Como ocurre cada fin de año, la Iglesia envió su tradicional saludo al jefe de Estado y, en esta ocasión, el mandatario respondió con un mensaje que recogió algunos conceptos planteados por los obispos, en un gesto de reciprocidad institucional.

El primer paso lo dio el Episcopado. El 15 de diciembre, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina remitió una carta al Presidente con motivo de la celebración navideña. Desde el inicio, el texto adoptó un tono pastoral y reflexivo, anclado en el sentido religioso de la fecha. “La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén”, señalaron los obispos, y agregaron: “Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro”.

Aquella referencia funcionó como marco conceptual de una carta que, sin aludir a políticas específicas ni decisiones de gobierno, puso el foco en la situación social y la necesidad de preservar la cohesión ante las dificultades económicas. El Episcopado expresó su deseo de “una paz social sólida”, una formulación que se repite en documentos e intervenciones públicas de la Iglesia argentina en los últimos años. En esta oportunidad, la expresión estuvo acompañada por una enumeración precisa de los sectores que concentran la preocupación pastoral de los obispos.

Según el texto, esa paz social debe estar “fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar”. La mención explícita de estos grupos —pobres, trabajadores y adultos mayores— puede interpretarse como una señal clara hacia el poder político en un momento de ajuste y redefinición del rol del Estado.

El cierre del mensaje recuperó el lenguaje religioso y simbólico propio de la Navidad: “Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen”, señalaron, en referencia directa al Presidente, y sumaron una invocación a una de las advocaciones marianas más relevantes del país: “Confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad”.

La misiva estuvo firmada por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, junto al arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, como vicepresidente primero; el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, como vicepresidente segundo; y el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, en su carácter de secretario general. La firma colectiva reforzó el carácter institucional del mensaje y evitó personalizar el vínculo en una sola figura.

La respuesta del Presidente llegó este martes, en una carta breve y cuidadosamente redactada. Milei acusó recibo del saludo episcopal y agradeció el gesto: “Agradezco sinceramente el saludo y los deseos que la Conferencia Episcopal Argentina ha tenido a bien hacerme llegar con motivo de la próxima celebración de la Navidad”, escribió el mandatario en el primer párrafo de su mensaje.

En sintonía, el Presidente destacó algunos de los ejes planteados por los obispos y se detuvo en uno de ellos: “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común”, afirmó Milei, retomando conceptos centrales de la carta episcopal. La referencia a la paz social puede leerse como un intento de mostrar sintonía institucional, incluso tras diferencias públicas que Milei ha mantenido con sectores de la Iglesia en otros momentos de su carrera política.

El núcleo del mensaje presidencial estuvo enfocado en reafirmar el rumbo de su gestión. Sin aludir a medidas concretas ni a debates coyunturales, Milei sostuvo que su gobierno continúa trabajando “incansablemente para generar las condiciones que permitan a todos los argentinos desarrollarse en libertad, con dignidad y con oportunidades reales de progreso”.

El final de la carta mantuvo el tono protocolar y devolvió el saludo recibido. Milei expresó a los miembros del Episcopado “mis mejores deseos de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo” y concluyó reiterando “las seguridades de mi más alta consideración y estima”. El texto estuvo dirigido formalmente a monseñor Marcelo Colombo, en su carácter de arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Este intercambio epistolar se inscribe en una tradición institucional que atraviesa diferentes gobiernos y contextos políticos. Cada año, con motivo de la Navidad, la Iglesia suele enviar un mensaje al Presidente de la Nación, y la respuesta —cuando se produce— es observada con atención tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico. En el caso de Milei, el gesto adquiere un valor particular por el vínculo complejo que el mandatario ha mantenido con la Iglesia desde antes de asumir, marcado por críticas cruzadas, diferencias ideológicas y, a la vez, intentos de mantener canales formales de diálogo.

Las cartas intercambiadas en diciembre pueden interpretarse como un ejercicio de equilibrio institucional. Por un lado, el Episcopado reafirmó sus preocupaciones históricas por la situación de los sectores más vulnerables y volvió a colocar en el centro la idea de paz social y cultura del encuentro. Por el otro, el Presidente respondió sin confrontación, retomando esos conceptos y reafirmando, al mismo tiempo, el núcleo de su proyecto político basado en la libertad y el progreso.

La mención explícita a pobres, trabajadores y adultos mayores; la reafirmación presidencial del rumbo hacia la libertad y el progreso; y el énfasis en la paz social constituyeron los ejes del cruce epistolar. Un intercambio breve, pero cargado de mensajes que trascienden la coyuntura y anticipan debates centrales para la Argentina que viene.

Una modificación normativa introdujo cambios profundos en el sistema de control de instrumentos de medición en la Argentina. Balanzas de supermercados, surtidores de combustible, radares de velocidad y alcoholímetros, entre otros dispositivos que intervienen en operaciones comerciales, controles oficiales y situaciones donde existen derechos en juego, quedaron alcanzados por un proceso de desregulación que afecta al rol histórico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

A partir de la nueva normativa, el organismo público quedó equiparado a laboratorios privados y dejó de ser la autoridad exclusiva en materia de metrología legal, un cambio que despertó preocupación entre especialistas y trabajadores del sector. Según explicaron, la Resolución 276 trasladó el rol del organismo de aplicación estatal al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada, habilitando a actores privados a realizar verificaciones.

Marcelo Isleño, metrólogo del Departamento de Control de Servicios Públicos del INTI, explicó que la metrología legal es la disciplina encargada de asegurar que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales o controles oficiales funcionen de manera correcta.

“El ciudadano confía en que cuando compra un kilo de carne, carga combustible o recibe una multa, el instrumento que mide todo eso está funcionando correctamente porque así lo certifica nuestro organismo”, señaló.

Esa confianza se basa en reglamentos técnicos que establecen cómo deben ser los instrumentos, cómo deben utilizarse y cada cuánto tiempo deben verificarse. “El criterio es el uso. Si el elemento interviene en una transacción comercial, entra bajo control metrológico legal”, explicó Isleño.

Hasta la modificación, cada instrumento debía pasar por un proceso de aprobación de modelo antes de ser comercializado, verificando que cumpliera con las especificaciones del fabricante y la reglamentación vigente. Una vez en funcionamiento, debía someterse a controles periódicos para asegurar que mantenía su precisión. Ese esquema tenía al INTI como organismo de aplicación estatal, con un rol central e imparcial en la certificación y verificación de los instrumentos.

“Entre los principales cambios, equipara al INTI con laboratorios privados y traslada el rol del organismo de aplicación estatal al OAA, una entidad privada. A partir de ahora, actores privados están habilitados a realizar verificaciones”, explicó Isleño. Para el especialista, la medida desconoce el rol histórico del organismo público: “Argentina era reconocida en el mundo por estas tareas del INTI. En los países desarrollados esa tarea la desarrolla el Estado para garantizar fiabilidad. Ahora organismos privados controlarán a privados”, advirtió.

Otro de los puntos cuestionados es la modificación de los llamados “tiempos de contraste”, es decir, los plazos en los que los instrumentos deben volver a ser verificados. “Instrumentos que antes se controlaban cada seis meses ahora lo hacen una vez al año; los anuales, cada dos años. En algunos casos, como los tanques de combustible de gran capacidad, la obligación fue eliminada”, detalló Isleño.

El especialista explicó que los equipos de medición se desgastan con el uso y pueden descalibrarse incluso sin intervención humana. “Los instrumentos pueden perder precisión por condiciones ambientales o envejecimiento y deben volver a ser verificados”, señaló.

La metrología legal no solo impacta en las compras diarias, sino también en aspectos vinculados a la seguridad vial. Radares de velocidad y alcoholímetros utilizados para labrar infracciones deben estar correctamente verificados para que una multa sea válida. “Para que una infracción sea válida, esos instrumentos deben estar correctamente verificados”, insistió Isleño.

En paralelo, la normativa eliminó el régimen de control de autopartes de seguridad (CHAS), que regulaba elementos como cinturones, frenos, amortiguadores y airbags. Con su derogación, esos productos dejaron de contar con certificación obligatoria previa, lo que genera inquietud sobre la seguridad de los vehículos.

Desde el INTI remarcan que su función no es sancionatoria, sino preventiva. “El control público busca garantizar mediciones confiables, no sancionar”, explicó.

La discusión que se abre ahora es cómo garantizar controles efectivos y confiables en un esquema que modificó el rol del Estado y habilitó una mayor participación privada en la verificación de instrumentos clave para la vida cotidiana.

En los últimos años Gualeguaychú experimentó una notable multiplicación de loteos privados en zonas de chacras y quintas. El rol del Estado municipal, como mínimo, ha sido deficiente en esta materia. A fines de octubre del año pasado, el Municipio salió a sentar posición al respecto: habló de estafadores y estafados.

"Muchos vecinos han adquirido terrenos de buena fe y han sido estafados", expresó la arquitecta Camila González, por entonces subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda de la Municipalidad, sobre una realidad que no es nueva para las autoridades, mucho menos para las decenas de familias que compraron o todavía están pagando lotes que, pese a las promesas de los vendedores, probablemente nunca sean aprobados y, consecuentemente, no contarán con los servicios básicos por parte del Estado.

La situación expuesta fue alarmante: de los 90 loteos relevados por el Ejecutivo, cerca de 60 no tenían un sólo documento presentado en la Municipalidad. A muchos, por sus condiciones, nunca le llegarán los servicios (luz, agua, cloaca), aunque la promesa para quien compra siempre es otra.

“Es crítica la situación. Hay loteos que están muy alejados, cerca de la ruta 14, por ejemplo. Primero, es extremadamente costoso llevar los servicios hasta ahí y, segundo, no sabemos si en algún momento el Municipio se va a poder hacerse cargo de eso”, expuso González. Y dejó en evidencia la complicidad de corredores inmobiliarios, escribanos, agrimensores, arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. Casualidad o no, González ya no es más subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda del Municipio, ese lugar ahora lo ocupa el arquitecto Ariel Destéfano.

EL ARGENTINO consultó a Destéfano para esta nota. “Estamos trabajando en algunas cuestiones para regular muchos grises que existen respecto a este tema”, informó el funcionario, aunque aclaró que no sabe si a futuro esas reglamentaciones tendrán forma de resolución u ordenanza.

“Ha habido algunas cooperativas y desarrolladores puntuales que se están acercando y con quienes estamos trabajando, pero es uno a uno. Hay dos loteos privados que están bastante avanzados y una cooperativa que está tratando de acomodar todo”, informó el arquitecto, en referencia al loteo “Sack” de la cooperativa Unidos por una Vivienda.

Entre todos los servicios que demanda la aprobación de un loteo, la cloaca es “el gran divisor”, explicó el funcionario. Y lo es porque es el más caro y por la infraestructura que demanda. En este sentido, Destéfano contó que suele aparecer como alternativa la construcción de estaciones de bombeo, por ejemplo, pero “puede ser muy cara esa alternativa” y, a su vez, se genera un cuello de botella, ya que muchas veces las cañerías existentes no están preparadas. “Quizá, para habilitar 20 lotes en cierta zona hay que hacer una obra mega millonaria. Lo que la hace no factible”, ejemplificó.

En este contexto, en algunos loteos se instalaron biodigestores. Como sucede en los 60 lotes de 25x50 metros, con el cual el Municipio trabaja bajo el paraguas del “convenio urbano”, contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). “Es un acuerdo, mediante el cual el Municipio puede ceder en ciertas condiciones, como las medidas del lote, por ejemplo, a cambio de obras de infraestructura (calles, alumbrado público, etcétera), no solo en ese loteo, afuera también”.

Si bien existen las estafas y, de hecho, fueron denunciadas por la propia Municipalidad un año atrás, legalmente es difícil demostrarlas. Una fuente que sabe del tema, explicó a EL ARGENTINO: “el que vende dice que le aclaró al comprador y que en el boleto de compra-venta, en la letra chica, dice que están vendiendo en condominio o que es un fideicomiso, entonces el comprador no tiene un lote, tiene una parte indivisa de una chacra, pero legalmente no hay estafa ahí”. Por otro lado, “aunque el agrimensor sepa que no está habilitado ese lote, te dice que a él sólo le pidieron un proyecto, que no tiene nada que ver”, igual que el escribano: “yo sólo certifiqué las firmas, no el contenido del contrato, suelen argumentar, están todos cubiertos”.

“Entonces, que vayan a un escribano no significa que lo que te estén vendiendo esté habilitado o vaya a estarlo”, expuso la misma fuente desde Irigoyen 75.

Por otro lado, uno de los tantos vecinos damnificados de Gualeguaychú indicó: “vos estás comprando una décima octava parte de la chacra y tiene un croquis del loteo, eso lo filmamos mediante escribano, que te dice que cuando prueben el loteo se va a poder subdividir, teóricamente”. Pero “eso no está aprobado, nosotros, después de todo esto, aprendimos que primero tienen que ir al Municipio, presentar el loteo para que lo pre-aprueben, para después si hacer el alumbrado, la apertura de calles y todo lo que te pide el Municipio. Una vez que se rindan todas esas condiciones recién ahí se aprueba. Pero la gente que nos vendió el terreno no hizo nada, no hizo ni una pre aprobación, nos vendió un lote con la promesa de que cuando se apruebe se va a subdividir”.

“Bajo la figura de condominio compramos una chacra entre 17 personas, que se dividen la chacra en partes iguales”, expuso una damnificada que compró su lote hace tres años. Y continuó: “pero acá no está la ilegalidad, la ilegalidad está en que los terrenos vendidos están fuera del ejido urbano y el Municipio no va a agrandar el ejido urbano”.

“Pero los vendedores (que son contadores muy conocidos en Gualeguaychú) no fueron al Municipio a consultar: ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No, no hicieron eso, vendieron el loteo y después que se arregle la gente para habilitarlo, eso hicieron”, cuestionó, notablemente disgustada.

“No es ilegal hacer un condominio y vender bajo esa estructura, el problema es que esta gente nos estafó a nosotros y sigue vendiendo terrenos fuera del ejido urbano, que no tienen habilitación municipal y tampoco van a tenerla nunca”, sentenció.

Desde Irigoyen 75 apuntan a la responsabilidad de una cadena de profesionales en este asunto. José Francisco Schanton, presiente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos, explicó a EL ARGENTINO: “El profesional está para brindar un asesoramiento y llevar a cabo sus tareas cumpliendo con la normativa vigente”.

“El colegio trata de que el profesional haga de la mejor manera su labor dentro del ámbito legal y acorde a la a las reglamentaciones vigentes. En caso de que algún profesional incurra en una falta, sea por desconocimiento, por falta de estudio o por alguna situación fuera de lugar, inmediatamente el colegio tiene todas las herramientas para recibir aquella denuncia pertinente y actuar en función”, indicó. Y aseguró que “en el colegio están todas las herramientas facilitadas para que uno presente las pruebas, las denuncias, los reclamos y exponga todo lo que sea necesario, en virtud de que el comité de ética y disciplina tome cartas en el asunto”.

Por otro lado, respecto a la legislación vigente, agregó: “En la provincia o en cualquier lugar del país, porque yo me manejo mucho a través de la Federación Argentina de Agrimensores, estamos en contacto, en todos lados hay zonas grises, ¿A qué me refiero? A que hay normativas que no son claras, que no están bien redactadas, hay normativas que son muy leoninas y, a su vez, hay situaciones muy particulares. Hay profesionales que actúan de diferente manera o ven las cosas de diferente manera. Entonces, no puedo dar una opinión de alguna situación particular, como la que pueda pasar en Gualeguaychú”, aclaró Schanton.

“Es muy probable que por ahí algún profesional cometa algún tipo de situación irregular en su labor profesional diaria. Y, entonces, ya te digo, es fundamental que el colegio reciba esa esa esa denuncia y tome cartas en el asunto para ver si ese profesional ha incurrido en alguna falta”, insistió el titular del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos.

El espacio interno UCR Activa difundió un comunicado titulado “El rol indelegable del Estado en la acción social”, en el que critica duramente la decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, de delegar la asistencia a sectores vulnerables en organizaciones privadas como San Maximiliano Kolbe y el Centro CONIN. La agrupación radical advierte que esta política representa “una entrega de derechos a la lógica de la caridad condicionada”.

“Ninguna institución puede reemplazar al Estado en su función de garantizar el bienestar común”, sostiene el texto, que remarca que la experiencia argentina ha demostrado que cuando se terceriza la asistencia, lo que debería ser un derecho universal “se transforma en un favor condicionado, con filtros ideológicos o religiosos”.

Desde UCR Activa subrayan que el Estado es la única organización que abarca a todos por igual, sin distinción de credo, condición social o filiación política. Por eso, su rol en la acción social es indelegable: encarna el principio de ciudadanía y la igualdad de derechos. En ese sentido, trazan un paralelismo con el Plan Alimentario Nacional (PAN) de 1984, al que definen como “un acto político que buscaba alimento, solidaridad y dignidad, y no solo repartir comida”.

La agrupación pone el foco en la situación crítica de Concordia, donde el 49,2 % de la población —más de 81 mil personas— vive en condiciones de pobreza. En ese contexto, consideran que delegar la asistencia social en fundaciones privadas es “una elección errada”.

Citan a la presidenta de la Fundación Kolbe, Stella Maris Micucci, quien reconoció las limitaciones del modelo: “Solicitamos 200 kilos de leche para darles durante dos meses a 120 chicos, tendríamos más o menos 1,7 kilos de leche por chico”. Y agregó: “De más no nos podemos hacer cargo porque no tenemos infraestructura”. Para UCR Activa, esta admisión revela que la asistencia será “parcial, fragmentaria y excluyente”.

El comunicado también cuestiona la elección del Centro CONIN, fundado por el pediatra Abel Albino, miembro del Opus Dei. Señalan que sus métodos han sido criticados por “falta de base científica” y por sus vínculos con doctrinas religiosas, lo que pone en duda la idoneidad del modelo para una política pública de asistencia social.

Además, recuerdan que el Opus Dei ha sido objeto de denuncias graves, incluyendo una causa judicial en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre.

UCR Activa advierte que la ausencia estatal no solo implica una ayuda condicionada, sino que abre la puerta a “organizaciones mafiosas vinculadas al narcotráfico”, que terminan ocupando el vacío institucional y brindando respuestas básicas “a un costo altísimo de sometimiento, violencia y degradación social”.

Frente a la proliferación de ONGs que buscan reemplazar al Estado, la agrupación radical llama a no retroceder. “La política social es inversión en dignidad, cohesión y futuro colectivo”, afirman, y su garantía solo puede darse desde la universalidad y la transparencia estatal.

“El modelo que promueven Javier Milei y Francisco Azcué es inadmisible: un Estado ausente que entrega la asistencia social a fundaciones privadas mientras desmantela derechos”, concluye el comunicado. “El bienestar del pueblo no se negocia ni se terceriza”. (Con información de APFDigital)