El Juzgado Federal Nº 2 de Paraná volvió a condenar al Estado nacional por demoras injustificadas en el otorgamiento de una credencial del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). El juez Daniel Alonso hizo lugar a una acción de amparo por mora administrativa y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que resuelva el trámite en un plazo máximo de diez días.

La causa se originó a partir de la presentación realizada por un paciente que había iniciado el trámite de inscripción al Reprocann el 19 de enero de 2024. Según se acreditó en el expediente, toda la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma, incluyendo consentimiento informado, declaración jurada e indicación médica correspondiente.

El magistrado destacó que la profesional de la salud interviniente había consignado en la historia clínica los padecimientos del solicitante y fundamentado debidamente el pedido de inscripción en el programa de cannabis medicinal. Sin embargo, pese al cumplimiento de los requisitos formales, el expediente permaneció sin resolución durante 424 días hábiles administrativos.

En su fallo, Alonso subrayó que el Ministerio de Salud, aun estando debidamente notificado, no respondió al pedido de pronto despacho ni brindó explicación alguna por el prolongado silencio administrativo. En ese contexto, consideró “sobradamente acreditada” la morosidad en la que incurrió la administración pública.

El juez aclaró que el objeto del amparo no fue analizar si correspondía o no otorgar la credencial solicitada, sino ordenar el dictado del acto administrativo que debía haberse emitido dentro de los plazos legales. Señaló que el trámite llevaba más de un año sin definición, excediendo ampliamente cualquier plazo razonable.

Además de ordenar que el Ministerio resuelva el pedido en el término de diez días, el fallo impuso las costas del proceso al Estado nacional, al no encontrar motivos para apartarse del principio general de la derrota.

La sentencia se suma a otros pronunciamientos judiciales en el mismo sentido, que vienen advirtiendo sobre demoras prolongadas y falta de respuesta por parte de la autoridad de aplicación del Reprocann. Estos fallos refuerzan la obligación del Estado de garantizar procedimientos administrativos ágiles, especialmente cuando se encuentran en juego derechos vinculados a la salud.

En Entre Ríos, donde un Relevamiento de Cannabis realizado por la UNER y el Frente de Organizaciones Cannábicas (FOCER) muestra que 6 de cada 10 personas que usan cannabis para la salud en la provincia no cuentan con acompañamiento médico, este espacio intenta aportar a terapias con cannabis más efectivas y relaciones más sanas con las sustancias psicoactivas.

“La experiencia de la asociación estando cerca de personas usuarias de cannabis a lo largo de los años nos mostró que el acompañamiento médico determina la eficacia en los tratamientos”, señala la presidenta de ESAC, Guillermina Ferraris.

Se trata de una iniciativa que apunta tanto al uso terapéutico de cannabis, como a personas que usan la planta y otras sustancias con fines recreativos y no encuentran un lugar libre de prejuicios, orientado a la reducción de riesgos y daños. “La conversación abierta en el espacio de consulta, permite que personas usuarias de drogas que normalmente encuentran barreras de acceso en el estigma y los prejuicios, puedan tener un espacio seguro.”

Sobre la importancia de este espacio, Gutiérrez señala que “hay muchas que acceden a fitoderivados de cannabis que no son seguros: desconocen las formulaciones y el cómo se cultivaron esas plantas”. Incluso quienes acceden a productos seguros también “podrían beneficiarse de un acompañamiento clínico para ajustar dosis o elegir preparados más adecuados”, agregó.

Con dirección en Mitre 188, el consultorio abre sus puertas para recibir turnos. El Dr. Maximiliano Gutiérrez es especialista en clínica médica, con formación en endocannabinología y experiencia en acompañamiento desde la perspectiva de reducción de daños. El profesional también realiza el trámite de inscripción en Reprocann para regularizar el acceso legal con fines de salud.

Las personas interesadas podrán gestionar turnos online y presenciales, a través del Whatsapp 3435067897 o por teléfono al 3434231961. (APFDigital)

La causa se declaró abstracta luego de que el Ministerio informara la aprobación del trámite, pero el magistrado determinó que la cartera sanitaria debía asumir los gastos judiciales “por la demora injustificada que forzó al amparista a recurrir ante los estrados judiciales”. Los honorarios de los abogados del demandante fueron fijados en 3.089.160 pesos.

El fallo precisó que “existía obligación de resolver y, a la fecha, tal obligación se ha satisfecho”. No obstante, Alonso advirtió que el caso “ha quedado vaciado de contenido por sustracción de su objeto”, aunque subrayó que las costas corresponden a la parte demandada por haber motivado el proceso.

El amparista había denunciado la falta de respuesta del Reprocann a su solicitud de inscripción, presentada con el aval de un profesional de la salud y toda la documentación exigida. Argumentó que su trámite permanecía “pendiente de evaluación” más allá de los plazos establecidos en la normativa, configurando así “silencio administrativo”, que la ley de procedimientos considera una negativa.

Frente al amparo, el Ministerio presentó su informe y comunicó la aprobación del trámite, solicitando que las costas se impusieran por su orden, es decir, que cada parte asumiera sus gastos. Sin embargo, el juez hizo lugar al reclamo del actor, destacando que “la Administración generó la necesidad del reclamo judicial al no responder en tiempo y forma”.

El fallo se inscribe en un contexto de creciente judicialización de los reclamos por demoras en el Reprocann, el registro que autoriza el autocultivo o cultivo delegado de cannabis medicinal para pacientes con prescripción médica. La sentencia marca un antecedente sobre la responsabilidad del Estado frente a la mora administrativa en estos procedimientos.