En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.

Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala.

En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Emergencia pediátrica

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Universidades

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto. (Fuente: Infobae)

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la sesión que prepara el Senado para tratar el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Mientras se anticipa otro posible revés para el Gobierno luego del freno a los bloqueos ejecutivos de las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el funcionario mileísta lanzó: “Están tratando de voltear al Presidente”.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, escribió este jueves en su cuenta de la red social X. Y añadió: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre".

De esta forma, el ministro aprovechó para llamar a votar en las elecciones del próximo 26 de octubre en el marco del debate del rechazo de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los ATN, una norma impulsada en julio de este año por los mandatarios de los 24 distritos.

El proyecto, que había sido vetado por el Presidente el jueves de la semana pasada, será el tema principal en la sesión convocada para las 11.

Para rechazar el veto de Milei, la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión, y la segunda para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

La ley que establece el reparto obligatorio entre las provincias fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto. El trámite comenzó en el Senado el 10 de julio en una polémica sesión “autoconvocada” por la oposición. En aquella oportunidad, el proyecto fue aprobado por la Cámara alta por una mayoría de 56 votos a favor y solo uno en contra. Los senadores libertarios se ausentaron objetando la invalidez de la reunión.

Si bien aquella votación en la Cámara alta quedó desvirtuada por la ausencia de la totalidad de la bancada libertaria y de algunos senadores de la UCR y de Pro, en este caso los números parecen favorecer a la oposición que pretende enfrentar la decisión adoptada por el jefe del Estado.

El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal.

Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia.

Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2025 Las miradas están puestas especialmente en los senadores que responden a tres mandatarios que en las últimas horas se han visto beneficiados con envíos de fondos por parte del Poder Ejecutivo. Son los casos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que recibieron giros de ATN por casi $10.000.000, ordenados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Esos tres distritos aportaron cinco de los 57 votos que permitieron aprobar la ley de reparto de ATN y todos se preguntan cómo actuarán ahora. También generan dudas las dos senadoras por Chubut que responden al gobernador Ignacio Torres y que apoyaron el proyecto. El mandatario, uno de los impulsores del grupo Provincias Unidas, firmó la semana pasada un convenio con la Casa Rosada, lo que algunos leyeron como un gesto que le habría puesto fin, al menos por el momento, a la rebeldía del patagónico. (Fuente: La Nación)

A pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) la jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad que había sido dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.

El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.

La suspensión del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.

En la resolución judicial de nueve páginas a la que accedió Ámbito se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.

En la resolución judicial de nueve páginas se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podía generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. Para la magistrada se constituyó “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” que “puede derivar en un perjuicio efectivo”, por lo que decidió hacer lugar a la cautelar.

La jueza Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.

Además, advirtió sobre la violación de derechos laborales protegidos por los convenios colectivos de trabajo: “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la LCT, siendo nula de nulidad absoluta conforme lo establece el artículo 7 del mismo cuerpo normativo.”

En paralelo, la justicia laboral de CABA se declaró incompetente ante otro amparo que había sido presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina. El titular del juzgado del Trabajo 23, Pablo Candal dispuso la remisión del expediente al Fuero Contencioso Administrativo Federal, “por tratarse de una cuestión atinente a la Administración Pública Nacional vinculada con la interpretación y aplicación de normas de derecho público”.

Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad se definió como el organismo técnico con potestad de construir, mantener y administrar la red vial nacional, que supera los 40.000 kilómetros e incluye más de 5.500 trabajadores distribuidos en todo el país.

La DNV sostiene equipos propios y oficinas regionales en todas las provincias argentinas, a cargo de la ejecución de obras estratégicas y el mantenimiento de rutas y caminos. (Fuente: Ámbito)

En un revés para el Gobierno, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que ampliaban las restricciones al derecho de huelga al redefinir qué sectores debían considerarse "servicios esenciales".

La decisión fue adoptada en el marco del amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en defensa de la libertad sindical. El fallo representa un límite jurídico a la ofensiva del Ejecutivo por reformar el régimen laboral mediante decretos.

La CGT denunció que esto violaba derechos laborales básicos y atentaba contra convenios internacionales como el Convenio 87 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege expresamente el derecho a la huelga.

La jueza Fullana declaró inválidos los artículos por dos motivos centrales:

Invalidez formal del DNU: el fallo sostuvo que el decreto fue emitido sin que existieran las “circunstancias excepcionales” que exige la Constitución para que el Ejecutivo legisle por decreto, dado que el Congreso estaba en pleno funcionamiento.

Además, el Ejecutivo no justificó debidamente la “necesidad y urgencia” que impediría un tratamiento legislativo ordinario, como exige el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna. Tampoco se cumplió el control posterior por parte de la Comisión Bicameral Permanente, lo que agravó la falta de legalidad del procedimiento.

Violación a la libertad sindical: por otra parte, la jueza consideró que el DNU avanzaba sobre el derecho constitucional a la huelga, al ampliar de manera arbitraria la lista de servicios esenciales y limitar así la posibilidad de los trabajadores de ejercer medidas de fuerza legítimas.

La sentencia recogió la jurisprudencia de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desaconseja definiciones extensivas de "servicio esencial" y advierte que tales restricciones pueden vaciar de contenido la acción sindical.

Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la denuncia de “usurpación de facultades legislativas”. La magistrada advirtió que el DNU no solo agregaba un nuevo servicio esencial, sino que directamente sustituía un artículo completo de una ley nacional, lo que excede las competencias del Poder Ejecutivo, incluso en contextos de emergencia.

Desde el entorno sindical celebraron la decisión. En los hechos, el fallo refuerza la estrategia judicial de la CGT para frenar por vía legal muchas de las medidas del Gobierno de Javier Milei que afectan los derechos laborales.

Este no es el primer revés judicial para el oficialismo en materia de DNU. Ya la justicia laboral había puesto freno en el pasado a aspectos del Decreto 70/2023, cuestionando la validez de reformas estructurales implementadas sin debate legislativo.

En un fallo con impacto político y sindical, la Justicia laboral suspendió este lunes los artículos centrales del DNU 340/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei para limitar el derecho a huelga. La jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.

La decisión representa un revés para el Gobierno, que había planteado una reforma profunda en el derecho a huelga, endureciendo las condiciones para declarar medidas de fuerza y restringiendo su alcance. Según la CGT, el DNU de Milei cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales suscriptos por la Argentina que tienen rango constitucional.

El escrito presentado por la central obrera sostiene que "la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario", y advierte que el DNU avanza sobre competencias exclusivas del Congreso. Además, la CGT alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país.

La resolución de la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 del DNU será provisorio, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esta medida permite que, por ahora, siga vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina.

Desde el Gobierno no emitieron comentarios oficiales tras la medida judicial. Sin embargo, en Casa Rosada no descartan apelar el fallo y llevar la discusión a instancias superiores.

El fallo judicial ocurre en un contexto de alta conflictividad laboral, con paros y movilizaciones convocados por las centrales obreras en rechazo al ajuste fiscal y las políticas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo. La CGT celebró la decisión como "un triunfo de la democracia" y advirtió que continuará "en la calle y en la Justicia" para defender los derechos laborales.

El decreto limitaba el derecho a huelga, estableciendo condiciones más estrictas para convocar medidas de fuerza en sectores considerados "esenciales" o de "interés estratégico".

Redefinía los servicios esenciales, incluyendo áreas como transporte y educación, lo que ampliaba las restricciones a la huelga.

La CGT y organizaciones de derechos humanos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto por afectar derechos fundamentales.