habitacional. Esto significa que una parte significativa no solo enfrenta obstáculos para independizarse, sino también condiciones insuficientes en el hogar actual.

Los jóvenes encabezan los mayores niveles de déficit habitacional

Los hogares encabezados por personas de entre 25 y 34 años son los que presentan la mayor incidencia de problemas habitacionales: el indicador alcanza al 52%, frente al promedio nacional del 40%. Entre quienes tienen de 18 a 24 años llega al 46%.

A medida que aumenta la edad, el porcentaje disminuye. En los hogares con responsables de entre 35 y 44 años se ubica en torno al 44%, mientras que entre los mayores de 65 años desciende hasta el 31%.

Otro indicador analizado es el denominado “allegamiento”, que se produce cuando más de un hogar convive dentro de una misma vivienda. Esta situación afecta al 13% de los hogares encabezados por jóvenes de entre 18 y 24 años y disminuye progresivamente hasta alrededor del 1% entre los mayores de 65.

Las diferencias entre provincias

El informe también muestra fuertes contrastes según la región del país. Tucumán registra la mayor proporción de personas de entre 25 y 35 años que todavía no pudieron independizarse, con un 56% del total de esa franja etaria.

Santiago del Estero y Jujuy aparecen a continuación, ambas con un 53%, mientras que Salta alcanza el 52% y Catamarca el 49%. En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje desciende al 24%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra poco más de un millón de jóvenes no emancipados, cerca del 40% del total nacional. El volumen está relacionado también con el peso poblacional del distrito dentro del país.

Cuántas viviendas se necesitan en Argentina

La dificultad para independizarse forma parte de un déficit habitacional más amplio. Según el relevamiento, 5.983.241 hogares argentinos presentan al menos una dimensión deficitaria, lo que representa el 40,3% del total.

Alrededor de dos millones de hogares necesitan una vivienda nueva, mientras que más de cuatro millones podrían mejorar sus condiciones mediante refacciones, ampliaciones o conexiones adecuadas a servicios básicos. Si además se incorpora la demanda potencial de los jóvenes que todavía no formaron un hogar propio, la necesidad aumenta.

El OFAVA calcula que Argentina requiere aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas. La estimación contempla alrededor de 1,5 millones para resolver el déficit cuantitativo, unas 430.000 vinculadas con situaciones de allegamiento y al menos otras 500.000 asociadas con la demanda de quienes todavía no lograron independizarse.

Fuente: ElOnce

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondientes a julio de 2026, los cuales reflejaron un descenso del 4,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Asimismo, el acumulado de los primeros siete meses del año registró una contracción del 2,6 por ciento en relación al período equivalente de 2025.

Dentro del relevamiento oficial, doce de las dieciséis divisiones industriales analizadas presentaron retrocesos. Las caídas más severas se concentraron en los rubros de tecnología y bienes de capital. La fabricación de equipos de informática, televisión y comunicaciones encabezó la nómina de retracciones con una baja del 49,8 por ciento, derivada principalmente del menor volumen de producción de aparatos celulares y televisores.

En el segmento de maquinaria y equipo se constató una disminución interanual del 26,7 por ciento, traccionada por la menor actividad en maquinaria agropecuaria, que cedió un 46,6 por ciento en el marco de un menor dinamismo en las ventas internas de tractores y cosechadoras. De igual modo, la elaboración de aparatos de uso doméstico se redujo un 20,9 por ciento dada la menor demanda de artefactos como heladeras y lavarropas.

Las ramas vinculadas a insumos para la construcción y la industria textil también registraron contracciones significativas. La producción de insumos de arcilla y cerámica cayó un 41,3 por ciento, condicionada en parte por restricciones temporales en la disponibilidad de gas, mientras que la fabricación de calzado disminuyó un 26,5 por ciento y la de prendas de vestir descendió un 14,4 por ciento, contexto en el cual las fuentes oficiales identificaron un impacto derivado de la competencia de bienes importados.

Por su parte, la industria automotriz y la rama de alimentos manifestaron variaciones negativas moderadas. La fabricación de vehículos cayó un 9,9 por ciento interanual, a pesar del incremento registrado en las exportaciones a destinos regionales. En alimentos y bebidas se constató un leve repliegue general del 0,5 por ciento, donde la elaboración de productos de panadería cayó un 6,2 por ciento, amortiguada por el desempeño de la molienda de oleaginosas, que registró una suba del 10,7 por ciento.

El Intendente Mauricio Davico mantuvo una reunión de trabajo con el Intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, con el objetivo de consolidar una estrategia preventiva compartida frente a las proyecciones asociadas al fenómeno climático de El Niño. Durante la jornada, ambas administraciones expusieron sus planes de contingencia, evaluaron datos técnicos sobre el comportamiento de los cursos de agua regionales y acordaron mecanismos directos para el intercambio continuo de información operativa.

La agenda técnica prioriza la preparación de infraestructura urbana y rural ante eventuales crecidas, precipitaciones de gran intensidad y otros eventos meteorológicos severos. Estas acciones buscan optimizar los tiempos de respuesta interinstitucional y reducir los márgenes de vulnerabilidad en sectores clave de ambas localidades.

En el caso de Gualeguaychú, las labores desarrolladas por las dependencias locales comprenden el monitoreo permanente de la cuenca hídrica, la ampliación y puesta a punto de los sistemas informáticos de medición, junto con tareas intensivas de limpieza y mantenimiento en la red de desagües pluviales. Asimismo, se lleva a cabo un relevamiento detallado en zonas históricamente anegables y la actualización de los protocolos de evacuación, asistencia técnica y logística en articulación con las fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios y efectores del sistema de salud local.

“La prevención y la planificación son fundamentales para anticiparnos a cualquier situación y cuidar a nuestros vecinos. Compartir experiencias y coordinar acciones con otras ciudades nos permite estar mejor preparados”, señaló el intendente Mauricio Davico.

Por su parte, la Municipalidad de Concepción del Uruguay avanza a través de la Junta Municipal de Defensa Civil en la evaluación de escenarios de riesgo de diversa magnitud, registrando los recursos humanos, materiales y logísticos disponibles para atender emergencias.

El acuerdo entre ambos ejecutivos locales busca unificar criterios de gestión de riesgo a nivel regional, consolidando un canal de cooperación institucional que garantice respuestas ágiles e integradas ante las variaciones climáticas previstas para los próximos meses en la provincia.

El turismo rodantero forma parte de las nuevas modalidades de viaje que ganan presencia en el país y en el mundo, asociadas a la autonomía, la flexibilidad y el contacto con la naturaleza. En este marco, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), en articulación con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, llevó adelante un relevamiento territorial orientado a conocer las condiciones actuales y definir herramientas para el desarrollo del segmento en la provincia.

La iniciativa comenzó con una prueba piloto que reunió al equipo técnico del Emturer y a los municipios de Villaguay, Gualeguaychú, Villa Elisa, Santa Elena, Gualeguay, Rosario del Tala, San Benito, Valle María y Villa Mantero. El objetivo se fundó en trabajar en red con las localidades interesadas, relevar la infraestructura disponible y avanzar en criterios comunes para el pernocte, la prestación de servicios y la convivencia con las comunidades.

Como insumo central para este proceso se incorporaron los resultados de la consultoría financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), "Diagnóstico y bases técnicas para el fortalecimiento de los servicios de alojamiento Camping y Glamping en contextos de Turismo de Naturaleza en Entre Ríos". El estudio relevó campings, balnearios, espacios de naturaleza, experiencias incipientes de glamping y usos vinculados a motorhomes en sectores de las riberas de los ríos Paraná y Uruguay, y detectó que el 30 por ciento de los establecimientos cuenta con infraestructura específica para estos vehículos.

A partir de ese diagnóstico, el trabajo contempla la articulación con los lineamientos de la Nación, la elaboración futura de un marco normativo provincial flexible que pueda ser adaptado por cada municipio y la identificación de servicios esenciales, como puntos de carga de agua y estaciones para el tratamiento y descarga de aguas grises y negras. El manejo de efluentes constituye uno de los aspectos ambientales prioritarios señalados por la consultoría y el organismo nacional, que recomienda no habilitar predios para esta modalidad sin garantizar una gestión adecuada.

La estrategia también apunta a vincular las paradas con productores rurales, bodegas, artesanos y otros actores de las economías locales, priorizando nodos con servicios adecuados antes que una expansión sin condiciones. En paralelo, se trabaja sobre herramientas de información para el viajero, como mapas de paradas autorizadas, servicios y normativas, y un registro digital actualizado de prestadores y sitios habilitados.

El Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) dio a conocer el informe estadístico correspondiente al seguimiento de casos de violencia de género en el ámbito provincial. Según el reporte acumulado entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026, la provincia de Entre Ríos contabilizó un total de 73 femicidios. Este indicador representa una tasa acumulada de 0,8 casos por cada 100.000 mujeres y disidencias, situándose cercana al promedio registrado en el territorio nacional.

En lo que respecta al período transcurrido durante el año 2026, las mediciones territoriales registraron 3 hechos concretados en el ámbito provincial, en el marco de los 105 casos asentados a nivel federal durante los primeros cinco meses del año. Los datos fueron articulados por el equipo de seguimiento que coordina la referente regional Silvana Lagraña, responsable del relevamiento de indicadores para las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

La caracterización de los datos estadísticos señala que el espacio privado constituye el principal ámbito de ocurrencia de estos hechos. El 65% de los episodios relevados tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Asimismo, con relación al vínculo entre las partes, el 69% de los victimarios integraba el entorno íntimo, revistiendo la condición de parejas, exparejas o familiares directos. Por otra parte, el informe detalla que un 8% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad, habiéndose utilizado el arma reglamentaria en el 52% de dichas situaciones.

Un elemento destacado en el informe del observatorio refiere a la fluctuación en el registro de denuncias previas ante las dependencias correspondientes. Mientras que la media histórica del último decenio ubicaba la presentación de denuncias formales en un 17%, en el transcurso de 2026 dicho porcentaje descendió al 9% de los casos analizados.

Frente a este escenario y el estado de la infraestructura institucional de atención, diversas organizaciones sociales sostienen el pedido para la promulgación de la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, promoviendo el sostenimiento de los programas de acompañamiento, asistencia técnica y protección integral en los distintos municipios de la provincia.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) dio a conocer los resultados del informe titulado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”. La investigación analiza las condiciones de vida de un segmento demográfico que en Argentina representa el 15,7% de la población total —alrededor de 7,1 millones de personas— y que, según las proyecciones estadísticas oficiales, ascenderá al 22% para el año 2050.

De acuerdo con las mediciones correspondientes al período 2024-2025, la insuficiencia de ingresos en los hogares integrados por personas de 60 años o más alcanzó el 46,0%, lo que representa un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del bienio 2022-2023 y sitúa la cifra en el valor más elevado de toda la serie histórica iniciada en 2017. El relevamiento destaca profundas brechas según la estratificación socioeconómica: en los sectores clasificados como muy bajos, la falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos esenciales llega al 71,1% de los hogares, mientras que en los estratos bajos la problemática comprende al 55,2%.

En lo referente a la seguridad alimentaria, el indicador registró un aumento paulatino a nivel general, pasando del 12,3% en el trienio 2017-2019 al 18,4% en el período 2024-2025. Al desagregar los datos por nivel socioeconómico, la afectación es del 1,1% en los sectores medios altos, en tanto que en el estrato socioeconómico muy bajo la cifra asciende al 39,1%. Asimismo, el 21,3% de los hogares con adultos mayores se vio obligado a suspender el pago de algún servicio público por motivos de restricción presupuestaria, valor que en los hogares de mayor vulnerabilidad económica asciende al 39,4%.

El trabajo técnico también evaluó la cobertura de la asistencia social y las condiciones habitacionales. En los sectores socioeconómicos muy bajos, el 42,4% de los hogares recibe programas de transferencia monetaria o asistencia alimentaria directa, en el marco de una cobertura general de la población mayor que se ubicó en el 26,8%. Respecto a la infraestructura del hogar, el 11,8% reside en viviendas con deficiencias constructivas —cifra que trepa al 27,5% en los estratos más bajos— y el 25,2% registra carencias de acceso a redes formales de agua, gas o saneamiento básico.

Por último, el área de salud muestra que el 35,2% de los hogares postergó o discontinuó atenciones médicas o la compra de medicamentos por razones económicas durante el último período, alcanzando un 55,0% en los sectores de menores recursos. En relación con la obra social PAMI, el 74% de la población mayor utilizó la institución para consultas y el 70% para la adquisición de remedios, con una valoración positiva de la atención médica del 61,7% y del 49,7% en la cobertura prestacional de medicamentos.

El relevamiento, elaborado sobre la base de los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS) del Ministerio de Seguridad de la Nación, indica que en el último año la tasa nacional alcanzó los 11,8 casos consumados por cada 100.000 habitantes. Este indicador desplazó a los siniestros viales como la causa principal de mortalidad entre adolescentes y jóvenes de 15 a 34 años, posicionando al país en el segundo lugar de la región, solo por detrás de Uruguay.

En el territorio nacional, la distribución del fenómeno evidencia una pronunciada disparidad. La provincia de Entre Ríos encabeza la nómina con la tasa más elevada del país, registrando 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes. A la nómina con los índices más comprometidos se suman San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca. Al examinar los volúmenes absolutos de 2025, la provincia de Buenos Aires acumuló 1977 hechos (un 38 % del total nacional), seguida por Santa Fe con 461, Córdoba con 371 y Entre Ríos con 288 casos, concentrando entre estas cuatro jurisdicciones cerca de seis de cada diez decesos reportados.

El estudio detalla una "transmutación de la violencia letal" en la sociedad argentina. Mientras los homicidios dolosos descendieron de 5,2 a 3,6 cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2025, las muertes autoinfligidas crecieron hasta casi cuadruplicar los registros de delitos fatales. Los especialistas señalan que la problemática responde a factores multicausales, entre los que inciden trastornos de ansiedad, depresión, consumos problemáticos de sustancias y dificultades financieras. Asimismo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) subrayó que el contexto exige una respuesta estatal urgente mediante políticas públicas integrales y asignación presupuestaria para la prevención y la salud mental.

Para abordar esta problemática de manera comunitaria, los profesionales recomiendan estar atentos a posibles señales de alerta en el entorno cercano. Entre las principales conductas a observar figuran los cambios abruptos de humor, enojos reiterados, tristeza persistente y pensamientos de estructura rígida. Se suman la falta de concentración, el aislamiento continuo, la alteración del sueño o la alimentación, el retraimiento en las relaciones personales y la desconexión del grupo de pares. También resultan relevantes las consultas médicas frecuentes por fatiga o dolores difusos, los sentimientos de frustración ante pequeñas contrariedades, las manifestaciones de soledad o las menciones directas a ideas de autoeliminación.

(Fuente: La Nación)

La cadena de pagos de las PyME industriales mostró nuevas señales de tensión durante el segundo trimestre de 2026. El 24% de las empresas registró atrasos en al menos uno de sus vencimientos, una proporción que se duplicó en casi un año. Al mismo tiempo, el 62% señaló que los plazos de cobro a clientes resultaron mayores a los habituales. Las dificultades para cobrar quedaron así como la segunda preocupación más mencionada por las pequeñas y medianas industrias, sólo detrás de la caída de las ventas.

Los datos surgen del Informe de Coyuntura PyME Industrial correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por la Fundación Observatorio PyME (FOP). El relevamiento mostró que las demoras crecieron en las distintas obligaciones analizadas. El 17,3% de las empresas registró atrasos en el pago de impuestos, el 15,3% se demoró con proveedores y el 8,6% con los bancos. En el tercer trimestre de 2025, esos porcentajes se ubicaron en 8,6%, 5,7% y 3,4%, respectivamente. En ese período, el porcentaje de firmas con al menos un atraso llegó al 12%, frente al 24% registrado en el segundo trimestre de este año.

La tensión también apareció del lado de los cobros. El 40,9% de las industrias señaló que los plazos resultaron levemente más largos de lo habitual y otro 21,7% los calificó como significativamente más largos. En cambio, para el 33,5% los tiempos se mantuvieron similares a los habituales, mientras que apenas el 3,2% informó plazos levemente más cortos y el 0,8% observó una reducción significativa. En total, el 62% de las PyME cobró en plazos más largos de lo habitual durante el período analizado.

Los principales problemas de las pymes

Las demoras de los clientes se ubicaron entre los principales problemas que identificaron los empresarios. La caída de las ventas encabezó el listado y afectó al 81% de las pequeñas y medianas industrias. Los retrasos en los pagos de clientes quedaron en segundo lugar, con el 62%. Luego aparecieron el aumento de los costos de las materias primas, mencionado por el 60% de las firmas; la competencia de las importaciones, con el 47%; y el aumento de los costos salariales, con el 45%. La dificultad de financiamiento alcanzó al 38% de las empresas.

El deterioro de la cadena de pagos ocurrió en un contexto de retroceso de la actividad industrial. Durante el segundo trimestre, la producción pyme se contrajo 3,6% en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior y cayó 11% en la comparación interanual. Según el informe, el volumen de producción descendió hasta el nivel más bajo de los últimos siete años.

El relevamiento también mostró una diferencia según el tamaño de las firmas: las pequeñas industrias registraron una evolución inferior a la de las medianas.El empleo acompañó ese desempeño. La cantidad de ocupados en las industrias PyME bajó 0,8% desestacionalizado durante el trimestre y 4,5% en términos interanuales. Con ese resultado, el sector acumuló 14 trimestres consecutivos de retracción del empleo.

Costos y precios

Otro de los factores que condicionó la situación de las empresas fue la relación entre costos y precios. Para el 73% de las PyME los costos aumentaron por encima de los precios de venta de su principal producto. Para el 25% evolucionaron de manera similar y apenas el 1% indicó que los costos crecieron por debajo de sus precios. Dentro de los componentes analizados, el informe destacó una fuerte incidencia de la energía y el transporte.

Ese movimiento se reflejó en los márgenes de las compañías. El 69% de las firmas señaló que su rentabilidad disminuyó respecto de un año atrás. El dato se ubicó en línea con una secuencia de cinco trimestres en los cuales la mayoría de las empresas registró una rentabilidad inferior a la observada doce meses antes.

Los indicadores que anticipan la evolución de la actividad mostraron cierta recuperación frente al primer trimestre, aunque permanecieron en terreno contractivo. El PMI PyME, que anticipa el ciclo de actividad, se ubicó en 44 puntos. El indicador avanzó diez puntos frente al trimestre anterior, pero quedó por debajo del umbral de 50 puntos que separa una previsión de expansión de otra de contracción.

La confianza empresaria también permaneció por debajo del nivel neutral. El Índice de Confianza Empresarial PyME (ICE) se ubicó en 43 puntos. Las condiciones actuales alcanzaron los 32 puntos y continuaron en terreno pesimista, mientras que las expectativas para los próximos doce meses llegaron a 52 puntos y se ubicaron en terreno levemente optimista. En la apertura por componentes, la percepción sobre el país llegó a 42 puntos, la correspondiente al sector se ubicó en 39 y la evaluación de la propia empresa alcanzó los 47 puntos.

Carga impositiva

Las dificultades de actividad y liquidez también aparecieron en las respuestas vinculadas con la carga impositiva. El estudio identificó a Ingresos Brutos, las tasas municipales, el impuesto al cheque y las contribuciones patronales entre los tributos que más afectaron los costos, el capital de trabajo y la capacidad operativa de las empresas. En el caso de Ingresos Brutos, el 40% respondió que afectó significativamente su operatoria y otro 23% indicó un impacto moderado.

Al consultar a las empresas por las medidas prioritarias para reducir la carga tributaria y administrativa, la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos quedó en primer lugar, con el 32,8% de las respuestas. La reducción de contribuciones patronales apareció inmediatamente después, con el 29,7%. Más atrás se ubicaron la eliminación o el cómputo pleno como pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, con 11,9%; otras medidas, con 8,4%; la reducción de los regímenes de retención, percepción y anticipos, con 5,9%; y la eliminación o reducción de tasas municipales no asociadas a una contraprestación efectiva, con 5,5%.

La encuesta también relevó cómo reaccionaron las industrias frente a las importaciones. La competencia de productos provenientes del exterior representó una preocupación para el 47% de las firmas. En el último año, el 21% sustituyó insumos locales por importados, el 15,1% incorporó nuevos productos de origen importado y el 9,4% reemplazó parte de su producción propia por bienes provenientes del exterior. En conjunto, una de cada cuatro empresas reemplazó parte de su proceso productivo por importaciones, ya sea mediante la sustitución de insumos o de producción propia.

El informe incluyó además una medición sobre la participación de las pequeñas y medianas industrias en proyectos comprendidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El alcance resultó limitado: el 4,7% de las firmas participó como proveedor directo o indirecto. Dentro de ese grupo, el 1,5% participó directamente como proveedor de un proyecto y el 3,2% lo hizo de manera indirecta a través de otras compañías que abastecieron esos emprendimientos. Otro 3,2% expresó intenciones de participar, pero no cumplió con los requisitos, mientras que el 11,6% no participó aunque manifestó interés en hacerlo en el futuro. El 80,5% no registró participación. Infobae

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), continúa fortaleciendo la infraestructura social en el interior provincial mediante la supervisión técnica y el avance sostenido de nuevas soluciones habitacionales. En esta oportunidad, el titular del organismo provincial, Manuel Schönhals, encabezó una visita institucional a la localidad de Gobernador Mansilla, ubicada en el departamento Tala, con el objetivo de constatar sobre el terreno la ejecución del proyecto de 10 viviendas en desarrollo.

La jornada de trabajo de las autoridades incluyó un relevamiento integral de la obra, donde se evaluaron las distintas etapas constructivas y el ritmo de ejecución de los trabajos. Las 10 unidades que se encuentran en edificación corresponden al marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, una iniciativa estratégica orientada a brindar respuestas concretas a la demanda de techo propio en los municipios de la provincia.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, cada una de las viviendas dispondrá de una superficie cubierta de 63 metros cuadrados. El diseño funcional comprende la distribución de dos dormitorios, un área social de estar-comedor, cocina, baño y un espacio destinado a patio, garantizando condiciones de habitabilidad acordes a las necesidades de las familias beneficiarias.

Durante la recorrida oficial, Schönhals estuvo acompañado por el intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, y por el director de la Regional Centro Este del IAPV, Gabriel Bochatay. El despliegue territorial busca consolidar la articulación directa entre el gobierno provincial y las gestiones locales, agilizando el seguimiento operativo de los proyectos en marcha.

Respecto de la política habitacional llevada adelante en el territorio entrerriano, el presidente del IAPV enfatizó la relevancia del contacto presencial en cada distrito: «Por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, seguimos recorriendo las obras que lleva adelante el IAPV en las distintas localidades y manteniendo un contacto directo con los gobiernos locales para conocer de primera mano el desarrollo de los proyectos y las necesidades habitacionales de cada comunidad».

La concreción de este grupo de viviendas no solo representa una respuesta estructural al déficit de soluciones habitacionales en Gobernador Mansilla, sino que además impulsa la dinamización de la economía local mediante la demanda de mano de obra y la adquisición de materiales de construcción dentro de la región.

Argentina perdió más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, de acuerdo con el último Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Hasta mayo de 2026, la reducción acumulada alcanzó las 30.633 firmas, equivalente a alrededor del 6% de las existentes al comienzo del período analizado.

El informe correspondiente a mayo mostró que la tendencia negativa continuó: durante ese mes se contabilizaron 2.371 empresas menos que en abril, lo que representó una contracción mensual del 0,49%. Con ese resultado, la cantidad de firmas registró 16 meses consecutivos de caídas mensuales.

La comparación interanual también resultó negativa. Frente a mayo de 2025 hubo 16.560 empresas menos, una reducción del 3,3%. Según Fundar, se acumularon así 27 meses consecutivos de caídas interanuales, mientras el centro de estudios caracterizó la contracción desde el inicio de la actual administración como la más pronunciada durante los primeros 30 meses de un gobierno dentro de la serie analizada.

La cifra actual también se encuentra alejada del máximo histórico registrado en febrero de 2012, cuando existían 540.282 empresas. Desde aquel punto, el entramado empresarial argentino atravesó distintas etapas de crecimiento y contracción, aunque el relevamiento puso el foco en la aceleración de la caída durante los últimos años.

Los datos corresponden a empresas relevadas a partir de los registros de la SRT, por lo que reflejan la evolución de empleadores alcanzados por ese sistema. El informe permitió, además, analizar diferencias entre actividades económicas y provincias para determinar dónde se concentraron las mayores contracciones.

Industria y transporte, entre los sectores más afectados

El deterioro alcanzó a la mayoría de las ramas económicas. En mayo, 15 de los 18 sectores relevados perdieron empresas respecto de abril, mientras que 14 presentaron una caída frente al mismo mes de 2025. Esa misma cantidad acumuló un retroceso desde noviembre de 2023.

En la comparación mensual, alojamiento y gastronomía registró el peor desempeño, con una reducción del 1,38%. Al considerar todo el período iniciado en noviembre de 2023, en cambio, transporte y almacenamiento encabezó las bajas, con una contracción acumulada del 17,05%, seguido por la industria manufacturera, con un retroceso del 13,81%.

No todos los sectores tuvieron resultados negativos. Electricidad y gas creció 0,25% durante mayo y acumuló una expansión del 1,74% desde noviembre de 2023. Servicios administrativos mostró el mayor crecimiento durante todo el período, con una mejora del 8,15%.

La caída alcanzó a casi todas las provincias

La reducción del número de empresas tampoco quedó concentrada en determinadas regiones. Según Fundar, las 24 jurisdicciones perdieron firmas durante mayo en comparación con abril, mostrando que el retroceso mensual tuvo alcance nacional.

En términos interanuales, 23 de las 24 jurisdicciones registraron caídas. La misma proporción mostró un saldo negativo cuando se compararon los datos de mayo de 2026 con noviembre de 2023. Neuquén fue la única excepción, con un incremento acumulado del 1,6%, en un contexto marcado por la expansión de la actividad vinculada a Vaca Muerta.

En el extremo contrario aparecieron La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego. Desde noviembre de 2023, las tres jurisdicciones acumularon reducciones del 18,87%, 14,09% y 13,56%, respectivamente, según los datos incluidos en el monitor.

Cierres y reducciones de personal relevados por Fundar

Además de las estadísticas generales, el informe recopiló situaciones particulares de empresas que atravesaron cierres o procesos de achicamiento. Entre ellas mencionó a la firma de indumentaria deportiva Will Der, que cerró su planta de Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en su establecimiento de Pacheco. La compañía atribuyó la situación a la crisis textil, la caída del consumo y la apertura importadora.

También se consignó el cierre de la planta de vegetales deshidratados de Unilever que abastecía a Knorr, con la desvinculación de 60 trabajadores. De acuerdo con la explicación empresarial recogida en el informe, la decisión respondió a cambios en los hábitos de consumo y a una estrategia de reposicionamiento hacia categorías de demanda durante todo el año.

En alimentos, Fundar mencionó a Granja Tres Arroyos, que desvinculó a 250 trabajadores y atribuyó la medida a factores como la gripe aviar, la sobreoferta interna y la caída de precios. También incluyó a Tía Maruca, que cerró su planta de San Juan, establecimiento que operaba al 52% de su capacidad.

Textiles, supermercados y electrodomésticos

Otro de los casos relevados fue el de Supermercados Toledo, que abonó el 40% de los salarios correspondientes a julio y acumuló conflictos vinculados con los pagos durante el último año. La situación fue incluida como una de las señales de dificultades empresariales registradas durante el período.

En Catamarca, la empresa Indumentaria Catamarca anunció el cierre definitivo para fines de agosto. Según el relevamiento, la compañía había llegado a contar con 150 empleados, comenzó 2026 con alrededor de 100 y redujo progresivamente su planta hasta unos 20 trabajadores. La firma vinculó el proceso con la retracción del consumo, la acumulación de stock y la competencia importada.

El informe también mencionó a Peabody, fabricante de electrodomésticos que dejó de producir en Argentina después de 16 años. La compañía desmanteló maquinaria y orientó su estrategia hacia la comercialización de productos importados y la producción en Paraguay.

Las inversiones que contrastaron con los cierres

El panorama relevado por Fundar incluyó, al mismo tiempo, anuncios de inversiones. Entre ellos figuró Mercado Libre, que abrió un centro de almacenamiento de 60.000 metros cuadrados en Córdoba, con capacidad para seis millones de productos, dentro de un plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para 2026.

También se destacó el proyecto de Pampa Energía para construir una planta de urea granulada con capacidad anual de 2,1 millones de toneladas. La iniciativa fue aprobada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), publicó Infobae.

A esos proyectos se sumaron la ampliación de Compañía MEGA para aumentar la producción de líquidos de gas natural y el desarrollo de litio de LIEX, perteneciente al grupo Zijin Mining, en Tres Quebradas. Así, el informe expuso un escenario productivo heterogéneo: mientras los registros mostraron una caída sostenida en la cantidad total de empresas, determinados sectores concentraron nuevos proyectos de inversión de gran escala. ElOnce