Luego del contrapunto ocurrido ayer entre un periodista acreditado y el ministro Luis Caputo durante una conferencia en Casa Rosada, el gobierno nacional decidió restringir allí las acreditaciones, los permisos y accesos de los trabajadores de prensa, así como también establecer un sistema discrecional de castigos y moderación de preguntas a funcionarios.

El nuevo dispositivo con el cual la administración de Javier Milei recortará aún más el derecho a la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión fue formalmente lanzado a través de la Resolución 1319/2025 firmada por el vocero Manuel Adorni, quien se reservará el derecho de admisión y oficiará de controlador de la tarea periodística.

Una de las medidas establece un cupo de accesos a las salas de periodistas y de conferencias, supuestamente basado en la capacidad que tiene cada uno de esos dos espacios. Al primero sólo podrán trabajar allí 25 personas, mientras que en el segundo -donde se hacen las habituales conferencias pública-, sólo entrarán 36 comunicadores. Inclusive en actividades extraordinarias cuando la demanda de la prensa deba ser más numerosa.

“No podrá superarse la capacidad establecida para las salas en ningún momento y bajo ningún concepto ni motivo”, establece la resolución publicada en el Boletín Oficial y desglosa un estricto y cuestionable sistema de condiciones.

También se deberá obedecer a un horario fijo de trabajo, de 6:30 a 21, lo cual deja vacíos frente los eventuales hechos que requieran una cobertura periodística después de ese horario.

Cada medio sólo podrá tener dos periodistas acreditados, uno por turno (más un adicional por un eventual reemplazo por enfermedad) y “no será admitida la concurrencia simultánea” de ambos.

Los permisos deberán ser solicitados por declaración jurada emitida por los responsables de los medios y el Gobierno los otorgará bajo el sorprendente criterio la “medición de audiencias”.

Es decir que un periodista podrá estar en Casa de Gobierno sólo si el medio para el cual trabaja es muy leído/visitado/likeado. Y a esto lo deberán demostrar las propias empresas porque, según la resolución, también deberán presentar “la correspondiente documental (SIC) que acredite el índice de medición de audiencia y alcance obtenido como así también su alcance geográfico”.

Las medidoras que se podrán tomar como parámetro son IBOPE y Analytics, tal como ejemplifica uno de los anexos de la publicación oficial.

Para el caso de que el Gobierno acepte a ese medio, los periodistas deberán acatar el bozal para la actividad, esgrimido en la resolución bajo el eufemismo de “reglas de convivencia”. Aunque no habla explícitamente del tipo de preguntas que deben hacerse, se hace una sugestiva sugerencia:

“Durante el desarrollo de las conferencias y/o demás actividades llevadas a cabo, los profesionales deberán mantener un trato respetuoso entre sí, con los organizadores y con los conferencistas”.

Y “ante el supuesto de registrarse una conducta indecorosa o temeraria (…) que altere el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno, la Autoridad de Aplicación podrá suspender o revocar la acreditación otorgada”.

Lo sugestivo del caso es que este eufemismo de restricción a la libertad del ejercicio periodístico surge un día después que tanto el ministro Luis Caputo, como el vocero Adorni cuestionaran públicamente al periodista Jon Heguier por haberle preguntado al ministro si tenía dólares debajo del colchón para blanquear.

A este límite que el Gobierno activa en su continua guerra contra el periodismo se le suma que, a partir de ahora, los periodistas deberán cumplir con un “código de vestimenta” supuestamente apropiado para ejercer la labor en ese lugar. La ropa formal deberá cumplir con un denominado “protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden”.

Tampoco se podrá deambular ni filmar por los pasillos de la Casa Rosada. “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, dice la resolución.

“La permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida”, añade.

La circulación por los edificios públicos, los despachos oficiales y los pasillos de las dependencias de gobierno suelen ser espacios de interacción y diálogo entre los periodistas y sus fuentes para la obtención o chequeo de la información. Lo mismo ocurre con la posibilidad de registrar los ingresos o egresos de personas a la Casa de Gobierno. Es decir que con la nueva normativa el ejercicio de la actividad quedaría limitado.

Sólo se podrá caminar por los lugares que la Vocería y la Secretaría de Comunicación lo determinen. Y en todo caso, los periodistas que lo hagan deberán lucir una credencial que los autorice a circular libremente.

El incumplimiento de esos y otros requisitos serán catalogados como “faltas graves”, bajo el régimen de puntos y castigos que implementó la administración de La Libertad Avanza (LLA). Si el funcionario de turno determina que algún trabajador de prensa transgredió dos veces alguna de esas normas, se le revocará su acreditación.