El acto estuvo presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía, Claudio González, el director general del Servicio Penitenciario de la provincia, Alejandro Miotti y el presidente municipal Adrián Fuertes.

Por parte de la Policía de Entre Ríos, 322 cadetes de tercer año y aspirantes a agentes asumieron su compromiso frente al jefe de Policía. En tanto, el director general del Servicio Penitenciario tomó juramento constitucional a 67 efectivos de dicha institución, compuestos por 12 cadetes de tercer año de la Escuela Superior Victorino Scheurmann y 55 aspirantes de la Escuela de Agentes Sargento Emilio Adolfo Reynoso.

Durante la ceremonia, Roberto Romani desarrolló un repaso por la historia de nuestro país y de la Bandera Nacional. Finalmente, se desarrolló un desfile que contó con la participación de más de 650 integrantes.

Fuente: APFDigital

Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Daniel "Tavi" Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.

Dichos informes fueron titulados "Escándalo en Entre Ríos: denuncian al ministro de seguridad y al gobernador por vínculos narcos". Cabe mencionar que no hay denuncia en trámite al respecto, sino que se refiere a los mensajes que le envió el hombre alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a su exconsorte de causa, quien ya se encuentra con la pena cumplida.

En este sentido, tres de las cartas documentos fueron enviadas al Grupo Olmos - Crónica TV, al Grupo Telearte S.A. - Canal 9, y a Tomás Ariel Méndez. En la documentación que difundió Roncaglia se denuncia "la difusión de información falsa, calumniosa e injuriosa". Allí rechaza las acusaciones, niega terminantemente las afirmaciones que lo vinculan con el narcotráfico, específicamente aquellas que sostienen que maneja "puertos y rutas liberadas" para el tráfico de cocaína a Europa, y que mantiene comunicación con el condenado Celis, o que ha otorgado beneficios carcelarios ilegales.

"Estas manifestaciones evidencian un claro intento de entorpecimiento de la investigación penalal afirmar que todo es un invento en relación al plan para matar a los tres funcionarios", en relación a lo atestiguado por Celis cuando acusó de este intento de magnicidio al detenido por narcotráfico, Leonardo Airaldi.

Además, el ministro afirma que el derecho a la libertad de expresión y de prensa "no es absoluto ni otorga una libertad ilimitada para proferir acusaciones criminales falsas sin el más mínimo rigor periodístico".

Por esto, Roncaglia afirma que Méndez "excede palmariamente los límites del ejercicio regular de informar, incurriendo en una falsa imputación de delitos de acción pública y un desprecio temerario por la verdad". Y sostiene que las manifestaciones del conductor configuran injurias y calumnias sancionados por la legislación nacional.

Por ello, el ministro los intima al cese inmediato de la difusión de esta información, la rectificación pública y detallada de las imputaciones en un plazo de 24 horas (con el mismo despliegue mediático), y al retiro de los videos de todas las plataformas digitales.

En cuanto a la carta documento enviada a Daniel Celis, se centra en los supuestos chats y audios que se le atribuyen bajo el seudónimo de "Germán Pérez" (así aparece agendado su nombre en el chat mostrado en pantalla). Roncaglia le exige la ratificación o rectificación, que en un plazo de 24 horas confirme o niegue de manera fehaciente la autoría de los mensajes y audios difundidos. Asimismo, que, en caso de ratificarlos, aporte las pruebas materiales que sustenten tales afirmaciones ante la Justicia. Y también que precise si entregó voluntariamente el material al conductor mencionado o si fue filtrado por un tercero.

Por último, a Griselda Bordeira Roncaglia envió dos cartas documento (a distintos domicilios) debido a su presunta participación en conversaciones con Celis. Las exigencias son similares a las enviadas al narco preso: ratificar o rectificar la autoría de los mensajes de texto y audios donde se alude al ministro, y que en caso de que los ratifique, que presente las pruebas ante las autoridades competentes, bajo apercibimiento de incurrir en delitos de falsa denuncia y calumnias. También le pide que informe si ella proporcionó las capturas de pantalla y audios a los medios de comunicación o si el material fue obtenido de forma ilegal.

En todos los casos, Roncaglia hace reserva de iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, así como las denuncias penales que correspondan.

Quién es quién

Daniel Celis fue condenado a una pena de 13 años de prisión por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio: en la primera, por organizar la llegada de una aeronave con 317 kilos de marihuana a un campo cerca de Paraná; en la segunda, por organizar otra banda para el tráfico de cocaína en la capital provincial, en acuerdo con el exintendente, ya fallecido, Sergio Varisco, con el exconcejal Pablo Hernández y con la exsecretaria de Seguridad del municipio y exsargento de Policía, Griselda Bordeira. Una banda que se enquistó en la Municipalidad de Paraná y desviaba fondos públicos para financiar el narcotráfico, por un acuerdo político-electoral entre el jefe narco y el exintendente.

Varisco recibió seis años y seis meses de prisión, en tanto que Bordeira y Hernández recibieron cinco años de cárcel.

Se trató de una investigación del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, y la Policía Federal Argentina, en los tiempos en que Roncaglia era jefe nacional de esta fuerza, y Frigerio era ministro del Interior. La causa culminó con la sentencia histórica del Tribunal Oral Federal de Paraná, en diciembre de 2019, donde el fiscal general José Ignacio Candioti los acusó a todos por los graves delitos de narcotráfico.

Justamente Candioti, Ríos y Roncaglia son quienes aparecen en la denuncia de Celis y el testimonio de otros dos presos que se encontraban en la cárcel de Gualeguaychú, como objetivos del supuesto plan criminal endilgado a Airaldi, el productor agropecuario de Diamante que está siendo juzgado en el TOF como organizador de una banda narco en esta localidad y en Paraná, así como por el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína en la casa de quien fuera su puestero de una isla, en Puerto Gaboto (Santa Fe).

Cabe recordar que Celis, además de estar cumpliendo la condena por narcotráfico, fue nuevamente procesado el año pasado por organizar otra banda desde la cárcel, que distribuía drogas en distintos barrios de Paraná y en la misma unidad penal, junto a dos internos y parientes. Fuente Análisis

Daniel “Tavi” Celis denunció que Leonardo Airaldi se manejaba como un “patrón” en el interior de la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, cuando reveló el supuesto plan criminal que iba a ejecutar el ex Presidente de la Sociedad Rural de Diamante contra el juez Federal Leandro Ríos, el fiscal Federal José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En declaraciones brindadas a Canal 9 Litoral, Miotti se refirió a la grave denuncia realizada por Celis, que involucra a Leonardo Airaldi y los presuntos hechos de corrupción dentro de la institución. Habló sobre las medidas de seguridad adoptadas y el estado de la investigación administrativa interna.

Miotti confirmó la apertura de un proceso administrativo para determinar posibles connivencias como denunció Celis. “Iniciamos una información sumaria que ya está en curso para deslindar o atribuir si hay responsabilidades de personal penitenciario o el que fuere”, señaló.

Uno de los puntos clave de la denuncia es la existencia de registros fílmicos que podrían probar los movimientos irregulares. Miotti aclaró que, durante un allanamiento realizado por Gendarmería con presencia del fiscal, se procedió al secuestro del soporte técnico de las imágenes. “El DVR de las cámaras de la unidad penal fue secuestrado bajo acta. Esperaremos a ver cuándo será devuelto para seguir nuestra investigación interna”, afirmó el funcionario.

Respecto a la vigilancia interna, Miotti reconoció que el sistema tecnológico es reciente en algunas áreas: “Hasta hace un tiempo atrás la tecnología en el servicio no existía, había cámaras muy dispersas. En la Unidad Penal 9 se fueron colocando sistemas de vigilancia en cercanía de los pabellones o en los pabellones en sí”.

Perfil de “alto riesgo”

El Director también se refirió a la solicitud de traslado de Airaldi a un Penal Federal como el de Ezeiza debido a su perfil de peligrosidad. Miotti reveló que el Servicio Penitenciario ya había advertido sobre los riesgos de alojar a este interno en unidades provinciales. “Informamos que, si bien este interno no era considerado de alto perfil, sí veíamos la posibilidad de que un interno federal pudiente, con recursos económicos para comprar voluntades tanto de personal, pudiera generar estas situaciones”, detalló. Según el director, el pedido de traslado hacia una Unidad Penal Federal fue solicitado en el año 2024.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Miotti defendió el desempeño general de la fuerza. “Destaco que, más allá de estas situaciones, no es todo el personal. Lamentablemente estas piezas que no encajan dentro del sistema son las que arruinan todo un trabajo que se hace a diario”, manifestó, haciendo mención también a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la provincia para implementar tecnología de vigilancia de alto costo.

Esta acción se desarrolla en el marco del programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, con el objetivo central de dotar a la fuerza de herramientas tecnológicas que permitan una prevención más eficaz y una mayor agilidad operativa.

A diferencia de los alcoholímetros tradicionales, los alómetros permiten detectar la presencia de alcohol simplemente mediante la aproximación del dispositivo, sin necesidad de que el conductor descienda del vehículo o sople a través de una boquilla en una primera instancia.

"Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental que permite realizar controles con un flujo vehicular mucho más dinámico", destacó el ministro Roncaglia durante el acto de entrega.

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en las rutas. Con estos equipos no solo ganamos rapidez, sino que enviamos un mensaje claro: la prevención es nuestra mejor herramienta para salvar vidas", concluyó Roncaglia.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó en Buenos Aires de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, marcada por la presentación oficial de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich. Del encuentro también formaron parte el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul, junto a representantes de todas las provincias.

Roncaglia valoró el espacio como una instancia clave para coordinar políticas en un ámbito federal: sostuvo que la reunión permitió “intercambiar con otras provincias y Nación una visión estratégica para reforzar las acciones de prevención”. También destacó que ya venía trabajando con Monteoliva cuando se desempeñaba en la Secretaría, y aseguró que la provincia mantendrá el rumbo actual porque “la seguridad es una prioridad que no sabe de ideologías ni colores políticos”. Subrayó, además, que el trabajo conjunto “mejora la calidad de vida de los ciudadanos”.

Durante la jornada se abordaron los lineamientos de gestión que se impulsarán a nivel nacional, con eje en la cooperación interprovincial para responder con mayor rapidez en un territorio extenso y con problemáticas diversas. También se firmaron convenios específicos orientados a fortalecer capacidades operativas y se presentaron exposiciones técnicas sobre los desafíos actuales en materia de delito y narcotráfico.

El Consejo de Seguridad Interior se consolidó en los últimos meses como un ámbito regular de articulación entre Nación y provincias, con foco en la prevención, el intercambio de información y la coordinación de estrategias integrales. La participación entrerriana se inscribe en la agenda que Roncaglia impulsa desde el inicio de su gestión y que busca reforzar el esquema de seguridad provincial con apoyo federal.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó la inauguración del nuevo Centro Operativo de Monitoreo (COdM) en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero”, un espacio estratégico que busca fortalecer la seguridad integral y optimizar la gestión penitenciaria provincial.

En representación del Gobierno local, acompañaron el acto el jefe de Gabinete, Luciano Garro, y el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

El nuevo centro permite monitorear en tiempo real áreas críticas mediante domos de alta definición, cámaras distribuidas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, garantizando trazabilidad y cobertura continua durante las 24 horas. La infraestructura cuenta con sistemas redundantes que aseguran la continuidad operativa y la recuperación ante contingencias.

Entre sus principales fines se destacan la prevención de incidentes, la gestión en tiempo real de situaciones críticas, la generación de evidencia objetiva para resguardar derechos, la supervisión sanitaria y la vigilancia perimetral.

La puesta en marcha de este espacio fue posible gracias a fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, a través de lo recaudado por el PVTC (Producción y Ventas de Talleres Carcelarios), sin costo adicional para el Estado.

Luego de la inauguración del centro de monitoreo, las autoridades se trasladaron a la dirección de la Unidad Penal, donde entregaron un reconocimiento al agente penitenciario Matías Giménez, quien salvó la vida de un hombre que se arrojó al río desde el Puente Méndez Casariego.

El hecho ocurrió el 12 de octubre, cuando Giménez, que se encontraba de civil, no dudó en lanzarse al agua para rescatarlo, siendo destacado por su valentía y compromiso humano.

La comitiva también recorrió el taller de confección de pelotas de fútbol que funciona en la biblioteca de la Unidad Penal. Según explicó José Santiago Osuna, prefecto director principal de Industria de la provincia, la iniciativa —que surgió a partir del conocimiento de un interno— será replicada en otras cárceles de Entre Ríos y permitirá comercializar pelotas de alta calidad con marca propia.

Finalmente, visitaron la escuela del penal, donde se desarrollan distintas instancias educativas y de capacitación para las personas privadas de libertad.

La visita que tiene prevista Roncaglia para la mañana de este martes en Gualeguaychú quedó reducida a un acto en la Colonia Penal El Potrero, luego que fuera suspendida la inauguración de la sala de monitoreo de cámaras de la Municipalidad por problemas de agenda del intendente Mauricio Davico.

La que no fue suspendida es la inauguración de la sala de monitoreo en la Unidad Penal 9, que está prevista para las 11, pero además, y aprovechando la ocasión, Roncaglia realizará un reconocimiento al agente penitenciario Matías Giménez, que el domingo 12 de octubre salvó a un hombre que se arrojó desde el puente Méndez Casariego a aguas del río Gualeguaychú con intenciones de quitarse la vida.

En esa ocasión, Giménez no dudó a lanzarse al agua y rescatarlo. El agente penitenciario, que en esa fría tarde estaba vestido de civil y se dirigía en auto junto a su pareja a pasear por el parque Unzué, paró el auto sobre el puente, se quitó el calzado e intempestivamente se arrojó al río ante la mirada sorprendida de su pareja.

Había visto el momento en que un hombre decidió tirarse al agua con intenciones de quitarse la vida y Giménez no dudó en ir detrás para salvarlo. Logró arrastrarlo hasta la orilla y luego, con asistencia policial se desplegó un procedimiento para brindarle contención a la víctima. Hoy, Giménez será reconocido por las autoridades.

"Esta es una compra importante que va en línea a lo que planteamos siempre, que es cuidar a los que nos cuidan", dijo el mandatario.

En la Plaza Mansilla, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani; al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y al jefe de la Policía, Claudio González, Frigerio distribuyó los elementos entre los referentes de las distintas jefaturas departamentales. Se trata de 1.300 chalecos antibalas RB3, de los cuales 1.040 son para uso masculino y 260 para uso femenino. Este tipo de chalecos tienen un mayor nivel de protección, ya que resisten hasta calibre 44 Mágnum; los que tenía hasta ahora la Policía eran RB2, que resisten sólo hasta calibre 9 mm.

El mandatario calificó de "histórica" esta entrega, "por la cantidad, ya que son 1300 chalecos antibalas que se llevarán a todos los departamentos de la provincia. Hizo notar que "hacía muchísimos años que no se adquirían chalecos de este tipo; y los que había, la mayoría estaban vencidos".

Por su parte, Roncaglia subrayó que "esta entrega es un paso fundamental en nuestra política de cuidado y prevención; y el bienestar del personal es prioritario para el gobierno provincial. Con este equipamiento, estamos mejorando sustancialmente las condiciones de trabajo en beneficio directo de la seguridad de toda la comunidad entrerriana", señaló.

En esta línea, detalló: "Así como venimos realizando jornadas de formación y capacitación para prevenir delitos y proteger la vida de nuestros agentes, los chalecos son una herramienta fundamental para el cuidado de nuestros funcionarios en el combate del crimen. Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega que se destinará a las 17 departamentales de nuestra provincia".

Por su parte, González indicó que "la incorporación de estos 1300 chalecos balísticos marca un antes y un después en la protección de nuestros efectivos. Es un salto cualitativo enorme, ya que pasamos de una protección contra calibre 9mm, a una que soporta hasta el calibre 44 Magnum. Esto expresa la importancia que implica para nuestra provincia la seguridad de nuestro personal", indicó.

Por último, destacó que, "por primera vez, estamos incorporando 260 chalecos balísticos diseñados ergonómicamente para el personal femenino, un diseño adaptado al torso que, junto a su panel anti-trauma, garantiza que nuestras mujeres policías tengan la máxima protección sin comprometer su movilidad".

El Gobierno de Entre Ríos dispuso el pago de un bono extraordinario de $34.000 durante tres meses —de octubre a diciembre de 2025— destinado a agentes de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario provincial.

La medida fue oficializada mediante el decreto N° 2819/2025, fechado el 14 de octubre, y se hará efectiva junto a los haberes mensuales del próximo cronograma de pagos.

De acuerdo al texto oficial, la suma tiene carácter fijo, mensual, no remunerativo, no bonificable y no acumulativo, y será percibida únicamente durante los meses mencionados.

El beneficio está dirigido a funcionarios policiales en actividad que desarrollen tareas específicas previstas en los artículos 4° y 5° del Decreto N° 3506/10 MEHF, con las modificaciones de los decretos 1853/13, 1/14 y 4816/14.

Se incluyen:

Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública,

Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal,

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial,

Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, y

Dirección General de Drogas Peligrosas.

El decreto aclara que quedan excluidos del beneficio los directores y subdirectores de las mencionadas direcciones.

El mismo monto será otorgado a todo el personal penitenciario en actividad que cumpla funciones efectivas en unidades penales de la provincia por más de 25 días al mes.

La medida busca "reconocer el compromiso operativo de los agentes de seguridad y penitenciarios, en un contexto de ajuste presupuestario y demanda creciente de servicios". El decreto lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

El mediodía de Gualeguaychú se vio conmovido por un hecho inusual: la detención de Pablo Laurta, de 29 años, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de 5 años.

A las 18 horas, cuando la noticia recorría ya todos los medios de comunicación del país, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó una conferencia de prensa en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, para dar detalles del caso.

“Nosotros, desde el día 9 (de octubre) venimos trabajando en Concordia con otro suceso, que podría estar vinculado a este hecho, que es la búsqueda de una persona, dedicada a conducir un auto como Uber, que estuvo en contacto con la persona que está detenida y que fue contratado (por la misma)”, explicó el funcionario.

“Esta persona se llama Martín Palacios, de 49 años, no lo podemos encontrar. Pero fue contratado por un viaje, de acuerdo a lo dicho por la familia, para viajar a Córdoba y el transportado era el detenido”, informó, acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio Omar González; el jefe de la Policía de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez, y el subjefe, Ramiro Urroz Denaday.

“Lo concreto es que el día 9 (de octubre) este auto, un Toyota Corolla, aparece prendido fuego en el gran Córdoba. Nosotros estamos trabajando con la Policía de la Departamental de Concordia e Investigaciones, buscándolo, porque no lo podemos encontrar. No sabemos qué pasó con él, por ahora. Estamos en contacto con la familia”, indicó Roncaglia. Y continuó: “Una vez que aparece el auto, la Policía de Córdoba contacta a la Policía de Entre Ríos e informa sobre este ciudadano uruguayo -ellos tienen casi la certeza que fue el autor de este doble homicidio-, que se fuga con su hijo de cinco años”.

Tras el hecho se puso en funcionamiento el Sistema Sofía, que es el alerta que funciona en todo el país para la búsqueda de menores de edad. “Hoy me llama el ministro de Seguridad de Córdoba, el doctor Quinteros, con el cual tengo un diálogo permanente, y nos indica que ya habían identificado a esta persona (Pablo Laurta) como el posible autor de este doble homicidio, y que estaría acá, en Gualeguaychú. Pudieron identificarlo a través de un teléfono que tendría él y habría llegado anoche (sábado) en un taxi, y estaba alojado en un hotel de la ciudad”, explicó el funcionario en referencia al Hotel Berlín, en Bolivar 733.

La identificación del teléfono de Laurta se dio a las 12.30 horas de este domingo, momento en que se puso alerta el personal policial de Gualeguaychú. Se recorrieron “como diez hoteles” de la zona y varias remiserías “porque pensamos que se podía ir a Uruguay desde acá” -contó Roncaglia-, hasta llegar a donde se encontraba el detenido con su hijo.

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El hombre de 29 años fue reducido y quedó detenido en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, a disposición de la Justicia. Según adelantó el propio ministro de Seguridad, hoy mismo se llevará adelante el allanamiento y requisa de la habitación 209 del hotel, en búsqueda, entre otras cosas, del presunto arma homicida.

En tanto, el niño quedó alojado en la Comisaría del Menor para recibir contención, a disposición del Copnaf y asistido por profesionales.

“Recién hablé con el Juez de Garantías y me informó que van a venir de Córdoba a cuidar al niño. La prioridad es cuidar a este chico de cinco años”, aseguró Roncaglia.

La entrega de los materiales se dio en la Escuela Superior de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá. Los elementos incluyen chalecos antibala, tecnología y equipamiento especializado para la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y los Bomberos Zapadores.

El mandatario detalló que se trata de "una inversión que hacía muchísimos años no se veía, de más de 3.500 millones de pesos; 48 camionetas que van a ser distribuidas en todo el territorio de la provincia; 1300 chalecos antibalas. Creo que la última compra se había hecho hace más de ocho años, incluyendo por primera vez chalecos antibalas para el personal femenino; 1500 cubiertas nuevas que se confiscaron en distintos puestos fronterizos de la provincia; computadoras, material de asalto; y borcegos", entre otros elementos.

Dijo que se trata de "una inversión histórica para la policía que va en línea con la decisión política que tomamos con el ministro y con el jefe de la Policía de sacar a nuestros efectivos a la calle, que estén cerca de los vecinos, cuidando los bienes y la paz de los entrerrianos. Y eso conlleva también por parte del Estado la responsabilidad de darles las herramientas, los instrumentos que nuestra policía necesita. Como digo siempre, hay que cuidar a los que nos cuidan y esta inversión millonaria de la provincia va en esa línea".

Precisó que las camionetas ya fueron compradas y están en el proceso de patentamiento y de seguros. "Calculo que entre 30 y 60 días ya van a estar en los distintos puntos de la provincia. Estamos poco a poco, no sin mucho esfuerzo, modernizando nuestra flota, que tenía incluso algunos rodados de más de 20 años. El propósito nuestro es que de acá al fin de la gestión, en estos 26 meses que quedan, tratar de modernizarla aún más".

Por su parte, el ministro Roncaglia destacó que "dar un chaleco a un personal policía es preocuparse por seguridad" y que "por primera vez se compraron chalecos para mujeres RB3, el que más agresiones soporta, es un poco más liviano, adecuado al personal femenino".

Detalle de las entregas

La entrega incluyó vehículos, chalecos balísticos, equipos de comunicación, elementos de protección para el control del orden público y equipamiento específico para bomberos. Se suman 48 camionetas Nissan 4x2, que serán distribuidas en todas las Jefaturas Departamentales de la provincia.

Además, la Dirección General de Aduanas concretó la donación de 1.640 cubiertas provenientes de secuestros que se dieron en distintos pasos de la provincia, que serán destinadas al mantenimiento de los vehículos de la Policía y del Servicio Penitenciario.

Este Foro de Cooperación Mundial en Seguridad Pública fue creado en 2022 y tiene su sede permanente en la ciudad de Lianyungang. Se trata de una organización internacional no gubernamental que promueve el intercambio y la cooperación en materia de seguridad pública.

"La idea es compartir el conocimiento y las problemáticas que afectan a las distintas regiones del mundo, articular esta información es importante porque permite a los estados accionar de acuerdo a los delitos, sobre todo de los más graves que son el terrorismo, narcotráfico, pedofilia, las infracciones económicas; y llevar una estadística, un análisis de la situación mundial es una oportunidad para pensar soluciones globales", subrayó el ministro Néstor Roncaglia.

Este año el tema central es la cooperación frente a amenazas globales, la edición 2025 del Foro llevará como lema Forjando juntos la seguridad pública global: Acción conjunta para abordar diversas amenazas.

Estarán presentes funcionarios de fuerzas de seguridad, académicos, expertos internacionales y representantes de empresas, se reunirán para analizar los principales desafíos que enfrenta la seguridad pública en un escenario global complejo.

En paralelo, se desarrollarán subforos temáticos, una Exposición Tecnológica de Seguridad Pública y visitas técnicas, orientadas a enriquecer la experiencia de los participantes.

Cabe destacar que la organización se hace cargo de todos los gastos de viaje y estadía de los participantes.

Mediante la resolución Nº 0225/25, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dispuso que se otorguen las licencias anuales obligatorias al personal policial.

La medida indica "disponer con carácter obligatorio el otorgamiento de la totalidad de las licencias anuales ordinarias al personal policial correspondiente al año calendario".

Dicho otorgamiento se hará en base a un cronograma elaborado por la policía Entre Ríos sin afectar la normal prestación de los servicios. El lapso temporal es de enero a agosto 2025.

Con esto, se busca garantizar descanso y recuperación psicofísica del personal policial y alcanza a todo el personal policial sin distinción de jerarquía, amparándose en la Ley N° 5.654 y la Constitución Nacional.

Con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; la secretaría de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; y el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul; se desarrolló en Buenos Aires una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, espacio que busca fomentar el intercambio entre provincias y nación para mejorar y articular acciones en la lucha contra el delito.

"Estuvimos presentes con el jefe de Policía, Claudio González, en una reunión más del Consejo de Seguridad Interior, donde intercambiamos con otras provincias y Nación estrategias para reforzar las acciones de prevención”, sostuvo Roncaglia.

“Además, firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad sobre seguridad pública. Esta temática es una prioridad que no sabe de ideologías ni colores políticos. Tenemos que trabajar de la mejor forma posible para mejorar la calidad de vida de las personas".

Durante el evento se trabajaron temas como el diagnóstico y propuestas para evitar robos de armas, se conocieron las propuestas de anillo digital y se revisó una síntesis del Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave). Asimismo, las provincias firmaron convenios específicos y se realizaron exposiciones de diversos temas. (Fuente: APFDigital)

El Gobierno anunciará este martes, luego del feriado, quién será el nuevo secretario de Justicia de la Provincia. Según supo Página Judicial, este viernes fue presentado ante el personal del organismo por el ministro Néstor Roncaglia.

Se trata de Julián Maneiro, que estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. Desde allí fue, básicamente, el ingeniero del sistema de la Boleta Única Papel (BUP) que la Legislatura sancionó el año pasado y se aplicará para las elecciones provinciales del 2027.

Oriundo de Crespo, donde fue secretario de Gobierno durante la gestión de Darío Schneider, se convirtió luego en diputado provincial durante el período 2019-2023. Maneiro es abogado egresado de la Universidad Nacional Litoral (UNL) en 2001. Se perfeccionó con un postgrado en Derecho Administrativo; es magíster en Ciencias Sociales, con orientación en Sociología Política, Sociología en la Educación y Sociología del Derecho; y es doctor en Ciencias Sociales.

Es profesor en la UNL, casa de altos estudios a la que representa en el Comité Académico de la Carrera de Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral.

Además de su frondosa formación y capacidad de trabajo, uno de los principales atributos que tiene es no ser de Paraná, lo que lo ubica en modo desconocido para la casta judicial de la capital provincial, que hace años conduce la vida institucional desde los tribunales. El Ministerio Público Fiscal logró armar a su antojo la nómina de fiscales auxiliares. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) no pudo en su intento, reformar el Juicio por Jurados. Hace varias gestiones que ese cargo tiene nula incidencia en la agenda que le compete.

La reforma del Consejo de la Magistratura tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Esa iniciativa cuenta con la crítica de buena parte de la comunidad judicial. (APFDigital)

Cinco jóvenes estudiantes fueron detenidos este viernes en Paraná, acusados de realizar pintadas con consignas políticas alusivas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El operativo policial se desplegó tras un llamado al 911 que denunció actos vandálicos en un cartel ubicado en la intersección de las calles Rondeau y Almirante Brown.

Gracias al sistema de videovigilancia urbana, la Policía logró localizar el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos, un Toyota Corolla de color bordó, y procedió a interceptarlo. En su interior viajaban cinco personas, quienes fueron demoradas por orden del fiscal Cristian Giunta.

Durante la requisa, los agentes encontraron cinco aerosoles, y el automóvil fue secuestrado. Las grabaciones confirmaron la participación del vehículo en el hecho, y un testigo reconoció a los implicados.

La detención de los estudiantes generó críticas por parte de referentes universitarios vinculados a los jóvenes.

En ese sentido, Sol Guirín Chapitel, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, repudió lo ocurrido: “Son compañeros del espacio Nacional y Popular que realizaron expresiones políticas. Fue terrible la detención y el circo que montó la Policía. ¿Cuál fue la necesidad de exhibirlos esposados?”, cuestionó. Y agregó: “Hay un mensaje político del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, hacia quienes quieren expresarse políticamente”.

La madre de uno de los detenidos también denunció que los jóvenes pasaron toda la noche en dependencias policiales. En esa línea, Guirín Chapitel sostuvo: “En vez de garantizar la seguridad de las mujeres que sufrimos hechos de violencia, la Policía se ocupa de perseguir a jóvenes estudiantes que dejaron un mensaje sobre el caso de Cristina Fernández”.

“Fue amedrentamiento a la democracia”, sentenció la dirigente estudiantil, y afirmó que el accionar policial refleja el clima político actual: “El gobernador Rogelio Frigerio aplica políticas de ajuste similares a las del presidente Javier Milei. No sorprende que esto provenga de la Policía provincial”.

También hizo alusión a declaraciones recientes del presidente Milei, quien afirmó: “Ya no se puede vivir con los zurdos”. En ese contexto, denunció una política de persecución hacia militantes y sectores juveniles.

Para este viernes a las 14 está prevista una asamblea interclaustros, interfacultades e intersectorial en defensa de la libertad de expresión y en rechazo al operativo policial. Participarán también trabajadores de otros sectores en conflicto, como empleados del IOSPER, con el objetivo de avanzar en un plan de lucha común.

Un fuerte rechazo generaron en el ámbito jurídico las recientes declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien acusó a abogados penalistas de facilitar el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. La respuesta no se hizo esperar: el Colegio de la Abogacía provincial calificó los dichos de “temerarios” y exigió una retractación pública.

Durante una conferencia de prensa, Roncaglia insinuó que abogados serían responsables del ingreso de celulares a las unidades penitenciarias, sin presentar pruebas concretas que avalaran su acusación. Las palabras del funcionario fueron interpretadas por la comunidad legal como un ataque directo a la integridad profesional del colectivo de abogados y abogadas que trabajan en el fuero penal.

El delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio, Dr. Patricio Cozzi, salió al cruce: “El ministro formuló declaraciones sin ningún tipo de sustento, donde acusa a los abogados de involucrarse en hechos ilícitos. Es una imputación gravísima que daña nuestra imagen pública y ética profesional”. Cozzi cuestionó que el funcionario haya utilizado los medios para lanzar sospechas infundadas, sin individualizar ni denunciar ningún hecho puntual ante la Justicia.

Además, Cozzi explicó que el ingreso de abogados a las unidades penales está estrictamente regulado: deben identificarse con su carnet de matrícula, firmar un libro de control y someterse a los registros correspondientes. “Si existiera alguna sospecha concreta, pueden establecer controles adicionales. Los mecanismos están”, aseguró.

Desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio se difundió un comunicado en el que se expresó “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante las afirmaciones del ministro. Allí, remarcaron que “resultan infundadas y temerarias” y que afectan “el ejercicio digno y ético de la abogacía”.

También recordaron que Roncaglia, en su carácter de funcionario público, tiene la obligación de presentar denuncias formales si tiene conocimiento de delitos, en lugar de realizar declaraciones generalizadas por los medios que “comprometen principios elementales del Estado de Derecho”.

El Colegio insistió en que el acceso de los abogados a sus defendidos es una garantía constitucional “que no puede ser limitada ni puesta en duda” sin sustento legal. Cualquier conducta ilegal, remarcaron, debe ser denunciada e investigada judicialmente, no sugerida en conferencias de prensa.

Por último, exigieron al ministro una retractación con el mismo alcance que tuvo su acusación. “Solicitamos al Sr. Ministro que reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo”, concluye el comunicado.

El cruce evidencia una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el ámbito judicial en Entre Ríos, y abre un nuevo capítulo en la disputa por el manejo de las políticas penitenciarias y la protección de garantías constitucionales.

Con una puesta en escena inusual, el Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles la destrucción de más de 4.370 celulares incautados en operativos realizados dentro de unidades penitenciarias de la provincia. El procedimiento tuvo lugar en el predio de Vías Navegables, en la zona portuaria de Paraná, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios del área de seguridad y justicia.

La eliminación masiva de teléfonos móviles responde a una política de “cárceles sin celulares” que, según Frigerio, apunta a cortar una vía frecuente para el delito. “En lo que va de la gestión, se secuestraron unos 100 celulares por mes”, señaló el mandatario. La mayoría de los dispositivos destruidos estaban rotos o en desuso, aunque también se acumulan unos 3.000 aparatos que podrían ser reutilizados como botones de pánico en casos de violencia de género, si superan los controles técnicos.

La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, subrayó que la tenencia de celulares dentro de las cárceles está prohibida por ley, salvo para casos excepcionales autorizados por el Servicio Penitenciario. “El uso debe estar debidamente registrado”, indicó.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, advirtió que muchos de estos dispositivos se usaban para actividades criminales, como extorsiones o manejo de redes de narcotráfico. También reveló que no solo familiares introducen teléfonos en las unidades carcelarias: “Algunos abogados se los entregan a sus defendidos”, denunció. En ese marco, adelantó que el año próximo se incorporarán escáneres para reforzar los controles de ingreso.

La destrucción de los celulares se hizo en tres etapas, detalló el director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti: primero se retiraron las baterías, que fueron enviadas a un centro de tratamiento ambiental en Gualeguaychú; luego, los teléfonos fueron compactados y los residuos electrónicos clasificados y trasladados al centro RAES de Paraná.

El proceso incluyó una revisión previa de cada dispositivo para determinar si contenía información relevante para alguna causa judicial. En caso afirmativo, fueron remitidos a la fiscalía correspondiente.

Miotti explicó que se realizan requisas diarias en todas las unidades penitenciarias, tanto masculinas como femeninas, en horarios aleatorios, siguiendo protocolos específicos de seguridad. Esta rutina permitió mantener un flujo constante de incautaciones, que ahora encuentran un destino final controlado.

Más allá de lo simbólico, la destrucción de celulares marca una señal del Ejecutivo entrerriano sobre el control de las comunicaciones en contextos de encierro. “Es una política que conjuga seguridad, gestión penitenciaria y cuidado ambiental”, concluyó Frigerio.

La entrega fue realizada en el marco de un acto oficial en Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González; y el director general del Servicio Penitenciario, Aníbal Miotti.

De las 27 unidades entregadas, 23 serán utilizadas por la fuerza policial entre automóviles, camionetas, motocicletas y una embarcación. Las restantes cuatro, especialmente carrozadas, están destinadas al traslado seguro de personas privadas de su libertad dentro del sistema penitenciario.

Una parte importante de los vehículos fueron recuperados de distintas dependencias estatales donde habían sido mal utilizados o mantenidos en desuso. “Algunos funcionarios los usaban para cuestiones personales y hoy están donde deben estar: en la calle, trabajando por la seguridad de los entrerrianos”, enfatizó Frigerio durante su discurso.

El mandatario también destacó el compromiso del gobierno provincial con la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos: “Tenemos pocos recursos, pero así hay que gobernar: priorizando, arreglando lo que no anda y trabajando con compromiso, como lo hace nuestra Policía, para brindar paz y seguridad a la población”.

Los vehículos refuncionalizados fueron restaurados por personal especializado de los talleres internos de la Policía de Entre Ríos, demostrando el potencial técnico interno del sistema de seguridad provincial.

Por su parte, el ministro Roncaglia aseguró que la distribución de los vehículos se realizará según las necesidades operativas de cada región de la provincia: “Se hará un estudio y donde más se necesiten, allí estarán”.

También se presentaron nuevos equipos técnicos destinados a Defensa Civil y a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, herramientas clave para mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer los operativos de control en rutas y zonas urbanas.

Con esta incorporación, el gobierno busca modernizar y optimizar los servicios esenciales de seguridad, garantizando mayor eficacia en el combate contra el delito y el cuidado ciudadano.

“Vamos a recuperar la tranquilidad que en algunos lugares se pierde porque precisamente no todos los vecinos entienden para qué están las plazas”, dijo el mandatario, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, en un acto que también contó con representantes de los 17 departamentos.

El lanzamiento provincial se hizo de manera simbólica desde la Plaza Alvear de Paraná, pero se aplicará en ciudades como Gualeguaychú, donde se destaca la articulación con autoridades municipales y la planificación de operativos en plazas céntricas y barriales.

Frigerio subrayó que más allá de garitas, el eje está puesto en una mayor “presencia policial de cercanía”. “Queremos que las plazas sean lugares seguros para jugar, compartir, estar en paz. Aun frente al crecimiento de la delincuencia y el narcotráfico, queremos ser la excepción”, afirmó.

Roncaglia detalló que el operativo se organizará mediante un “mapa de calor” que marcará franjas horarias críticas, especialmente en torno a la salida de los colegios. “La idea es que los padres se sientan tranquilos. La policía estará con actitud de proximidad, como un vecino más, para generar una sensación real de paz”, aseguró.

En Gualeguaychú, la iniciativa fue bien recibida por padres y vecinos de zonas como las plazas San Martín, Urquiza y Colón, donde los operativos comenzarán esta misma semana. Además, se acordó que los municipios deberán garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público y el mantenimiento de los espacios verdes.

Frigerio y Roncaglia coincidieron en que las plazas son “el corazón del espacio público”, donde “los chicos juegan, los mayores charlan y las familias comparten”, y advirtieron que se hará foco en prevenir situaciones de violencia o consumo de drogas. “No se puede consumir en lugares públicos. No queremos desmanes ni situaciones que espanten a quienes vienen con buena fe a disfrutar de las plazas”, concluyó el gobernador.

El operativo será itinerante y se adaptará a las necesidades de cada ciudad. En Gualeguaychú, se hará especial hincapié en zonas escolares y barrios con alta circulación de personas, con recorridos a pie, en bicicleta y móviles. El objetivo: devolverles a los vecinos la confianza en su propio entorno.