El diputado provincial Juan Manuel Rossi (JxER) presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo nacional a cumplir con la fiscalización obligatoria de pesos y dimensiones en los transportes de carga que circulan por las rutas nacionales en Entre Ríos, en línea con lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La iniciativa reclama operativos adecuados y suficientes, con balanzas fijas y móviles, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Rossi sostuvo que la situación es “crítica” por el creciente deterioro de la red vial nacional y remarcó la importancia estratégica de la provincia como corredor logístico para el país y el Mercosur. Según datos de Vialidad Nacional correspondientes al período 2023-2024, el 43,9% de los 2.018 kilómetros relevados se encuentra en mal estado, mientras que apenas el 26,3% muestra buenas condiciones. El legislador advirtió que el exceso de carga provoca fisuras, deformaciones y baches, y que un aumento del 20% por eje puede reducir a la mitad la vida útil del pavimento.

El diputado subrayó que la DNV tiene la “responsabilidad legal indelegable” de controlar los límites de peso, independientemente de la situación de concesión de cada tramo. “La ausencia de controles fomenta prácticas evasivas y multiplica el impacto del sobrepeso sobre nuestras rutas”, afirmó, y apuntó también a los recortes presupuestarios y la reducción de personal en el organismo, que —según dijo— limitan su capacidad operativa.

Rossi agregó que la falta de fiscalización afecta la seguridad vial, incrementa los costos del transporte, desalienta el turismo y lesiona la competitividad de las economías regionales. Por eso pidió el acompañamiento de sus pares para exigir que el Gobierno nacional garantice controles “reales y permanentes” que eviten que la sobrecarga continúe deteriorando el patrimonio vial de Entre Ríos.

La interna del PJ entrerriano volvió a tensarse con la presentación formal que la línea Renovación Santa Elena elevó al Consejo Provincial del partido para pedir la expulsión del intendente Domingo Daniel Rossi y de la senadora provincial Patricia Teresa Díaz. El planteo replica un conflicto reciente en Concordia, donde el Consejo Departamental destituyó al titular partidario, Facundo Ruiz Díaz, por haber hecho campaña para una fuerza ajena al peronismo durante las legislativas.

En el caso de Santa Elena, el documento ingresado acusa a Rossi y Díaz de actuar “abiertamente contra el peronismo” en la campaña electoral y de utilizar recursos municipales para impulsar listas opositoras a la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, ganadora en esa ciudad el 26 de octubre. Según la presentación, ambos dirigentes habrían promovido candidaturas paralelas, colaborado políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio y utilizado un local partidario “como centro de operaciones” contra la propia estructura justicialista.

Los firmantes —Sebastián Sabo y María Evangelina Quartino— reclamaron la expulsión inmediata de los dirigentes y exigieron el retiro de la simbología peronista del local identificado con la familia Rossi. Además, pidieron que el Consejo Provincial convalide de manera expresa el triunfo de la Lista 501 y avance con rapidez para recomponer la unidad interna.

En su argumentación, el sector impulsor del pedido también recordó las causas judiciales que rozan a ambos dirigentes: una condena firme por enriquecimiento ilícito en el caso del intendente Rossi y una imputación por cuentas internacionales en la situación de la senadora Díaz.

El planteo llega en un contexto de creciente disputa interna, donde distintos espacios del PJ reclaman mayor disciplina orgánica y cuestionan maniobras electorales que consideran perjudiciales para la reconstrucción partidaria. Al mismo tiempo, la sucesión de conflictos —como el ocurrido en Concordia— expone la fragilidad institucional que atraviesa el justicialismo entrerriano tras las derrotas electorales.

En Santa Elena, referentes del sector señalan que la convivencia interna se volvió insostenible en los últimos meses y sostienen que el comportamiento de Rossi y Díaz excede una mera diferencia política, al acusarlos de afectar directamente las posibilidades del partido para competir en igualdad de condiciones.

El Consejo Provincial deberá ahora evaluar el pedido de expulsión, un trámite que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa dentro del peronismo, que busca redefinir liderazgos en un escenario de fuerte reacomodamiento interno. Mientras tanto, la tensión se mantiene y amenaza con profundizarse de cara al calendario político de 2026.

La decisión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, de saldar una deuda de alumbrado público con Enersa a través de la entrega de un inmueble municipal encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, avalado por el Concejo Deliberante el 12 de septiembre, prevé cubrir una obligación superior a $1.200 millones con terrenos de la comuna.

El Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público Fiscal analizan la legalidad de la operación, que podría sentar un precedente para otros municipios endeudados. Las dudas se intensifican por los antecedentes de la gestión Rossi, marcada por observaciones de compras irregulares, falta de rendición de cuentas, subsidios discrecionales y contrataciones sin control.

El caso se suma a la condena firme que pesa sobre el intendente desde 2006 por enriquecimiento ilícito y a un juicio en suspenso por presuntos sobreprecios en obras públicas. Además, Rossi y su esposa, la senadora Patricia Díaz, enfrentan otra investigación por enriquecimiento ilícito.

La cesión del inmueble a Enersa ya forma parte de los expedientes judiciales que acumula el jefe comunal, quien nuevamente quedó en el centro de la polémica por el manejo de los recursos municipales.