Juan Enrique Ruiz Orrico busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de cuatro jóvenes en un choque ocurrido en la Ruta Provincial 39. La defensa del exfuncionario provincial presentó un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, una decisión que provocó la indignación de Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas.

El planteo judicial se produjo después de que la condena fuera ratificada por la Cámara de Casación Penal de Concordia y por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano. Ahora, los abogados intentan habilitar la intervención del máximo tribunal nacional para cuestionar la sentencia, publicó La Calle.

La presentación deberá ser evaluada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que resolverá si concede o rechaza el recurso. La solicitud no implica que la Corte Suprema vaya a revisar automáticamente la condena ni modifica por sí misma la situación judicial del exfuncionario.

La indignación de una madre

La decisión de la defensa generó una fuerte reacción de Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los cuatro jóvenes que murieron en el siniestro vial.

A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó que Ruiz Orrico continúe recurriendo a nuevas instancias judiciales después de haber reconocido su responsabilidad en el hecho.

“Esto es tremendo, nunca visto en la provincia. ¡Se declaró culpable y apela a la Corte Suprema!”, expresó. En la misma publicación, Dubini manifestó su desconcierto por la decisión de los abogados del exfuncionario. “No se acuerdan que se declaró responsable del homicidio de los gurises, no entiendo”, agregó.

La nueva presentación judicial volvió a generar malestar entre los familiares de las víctimas, quienes reclaman que se haga efectiva la condena impuesta por la Justicia.

Qué debe resolver el Superior Tribunal de Justicia

El recurso extraordinario federal fue presentado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá determinar si corresponde habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de adoptar una resolución, el tribunal dará intervención a la querella y al Ministerio Público Fiscal, que tendrán diez días hábiles para responder al planteo de la defensa.

Una vez cumplida esa instancia, el expediente quedará en condiciones de ser analizado por los magistrados. No existe un plazo establecido para que el tribunal se pronuncie.

Si el Superior Tribunal concede el recurso, el expediente podrá llegar a la Corte Suprema, que deberá determinar si corresponde intervenir.

En cambio, si la presentación es rechazada, la defensa todavía podrá intentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal nacional, de acuerdo con los requisitos procesales correspondientes.

Por lo tanto, la presentación representa una nueva instancia en el recorrido judicial del caso, pero no supone una revisión automática de la sentencia.

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y también del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, además del director de la entidad, Juan Curutchet, debido a las operaciones con derivados de oro que la institución llevó adelante en 2025.

"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", precisó el letrado en declaraciones televisivas.

E indicó: "Por ejemplo la asociación Ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables".

Acerca de a dónde se encuentra el oro, Dalbón respondió: "Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar" y agregó: "Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio".

Aclaró que "si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruído a la Justicia en base a lo que fue en base al exámen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que minitieron en la auditoría".

Acorde con el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

Agregó que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al final de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El escrito detalla que el resultado se conforma de $1.400.793 millones o 960,2 millones de dólares, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.

A su vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, acorde con la información contable precisada en la denuncia.

¿Cuáles son los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el letrado pidió: la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación relacionada con la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

Y añadió: "La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'".

La legisladora dejó en claro que esa contestación "no alcanza" e hizo hincapié en que la "plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".

Por lo tanto, "ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició " y sentenció: "SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS".

Agencia NA

Tras la finalización del debate oral que se extendió durante cinco meses y medio y contó con 45 audiencias, la Justicia Penal de San Isidro iniciará la etapa decisiva en la causa que investiga las circunstancias de la muerte del deportista. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón entrarán en deliberación a partir del próximo 22 de octubre para determinar la responsabilidad de los siete profesionales de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El Tribunal en Lo Criminal N° 3 de San Isidro dio por concluida la fase de recepción de pruebas en el juicio oral que analiza las responsabilidades médicas e institucionales en el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en un barrio privado de Tigre. A lo largo de 45 jornadas de debate, el proceso judicial evaluó las acciones y omisiones del equipo de salud a cargo de la internación domiciliaria dispuesta tras la intervención quirúrgica por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostienen la acusación por homicidio simple con dolo eventual contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni. La figura penal atribuida contempla una escala de penas que va de los 8 a los 25 años de prisión.

El debate técnico se centró en tres ejes principales: la duración del proceso agónico, la existencia de sintomatología previa y la evaluación de la función cardíaca. Mientras los peritos de la parte acusadora afirmaron que la insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón implicó un proceso prolongado de varias horas con signos visibles de edema y deterioro, otros profesionales médicos citados a declarar sostuvieron que se trató de un evento cardíaco súbito e imprevisible, desestimando la presencia de indicadores previos de falla orgánica irreversible.

Respecto a la delimitación de responsabilidades, el tribunal analizó el rol operativo de cada involucrado. Leopoldo Luque y Agustina Cosachov figuran como profesionales firmantes en el documento de externación de la Clínica Olivos. En tanto, las intervenciones de la firma de medicina prepaga, el seguimiento psicológico y la asistencia de enfermería nocturna fueron examinados en función de los partes diarios de salud y la existencia de órdenes médicas específicas para el control de signos vitales. Finalizada la etapa de alegatos el 22 de octubre, el tribunal quedará en condiciones de emitir su veredicto.

La urgencia es clara: en Argentina existen 5.000 basurales a cielo abierto, lo que representa más de dos basurales por municipio. Además, se generan unas 45.000 toneladas de residuos diarios, un promedio de 1,15 kg por habitante al día.

En cuanto al reciclaje, cerca de la mitad de las personas encuestadas en el país afirma reciclar con frecuencia y casi el 64% de la población en Argentina manifiesta estar muy o bastante interesada en las temáticas ambientales.

En este marco, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, y la presidenta de la Cooperativa Eco Gualeguaychú, Lorena Matta, brindan un diagnóstico profundo sobre la situación en la ciudad, las dificultades operativas y el valor humano del proceso de reciclaje.

Consultada sobre el nivel de separación en origen en los hogares de la ciudad, Zecca explicó que “el nivel de compromiso es relativamente bajo, al Ecoparque llegan, dependiendo de las zonas, diferentes grados de separación; la población todavía no ha generado en su totalidad el hábito. Existe una brecha importante entre la intención de colaborar y la constancia diaria de hacerlo”.

Sin embargo, el trabajo en el predio del Eco Parque genera beneficios directos que impactan en la calidad de vida urbana. Según detalló la funcionaria municipal, la labor diaria “permite recuperar materiales reciclables que vuelven al circuito productivo en lugar de enterrarse; reducir el volumen de residuos enviados a disposición final; alargar la vida útil del predio, mitigar el impacto en suelos y napas y mantener la ciudad más limpia”. Asimismo, "cada material recuperado representa menor presión sobre el ambiente y recursos que se aprovechan bajo un modelo de economía circular”.

Respecto a la efectividad del sistema, Zecca detalló que “en promedio se recupera un 15% de los residuos ingresados al predio desde la recolección domiciliaria”. Esto incluye residuos orgánicos (destinados a compostaje para espacios verdes) e inorgánicos (acondicionados y comercializados por convocatoria pública). “El porcentaje de aprovechamiento sería aún mayor si se respetaran correctamente los días específicos de recolección diferenciada”, apuntó.

Esta realidad es vivida en primera persona por los integrantes de la Cooperativa Eco Gualeguaychú. Lorena Matta, su presidenta, detalló cuáles son los obstáculos más repetidos en la cinta de separación. “Uno de los principales desafíos es que los residuos llegan muchas veces muy mezclados, con restos de comida, pañales y hasta vidrios que contaminan los materiales reciclables. Esto dificulta la clasificación, afecta la calidad de los materiales que podemos recuperar y hace que nuestro trabajo sea más complejo y peligroso”.

Pese a ello, la diferencia es notoria cuando el vecino realiza el esfuerzo inicial en su domicilio: “Cuando los materiales secos llegan separados de los residuos húmedos podemos recuperarlos mejor y trabajar de manera más segura. Cada vecino que se toma unos minutos para separar sus residuos está haciendo un aporte muy importante. Es un gesto sencillo en cada hogar, pero tiene un impacto enorme en nuestro trabajo diario”.

“Para nosotros, cada fardo representa mucho más que un material recuperado: representa trabajo, compromiso, oportunidades y el sustento de nuestras familias. Somos 55 cooperativistas que día a día trabajamos para que esos residuos puedan volver a la economía y no terminen simplemente enterrados”, expresó Matta. Y ahondó: “También nos demuestra que el reciclaje es posible cuando existe compromiso de toda la comunidad. Nuestro trabajo transforma residuos en recursos y, al mismo tiempo, nos permite construir una fuente de trabajo digno”.

Desde el área municipal, la educación y el abordaje territorial se señalan como pilares centrales. En este sentido, Zecca explicó que “se implementan talleres participativos, visitas guiadas al Ecoparque y programas de capacitación articulados con establecimientos educativos; durante el año pasado y este se profundizaron las intervenciones en los primeros niveles educativos”.

Además, sobre la estrategia de comunicación pública la funcionaria indicó que “en esta primera etapa se priorizó el abordaje en las instituciones educativas y la comunicación directa en territorio cuando se realizan abordajes que involucran otras temáticas, entendiendo que el cambio cultural profundo requiere diálogo y cercanía”. Sin embargo, adelantó que “no obstante, es inminente la campaña de separación por diferentes canales y de manera masiva que se realizará en estos días”.

“No buscamos aplicar soluciones aisladas, sino transformar de raíz la relación de la comunidad con su entorno. El objetivo final de nuestra gestión es lograr que la sostenibilidad deje de ser solo una política pública y se convierta en un sello de identidad de cada ciudadano de Gualeguaychú”, sintetizó la Subsecretaria.

Finalmente, desde la Cooperativa Eco Gualeguaychú, Matta dejó un llamado directo a la población: “El ambiente es responsabilidad de todos. Nosotros hacemos nuestra parte y necesitamos que la comunidad nos acompañe desde cada hogar, escuela, comercio e institución. Porque separar es cuidar: cuidar el planeta, cuidar el trabajo y cuidar a las personas que, día a día, hacemos posible el reciclaje”.

Encuesta digital realizada a doscientas personas de Gualeguaychú. Se puede realizar un análisis enfocado en la brecha entre la conciencia ambiental, la intención y la acción efectiva:

● Existe una abrumadora mayoría consciente del impacto positivo que genera la separación de residuos. La percepción del beneficio comunitario y ambiental no es un obstáculo; la comunidad reconoce masivamente el valor de la práctica.

● A pesar de que 9 de cada 10 personas entienden que la separación es beneficiosa, sólo la mitad la lleva a cabo de forma cotidiana. Esto evidencia que la valoración positiva de la causa no se traduce de manera automática en el hábito diario dentro del hogar.

3. Elevada predisposición y potencial de adopción (85,2%)● Dato: Al consultar a quienes no separan si desearían hacerlo ("¿Desearías hacerlo?"), un 85,2% expresó que Sí, frente a un 14,8% que no tiene interés.

● La gran mayoría del grupo que actualmente no clasifica sus desechos muestra una clara voluntad de sumarse a la práctica. Esto señala que el motivo principal del 49% que no separa no es el desinterés ni la apatía, sino la presencia de barreras externas.

ConclusiónLos resultados indican que la comunidad cuenta con una base sólida de conciencia y motivación. Para transformar el deseo de la población (85,2%) en conducta efectiva (superando el 51% actual), las acciones institucionales u operativas no deberían enfocarse únicamente en convencer sobre la importancia del reciclaje, sino en facilitar la logística.

El Gobierno publicó este lunes la reglamentación del Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito.

El Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

Un punto central es que el decreto publicado este lunes no fijó la edad de 14 años. Ese límite fue establecido por el Congreso al aprobar la ley. La edad del adolescente se toma en cuenta al momento de la comisión del hecho.

El régimen tiene como finalidad fomentar en el adolescente imputado “el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y procurar su educación, resocialización e integración social.

La ley contempla distintas respuestas judiciales y no establece que todos los adolescentes alcanzados deban recibir una pena de prisión. Entre las sanciones posibles aparecen la amonestación, restricciones de contacto o circulación, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación del daño y penas privativas de la libertad.

En caso de prisión, están prohibidas las penas de reclusión o prisión perpetua y el máximo previsto para adolescentes es de 15 años.

Cómo funcionará el seguimiento de los adolescentes bajo el nuevo régimen

Una de las figuras centrales es la del supervisor especializado, que deberá encargarse del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente una vez que el juez determine determinadas medidas o penas.

La ley establece entre sus tareas mantener entrevistas semanales con el adolescente y elaborar informes mensuales sobre su educación, formación, actitud y evolución. También deberá trabajar con los demás profesionales que intervengan en cada caso.

Para los procesos de competencia nacional ordinaria y federal, la reglamentación creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil dentro del Ministerio de Justicia.

Los profesionales deberán contar con título terciario o universitario en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o formación académica específica en adicciones.

Además, tendrán que acreditar al menos dos años de ejercicio profesional, aprobar una capacitación inicial obligatoria en justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes y realizar posteriormente actividades de formación continua todos los años.

Tampoco podrán ingresar al registro quienes tengan determinados procesamientos o condenas penales ni quienes figuren en registros de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Mientras se constituye el registro definitivo, Justicia elaborará un listado provisorio de profesionales. La primera convocatoria pública deberá concretarse dentro de un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto.

En cada caso de competencia nacional ordinaria o federal, el juez elegirá al supervisor entre los profesionales habilitados.

En las provincias y la Ciudad de Buenos Aires el esquema no será necesariamente idéntico. La propia Ley 27.801 establece que cada jurisdicción deberá regular los procesos de nombramiento, remoción y sanción de sus supervisores siguiendo los lineamientos generales del régimen.

Qué asistencia tendrán las víctimas y qué información llegará a Reincidencia

La reglamentación también precisó cómo deberá implementarse la asistencia a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.

El Ministerio de Justicia pondrá a su disposición equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y trabajadores sociales y deberá coordinar con la Defensoría General de la Nación los mecanismos necesarios para garantizar el patrocinio jurídico gratuito previsto por la ley.

Otro punto relevante es el tratamiento de la información sobre las penas.

Cuando se imponga una pena a un adolescente bajo este régimen, el juez deberá comunicarlo al Registro Nacional de Reincidencia. El organismo tendrá una sección especial para los adolescentes alcanzados por la Ley 27.801.

Allí se asentarán los datos de las sentencias y resoluciones firmes, junto con sus modificaciones, sustituciones, suspensiones, revocaciones y extinciones.

La información tendrá carácter reservado: solo podrán acceder quienes estén autorizados por la normativa vigente.

El decreto también creó un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Entre sus funciones estarán coordinar las políticas de prevención, abordaje y reinserción y articular la ejecución de las penas en las materias correspondientes a cada cartera.

Además, se conformará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil como ámbito de articulación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Su objetivo será intercambiar experiencias, armonizar criterios técnicos y procesales y facilitar convenios de cooperación entre jurisdicciones.

De esta manera, la reglamentación define cómo se implementarán varios de los mecanismos previstos por el nuevo régimen, desde el seguimiento de los adolescentes y la atención de las víctimas hasta la capacitación de los operadores judiciales y el registro reservado de las decisiones firmes.TN/Ahora

La problemática del suicidio ha dejado de ser asunto exclusivo de los consultorios para transformarse en una urgencia comunitaria. Ante la declaración de Urgencia Sanitaria en Salud Mental en la provincia de Entre Ríos, un entramado plural de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil de Gualeguaychú comenzó a articular esfuerzos con un propósito central: brindar una respuesta integral, territorial y en comunidad.

En el marco de septiembre, reconocido internacionalmente como el Mes de la Prevención del Suicidio, este espacio interinstitucional llevará a cabo una propuesta abierta a toda la ciudadanía el próximo miércoles 11 a las 16 horas.

La convocatoria tendrá lugar en la Plaza San Martín. Y buscará ser un punto de encuentro, escucha e intercambio informativo para derribar mitos, visibilizar la problemática y acercar herramientas concretas de acompañamiento.

“Muchas veces creemos que frente al sufrimiento del otro tenemos que tener la palabra justa o encontrar una solución inmediata, y no siempre se trata de eso. Podemos empezar por algo mucho más simple: estar disponibles, escuchar sin juzgar, animarnos a preguntar, no minimizar lo que la persona siente y acompañarla a buscar ayuda profesional. La prevención se construye en los vínculos cotidianos: como amigos, familiares, compañeros o vecinos”, explicó la profesional.

El equipo interdisciplinario del mencionado centro médico está conformado por Velázquez junto a Agustina Santarelli (psicóloga) y Andrea Rothberg (terapista ocupacional). Como parte de las acciones previas al encuentro del 11 de septiembre, la institución instaló un buzón participativo en su mesa de entrada, modalidad que se prevé replicar en otras entidades participantes. La consigna invita a los vecinos a dejar comentarios, dudas o inquietudes de forma anónima, las cuales serán abiertas y leídas durante la jornada en la plaza para motivar el debate colectivo.

“Es fundamental remarcar que, si bien impulsamos esta propuesta, son muchas las personas, instituciones de salud y organizaciones comunitarias implicadas en pensar estrategias conjuntas que den una respuesta a esta problemática”, remarcó Velázquez.

Dardo Caraballo, referente del Hogar de Cristo, destacó el valor de estructurar un movimiento plural: “Este es un movimiento grupal y diverso que cuenta con el respaldo de Cáritas para sensibilizar sobre el riesgo del suicidio en Entre Ríos. Es imprescindible reconocer el sufrimiento y dar una respuesta, recordando que existe una ventana enorme de oportunidades antes de que los hechos se consumen”.

En este punto, los profesionales y referentes destacaron que los indicadores estadísticos a nivel provincial obligan a asumir el tema con máxima responsabilidad. Detrás de las cifras existen historias y familias afectadas por situaciones de sufrimiento que vienen precedidas por múltiples señales de alerta. El encuentro del 11 de septiembre en la Plaza San Martín buscará consolidarse entonces como el primer paso de un trabajo sostenido en el tiempo, en el que la información precisa, el acompañamiento afectivo y el compromiso interinstitucional sirvan para construir una red local de prevención y escucha activa.

El próximo sábado 29 de agosto a las 16:00 se llevará a cabo una jornada cultural y de debate abierto en la sede ubicada en calle 25 de Mayo 731. La actividad, abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita, contempla la exhibición del largometraje "Belén", dirigido por Dolores Fonzi y basado en el trabajo periodístico de investigación "Somos Belén" de Ana Correa. La obra repasa los acontecimientos en torno al caso de una joven tucumana que afrontó una condena judicial tras atravesar un aborto espontáneo en un establecimiento de salud pública, constituyendo un disparador para el análisis de la autonomía de los pacientes, el trato institucional y el cumplimiento de las normativas de salud.

Tras la proyección del film, el encuentro propone la apertura de un foro horizontal de intercambio entre los asistentes, acompañado por la distribución de material informativo local vinculado al acceso a prestaciones sanitarias. Desde la organización remarcaron que el objetivo es propiciar una conversación comunitaria sin oradores únicos, donde se aborden de forma reflexiva las dinámicas del sistema de salud y el impacto de los marcos legales en el ejercicio de los derechos.

"Si bien la historia de Belén transcurre en un contexto anterior a la sanción de la Ley 27.610, nos interesa preguntarnos: más allá de las circunstancias del embarazo, ¿cómo debe actuar hoy el sistema de salud frente a una persona que necesita asistencia y cuáles son las garantías que debe ofrecer? La normativa vigente reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y establece obligaciones concretas para el sistema de salud. Pero también creemos necesario reflexionar sobre el rol del Estado en la garantía efectiva de estas políticas, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva."

"Creemos importante —y urgente— debatir qué sucede cuando se cuestionan derechos ya reconocidos por la legislación, qué políticas de prevención, educación sexual, acceso a anticonceptivos y atención integral son necesarias, y cuál es la responsabilidad del Estado para garantizar que cada persona pueda tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Entendemos que la discusión sobre la natalidad no debería reducirse a cuántas personas nacen, sino a qué condiciones necesita una sociedad para que quienes desean tener hijos puedan hacerlo y quienes no desean hacerlo puedan decidir libremente. El caso de Belén puede ser el de cualquiera de nosotras. Cualquier amiga, familiar o conocida puede ser protagonista en un país donde aún se tienen que defender los derechos ya adquiridos".

La convocatoria se realizada en forma conjunta por Puentegchú y la Cooperativa de Cultura y Comunicación Chakana. La invitación se extiende a todas las personas interesadas en participar de este espacio de encuentro y reflexión, recordando que la jornada comenzará de manera puntual y concluirá a las 18:30 aproximadamente.

El Consejo General de Educación (CGE) continúa fortaleciendo la campaña #HablemosDe, una iniciativa de prevención y cuidado integral en el ámbito educativo que ya capacitó a más de 3000 docentes, estudiantes y familias de toda la provincia. En esta nueva etapa incorpora el eje "Ausentismo, trayectorias y aprendizajes" para sensibilizar, prevenir y promover acciones que fortalezcan las trayectorias escolares y el derecho a la educación.

Cuando un estudiante falta de manera reiterada, no sólo se interrumpe el proceso de aprendizaje, sino que también se debilitan los vínculos con la escuela, disminuyen las oportunidades de participación y se reducen las posibilidades de recibir acompañamiento oportuno.

La preocupación se sustenta en datos que muestran la magnitud del desafío. En la última década, según un informe de Argentinos por la Educación, el ausentismo escolar creció un 40 por ciento, convirtiéndose en uno de los principales retos del sistema educativo.

Además, diversos estudios indican que los estudiantes faltan, en promedio, alrededor de 30 días de clase por año. A lo largo de toda la educación primaria, esa cantidad de inasistencias equivale a perder casi un año completo de escolaridad.

En contraste, el 77,3 por ciento de quienes sostienen una trayectoria escolar continua alcanzan mejores aprendizajes.

Frente a este escenario, la provincia promueve una mirada compartida entre la escuela, las familias y la comunidad, entendiendo que acompañar la asistencia y la permanencia escolar es una responsabilidad colectiva.

Con materiales, herramientas y acciones de sensibilización dirigidas a docentes, familias y estudiantes, la campaña reafirma que cada día en la escuela representa una oportunidad para aprender, construir vínculos, desarrollar confianza y proyectar el futuro.

(APFDigital)

Entre Ríos fue incluida entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país, de acuerdo con el último Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la prestigiosa Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La provincia litoraleña alcanzó una performance perfecta al obtener 100 puntos, la calificación máxima prevista por el riguroso relevamiento de la entidad. De este modo, quedó resguardada dentro del denominado Grupo I, que distingue a las administraciones de "cumplimiento estricto". En este selecto nivel de excelencia fiscal solo lograron ubicarse, además de Entre Ríos, las provincias de Córdoba y Santa Fe, siendo las únicas tres jurisdicciones de toda la República Argentina que lograron reunir la totalidad de los exigentes requisitos evaluados por los técnicos del organismo.

El pormenorizado informe analizó de manera exhaustiva la información fiscal y presupuestaria que publican de forma oficial los gobiernos provinciales que se encuentran debidamente adheridos al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Para esta oportunidad, la medición técnica tomó como referencia el cierre del ejercicio fiscal de 2025 y el relevamiento de campo fue ejecutado durante los primeros quince días de abril de este año.

En lo que respecta puntualmente al desempeño de Entre Ríos, la entidad consignó de manera positiva la publicación efectiva del Presupuesto 2026.

Detrás del lote de vanguardia que integra Entre Ríos, se ubicó un segundo pelotón con 90 puntos. En este espacio quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán; distritos que cumplieron con la mayor parte de las exigencias pero fallaron en tener actualizada la información sobre sus plantas de empleados públicos.

Por su parte, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones se posicionaron en un nivel de "cumplimiento intermedio". En una situación más deficitaria, provincias de gran peso como Buenos Aires, Mendoza, Chubut, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego integraron el grupo de "cumplimiento bajo". Finalmente, los estados de La Pampa y San Luis directamente quedaron excluidos del análisis por no encontrarse adheridos al régimen federal vigente.

León XIV recibió este miércoles en una audiencia a 40 integrantes del Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor, CEPROME Latinoamérica, una entidad formada por profesionales de diversas disciplinas que desde hace diez años trabajan para combatir los abusos en el contexto eclesial y promover una cultura de la prevención.

En su discurso, el papa recordó que en su reciente viaje apostólico a España habló a los obispos "sobre el dolor de quienes han sido heridos por quienes debían cuidarlos" y afirmó que "la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado".

El pontífice agregó que "esta tarea, a pesar de ser principal responsabilidad de quienes somos llamados a ser pastores, es un mandato para todos en la Iglesia, y algunos, como ustedes, la han asumido incluso en el ámbito profesional".

El papa agradeció la labor de estas asociaciones que fortalecen "las redes de colaboración entre las Iglesias locales y las instituciones civiles, promoviendo la cultura de la prevención y del cuidado de los más vulnerables".

"Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas", añadió el papa peruano-estadounidense.

Por su parte, el sacerdote Daniel Portillo, teólogo, psicólogo y presidente de Ceprome Latinoamérica, agradeció las palabras de aliento del papa y evaluó positivamente esta primera década de la organización que ayudó a fundar.

“En un primer momento la Iglesia respondió a la crisis de los abusos solo desde una perspectiva jurídica y psicológica, pero este fenómeno es mucho más complejo y vimos que era necesario un abordaje interdisciplinar. Por eso, integramos progresivamente otras dimensiones que nos han permitido acoger y acompañar a las víctimas de modo más integral en su proceso de sanación. Y no solo eso, sino que llegamos a la convicción de que no bastaba con intervenciones puntuales, sino que era necesario promover una verdadera cultura del cuidado y de la prevención en el contexto eclesial”, sostuvo Portillo, citado por Vatican News.

Ceprome Latinoamérica, que ha formado a más de 15.000 personas en la región, mantiene ahora su enfoque interdisciplinario ante nuevos desafíos como la inteligencia artificial, analizando tanto sus amenazas hacia menores como sus oportunidades de protección, destaca el portal de comunicación del Vaticano, publicó DW.

(APFDigital)

El pasado 13 de junio se llevó a cabo la Asamblea General del Barrio 62 Viviendas, un encuentro donde los propios habitantes de la zona se reunieron para conformar su nueva Comisión Vecinal. La actividad formó parte de los procesos de organización comunitaria que acompaña el Área de Participación Ciudadana de la Municipalidad, con el objetivo de que cada sector de la ciudad cuente con canales directos para gestionar sus proyectos y necesidades.

La jornada tuvo lugar en un clima de debate y consenso, y contó con el acompañamiento del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, junto a los concejales Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo y Raimundo Legaria, quienes presenciaron la conformación de la nueva estructura barrial. La presencia de las autoridades locales busca respaldar institucionalmente estos espacios de base que facilitan el diálogo entre los vecinos y la gestión del intendente.

Durante la asamblea se definieron dos puntos clave para el funcionamiento administrativo de la organización:

El sábado 14 de junio se llevó adelante un operativo de saneamiento a gran escala en el barrio Molinari, donde se eliminaron varios microbasurales que se habían formado a lo largo del canal de desagüe. La intervención se extendió desde el puente peatonal de Asisclo Méndez hasta el límite de la urbanización, en un sector que había sido utilizado de manera clandestina para arrojar basura.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Higiene Urbana, que movilizó personal y maquinaria para la remoción de residuos sólidos. El volumen de material retirado fue significativo: diez camiones cargados y más de cien bolsas con desperdicios.

Además, se utilizaron desmalezadoras para avanzar sobre sectores de vegetación densa donde los focos de basura estaban más enquistados. La Dirección de Espacios Verdes complementó la tarea con corte de pasto, poda de árboles y emprolijamiento general del predio.

Actualmente, la ciudad cuenta con tres puntos de disposición diferenciada:

Con esta intervención, el barrio Molinari recuperó un espacio verde y se reforzó el mensaje de responsabilidad ciudadana en el cuidado del ambiente.

UCR Activa Entre Ríos difundió un documento crítico sobre el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones impulsado por la administración provincial y exhortó a los legisladores radicales a no acompañar la iniciativa sin antes garantizar un debate público amplio, información técnica precisa y alternativas de financiamiento que no afecten derechos previsionales.

El espacio advirtió que avanzar con la reforma en las condiciones actuales contradice los principios históricos de la Unión Cívica Radical, vinculados a la defensa de la solidaridad social y la protección de jubilados y trabajadores. En el texto, titulado “La Caja no es una variable de ajuste”, se cuestiona que el Gobierno haya decidido avanzar sin agotar otras vías de financiamiento y saneamiento menos lesivas.

Entre los puntos señalados, se menciona la falta de cobro inmediato de las compensaciones previsionales adeudadas por la Nación, el desfasaje histórico de ENERSA y otros sectores estatales, y la ausencia de audiencias públicas que permitan a la sociedad conocer y debatir el alcance de la reforma.

El documento advierte que cada vez que la respuesta ante las dificultades de la Caja es reducir derechos o alterar las condiciones del sistema, se debilita el régimen solidario de reparto y se erosiona una de las bases sociales más importantes de la cultura previsional argentina.

UCR Activa Entre Ríos ratificó su pedido de audiencias públicas y reclamó que el Gobierno convoque a un debate real sobre el futuro de la Caja. “Los cambios sociales, económicos y demográficos exigen análisis serios y responsables, pero no pueden usarse como pretexto para degradar jubilaciones y pensiones ni para desnaturalizar un sistema fundado en la solidaridad intergeneracional”, señala el texto.

El espacio también advirtió que modificar el haber inicial o la movilidad implica afectar directamente el ingreso real de los jubilados. “Reemplazar el criterio actual por un índice desligado de la evolución del salario significa licuar progresivamente la prestación”, sostiene el documento, al considerar que no se trata de una corrección técnica neutra sino de una medida que puede empobrecer a quienes dependen de ese ingreso para vivir.

En ese marco, UCR Activa subrayó la responsabilidad de los legisladores radicales frente a una reforma que podría deteriorar derechos previsionales consolidados. “La Unión Cívica Radical no nació para convalidar ajustes regresivos sobre los más débiles ni para votar en silencio reformas que pueden afectar la dignidad de los jubilados”, expresa el comunicado.

Finalmente, el espacio instó a los representantes del partido a exigir transparencia total, fundamentos técnicos y financieros completos, y la apertura inmediata de audiencias públicas. “Todavía están a tiempo de actuar con responsabilidad. En un tema como éste, votar no es obedecer: es hacerse cargo”, concluye el documento.

El ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones, constituye uno de los pilares del sistema republicano de gobierno. En las democracias consolidadas, el acceso a la información pública, la posibilidad de indagar, preguntar y difundir hechos de interés público, así como el respeto por el trabajo de los periodistas, forman parte de estándares esenciales para asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

Adepa subrayó que el reconocimiento del papel de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales, sino expresarse en conductas concretas por parte de los distintos actores de la sociedad. Una especial responsabilidad tienen los representantes de los poderes públicos, y dentro de ellos, las más altas autoridades de la Nación. La descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento hacia periodistas y medios no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que empobrecen el debate público y debilitan la calidad democrática.

El respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico son valores que deben ser promovidos activamente, especialmente por quienes tienen responsabilidades institucionales.

El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía. Su vigencia efectiva requiere de un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, Adepa reafirma su compromiso con la defensa de estos principios y convoca a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

La medida se originó tras dos operativos realizados en 2024 en la intersección de las rutas 11 y 174, donde personal de la Policía de Entre Ríos interceptó al infractor en dos oportunidades circulando con envases fitosanitarios en forma ilegal. En total, se detectaron más de 900 unidades ocultas en el vehículo.

La autoridad ambiental destacó la gravedad del hecho, al constatarse que el infractor intentó ocultar la carga para evadir los controles policiales y que los materiales eran transportados hacia destinos no autorizados. Según las actuaciones, el transporte se realizaba con fines comerciales y de lucro, sin ningún tipo de habilitación ambiental, ni protocolo de seguridad.

La resolución de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, obliga al infractor a abonar el monto en un plazo de 10 días. De este modo, la provincia reafirma su compromiso con la fiscalización territorial y apela a la responsabilidad de todos los actores de la cadena agroindustrial para utilizar exclusivamente los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados, asegurando así un ambiente sano para todos los entrerrianos.

Rodrigo López tiene 17 años, vive en Gualeguaychú y cursa el último año en la Escuela Secundaria N°17 “Héroes de Malvinas”. Su historia es la de un estudiante que, con esfuerzo y dedicación, se convirtió en el primero de su familia con la posibilidad de iniciar el recorrido universitario. Hoy espera el resultado final de una exigente beca internacional que lo ubicó entre los 56 seleccionados de 200 postulantes de toda Latinoamérica.

“Para mí ser el primero de mi familia en llegar a la universidad es un logro muy grande, algo que me llena de orgullo, pero es un orgullo silencioso”, dijo a EL ARGENTINO. Su relato combina emoción con la responsabilidad de inspirar a quienes vienen detrás. “Estoy abriendo un camino que nadie de mi familia recorrió hasta este momento”, dijo.

"Rodrigo es una excelente persona y muy buen estudiante”, expresó, por su parte, Verónica Delfina Miranda, directora de la Escuela Héroes de Malvinas. Y remarcó: “Tiene altas capacidades y, aun así, se esfuerza mucho para superarse día a día. Tiene muy claras sus metas de qué quiere y qué no quiere, y en función de eso va construyendo su propio proyecto de vida".

La educación pública, sus docentes y compañeros, junto al apoyo de su familia, fueron pilares de un recorrido que lo llevó a soñar con Stanford y Cambridge, y a proyectar un futuro como neurocientífico desde la física cuántica.

Rodrigo no dudó en remarcar el peso simbólico de su recorrido: “Yo soy el primero que terminó de la primaria, el primero que se recibió de la secundaria y el primero que llega a un nivel universitario”.

Su familia ha sido clave en ese recorrido. “Siempre me han animado, han sido mi sostén desde la primaria. Estos logros llevan sus nombres también. Les debo mucho y les tengo mucho que agradecer a mi madre, Joana Álvarez, y a mi padre, Alberto Amayo López”, expresó el joven estudiante. “Me la paso estudiando, es lo que me gusta hacer y lo que quiero seguir haciendo”, agregó.

El programa Vamos a la Universidad, impulsado por la Municipalidad de Gualeguaychú, también fue clave en el recorrido del joven. Desde allí pudo profundizar en matemáticas, física y química, y conocer de cerca cómo es la vida universitaria. “Me encantó porque los que van quieren aprender, no por obligación, y eso está buenísimo”, destacó. Al tiempo que agradeció el acompañamiento de los profesores universitarios que lo guiaron en ese espacio: Fabián Pascal (matemática), Patricia Butelo (física) y Juan Vitale (química).

La beca internacional que lo tiene expectante es, para él, una oportunidad única: “Cuando me llegó la carta diciendo que mi historial académico les encantó, que era excepcional, sentí mucha alegría. Es un logro muy grande, pero aún lo considero un logro pequeño de todo lo que quiero lograr”.

El proceso de selección de la beca internacional constó de tres etapas exigentes. Primero, debió redactar una carta explicando por qué quería acceder a la oportunidad; luego, adjuntó su historial académico en distintos formatos, que fue evaluado por el comité. “El 25 de marzo me avisaron que estaba todo en revisión y preaprobado, y el 26 a las cuatro de la mañana recibí la carta definitiva donde decían que mi trayectoria académica les había encantado, que era excepcional”, relató.

Entre 200 postulantes de toda Latinoamérica, con perfiles destacados en matemática y física, logró quedar dentro del grupo selecto de 56 estudiantes.

Desde el inicio de su recorrido académico, Rodrigo tuvo claro que quería estudiar en otros países y absorber nuevas culturas y formas de vida. Su meta es conseguir una beca que le permita llegar a instituciones de excelencia, como Stanford, en Estados Unidos, donde la física biomédica avanza a gran velocidad, y Cambridge, en Inglaterra, cuna de grandes físicos y referente mundial en investigación.

“Ahí es donde quiero llegar, cuando logre estudiar en esas universidades voy a poder decir que alcancé todo lo que soñaba”, afirmó. Su propósito no es solo formarse, sino también traer ese conocimiento de vuelta a la Argentina: “Quiero poder estudiar en otros países y absorber todo ese conocimiento, poder formar en mi país a otros futuros científicos”.

La Escuela N°17 “Héroes de Malvinas” ocupa un lugar central en su relato. “Estoy muy agradecido con la educación pública, porque me ha brindado muchas herramientas. En ella encontré lo que quiero hacer con mi vida”, dijo el joven.

Rodrigo describe a sus docentes y compañeros como una segunda familia: “Siempre digo que mi escuela, mis docentes y mis compañeros son mi segunda casa. Todos han dejado una huella profunda en mí”. Este entramado colectivo le permitió acercarse a la vida académica y reforzar su vocación científica.

“Todos mis docentes me han dejado algo, todos me han marcado, todos me han brindado conocimiento y me han ayudado en todo”, expresó con gratitud. Aunque la relación con sus maestros trascendió lo académico y se convirtió en un vínculo humano profundo. “Mis docentes son muy importantes en mi vida, siempre los destaco por su acompañamiento desde lo emocional. Ellos han sido una guía”, subrayó.

El apoyo fue también material: libros, calculadora científica, recursos que le permitieron profundizar en física, química y matemática. “Mis compañeros también me ayudaron en todo lo que decidí emprender, siempre me acompañan para que yo no vaya solo, siempre me hacen la segunda. Me gusta mucho porque somos muy unidos, me gusta pasar tiempo en la escuela”, subrayó.

El interés de Rodrigo por la ciencia comenzó en segundo año de la secundaria, cuando la profesora de biología Karina Sat lo llevó a descubrir el mundo celular y los sistemas del cuerpo humano. “Ahí fue cuando dije: quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto”, recordó.

Más tarde, el libro “Breve historia del tiempo”, de Stephen Hawking, lo acercó a la física y despertó su curiosidad por temas que parecían ciencia ficción, pero estaban comprobados matemáticamente. Esa chispa se consolidó en cuarto año, gracias a la profesora María José Scaglia, quien lo invitó a un seminario de astrofísica y lo ayudó a definir su vocación: estudiar la Licenciatura en Ciencias Físicas y orientar su futuro hacia la neurociencia desde una perspectiva cuántica.

Sin embargo, ese camino depende de un esfuerzo constante y de su rendimiento académico. Rodrigo lo sabe bien: “Todo lo que voy logrando depende de mi promedio, porque las posibilidades económicas no están”.

La falta de recursos convierte cada nota en una oportunidad para acceder a becas y residencias que le permitan continuar sus estudios. Por eso, el acompañamiento de sus docentes fue decisivo: no solo le brindaron conocimientos y motivación, sino también la confianza necesaria para proyectar un futuro en la ciencia, aun cuando las condiciones materiales no estuvieran dadas.

Su visión se proyecta hacia la salud: “Estos saberes y usos de las tecnologías van a permitir mejores escaneos del cerebro, detectar tempranas enfermedades neurodegenerativas y hasta combatir el cáncer con moléculas inteligentes que viajen a la zona afectada y lo eliminen desde dentro”.

A su vez, va a en busca de desafíos que ya benefician a las comunidades. El desarrollo de la ciencia permite que la información viaje más rápido, se almacene de manera más segura y se protejan datos sensibles como cuentas bancarias, billeteras virtuales y redes sociales. En palabras de Rodrigo: “Se trata de un conocimiento que puede cambiar la vida cotidiana de las personas y abrir una nueva era en la ciencia aplicada al bienestar colectivo”.

Su vida dentro de la escuela es el reflejo de su personalidad y forma de ser fuera de la institución: "Es muy buen compañero, agradecido y respetuoso. Ha dado clases particulares gratuitas a muchos de sus compañeros, incluso a chicos de primer año, siempre con supervisión adulta. Además, es presidente del centro de estudiantes y un referente para todos: si sabe que alguien atraviesa un mal momento, lo comunica con responsabilidad para que podamos acompañar mejor a ese alumno", describe la directora del establecimiento.

"Rodrigo es un ejemplo para todos los chicos, porque demuestra que siempre es posible salir adelante y alcanzar un sueño cuando uno trabaja día a día con esfuerzo y disciplina”, remarcó la docente. Y agregó: “A pesar de su condición humilde, nunca ha dejado que eso sea un obstáculo, vive lejos de la escuela y aun así siempre es el primero en llegar en su bicicleta, muchas veces antes de las siete de la mañana. Su constancia, su vínculo con los profesores y compañeros, y su compromiso cotidiano son la prueba de que la perseverancia abre caminos".

Por su parte, el joven insiste en que el camino no es recto, pero que la perseverancia abre puertas: “El camino se va a desviar muchas veces, pero hay que seguir”. Además, se animó a dejar un mensaje para los jóvenes: “Pierdan el miedo al fracaso, busquen lo que les apasiona; la es corta, así que persigan esos sueños”.

Con humildad, amor y dedicación, Rodrigo López se convirtió en un símbolo de lo que la educación pública puede lograr: un estudiante que sueña con la ciencia, que es ejemplo para muchos y que ya está escribiendo su propia historia.

Se formalizó la creación del Consorcio Caminero de Perdices y aledaños. Esta iniciativa surge ante la necesidad de intervención directa de vecinos y productores sobre la red terciaria de la provincia, compuesta por caminos de tierra: “que presentan deficiencias de mantenimiento por parte de Vialidad Provincial durante décadas”. El actual gobierno provincial ha incentivado la creación de los consorcios y el mismo Gobernador anunció en el año 2024 que se buscaría crear la ley que los ampare.

En esta línea hay un proyecto de ley que el año pasado logró media sanción en Diputados, pero aún no tuvo tratamiento en la Cámara Alta provincial. El senador Jaime Benedetti declaró a EL ARGENTINO: “Debería aprobarse el proyecto en senadores porque sino volvería para atrás, tiene algunas cuestiones reglamentarias en la que deben estar todos de acuerdo, pero otorga una forma de participación público-privada. Ahora está en el Senado trabada porque el peronismo no ha dado quórum, pero buscaremos la forma de tratarla”.

La decisión de conformar este consorcio se fundamenta en lo que los integrantes describen como una falta de respuesta operativa estatal. Según Rafael Puente, integrante de la comisión, la conformación tomó casi un año de gestiones administrativas para constituir una sociedad civil sin fines de lucro. Puente afirma: “Ya Vialidad demostró que no tiene capacidad operativa ni la tuvo para estar a la altura de las circunstancias”.

A diferencia de gestiones anteriores, el actual gobierno provincial promueve este modelo de participación público-privada, donde el Estado aporta aproximadamente el 80% del presupuesto y los privados ejecutan las tareas con maquinaria y personal propio o contratado.

El consorcio asume la responsabilidad de 140 kilómetros de caminos rurales acordando trabajar en conjunto con los Jefes de la Juntas de Costa Uruguay Sur (Oscar Martinelli) y de Perdices (Ignacio Recaré) para que aporten materiales y herramientas para la tarea de reparación de los caminos. Puente señala que no reciben los trazados en condiciones óptimas para el simple mantenimiento: “No estamos recibiendo los caminos en condición de mantenerlos. Hay algunos tramos que están mejor, otros que están peor y otros intransitables”.

Entre los obstáculos identificados se encuentra el desmonte de las banquinas, donde la maleza y los árboles impiden el asoleamiento necesario para que el camino se seque tras las lluvias y generan interferencias en el tendido eléctrico. A diferencia de consorcios históricos como el de Gilbert, este nuevo grupo no ha recibido maquinaria en comodato por parte de Vialidad.

El sistema de trabajo se basará en la certificación mensual de montos según el estado de los caminos. Vialidad establece un valor teórico por kilómetro, pero el pago efectivo depende de la inspección: “De un valor teórico que nos pagará Vialidad por kilómetro, ahí nos empieza a castigar en porcentajes de acuerdo al estado”.

Para iniciar las operaciones, el consorcio planea:

Contratación de terceros: Se recurrirá a productores locales con maquinaria o empresas privadas. Aportes voluntarios: Se contempla la contribución de vecinos y contratistas que utilizan los caminos. Priorización de tramos: Las tareas comenzarán en las dos salidas principales a la ruta: el camino de la comisaría en Perdices y el de los transformadores en el kilómetro 32.

Existen sectores, como trabajadores viales y algunas entidades rurales como la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), que han manifestado reparos ante este modelo, argumentando que la tarea corresponde estrictamente al Estado.

Ante esta posición, Puente sostiene: “Llevamos 30, 40 años en picada. Yo en eso disiento con la entidad rural... hay que adaptarse a los cambios, a los nuevos tiempos. No estamos a la altura de las circunstancias, no la estamos viendo”. Puente aclara que, si bien es una tarea que debería realizar el Estado, la falta de servicios y el deterioro de los caminos provocan graves problemas para el trabajo diario de los productores y la migración de los habitantes rurales hacia las ciudades. Por otro lado, aseguró que si bien el gobierno provincial afirma que el 50% de la recaudación de los impuestos inmobiliarios rurales se destina a reparar los caminos rurales: “según nuestros cálculos; por la cantidad de caminos que tenemos; el presupuesto debería ser mayor. Pero esta es una discusión que vamos a hacer desde adentro, ahora que nos hacernos cargo de nuestra zona”.

La conformación del consorcio marca el inicio de una etapa de organización para el mantenimiento de los caminos rurales en la zona de Perdices, con un esquema de trabajo que combina gestión institucional, recursos limitados y participación de actores locales.

La Municipalidad de Gualeguaychú profundizó esta semana su política de control sanitario sobre la cadena de comercialización de alimentos. En el marco del programa Carnicerías Seguras, se realizaron inspecciones en comercios locales de expendio de carne con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de elaboración y resguardar la salud de la población.

Durante los operativos se decomisaron aproximadamente 40 kilogramos de chacinados elaborados sin la habilitación correspondiente. Aunque los establecimientos contaban con autorización municipal para su funcionamiento comercial, se detectaron prácticas de producción artesanal que no cumplen con la normativa provincial vigente.

La legislación entrerriana prohíbe la elaboración de chacinados sin habilitación provincial, que exige el registro del establecimiento bajo la Ley de Carnes N° 7.922, además de contar con registros sanitarios (RNE y RNPA), análisis bromatológicos, condiciones edilicias adecuadas y un responsable técnico que garantice los estándares de calidad.

Los procedimientos contaron con la participación de la Dirección de Veterinaria municipal, la Dirección General de Recursos Naturales y Fiscalización, y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. La estrategia busca garantizar que los productos cárnicos que llegan a la comunidad cumplan con todas las condiciones bromatológicas exigidas.

La Municipalidad de Gualeguaychú sostiene una política activa de fiscalización y concientización, entendiendo que el cuidado de lo que se consume es una responsabilidad compartida. Estas acciones fortalecen la seguridad alimentaria y el compromiso ambiental en la ciudad, asegurando que los productos ofrecidos a los vecinos respeten la normativa vigente.

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y el área de Áreas Naturales Protegidas Municipales, invita a la comunidad a visitar y disfrutar de los espacios naturales con responsabilidad y conciencia ambiental. Estos lugares no solo ofrecen contacto directo con la naturaleza, sino que también promueven la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

Reserva Natural Municipal Las Piedras: ubicada a 15 km de la ciudad, combina montes xerófilos y bosques en galería. Acceso libre todos los días de 9 a 19 h.

Parque Florístico: humedal de gran valor ecológico junto al río Gualeguaychú y arroyos El Zapallo y La Avispa. Acceso libre todos los días.

Parque Unzué: paisaje protegido municipal a lo largo de la margen izquierda del río Gualeguaychú, ideal para disfrutar en familia. Acceso libre todos los días.

Centro de Interpretación La Delfina: espacio de educación ambiental y divulgación científica, abierto de miércoles a domingos de 8 a 18 h, con entrada gratuita.

Cuidar estos espacios naturales es una responsabilidad compartida que asegura la preservación del patrimonio ambiental para las generaciones presentes y futuras.

El Día de la Seguridad Peatonal, instaurado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2011, busca generar reflexión sobre la convivencia en el espacio público y la responsabilidad compartida entre peatones y conductores. La fecha, que se conmemora cada tercer jueves de marzo, pone en primer plano la necesidad de respetar las normas y priorizar la vida.

Desde el área de Educación Vial de la Dirección de Tránsito se recuerda que la seguridad depende de la atención y el compromiso de todos. Para los peatones, resulta esencial cruzar siempre por las esquinas o sendas peatonales, mirar hacia ambos lados antes de descender a la calzada y asegurarse de que los vehículos hayan detenido completamente su marcha.

Por su parte, los conductores deben respetar la prioridad de paso del peatón, reducir la velocidad al aproximarse a una intersección y evitar detenerse sobre la senda peatonal. Estas conductas garantizan un tránsito ordenado y seguro, reduciendo riesgos y favoreciendo la convivencia.

La atención plena es otro aspecto clave: evitar distracciones como el uso del teléfono celular al circular contribuye a prevenir accidentes y a cuidar la integridad de todos los actores de la movilidad.

Finalmente, se invita a la comunidad a ser protagonista de un tránsito más humano, respetando las normas y priorizando el cuidado de la vida. La seguridad peatonal no es solo una responsabilidad individual, sino un compromiso colectivo que fortalece la calidad de vida urbana.