El 20 de junio se cumplió un año del trágico siniestro vial en la Ruta Provincial N° 39, donde cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso perdieron la vida mientras se dirigían al frigorífico Fadel de Pronunciamiento.

El hecho ocurrió cuando el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, al volante de un vehículo oficial y bajo los efectos del alcohol, cruzó al carril contrario y embistió de frente al automóvil en el que viajaban Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.

La causa fue elevada a juicio en tiempo récord, apenas nueve meses después del hecho, el 21 de marzo. El abogado querellante, Mario Arcusin, destacó la celeridad inicial del proceso. Sin embargo, desde entonces, el expediente se ha visto envuelto en demoras, recusaciones y maniobras judiciales que han frenado el avance del juicio.

Arcusin denunció públicamente una presunta “protección” hacia Ruiz Orrico, señalando que incluso se habrían ofrecido sumas de dinero para encubrir el caso.

“El problema está en el sistema de justicia”, afirmó en diálogo con Riel FM, y advirtió que la estrategia de la defensa busca dilatar el proceso.

El abogado también cuestionó la calificación legal del hecho: considera que no se trata de “Homicidio Culposo”, sino de “Homicidio Simple con Dolo Eventual”, debido a la presencia de alcohol, el exceso de velocidad y la conducción temeraria.

El 30 de junio, la defensa presentó un recurso de Casación para impugnar al abogado querellante, alegando defectos en el escrito de remisión a juicio. La resolución sobre este planteo se tomará después de la Feria Judicial, lo que podría postergar aún más el inicio del juicio.

Aunque el proceso estaba previsto para avanzar con rapidez, las recusaciones y recursos han paralizado el expediente. La Cámara de Casación tiene plazo hasta el 13 de agosto para resolver el planteo. Mientras tanto, el juicio —que estará a cargo del juez Darío Crespo de Gualeguay— podría comenzar varios meses después de lo previsto.

La demora genera indignación entre los familiares de las víctimas, quienes reclaman una resolución justa y urgente. La causa se mantiene como uno de los procesos judiciales más esperados en la región, mientras el imputado continúa en libertad bajo medidas de conducta.